lunes, 16 de julio de 2012

La vieja maldición de la minería

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Los argumentos que esgrimen las comunidades afectadas por las modernas explotaciones mineras en América Latina se refieren al menos a tres aspectos diferentes: las condiciones técnicas propias de este tipo de explotaciones y su impacto, las condiciones institucionales y políticas del país y los inconvenientes de un modelo económico orientado fundamentalmente a exportar materias primas como recurso estratégico para impulsar el desarrollo.

En contra de quienes se oponen a la gran minería es usual aducir que con su actitud impiden el progreso, que los intereses egoístas de comunidades minoritarias no pueden prevalecer sobre los intereses generales de la nación, que existen garantías técnicas suficientes para hacer asumible el impacto en el medio ambiente, que un país no puede renunciar a la explotación de sus recursos o sencillamente que las comunidades están siendo manipuladas por grupos de extremistas que buscan réditos políticos debilitando a las autoridades.

Es probable que en la oposición de ciertos colectivos se pueda constatar la influencia de convicciones contrarias al industrialismo y a la civilización actual; también es común que se produzcan contradicciones (a veces difíciles de resolver) entre los intereses locales y nacionales, como lo es que la minería puede adelantarse reduciendo el impacto negativo sobre la población y la naturaleza, y que en tal caso, mucho depende del tipo de autoridades e instituciones con las que se cuente.

Cada tipo de minería tiene sus inconvenientes particulares, tanto si se trata de las explotaciones tradicionales de petróleo, gas, oro, níquel, carbón, cobre y similares, como si se extraen los metales vinculados a las tecnologías más modernas, incluyendo por supuesto los llamados “minerales estratégicos” utilizados en la energía atómica. El continente americano es rico en todos ellos y la expansión de las economías centrales en las últimas décadas ha generado una demanda considerable (y precios al alza) incentivando el enérgico impulso de la minería por parte de los gobiernos latinoamericanos, con independencia de su signo político. La crisis actual y sobre todo lo complicado que resulta a estas alturas predecir su posible evolución en el inmediato futuro se convierten en un sólido argumento en favor de quienes ponen en tela de juicio la conveniencia de confiar en las exportaciones de materias primas como recurso principal para financiar el desarrollo. Si desciende bruscamente la demanda y caen los precios toda la estrategia exportadora se viene abajo. Así ocurrió siempre y nada indica que ahora no vaya a pasar lo mismo.

En este contexto cobra entonces enorme relevancia la amarga experiencia del pasado (incluso de un pasado muy reciente) y se impone una revisión a fondo de las condiciones específicas (de todo tipo) en las cuales se adelanta o se desea adelantar hoy este tipo de proyectos.

La historia de la minería en América Latina no puede sino generar pesimismo. Ningún país de la región ha conseguido desarrollarse aprovechando los beneficios dejados por la minería o por cualquiera de los otros sectores económicos que juegan igual papel en la estrategia exportadora: alimentos, madera o mercancías de escaso valor agregado, para no mencionar la “exportación” masiva de mano de obra a las economías centrales (con la enorme carga de dolor y sufrimientos para el-la emigrante y su familia, y sin olvidar la sensible pérdida para el país de un recurso humano precioso que no se compensa ni de lejos con la remesa de divisas) o el tráfico ilegal de psicotrópicos (cuyos escasos beneficios jamás igualan el enorme perjuicio para la economía y la sociedad locales). Agotadas las minas, solo quedan pueblos desolados, obreros con silicosis y un paisaje de mayor atraso que contrasta con la riqueza que acumulan los empresarios (sobre todo extranjeros) y las migajas de vergüenza que se reparten gobernantes cipayos, burócratas corruptos y los dictadores militares o civiles de turno cuya función no es otra que “garantizar el orden”.

Algunas explotaciones mineras solo se pueden llevar a cabo destruyendo casi de forma irreversible el medio ambiente. Si se hacen cálculos globales -es decir, que superen los estrechos márgenes de la contabilidad de la empresa- el balance será siempre negativo. Mientras las empresas obtienen ganancias considerables el daño sobre el agua, al aire, la biodiversidad, la salud de la población, las reservas en bosques y similares resulta un costo que no asume la entidad que extrae pero recae directamente sobre la comunidad afectada no menos que sobre toda la nación. En tales condiciones todo indicaría que mientras no se sea técnicamente posible evitar semejantes consecuencias lo razonable es desistir de tales empresas. Ocurre así, por ejemplo, con la energía atómica, seguramente fundamental en muchos aspectos (y a cuya investigación no se puede renunciar) pero con consecuencias negativas que la técnica actual aún no resuelve: manejo de residuos radioactivos, resultados incontrolables de los accidentes, y -no menos inconveniente- su posible uso militar. Igual ocurre con la extracción de oro que requiere ingentes cantidades de agua, el uso masivo de cianuro y otros venenos y la destrucción de regiones enteras, obligando casi siempre al desplazamiento de la población (otro costo que apenas aparece en la contabilidad de la empresa). Y como el oro o la energía atómica, muchos de los actuales proyectos mineros resultan desaconsejables desde todo punto de vista.

Ahora, en el caso de explotaciones mineras que pueden desarrollarse con un manejo razonable del impacto sobre la naturaleza y las personas, es decir, explotaciones que minimizan los daños y sobre todo que garantizan una economía sostenible, la cuestión a resolver se reduce entonces a determinar las condiciones técnicas e institucionales en las cuales han de llevarse a cabo. (No sobra recordar que toda acción humana supone siempre un determinado impacto sobre la naturaleza; que la especie humana dejó de ser parte de la misma desde hace milenios y que la condición de recolectores y cazadores solo se registra hoy en grupos marginales en regiones de la periferia de la civilización).

Que se respeten los procedimientos técnicos adecuados, que la explotación revierta en beneficio de la comunidad directamente afectada y sobre la nación entera, que los ingresos públicos (impuestos, regalías, participaciones, etc.) sirvan realmente como un recurso para promover el desarrollo, salir de la pobreza y superar la condición de países dependientes y atrasados, dependerá entonces del tipo de autoridades que deban garantizarlo. Gobiernos de escaso o nulo sentimiento nacional, burocracias corruptas y un funcionariado ineficiente, son todas ellas condiciones que conspiran abiertamente contra estos propósitos. Así, los requerimientos técnicos se quedan como letra muerta en el papel de los contratos, las instituciones legislan según los deseos de las empresas (casi todas multinacionales), la corrupción administrativa permite cerrar los ojos ante incumplimientos y atropellos, repitiendo las formas tradicionales que han permitido el saqueo de recursos para contribuir al desarrollo y bienestar de las economías centrales. Cualquiera con curiosidad puede indagar, por ejemplo, cuál fue el precio del barril de crudo desde los comienzos del siglo XX hasta la llamada “crisis del petróleo” en los años 70 (creación de la OPEP). Entonces, será claro que ésta, como cualquier otra actividad minera, ha servido realmente para contribuir a la riqueza de unos y al empobrecimiento de otros. En el centro del sistema se benefician principalmente los grandes capitalistas; en la periferia, las clases dominantes criollas, esas oligarquías primitivas y obsecuentes, con sus dictadores sanguinarios, sus sátrapas y reyezuelos de opereta o -más recientemente-, con presidentes que encabezan remedos de democracia.

En síntesis, en unos casos y por su propia naturaleza determinadas explotaciones mineras resultan inaceptables desde todo punto de vista; en otros, siendo apropiadas, todo depende de las condiciones políticas e institucionales que garanticen las medidas técnicas de prevenciones, aseguren el control oficial adecuado de las explotaciones (pago de impuestos, cantidades extraídas, cuidado del medio ambiente, régimen laboral al que se somete a los trabajadores, respeto a los intereses de las comunidades directamente afectadas, etc.) y sobretodo que se destinen esos recursos a la inversión social y productiva.

