jueves, 5 de julio de 2012

¿A quién le habla Capriles Radonski?

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

¿A quién le habla Capriles Radonski cuando se refiere a progreso, inclusión, empleo, combate a la delincuencia y crecimiento económico? Indudablemente, a quienes creen que -como él- están predestinados a dirigir la sociedad venezolana de un modo similar al de aquellos que buscan imitar, adoptando como propios sus “valores” y estilo de vida: Estados Unidos. Por ello mismo, este segmento de la población venezolana no comparte (ni ha compartido) la visión ni las expectativas de los sectores populares, “ausentes de un recto y provechoso sentido de la venezolanidad”, como diría Mario Briceño Iragorry; teniendo que recurrir a estratagemas que plantean el “progreso” para enganchar a incautos (sobre todo, de quienes aspiran ser de clase media) y a chavistas resentidos en su carrera hacia el poder, centrando todo su interés en la hegemonía del capital como fórmula única para paliar los problemas estructurales que padece Venezuela desde hace largo tiempo.

De este modo, a pesar del enorme reto que supone enfrentar a Hugo Chávez en la contienda electoral del 7 de octubre próximo, quien ha definido sus propuestas sobre cinco objetivos históricos que realzan la independencia y la democracia bolivariana, Henrique Capriles Radonski se ha escudado tras el lema engañoso de “progreso para todos”, sin mencionar (menos, enfatizar) el carácter explotador y excluyente que el mismo entraña, puesto que no reniega del capitalismo, tratando de convencer a la mayoría de los venezolanos de sus bondades. Quizás intuye que sus posibilidades ante este proyecto de nación son escuálidas y opta por la consigna de la inclusión, el pluralismo y la amplitud cuando es evidente que persigue defender los intereses oligárquicos y transnacionales de sus patrocinadores, sin medir los perjuicios que ello le acarreará al país en lo que respecta a su soberanía, su dignidad, su potencial económico y su ejercicio efectivo de la democracia participativa.

De ahí que le resulte difícil encajar su oferta electoral en el espíritu de los sectores populares favorecidos por las políticas públicas de Chávez; políticas que los grupos opositores al régimen descalifican como subsidio a la haraganería y dechantajes políticos y partidistas que juegan con la esperanza de la gente pobre. Estos entienden, a pesar de las matrices de opinión creadas y difundidas sin disimulo alguno por los medios privados de información, que la libertad a la cual se refiere Capriles Radonski es la del mercado, con su secuela de privatizaciones, flexibilidad laboral y explotación de los trabajadores, tal como ocurrió en otras naciones ahora víctimas de la crisis del sistema capitalista neoliberal.

Evidentemente, el candidato del “progreso” no le habla al pueblo llano que cifró sus esperanzas en el proyecto de transformación y de independencia nacional encabezado por Hugo Chávez, pueblo que fuera pisoteado en su voluntad democrática el 11 de abril de 2002, lo mismo que cuando el sector empresarial promovió un sabotaje económico, causando un desabastecimiento nacional de alimentos, gas y gasolina que afectó principalmente a los sectores populares de escasos recursos monetarios, con el objetivo de desestabilizar el país y derrocar al gobierno chavista. Tampoco le habla al pueblo que ha sido motejado con adjetivos denigrantes y racistas por quienes se oponen a Chávez, demostrando así cuál es su verdadero talante democrático e “inclusivo”. Demás está decir que sus principales aupadores (muchos de la extrema derecha) son aquellos que heredaron la concepción mezquina, fascista, mercantilista y dependiente impuesta por el Pacto de Punto Fijo. Así, la elección presidencial del 7 de octubre representa algo más que un asunto coyuntural para los venezolanos y las venezolanas, puesto que ese día estará dirimiéndose la vigencia y consolidación de una alternativa revolucionaria frente a los desmanes capitalistas neoliberales, siendo ello inspiración para los pueblos de nuestra América y de otros pueblos del mundo.

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Paraguay: A llorar al cuartito

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

El último capítulo de los sistémicos y seculares quiebres institucionales en el subcontinente de América, diseñados por Washington, financiados por los consorcios transnacionales y ejecutados por sus mercenarios locales con la ayuda de la deficiente gestión política y económica de gobernantes progresistas o al menos bien intencionados, acaba de consumarse en la Patria Paraguaya.

Escenario propicio para instalar otra pieza dramática, a tres años de Honduras, donde la puesta en escena tuvo como figurín al Poder Judicial, en sustitución de la criminal y ladrona cúpula militar centroamericana, con profesores y alumnos formados en la Escuela de las Américas y diseminados por todo el continente.

Los arquitectos del golpismo, fanáticos de la equidad, decidieron que lo más justo era darle vacaciones a los Ministros de la Corte hondureña, bien remunerados por su gestión y, por lo tanto, la nueva puesta en escena correspondía al Legislativo paraguayo, cuya misión era la de quebrar el incipiente proceso de cambios, iniciado el 15 de agosto del 2008. El costo del alquiler de los votos infames aún se desconoce.

Para tan glorioso acto era indispensable hacer gala de legalidad, ejercicio alienador que no sólo la derecha practica, sin importar el grado de legitimidad que posteriormente pudiera conceder el soberano pueblo a tamaña canallada. El tercer capítulo de la obra que podría titularse Operación Relámpago, podría estar ya pergeñado por la inteligencia imperial al interior de algún Poder Ejecutivo de la media docena de impertinentes.

Subir al escenario, con la misión de prender un fósforo al combustible que el Gobierno de Fernando Lugo se había encargado de almacenar con su inoperancia, no era obra de valientes ni mucho menos de suicidas por amor a la Patria, sino que el guión estaba escrito pero la apertura del teatro aconsejaba esperar debido a que el concierto regional no era propicio.

La renovación política gobernante que exhibe Sudamérica desde hace una década, que le ha permitido crear algunos organismos de cooperación, en particular la UNASUR que por encima de sus balbuceos y limitaciones, es el primer escudo que se ha levantado al predominio hemisférico de Estados Unidos, fuerza la imaginación de los estrategas del Pentágono para repeler con éxito cualquier intento autonomista de alguna administración que aparezca con sensibilidad social.

A Lugo, muy diferente al cinismo discursivo de sus victimarios, no lo desplazaron por lo que no fue capaz de hacer, sino por lo que hizo y lo que estaba obligado a impulsar en el año que le restaba de su enclenque poder, el que de todas maneras constituía un escollo difícil de superar por las fraccionadas fuerzas coloradas y liberales endeudadas con los grandes capitales internos y transnacionales, sin ninguna garantía de ganar en abril.

Tras la felonía, Federico Franco comenzó hablando de reparar la injusticia rural, dando tierra a las familias campesinas marginadas, y ofreció otras mejoras, sin siquiera mostrar capacidad para presentar algo novedoso en su panoplia de promesas expresada ante el Congreso, una cacofonía de los seis principios del programa de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), que en su papel de Vicepresidente y enlace con el Parlamento, se encargó de sabotear durante estos cuatro años.

La impericia en la gestión, las divisiones y el egoísmo que se ha verificado fácilmente en las filas del heterogéneo gabinete de Lugo, hoy son puestos al desnudo por todos los órganos de la prensa comercial, de papel trascendente en el golpe palaciego ejerciendo con esmero su función inaugural de principal partido político de la derecha nacional.

Ningún fariseo mediático recuerda estos días que ahora hay atención gratuita en los hospitales, sino que destacan la insuficiencia de los servicios, omitiendo que eso se produce porque la demanda de cuidados creció exponencialmente frente al humillante comercio que se practicaba anteriormente en los centros de salud, donde se ingresaba sólo con recomendación de algún seccionalero o con el pañuelo colorado al cuello.

Tampoco mencionan que fue la administración de Lugo que consiguió que Brasil triplique sus pagos por la energía paraguaya que desde hace dos décadas se llevaba por chauchas y palitos, pero a cambio de esos logros en beneficio del país, se enfatiza en los diarios, radios y canales del empresariado mediático, en las deficiencias y desviaciones cometidas por miembros del Ejecutivo.

