jueves, 12 de julio de 2012

La crisis financiera y el comercio

Umberto Mazzei (especial para ARGENPRESS.info)

Ponencia presentada en el Encuentro Internacional «Europa - América Latina, aliados estratégicos en la cooperación para el desarrollo» celebrado en Cáceres, Extremadura, del 27 al 29 de junio de 2012.

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“A por ellos…”: Los mineros llegaron a Madrid

Christian Rath (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

A estas horas, la movilización que recibió a la Marcha Negra de los mineros asturianos, leoneses y aragoneses en Madrid ha culminado. Los mineros han emprendido el regreso a sus provincias y uno de ellos ha dejado un balance escueto: “de algo servirá”.

Centenares de mineros, ataviados con sus ropas de trabajo e iluminados por las linternas de sus cascos, ingresaron en la capital en la madrugada, se detuvieron en la Puerta del Sol y se fundieron luego con una movilización de más de veinte mil trabajadores. Con lanzamientos de petardos cada tanto y el grito de “a por ellos, oe , oe” culminaron su marcha en el Ministerio de Industria y enfrentaron a las fuerzas de seguridad, en enfrentamientos que produjeron 76 heridos y en los que hubo seis detenidos.

La Marcha Negra ha conmovido al país y se ha convertido en la movilización política más importante de la clase obrera europea en lo que va del año. Al paso de los mineros, que comenzaron su Marcha el 23 de junio, a un mes de iniciar su huelga indefinida, se desplegó una acción inmensa de solidaridad y los mineros se convirtieron – una vez más – en vanguardia de la lucha nacional. El 25 de junio miles, en su mayoría mujeres, inundaron las calles de Bembibre contra el cierre de las minas de carbón. El 26, la movilización se repitió, en mayor número, en León y una parada frente al Edificio Botines (sede de la Diputación) saludó a los seis mineros encerrados allí desde que se inició. Allí se cantó el himno minero “Santa Bárbara bendita” que presidió batallas campales durante la Guerra Civil Española – “traigo la camisa roja, mira como vengo yo, de sangre de un compañero, mira Maruxina mira, mira como vengo yo”, dice una de sus estrofas.

Los reclamos de la huelga minera son un testimonio vivo del parasitismo del Estado español. Los trabajadores piden que se cumpla el acuerdo firmado el año pasado entre el Ministerio de Industria y los sindicatos mineros ,por el cual se determinaban ayudas estatales para la explotación de las cuencas mineras del norte de España hasta el año 2018, dinero que debía provenir de la Comunidad Europea y no del gobierno español y sobre el cual no hay respuesta oficial. El plan consistía en reducir las ayudas paulatinamente al 10 % anual en tanto se creaban otras fuentes de trabajo. El gobierno Rajoy produjo una reducción de las ayudas cinco veces mayor, invocando la crisis, y colocó las minas al borde del cierre.

Además, los mineros preguntan al Estado qué pasó con los Fondos Mineros comprometidos para la creación de industrias alternativas, que debían emplear a los trabajadores una vez producido el cierre de las minas, dentro de seis años. Una carta publicitada por los mineros ha demostrado que los fondos se fueron en obras o refacciones de municipios y que no se construyó una sola industria ni se habilitó un solo empleo apelando a estos Fondos.

El cierre de las minas tiene un doble objetivo político. Por un lado, liquidar el convenio colectivo de los trabajadores mineros, arrancado con la enorme huelga del año 62 y uno de los mejores que haya conquistado el proletariado español. Un convenio que choca con el planteo de los empresarios españoles, dirigido a descentralizar los convenios con el propósito enunciado por un “catedrático” español tiempo atrás: “una empresa tiene que poder empeorar las condiciones del convenio colectivo del sector si no puede cumplir” (El País, 17.4.2012). En segundo lugar, quebrar el espinazo del sector de la clase obrera española que ha hecho gala de la acción directa y de los “cortes de ruta”, al mejor estilo piquetero.

Es decir, no están en juego sólo los 8.000 empleos directos que utiliza la industria del carbón (de los 40.000 existentes años atrás).

Debe tomarse nota del enorme respaldo de artistas e intelectuales a la huelga y movilización minera, un ejemplo a escala mundial. Ciento dos intelectuales han suscripto un manifiesto a favor de la minería española, algunos de ellos cincuenta años después de haber desplegado la misma iniciativa en aquella huelga del 62. Junto al poeta José Caballero Bonald y escritores como Armando López Salines y Almudena Grandes se encuentran músicos como Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Ana Belén, Miguel Ríos, entre otros, y actores como Pilar Bardem – “iría con vosotros marchando, si no fuera por mis años”.

No por casualidad, buscando quebrar el efecto de la Marcha Negra, Rajoy, a la misma hora, anunció el mayor ajuste en la historia de España y que incluye la suba del IVA del 18 al 21 %, la eliminación de la paga de Navidad, la jubilación a los 67 años y la rebaja de los seguros de desempleo, entre otras medidas. Pero la Marcha Negra “para algo servirá”.

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El neo-progresismo chileno y su crisis de identidad

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La implantación de un mercado internacional intenso y agresivo, ha demostrado en las últimas tres décadas que en las naciones comenzaron a aparecer estados contraídos o atrapados por determinantes supranacionales y con sociedades sin respuestas ciudadanas. El rol de intermediación del Estado por gestar sociedades más igualitarias quedó subsumido en la avalancha mercantil global con las limitaciones a que fue expuesto a partir del ajuste estructural en la década de 1980.

Lo que está en juego es la destrucción del Estado como noción y como operación de administrar la relación entre Economía y Sociedad dentro de un país y de administrar las relaciones entre países. Así como las brechas inconmensurables entre las economías dañan la integración, los desequilibrios marcados entre los estados terminan por alterar el orden internacional.

La realidad es la de un espacio de la política con un escaso margen de maniobra para reformas profundas debido a la enorme gravitación que ejerce el mercado internacional y el poder corporativo donde los países son sus principales cómplices y cuya población – con derechos ciudadanos amenazados o con múltiples restricciones - forman parte de esa complicidad.

La academia ha cumplido su rol de actor acrítico al formar parte integral de ese mercado. El sistema político ni hablar. Es parte central del sistema mercantil que despedaza tejidos sociales. Ambos sectores se han resistido a anticipar o al menos reconocer la posibilidad del derrumbe del estado liberal y su complicidad se revela al descartar cualquier visión que contribuyera mínimamente a la inestabilidad política. La prioridad consistía en aquietar las aguas políticas para la consolidación del mercado internacional.

Es así que Chile debe ser unos de los países de América Latina en donde la palabra socialismo, como idea de construcción de nación, menos adhesión genera en los sectores políticos que han dominado la escena en las últimas cuatro décadas. En este contexto se ha desatado una ola de deconstrucción de la idea socialista en donde el neo-progresismo chileno de destaca por su crisis de identidad. El término socialismo en Chile quedó incrustado en el ámbito de la derrota política por dos traspiés de enorme trascendencia como fueron el golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973 y el desmembramiento del “mundo socialista” en 1991.

Hasta el momento, un análisis mayor y profundo desde el propio sector no se ha elaborado y esta tarea pendiente debe ser uno de los factores principales por el cual la idea de socialismo no se restituye con la debida legitimidad. De allí que comienza a surgir un neo progresismo que en Chile ha adquirido a veces ribetes de liberalismo con visos de izquierda – léase más estado regulador y riqueza más repartida- para poder sobrevivir políticamente.

Ha sido mucho más cómodo examinar la experiencia de los llamados socialismos reales con el foco puesto en la ausencia de libertades públicas. Como contrapartida, se le asignan excesivos rasgos de libertad y democracia a la sociedad capitalista a partir de lógicas kantianas basadas en la individualidad como categoría social que, igualmente sufre de un determinismo absolutista. Cuando se habla de la libertad y la civilización occidental desde la perspectiva de indagar en la existencia humana, debajo de ese paisaje y hedonismo filosófico se sumían las peores aberraciones y violaciones a la existencia humana como eran el colonialismo y la esclavitud.

En este plano, en el intento de completar el análisis la gran disputa respecto a qué es más libre, si el socialismo o el capitalismo, la cantera de materiales no está lo suficientemente abierta en los ámbitos político y académico, en donde se alaba la libertad pública del capitalismo y se privilegia denostar al socialismo por no haber resuelto el tema de las restricciones.

En esa línea de pensamiento, desde que se regresó a la democracia a medias, en Chile persiste la creencia que no habrá nunca más un golpe de estado. Por ejemplo, como el que impidió que Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay terminaran su mandato.