Aunque no resuelve todos los interrogantes del problema, la nacionalización de estos recursos y su control riguroso por parte del estado constituyen un paso decisivo en la buena dirección. En esta perspectiva entonces, mucho dependerá del tipo de gobierno, de su apoyo social y de sus propósitos de futuro. Que estas condiciones favorables no siempre se producen explica la creciente oposición (local y nacional) a muchos proyectos mineros en el continente; la manera como se resuelven estas contradicciones indica bien a las claras la naturaleza de los gobiernos. En unos casos se resuelven mediante el diálogo y la negociación; pero con frecuencia, se asiste a las escenas ya conocidas de represión, cárcel o muerte, además de las campañas de intoxicación y manipulación de la opinión pública, impidiendo un debate de suma importancia pues se trata ni mas ni menos que de evitar que en las condiciones de hoy, se repita el mismo proceso de esquilmar y saquear recursos que en buena medida explican el cuadro de atraso de los países de América Latina. O sea, impedir que abandonando todo esfuerzo de industrialización propia, estos países afiancen su naturaleza de economías complementarias multiplicando los enclaves coloniales del pasado y sacrificando unos recursos no renovables que seguramente serían indispensables para su propio desarrollo.

No hay que sorprenderse demasiado si los indígenas de una comunidad amenazada por una explotación a cielo abierto evocan a la Pacha Mama (la madre tierra) y se oponen a la mina porque afecta una montaña “sagrada”, pues detrás de un concepto seguramente extraño a la racionalidad occidental (que no permite dar entidad de sujeto a algo que es obviamente un objeto) se esconde una reflexión muy ligada a la realidad: allí, en esa montaña, se produce el agua, elemento básico para la vida. Con categorías diferentes y desde la óptica occidental se diría que la mencionada montaña resulta intocable pues asegura el suministro de agua a una ciudad. Se ordena entonces no afectarla, se la asume como intocable (“sagrada” dirán los indígenas). Ocurre sin embargo que por su propia naturaleza el sistema capitalista es depredador y no se detiene ante nada cuando se trata de beneficios económicos, sea “sagrado” o “intocable”. Solo una movilización muy enérgica de la población puede conseguir que las autoridades impidan la profanación/destrucción de aquella “montaña sagrada”.

Resulta por demás paradójico que los defensores del capitalismo se mofen de un lenguaje seguramente premoderno y bastante romántico que acude a los fetiches, cuando todo su discurso teórico no es otra cosa que una sistemática sublimación que convierte de hecho al capital en un sujeto y nos deja a los demás convertidos en objetos bajo su dominio.

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Colombia: La bofetada de las FARC a Santos en Toribío

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (ANNCOL, especial para ARGENPRESS.info)

Montañas de Colombia / julio 2012 /. Durante más de una semana las FARC han mostrado literalmente que es un ejército irregular capaz de enfrentarse en sus áreas de control al ejército y a la fuerza aérea oficial.

Eran las 19:00 horas del miércoles 11 de julio. Los canales de televisión Caracol y RCN abrieron como noticia de “ÚLTIMO MINUTO”, el derribamiento de un avión Supertucano *, moderna aeronave utilizada en el combate contrainsurgente.

La presentadora de Caracol estaba consternada cuando presentó los titulares que decían que la guerrilla había derribado uno de esos 25 aviones vendidos por Lula al régimen de Álvaro Uribe Vélez, cuyo ministro de defensa era Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia.

Foto: Guerrilleros de las FARC.

El alrededor nuestro era oscuridad. Solo se escuchaba la voz metálica de la periodista de Caracol, los grillos, las ranas y los pájaros de la selva húmeda colombiana. Pero de repente se escuchó las expresiones de muchos guerrilleros sentados al lado nuestro, mirando las noticias esa noche. No podían contener su alegría por los reportes del accionar de sus compañeros en otra parte del país, Toribio, municipio del departamento del Cauca en el sur occidente colombiano.

- Durante más de una semana nuestras fuerzas han combatido al enemigo que no puede con nosotros, dice un guerrillero en la multitud de compañeros. Sus ojos brillan cuando se reflejan con un rayo de luz de la luna que entra en la densa selva.

La presentadora entrega el otro desastre militar: “un helicóptero fue impactado e incendiado por guerrilleros de las FARC en El Mango y los pilotos llevados por la guerrilla”. Caracol muestra un video aficionado con el helicóptero en llamas.

- Los pilotos tienen que explicar a la guerrilla qué andaban haciendo allá en un infierno de guerra con bombardeos, combates y enfrentamientos. Muchas veces el ejército utiliza los supuestos “privados” para hacer inteligencia y así los involucran en la guerra, agrega otro vecino guerrillero, sentado en el aula del campamento insurgente.


Como si la pesadilla de esa noche fuera poco para los generales, la presentadora tira una tercera golpiza mediática a la moral castrense:

“En medio de los hostigamientos de las FARC a la fuerza pública, las FARC mantienen retenes a solo un kilómetro de distancia del casco urbano donde el presidente Santos instalaba un consejo de seguridad”, protegido por más de tres mil soldados.

Y la pantalla del televisor muestra cómo los guerrilleros revisan y chequean los documentos de las personas y vehículos que transitan a solo 15 minutos del casco urbano de Toribío. Caracol llega al lugar y conversa en forma más tranquila con los guerrilleros que relatan el porqué del retén y explican que su misión es contener el avance de las fuerzas militares.

En Toribío, Juan Manuel Santos, también pálido como la presentadora de Caracol, casi tartamudea y casi ruega a las FARC: ¡“desmovilícense, desmovilícense”!, repite, ¡“rehagan sus vidas como sus compañeros que ahora gozan de la vida, eehhh”!

No convence absolutamente a nadie en nuestro alrededor.

Dice el comandante del campamento donde permanecemos, que desde hace 15 días la favorabilidad de Santos en las encuestas está cayendo en picada y seguirá así por la incontrolable y complicada situación del país”.

Foto: Hasta "Lucho", el loro, acompaña a la lucha.

Habla Santos ante los periodistas y dice que va a invitar a los líderes indígenas para que lleguen a un acuerdo con el gobierno y el Estado. Posando de atractivo, Santos ofrece entregarles medio billón de pesos para mejoramiento del alcantarillado, otros servicios públicos, ofertas y promesas que el pueblo colombiano ha escuchado toda la vida y conocen el verdadero valor y contenido de esa política falaz.

Pero los indígenas no quieren sentarse en la misma mesa con Santos y solo entregan un documento con sus exigencias, siendo la principal, la salida de las fuerzas militares de la jurisdicción de Toribío.

Caracol gira la cámara a la estación de policía de dos pisos. Para protegerse los agentes han levantado trincheras y el televidente se pregunta ¿a quién protege la policía contrainsurgente en Toribío, si ellos mismos se esconden detrás esas bolsas rellenas de arena? para protegerse de las FARC, que tienen rodeado ese municipio.

Foto: Indígenas tapan trincheras de Ejército en cerro de las Torres. / Autor: Ivan Noguera - EL TIEMPO

Sale Santos a la calle y es abucheado por la población. El día anterior, mujeres indígenas han derribado esas fortificaciones, exigiendo el retiro de la fuerza pública. Las mismas mujeres y toda la población rechazan la visita de Santos quien responde que no va a “desmilitarizar un solo milímetro de la ciudad porque hace parte del territorio nacional”. En esa frase reconoce que el Estado ha militarizado la región.

Caracol intenta salvar en algo la deteriorada imagen de Santos, un presidente rechazado por la comunidad en masa, afirmando que “los indígenas quieren que la guerrilla también, salga de su territorio”.

Lo que Caracol oculta es el hecho de que la guerrilla es móvil y varios de sus frentes han nacido en el territorio, como parte de la lucha campesina e indígena por la tierra y el territorio codiciado por las trasnacionales. Es más, en esta región el Estado quiere ocupar los territorios para entregarlos a las mineras, ya que estos contienen grandes reservas de oro y otros minerales en la cordillera.

Los guerrilleros, y muchos de ellos indígenas en nuestro alrededor que ven y escuchan los comentarios de Caracol agregan que “la guerrilla en el Cauca está constituida en su mayoría por indígenas. ¿Cómo seria posible levantar retenes un kilómetro del casco urbano sino fuera por la base social que tenemos en Toribío y en el Cauca en general?

Foto: Una guerrillera indígena de las FARC-EP, una de miles.

La violación del Derecho Internacional Humanitario, DIH, es flagrante en Toribío. La policía militarizada utiliza la población civil como escudo, colocando una estación de policía en medio del casco urbano cuando el DIH dice claramente que todas las estaciones de policía y guarniciones militares en un país con conflicto armado, tienen que ser instaladas en las afueras de la población para evitar que los civiles sean blancos en los enfrentamientos.

A eso agregamos los hostigamientos permanentes del ejército y la aviación que, para impedir los avances de la guerrilla, bombardea indiscriminadamente aldeas y caseríos.