Es una guerra de intereses, más que ideológica, en la que hay que reconocer que los enemigos del proceso de cambios expresan en sus actos más coherencia que los impulsores de la política que había comenzado a instalarse en el país desde antes de abril del 2008, en especial desde seis años antes, cuando el intento privatizador, que ahora renace, fue derrotado por la movilización popular, única herramienta capaz de vencer a los enemigos del pueblo y rematadores del patrimonio nacional.

En la necesaria respuesta a tanta vileza, dos o tres cosas reclaman urgente atención si queremos recuperar la mística que, cuatro años atrás, quebró la cadena de gobiernos colorados. Para nada sirve llorar lo que se ha perdido, salvo que ello sea el anticipo de una reacción en masa para que este tipo de atropello a la decencia humana no tenga más lugar en el país.

1. se impone una autocrítica pública de todos los conductores de las instituciones y de los partidos y organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad, con lo cual hasta se sentaría docencia política en un país donde la comandancia jamás ha hecho un balance honesto de sus errores, pese a ser la causante de la decepción que se constata en algunos sectores de la ciudadanía, cuya nueva postura evidencia felizmente un notable crecimiento de su conciencia y compromiso social, que está dando nacimiento a un nuevo país.

2. Ese nuevo pensamiento que el pueblo expresa de muy diferentes maneras, tiene que ser valorado, alimentado y capitalizado.

3. La única figura del espectro nacional que aún tiene un caudal importante de seguidores por conciencia y no por intereses mezquinos, es Fernando Lugo, quien tiene el deber de ponerse al frente de los partidarios del cambio, con una depuración de sus propias filas, la presentación de una plataforma más profunda de gobierno y un programa unificador de todas las fuerzas democráticas que, en número mayoritario, están en los propios viejos partidos, las cuales deberán sumar con los movimientos sociales, organizaciones de trabajadores y partidos progresistas.

4. De nuevo Lugo es desafiado por la historia: de Obispo pasó, con armas y bagajes, a Presidente de la República, y ahora las circunstancias le reclaman que se ponga al frente de su pueblo, comenzando por explicar en cabildos abiertos por todo el territorio nacional, lo que hizo bien y lo que hizo mal y lo que, ahora, son su experiencia, podría hacer si la ciudadanía lo acompaña y es capaz de actuar con la lucidez requerida y la honestidad que son esenciales en todo servidor público.

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Víctor Gros: A “Los Dragones” les montaron una provocación para meterlos presos

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista a Víctor Grosi, Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC).

Mario Hernandez (MH): El miércoles pasado fueron atacados delegados que estaban realizando una asamblea en una obra en Lomas de Zamora, para informar el incremento salarial conseguido por el Sitraic, por una patota a bordo de autos y motos con palos y varillas de hierro. Supongo que será para justificar la paritaria miserable que acordó “Batallón 601” Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA.

Víctor Grosi (VG): La paritaria nacional para la industria de la construcción firmó un 24% de aumento calculado sobre una hora de $ 17 para un oficial, o sea, que el aumento fue de $ 3.90.
En el caso de “Los Dragones” fue vergonzoso lo que firmaron, el 12%. Ese es uno de los orígenes del conflicto actual con Pan American Energy (PAE).
“Los Dragones” nacen hace 3 o 4 años a raíz de una paritaria en la cual son entregados totalmente por el sindicato oficial de la UOCRA. Se parece al caso de los trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca donde la diferencia salarial también era abismal a pesar que hacían las mismas tareas que los ferroviarios. En el caso de Los Dragones se da en comparación con los trabajadores petroleros. En realidad, el caso de los tercerizados ferroviarios era peor ya que el convenio marcaba que una pareja de trabajadores podía instalar 3 durmientes y a los tercerizados les hacían colocar entre 10 y 12. Eso trajo como consecuencia que hoy haya muchísimos jóvenes que no pasan la ART por las enfermedades en la columna que les provocó esta situación.
Con “Los Dragones” pasó que los petroleros firmaron 23% retroactivo a enero y Gerardo Martínez el 12% retroactivo a marzo. Los petroleros firmaron por las 3 horas muertas de viaje hasta el yacimiento $ 28 por cada hora más una hora, 4 en total. La UOCRA firmó $18 por un total de 3 horas. La diferencia salarial es de $ 8000 aunque viajen, coman y realicen las mismas tareas petroleros y albañiles.
Este año fue una provocación porque el año pasado y el anterior la empresa había firmado la equiparación. No es casual. La idea de la UOCRA, asociada con la empresa y el gobernador, era meter presos a toda la dirección de “Los Dragones” para recuperar el beneficio de la tercerización porque si están equiparados no les rinde ningún beneficio. Esa ofensiva sigue. Ayer despidieron a Luis Yedro de Atucha II, que es un compañero del Sitraic, sin ningún motivo y, encima cuando la saca la Gendarmería de la planta, estaba presente el secretario general de la seccional Zárate que le dice: “El único que hace política dentro de Atucha soy yo”.
Dos días antes, acá, en Lomas de Zamora, después de un tiempo que habían desaparecido, aparece nuevamente la patota.

MH: Ustedes tuvieron un compañero detenido más de 2 años con una causa judicial armada.

VG: Dos años y medio. El lunes me reuní con el Ministro de Seguridad de la provincia para marcarle la posición del Sitraic si se produce un nuevo hecho de violencia.
Siguiendo con la paritaria, el gran beneficiario fue la UOCRA como organización antiobrera. Uno de los puntos que marca el nuevo convenio es que se absorben todos los aumentos que se hayan logrado durante el año. Si en una obra la Comisión Interna, los delegados, consiguen un plus no remunerativo, cuando llega la paritaria se lo absorben, con lo cual le bajan el salario.
Otra cosa muy notable que pensamos es anticonstitucional e ilegal, es que se armó un fondo solidario de $ 84 por trabajador esté o no afiliado. Si hablamos de un universo de 570.000 trabajadores registrados ronda los $ 50 millones más los $ 2500 que saca por firmar el 12% que los operadores petroleros le pagan a la UOCRA como fondo solidario, ronda un total de $ 100 millones, que es la coima legalizada por firmar esa porquería.

MH: Estamos hablando de la friolera de U$S 20 millones que cobra la UOCRA por firmar un convenio a la baja.

VG: Exacto. La idea es mantener un salario deprimido en función de los intereses del gobierno y las patronales. El gobierno por las obras públicas y las patronales por el negocio de la construcción de edificios privados sobre la base de la explotación de miles de trabajadores. Calculá que el metro cuadrado en Buenos Aires se cotiza a U$S 2000/2500 y un trabajador no llega a $ 70 por metro cuadrado.
Esta situación ha provocado el surgimiento de nuevos sindicatos como es el caso de “Los Dragones” y el nuestro. El Sitraic firmó en 2009 con Raúl Murga, que es el secretario general de “Los Dragones”, la conformación, en presencia del Cuerpo de Delegados, de un Bloque de Trabajadores de la Industria de la construcción. Este proceso se viene dando en todo el país, en el sur prácticamente en todos lados y ahora también en Chaco, Formosa y Tucumán. En este último caso es vergonzoso lo que ha hecho el señor feudal que gobierna la provincia (Alperovich), donde las famosas viviendas del gobierno se han hecho pagando quincenas de $ 900, con precarización, fraude laboral, sin ningún tipo de control en la seguridad e higiene de los trabajadores.
Todo este clima hace que la UOCRA vuelva a contratar bandas, patotas y empiecen las persecuciones para seguir garantizando los bajos salarios.

MH: A cambio de los U$S 20 millones.

VG: Es una modalidad que ya lleva 3 paritarias.

Por la inmensa riqueza que genera el trabajador de la construcción recibe un salario medio de $ 3000

MH: ¿Cómo ves el conflicto en Chubut? Daba la impresión de un acercamiento entre PAE y Los Dragones, por lo menos era lo que reflejaban los medios, pero tengo entendido que el conflicto se ha reabierto.