Hay una opinión generalizada entre los políticos más sistémicos en Chile de que la democracia chilena está asegurada precisamente por las restricciones impuestas a la política. Por ejemplo, con las ataduras del régimen electoral binominal que privilegia la dominación de dos grandes coaliciones. Las encuestas de opinión más difundidas (CERC; ADIMARK; CEP) exhiben un vacío institucional –particularmente desconfianza en los partidos políticos e instituciones del estado. Al mismo tiempo estas descripciones no contribuyen a explicar la estabilidad política que es en todo caso aparente y frágil.

Esta situación institucional es peculiar, porque las FFAA todavía no recuperan el prestigio y la popularidad del período anterior a la dictadura militar. Por el lado del gran empresariado, el chileno que responde en las encuestas no le asigna mayor responsabilidad a ese sector en el desplome de la democracia en 1973 y en la implantación del modelo económico actual durante la dictadura.

Una “víctima” de este largo proceso de no tener una plena democracia han sido las ideas de izquierda y el progresismo que se han tratado de acomodar en una línea discursiva parapetada en lo que se podría llamar neo-progresismo o post progresismo. En síntesis se trata de no dañar en forma profunda las claves de ambos modelos, el económico y el político.

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El sitio de Piñera contra el pueblo chileno

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)
Hoy estoy en Chile de paso y retorno a la Argentina en unas horas. Aprovecho los últimos momentos para acariciar a los míos y dar un paseo por las arterias centrales de Santiago. Hoy también hay protesta nacional contra el mal gobierno, contra la vida empeorada, la injusticia y su multiplicación imparable. Es 11 de julio antes del mediodía. Hace rato que la armadura del Estado, sus carros blindados, las fuerzas especiales de la policía permanecen apostados en casi todas las esquinas donde se sucederán las manifestaciones.

¿Por qué el 11 de julio? El ex Presidente Salvador Allende, el último estadista del país de Violeta Parra, hace 41 años nacionalizó el cobre, ingreso y sostén histórico del Chile, luego del desastre del salitre. El territorio extendido donde nací es una explanada estrecha, flanqueada por la cordillera andina y el Pacífico, una zona movedizaza, atormentada por placas submarinas. Mi pueblo es trabajador sin horario, vecino y poblador empobrecido, asalariado que alcanza el fin de mes a cuotas asesinas, usura, préstamo infinito.
Parece que Chile estuviera aislado del resto América Latina. Pero la verdad es que sus relaciones sociales, la manera en que se desenvuelven las formas más salvajes del capital en los tiempos de su mundialización, no lo distinguen de la mayoría continental, salvo porque el programa antipopular del liberalismo a ultranza tuvo su bautismo a sangre y fuego hacia fines de los 70’ de la centuria pasada. Con un fusil puesto en la cabeza rota de mi pueblo, Chile se convirtió en el laboratorio perfecto para imponer la ortodoxia y perversión experimental de la Escuela de Chicago. De la Unidad Popular, las formaciones nucleares de poder popular, la alta oficialidad militar tutelada por el imperialismo norteamericano fue y es la herramienta de una revolución capitalista jamás vista en la historia de ese modo de producción. Los acontecimientos son bien conocidos por quienes se interesan en explicarse la privatización absoluta, la bancarrota de cualquier gesto industrialista; por qué tanta concentración económica, tanta desigualdad de horror, tanto despojo, tanta explotación y expoliación; por qué todo se ha vuelto mercancía, porque el sistema financiero proveniente de los polos más poderosos del planeta es el que organiza el orden de las cosas; por qué la dependencia profunda y antigua como maldición.
Yo sé lo que ocurrirá hoy, día de protesta que no nostalgia, sino que actualiza la demanda soberana de recuperar el cobre, el litio, los bosques mancillados; el mar, el agua, los campos, las costas, los puertos, los ríos fabulosos, la banca, los derechos sociales, los servicios básicos. Una movilización contra la discriminación insultante y la bala contra los mapuche y las mujeres y los migrantes y los trabajadores y los pobres, los más morenos, las minorías sexuales, los viejos y los jóvenes.
Yo sé lo que ocurrirá hoy. La represión encarcelará a centenares o más a lo largo del país. Le romperá las costillas y la boca enérgica al pueblo. Porque los únicos que emplean ‘todas las formas de lucha’ en Chile son los administradores del Estado de los que mandan provisoriamente a costa y en contra de los intereses de las grandes mayorías. Los más jóvenes, los adolescentes, los casi niños, serán el objetivo primero. Para que se atemoricen de una vez, como si la rebeldía y el movimiento objetivo de las contradicciones del propio capitalismo se extinguieran con la pólvora del escarnio de sus funcionarios armados. El mal gobierno castiga mientras más luchadores se agregan al descontento corrosivo como petróleo.
Yo sé lo que ocurrirá hoy. Cuando llegue a la Argentina, también en pie de combate social, sabré cómo habrá terminado la jornada. Que ningún proyectil criminal se entierre en la piel rebelde de mi pueblo. Otro escribirá con superior visión lo que pasará este 11 de julio. Simplemente estoy emputecido. Mi hora de lucha está hoy en Argentina. A poco de salir de Chile me llevo en la pupila un Santiago sitiado por Sebastián Piñera y los intereses antisociales que representa. Y en la cabeza del corazón, la convicción de que terminó la siesta para la minoría en el poder.

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Beatriz Jouve: "Tenemos que ver la película del sistema (educativo) y no quedarnos en la foto"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Alberto Sileoni, Adriana Puiggrós, Stella Maldonado, los escribas de Clarín y La Nación... muchos -en síntesis- se refirieron a las "Políticas Federales para el Mejoramiento de las Trayectoria Escolares" (más conocida como la "Promoción asistida"). ¿Pero hace cuántos años que estos pedagogos o "analistas simbólicos de mercado" no van a enseñar a las aulas de las escuelas digitalizadas de este Bicentenario procaz y neo normalista? Con María Beatriz Jouve -docente de nivel primario y terciario- intentamos mirar profundamente más allá de las fotos del presente educativo.



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Por qué Argentina sigue en el TIAR

LA ARENA

Las asambleas generales de la devaluada Organización de los Estados Americanos cada vez pasan con más pena y menos gloria. La última de ellas, realizada hace poco en Cochabamba, Bolivia, tuvo sin embargo un rasgo destacado que no mereció demasiada trascendencia en los grandes medios de comunicación: cuatro integrantes de la organización -Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela- informaron que se retiraban del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

El TIAR es un engendro propio de la guerra fría y fue el primero de los pactos internacionales de "defensa mutua", incluso anterior a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), promovido por los Estados Unidos. Se firmó en 1947 fogoneado por una fuerte campaña política internacional que usaba un difundido eslogan: "América para los americanos" (por entonces, no pocos ironizaban diciendo que en la realidad era "para los norteamericanos") y sostenía que su fundamento principal era prevenir cualquier probable agresión extranjera al continente. Según el texto, en caso de un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano, sería considerado como una agresión contra todo el conjunto de países del continente, y en consecuencia, cada una de las partes contratantes asumía el compromiso efectivo de ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Durante la reunión en Bolivia, y en clara alusión a la intervención en la Guatemala de Arbenz y la República Dominicana de Bosch, el canciller de Ecuador declaró sin rodeos que el TIAR sólo sirvió a los intereses de EE.UU. y que cuando debió utilizarse en favor de la Argentina durante el conflicto del Atlántico Sur, aquel país ni siquiera se mantuvo neutral, directamente se alineó con el agresor británico a quien suministró información clave sobre el desarrollo del conflicto bélico. Sin pelos en la lengua recalcó que ya era tiempo de tirar el TIAR "al tacho de la basura". La postura coincide con lo expresado por el propio presidente ecuatoriano, quien llamó a la refundación de la OEA.

La desarticulación del TIAR ya se había insinuado cuando sucedió la guerra de Malvinas, oportunidad en que todos los países americanos reclamaron el cumplimiento de ese tratado en apoyo a nuestro país, con la excepción de Estados Unidos, que optó por su condición de miembro de la OTAN, y Colombia y Chile, que se alinearon con aquella nación cumpliendo el rol de "países llave" que desde siempre les asignó la geopolítica norteamericana. Por ese y otros antecedentes ya México había hecho punta en 2002 retirándose de la alianza. De los veintitrés países que lo firmaron originalmente sólo quedan dieciocho y uno de ellos, Perú, en una situación ambigua.

Lo curioso es que nuestro país, cuya participación en la guerra fue lo que inició la lenta descomposición del TIAR, todavía continúa como miembro pleno de esa alianza. Incluso durante los funestos tiempos del menemismo se intentó darle a la Argentina la singular -y un tanto ridícula- condición de "aliado extra OTAN". La permanencia dentro de la inefectiva herramienta de defensa sugiere que la condición doméstica de las fuerzas armadas argentinas sigue estando por encima de los agravios que recibieron de su presunto aliado.

