miércoles, 25 de julio de 2012

Eric Toussaint: «Grecia podría abrir el camino a Europa para dejar atrás la larga noche neoliberal»

Despina Papageorgiou (CRASH)

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«Todas las deudas acumuladas debidas al Memorándum son ilegítimas»

«Apoyaremos todos vuestros esfuerzos»

En 2007, en Quito, un grupo de expertos se quedaron sin habla al entrar en sus habitaciones del hotel: cajas enteras de documentos del ministerio de Economía, correspondientes al periodo anterior a la presidencia de Rafael Correa habían simplemente desaparecido. Estos expertos eran miembros de la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de Ecuador (CAIC) creado por el presidente Correa. El Comité estaba formado por doce expertos de Ecuador y seis provenientes del extranjero. El politólogo e historiador belga Eric Toussaint era uno de ellos. Hoy, en la entrevista ofrecida a la revista Crash, nos describe cómo el mito de David contra Goliat se materializó una vez más en Ecuador, a pesar de las esperadas dificultades. Después de 14 meses de trabajo intensivo, la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de Ecuador produjo sus primeros resultados, declarando que una gran parte de la deuda era ilegítima. Sobre esta base, el gobierno ecuatoriano suspendió el pago de los títulos de la deuda que vencían en 2012 y en 2030. Además consiguió que los acreedores revendieran esos títulos a un 35 % de su valor original. A Washington le dio un ataque…

Una década antes, Ecuador era descrito como «república bananera». Ahora, según el diario británico The Guardian, podría ser el «lugar más radical y más entusiasta donde vivir». Hay más ventajas sociales, los pobres reciben subsidios y la sanidad es totalmente gratuita. Los gastos públicos también aumentaron. El porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza disminuyó del 37,6 % en 2006 al 28,6 % en 2011.

Eric Toussaint es profesor en la Universidad de Lieja (Bélgica), fundador y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM, www.cadtm.org) y autor de numerosos libros. Trabajó en forma voluntaria para la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de Ecuador. Tiene los conocimientos y experiencia para asegurar que existe una alternativa, siempre que haya voluntad política.

Eric Toussaint es categórico cuando afirma a Crash que la deuda causada por el Memorándum no es sólo ilegítima sino también odiosa. También expresó públicamente, a través de nuestra revista, su sostén personal y el de su organización con respecto a cualquier esfuerzo que haga Grecia para conseguir una comisión de auditoría de la deuda. «Es más fácil para vosotros analizar vuestra deuda que lo que fue el análisis de la deuda ecuatoriana» nos dijo, «Por lo tanto, ¡hacedlo!»

¿El nuevo gobierno griego, salido de las elecciones del 17 de junio, escuchará el llamamiento del profesor? Un gobierno anterior hizo oídos sordos a otra advertencia. «¡Habíamos prevenido a Georges Papandreu a su debido tiempo! Antes de que Grecia se sometiera al FMI, el ex primer ministro había pedido consejo a Rafael Correa —debido a su propia experiencia— sobre la forma de tratar el problema de la deuda», contó el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, en un discurso en Quito en febrero de 2012 (citado por Leonidas Vatikiotis). «El primer ministro griego hablaba mucho», continuó Patiño, «y Correa le dijo “Prestad atención, hay algo que no debéis hacer y algo que absolutamente debéis hacer con el fin de no pagar la deuda: no debéis acudir al FMI. Y debéis crear un comité de auditoría de la deuda.” Luego, Papandreu hizo exactamente lo contrario.»

Mi conversación con Eric Toussaint comenzó por la cuestión de las elecciones griegas. Hice la observación de que la propuesta de la constitución de una comisión de auditoría de la deuda griega había aparecido de nuevo durante el periodo electoral. Dado el hecho sintomático de que la propuesta había sido rechazada por los dos partidos que presidieron Grecia durante décadas, le pregunté:

¿Por qué piensa usted que ellos no quieren analizar la deuda y por qué sabotean todos los esfuerzos para su anulación?
Está claro que ni el PASOK ni Nueva Democracia están interesados en apoyar una auditoría, ya que su responsabilidad en la deuda de este país saldría a la luz. Son enormemente responsables de la deuda que se generó durante los años 1990 y 2000, así como de la nueva deuda producida por el memorádum. Para mí, ésta es una deuda ilegítima.

Es conveniente mencionar que la deuda odiosa es una deuda que:
a) ha sido contraída sin el consentimiento de la nación,
b) que el dinero así habido no sirvió a los intereses de la nación
c) que el prestamista conocía los hechos enunciados anteriormente.
El concepto de deuda odiosa se le atribuye al profesor de derecho, Alexander Sack1.