VG: Sí. En realidad nunca menguó sino que se produjo un corte en la Ruta 3 y la 26 que es la que sube al cerro. Anoche estaban entrando en una reunión donde se preveía una conciliación obligatoria sino llegaban a un acuerdo. Los han querido demonizar.

MH: Los vinculaban al ex gobernador Das Neves quien fuera compañero de fórmula de Eduardo Duhalde en las últimas elecciones presidenciales.

VG: ¿Qué tiene que ver Das Neves? Es otra cosa que andan inventando. Son $ 8000. Vivir en el sur es carísimo, con 10/12 grados bajo 0 se desayuna bien, se come a media mañana, se almuerza bien, se come a la media tarde y a la noche. Estamos hablando de una canasta básica de $ 12000 cuando en el conurbano es de la mitad. Muy cara la vivienda, todo. No se están haciendo millonarios y el trabajo es muy duro porque están en el cerro todo el día, las inclemencias del tiempo son permanentes tanto en invierno como en verano.
Esta situación hay mucha gente que la desconoce y el gobierno, la empresa y también la UOCRA ha salido a pedir que los metan presos al igual que la Presidenta que planteó que los vayan a buscar casa por casa.
En realidad se está buscando consolidar la tercerización, la precarización y los bajos salarios. La inmensa riqueza que genera el trabajador de la construcción se ve reflejada en un salario promedio de $ 3000. Te hablo de un oficial que requiere una formación de 5 años en cualquiera de las áreas, ya sea en soldadura, en construcción civil, etc., con lo cual está claro qué es lo que defiende el gobierno cundo apoya a Gerardo Martínez y lo oculta detrás de las polleras de la Presidenta habiendo sido un miembro del Batallón 601 de Inteligencia durante la última dictadura genocida y que apareció en los listados que presentó el mismo gobierno a través del Ministerio de Defensa.

MH: Si nos atenemos a la política oficial de Derechos Humanos se trata de un hombre que tendría que estar preso.

VG: Hay 105 trabajadores de la construcción desaparecidos y hay otros ex agentes en el sindicato, en Santa Fe, un asesor legal y otros dirigentes que estuvieron hasta hace 2/3 años. Ahora los están escondiendo a todos. Además, Gerardo Martínez nunca trabajó en una obra. Si fue a alguna no lo hizo para trabajar sino para marcar gente.

MH: Me hace recordar al textil Casildo Herrera, secretario general de la CGT, quien previo al golpe del 76 -que tuvo a Gerardo Martínez como uno de sus colaboradores civiles- pasó a la historia por una famosa frase: “Yo me borro”. Nunca fue trabajador textil, era empleado del sindicato.

VG: Eso también marca sobre qué bases está asentado este intento de seguir deprimiendo el salario con una paritaria falsa porque el porcentaje de aumento aparece un día como una fórmula secreta, no hay ninguna participación democrática de los trabajadores ni ningún análisis, no se vota en asambleas, no se estructura una respuesta frente a una industria que ahora comienza a caer fuertemente en el área privada por las restricciones al dólar y en la obra pública porque es una de las estafas históricas que cuando pase el tiempo y salga a la luz qué pasó con las viviendas y las rutas, con la energía, se sabrá, al igual que los subsidios otorgados a los empresarios del transporte, que acá hubo un robo a mansalva. Hoy la obra pública está prácticamente paralizada y hay despidos.

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Argentina: La mayor acción anti-Alumbrera

BIODIVERSIDADLA

El Plan Cerro Negro fue concebido con el objetivo de colapsar el abastecimiento de suministros hacia el complejo extractivo de Bajo de la Alumbrera. Acudirán grupos de militantes ambientalistas de diversa procedencia. La acción supone el “bloqueo selectivo” de mayor dimensión realizado contra la empresa.

El bloqueo de un cruce donde la ruta nacional 40 (RN 40) desemboca en la RN 60, en el municipio occidental catamarqueño de Tinogasta, se aplaza hasta el 14 de julio. El llamado Plan Cerro Negro fue concebido con el objetivo de colapsar el abastecimiento de suministros hacia el complejo extractivo de Bajo de la Alumbrera. Acudirán grupos de militantes ambientalistas de diversa procedencia. La acción supone el “bloqueo selectivo” de mayor dimensión realizado contra la empresa que explota el yacimiento.

Diálogo con Clarisa Brizuela (39), miembro de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua. *

P: La tarde del 29 de junio, preocupados por los rumores, las autoridades instalaron un puesto policial de control móvil en el mismo cruce carretero para impedir que se forme una nueva posición de bloqueo que interrumpa el paso de los convoyes mineros. ¿La temprana filtración de la noticia sobre Cerro Negro fue un desacierto (véase Plan Cerro Negro), al extremo de hacer prácticamente imposible su puesta en marcha?, ¿la pérdida del factor sorpresa no llevará a toda la actividad muy cerca del fracaso?

R: No... En realidad, estaba previsto. Acá tenemos el problema de que los medios de comunicación no están con nosotros; están pagados por las mineras, apretados por el Gobierno. Tenemos las redes sociales por las cuales nos comunicamos. Esto era sabido: el hecho de que ya estén instalados allá no creo que pueda desactivar el bloqueo. Ayer tuvieron un primer contacto con un grupo que fue a ver todo el tema logístico; había dos policías que, cuando los vieron, entraron en el habitáculo que llevaron y se quedaron ahí todo el tiempo. No intervinieron.

P: Catamarca habría asistido a los efectos de un “modelo minero de desarrollo”: empobrecimiento, falta de empleo y de agua potable, corrupción, clientelismo, deterioro del Estado de derecho. ¿Son todos éstos méritos atribuibles a Minera Alumbrera?

R: Totalmente: yo viví toda la vida en Tinogasta y no hay progreso de ningún tipo. No tenemos todas las riquezas que ponderan, que vendrían con la minería. El mejor ejemplo es Andalgalá: no hay servicio de salud, no hay seguridad, no hay nada. Es terrible el porcentaje de desocupación... Alumbrera no les dejó nada a los pueblos del interior. En realidad, en Catamarca la minería es para los que están metidos en el Gobierno; para el pueblo no hay nada.

P: Del otro lado de la moneda, la compañía dio a conocer los primeros resultados obtenidos el año último: en 2011 la fuerza laboral sumaba 1416 personas, lo que representa un incremento del 91% respecto a los puestos de trabajo ofrecidos 15 años atrás, cuando Minera Alumbrera inició sus operaciones. A lo largo del mismo período, el 78% de los insumos y servicios que la empresa incorporó fueron de origen nacional: a modo de ejemplo, estas adquisiciones totalizaron en 2010 más de $1220 millones.

R: Es un informe bastante mentiroso, porque, si vemos los registros, Catamarca es una de las provincias más pobres. Los empleados que Minera Alumbrera tiene de lugares como Andalgalá y Belén son pocos. En Belén dejaron mucha gente afuera. No veo, no vemos nosotros, la gente del interior de Catamarca, esto que dicen los informes de Alumbrera. Los hacen ellos, como quieren, y los informes dicen lo que ellos quieren; no hay ningún tipo de control. ¿Quién puede ir a desmentirlos si no hay nadie que los controle?

P: Alertaron sobre la rotura del mineraloducto de 317 km que opera la empresa en las inmediaciones de la estación de bombeo PS2, en el municipio de Andalgalá, en el atardecer del 27 de mayo. Según comunicó Minera Alumbrera, el incidente se trató del mantenimiento preventivo y planificado de una sección de 4 km del ducto, tarea que fue realizada los días 25–28.

R: En el lugar estuvo gente de la Asamblea El Algarrobo, y confirmaron que se trataba de una rotura. Volvemos a lo mismo de antes: ellos dicen lo que quieren, nunca dicen la verdad. Cuando se presentó la gente, nadie quiso dar información; la policía, como siempre, custodiándolos. Si fuese como ellos dicen, no costaba nada mostrar lo que estaban haciendo, pero no lo hicieron; se escondieron todos, se fueron. Hay videos que lo confirman.