Han pasado treinta años desde que se hizo palpable la inutilidad del Tratado, sin que Argentina lo denuncie. Tal como se presenta el panorama internacional y, sobre todo, el latinoamericano, es hora de que nuestro país adopte una posición más firme, decidida e independiente de la potencia hegemónica global, y siga el camino iniciado por las naciones hermanas de la región.

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Argentina: Atropellando raíces

Darío Aranda (ACTA)

Desalojos, represión, detenidos y asesinatos. Campesinos y pueblos originarios son las víctimas de un modelo extractivo que, con apoyo del Gobierno nacional y los provinciales, avanza sobre el campo.

Sandra Juárez, Javier Chocobar, Roberto López y Cristian Ferreyra. Cuatro asesinatos de campesinos e indígenas, entre marzo de 2010 y noviembre de 2011. No hubo más porque falló la puntería: se repiten las represiones sobre territorios rurales y tienen como trasfondo el modelo extractivo (agronegocios, megaminería, forestales, petróleo). Datos oficiales, tan cuestionados como el Indec, señalan un piso de 9,4 millones de hectáreas en conflicto en todo el país.

La Red Agroforestal (Redaf), colectivo de organizaciones y profesionales, precisa que (sólo en la región del Chaco argentino) se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa. Sólo las últimas dos semanas: hubo represión en cinco provincias. El lado oculto del “modelo”.

Organizaciones campesinas exigen una ley que frene los desalojos, pero duerme cajoneada en el Congreso. Mientras: la Presidenta celebra acuerdos con Monsanto y propone correr la frontera transgénica.

Asesinatos

Sandra Juárez murió frente a una topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos.

Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado por ex policías y un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario. Lo asesinaron el 12 de octubre de 2009.

El recuerdo de Javier Chocobar
Roberto López, abuelo qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa). Asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. La comunidad apuntó al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete años en el poder.

Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.

Botones de muestra

El empresario rural Osvaldo Anzorena, de Tunuyán (Mendoza), atacó con gas pimienta a una familia campesina que se resiste a ser desalojada del lugar donde siempre vivió. La agresión sucedió el 20 de junio pasado, cuando el empresario llegó el paraje Arroyo Guiazú –donde vive la familia campesina Tejada– y le exigió que abandone el predio. En la finca habitan 20 personas, la mitad de ellos niños.

“Anzorena se atribuye la propiedad de estas fincas, sin presentar, ni ante las familias, ni ante la justicia, prueba alguna de dicha afirmación. Desde hace varios meses está molestando a la familia Sena, diciendo que las propiedades son de él, que se tienen que ir. Ante la negativa de las familias, que bien conocen sus derechos, contrató a matones para amedrentarlas de manera violenta”, denunció la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza.

El 28 de junio a la noche, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, referente de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. Los agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias. En el último año, luego de poner en la agenda nacional la vulneración de derechos en la provincia, la comunidad sufrió una decena de represiones.

“Sabemos que los ataques a la familia Díaz son organizados por el gobierno de Formosa, es la nueva modalidad que han puesto en práctica desde hace meses. Es terrible hasta dónde pueden llegar. Hacemos publica la denuncia pero también le decimos a Formosa que no nos van a amedrentar con sus agresiones. Nosotros sólo reclamamos lo que es nuestro y pedimos justicia. No nos vamos a correr de esta postura por miedo a las agresiones que recibimos”, advirtió la comunidad en un comunicado el 30 de junio pasado.

El 15 de junio, a la mañana, la policía de Neuquén reprimió a la comunidad mapuche Gelay Ko, que había cerrado el paso a la petrolera estadounidense Apache, compañía que opera en territorio de la comunidad el primer pozo de gas no convencional de la Argentina (a 30 kilómetros de Zapala, centro de Neuquén). Detuvieron a dos dirigentes mapuche.

“Durante dos años quisimos dialogar con la empresa, pero no nos escucha. Somos 40 familias y 12 son las más cercanas y más afectadas. Hicieron veinte perforaciones en 60 hectáreas de la comunidad, no se hacen cargo de la contaminación y nos quieren callar con 500 pesos por mes para cada familia”, denunció Cristina Linkopan, lonko (autoridad política) de la comunidad.

El viernes pasado, 6 de julio, la comunidad Gelay Ko marchó por la capital provincial junto a otras comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén y la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, entre otras organizaciones. Rechazan la avanzada hidrocarburífera del llamado “gas no convencional”, que requiere técnicas cuestionadas por los pasivos ambientales. En Neuquén se encuentra el yacimiento “Vaca muerta”, que sería –según el Gobierno– uno de los yacimientos más importante del mundo. Y, dentro de las prioridades de la nueva YPF, se encuentra la explotación de hidrocarburos “no convencionales”.

La Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná (Salta) instaló el 4 de julio una carpa a la vera de la ruta nacional 40 (en el kilómetro 4350) para frenar una topadora que pretendía desmontar un territorio comunitario. Lograron que la topadora se retire. Dos días después (viernes 6 de julio), cuando integrantes de la comunidad viajaban a la capital salteña para una reunión en la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, personal de la empresas y efectivos policiales ingresaron por la fuerza al predio indígena, amenazaron a la comunidad y escoltaron a la topadora para que comience el desmonte. “Fue desproporcionado el número de efectivos policiales, más de 30 cuando en el lugar había sólo cinco miembros de la comunidad”, precisó la comunidad, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).

Fueron detenidos dos referentes de la comunidad. “A pesar de la existencia de la comunidad indígena, la empresa sigue usurpando territorios y destrozando nuestra biodiversidad con desmontes, plantaciones de viñedos y perforaciones, amparados por la Justicia que archiva las denuncias y recursos de amparo presentados por miembros de la comunidad”, denunció la organización y apuntaron al problema de fondo: “Es un caso más de intento de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios que buscan aumentar sus negocios con la destrucción de nuestros bienes naturales. Todo favorecido por políticas públicas que promueven los agronegocios, destruyen la naturaleza y persiguen nuestra cultura y forma de producción”.

Tres colectivos, una decena de motos y veinte camionetas transportaron el 4 de julio más de 250 policías hasta la localidad tucumana Base de Riarte (al norte provincial, límite con salta) para desalojar a la Comunidad Indio Colalao. Se trata de 19.000 hectáreas donde siempre vivieron las comunidades indígenas y en la actualidad es reclamada por dos empresarios. La represión fue ordenada por la jueza Ema de Nucci, a pedido del fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera. El Poder Judicial tucumano omitió la legislación vigente respecto al derecho indígena. Entre otras, la Ley Nacional 26.160 frena los desalojos hasta tanto no se realice un relevamiento de territorios comunitarios. La Ley 26160 fue sancionada en 2006, y estipulaba que en tres años debía estar relevado todo el país. Tucumán, a seis años de la sanción de la norma, aún no relevó a las comunidades.

La comunidad indígena denuncia desde 2010 a los empresarios y también al poder político local. Habían alertado de un plan de expulsión, con complicidad judicial, que implicó la matanza de animales, el cierre de caminos comunitarios, el cierre de la única escuela primaria de la zona y las continuas intimidaciones.

El 9 de julio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo en Tucumán, en la histórica Casa de la Independencia. “No a la represión y desalojo en Base Riarte”, reclamaba un cartel hecho a mano de indígenas que esperaban el ingreso de la Presidenta.

Lograron un breve diálogo con el vicepresidente, Amado Boudou (llegó antes que la Presidenta). Pero luego fueron rodeados por militantes kirchneristas que imposibilitaron que el reclamo llegue a la Presidenta. “Trajeron al Movimiento Evita, a la Cámpora y a la seguridad, que con empujones armaron un cordón que no solo tape los carteles con sus banderas sino que fueron preparando un cercado para ir corriendo a los que se encontraban allí”, denunciaron en un comunicado dirigentes indígenas y la organización social La Fragua (del Frente Popular Darío Santillán) y apuntaron a dos poderes: “A casi 200 años de la independencia, decimos basta de la represión, persecución y desalojo de la Comunidad Indio Colalao y a todas las comunidades que están bajo los distintos mecanismos de terratenientes y testaferros que se apropian de los territorios ancestrales con la anuencia del Gobierno y de la Justicia”.

Conflictividad nacional

La Subsecretaría de Agricultura Familiar (del Ministerio de Agricultura de Nación) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) presentaron el abril pasado el primer “estudio” oficial de conflictos rurales. Realizado durante sólo tres meses en territorio, con sólo una persona por provincia, es más un muestreo o piso de casos que un “estudio” acabado. Fue presentado en el marco del “Encuentro Nacional por la Tierra”, realizado por el gobierno nacional, del 24 al 26 de abril en Salta.

Los datos oficiales: 857 conflictos de tierra en todo el país, afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas. Lo insólito: ni el Gobierno ni la Unsam entregaron el “estudio”.