En 2005 otro presidente colombiano, Álvaro Uribe, fue abofeteado en Toribío cuando las FARC derribó un helicóptero Black Hawk. Movilizó batallones para dar con la guerrilla, batallones que solo pudieron avanzar unos metros por día, pese a que venían con tanques, aviones y helicópteros.

El 11 de julio de 2012 los mismos guerrilleros volvieron a dar la bofetada de nuevo a otro presidente, esta vez a Juan Manuel Santos que varias veces ha declarado el fin de la guerrilla de las FARC. Y ahora estamos quizás en el comienzo de una nueva etapa de la guerra que cada día se parece más a la guerra de Vietnam, una era en la que al parecer la aviación ya no podrá hacer de las suyas tan fácilmente.
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¿Las FARC tienen cohetes antiaéreos ?

Fue en el municipio de Suárez, también del departamento de Cauca, donde la guerrilla, según video [http://youtu.be/z0yFsDy9ynA] que circula en internet, estrenó sus propios mísiles antiaéreos, Made in FARC. Estos artefactos que tienen alcance de varios kilómetros han sido desde entonces objeto de análisis y estudios de los generales, sobre todo de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, pero también por parte del Pentágono.

No son mísiles con mucha precisión, pero, como dice una fuente de las FARC, “estamos todo el tiempo perfeccionando y mejorando el arma para que cumpla su meta; derribar a los aviones y helicópteros de la fuerza aérea.”

En la noche anterior se mostró en el campamento el video http://youtu.be/PeWTxn83BZI que hizo el periodista francés Romeo Langlois. Éste había salido una madrugada desde la base militar de Larandia, bajo el control del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, para hacer un reportaje sobre el tema de los cultivos de hoja de coca, junto con un comando de unos treinta soldados y oficiales de las fuerzas especiales del ejército. Pero su aventura terminó en un desastre táctico cuando la unidad militar se enfrentó con guerrilleros del 15º Frente de las FARC en el caserío de San Isidro, departamento de Caquetá.

El video es muy interesante desde el punto de vista militar, porque muestra un supuesto “Comando Jungla”, muy especializado, pero que en el desenvolvimiento de su maniobra luce poco profesional.

Ineficacia militar

La otra observación del video es que después del primer tiro, el capitán que habló en forma marcial ante el periodista francés a la salida de la expedición, muy asustado pedía por radio a su coronel apoyo con aviones y helicópteros. Su ineficacia militar fue evidente y su lenguaje grosero y vulgar. Cosas totalmente prohibidas en comunicaciones militares.

Mientras tanto, los guerrilleros avanzaron lentamente cercando al Comando Jungla. Eran objetivos militares invisibles a las ráfagas de los helicópteros.

Cayó muerto el sargento que protegía al reportero francés, seguido por el capitán y dos soldados más. Langlois se dio cuenta que él también podría morir si no se pasaba al otro lado con su brazo herido.

Y así fue. Detrás de Langlois, en otro sector, cayeron muertos en combate otros 15 soldados y más de diez quedaron heridos por el fuego insurgente. La guerrilla respetó la rendición de Langlois y le prestó los primeros auxilios por su herida.

La diferencia guerrillero-soldado

Si la guerrilla posee ahora mísiles antiaéreos, se estaría configurando un factor de desmoralización para las tropas de infantería, que como lo demuestra el video de Langlois, mucho dependen del apoyo aéreo para sus operaciones.

Es exactamente igual como en la guerra de Vietnam en donde la aviación estadounidense lanzaba “alfombras” de bombas con sus aviones B-52 para garantizar el desembarco de sus tropas. Cuando el desequilibrio militar que imponía el dominio del aire fue neutralizado por la cohetería vietnamita, los invasores yanquis se vieron obligados a abandonar el país de Ho Chi Minh.

El sargento que protegía a Langlois confesó en medio de las balas que su familia no estaba de acuerdo que arriesgara su vida por una guerra que no era suya.

Y ahí esta la diferencia entre guerrilleros de todas las edades y soldados a sueldo. Unos saben por qué exponen el pecho y la vida por una causa, por un ideal, mientras los otros lo hacen porque en Colombia el pueblo es víctima del sistema capitalista. Éste condena a millones de seres humanos a la miseria por falta de puestos dignos de trabajo.

Dick Emanuelsson

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Los aviones Supertucan de Brasil de ´Lula´

Lo paradójico en ese tema de los 25 aviones Supertucan es que fue el socialista Ignacio ´Lula´ da Silva, ex presidente de Brasil, que dio el permiso para venderlos al país con el conflicto armado y social más antiguo del continente americano. El costo era 240 millones de dólares que sigue pagando el pueblo colombiano a través de diversas formas de impuestos.

Las bombas de estos aviones brasileños acabaron con las vidas de revolucionarios como Raúl Reyes, Jorge Briceño (el Mono Jojoy) y centenares de guerrilleros víctimas por las bombas de estos aviones. Para los brasileños traficantes de la guerra, los billetes manchados de sangre no hieden.

Notas:
Parte de guerra FARC-EP 28 de septiembre de 2011 Suarez, Cauca
http://youtu.be/z0yFsDy9ynA

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Paraguay: Las buenas intenciones no bastan

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

La recuperación de la flácida democracia iniciada hace cuatro años exige con urgencia un replanteo organizativo y programático de nuevo cuño, cuya aparición está obstaculizando el superficial y autocomplaciente análisis de la novísima coyuntura política nacional que refleja la praxis de las fuerzas progresistas que persisten en su inconsistente discurso de buenos enunciados, que abriga la incapacidad para superar su confusión conceptual.

La ausencia de respuesta y de actores, los casos más penosos se registran en el mundo sindical y en el abanico educacional, está abonando gratuitamente el terreno a los círculos golpistas, enemigos inveterados de todo cambio que impulse el pueblo en las políticas económicas y sociales, además de la cultural, que pretenden socavar incentivando las iras, los odios y el lenguaje obsceno y xenófobo, propio de intolerantes.

La recomposición de las convergencias que hicieron posible el triunfo electoral de abril del 2008, en este momento reclama aún más lucidez política a los dirigentes, porque la mística y la ilusión de entonces desaparecieron, lo cual exige mejor amplitud de miras, menos egoísmo sectario y mayor compromiso verdadero para superar el estancamiento del país, con un millón de compatriotas sumergidos en la extrema pobreza.

Los enemigos del pueblo apuran las medidas del espurio gobierno porque están convencidos de que el rechazo popular irá en aumento a medida que se vea la verdadera naturaleza de su canallesco plan que interrumpió el proceso de cambios, probabilidad que necesita ser alimentada desde las bases y los partidos políticos, las organizaciones campesinas y los movimientos sociales con clara convicción unitaria.

Esa unidad, por encima de los perfiles y diferencias, tiene que estar al servicio del pueblo en su conjunto, montada en un acuerdo que priorice el combate de las desigualdades sociales, enfrentando con valentía y sin componendas el drama de la tenencia delictiva de la tierra, gravando al gran capital financiero especulador-exportador, subvencionando la producción pequeña y mediana, y jerarquizando los salarios inferiores y la seguridad social, entre otras medidas inmediatas.

La rosca golpista, si la ciudadanía se lo permite, hará todo lo contrario, como ya lo dice el usurpador presidente al abrir las puertas al capital transnacional de Monsanto y sus gemelas en el agro-tóxico, que envenenan el ambiente y monopolizan las semillas, y a la Río Tinto Alcam, de tenebrosa trayectoria en varios continentes, que preludian el plan de privatización que perversamente la derecha llama concesión, equivalente a la entrega de los recursos del subsuelo, bajo el manto de la necesaria atracción de capitales foráneos.

Todo ello será posible si continúa ausente una respuesta concreta del mundo progresista, la cual no será posible sin una autocrítica valiente, que asuma responsabilidades y supere la división y confusión entre las cúpulas partidarias del proceso de cambios, miopía que niega la ética y arriesga perder la oportunidad histórica de sumar todas las expresiones de dignidad que atesora el país, de la que algo muestran las fuerzas que están procurando elaborar una plataforma de lucha contra la estrategia corporativa golpista, orquestada por la inteligencia imperial y ejecutada por cipayos locales. Algo muy grave para el país y las naciones vecinas con gobiernos irreverentes ante el imperio.