P: Tiendas, sacos de dormir, mantas, ropa de abrigo, bidones de agua, utensilios de higiene, botiquines de primeros auxilios, herramientas, medios de transporte, etc., forman parte del material que necesitan reunir antes del 14 de julio. La logística parece dominar las consideraciones previas al bloqueo. ¿Sería erróneo estimar que, de conseguir montar el campamento, volverán a sus casas en apenas unos días? ¿Hubo algún contacto de importancia con funcionarios del Gobierno?

R: No tenemos un tiempo marcado en el que vamos a estar en el bloqueo. Va a ser importante, porque van a sumar esfuerzos todas las asambleas que tienen problemas, para que se sienta el reclamo: gente de Jujuy, Salta, La Rioja. Parar los camiones, como hacemos nosotros acá, es simbólico, es algo que hacemos porque no tenemos otra forma de que nos escuchen las autoridades, el Gobierno. No nos queda otra: hace cinco meses que estamos en Tinogasta bloqueando el paso a los camiones con insumos mineros y nunca vino nadie a hablar con nosotros. Fuimos veinticinco personas a hablar con la gobernadora, y no nos atendió. Ellos hablan de diálogo... ¿Adónde está? Están cerrados en lo que piensan y acuerdan con las mineras. Nosotros no queremos megaminería; este es un reclamo nacional.

P: ¿Qué lecciones útiles o enseñanzas pueden extraerse después de 150 días sobre la RN 60? ¿Por qué creen que la ejecución de Cerro Negro marcará un punto de inflexión en la lucha?, ¿consideran que los líderes políticos en San Fernando y Buenos Aires subestiman la importancia de los bloqueos?

R: Si bien hoy, por una decisión de los transportistas, no están pasando los camiones, el bloqueo de Tinogasta sigue. Hay que estar acá para ver lo que se vive cada vez que pasa un camión... después de lo sucedido el 10 de febrero (véase Ruptura del cerco sobre Bajo de la Alumbrera) y el 12 de mayo (véase Detenciones en Tinogasta). Como una forma de provocación, pasaban los camiones vacíos, viendo cómo reaccionábamos; creo que nos han hecho más fuertes. Podemos hablar con un montón de funcionarios de segunda línea, hicimos un petitorio... Siendo sensatos, el único contacto que queremos tener es con la gobernadora, la que decide todo. El bloqueo de Tinogasta, así nos ha dicho muchísima gente, es muy significativo porque les da ánimo a otros que están pasando por lo mismo: “Si Tinogasta puede, ¿por qué no nosotros?”. En algún sentido, sí nos subestiman; nos están ninguneando, dicen que no somos nada, que somos “cuatro gatos locos”. Me preguntaban por una enseñanza... Esto es lo que nos están haciendo ver: están agarrando nuestro ejemplo para empezar a luchar.

* Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

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Argentina. Chubut movilizada: Minería de lesa humanidad

LA VACA

“Hacemos responsables del delito de crimen de lesa humanidad y de lesa naturaleza a todos aquellos de Uds. que avalen esta nefasta iniciativa del gobernador. Asimismo, hacemos responsable al Sr. Buzzi de abdicar de sus obligaciones de funcionario público electo y de sembrar la angustia y la zozobra en su pueblo”. Así lo plantea el último párrafo de una nota enviada a los legisladores chubutenses por las asambleas de la provincia, que desde este 4 de julio y en adelante el 4 de cada mes, se movilizarán en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel y Trelew en rechazo al proyecto de ley que busca instalar la minería en un territorio que la tiene prohibida.

El proyecto y el dictado

“Lo que hace el proyecto del gobernador Martín Buzzi es trazar una línea dividiendo Chubut de arriba abajo, y dice: al Oeste de esa línea vamos a preguntarle a los pueblos si quieren minería, y al Este ni le vamos a preguntar. Pero deja claro que hay minería en toda la provincia”. Gráficamente, Humberto Kadomoto explicó así a lavaca el proyecto de ley chubutense.

Kadomoto es integrante de la Asamblea No a la Mina de Esquel, y revela: “Hemos confirmado que el proyecto viene desde la Secretaría de Minería de la Nación, y que se lo dictan a Chubut con la participación de la Cámara de Empresarios Mineros y la Cámara de Empresas Exploradoras de Minería”.

Dividir y reinar

La división de la provincia en dos mitades implica lo siguiente

En la meseta, el valle y la costa (2/3 de la superficie provincial) se habilita a “desarrollar la actividad minera sin excepción, de todo proyecto que cumpla con lo normado por la presente ley”.

En la zona cordillerana condiciona cualquier proyecto a que se “haya obtenido la licencia social para ser desarrollado y factibilizado”.

Es decir que se habilita la avanzada minera en toda la provincia, justificada en una reforma tributaria que obligaría a las empresas a aportar más dinero a un “Fondo del Dominio de Recursos Hidrocarburíferos y Mineros” y que establece la asociación público-privada, en la que el Estado tiene el hipotético rol de asegurar “el uso y aprovechamiento racional” de los recursos, según el proyecto que tomó estado parlamentario.

Lo que intentan cambiar

Esta nueva ley intenta anular lo conseguido por los habitantes de Chubut cuando en 2003 promovieron la reglamentación de un proyecto (Ley 5001) que en su Artículo 1º rezaba:

“Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto, y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”.

Esa ley fue consecuencia de movilizaciones, de ordenanzas dictadas en distintos municipios (Epuyén, El Hoyo) prohibiendo la actividad minera y del plebiscito realizado en Esquel en 2003 en el que el 81 % de los votantes rechazó la iniciación del proyecto El Desquite, entonces en manos de Meridian Gold.

Piedra libre

La división de norte a sur, paralela a la frontera con Chile, deja una franja aproximadamente de 180 kilómetros de Cordillera (por ejemplo la propia Esquel) en los que las comunidades deberán otorgar o no licencia social a los proyectos mineros. Al Este de esa línea no hay consultas, lo que habilita sin más trámite a proyectos como el Navidad, en la meseta chubutense, o el Tijeras, de uranio, cerca de Dolavon en donde su asamblea vecinal se opone al mismo.

Kadomoto: “Esperamos incorporar marchas en la meseta en un futuro, porque allí está la mayor actividad minera”.

Rematar el futuro

La nueva ley no modifica la tasa de regalías –siguen siendo del 3%- pero propone que el Estado se convierta en socio de las empresas extranjeras que llegan a explotar y así traspasar al tesoro público un 8% del volumen total de ventas por la actividad extractiva. Todo su impulso corre paralelo al discurso sobre fuentes de empleo que sería capaz de generar la minería.

La Asamblea Comarcal contra el Saqueo, las asambleas de Esquel y Dolavon, y los Foros Ambientales y Sociales de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, dicen en su carta a los legisladores: “Señores/as diputados/as: los exhortamos a no destruir la provincia y a la gente que les confió su representación, a no jugar con las necesidades de desocupados que requieren opciones verdaderas de producción y empleo. Los instamos a trabajar junto a nosotros y con nuestro apoyo en la construcción de un futuro, en lugar de sumarse a ese sector de la clase política que utiliza su posición para rematarlo”.

Agregan en otro párrafo: “No existen evidencias documentadas que permitan afirmar que la megaminería pueda ser “sustentable”; muy por el contrario, sobra la información científica y el dolor -ocultado en todo en el mundo- que demuestra que esta actividad destruye el agua, el territorio y la vida en forma irreversible e irrecuperable por milenios”.

Prostitución de una palabra

La Asamblea de Esquel planteó además en un comunicado: “El proyecto de ley del gobernador Buzzi prostituye el término ‘licencia social’ para definir los acuerdos entre empresas transnacionales y el gobernante de turno, mediante la creación de organismos de seguimiento y control viciados y demostradamente inoperantes para fiscalizar las actividades más simples. Incluso el proyecto de ley llega al extremo de plantear el intercambio de contaminación a cambio de supuestos ingresos para la provincia”.