Las organizaciones y periodistas solicitaron, además de la gacetilla oficial con el resumen de datos, el trabajo completo. Pero, a casi tres meses de aquella presentación, aún no se hizo público. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo que reúne a ONG, organizaciones sociales y técnicos que trabajan en territorio, en el Norte argentino. Desde 2008 realizan relevamiento de conflictos en las zonas donde trabajan. En el último procesamiento de datos, agosto de 2011, habían contabilizado (para la zona del Chaco argentino) 244 casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 ambientales y diez casos mixtos.

Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza las 11,4 millones de hectáreas y son afectadas 1,6 millón de personas.

Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrotóxicos), multiplicados en la última década, a medida que avanzó la frontera agropecuaria sobre el Norte del país.

En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de ocho años de kirchnerismo se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultivada del país. Nunca antes la soja había crecido tanto. “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe 2010.

No es casualidad que el grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000: “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”.

Proyectos cajoneados

El 19 de abril de 2011, en Buenos Aires, una decena de organizaciones campesinas hicieron público un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Trabajado durante un año y producto del consenso, el proyecto solicitaba detener los desalojos durante cinco años e instaba a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.

La fundamentación del proyecto cuestionaba al modelo extractivo, denunciaba el avance minero y los agronegocios. Los sindicaba como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos.

Se innovó al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Proponía una mirada integral de la problemática de tierra, instalaba una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.

Fue consensuada y presentada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares. Había pasado casi todo 2011 y ningún legislador había presentado el proyecto en el Congreso Nacional.

El 16 de noviembre asesinaron en Santiago del Estero a Cristian Ferreyra del Mocase-VC. Al igual de los que había sucedido con la represión en Formosa y asesinato del qom Roberto López, ningún funcionario de primera línea condenó el asesinato del campesinos santiagueño Cristian Ferreyra. Ambos gobernadores, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora, adhieren al kirchnerismo.

El 18 de noviembre hubo una masiva marcha en Capital Federal. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI –donde el Mocase-VC es una de las organizaciones de base) enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional.

Una semana después, el 25 de noviembre, el MNCI se movilizó hasta el Congreso Nacional junto al Frente Transversal, la Cámpora, el Movimiento Evita, la CTA oficialista y Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones kirchneristas. El proyecto de ley de freno a los desalojos fue ingresado con la firma de los legisladores kirchneristas Diana Conti, Carlos Heller, Edgardo Depetri, Martín Sabbatela e Inés Pilatti. A siete meses de su ingreso al Congreso, y con el kirchnerismo con mayoría en ambas cámaras, aún no fue tratado el proyecto del ley que busca frenar los desalojos campesinos.

Un modelo que avanza

El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado en septiembre pasado por la Presidenta, es un programa de metas a mediano plazo. Entre otros objetivos, planifica aumentar la producción granaria un 60 por ciento. Pasar de las 100 millones de toneladas actuales (el 50 por ciento es soja) a 160 millones, para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios: desmontes, mayor uso de agrotóxicos, más conflictos territoriales y desalojos son la consecuencia más predecible.

En sus 180 carillas, no menciona en ningún momento a campesinos e indígenas. Apenas tres carillas hablan de “agricultura familiar”. El sujeto agrario del modelo es el empresariado rural y las grandes empresas proveedoras de insumos.

El 28 de febrero pasado, la Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y la empresa Bioceres habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo. En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular de Los Grobo, uno de los mayores pool de siembra del continente.

El 15 de junio, en Estados Unidos, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, almorzó con empresarios de ese país. Ante las cámaras, y transmitido en directo por Canal 7, contó que se reunió con la empresa Monsanto, preciso que le habían anunciado la instalación de una nueva planta en Córdoba. La Presidenta se autodescribió como “muy orgullosa” por el anuncio de Monsanto, precisó que Monsanto “ayudará” a la concreción del Plan Agroalimentario (PEA) y fue por más: le informó a Monsanto la posibilidad de “extender la frontera agropecuaria” sobre la Patagonia.

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Argentina, Tucumán: Después de 35 años, despidieron a sus familiares desaparecidos en la última dictadura

PRIMERA FUENTE

Los restos de Miguel, Hugo y Avelino Alarcón, identificados recientemente, descansarán a partir de hoy en el cementerio del Norte.

“Por pensar diferente fueron víctimas de atrocidades”, expresó Juan Roldan, familiar de las víctimas. "Esta familia la ejecutaron sin juicio previo. Juicio, condena y cárcel común para los culpables", sentenció Virginia Sosa, presidenta de Fadetuc (Familiares de Desaparecidos de Tucumán), quien junto a miembros de otras agrupaciones de Derechos Humanos, acompañaron el proceso velatorio durante la jornada de ayer.

La familia Alarcón fue raptada de una vivienda en el Corte en Yerba Buena, donde Avelino y su esposa Argentina Adelaida Sosa trabajaban como veladores, el 26 de febrero de 1977. Junto a ellos, Hugo Marcelo Alarcón, su esposa, Virginia Rosa Olivera de Alarcón, su hija, Mónica Silvia Alarcón (de un año), Arcelia del Carmen Alarcón, Miguel Avelino Alarcón y Argentina Alarcón, también desaparecieron esa noche.

Según el relato de Juan Roldan, esposo de Nelly Alarcón (familiar directo de las víctimas), "Todos ellos fueron llevados con los ojos vendados y de forma violenta".

Ese día, también secuestraron a otros cinco niños de la casa. Todos, a excepción de Mónica Silvia Alarcón, fueron entregados a la familia por personal policial, una semana después del hecho. Los restos de Avelino, Miguel y Hugo Alarcón fueron identificados hace dos semanas. Aún restan identificar los restos de 5 familiares de Nelly.

Según creen los investigadores, los restos de Adelina Sosa, y de sus hijas Arcelia y Argentina Alarcón, Virginia Olivera, y Mónica, también se encontrarían entre los cuerpos hallados en la fosa común del Ex Arsenal Miguel Azcuénaga.

A fines de marzo de 2011 se había detectado la primera remoción de tierra, y en esa ocasión se descubrieron restos, algunos de ellos parcialmente quemados. Junto con esos huesos, se hallaron proyectiles de armas de fuego, restos de ropa y de calzados. Según detalló el informe forense algunos de los esqueletos tenían las manos atadas y que había neumáticos que se habrían utilizado para iniciar el fuego.

La hipótesis preliminar, indica que primero se produjo la quema de cuerpos, después la remoción de la fosa mediante el uso de la máquina y, finalmente, el relleno. Los trabajos en el predio están a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con la colaboración del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán.

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Argentina, Tucumán: Reclaman al Estado su obligación de garantizar derechos de los pueblos originarios

PRIMERA FUENTE

La organización Andhes recordó que el derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas en nuestro país, está garantizado por instrumentos internacionales.

La situación de vulneración de derechos en la que vive la Comunidad Indio Colalao, en su base Riarte Norte, no es novedad. Tampoco resulta novedosa, lamentablemente, la forma de reaccionar del Estado cuando las Comunidades Indígenas se disponen a defender con firmeza lo que les pertenece ancestralmente. En Tucumán, mientras la coherencia del Estado se torna indescifrable, la responsabilidad internacional del país se sigue poniendo en riesgo.

El pasado miércoles 4 de Julio, la base Riarte Norte de la Comunidad Indio Colalao fue víctima de una medida de desalojo ejecutada por orden delJuzgado de Instrucción en lo Penal de la III Nominación, a cargo de Francisco Piza. La medida de "restitución provisoria" se llevó a cabo pese a la vigencia de la Ley 26.160, ley nacional de orden público, con plena vigencia en todo el territorio nacional, que prohíbe expresamente cualquier desalojo en territorio indígena.

El derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas en nuestro país, está garantizado por instrumentos internacionales, con rango constitucional, así como expresamente reconocido en la Constitución Nacional (Art 75 Inc 17) y la Constitución de la Provincia de Tucumán (Art 149).

El nuestro, es además un Estado que se detuvo en el desarrollo de normativa y políticas públicas de justicia y reparación histórica para los Pueblos Originarios; y un Estado que en sus festejos por el aniversario de la independencia "reconoce y reivindica" el rol de nuestros pueblos ancestrales en la gesta independentista. Resulta inadmisible que sea este el mismo Estado que siga promoviendo desalojos con medidas que sistemáticamente "desconocen" legislación nacional e internacional en materia de derecho indígena; siga avalando el recrudecimiento de la criminalización de la lucha indígena, a través de la persecución penal a sus miembros; e incluso pretenda desconocer a las Comunidades Originarias, que legalmente se han constituido según normas y procedimientos que el mismo Estado ha dispuesto.

Garantizar los derechos a la propiedad comunitaria indígena no es una prerrogativa del Estado. En el mes de Octubre, la responsabilidad internacional de Argentina en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, por la que ya se le ha llamado la atención, volverá a ser revisada en su Examen Periódico Universal en Naciones Unidas.

La situación en Riarte.