Frente a ello, la debilidad teórica de los sectores progresistas es preocupante, como ha quedado en evidencia con el malestar que ha generado el reciente amago autocrítico de Miguel López Perito, el Secretario General de la Presidencia hasta el infausto 22 de junio, y Jefe del inoperante Gabinete Social, creado por Lugo.

Docente por vocación y oficio, y uno de los más claros expositores que tiene la nebulosa y raquítica izquierda nacional, López Perito aprendió mucho en estos cuatro años y cosechó más condenas que elogios entre todos los sectores activos del país, y en particular del abanico popular, donde abunda la acusación de haberse alejado, coqueteando con los principales referentes del empresariado, UGP, UIP, ARP, asientos de la derecha política.

Complicada tarea ha sido la suya, y hay que reconocer que en la improvisada gestión de gobierno, no fue de los que salió peor parado, con logros en neutralizar algo las muchas contradicciones internas del heterogéneo primer anillo, indispensable para administrar ese laberinto de intereses e ideologías que generó la malparida alianza.

Hábil para sortear conflictos, el influyente hombre del equipo de Lugo, sin ser luguista por discrepancias y personalismo, cayó en contradicciones cuasi pueriles, pero con ese bagaje está instalado hoy como una figura visible en la política nacional, aunque para sobrevivir al descrédito tenga que sepultar parte del duelo, carga superior que la de otros sólo por la trascendencia del cargo que, contra vientos y mareas, ocupó estos cuatro años.

Qué ha dicho de malo para levantar tanto recelo?, ¿o es que el mismo es producto de las críticas, nunca difundidas al pueblo pero siempre mascadas entre algunos dirigentes, que habría merecido su labor?. El lavar la ropa sucia entrecasa no siempre garantiza limpieza.

Reconocer “la corresponsabilidad por no haber hecho lo suficiente para evitar el quiebre”, ¿acaso no es un interesante aporte autocrítico, en medio del temor a ejercitar tan valioso recurso intelectual?. “El gobierno necesitaba ser querido y defendido por las mayorías sociales”, pero “no fue posible por las decepciones ante las medidas insuficientes o tibias, y los nombramientos de funcionarios sin compromiso”. El pueblo ha sentido eso también.

López Perito admite que “hubo omisión, descuido, indiferencia o mala evaluación” por los conductores del proceso, “con ausencia de disciplina y de equipo de gobierno, falta de interlocución y diálogo con los diferentes sectores sociales, económicos y políticos”, un conjunto de errores que fueron debilitando la confianza de la ciudadanía que, blanco de los consorcios de prensa y sin comunicación eficaz desde el gobierno, fue sintiendo la sensación de que Lugo y su gente no tenían las riendas.

La práctica política requiere muchas cosas, como ideas, convicciones, gestión, emoción y recursos, pero también lógica y sentido común para fortalecer la conciencia de la fuerza que atesora la unidad democrática y progresista, esencial en esta hora de la historia del Paraguay. Lo prioritario es aprender a sumar, sin olvidar restar.

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Argentina: Situación fiscal y conflicto social y político

Julio C. Gambina (FISYP, especial para ARGENPRESS.info)

El centro de la atención sobre la cuestión económica se concentró en la semana en torno al conflicto bonaerense por la decisión del gobernador Daniel Scioli de pago escalonado del medio aguinaldo a los trabajadores estatales, nada menos que 550.000 personas.

No solo apareció el enfrentamiento político con el ejecutivo nacional, sino que la Justicia ordenó el pago inmediato, agravado con la decisión de pagar, ya materializada por parte del poder judicial y legislativo provincial, este último liderado (nada menos) por el vice gobernador de Buenos Aires.

Es evidente el debate político, que bien puede calificar como una crisis en el marco del mismo proyecto, pero devela también dificultades muy concretas con relación a la situación fiscal de las provincias argentinas.

Santa Fe

Hace poco fue noticia el gobernador santafesino, el socialista Antonio Bonfatti, cuando afirmó a fines de Junio pasado que “Estamos rascando la olla porque la Nación no nos paga lo que nos debe”. (1)

Fueron declaraciones en momentos en que se discutía una reforma tributaria, que ahora tiene media sanción con la aprobación del Senado de la Provincia del litoral.

Las expectativas del gobierno provincial eran de recaudar luego de la reforma impositiva, principalmente concentrada en el inmobiliario rural y urbano, unos 1.800 millones de pesos, cifra similar que reclaman a la Nación de deuda de estos últimos años.

Con la corrección realizada por los legisladores que responden al gobierno nacional y por ende son oposición al gobierno socialista, se estima una recaudación extra de unos 800 millones de pesos, algo menos de lo previsto pero a tono con las necesidades inmediatas para hacer frente, especialmente al tema sueldos de los estatales provinciales.

Es para pensar como intervienen las distintas lógicas políticas, puesto que en Buenos Aires, la discusión se da en el marco de la misma identidad partidaria: el PJ y el Frente para la Victoria; mientras que en Santa Fe, un gobierno opositor al proyecto nacional, recibe más comprensión de sus opositores, a la sazón, oficialistas del proyecto nacional.

Pese a ser oposición, el peronismo santafesino otorgó el mecanismo legal para incrementar la recaudación tributaria a un gobernador opositor en el marco nacional.

Córdoba

La provincia de Córdoba salió a buscar deuda por 50 millones de dólares para obra pública, especialmente en autopistas, y terminó la semana pasada aceptando ofertas por 105,5 millones de dólares, a un año de plazo y a una tasa de interés del 9,5%.

De ese modo, optimizó la situación fiscal ante una menor expectativa de crecimiento de la recaudación tributaria para el 2012 (2), lo que permitirá al gobierno provincial hacer frente a los pagos de sueldos y aguinaldos de los estatales.

El camino del endeudamiento “se suma a las emisiones que realizaron la provincia Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo y diciembre pasado”. (3)

La operación cordobesa es festejada por la obtención de una tasa de un dígito, muy elevada en el marco de la situación mundial, que afecta y condiciona seriamente el presupuesto de la Provincia.

La operación de crédito asegura cancelaciones en pesos a los acreedores (inversores), actualizados según la variación del dólar. Es una forma de estimular colocaciones financieras en pesos ante las restricciones a la compra de divisas.

A veces no se sabe a ciencia cierta si se pretende eliminar la especulación financiera, o si el propio oficialismo (provincial en este caso) estimula mecanismos de especulación financiera, tal como difunde la propaganda del gobernador peronista cordobés, José Manuel De la Sota.

Estado, empleo público e impuestos

Los tres estados provinciales más grandes, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, cada uno a su manera y con relatos diferenciados, expresan las dificultades para el financiamiento de su aparato estatal, especialmente en materia de salario.

Las tres provincias tienen la menor relación de empleados públicos con relación a la totalidad de población en las Provincias argentinas. Son distritos donde la proporción de empleo público es menor a la de otros donde el empleo público es el mecanismo que evita mayores tasas de desempleo.

En todas las provincias, y en el Estado nacional se verifica un crecimiento del empleo en la última década, donde un tercio de esa expansión se realizó con diferentes grados de precariedad laboral.

La realidad es que las provincias soportan una institucionalidad regresiva derivada de la descentralización de servicios y personal ocurrida en lo 90´sin que se aseguraran los recursos suficientes.

No solo viene demorada la discusión sobre la coparticipación federal, exigida por la reforma constitucional de 1994, que exigía un nuevo régimen hacia 1996. Ya son 16 años de mora en un debate sustancial que supone debatir el modelo de desarrollo en el país y donde concentrar los recursos tributarios.

Más aún, significa discutir el perfil impositivo del país, que confirma un 30% de recaudación en el regresivo IVA, y donde la innovación recaudadora proviene de las retenciones al comercio exterior, animado por una continua alza de los precios internacionales de exportación, especialmente de la soja, la que ocupa el 50% de la acrecentada cosecha agraria.

Las retenciones explican unos 8.500 millones de dólares de ingresos anuales, de los cuales se coparticipan para obra pública en los municipios un 30%. La cifra expresa un poco más del 30% de lo recaudado por el IVA.

Muchas provincias lanzaron procesos de aumentos de tasas en sus tributos, y algunos procesos de reforma tributaria, especialmente en el inmobiliario rural y urbano, los ingresos brutos y sellos, principales fuentes de recaudación impositiva.