¿Cómo explica usted que la deuda es ilegítima?
Quizás deberíamos comenzar por la nueva deuda, desde mayo de 2010 hasta ahora. Las reglas fijadas por la Troica son una violación de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos griegos, ilustrada por una reducción de salarios, de pensiones, por la violación de los derechos fundamentales del pueblo griego. Por ejemplo, el primer Memorándum no fue examinado en su totalidad por el parlamento griego, ni realmente debatido: el procedimiento no fue democrático. La Troica dijo «Deben aceptar. Si no aceptan las reglas no recibirán la ayuda.» Lo que demuestra el menosprecio total del principio democrático de un país soberano. Por consiguiente, para mí, esta nueva deuda que en 2013 representará la mayor parte de la deuda pública exterior griega es ilegítima y debe ser anulada.

Debemos analizar también la deuda desde 1990 hasta 2010, deuda ligada a la preparación de los Juegos Olímpicos, y también la deuda originada por el acceso de Grecia a la zona euro. Una gran parte del dinero provenía de bancos alemanes, franceses y otros bancos privados de los principales países de la UE. Es evidente que gran parte de este dinero entró a Grecia bajo la forma de deuda privada o pública. Los bancos privados de Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo concedieron esos préstamos, puesto que así obtenían un gran beneficio. Además sabían que si ocurría algún problema, estarían cubiertos por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, podemos discutir e interrogarnos sobre la legitimidad de este tipo de préstamo.

En efecto, los bancos fueron reflotados por el BCE al 1 % de interés…
El BCE concedió préstamos (en diciembre de 2011 y febrero de 2012) por un monto de 1 billón de euros ( 1 000 000 000 000 €) con un interés del 1 % a tres años para ayudar a los bancos europeos. Los grandes bancos de Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y también los bancos griegos, españoles e italianos aprovecharon ese dinero.

Y ahora los países toman préstamos a esos mismos bancos con tipos de interés más elevados…
Reciben el dinero al 1 % y luego, con ese mismo dinero, conceden préstamos a los países periféricos con tipos de interés del 5, 6 o 7, hasta 9 %. En derecho comercial, cuando se financian esos préstamos por intermedio de créditos acordados al 1 %, se está contraviniendo el derecho comercial. Esos prestamistas se enriquecen en forma abusiva.

Por consiguiente, ¿la deuda es sólo una herramienta utilizada por la elite financiera y política para tratar con arrogancia a la población, controlarla e imponerle ciertas políticas?
Es evidente que la Troica utiliza la deuda griega como un instrumento, como una herramienta, para imponer una política que viola los derechos elementales del pueblo griego. Se instrumentaliza a Grecia para chantajear a otros países como Portugal, Irlanda, Italia o España e imponerles el mismo tipo de política. Grecia no es una excepción. Grecia es un laboratorio donde se aplica la nueva terapia de choque.

Lo que lleva a la siguiente pregunta: En uno de sus recientes artículos, usted escribió: «Europa está sufriendo una terapia de choque como la que sufrió América Latina en los años ochenta y noventa del siglo pasado. ¿Piensa usted que también Europa ha entrado en una «larga noche neoliberal»?
Por supuesto. El paralelismo salta a la vista. En los años ochenta y noventa, el FMI, así como el Banco Mundial y el Club de París, impusieron una terapia a los pueblos de América Latina, así como a otros pueblos del Tercer Mundo, en Asia —por ejemplo en Indonesia, Filipinas y Corea del Sur— después de la crisis asiática de 1997. Por lo tanto, no fue sólo América Latina, si no todas las regiones del Tercer Mundo. Podríamos hacer una comparación con la terapia de choque aplicada a Rusia, Polonia, Hungría y Alemania del Este durante su periodo de reunificación en los años noventa. Entonces, ¿cuáles son esas políticas? La privatización, como es el caso de Grecia en este momento, el aumento del IVA, los impuestos indirectos sobre la mayoría de la población, los despidos en la función pública, una reducción de salarios, etc.

La clásica receta del FMI…
Exactamente. Lo que están haciendo en Grecia ya lo implantaron hace 20 o 30 años en los países latinoamericanos, asiáticos, africanos y del ex bloque soviético.

Y los resultados son evidentes…
Eso fracasó porque no creó ni crecimiento ni empleo. Pero la verdadera motivación no es el crecimiento de la economía, la motivación real para el FMI y los otros elementos de la Troica —el BCE y la Comisión Europea—es no proveer crecimiento. Saben perfectamente que Grecia, con este tipo de política, no recuperará jamás su economía. Y lo saben muy bien. No son estúpidos. Son inteligentes. Y por ello se sirven de la crisis de forma estratégica para reducir salarios y el nivel de vida de la población, porque quieren un país y un mundo donde sólo aumente el beneficio de las grandes empresas. Esa es la verdadera motivación. Quieren ayudar y reforzar las grandes sociedades financieras como Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan y todos los grandes bancos privados de Europa y Estados Unidos.