La falta de electricidad y acceso al agua corriente son parte de la realidad de esta comunidad hace años. Por otro lado, el cierre de la Escuela Nº 31 (cuya reapertura es reclamada hace años) fuerza a niños y niñas a recorrer más de 14 km para ver "garantizado" su derecho a educación, en la vecina provincia de Salta. Sin embargo ha sido la evidente impunidad con la que avanzan quienes pretenden sus territorios, y la desprotección por parte de un Estado que debe protegerlos, lo que ha determinado a la comunidad a declararse en alerta hace poco menos de un mes.

Los hechos de violencia registrados la semana pasada en el desalojo ejecutado en territorio de la comunidad Indio Colalao (PJ 33/11 Re.Na.Ci) se suman a muchos otros procesos de intimidación y persecución legal que las comunidades indígenas de nuestra provincia vienen sufriendo por parte de terceros con intereses en sus territorios comunitarios y sus recursos naturales.

En este caso las empresas Zanja Honda y AgroAvance, con una "Cesión de crédito hipotecario" como instrumento legal, reclaman la propiedad de más de 19.000 ha. Su avance en el despojo que pretenden llegó a un punto sin retorno para quienes han vivido allí por años, cuando en septiembre de 2010 decidieron clausurar el único camino comunitario de la zona, cercando un perímetro con alrededor de 15 familias viviendo en su interior. A poco de que la comunidad decidiera constituirse en asamblea en su territorio, un "allanamiento" y una causa penal en contra de 10 comuneros avanzan rápidamente, en paralelo con la medida que terminó desencadenando el desalojo la semana pasada.

La conflictividad en torno a territorios comunitarios indígenas está presente a lo largo y a lo ancho del país. Atento a esta realidad el Estado ha desarrollado normativa específica (Ley 26.160) y políticas públicas (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), cuyo propósito es avanzar en la definición de estas situaciones. Es, sin embargo, el mismo Estado que sigue respondiendo, desde sus instituciones, con medidas que van en abierta contradicción con esa normativa específica, vulnerando los derechos que él mismo ha reconocido -y debe garantizar- a las comunidades ancestrales, y criminalizando la lucha indígena con su mano más represiva, la penal.

Desde andhes repudiamos enérgicamente este proceder del Estado que continúa generando y avalando atropellos contra comunidades indígenas. Al mismo tiempo instamos con urgencia a las autoridades provinciales y nacionales a coordinar medidas consistentes y coherentes con los derechos que le asisten a las comunidades indígenas.

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Muy cerca de la muerte, sin rastros de la felicidad

Silvana Melo (APE)

Por qué camino se va a la felicidad. No aparece en los nortes de las brújulas. No aparece en Ruta Cero. Ni en Google Maps. Ni en la flor de lis de la Rosa de los Vientos. No se cría para la felicidad, no se escribe en las pizarras para enseñar la felicidad, no se gobierna para gestionar la felicidad.

Los chicos que mueren y que matan en estos territorios del desasosiego van desenrollando la vida cuando es preciso. Sin futuro pendiente. Con pasado pequeño y velado, como una foto acuchillada tempranamente por la luz. Los chicos in-visibles viven en presente continuo. Y mueren así. Y matan también. Porque la vida vale poco, muy poco. Tal vez el valor de un celular que incluye en un espacio social que, a la vez, estará perpetuamente cerrado para ellos con rejas y siete llaves. O el de unas zapatillas de determinada marca que integran por un rato en el boliche aunque a la salida se vuelve a ser calabaza en desencanto y negro cabeza que vuelve a la villa.

No hay felicidad posible si se la destruyó sistemáticamente desde décadas antes de sus nacimientos. No hay genes que se la cuelen en la sangre. Ni leche tibia que se la transmita.

Durante el discurso del 9 de Julio un puñado de jóvenes militantes le cantaba a la Presidenta: “en los malos momentos los pibes van a estar”. Ella elevó la consigna al sitial de la verdad histórica. Habló de Monteagudo, Moreno y Belgrano. Y dijo que los jóvenes “son los que empujan, son los baluartes y la vanguardia del cambio”. Y la generalización la instala en una lejanía inexorable. También están los otros, los in-visibles. El millón que en todo el país no estudia ni trabaja. Aquellos que asistieron al desfile del Estado y quedaron al margen, elegidos meticulosamente para no estar, colocados a los lados de la calle para ver la marcha de los privilegiados. Y al final de la fiesta, echados a sus espacios de orilla del mundo.

En los malos momentos de los pibes nadie canta. Nadie está.

Rodrigo Simonetti tenía diez años. Lo asesinaron en Tolosa. Vivía en la calle, no iba a la escuela, su familia lo recordaba de vez en cuando. Habrá sido feliz un instante mínimo, cuando pateó una piedra en el callejón donde apareció su cuerpo, imaginando ser la Brujita Verón. Nicolás Castillo tenía 19 años. Lo mataron en Moreno en la parada del colectivo. Dicen que entre los cuatro que lo atacaron había dos pibes de 15 y 17. Dicen que el más chico intentaba quitarle las zapatillas cuando Nicolás ya no era más que sangre en la vereda. Franco y Mauricio vivían en la Carcova. Atravesados por la pobreza y el destierro, crecidos a la sombra de la basura del Ceamse, las balas de la bonaerense les perforaron el corazón el día del desarrilamiento. Mercedes tenía seis años y vivía sola con su mamá en Villa Muñecas, un lejano barrio tucumano. Desapareció cuando jugaba en la vereda de su casa. Encontraron su cuerpito destrozado. Se señaló a una familia vecina: un hombre de 50 años, su hijo de 13 y un vecino de 17. Todos ardían de alcohol. El Estado fracasó amarga y estruendosamente. O tal vez no: acaso la intención era que Mercedes y sus agresores de 13 y 17 no formaran parte de la provincia de las flores y de la independencia y de la pobreza institucionalizada. Que no formaran parte del país. Que nadie les señalara el camino a la felicidad. Que nadie les mostrara una alternativa distinta de la muerte. La propia o la de otros. A Matías Berardi lo secuestraron en Benavídez. Pudo escaparse, como uno de esos milagros que no se repiten. Pidió auxilio a los vecinos. Que, inyectados por el terror a la inseguridad –amplificado hasta el límite por la reiteración mediática-, terminaron entregándolo otra vez a sus captores. Al hijo de Dora Ybáñez lo mató el paco. La senadora Beatriz Rojkés de Alperovich –vice-vicepresidenta d la Nación- la saludó y le dijo “al menos ahora vas a dormir tranquila porque tu hijo no está más en la calle”. Cada vez más clara queda la filosofía sistémica de disciplinamiento y poda social. El ramaje inútil, periférico, que crece sin dirección ni regla, cae bajo el serrucho y la tijera.

En estos días, no se mata ni se muere por ideales ni revoluciones. No se mata ni se muere para hacer felices a otros y alcanzar la propia felicidad íntegra, azul y colectiva.

Hoy se mata y se muere por la nada misma.

Se muere por reconquistar un territorio ya ajeno. Se mata para ser. Para tener aquello que permite ingresar al territorio ajeno. Que no será propio jamás. El celular de amplia botonera y las zapatillas nike igualan. Aparean. Es matarse la angustia con el faso que es como un vidrio en los pulmones. Es matarse la soledad por la nariz. Es querer ser rabiosamente y matar por ser. Y morir por ser.

La lógica monstruosa del sistema. Que crea leviatanes donde debió haber ángeles. Que hachó el mundo hasta partirlo en dos y dejar a los pibes sangrando. Muertos y matados. Encerrados en cárceles llenas de jóvenes, pobres y analfabetos. Acotados en villas vigiladas por gendarmerías, policías y prefecturas para que ninguno encuentre un resquicio por donde salir. Y si salen, si escapan de sus cárceles, irán a tomarse revancha. Porque el sistema crea leviatanes. Donde debió haber ángeles.

Pero en los malos momentos de los pibes, no hay nadie que les cante consignas. Están solos. In-visibles. En destierro. Perdidos en su desierto propio.

Donde debía haber una brújula que señalara, como al descuido, naturalmente, la ruta de la felicidad.

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Argentina, Mar del Plata. "La Noche de las Corbatas": Una larga noche, como tantas que tuvo la dictadura militar

Mariana Menzulio (0223 - ACTA)

Abogados laboralistas que en plena dictadura militar asumían la defensa de detenidos políticos en Mar del Plata fueron secuestrados, torturados y muchos de ellos desaparecidos en la llamada “La noche de las corbatas”, que se extendió entre el 6 y 13 de julio de 1977.

“La Noche de las Corbatas”, junto a “La noche de los lápices”, “El apagón de Ledesma”, y otras tantas masacres, ocurrieron en la impunidad de la “noche”, una “oscura noche” que invadió la Argentina durante siete años.