El tema se asocia a la disminución de la recaudación por un menor nivel de actividad económica y una proporción menor en la rendición de la coparticipación federal de impuestos. Adicionalmente, en varias provincias se habilitaron moratorias impositivas que apuntan a mejorar la recaudación, previendo problemas fiscales, especialmente el compromiso mensual en salarios.

Adicionemos que poco y nada se habla de la evasión fiscal, ni en el ámbito nacional ni en las provincias.

Son todas razones que imponen la discusión sobre el régimen tributario, sus beneficiarios y perjudicados; el régimen de coparticipación, tanto como los condicionantes estructurales derivados de la reforma reaccionaria del Estado en los años 90´, y que subsisten sin que se incluyan en ninguna agenda de discusión.

Convengamos que no solo se trata de gestar una discusión sobre el régimen impositivo, sino que se trata de discutir el propio Estado, nacional, provincial o municipal.

En definitiva: ¿Quién financia el Estado? ¿Para qué proyecto y en beneficio de quién?

Notas:
1) Bonfatti: "Estamos rascando la olla para pagar sueldos". Diario La Capital de Rosario, domingo 24 de junio de 2012, en http://www.lacapital.com.ar/politica/Bonfatti-Estamos-rascando-la-olla-para-pagar-sueldos-20120624-0034.html (consultado el 14/07/2012)
2) Córdoba colocó deuda por US$ 105 millones a una tasa del 9,5% anual. En http://www.cadena3.com/contenido/2012/07/13/100065.asp (consultado el 14/07/12)
3) Córdoba colocó deuda pública en dólares por U$S 105,5 millones. Diario La Nación del 12 de julio de 2012, en http://www.lanacion.com.ar/1489912-cordoba-coloco-deuda-publica-en-dolares-por-us-1055-millones (consultado el 14/07/2012)

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Contrastes: Deuda y modelo

Fabiana Arencibia (RED ECO)

Para este año el presupuesto prevé destinar a pagar deuda pública, amortizando capital e intereses, seis veces más de lo destinado a Educación y Cultura y doce veces más que lo destinado a Salud.

Para este año el presupuesto prevé destinar a pagar deuda pública, amortizando capital e intereses, seis veces más de lo destinado a Educación y Cultura y doce veces más que lo destinado a Salud. Diariamente la deuda se lleva 605 millones de pesos, o sea 25 millones por hora, pero sigue creciendo. Mientras, Telecom factura 35.789 pesos por minuto, General Motors 23.148 pesos por minuto y la Barrick, 12 mil pesos cada sesenta segundos. Red Eco) - El último informe publicado por el Ministerio de Economía a través de la Oficina Nacional de Crédito Público, da cuenta del nuevo crecimiento de la deuda pública (interna y externa).

Según estos datos oficiales mostrados hasta el 31 de diciembre de 2011, la deuda bruta nacional expresada en valores nominales alcanzó a casi 179.000 millones de dólares. Comparada con la de diciembre de 2010, también según datos oficiales, creció 5.000 millones de dólares en un año.

Desde el primer trimestre del año pasado ha desaparecido de estos informes la llamada deuda en default (la que no se presentó al canje pero tarde o temprano se tendrá que abonar según negociaciones que están abiertas). El último dato proviene del informe a diciembre de 2010 por poco más de 11.000 millones de dólares. Con lo cual el total de deuda oficialmente calculada totalizaba a fines del año pasado en 190.000 millones de dólares.

En las leyes de presupuesto que se aprueba año a año, los intereses o servicios de deuda van creciendo. En el 2009 se estimaron en $ 24.469 millones, en 2010 fueron de $ 26.536 millones, en 2011 se presupuestaron $ 36.146 millones y para el año corriente el presupuesto prevé el pago en concepto de intereses de $ 44.808 millones de servicios de deuda.

Los propios datos del gobierno (cualquier lector o lectora puede acceder a la página del Ministerio de Economía y allí verificarlos), son los que muestran este incremento. Sin embargo, a pesar de pagar, la deuda pública aumenta año tras año.

Los motivos los hemos explicado en varias notas pero una simple lógica lleva a deducir que si se paga y cada vez se debe más es porque no alcanzan los recursos públicos para cancelar toda la deuda que vence año tras año. Por lo tanto, parte de la misma debe refinanciarse creando una deuda mayor al incluírsele los intereses no abonados. Además la toma de deuda año a año, tiene el agravante que la gran mayoría de ese dinero proviene de fondos que estrictamente no son del Estado (por ejemplo, la Anses). Cada vez que escuchamos hablar de la emisión de bonos o letras, el significado que ello tiene es la generación de nueva deuda a futuro.

Si leemos los datos del informe de diciembre del Ministerio de Economía (Mecon) veremos que en los vencimientos de capital están proyectados hasta el 2089. Entre este año y el próximo estarán venciendo 36.000 millones de dólares; en el período 2014-2019 serán de 55.000 millones de dólares; entre 2020 y 2029 casi 38.000 millones de dólares, y finalmente en 2030-2089 otros 43.000 millones de dólares más. Se aclara en dicho informe que estos vencimientos programados “no incluyen atrasos” lo que significa pagar o renovar deuda o tomar nueva para cancelar vieja.

¿Por que entonces se insiste en que nos “desendeudamos”? Porque desde el discurso del gobierno se compara la deuda con el Producto Bruto Interno. Con esta lógica se concluye que entre 2010 y 2011 la deuda bajó del 45,3 5 del PBI al 42,7% del mismo. Esta relación es, a nuestro entender, engañosa. El PBI esta integrado por todos los bienes y servicios que el país produce en un año, o sea que es un concepto económico. La deuda pública es un concepto financiero. Relacionar uno con otro es como decir que al 31 de diciembre de 2011 Argentina tendría que deshacerse de la mitad de todos producido para cancelar su deuda. Por otra parte, aunque esa relación disminuya, en valor absoluto – tal como lo explicamos - la deuda aumenta.

Veamos la relación de los intereses de deuda presupuestados con los gastos públicos. Según como leamos el presupuesto serán las conclusiones que saquemos.

Si comparamos los intereses con los Gastos Totales (Administración gubernamental, Servicios de defensa y seguridad, Servicios sociales, Servicios económicos), la relación es del 8,9 % . O sea que de cada 100 pesos gastados casi 9 van a pagar intereses.

Pero si los comparamos con uno de los rubros de estos Gastos Totales, el de “Servicios Sociales” presupuestados para 2012 (son $ 303.000 millones destinados a Salud, Asistencia social, Seguridad social, Educación y cultura, Ciencia y técnica, Trabajo, Vivienda y urbanismo, Agua potable y alcantarillados) esta relación aumenta a un 15 %. O sea que por cada 100 pesos destinados a cubrir estos gastos sociales, se destinan 15 para pagar intereses de deuda.

Y si vamos aun más al detalle veremos que para Educación y cultura se asignan partidas presupuestarias por $ 38.478 millones, menos que para pagar intereses. La comparación con lo destinado a Salud es aun peor. Se prevé por presupuesto 2012 $ 17.934 millones por lo tanto la cancelación de solamente los intereses de deuda se llevarán dos veces y media el presupuesto destinado a salud.

Si ambas comparaciones las hacemos con el total de deuda, o sea amortización de capital y pagos de intereses, la relación empeora aun más. Los cerca de $ 221.000 millones de pesos presupuestados para estas cancelaciones de deuda publica representan 6 veces lo destinado a Educación y 12 veces lo destinado a salud.

En estos días se desarrolla el conflicto entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, ambos del mismo signo político (al menos por ahora). El gobernador bonaerense Daniel Scioli asegura no poder pagar los aguinaldos de los empleados públicos y propuso fragmentarlo en cuotas, ante la negativa de Nación de girarle los fondos. Rápidamente llegó la critica de la presidenta a esta medida y le reclamó que aprenda a gestionar. Pero lo que nos interesa destacar -mas allá de este conflicto entre diferentes sectores dentro del kirchnerismo- es lo que trae el economista Julio Gambina en una de sus notas: “al mismo tiempo que se comunicaba la imposibilidad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires para cumplir con el pago a los empleados públicos y a los proveedores, el Directorio del Banco Central de la República Argentina aprobó la afectación de 4.165 millones de dólares de las reservas internacionales para cancelar deuda pública en el tercer trimestre del 2012”

La plata que no se toca

Los recursos previstos para cancelar deuda pública salen de los ingresos presupuestados. Dos son las partidas más importantes de estos los ingresos. Una es la de los Impuestos y otra es la de las Contribuciones a la Seguridad Social.