Alguien como Joseph Stiglitz, que no es un economista de izquierda pero laureado con el premio Nóbel en 2001, escribía en su libro «El Malestar en la Globalización» que si se analiza superficialmente las políticas del FMI, éstas podrían parecer absurdas y destinadas al fracaso, pero si consideráis que el FMI sostiene y defiende los intereses del capital financiero, os daréis cuenta de que sus políticas son realmente coherentes e inteligentes.

Y tratan de persuadir a Grecia de que es la única forma de actuar, pero, como usted lo sabe muy bien, tenemos ejemplos de países que anularon parte de su deuda ilegítima. Un ejemplo es por cierto Ecuador donde usted participó en la Comisión de Auditoría de la Deuda. ¿Podría relatarnos brevemente qué evolución tuvo ese proceso, y cómo se obtuvieron esos resultados?
En primer lugar debemos decir que fue un éxito total y sin represalias. Y esto es lo que hizo el pueblo ecuatoriano: eligió un nuevo presidente en noviembre de 2006, quien, por decreto presidencial, creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la deuda en el periodo 1976 - 2006. El presidente eligió 18 expertos, 12 de Ecuador y 6 provenientes del extranjero. Fui una de esas seis personas. También pidió a 4 órganos del Estado formar parte de esa Comisión: la Comisión Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas (la Contraloría), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas.

Por lo tanto, el gobierno apoyó totalmente ese proceso.
Trabajamos durante 14 meses, y al final de ese periodo, en septiembre de 2008, presentamos nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones al gobierno durante una reunión con el presidente y sus ministros. Después de dos meses de deliberación, el gobierno decidió suspender el pago de la deuda bajo la forma de títulos (los que vencían en 2012 y 2030).

Es asombroso, sólo fueron necesarios 16 meses, 14 para el trabajo de auditoría y dos más para que el gobierno actuara…
Fueron necesarios 14 meses para analizar y dos meses para discutir en el seno del gobierno sobre lo que se debía hacer. Mantuvimos varias reuniones con el gobierno en el transcurso de esos 14 meses y después, pero fue el gobierno el que tomó la decisión final de suspender el pago de los títulos. Después de ocho meses de no pago, consiguieron forzar a los tenedores de esos títulos a aceptar una reducción del 65 % de su valor. El Estado, Ecuador, compró obligaciones a precio reducido. Por una obligación con un valor de 1.000 dólares, el Estado ecuatoriano pagó 350 dólares.

Pero supongo que ustedes [los miembros de la Comisión] habrán tenido que enfrentarse a dificultades. Quiero decir, ustedes se alzaron contra los acreedores internacionales, los bancos, el sistema. En un artículo se informó que cajas con documentos del Ministerio de Economía habían desaparecido de sus habitaciones.
Evidentemente, cuando estábamos trabajando, las personas, que habían estado en el poder antes de la elección del nuevo presidente y que habían sido sobornadas o que habían firmado contratos ilegales que contribuían al endeudamiento del país, no quisieron darnos toda la documentación que necesitábamos para nuestro trabajo. Bajo algunos aspectos fue difícil, pero finalmente tuvimos toda la documentación necesaria.

En el caso de Grecia pienso que, en cierto sentido, será más fácil porque hay más información disponible. Por ejemplo no existe ningún secreto sobre las condiciones impuestas por la Troica. Podemos analizar directamente lo que la Troica hizo con Grecia en estos dos últimos años. Por consiguiente, no necesitamos realmente acceder a secretos de Estado.

La deuda de Ecuador pasó de 1.200 millones de dólares en 1970 a 142.500 millones de dólares en 2006. Era más pequeña que la deuda griega. Por lo tanto pregunté a Eric Toussaint:

Dado que Grecia está en la zona euro y que su deuda es superior a la de Ecuador, ¿piensa usted que sería más difícil para Grecia borrar la parte ilegal de su deuda?
Creo que es más fácil de analizar la deuda griega que aquella de Ecuador, porque esta última era más complicada y concernía a muchísimos más contratos que en el caso griego. En el caso ecuatoriano tuvimos que analizar uno por uno los contratos del país con el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, con los países miembros del Club de París, y también la deuda (títulos) con los mercados.

En el caso de Grecia, la mayor parte de la deuda estará pronto bajo forma de títulos comprados por la Troica o préstamos concedidos por la misma. Por lo tanto, pienso que es más fácil. La deuda ecuatoriana podía ser relativamente menor, pero había más de 100 contratos. En consecuencia, el análisis fue difícil.

Recuerdo la declaración del gobierno de Correa a través del ministro de Finanzas Ricardo Patiño —y el gobierno respetó esa declaración—: «Nosotros no aceptaremos lo que otros gobiernos han aceptado. Esto es válido para nuestra política económica dictada por el FMI. Consideramos que es inaceptable». ¿Los griegos osarán hacer lo mismo? pregunté a Eric Toussaint:

El pueblo teme que si se anula la deuda ilegítima, podría haber represalias en los mercados y que se llegaría a no poder comer. En el caso de Ecuador, no hubo represalias. ¿Hay posibilidades de que haya represalias en el caso griego?
Debemos ser claros. Dije que no hubo represalias pero debemos recordar que, desde aquel momento, Ecuador no acude más a los mercados para financiar sus políticas. No hubo represalias pero es evidente que si alguien suspende el pago de la deuda a los bancos privados, habrá que esperar algunos años antes de que los bancos acepten financiarlo de nuevo.