En aquella “Noche de las Corbatas”, de la que mañana se cumplen 35 años, fueron secuestradas once personas, en distintos procedimientos de los grupos de tareas, entre ellas siete prestigiosos abogados marplatenses del fuero laboral. Ellos fueron llevados a “La Cueva”, el viejo radar de la Base Aérea ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, convertido en centro clandestino de detención. Entre la noche del 6 y la madrugada del 8 de julio de 1977 fueron secuestrados los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Aláis, Camilo Ricci, Carlos Bozzi, y Tomás J. Fresneda.

A ellos se agregarían el doctor José Candeloro y su esposa Martha García, secuestrados el 13 de junio en Neuquén, y llevados a Mar del Plata. Además se secuestró a la esposa de Fresneda, Mercedes Argañaraz, embarazada de cuatro meses, a María Esther Vázquez de García, a su esposo Néstor Enrique García Mantica, y a José Verde y su esposa. Todos fueron torturados y sólo sobrevivieron Ricci y Bozzi, Martha García -esposa de Candeloro-, Julio Verde y su esposa. Centeno, de 60 años, era uno de los más prestigiosos abogados laboralistas de la ciudad y había sido el artífice de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, era peronista ortodoxo y militante de la resistencia de los años 50. Murió en la mesa de torturas y su cuerpo fue arrojado en un camino vecinal.

El resto permanecen desaparecidos. Candeloro, socio de Centeno, estaba en la mira de los militares por su conocida trayectoria de izquierda y Fresneda se encargaba de las presentaciones de habeas corpus, por las numerosas desapariciones, además de defender los derechos de los trabajadores.

En 1977 el manejo de la represión en Mar del Plata estaba a cargo del entonces coronel Alfredo Manuel Arrillaga, jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601. El comodoro Ernesto Alejandro Agustoni era entonces Comandante de la Base Aérea, y fue quien cedió al ejército el uso de las instalaciones del radar.

El coronel Pedro Alberto Barda era el comandante a cargo de la Subzona XV, dentro del sistema represivo del Primer Cuerpo de Ejército, era el responsable de los distintos centros clandestinos de detención que funcionaban en Mar del Plata, como La Cueva, el de la Base Naval, el de la Comisaría 4ª, el Destacamento de Batán, y el Destacamento de Suboficiales de Infantería de Mar.

El suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue subjefe de la Base Aérea donde funcionó “La Cueva” y era el encargado de torturar a los detenidos, a él se le imputaron las muertes de Centeno y Candeloro. Fue el primer condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar.

En un testimonio titulado “La larga Noche de las Corbatas”, Carlos Bozzi, uno de los sobrevivientes -que declaró en los Juicios por la Verdad en 2005- afirmó que “hoy solo puedo mostrar pedazos de esta cruel historia apelando a la memoria como a un arma de larga duración”. “Siempre que estamos ante hechos tan atroces, debemos pensar que el mejor medio es informar lo ocurrido en toda su dimensión, ajustando lo vivido a la realidad de ese momento y alejando toda tentación de acomodar las cosas al presente”, señaló.

“Tras casi 28 años (Bossi declaró en 2005) se hacía dificultoso rebatir la primera plana del diario La Capital que aquel 21 de julio anunciaba con grandes letras: “Confirmó el Ejército la liberación del doctor Bozzi y la muerte de 3 sediciosos”.

A partir de 2004 y por una iniciativa del Colegio de Abogados de Mar del Plata, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se estableció el 6 de julio en todo el país como el “Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado”, que suman cerca de 120 profesionales.

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Boletín de CORREPI

La represión como reivindicación / Mendoza y Gral. Rodríguez, una misma política de control social / El juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra y los manotazos de ahogado / Represión en toda la línea / Bolivia y Perú: muertes para garantizar las explotaciones mineras del imperialismo.

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La represión como reivindicación
La semana pasada, los policías de Santa Cruz se autoacuartelaron con el objetivo de obtener la satisfacción de varias exigencias entregadas al gobernador kirchnerista Daniel Peralta, entre las que se encuentran una suba del sueldo mínimo de 85,9%, con un promedio de 45%, provisión de armas y equipamiento, y el reclamo de reconocimiento de las asociaciones policiales que ellos llaman “sindicatos”.
Si bien el gobernador dejó claro desde el primer momento que la provincia, debido a la crisis económica, no está en condiciones de pagar lo que sus policías exigen por sus servicios represivos, contraofertó un 34% de aumento que fue rechazado, y luego dictó un decreto que otorga una suma no remunerativa de $800 y un incremento del valor del “punto salarial” progresivo desde los actuales $15,6 a más de $21 en el curso de los próximos meses, mientras el reclamo policial es elevarlo a $29.
Cualquier comparación de los beneficios ya otorgados a los policías santacruceños con la situación de los trabajadores de la misma provincia o del resto del país, donde ninguna paritaria ha cerrado por encima del 25% y varias provincias se preparan a pagar el aguinaldo en cuotas, muestra con claridad cómo, cuando se trata del pueblo trabajador, se ajusta, con aumentos por debajo de la inflación, mientras se hacen malabares con las cuentas públicas para gratificar a los uniformados.
La preocupación del gobierno y la búsqueda rápida de respuesta a los pedidos policiales tienen un por qué: es que la policía, como parte del aparato represivo del estado, es necesaria para mantener las cosas como están, con algunos pocos poderosos gobernando y la mayoría del pueblo trabajador padeciendo la explotación y el hambre. Y cuando este mismo pueblo sale a luchar por lo que le corresponde, es la policía quien evita, a fuerza de represión y sangre, que las reivindicaciones de los trabajadores sean llevadas a cabo.
Así lo vimos apenas el año pasado con la lucha de los docentes y los petroleros de Santa Cruz, quienes fueron sistemáticamente reprimidos en las manifestaciones, perseguidos, criminalizados y acusados tanto por el gobierno provincial como por Cristina Kirchner de “extorsión”, calificativo que en ningún momento aplicaron a los actuales amotinamientos de la policía.
Entonces, mientras los trabajadores petroleros y docentes son condenados a un salario básico de $3.000 y $1.100 respectivamente, totalmente insuficiente en una de las provincias con mayor costo de vida del país, a los policías se les pagará por decreto un mínimo de $6.700, y siguen apretando por más.
Estas asonadas son tratadas por los gobiernos de forma bien diferente a los reclamos de los trabajadores, pues resulta vital para el estado asegurar las condiciones necesarias para que repriman y que lo hagan cada vez mejor.
Respecto al pedido de “sindicalización” de los policías, es necesario tener claro que esas iniciativas son una herramienta más para que las fuerzas policiales se organicen para la represión. Como explicábamos en el Boletín n°664, a propósito de la asonada boliviana, los policías no son trabajadores ni parte del pueblo. Los policías y todas las fuerzas de seguridad del estado son parte del aparato represivo que tiene como función reprimir y disciplinar al pueblo trabajador. Es por eso que esto no es una huelga sino un motín. No tiene importancia que en algún momento hayan pertenecido al pueblo, ya que decidieron abandonarlo para pasarse a las filas de los explotadores; definitivamente no son trabajadores, sino custodios de la riqueza de la clase explotadora, riqueza y poder que se consigue a costa de la sangre del pueblo. Los policías existen como brazo armado de esta clase, para asegurarse que el orden social impuesto no cambie.
Por algo sus “pliegos de condiciones” o “petitorios” siempre incluyen el reclamo de más pertrechos para reprimir y de “amparo legal” frente a posibles acusaciones por “actos de servicio”, es decir, fusilamientos de gatillo fácil, torturas y desapariciones. La sindicalización y una paga más elevada, es decir, un “triunfo” del motín policial, sólo significará más seguridad para el estado y más represión para el pueblo.