La marcha en Esquel comenzará a las 18 desde Plaza San Martín hasta las oficinas de Yamana Gold. En Trelew, a donde confluirán vecinos de Puerto Madryn y Dovalon, se concentrarán en el Touring Club. Y en Comodoro Rivadavia el encuentro será a las 16 en la Plaza de la Escuela 83. Allí los integrantes del Foro Ambiental Social plantearon: “No habrá licencia social para las empresas multinacionales que saquean nuestros bienes comunes, dejándonos un pasivo ambiental irreparable. El valle y la cordillera, necesitan que Comodoro despierte, salgamos a las calles y defendamos nuestro territorio, que es nuestra identidad”.

Y dicen: “La creatividad debe ser parte de nuestra lucha”.

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Policía e Inteligencia sobre jóvenes considerados peligrosos

Julián Axat (APE)

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1. Demagogia Punitiva y Gestión del Peligro

La idea de gestionar el peligro no es nueva, se remonta a los norteamericanos J. Simons y M. Feeley, quienes meditaban sobre las estrategias del poder punitivo para neutralizar grupos de individuos potencialmente riesgosos, evitando caer en argumentos sobre la culpabilidad y las garantías, los que terminarían siendo un valladar para el poder estatal en la lucha y persecución de los delincuentes (1).

La gestión de “grupos de jóvenes peligrosos”, depende hoy, ya no del sistema penal que encarcela por caso; tampoco (al menos así se evidencia) de un sistema de promoción y protección de derechos que atiende la vulneración del derecho por un servicio social; sino de tecnologías extrañas al sistema penal-social, investigaciones basadas en el análisis de datos, y el flujo de análisis económico-social-territorial de agregados para luego generar aplicaciones informales (2).

Un nuevo paradigma actúa en algunos sistemas punitivos, y éste ya no presta atención a los jóvenes como individuos (a su culpa o a sus posibilidades de reinserción) sino que se ocupa de técnicas de identificación, clasificación y manejo sobre “agregados de jóvenes”, según niveles asignados de peligrosidad; los que de aplicarse reacciones punitivas determinadas (dosificación del dolor) optimizaría el manejo de los riesgos futuros dentro de un marco de exclusión territorial (gueto).

Muchas veces asistimos a formas de gobernabilidad de la cuestión político-criminal juvenil que se expande por espectacularidad, en especial cuando la misma está dirigida a impactar en las encuestas como proyección política a gran escala basada en campañas de inseguridad subjetiva receptivas de pánicos morales y “supuestos” peligros sociales que pueden redimirse con soluciones demagógicas y eficaces mecanismos que optimizan el manejo de aquello que consideran un “riesgo social”. Claro que ese riesgo forma parte de la construcción que deviene de la misión actuarial y lo constituyen poblaciones consideradas peligrosas bajo análisis-identificación (3), el efecto es la recolección de datos de un mismo lugar y un mismo sujeto, con lo cual se produce el cincelamiento por constante fricción- selectivización-identificación, de aquello que tendrá caracteres de “peligroso” para el sistema que lo termine criminalizando (4).

Así, la gestión del riesgo de una población X de adolescentes peligrosos en un determinado territorio, implican la gestión de estereotipos para un imaginario determinado, pero a la hora de vincular a las “bandas” o “pandillas” de jóvenes delincuentes, la policía hurgará en el mapeo anterior que los incluya e identifique por pociones. La horma define la forma del zapato o viceversa.

2. Modelos bastardos de inteligencia policial

Bajo el modelo de demagogia punitiva sobre “agregados juveniles peligrosos” donde lo riesgoso es lo ya conocido de antemano en tanto el policía entrenado para ello lo define por olfato, hoy asistimos a dos niveles de inteligencia, identificación o seguimiento actuarial (jóvenes ya detectados peligrosos en territorio).

a) Nivel territorial de Prevención “tosco”- seguimiento e identificación prontuarial de jóvenes por vía de dependencias policiales descentralizadas.

Aquí son los propios Comisarios o jefes de la dependencia los que para mantener buena imagen hacia afuera, gestionan “de manera bastante tosca y por olfato” estos dispositivos de control e identificación, aun a cosa de su reñida legalidad.

• El seguimiento por vía de la identificación fotográfica y la recolección de datos de jóvenes depende de la detección de oficio de la propia policía o por sindicación vecinal de aquello que considera peligroso en un territorio.
• Se realiza la identificación-marca de los jóvenes y se lo vincula con las respectivos ingresos.
• Se vincula la información con modalidades delictivas en ese territorio X.
• Se exhiben esas imágenes o fotografías conservadas a víctimas de delitos, bajo el concepto de “modus operandi”
• Se vincula los hechos con otros partícipes con relación entre ellos.
• El análisis busca dar cuenta de que el delito juvenil de una zona X, resulta ser un fenómeno fácilmente identificable, abarcable, estudiable; representativo de un universo conflictivo que se repite.
• Seguimiento clásico de inteligencia: marcación de lugares de encuentro, fotografía de los frentes de las casas de los jóvenes marcados como sospechosos, declaraciones de testigos de identidad reservada que los vinculan con X hechos; seguimientos con personas encubiertas que trabajan para la policía (5)
• La recolección de la información sobre peligrosidad juvenil será parte de la gestión comisarial que, tiene el margen de maniobra suficiente para identificar riesgos, y neutralizarlos. Para ello el prontuario o legajo de malviviente es la herramienta clásica con la cual se forma el perfil juvenil que se pretende controlar.

La modalidad descripta resulta ser “tosca” e ilegal, de acuerdo a preceptos administrativos, procesales y constitucionales que impiden este tipo de actividad respecto de personas menores de edad. En los hechos, la eficacia y el estado de policía desvirtúa el principio de legalidad (6)

b) Nivel alto – seguimiento o alerta temprana con software de inteligencia:
El seguimiento por vía de entrecruzamiento de la información y la creación de productos inteligentes de perfiles de jóvenes considerados futuros criminales en función de agregados y mapas de peligrosidad interconectados, es una tarea que le corresponde a instancias superiores de la policía (ya no las “toscas”), con cierto nivel de capacitación.

Por doctrina, la clave del análisis de inteligencia criminal es proporcionar valor agregado a la información, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y empleo de metodologías tecnológicas apropiadas, que aporten evidencias y detección temprana de acontecimientos, para así prever en el futuro direcciones de una política de neutralización del problema detectado (no repetición).

Parámetros que interesan:

• Ponderación de riesgos y oportunidades en función de los datos relevados y cruzados: dirigido a comunicar qué es decisor, se conozca y se actúe de inmediato. Foco humano problemático en determinado territorio con riesgo latente o a punto de estallar. Así: bandas y pandillas detectadas, lugares de encuentro, zonas de acción, motes, estereotipos identificables, modus operandis, etc.
• Situación: base material objetiva de análisis, fundada en muestras objetivas materiales empíricas constatables. Su función es descriptiva: recepción de la información de las bases operativas y cruce con bancos de datos propios y obtenidos: situación social familiar de jóvenes problemáticos, identificación comunicacional, financiera, vínculos entre sí con otras bandas/zonas territoriales.
• Apreciación: Estructura causal del problema y desarrollo argumentativo del trabajo, articulado en torno a la hipótesis de situación: posibles lugares de conflicto juvenil.
• Probable evolución del problema en escenarios posibles.
• Mapeo ilustrativo -croquis de cruce- identificando rastro.

Los sistema GIS, I2A, el Excalibur, Vaic, son herramientas de reunión y análisis de la información, cuyo uso depende de que cada dependencia policial o la autoridad judicial eleve la información a una instancia administrativa, quien la entrecruzará esos datos con otros bancos de datos a los que acceda, y conforme una “Base Centralizada sobre el crimen organizado” (7).

Parte de la información centralizada es muy importante para generar un modelo inteligente. Desde ya que una policía sin esta forma de trabajar la información, resulta boba ante el crimen organizado.

Ocurre que frente a temas de Niñez y Adolescencia infractora, la cuestión plantea otros problemas y otras formas de abordaje, en función de lo que representa el delito juvenil.