Grecia, en las condiciones actuales, debería encontrar métodos alternativos de financiación de sus políticas y de su desarrollo. Debería combinar una suspensión de pago de la deuda con una auditoría de la misma y una reforma de su política fiscal. El país debería elaborar una política fiscal que respetara la regla de la igualdad. Debo mencionar, por ejemplo, que en Grecia, la Iglesia, así como el sector del transporte marítimo, están ampliamente exentos del pago de impuestos. Todas las instituciones y sectores del país deberían contribuir a la fiscalidad.

Se tiene que establecer un presupuesto fundamentado no sólo en el dinero proveniente del extranjero sino también del interior del país. Y, por supuesto, no quiero decir que se imponga más IVA a los pobres. Digo simplemente que los sectores que no contribuyen al presupuesto deberían hacerlo.

Durante ese tiempo, ¿el pueblo griego estaría en condiciones de sobrevivir?
La respuesta me deja sin habla:
¡Si dejáis de pagar, tendréis dinero! Si no utilizáis el dinero para pagar a los bancos, podríais utilizarlo para pagar salarios, aumentar las pensiones, pagar a los funcionarios, crear empleos, estimular la economía. Es exactamente lo que hizo Argentina cuando dejó de pagar su deuda en 2001. Desde entonces, no volvieron a pedir financiación a los bancos extranjeros privados ni a los mercados. Y Argentina va muy bien. Lo que hicieron Ecuador y Argentina fue poner impuestos mucho mayores a las grandes empresas. E insisto: esto no significa que Grecia debería pedir a la mayoría de la gente, a los pobres, a que paguen más impuestos. Son las grandes sociedades privadas las que deberían contribuir.

Es revelador que, a pesar de que Ecuador es un país exportador de petróleo, había recibido siempre pequeños ingresos de sus exportaciones, ya que las compañías petroleras multinacionales se reservaban la mayor parte de los beneficios. Eso cambió, cuando en julio de 2010 por medio de una ley adoptado por el gobierno de Correa, la parte del Estado en las exportaciones de petróleo aumentó del 13 % al 87 % sobre los ingresos petroleros brutos. Siete de dieciséis compañías petroleras huyeron del país y fueron reemplazadas por empresas del Estado. Las otras se quedaron. El aumento en la recaudación petrolera del Estado fue de 870 millones de dólares en 2010.

Además, los impuestos inmediatos, principalmente los que afectan a las empresas aumentaron del 35 % en 2006 a más del 40 % en 2011. También existe una confrontación con las elites nacionales. Y eso me lleva a la siguiente pregunta:

Pensamos que se deben investigar las cuentas bancarias de las personas que se ocupaban de la deuda. Ustedes también lo han hecho en Ecuador.
Si queremos poner en evidencia casos de corrupción, está claro que la justicia debe emprender acciones legales y que el ministerio de Finanzas debe preguntar a algunas personas sobre cuestiones concretas: sobre su riqueza, cómo se enriquecieron, por qué medios recibieron ese dinero y sobre la fortuna que acumularon. Una comisión de auditoría necesitaría la ayuda de los encargados del control de impuestos así como del ministerio de Justicia.

Usted habló de sobornos. Por lo tanto, está seguro de que los hubo.
En ciertos casos. Sí. En Grecia, puede ser que no sea el mayor problema, pero está claro que había contratos financiados por préstamos, contratos para comprar material de Siemens, etc. Ya ha demostrado el ministerio de Justicia de Grecia que, en el caso Siemens, hubo una cantidad enorme de sobornos pagados a políticos con la intención de conseguir que se aprobara el contrato para Siemens. No es ningún secreto, al contrario, es bien conocido.

También en Ecuador habéis descubierto sobornos pagados por empresas multinacionales y bancos. ¿Podría darnos algunos ejemplos, como el caso Siemens?

Las personas en el seno del gobierno durante los años 1990 y 2000 recibieron dinero para firmar contratos con los bancos y para aceptar condiciones favorables para los banqueros.

¿Usted quiere decir que los sobornos fueron pagados para que los funcionarios aceptaran condiciones favorables para las empresas y no para los ciudadanos del país?
Exactamente.

¿Se acuerda de algún caso?
Citigroup, y también JP Morgan estaba involucrado. Además existía la participación de abogados de Nueva York, especialistas en el consejo a bancos y gobiernos, y que también recibieron su parte como intermediarios en ese ciclo de corrupción.