El mayor tributo es el IVA que, como impuesto al consumo es por lo tanto regresivo porque paga lo mismo el que mas tiene que el que menos tiene.

Respecto a los fondos que recauda el Anses representan casi un 30% del total de ingresos presupuestados. Pero este dinero, como lo hemos dicho, no debería ser parte del presupuesto porque son recursos de los trabajadores jubilados actuales y los futuros. No son recursos fiscales son recursos previsionales recaudados por cuenta de los trabajadores activos y pasivos.

Mientras, el gobierno argentino sigue endeudándonos para, según su argumento, no verse obligado a recortar gastos sociales y poder desplegar medidas anticíclicas que enfrenten no solo la crisis mundial que no cesa sino también el inicio de una etapa recesiva en nuestra economía.

Pero hay quienes no están tan afectados. Según detalla el periodista Carlos Del Frade, en el último número de la revista Mercado figura el ranking de las 1000 empresas que más vendieron durante 2011 y cuyo volumen representa nada menos que el 72,1 por ciento del PBI. Casi las tres cuartas partes de las principales doscientas firmas son de origen extranjero. Dentro de las cuales Telecom factura 35.789 pesos por minuto; General Motors 23.148 pesos por minuto y la Barrick, 12 mil pesos cada sesenta segundos.

En el caso de la General Motors, es parte de uno de los sectores que han obtenido ganancias records en los últimos años. Sin embargo se conoció a principios de este mes que los trabajadores suspendidos en esta rama de la industria serian cerca de 5000. La industria automotriz es de las más concentradas, son una docena de terminales automotrices que monopolizan el mercado, pertenecientes en su totalidad a capitales extranjeros

Como contracara, según datos de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) actualmente existen 8.800.000 (el 53,6 por ciento de la fuerza laboral) que están en situación de precariedad. Sus ingresos promedio no llegan a los $3.000, quiere decir que perciben 100 pesos por día, 4 pesos por hora y 7 centavos cada sesenta segundos. Si seguimos en esta lógica de razonamiento, el 76 por ciento de los jubilados cobran la mínima de 1687 pesos mensuales: 56 pesos por día, 2,33 pesos por hora, menos de 4 centavos por minuto.

Dudas

No preguntamos nuevamente cómo podrá seguir adelante un modelo que se sostiene en base a una economía altamente concentrada y extranjerizada. Un modelo que se financia en una parte importante con mayor endeudamiento. Un modelo que avanza sobre el diseño de una economía basada en el extractivismo. Un modelo para el cual los años de bonanza sirvieron esencialmente al capital concentrado y extranjerizado que acumuló ganancias y se las llevó al exterior. Un modelo que si bien ha otorgado algunos beneficios sociales no ha modificado elementos de la estructura económica ni productiva. Un modelo que se profundizó como agroexportador y que no logró reemplazar las importaciones con un esquema industrial nacional. Un modelo en el que, más allá de las estadísticas oficiales, muestra crecimiento de la pobreza y la desocupación. Donde ha caído el poder adquisitivo por la inflación no reconocida en los índices oficiales y porque los aumentos salariales logrados en paritarias de los trabajadores en blanco se los come, además, la retención de ganancias y el no haber aumentado el tope por el cual muchos trabajadores dejan de percibir las asignaciones familiares. Un modelo donde la tasa de empleo no registrado sigue anclada en casi un 40 %, aumenta los “monotributistas” como forma de trabajo encubierto y el trabajo tercerizado. Un modelo en el que la tasa de ganancia del capital (o sea la rentabilidad sobre el capital invertido) en la década 2002-2010 se muestra superior a la del menemismo/neoliberalismo 1993-2001 (37,2% contra 24,8%).

¿Qué pasará con la deuda contraída con la Anses cuando ese dinero sea necesario para hacer frente al pago de los jubilados? ¿Se seguirá transitando por los caminos del endeudamiento sin que suceda lo mismo que provocó la salida de la convertibilidad a la que se la defendía como permanente e inmejorable?¿ No es acaso el tema del endeudamiento – y no del “desendeudamiento” - otro de los pilares estratégicos en el “modelo” que desde el gobierno se presenta como el mejor que ha tenido nuestro país?.

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“Hay que terminar con el negocio de las ART”

Daniel Klocker (PRENSA RED)

Víctor De Gennaro, diputado nacional por la Unidad Popular (UP) habló en conferencia de prensa sobre el anteproyecto de ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños Laborales y criticó la actual Ley de Riesgos de Trabajo porque beneficia a las ART en detrimento de la salud de los trabajadores.

El diputado nacional por Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP), Víctor De Gennaro, manifestó en conferencia de prensa realizada en el CISPREN que “se debe terminar con el negocio de las ART amparado por una perversa Ley de Riesgos de Trabajo para pasar a debatir nuestro anteproyecto que recupera los valores de la salud y consagra derechos universales de los trabajadores”.

De Gennaro destacó que “este anteproyecto por tratarse de un sistema de Seguridad Social integral, emerge claramente como una alternativa a la vigente Ley 24557 de Sistema de Riesgos de Trabajo que protege el negocio de las ART, como antes pasaba con la AFJP, ambos sistema prohijados en la nefasta década de los `90”.

Recordó que “la Corte Suprema de la Nación falló la inconstitucionalidad de varios articulados de esta Ley, lo cual indica que estamos frente a un gran negocio empresario, mientras tanto anualmente mueren 7000 trabajadores por causas relacionadas con las condiciones y medio ambiente laboral”.

Opinó que “para hacer frente a este negocio de las ART hay una alternativa que es derogar la Ley 24.557 para pasar a un sistema solidario de salud para que el trabajo no nos cueste la vida, como es nuestro lema en la presentación del anteproyecto elaborado por la CTA" .

Señaló que “en eso estamos trabajando ahora junto a otras organizaciones políticas y sindicales para que a más tardar en agosto podamos instalar en el Congreso este debate, que está atrasado, pero mientras tanto se siguen perdiendo vidas por accidentes o enfermedades y además hay ocho millones de trabajadores sin cobertura de salud”.

Denunció que “detrás de la muerte hay un negocio de 12 mil setecientos millones de pesos anuales que manejan las ART, y a esto lo pueden hacer porque las aseguradoras están amparadas por la actual Ley de Riesgos de Trabajo”.

De Gennaro recordó que a “este anteproyecto de ley lo venimos impulsando desde la CTA, hoy mucho más perfeccionado, como que contempla la participación directa de los trabajadores en cuanto a la elección democrática de delegados de prevención en todos los espacios de trabajo, con fuero sindical, por supuesto.”

Subrayó que "esto terminaría con la política que tiene el gobierno de no permitir delegados en los lugares de trabajo porque hay en muchos sectores que no se dejan elegir delegados o no se reconoce a los sindicatos, como por ejemplo hace acá en Córdoba el gobernador José Manuel de la Sota con ATE porque evidentemente no quiere que los trabajadores estatales estén organizados y representados”.

Denunció que “el Estado defiende el negocio de la ART y cuando interviene lo hace para beneficiar a grandes grupos económicos, no para defender al trabajador, entonces nosotros debemos pasar a la ofensiva movilizándonos porque está visto, que sin movilización afuera no hay debate adentro de un Parlamento donde se discuten proyectos que vienen envasados de la Casa Rosada”.
El secretario General del Cispren, Carlos Valduvino, agradeció la presencia de Víctor De Gennaro y en el cierre de la reunión de prensa manifestó que “el gremio banca este proyecto porque pone como eje central al trabajador y a la vida por sobre la muerte, dejando de lado el gran negocio que hoy en día es la salud para las ART y un calvario para la obras sociales solidarias cuando las aseguradoras no se quieren hacer cargo de los accidentes de los trabajadores, y deben ir a la Justicia”.

En la conferencia de prensa, Víctor De Gennaro, estuvo acompañado por Jorge Yabkowski, Secretario de Salud Laboral de la Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA y Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud Argentina (FESPROSA), Eduardo Ahamendaburu, presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA) y el anfitrión, el Secretario General del Cispren, Carlos Valduvino.

También asistieron el secretario de Relaciones Institucionales de le CTA nacional, Juan Carlos Giuliani, y los secretarios Generales de la CTA-Cordoba, Oscar Mengarelli, de Capital, Guido Dreizik y de San Francisco, Antonio Muratore, como así también la Secretaria General de ATE.-Córdoba, María Teresa Romero, entre otros dirigentes sindicales.