Mendoza y Gral. Rodríguez, una misma política de control social
El pasado 5 de mayo, en Godoy Cruz, Mendoza, moría asesinado por una bala policial Franco Díaz, de 19 años. Al otro día, en Burzaco, David Benítez, policía de la bonaerense, mataba de siete tiros a Lautaro Bugatto (ver Boletín n° 657).
Franco Díaz se encontraba en una fiesta con sus amigos hasta que llegó la policía, que había sido llamada por los vecinos que denunciaban ruidos molestos. Como siempre, los policías se dedicaron a provocar a los adolescentes que estaban en el lugar, lo que desencadenó incidentes entre los policías y los chicos; y una vez encontrada la excusa, hicieron lo que mejor les sale: disparar contra los jóvenes.
Una de esas balas fue fatal, ya que impacto directamente en el rostro de Franco, provocándole la muerte momentos después.
Hoy hay 11 policías ‘investigados’ por el asesinato. A pesar del entorpecimiento de la investigación (ya que los peritos y fiscales no ayudan, sino todo lo contrario, se dedican sistemáticamente a encubrir a los asesinos del estado) hay pruebas irrefutables. La bala que mató a Franco había quedado alojada en el rostro de Johana Flores, quien estaba detrás de él cuando lo mataron, pero nadie se preocupó por extraerla para analizarla.
Está semana, finalmente, y debido a que Johana concurrió al hospital quejándose de dolores, la bala fue extraída y peritada. Así, se confirmó lo que todos sabíamos: que el proyectil de 9mm fue disparada por un arma policial, y que el encargado de jalar el gatillo fue el policía Walter García.
Por último, el viernes 6 de julio, Yamila y Mery, ambas compañeras de CORREPI, vecinas de la familia de Matías Lobo, asesinado por el gatillo fácil, estaban en su casa del barrio Los Naranjos en Gral. Rodriguez, cuando vieron cómo el policía Horacio Lebras torturaba a golpes a uno de los chicos de la cuadra.
Rápidamente salieron a la calle para ayudarlo y enfrentarse con el policía, bien conocido en el barrio por el maltrato constante hacia toda persona que él considere ‘inferior’. Madre e hija recibieron golpes y amenazas, no sólo del policía sino de su familia, ante la complaciente mirada de los policías de la comisaría zonal.
Nos queda claro que la tortura y el gatillo fácil no son “abusos de manzanas podridas”, sino que son herramientas que utilizan todos los días los policías en los barrios contra el pueblo trabajador. Los policías que torturan y matan saben que lo hacen con todo un aparato estatal que los protege, porque ésa es su función, disciplinar y matar a todos aquellos que puedan representar algún peligro para el poder, por ser los más perjudicados con las políticas de hambre y miseria que aplican desde el estado.

El juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra y los manotazos de ahogado
Cuando la lucha popular impulsa al aparato judicial al callejón sin salida de tener que sentar en el banquillo de los acusados a los ejecutores de sus políticas represivas, cualquier recurso, por impresentable que sea, sirve para ayudar a los socios en desgracia.
Muchos ejemplos, de los cuales la causa por el asesinato de Walter Bulacio es muestra suficiente, dan cuenta de cómo recurren, cuando las papas queman, a la batería de herramientas que, bajo la máscara de la legalidad procesal, habilitan todo tipo de dilaciones para evitar la instancia del juicio oral y público.
El juicio a los asesinos de la burocracia sindical y la policía, dos de las tres facciones asociadas en el plan criminal que mató a Mariano Ferreyra (la patronal sigue impune), está fijado para el próximo 6 de agosto. Con un manejo impecable de los tiempos procesales, la defensa de Armando Uño, uno de los integrantes de la patota, recusó al tribunal oral encargado de dirigir el debate. Si bien el planteo fue rápidamente rechazado por otro tribunal, y, por la liviandad de sus argumentos no tiene posibilidad alguna de prosperar, lo cierto es que la maniobra introduce alguna incertidumbre en relación al comienzo del juicio, ya que el oportuno defensor podría interponer un recurso de casación que lo postergaría.
“Es el legítimo ejercicio del derecho de defensa”, se quejan con calculada amargura los defensores del estado de derecho. Legítimo, claro, porque la ley es de ellos, y la defensa de sus esbirros, oficiales o tercerizados, es política de estado.
El 6 de agosto debe comenzar el juicio contra los 17 procesados, Pedraza y su patota, y el comisario Lompizano y la suya. La chicana de la recusación no es una maniobra aislada del defensor de uno de ellos: es el manotazo de ahogado de los que quieren evitar un juicio que no le conviene al gobierno, y al que sólo la organización y la lucha popular nos permitirá llegar.

Represión en toda la línea
El 4 de julio fue noticia, mínima pero noticia al fin, que un muchacho de 22 años que estaba detenido acusado de robo en la comisaría 3ª de Quilmes “se suicidó”. Lo encontraron colgando de los barrotes de la ventana de su celda con una sábana. Apenas 48 días antes había ingresado a la comisaría, donde, como siempre nos quieren hacer creer, lo acometió tal remordimiento y depresión que resolvió matarse. Desde entonces, no se supo más del asunto.
En San Luis, dos policías, Raúl Márquez y Juan Orellano, fueron apartados de la fuerza después que una mujer brasileña de 39 años los acusó de someterla sexualmente en un descampado al que la llevaron, por la fuerza, a bordo de su patrullero. Aunque la víctima denunció el hecho de inmediato y se verificaron sus lesiones, no hay noticia de que fueran detenidos.
En Tucumán, unos 200 policías fueron enviados por un juez para desalojar a la comunidad Indio Colalao de sus tierras en el límite con la provincia de Salta, reclamadas por dos grandes terratenientes de la zona. Hubo golpes y disparos de arma de fuego por parte de los efectivos de la Brigada de Investigaciones, Montada, Motorizada, Bomberos, Criminalística y el Grupo Cero, que intentaron, sin éxito, sorprender a los vecinos ingresando desde la frontera salteña.
Tres ejemplos de diversas modalidades represivas que apuntan al disciplinamiento y el control social, mostrando que reprimen en toda la línea.

Bolivia y Perú: muertes para garantizar las explotaciones mineras del imperialismo
En el boletín anterior (N° 664) hablábamos del motín policial en Bolivia. Evo Morales dijo en esa ocasión que “no sacaría al ejército a las calles para evitar muertes”. Este jueves, a menos de una semana de finalizado el motín, donde los desclasados consiguieron aumentos de sueldo y mejor equipamiento, ya hay un muerto por la protesta social en Bolivia. Evo Morales no dudó en usar a la policía, satisfecha, para garantizar las ganancias de la empresa canadiense South America Silver reprimiendo a los trabajadores.
Los mineros, sector históricamente combativo en este país, mantenían como rehenes a cinco personas en Mallku Khota, Potosí, para reclamar la expulsión de esta empresa y hacerse cargo ellos mismos de la explotación de la mina de plata e indio, material necesario para fabricar monitores de pantalla líquida. José Mamani fue fusilado de un tiro en la nuca y hubo cuatro heridos graves, producto de la represión policial.
Al mismo tiempo, en La Paz, la policía desalojó a integrantes de comunidades amazónicas que acampaban en las inmediaciones del palacio presidencial, quienes protestaban contra la construcción de una carretera que afectaría gravemente sus poblados y los recursos naturales de la región. Gases y palazos para amedrentar a mujeres y niños, quienes hace unos meses también sufrieron un muerto en el marco de una protesta por el mismo reclamo (ver boletín N° 628).
Mientras tanto, en Perú, ya son 17 los muertos por la protesta social desde que asumió Ollanta Humala, hace menos de un año. En distintos puntos del país, la policía asesinó a cinco personas que protestaban contra varios proyectos mineros, en su mayoría yanquis, en Cajamarca, Espinar y otros puntos del país. Humala decretó el estado de emergencia tres veces en Cajamarca para combatir las protestas mineras; el jefe de la policía nacional, Raúl Salazar, dio la habitual (y no por eso menos absurda) excusa de los infiltrados que llevaban armas de fuego, cuando ellos sólo usan balas de goma, teoría a la que adhirió gran parte del gobierno.
La minería es un negocio multimillonario, es por eso que ningún gobierno va a dudar en reprimir para garantizarlo, Humala y Morales son lo mismo porque pertenecen a la misma clase y porque los mecanismos que usan para continuar la explotación son iguales, la diferencia es el consenso que tiene uno y el otro en América Latina. Morales, más hábil en ese aspecto, se sumerge en la misma lavandina que Kirchner, Mujica y Rousseff, pero no duda en soltar el hueso cuando el perro se lo pide, quien contento, sale presto a cumplir su deber: reprimir al pobre.

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Argentina, Córdoba: Repudio por intimidación y censura a periodistas del interior

PRENSA RED

El primero de los casos tuvo como víctima al director del semanario La Calle, Villa de Soto, y en el otro a un periodista de la FM Fénix, de Sebastián Elcano. El Cispren "denuncia que este tipo de agresiones ataca los derechos de los trabajadores de prensa y de la vida democrática en Córdoba".

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) denuncia y repudia dos graves actos de intimidación y censura, sucedidos en el interior provincial, que cercenan la libertad de expresión en la provincia y ponen en riesgo los derechos de los trabajadores de prensa.

En uno de los hechos, el director del semanario La Calle, de Villa de Soto, Carlos Molina sufrió el 22 de junio pasado una agresión cuando transitaba con su vehículo por la ruta que une dicha ciudad con Cruz del Eje y una camioneta intentó sacarlo violentamente del camino, atravesándose en el medio.

Molina pudo identificar a Sergio Villagra, funcionario de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia, quien había sido mencionado en la publicación de marras. Molina radicó una denuncia penal Unidad Judicial de Cruz del Eje (Nº de denuncia 1277/12), ante la gravedad del hecho que pudo costarle la vida.