Es evidente que Correa provocó—al menos en alguna medida— la «Revolución ciudadana» que había declarado desde su llegada al poder. El presidente de Ecuador es «un gol en contra» para Occidente: a pesar de haber sido educado en las universidades europeas y estadounidenses —algunas de ellas fortalezas de la escuela de Chicago—, cuando llegó al poder practicó exactamente lo opuesto de lo que le habían enseñado. Actualmente, sin embargo, tiene la crítica, incluso de la izquierda, con la acusación de que no fue hasta el final.

Y le pregunté a Eric Toussaint: ¿Habéis tenido algún contacto reciente con el presidente Correa con respecto a la abolición de la deuda ilegítima?
En el caso de Ecuador, el éxito fue del 100 %. Encontré al presidente Correa en enero de 2011, dos años después de que finalizaran los trabajos de la Comisión de Auditoría. Me dijo que había sido un éxito total ya que no había habido represalias contra Ecuador. Pensaba en lo sucesivo suspender otras partes del pago de la deuda externa. Veremos qué hará.

Hay críticas que dicen que Ecuador no ha recorrido todo el camino posible…
Podrían haber hecho más y lo saben. Ahora están pensando en otras partes de la deuda que podrían cuestionar.

De todas maneras, durante este tiempo, Ecuador está aceptando préstamos de China con un tipo de interés elevado.
Hay algunos acuerdos entre Ecuador y China para la exploración y explotación del petróleo. El gobierno ecuatoriano toma prestado dinero de sociedades chinas.

Eric Toussaint nos dice que no es un representante de la presidencia de Ecuador y que simplemente apoya el cambio político positivo y critica los aspectos negativos.

China ha sido el prestamista número uno de Ecuador después de la cesación de pagos de 2008. El Estado aprobó un préstamo de 2.000 millones de dólares en 2011 del banco chino China Development Bank. Las condiciones del préstamo, sin embargo, no parece que hayan producido una reducción en los gastos sociales: Ecuador es el país de América del Sur que tiene el mayor porcentaje de gastos sociales en relación a su PIB de toda América Latina y Caribe.

¿Cuáles serían las condiciones para que Grecia pudiera seguir el ejemplo ecuatoriano?
Hay dos escenarios. Si un gobierno conservador continúa con la política de la Troica después de las elecciones, es imposible pensar que ese tipo de gobierno pueda dar su apoyo a una auditoría honesta. Ese sería el primer escenario. El otro sería la elección de un gobierno progresista de izquierda. Si se tratara de un gobierno progresista, democrático y soberano, debería anular el acuerdo con la Troica y emprender una auditoría de la deuda. Por lo tanto, sí, ese escenario sería muy positivo. Un gobierno de esas características sabría revelar qué es lo que realmente pasó con la deuda griega.

En el primer escenario, si tenéis todavía un gobierno que respeta los acuerdos con la Troica, lo que debéis hacer es emprender una auditoría ciudadana, totalmente independiente del gobierno.

Me gustaría expresar públicamente que, en los dos casos, si el pueblo quiere lanzar una verdadera auditoría ciudadana de la deuda, apoyaremos esa opción. En el segundo escenario, si un gobierno progresista suspendiese el acuerdo impuesto por la Troica y quisiera auditar la deuda, apoyaríamos esa iniciativa con entusiasmo.

Supongamos que Grecia anula la parte de su deuda que es ilegítima. ¿Esto llevaría al desencadenamiento de una «revolución» europea contra la deuda?
Si Grecia hiciera eso, habría mucha gente en Portugal y en España, y esperemos que también en Irlanda y en Italia, que apoyaría esa decisión. Y también se encontraría respaldo en países como Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido. Estamos activos en esos países y tenemos una campaña de solidaridad con Grecia. Nuestra campaña recibe un sostén importante. No es realista declarar que la gente de esos países ya ha entendido lo que realmente está pasando. Pero hay una parte importante de la opinión pública que comprende que las condiciones impuestas a la población griega son totalmente inaceptables, mientras que numerosas personas en otros países europeos esperan ver al pueblo griego emerger como un ejemplo de un país que recobra su soberanía y por lo tanto es una fuente de inspiración para una fuerza alternativa en Europa.

Repasando otra Europa, democrática, concluimos nuestra conversación con Eric Toussaint. Sus últimas palabras persistieron largamente en mi espíritu: Grecia podría abrir el camino para dejar atrás la «larga noche neoliberal» europea.