En horas de la tarde, Víctor De Gennaro presentó el Anteproyecto de Ley en la Sala “Regino Maders” de la Legislatura de Córdoba, donde también se refirieron al tema Jorge Yabkowski, Eduardo Ahamendaburu y Eugenio Biafore. asesor letrado de CTA-Córdoba y del Cispren.

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Argentina: Accesibilidad universal del medicamento

Jorge Rachid (AGENCIA WALSH)

Nuestro país, pionero en Latinoamérica en la producción de medicamentos desde mediados del siglo pasado de la mano del Dr. Carrillo y la empresa estatal EMESTA, que aunque devastadas en el golpe de estado del 55, dejó una estela de conocimientos y manejo en investigación y desarrollo que llevó a la Argentina a producir materia prima, que después las lógicas neoliberales, planteando el escaso mercado al no adquirir proyección latinoamericana, fueron boicoteando bajo la muletilla del "compre hecho" de las mentalidades coloniales que siempre anidaron en el país.

Hoy, en este proceso iniciado en 2003, se han conseguido avances en ir definiendo una política de medicamentos, primero con la Ley de genéricos parcialmente cumplimentada, una Ley de PPM N * 26.688, aún no reglamentada pese al tiempo transcurrido desde su promulgación por parte del ejecutivo nacional. A esto debemos agregar el decreto Ley de trazabilidad, además de la Ley que impide la venta libre de medicamentos, (siendo CABA el único distrito que no adhirió a la misma y vetó la Ley aprobada en su propia legislatura la ley PPM.) y la puesta en marcha del Laboratorio Conjunto de las FFAA, son signos alentadores. Pese a la acción silenciosa y constante de un sistema de intereses que articulan Laboratorios nacionales y multinacionales, con medios de comunicación masivos, la PPM fue avanzando con dificultades, siendo incorporada la RELAP ( red nacional de laboratorios públicos) al Ministerio de Salud aunque hasta ahora con fines estadísticos y de provisión del Plan Remediar, lo cual no es poco con respecto a la situación anterior de anomia absoluta, en especial tomando en cuenta la crisis del 2001, que como hoy Europa, la primera línea del desabastecimiento son los medicamentos, con el impacto social que eso significa en población enferma y su núcleo familiar. Sin embargo en el largo camino de recuperar soberanía en salud, tenemos que recorrer el afianzamiento de la producción pública de medicamentos y la elaboración de una política de medicamentos que nos evite ser rehenes de sectores del lucro, en especial conociendo el despilfarro en los recursos de las salud que fluyen generosamente a los Laboratorios productores, cuyas cadenas de valor en el producto final no tiene parangón en ningún otro segmento de la industria, llegando a valores del 10.000% incluso en productos importados, no producidos en el país. Ese mecanismo ha roto la necesaria cadena de accesibilidad universal al medicamento, que es un bien social, no un producto de Mercado y que debe garantizar la preservación del Derecho Humano a la salud. Los 36 laboratorios nacionales, provinciales, municipales y universitarios que existen en el país han realizado esfuerzos en soledad para abastecer la población en épocas de crisis y de vacas flacas.

(...)Los laboratorios públicos junto al ANMAT, en la elaboración de una política comprendida en un Plan nacional de salud, por etapas, que preserve los sistemas de atención solidarios, fortaleciendo cada uno de ellos de diferentes maneras, pero la primera sin dudas es una racionalización del gasto del medicamento a través de la compra centralizada por parte del estado, a través de los laboratorios públicos y la RELAP de los medicamentos de alto costo y baja incidencia, la provisión sistemática al mapa de enfermos crónicos por parte de la PPM en hospitales, obras sociales provinciales y gremiales además del PAMI. Sólo esta política puede implicar un ahorro en el gasto total de salud de alrededor de 4 mil millones de dólares al año, sin dejar por supuesto de dar prestaciones, sino garantizándolas con esfuerzo propio. Además debemos dejar de lado la entrada automática de medicamentos aprobados por la FDA (EEUU), la UE (unión europea), Japón e Israel, siendo en el futuro aprobados dichos medicamentos por la autoridad de aplicación nacional. Eso es recuperar soberanía, ya que muchos medicamentos entran con escasos ensayos clínicos, convirtiendo a los argentinos en "conejitos de indias" de los grandes laboratorios, como se comprobó hace poco en ambiente hospitalarios con niños y adultos pobres y analfabetos que habían firmado el "consentimiento" a los ensayos clínicos a doble ciego.

(...)Hace casi 5 años creamos un grupo de trabajadores de la salud, soñadores, la RELAP , después incorporada al Ministerio, pero sin definir una política de medicamentos que transforme la PPM en empresa testigo de precios ante las licitaciones, en la herramienta para comenzar a producir materia prima para Latinoamérica y sus 400 millones de compatriotas continentales, centralizando de las compras al exterior de los medicamentos de alto costo y baja incidencia, insumos médicos, siendo generadora de empleos genuinos y de investigadores científicos acoplados a las ciencias aplicadas y diseños estratégicos de país. Pero sin política todo puede quedar sólo en el esfuerzo de los héroes anónimos de todos los días, que producen medicamentos, de la misma calidad que los privados, con las mismas normas, con las "buenas prácticas farmacéuticas", volcando el esfuerzo en la salud de nuestro pueblo garantizando la accesibilidad. (...)

Jorge Rachid es médico.

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Puntos a favor y en contra de Moyano, en contraste con los "Gordos"

Emilio Marín (LA ARENA)

Se concretó el Congreso de la CGT que reeligió a Hugo Moyano. Sus adversarios, apadrinados por Trabajo, harán el propio en octubre. Sin endiosar al camionero, tampoco hay que analizarlo con prejuicios gorilas.

Contradicciones de la vida sindical: Hugo Moyano es hincha de Independiente -las malas lenguas dicen que la barra brava está con él-, pero el Congreso de la CGT se hizo en Ferro.

El 54,6 por ciento de los delegados, del padrón general que incluía a los sindicatos antimoyanistas, lo votó para secretario general de la CGT. Lo ungieron 1.009 delegados, por primera vez mediante el voto secreto e individual, una mejoría en los métodos que aún no convierten a la central en un modelo de democracia. Debe remarcarse ese pequeño paso democrático en un sindicalismo acostumbrado a las roscas y aparatos, y a dirimir las diferencias con trompadas y algo más.

El Congreso no estuvo avalado por el ministerio de Trabajo. Los "Gordos" abrieron un expediente denunciando que se había violado supuestamente el quórum en el Consejo Directivo del 24 de abril que convocó al Comité Central Confederal.

Y el ministro Carlos Tomada, poniendo cara de inocente, resolvió en el exacto sentido que pedían los opositores. Rápidos, éstos desconocieron el Congreso y convocaron al suyo para el 3 de octubre, no sin antes sacarse algunas fotos con Cristina Fernández y Débora Giorgi.

Antes de la votación en Ferro, la reunión aceptó la incorporación de

47 gremios. La sumatoria tenía que ver con contrarrestar el éxodo de ex aliados, pero también el costado positivo neto de que otros sindicatos pasaban a tener voz y voto en la central. Esa ampliación no resolverá mágicamente el contenido de los programas y acciones de la CGT, pero suma un factor positivo. Podría reflejar que la tasa de afiliación de los trabajadores empieza a remontar el 35 por ciento del total de empleados, cota que hasta ahora se mantuvo casi inamovible.

La ruptura se llevó a los gremios industriales más significativos, como UOM, SMATA, Construcción, Alimentación, etc. y a otros de servicios de mucho peso como Luz y Fuerza, Unión Ferroviaria, UTA, Comercio, UPCN, Sanidad, taxistas, etc.

Si el Congreso a realizarse en octubre por esos "Gordos" consagra una orientación más apaciguadora de los reclamos hacia el gobierno y los empresarios, entonces éstos habrán salido favorecidos. ¿En qué sentido? Suena inverosímil que una CGT conducida por Antonio Caló-Ricardo Pignanelli, de UOM y SMATA, le hagan un paro a Techint y Acindar, o a Ford y General Motors. En esa nueva central, Andrés Rodríguez (UPCN) tampoco parará contra las autoridades del Estado, aunque Trabajo tenga 3.000 empleados en negro como denunció Moyano.