El CISPREN exhorta a la justicia, y particularmente al fiscal Martín Bertone para que establezca las responsabilidades del caso y ponga fin a las agresiones que viene sufriendo Molina, quien ya había una campaña de desprestigio en Villa de Soto, de origen anónimo, originada en su actividad profesional.

En otro hecho acaecido en Sebastián Elcano, también en el norte provincial, el periodista radial Fabricio Pino fue víctima de un brutal acto de censura el 27 de junio pasado, cuando la FM Fénix levantó del aire su programa matinal de noticias, a instancias del intendente de la localidad, Pedro Bonaldi.

La radio pertenece a Sergio Cabanillas, quien sin mediar causa razonable, canceló la emisión que se transmitía desde hace cinco meses porque Bonaldi sufrió críticas de parte de los vecinos por el estado de la infraestructura de la localidad. Hasta el momento, el programa no volvió a emitirse, constituyendo un inaceptable acto de censura para el sistema de derecho vigente.

El CISPREN denuncia que este tipo de agresiones y censuras atacan los derechos de los trabajadores y afectan la vida democrática en Córdoba, situaciones que se vienen repitiendo, particularmente en el norte provincial. En ese sentido, reclamamos que el gobierno de Córdoba tome cartas en el asunto para garantizar la vida y el libre ejercicio de la su oficio, tanto a Molina como a Pino.

Guillermo Posada (Secretario de Prensa) – Carlos Valduvino (Secretario General).

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Aunque es muy cuestionada Monsanto realizará nuevas inversiones en el país

Irina Santesteban (LA ARENA)

La empresa Monsanto es la fabricante por excelencia de los llamados "agrotóxicos", y también fue una de las empresas responsables de fabricar el "agente naranja" que los norteamericanos usaron en la guerra de Vietnam.

Según Wikipedia, Monsanto "es una empresa proveedora de productos para la agricultura", entre ellos el glifosato, fabricado bajo la marca Roundup.

De datos extraídos en Internet, podemos saber que Monsanto fue fundada en Estados Unidos, en San Luis, estado de Missouri, en 1901, por John Francis Queeny. En sus comienzos se dedicaba a la distribución de sacarina, para luego continuar con el negocio de plásticos y resinas. En 1976 comenzó con la fabricación de herbicidas, actividad que constituye hoy su principal negocio, junto a la producción de semillas genéticamente modificadas, como la soja transgénica.

En los años '60, Monsanto, junto a Dow Chemical y otras empresas, fueron contratadas por el gobierno de Estados Unidos para producir un herbicida llamado "agente naranja", que fue utilizado en la guerra de Vietnam con el fin de devastar la selva vietnamita y las cosechas, con el claro objetivo de privar a los vietnamitas de alimento y, como estrategia militar, de destruir la vegetación selvática, que era un refugio seguro para los combatientes del Vietcong (el ejército de los vietnamitas que luchaban contra la ocupación norteamericana).

Esta poderosa arma biológica causó aproximadamente 400.000 muertes y pérdidas de miles de hectáreas de regiones selváticas, más unos 500.000 nacimientos de niños con malformaciones, además de las bajas y la contaminación en los soldados del propio ejército estadounidense.

Por las consecuencias de la utilización del agente naranja en la guerra, es que el gobierno de la República de Vietnam, protestó formalmente frente al Comité Olímpico Internacional, porque en los Juegos Olímpicos que comenzarán el próximo 27 de julio en Londres, uno de los patrocinadores de dicho evento es la empresa Dow Chemical. En la plaza Trafalgar, en la capital londinense, también se han realizado protestas contra esta empresa, porque en 1984 un escape de gas tóxico de una fábrica de pesticidas perteneciente a una compañía, posteriormente adquirida por Dow Chemical, dejó miles de muertos y damnificados en la ciudad de Bhopal, India.

Inversión

Pese a sus antecedentes y a la protesta de las organizaciones que defienden el medioambiente en contra del uso del glifosato en las explotaciones agrarias, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, expresó su complacencia por las inversiones que Monsanto planea realizar en la Argentina.

Lo hizo en el discurso que pronunció el 15 de junio en el Consejo de las Américas, y fue muy contradictorio, porque el día anterior, en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, la presidenta había tenido una muy buena intervención en relación al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, frente a la delegación de los kelpers. En esa alocución, Cristina cuestionó a las potencias imperiales, cuando les propuso "¿Por qué no van a hacer un referéndum en Irak o Afganistán?", luego que el gobierno usurpador de las islas anunciara la realización de un referéndum para el año 2013, en las islas Malvinas.

Lamentablemente, un día después, y frente a los directivos de las grandes empresas norteamericanas, Cristina Fernández elogió la inversión de 1.500 millones de pesos que Monsanto realizará en la provincia de Córdoba, en la localidad de Malvinas Argentinas, para la construcción de una planta para acondicionar semillas de maíz, que crearía unos 400 nuevos puestos de trabajo.

Enfermedades

El documental de la francesa Marie Monique Robin, "El mundo según Monsanto", muestra diversos aspectos del accionar de esta firma, y se basa en el trabajo de investigación de la misma autora, por el cual ganó el premio Noruego "Rachel Carson Prize", en 2009, dedicado a mujeres ambientalistas.

En el film se abordan las consecuencias que los diferentes productos elaborados por Monsanto, provocan en la salud de poblaciones enteras expuestas a sus efectos. Por ejemplo, el PCB, cuya producción por la fábrica de Monsanto en Anniston, Alabama, (Estados Unidos), provocó altas tasas de enfermos de cáncer en la población negra más pobre, como consecuencia de la contaminación del agua por derrame de PCB en los canales, pero también en tierra y aire.

Por esos hechos, Monsanto fue demandado por 3.500 habitantes de Annistan, y la justicia norteamericana ordenó la desclasificación de los archivos internos de la empresa, donde se comprobó que estaban en pleno conocimiento de la nocividad del PCB, por diversos informes de prestigiosas universidades. Luego de ese juicio, Monsanto fue condenada a pagar 700 millones de dólares como indemnización para las víctimas, fue obligada a descontaminar el sito, y a construir un hospital especializado.

En enero de 2007, Monsanto fue multada por publicidad engañosa, por la Unión Europea, porque difundía que su herbicida Roundup era biodegradable y no tóxico para los animales domésticos y los niños. Ese mismo año, un tribunal de Lyon (Francia), condenó a Monsanto por la misma causa, basándose en estudios de la Universidad Pierre y Marie Curie, cuyos investigadores demostraron que el Roundup (glifosato) tiene un efecto nefasto sobre el ciclo celular (disfunciones características del cáncer) y expresaron que "es suficiente una gotita para afectar al proceso de división celular... se puede decir que para utilizar el herbicida sin riesgo, se necesita no sólo portar un traje y una máscara, sino también asegurarse de que no haya personas a menos de 500 metros".

Transgénicos

Monsanto no sólo produce el glifosato, sino que diseña semillas transgénicas, resistentes a ese producto, especialmente en soja y maíz.

Argentina cuenta en la actualidad con 19 millones de hectáreas de soja transgénica, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país, y se calcula que se utilizan 190 millones de litros de glifosato, siendo la marca comercial más famosa, el Roundup, de la compañía Monsanto. El agroquímico tiene la propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrado por el viento y el agua. Se rocía (vía aérea o terrestre) sobre los campos. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días.

Aunque la publicidad de Monsanto y otras empresas del rubro clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre, estudios realizados por científicos argentinos del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral, demuestran que el efecto de este químico sobre embriones "abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas".

El profesor de embriología de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Andrés Carrasco, fue uno de los que difundió estos efectos nocivos del glifosato, y por ello sufrió los embates de las empresas que producen este químico. A través de una fuerte campaña en algunos medios de prensa, en 2009, Carrasco fue objeto de descalificaciones, a pesar de sus 30 años de trayectoria como investigador en el Conicet.

Tristeza

Por ello, no puede alegrarnos a quienes deseamos un país con igualdad y equidad, pero también con un medioambiente sano, que sea la presidenta de la Nación, la que muestre su satisfacción por las inversiones que Monsanto está planeando hacer en Argentina.

Sobre todo porque se trata de una empresa cuestionada en el mundo entero, por fabricar y utilizar productos tóxicos, que tantas enfermedades y muertes han causado. Y porque esa inversión, se da justamente en la provincia de Córdoba, donde se está desarrollando el primer juicio en Latinoamérica, por los efectos que las fumigaciones de glifosato y endosulfán, han producido en habitantes de un barrio colindante con campos sembrados con soja.

Las madres de barrio Ituzaingó, víctimas de la fumigación de glifosato en el sudeste de la ciudad de Córdoba, tienen mucho para decir en esta historia, pues ellas no se dejaron contar "el mundo por Monsanto", y salieron a denunciar con valentía lo que estas grandes empresas desean ocultar.

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