«Le haré un ofrecimiento que no podrá rechazar» era la memorable frase de Marlon Brando en la bien conocida película El Padrino. De la misma manera, Grecia parece estar sometida a un chantaje al respetar el memorándum de la Troica. Pero la clave para comprender la posición de la elite internacional contra el país se encuentra en las palabras que dice el juez respecto a la mafia en la misma película: «la manzana podrida puede arruinar toda la cesta»…
…Según la imagen de la «manzana podrida» (que Noam Chomsky a menudo ha utilizado), la razón por la que Estados Unidos castigó a Cuba no es porque Fidel Castro constituía una verdadera amenaza para el país. Su verdadero miedo era que la «manzana podrida» —el líder cubano— pudiera inspirar a otros gobernantes y crear un efecto dominó que pudriese a la cesta entera. En efecto, como la «marea roja» que ganó en América Latina y llevó a algunos dirigentes a romper con el «consenso de Washington». Y Washington sufrió su peor pesadilla.

En el caso de Grecia, si el «conejillo de Indias ocupa el laboratorio» —como dice Costas Douzinas—, si Grecia logra vaciar de contenido la política de la Troica y demuestra que las democracias no son callejones sin salida ni conducen a soluciones únicas, Europa puede marchar hacia la democracia. En ese caso, por supuesto, las «manzanas» no estarán podridas, sino simplemente maduras…

Traducción: Griselda Pinero

Publicación mensual «Crash» de junio de 2012.

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No se trata simplemente de apoyar a Chávez

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

En plena campaña electoral por la presidencia del país, las venezolanas y los venezolanos que respaldan a Hugo Chávez no deben olvidar que la trascendencia de su reelección radica más en la disposición de avanzar resueltamente en la construcción de un socialismo revolucionario verdadero en Venezuela que en la obtención segura de una cantidad desbordante de votos a su favor el 7 de octubre.

Esta es una circunstancia histórica que no sólo se reflejará a lo interno de Venezuela sino que tendrá también sus repercusiones en el ámbito internacional, sobre todo en lo que atañe a las luchas populares de nuestra América. Por ello, quienes se manifiestan de acuerdo con el socialismo revolucionario en esta nación tienen ante sí un compromiso que va más allá de la defensa de unas siglas partidistas, de un interés personal o de una gestión de gobierno determinada.

Así, habría que recalcar que, al hablarse del reconocimiento de la soberanía del pueblo, se debe comprender que ello significa ser partícipes de la idea de transferirle a ese mismo pueblo el poder que tradicionalmente ha sido usufructuado por las elites gobernantes, eliminando todo rasgo de representatividad para dar nacimiento a la democracia participativa y protagónica en toda su potencialidad y originalidad creadora. De ahí que no basten los discursos ni las buenas voluntades para lograrlo. Hace falta producir una revolución desde abajo que termine por influir en el cambio estructural del Estado en todas sus manifestaciones, de manera que el ejercicio pleno de la soberanía popular marque el camino a seguir en la construcción y el desarrollo del socialismo revolucionario, sin dogmas preestablecidos que afecten su organización y movilización, por lo que todas las instancias gubernamentales han de compartir esta nueva concepción del poder, lo que implicará que la gestión del gobierno (y, por extensión, del Estado) sea esencialmente popular. Habría que procurar, por tanto, una democratización del poder, expresada ésta en la autogestión de las comunidades organizadas, evitándose entonces el autoritarismo, la verticalidad y la jerarquización que caracterizan hoy por hoy, a nivel mundial, las relaciones de poder en beneficio de unas minorías dominantes. Como podría inferirse, todo esto escapa al escenario meramente electoral y supone una tarea permanente, sustentada en la elaboración, difusión y debate de una teoría revolucionaria que la explique y la consolide, definiéndose el socialismo revolucionario propiamente dicho.

Otra de las cosas que debiera revisarse a profundidad -a la par de la campaña electoral- es lo que tiene que ver con el orden económico imperante, si aún estamos hablando de la construcción de un socialismo revolucionario que, aunque parezca algo trasnochado para algunos dentro del chavismo gobernante, representa la alternativa histórica para desmantelar definitivamente el sistema capitalista, explotador y depredador de plusvalía y de recursos naturales. No se pueden promover relaciones económicas capitalistas que, en el fondo, resultan ser relaciones eminentemente egoístas, y querer construir -al mismo tiempo- formas de convivencia de carácter socialista, siendo las mismas incompatibles, en esencia y objetivos; repitiéndose así, en cierto modo, la historia y planteamientos de los socialistas utópicos de hace siglos atrás, quienes creyeron ingenuamente que de esta forma se humanizaría el capitalismo. Hace falta ser más decididos en esta materia y no prolongar más las contradicciones que resultan de ello, dejando brechas abiertas para que se perfile una nueva clase burguesa, pero ahora con ropajes “socialistas”, manteniéndose en consecuencia los mismos grados de diferenciación entre ricos y pobres que siempre ha combatido el socialismo revolucionario en el mundo. De ahí que no se trate simplemente de apoyar a Hugo Chávez en estas elecciones sino de contribuir a la profundización y ampliación de los cambios hasta ahora alcanzados bajo su liderazgo.