Vivito y coleando

Si bien la salida de "Gordos", "Independientes" y "No alineados" restó masa crítica a Camioneros, no le quitó entidad. Permanecieron 80 sindicatos, entre ellos el que conduce él y su hijo Pablo, más Bancarios, Municipales, UATRE, Dragado, Canillitas, Judiciales, Panaderos, Peaje, Pilotos Aéreos y otros.

Además de "porotos" gremiales, hay que contar que al lado del secretario reelecto estuvo Héctor Recalde, quien en 2010 presentó el proyecto para que las empresas repartieran entre su personal el 10 por ciento de las ganancias. El mismo fue sepultado por Cristina. Lo de Recalde es original: en lo gremial quedó alineado con Moyano y en lo parlamentario se reporta a la presidenta. Eso se llama personalidad y análisis crítico, inusual en los del "Sí fácil" con el Camionero o con la jefa de Estado.

Aún debilitado, el "Negro", como le dicen propios y extraños, mantiene capacidad de movilización y negociación. El acto con 50.000 personas en Plaza de Mayo el 27 de junio -a pesar de toda la campaña del gobierno en su contra-, y el Congreso de Ferro, demuestran que está vivito y coleando. Enojada con él, la prensa "progre" con alguna reminiscencia gorila (Página/12 y "678"), lo describe con estertores próximos a su desaparición político-gremial.

En Ferro, el orador reclamó cosas propias del movimiento obrero. La actualización de las jubilaciones mínimas, el aumento del mínimo no imponible, la universalización de las asignaciones familiares, el pago de la deuda estatal con las obras sociales y el combate contra la inflación, son cuestiones compartidas por el universo laboral, mucho más allá de Azopardo 802.

El mensaje directo a Cristina fue que una parte de su 54 por ciento vino de los trabajadores y, si no se atienden los reclamos, habrá menos votos en las legislativas de 2013.

Con Camioneros y otros 79 gremios que lo consagraron en Ferro, aquellas advertencias no deberían ser ignoradas. El camionero tiene poder de fuego. Y más en un contexto de ralentización de la economía local y pérdida de salarios vía inflación o ajuste derivado de influencia en Argentina de la crisis del capitalismo global. En esas condiciones, empujarlo a Moyano a la oposición parece poco realista y, en cierto modo, injusto. Esto último por dos razones: 1) lo que pide es razonable, y 2) hasta 2011 ayudó a la consolidación del modelo dizque "nacional y popular".

El destrato de CFK a la CGT puede ser un factor que alimente artificialmente un conflicto social que tiene motivos propios para mantenerse encendido. Aquello echará más leña al fuego...

Contras del Camionero

Hay definiciones de Moyano que son erróneas y otras que pueden llevarlo en el futuro a decisiones políticas aún peores.

Ya en su discurso de Plaza de Mayo dijo que la economía había ido bien por la "coyuntura internacional" (léase "viento de cola"), quitando todo mérito a las medidas de Cristina. Ahora en Ferro se metió en disquisiciones sobre la "inseguridad" en sintonía fina con el sciolismo y el macrismo.

Con ese marco discursivo, se desprende que si concreta cien por ciento su ruptura con el Frente para la Victoria, no será para abrir paso a un experimento laborista a lo Cipriano Reyes ni menos aún a uno onda Partido de los Trabajadores de Brasil, a lo Lula. Eso no es imposible en Argentina y tendría un sentido muy favorable a la clase trabajadora, pero no está en la agenda moyanista, al menos en el futuro cercano.

Por lo tanto, una futura ruptura con el cristinismo terminaría con la CGT confluyendo con el PJ derechoso encarnado por Scioli.

Esa perspectiva política y electoral puede explicar ciertos aliados que el Camionero cultiva en la CGT, caso de Gerónimo Venegas (UATRE), tropilla de la Sociedad Rural y corresponsable del trabajo en negro rural.

Las alianzas políticas del Camionero, a futuro, son entre inciertas y negativas. Es que los errores del gobierno cristinista deberían ser superados por una etapa más popular y democrática, y no por el peronismo tradicional y conservador cobijado por el proyecto Scioli.

Esas y otras objeciones que pueden hacerse a Moyano son válidas, pero sería conveniente respetar ciertos criterios lógicos.

En primer lugar, hay una condición ética a respetar. Si la crítica la hace el gobierno nacional, estaría bueno que reconozca que fue su sostén gremial durante casi diez años. Si no se repetiría la fábula de Repsol, que fue una bella aliada K durante años y sólo al final se convirtió en la "mala de la película".

En segundo término, al cuestionar al Camionero es imprescindible compararlo con los "Gordos", porque las evaluaciones en el aire, además de abstractas suelen ser equivocadas. Con todas las contras del reelecto secretario general de la CGT, para los trabajadores es preferible largamente frente a sus rivales. Armando Cavalieri, Oscar Lescano, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Rodolfo Daer y sus candidatos Caló y Pignanelli son la expresión más concentrada del sindicalismo empresario y del colaboracionismo más corrupto con los peores gobiernos.

Finalmente, a la hora de evaluar a Moyano, como a cualquier otro dirigente, hay que ceñirse a los hechos y no inventar prontuarios.

Desde medios afines al gobierno se lo acusó de ser "de la Triple A que asesinaba zurdos". En 1974 el acusado tenía 30 años y militaba en la Juventud Sindical Peronista, rama organizada por el general Perón y la burocracia gremial para contrarrestar a la combativa JTP, ligada a la "Tendencia". Pero no hay pruebas que de esa pertenencia burocrática haya degenerado en un pistolero de la Triple A. Son dos cosas diferentes. Un peronista derechoso no es necesariamente un asesino lopezrreguista. Salvando las grandes diferencias, una confusión similar creaba el fascismo, para el cual ser un abogado de presos políticos o un delegado gremial combativo era sinónimo de guerrillero del ERP o Montoneros.

Quienes aseguran que Moyano fue de la Triple A no lo denunciaron ante el juez Norberto Oyarbide, quien en 2007 reabrió esa causa. Si están tan seguros, ¿por qué "678" o La Cámpora no lo denunció?

El camionero tiene reales defectos. Hay que marcarlos y diferenciarse, pero sin caer en desviaciones gorilas, propias de los que nunca entendieron al peronismo, un fenómeno popular y muy contradictorio como pocos.

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El resto es publicidad

Julián Axat (APE)

A.D tiene 13 años y está perdido en algún lugar desde hace una semana. Se fue por una ventana del Hospital de Niños donde estaba internado, luego de que la Secretaría de Niñez y el Ministerio de Salud de la Provincia fueran obligados por la justicia a sacarlo de una celda de aislamiento terapéutico, dopado y postrado como animal desnudo sobre un colchón de goma, sin calefacción, y con una frazada.

Cuando hace varias semanas su mamá Romina me vino a ver a la defensoría, estaba desesperada. Ella intuía que algo andaba mal, que tanto la justicia de familia y los funcionarios de niñez no le decían la verdad, cuando pidió llorando que la ayudaran con la adicción de su hijo. Entonces vino la internación y la separación de su mamá en un lugar lejano, donde ella ya no lo podía visitar. Ante la demanda de Romina y a pedido mío, el defensor de Junín visita el lugar donde estaba internado A.D y me remite las fotos, con informe de situación. Romina entendió una vez más que la habían engañado (con anterioridad habian llevado a su hijo a un buzón de comisaría, o se esfumaron en la promesa de acompañamientos terapéuticos que nunca llegaron). De inmediato interpuse un amparo para sacar a A.D y mejorar la internación en un lugar adecuado. En la audiencia la Provincia reconoció su error, y trasladó a A.D al Hospital de Niños de La Plata hasta encontrar la mejor solución. Lo hizo en una cama del servicio de infectología, cuando se trataba de un caso de adicción. Como la solución definitiva nunca llegó, A.D se cansó de esperar. La justicia intimó para que llegue la respuesta, y nada. Una semana después, A.D se fue por la ventana. Romina sigue desesperada. Los funcionarios del Poder Ejecutivo salen a hacer anuncios rimbombantes para despegarse: http://blog1.ms.gba.gov.ar/prensa/?p=16240. Vuelvo al principio: A.D tiene 13 años y está perdido en algún lugar… William Shakespeare en Hamlet cierra la obra diciendo: “¿Y el resto?, el resto es silencio”. En la Provincia de Buenos Aires, el resto es pura publicidad.

Julián Axat es Defensor Oficial de jóvenes de La Plata.

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