Los problemas son:

• Los datos sensibles de personas menores de edad que surjan de los bancos de datos y de los envíos policiales-judiciales, cómo se procesan para no violentar derechos.
• La cuestión de la “auto-censura” dicha información para impedir violación de derechos.
• La cuestión sobre la manera analizar esa información para inferir que un producto detectará un potencial peligro penal-juvenil.
• La cuestión acerca de cómo se produce la interconexión de información con la policía del territorio y como es utilizada tal información en la selectividad policial-judicial (si tiene incidencia real o no, o si genera un castigo informal-hostigamiento)

3. A modo de análisis del problema:

Nos interesa analizar si en temas política criminal juvenil se puede realizar prevención y detección temprana inteligente del fenómeno delictivo, sin violentar derechos y garantías. La normativa internacional y local establecen límites precisos:

La Convención de los Derechos del Niño en su art 16:

“1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.”

El Art. 21 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (“Reglas de Beijing”):

“Los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas”.

El art 22 de la ley 26061 refiere:

“... Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar....”

A nivel de la Provincia de Buenos Aires, se establece en el art 39 de la ley 13634:

“Queda prohibido a los organismos administrativos con funciones de policía llevar antecedentes sobre los delitos atribuidos a niños.”.

Mecanismos institucionales de control externo e interno son los que deben resolver las tentaciones de avasallamiento de derechos de niños y adolescentes, la reserva de sus datos, y el uso de la información contra ellos mismos por la policía; siempre que la Política criminal sea seria y acorde a los parámetros de un Estado de Derecho.

El desgobierno jurídico-político del tema, o bien la demagogia punitiva que quiebra constantemente los estándares de derechos y protección son propicios a la “eficacia” y al modelo actuarial, conectados perfectamente con la idea de poblaciones de jóvenes potencialmente peligrosos (por la cantidad de datos que generan sospecha relevada por comisarías territoriales), y sobre los que cabe utilizar la tecnología de “cruce” inteligente, para moderar y detectar problemas para una reacción-selectivización policial-penal (8).

Se supone que si no existe un estricto control externo sobre los procedimientos tecnológicos en el uso y obtención de la información sobre “potenciales jóvenes delincuentes”, a la vez que la política criminal sobre la que se asienta su “eficacia”, la esperada “auto-censura” en el uso de los datos sensibles, caerá en un continuum de violación de derechos personalísimos de niños y adolescentes considerados allí como peligrosos.

La gestión político-criminal de información sensible sobre personas menores de edad, que se entrecruza para combatir el delito, se obtiene en el fondo de fuentes de muy baja calidad (ya mencionamos arriba la obtención tosca de información que realiza la policía en servicio de calle), además de que las conexiones sobre jóvenes pobres estigmatizados por esas mismas comisarías, nada tienen que ver con giros financieros, y organizaciones criminales de la alta complejidad delictiva. De allí que el mecanismo tecnológico utilizado para mapearlos sea un verdadero despropósito policial, y un dispendio de inflación punitiva-cuantitativa ejercido sobre la miseria.

En efecto, la idea de una predeterminación en el accionar del delito juvenil debería resultar de variables y agregados de información asistemática, de coyuntura, circunstancial y de espontaneidad, que un sociólogo o un asistente social puede analizar desde el llano, en función de herramientas cualitativas y de abordaje humano no policial.

También podría utilizarse la tecnología aludida en el segundo nivel, en forma no bastarda, cabe decir, de una manera que los cruces de información sean usados cuidadosamente para identificar focos problemáticos donde los jóvenes sean víctimas del crimen organizado de personas adultas, de modo que aparición de un menor de edad sea un tangencial-indirecto, y a los efectos de desbaratar reclutamientos o instrumentalización de la infancia como mano de obra barata para el delito (9).

En el fondo, los enfoques actuariales nada saben de “culturas juveniles”, pues no abordan la problemática desde su complejidad antropológico-fenoménico, sino desde la mirada cuantitativa funcional a la luz de políticas de demagogia punitiva, relacionadas con el análisis del riesgo que proponen los mencionados J. Simons y M. Feeley; think´s thank conceptual para gobiernos que echan mano a la tecnología extra penal y buscan el impacto público para capitalizar rápidamente en las encuestas por vía de la “inseguridad subjetiva”.

La criminalidad juvenil tiene su marketing mediático, y los anuncios de soluciones punitivistas espiraladas basados en análisis de riesgos son una fórmula perfecta para la performance de un teatro moral (10). Lo que ocurre es que nunca resuelven la base del problema de la criminalidad juvenil (que a la vez ayudan a multiplicar).

En el fondo, una política de Estado dirigida desde esta óptica asume un posicionamiento epistemológico y político criminal hacia dentro de la institucionalidad policial, que retroalimenta y se entrena en ese camino (ideológico) hacia el policiamiento continuo de la niñez y adolescencia; aun cuando las retóricas de los instrumentos de derecho refieran a robustas políticas sociales.

Julián Axat es Defensor Penal Juvenil de LP. Profesor posgrado de UNC-APP. Miembro Investigador de R. Prisma Jurídico-Univ. Sao Paulo.

Notas:
1) Véase Revista Delito y Sociedad n° 7, 1995.
2) Feeley y Simon, Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law, pp. 185 y ss.
3) Anitua, G. Identifíquese. Apuntes para una historia del control de las poblaciones. http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=36
4) Claro que enemigo criminológico no es una invención de un gobierno, sino parte de una trama compleja en la que se entrecruzan varios actores: medios de comunicación, policía, sistema judicial, cárcel, opinión y política pública. La reproducción de un enemigo social selectivizable depende entonces de niveles de reproducción simbólica en ese registro que captura aquello que puede ser utilizado como forma de redención de los peores prejuicios sociales, y que toda la sociedad puede endosar todos los problemas.
5) Véase por ejemplo el documento-prontuario sobre Tribus Urbanas filtrado por wilkileaks, y en el que muestra cómo la policía de San Luis realiza actividad de inteligencia, en: http://wikileaks.org/wiki/Estudio_Sobre_Tribus_Urbanas_2008 o en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-4817-2010-07-08.html
6) Hemos desarrollado en profundidad esta cuestión en otro trabajo, aquí solo hacemos una referencia sucinta - Véase: Fotografía y Prontuario Policial. Revista Criminología, La Ley, Mes 10, T. 2. Pag 221. También puede verse: El rostro de la bestia: http://idnjursoc.blogspot.com.ar/2011/05/el-rostro-de-la-bestia.html o bien: http://www.pensamientopenal.com.ar/node/28955?page=4
7) En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Cuando en 1998 se disuelve la DIPBA, como policía política, destinada a la reunión de datos ideológicos de los ciudadanos de la provincia (vease: http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/),inmediatamente se crea un área de investigación criminal e inteligencia en la sede del Ministerio de Seguridad: La Superintendencia de Evaluación de la Información para la Prevención del Delito (Ley 13482, art. 185 a 188). El proceso de creación de un órgano de Superintendencia para el delito complejo y reunión de la información está muy bien explicado dentro de una lógica política no demagógica y cuidadosa del Estado de Derecho, en el libro del Dr. León Carlos Arslanián, Un Cambio Posible, Delito, inseguridad y reforma policial en la Provincia de Buenos Aires, Edhasa, 2008, pág 180/185)
8) Es lo que ha ocurrido recientemente en la ciudad de La Plata, y la denuncia que hemos tenido que realizar: http://diagonales.infonews.com/nota-182754-Defensor-oficial denuncia-que-la-Provincia-hace-espionaje-sobre-menores.html
9) Así por ejemplo, el desbaratamiento de la trata de personas por medio de cruces de información en la que pueda aparecer información sobre niños y adolescentes en forma colateral, tiene efectos sobre el aprovechamiento de infancia captada y explotada con fines sexuales o de servidumbre por parte de personas adultas. Lo mismo que el seguimiento para desbaratar bandas que utilizan a jóvenes como escruchantes o asaltantes para obtener autos de alta gama para desarmaderos. La detección del foco problemático en un mapeo inteligente del delito complejo, aún cuando roce con información sensible de adolescentes, tales datos están dirigidos a ellos, sino a la organización criminal que los tiene como rehenes.
10) Hemos abordado la demagogia punitiva juvenil y la profecía autocumplida, ante el anuncio de “Unidades de Prevención Juvenil”, en Seguridad, soluciones ya! Véase: Pensamiento Penal: http://new.pensamientopenal.com.ar/16042011/ninez09.pdf

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Argentina: Sobre la radio, los "cabezones" y la lucha popular

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Adrian Pulleiro es autor de La radio alternativa en América Latina. Y con él dialogamos sobre las radios que abrazan de modos distintos la verdad y la lucha popular por una Sudamérica libre y solidaria.