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Timochenko no juega poker, sino ajedrez

Camilo de los Milagros (especial para ARGENPRESS.info)

La situación de guerra abierta que se vive en la región desde hace varios años tiene picos dramáticos. Llegó a límites desbordados cuando el Ejército mató a Alfonso Cano [1]. Antes hubo puntos álgidos como la toma guerrillera de Toribío, desastre para el gobierno Uribe y el ataque que un año atrás voló la estación de policía en esa población.

En medio del fuego cruzado y a diferencia de lo que sucede prácticamente en todas las demás zonas de guerra, existe un tercer actor organizado muy fuerte en el terreno: las comunidades indígenas hastiadas de la confrontación que quieren ejercer la autonomía dentro de su territorio [2]. Los roces con las FARC son muy conocidos, aunque el verdadero conflicto en la zona es con el Ejército nacional, que toma represalias continuas contra estas comunidades desarmadas por considerarlas “colaboradoras del terrorismo”, algo que no es cierto.

Foto: El comandante en Jefe de las FARC-EP.

Las represalias van desde quema de casas, destrucción de cultivos, violaciones, confiscación de alimentos y asesinatos. Estos últimos reseñados comúnmente como “errores militares”. El Ejército intentó asesinar una de las máximas dirigentes indígenas del Cauca, Aída Quilcué, como venganza por las masivas movilizaciones del 2008. Aunque la comunera salió ilesa, su esposo Edwin Legarda murió abaleado en un retén militar [3]. Por otro lado, podría hablarse mucho sobre el recelo de algunas autoridades indígenas hacia las FARC -el origen del movimiento indígena moderno en la región proviene justamente de una pugna con el Partido Comunista- pero hay dos aspectos cruciales que los mandos guerrilleros calculan para su estrategia: el Cauca sigue siendo una de las zonas más campesinas del país, con una tradición de rebeldía favorable a sus fuerzas. Y es el corredor geográfico que conecta todas sus zonas de influencia en el sur del país. Eso convierte la región en un territorio irrenunciable, obviando la voluntad de las autoridades indígenas.

Foto: La guerra del estado contra el pueblo es real. Medio millón de hombres armados hasta los dientes y apoyados por una armada de aviones y helicópteros, asesorados por dos mil oficiales de Estados Unidos y sus siete bases. Esta es Colombia de hoy, el gendarme de la USA en América Latina.

Tras la muerte de Cano las FARC emprendieron una ofensiva que se extendió por varias regiones del país. En ese contexto la situación en el Cauca acabó por salir de control, hasta convertirse en un problema de opinión pública: la presión de la ultraderecha pretende convertir la crisis en oportunidad para desacreditar al mandatario y desear de nuevo el regreso de un presidente con “mano dura”. Juan Manuel Santos, en una reacción inmediatista y mal calculada emprendió la peor jugada de su gobierno: una arriesgada salida en falso para entablar un pulso con los insurgentes, en vivo y en directo bajo la cobertura absoluta de los medios. Santos tiene un estilo característico de hacer política: cierta fama de jugador de poker. Asume retos arriesgados sabiendo que puede ganar, no obstante a veces pierde como con la reforma universitaria y la reforma a la justicia. Apuesta a la paz y apuesta a la guerra. Insinúa diálogos con las guerrillas y al otro día pide “más plomo” como solución. Insulta a los estudiantes pero luego dice que si tuviera 20 años marcharía con ellos. Finge como todo buen jugador de poker. Le juega al Uribismo y también es “el mejor amigo” de Chávez. Y así.

Foto: Guerrillero indígena y operador de la emisora.

Siguiendo ese método nefasto sacó un as de la manga: utilizar la guerra como espectáculo para elevar su popularidad, y arrancó en helicóptero hacia el Cauca a demostrar, al mejor estilo de cierto indeseable ex presidente, que es un gobernante fuerte al frente del las Fuerzas Militares, en el corazón mismo del combate.

Pero se le olvidó una cosa: la guerra no es un casino. Entonces perdió la apuesta.

La tropa lleva más de seis años perdiendo la guerra en el Cauca; no existía ninguna evidencia real que indicara que, con o sin presidente a bordo, dejaría de perderla. Y así fue. El presidente llegó el 11 de julio a Toribío, epicentro de los hostigamientos subversivos, con el propósito de simular un Consejo de Ministros. De todas las montañas aledañas le hicieron tiros; en los noticieros afirmaban que era “una estrategia de los terroristas más para llamar la atención que para hacer daño”. Bajo esa lógica las trincheras de tres metros y los tanques blindados que rodean la estación de policía también pretenden nada más que llamar la atención. Una multitud de indígenas lo abuchearon a él y su Ministro Juan Carlos Pinzón en la plaza pública gritándoles que se largaran, hastiados de la guerra.