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Los empleados judiciales tienen derecho a la negociación colectiva

Irina Santesteban (LA ARENA)

Hace algunas semanas, la Organización Internacional del Trabajo realizó una "recomendación" al gobierno argentino, relativa a la negociación colectiva en el ámbito del Poder Judicial.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una institución mundial "responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo". Según su propia página en Internet, es la "única agencia de las Naciones Unidas de carácter "tripartito" ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas, así como en la promoción del trabajo decente para todos". La Argentina es un estado miembro de la OIT y, como firmante de sus diferentes resoluciones, se hace responsable por la falta de cumplimiento de ellas.

El pasado 15 de junio, en su 315ª reunión realizada en Ginebra, el Comité de Libertad Sindical de la OIT dictó un extenso Informe, bajo la presidencia del profesor Paul van der Heijden. Allí se informó que se sometieron al Comité 164 casos, cuyas quejas habían sido comunicadas a los gobiernos interesados, para que enviasen sus observaciones. De Argentina, se trataron seis casos, uno de los cuales es el motivo del presente artículo.

Convenios

El caso número 2.881, fue iniciado a raíz de una denuncia de la Federación Judicial Argentina y la CTA, en mayo de 2011, por entender que no se está cumpliendo con normas constitucionales y convenios internacionales, como los Convenios 87 y 154 de la OIT, referidos a la negociación colectiva a la que tienen derecho los gremios.

En la denuncia, la FJA se queja porque en la mayoría de las provincias, los trabajadores del sistema judicial argentino no tienen garantizado el derecho a la negociación colectiva y tampoco cuentan con un convenio colectivo. Agrega que nunca en la historia de los trabajadores judiciales argentinos se concretó tal derecho ni existió un convenio semejante. Y aclara que el derecho a la negociación colectiva que se encuentra negado, es respecto de trabajadores que no ejercen actos de autoridad pública, es decir, no los jueces ni los funcionarios, sino aquellos empleados de las distintas administraciones de justicia en tareas administrativas, de gestión, servicios, etc., y en general, en todo aquello que posibilita el funcionamiento de los tribunales de justicia en el Estado nacional o en los estados provinciales.

También denuncian que a la falta de convenio colectivo para este sector, se le suma una intensa actividad unilateral del Estado nacional, los estados provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, avanzando en materias que deberían ser objeto de la negociación colectiva, tales como remuneraciones, condiciones de trabajo, etc. Es decir, que por vía de la imposición patronal se llega a una situación en la que los trabajadores se ven limitados a someterse a una suerte de contrato de adhesión, sin posibilidad de discutir absolutamente nada de manera colectiva.

Ley trabada

La FJA en su denuncia, expresó que en 2009 se logró la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, de un proyecto de ley nacional en el cual se consagraba el derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores judiciales, tanto del sistema nacional de justicia (Poder Judicial de la Nación), como para los tribunales de justicia de las provincias. Sin embargo, luego de ser girado a la Cámara de Senadores, y a pesar de haber sido tratado en comisiones, el proyecto nunca fue tratado en dicha instancia y caducó en diciembre de 2010. En consecuencia, no hay un marco normativo que reglamente el régimen de negociación colectiva del sector público judicial.

De esta forma, el gobierno argentino ha venido incumpliendo con las obligaciones que le impone su pertenencia al sistema normativo de la OIT y en particular el Convenio Nº 154 ratificado mediante la ley número 23544, del año 1988. En particular, la Federación cita el apartado d), del inciso 5 del artículo 19 de la Constitución de la OIT, que establece que, a partir de la ratificación, el Estado Miembro se obliga a "adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Convenio".

Para la denunciante, aunque no exista una ley sobre la negociación colectiva para los judiciales, sí está garantizado a los gremios este mecanismo, por imperio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En consecuencia, no hay motivos ni justificación válida para que el Estado argentino continúe incumpliendo con sus obligaciones en materia de negociación colectiva para la administración de justicia en sus distintas jurisdicciones.

Ordenamiento especial

Como sucede habitualmente en estos casos, el Comité de Libertad Sindical informó al gobierno argentino sobre esta denuncia, y con fecha 13 de febrero de 2012, se remitió la respuesta de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ella se alega que no se aplica la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (Ley 25164), por haber excluido de su ámbito específico al personal del Poder Judicial, y que la misma dispone que éste debe regirse por su ordenamiento especial.

La Corte dice que no hay omisión de legislación respecto a los judiciales en el derecho interno, por lo cual cabe deducir que para el más alto Tribunal de la Argentina, el Convenio Nº 154 sobre fomento de la negociación colectiva en el sector público -oportunamente ratificado por la Argentina-, no contiene en su ámbito al personal del Poder Judicial.

Papel confundido

Los argumentos de la Corte Suprema son, a juicio de la autora de esta nota, que además es empleada judicial, insostenibles. Niega que el Poder Judicial forme parte de la "administración pública", pues considera que al ser el órgano que "ejerce el control judicial de los actos de la administración pública", como consecuencia del principio de separación de poderes de un Estado federal y republicano, no puede ser considerado parte de ella.

De esta manera, la Corte confunde su papel como titular de un Poder del Estado (el Judicial), con su rol en cuanto empleador en relación a sus dependientes: los empleados y empleadas judiciales. No debería extrañarnos esta posición, pues es la que prima en todos los titulares de los poderes judiciales del país, los tribunales superiores y cortes provinciales. De esta forma, alegan su "independencia" como poder del Estado.

¿Privilegiados?

Resulta paradójico que el máximo tribunal de la Nación, que ha producido fallos tan emblemáticos respecto a la libertad sindical como el de ATE en 2008, que promovió un intenso debate sobre la democracia en la representación sindical en el ámbito del sector público, no acepte que esas mismas reglas deben ser cumplidas cuando el patrón es la propia Corte Suprema.

Uno de los argumentos de la Corte, que se transcriben en el fallo de la OIT, es que los empleados judiciales "gozan del mismo régimen de licencias y franquicias que los magistrados y funcionarios (...) mientras que a diferencia de ellos no tienen todas sus incompatibilidades funcionales (...) y al igual que aquellos sus haberes están garantizados por un régimen de autarquía que es propio del Poder Judicial de la Nación".

En otras palabras, la Corte le dice a la OIT que los judiciales son algo así como "empleados privilegiados" porque gozan de los mismos beneficios que los jueces, pero no de sus limitaciones. Obviamente, se cuidó muy bien la Corte Suprema de informar sobre las remuneraciones que perciben unos y otros, o acerca de la jornada laboral que le toca en suerte a empleados y jueces.

Es decepcionante comprobar que una Corte como la actual, que ha producido fallos tan importantes, y no sólo en materia de derechos colectivos o de representación sindical, actúa de una manera corporativa cuando le corresponde responder por omisiones en su propia jurisdicción, negándose a que un organismo internacional de la importancia de la OIT, le pueda hacer recomendaciones sobre la forma en que se deben desarrollar las relaciones con sus empleados.

Reclamos

En su recomendación final, el Comité de Libertad Sindical le recuerda al gobierno argentino (y por elevación, a la Corte Suprema), que en los trabajos preparatorios del Convenio Nº 151, quedó establecido que los magistrados del Poder Judicial no entran en el marco de aplicación de dicho Convenio. No obstante, dicho Convenio no excluye a los trabajadores auxiliares de los magistrados. Y que el Convenio Nº 154, ratificado por Argentina, dispone en su artículo 1º que sólo puede excluirse de su ámbito de aplicación a las Fuerzas Armadas y a la policía.

Asimismo, el Comité reconoce que este último Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y que en lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio. En estas condiciones, las características del sector judicial pueden hacer necesario que la negociación colectiva sea objeto de modalidades particulares de aplicación (en particular en lo que respecta a salarios, ya que los presupuestos del Estado deben ser aprobados por el Parlamento), pero el Comité considera que los trabajadores auxiliares del Poder Judicial deben gozar del derecho de negociación colectiva.

Finalmente, el Comité de Libertad Sindical pide al Gobierno que, tal como lo dispone el artículo 5 del Convenio Nº 154, adopte las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas.

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La traición a Belgrano y San Martín

Carlos del Frade (APE)

Nunca las armas contra el propio pueblo -era la consigna del primer código militar y las precarias e incipientes fuerzas de seguridad de los distintos territorios de lo que luego sería la Argentina-.

Fue la herramienta fundamental para representar la ética de las fuerzas revolucionarias que debían empezar a construir una nueva nación sobe la faz de la tierra a partir del respeto por su propia gente.

Eso decían y hacían cumplir, hombres como Belgrano y San Martín.

A partir de Roca y Ricchieri, el ejército traiciona aquel mandato ético fundacional y no será casualidad, entonces, que las fuerzas armadas nacionales y las provinciales se hiciera expertas en perseguir argentinas y argentinos que pensaban diferente a la matriz de los poderosos que obliga a obedecer el orden de las minorías.

El gatillo fácil del presente es hijo directo de aquella violación del principio rector que emergió con dos revolucionarios exiliados –uno afuera y otro adentro- condenados a morir en la pobreza y la soledad.

El problema del presente, sin embargo, reside en los discursos del gobierno nacional que se jacta, justamente, de ser respetuoso de las manifestaciones y las protestas sociales y altamente sensible ante las urgencias existenciales.

La propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en uno de sus últimos discursos emparentó la muerte de nueve gendarmes y tres personas más a un conflicto sindical en la provincia de Chubut. Una declaración triste de alguien inteligente.

Pero ahora el panorama parece agravarse.

La información sostiene que existe un denominado Plan Nacional de Abordaje Integral, diseñado por los ministerios de Desarrollo Social, Defensa y Seguridad.

Según el reconocido periodista de investigación Daniel Santoro, “por órdenes del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, las fuerzas armadas se desplegaron rápidamente. El Ejército mandó tropas y equipos a cuatro barrios pobres de la localidad bonaerense de San Martín, cercana a Campo de Mayo; la Fuerza Aérea desplegó un hospital militar de campaña y otros equipos en la villa “1-11-14”, ubicado en el Bajo Flores detrás de la cancha de San Lorenzo y la Armada a la villa 31 de Retiro”, revelaron fuentes militares, consigna el cronista.

Agrega que el ministro “enmarcó el Plan AHÍ en las estrategias de contención social de la Unión de Naciones Sudamericanas. “No se hará ninguna diferencia con nuestros hermanos sudamericanos, nuestra política internacional está integrada en función de la UNASUR”, sostienen en el ministerio”, añade la nota citada.

De acuerdo a la información, “el despliegue comenzó a principios de junio y se mantiene. Lo que cambió es la estrategia comunicacional. De actos con presencia de ministros en las villas y difundido ampliamente por el gobierno se pasó a un bajo perfil. Aunque no hay una explicación oficial, las fuentes suponen que no se quiere que se interprete esta movida como una medida preventiva ante un aumento hipotético de la conflictividad social de mano de la desaceleración de la economía”, apunta Santoro.

Si se confirman estas noticias, la enorme brecha entre el discurso que sostiene la sensibilidad del gobierno en relación a las cuestiones sociales y sus respuestas militares y concretas, volverá a poner a la vida cotidiana de los argentinos ante una renovada traición a aquellos mandatos de Belgrano y San Martín.

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Romina Tejerina: Acoso mediático y desinformación

Zula (INDYMEDIA)

El sol entraba por una ventana del pequeño cuarto marrón claro. Charlábamos y reíamos. La escena no era diferente a cualquier grupo de amigas reunidas. Pero ese lugar no era un bar, ni una casa sino el penal nº 3 de la provincia de Jujuy, y entre nosotras estaba Romina Tejerina. El penal esta rodeado por un extenso campo de pasto y se asemeja mas un estancia que a una cárcel.

Habíamos llegado a la provincia allá por abril de 2009, conformando la Comisión por su libertad. Unas semanas antes, ella, había sido víctima de malos tratos por parte del servicio penitenciario y el sistema judicial. Hasta ese momento Romina llevaba 6 años presa.

El sistema judicial intentaba, una vez más, doblegarla abriéndole una causa penal por lesiones leves. Sin embargo la agredida había sido Romina. Más tarde, las agresiones fueron ratificadas por la justicia, que dio lugar al pedido de habeas corpus presentado por sus defensores. Lejos de garantizarle su integridad física, el servicio penitenciario, optó por el aislamiento donde le negaron la atención psicológica y pedagógica, en ese momento, Romina estaba cursando el secundario. Pero para el juez de ejecución el Dr Llermanos “la cuestión -las agresiones sufridas por Romina- habían devenido en abstracto” sin siquiera investigarlas. Además aprovecho la oportunidad para informarle que no la autorizaba a continuar sus estudios universitarios.

Por esa razón, organizaciones de mujeres, feministas, políticas, de derechos humanos, estudiantiles, medios alternativos, legisladoras nacionales y provinciales y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora viajamos a Jujuy para rodear de solidaridad a Romina y su familia. En estas circunstancias la conocí y además pude ser testigo del hostigamiento del que era objeto, muchas veces propiciado por el mismo servicio penitenciario.

Mientras algunas compañeras nos encontrábamos con ella, una guardia cárcel le dijo que su hermana estaba al teléfono. Romina fue a atender el llamado, minutos después volvió con los ojos vidriosos y en silencio. Se sentó tímidamente y bajó la mirada. Cuando conseguimos que nos contara que había sucedido, rompió en llanto. El llamado telefónico no era de su hermana sino de una persona que la agredió verbalmente haciendo alusión a nuestra visita. Esta fue apenas una pequeña muestra de lo que Romina debió soportar durante todo el tiempo que estuvo detenida.

Luego de cumplir dos tercios de su condena, de 14 años de prisión, recupero su libertad. Accedió a este beneficio porque así lo marca la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad. Pero para acceder este beneficio es necesario cumplimentar algunos paso entre ellos contar con un informe positivo del gabinete criminológico del Servicio Penitenciario y buena conducta. Romina ya gozaba de salidas transitorias, primero con custodia luego bajo palabra de honor.

Sin embargo, la libertad para Romina esta siendo un derecho difícil de ejercer plenamente, debido al asedio periodístico que esta sufriendo. Los medios están pugnado por la “primicia” de su testimonio, impidiendo que pueda retomar su vida. Ahora, además, algunos están “informando” falsamente que Romina esta recluida en su domicilio por la “fuerte condena social”, hecho absolutamente desmentido por su entorno, en un intento de propiciar acciones contra ella. Es que los principales medios de Jujuy y Salta son parte del núcleo político y oligárquico que gobierna esas provincias conservadoras y clericales.

El caso de Romina no solo puso de manifiesto como el sistema patriarcal atraviesa las instituciones y a la sociedad sino que además mostró el dispar accionar de la justicia. Mientras el asesino del maestro Carlos Fuentealba está en libertad y el de Darío Santillan y Maximiliano Kosteki puede recibir el beneficio de la libertad. Romina, una joven pobre de Jujuy, debió pasar casi una década en prisión. Hoy, de acuerdo al fallo histórico de la Corte Suprema sobre el acceso al aborto en caso de violación, Romina no hubiera llegado a estas instancias. Aunque para muchas personas sea aun difícil de comprender, ella fue una víctima.

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