Los periodistas prefirieron entrevistar los guerrilleros que mantenían un retén sobre la vía a menos de un kilómetro de dónde el presidente se reunía con sus ministros. Había otros dos retenes guerrilleros más abajo controlando la entrada y salida de vehículos en la carretera que comunica el poblado con el resto del país. Sin embargo el desastre sobrevino cuando, como a las dos de la tarde, hora en que el presidente debía estar saboreando el fiasco en Toribío, los insurgentes derribaron uno de los 25 aviones de combate Super Tucano que respaldan las tropas terrestres, en jurisdicción de Jambaló, un pueblo a media hora del lugar. Habrían podido tumbar el helicóptero del presidente, si hubieran tenido suerte. La presencia del mandatario en la zona sólo sirvió para que el fiasco se amplificara, resonando más alto de lo normal. Luego la sarta de estupideces que repitieron por igual voceros del gobierno y periodistas tratando de encubrir el hecho es simplemente grotesca.

Foto: La cola del Supertucan derribado Ahora quedan 24.

Y después del desastre la vergüenza: las tropas no pudieron llegar hasta el avión derribado aunque estaban “a doscientos metros”. La guerrilla recogió los cadáveres de los tripulantes, se los entregó a la Cruz Roja en otro sector, luego minó el terreno, interceptó un helicóptero en Argelia (otro pueblo al sur del Cauca) y continuó varios días más con los hostigamientos. Los indígenas expulsaron a las tropas en distintas partes y desmontaron las bases militares. También fueron hasta dónde estaba el Super Tucano destrozado, lo desarmaron y se lo llevaron, con caja negra incluida. Los periódicos no encontraron otra frase posible: humillación al Ejército. Y es verdad, pero es una humillación que se repite hace años. Hay mucho de humillación en que los soldados tengan que hacer sus necesidades en las mismas trincheras donde duermen y comen por físico miedo a los hostigamientos, o que frente a las cámaras afirmen que no pueden caminar de día porque la guerrilla les dispara de todos lados. O que lloren como niños pequeños cuando confirman que el pueblo al que dicen defender los odia con furia.

Santos intentó hacer un pulso con la guerrilla en el Cauca y perdió antes de apretar. Los subversivos juegan ajedrez, no poker. En ese tablero polarizado que es la guerra colombiana, el Cauca es un enroque estratégico calculado muy bien por los mandos insurgentes, que no han logrado romper ni los bombardeos, ni la inteligencia militar, ni una concentración desproporcionada de tropas, ni los intentos de cooptar a la población. Lo único que consiguió el presidente con su aventura de Toribío fue el ridículo, atrayendo más la atención de la opinión pública sobre una situación que es crónica hace años. El Ministro Juan Carlos Pinzón, ese niñito prepotente de mala cara, que por ser hijo de un militar se cree estratega esclarecido aunque no haya visto un combate en su vida, quedó en vergüenza por culpa de un anciano astuto, que según afirma El Colombiano, ya ni siquiera es capaz de andar a pie: Miguel Pascuas [4]. Y adicionalmente, por unos indígenas indomables que ven a todo Ejército dentro de su territorio como continuador de la invasión que sufren hace cinco siglos.

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El militarismo moderno colombiano

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

En la madrugada del 1º de Septiembre de 1932 un grupo de cerca de 30 apristas peruanos comandados por el ingeniero Oscar Ordóñez, hijo del coronel y exjefe militar de Loreto con su mismo nombre, e íntimo amigo del médico Enrique Vigil, propietario de la hacienda cañera “La Victoria”, junto con el alférez Juan La Rosa, comandante de la guarnición peruana de Chimbote, armados con carabinas y fusiles Máuser se tomaron la localidad fronteriza colombiana de Leticia en el río amazonas, arrestaron a 18 empleados de la administración y a otros 18 colonos que hacían las veces de policías, se constituyeron en una junta patriótica, arriaron la bandera colombiana y en reemplazo izaron la peruana.

Dos días después, el diario bogotano EL Tiempo, propiedad del político Liberal Eduardo Santos, (tío abuelo del actual presidente colombiano) despertaba a los somnolientos pobladores de Bogotá con la noticia anticomunista de la foto.


El arúspice de la clase dominante Alfonso López Michelsen, conocedor de estos hechos debido a su posición privilegiada de ser el hijo del embajador colombiano en Londres y futuro presidente López Pumarejo, con esa capacidad asombrosa suya de banalizar las cosas, en el colmo de la erudición, describió lo acontecido en Leticia como una copia criolla de la guerra de Troya. Así:

…”Una mestiza de nombre Pilar, conocida como “La Pila”, era la amante del alférez peruano Juan de la Rosa, encargado de la guarnición de Caballo de Cocha, en las vecindades de Leticia, y como en el caso de la guerra de Troya, también requería sus favores otro pretendiente, que era nada menos que el intendente colombiano del Amazonas don Alfredo Villamil Fajardo, uno de aquellos cachacos bogotanos de la época del Centenario. Dicharachero y galante, a pesar de sus atributos Villamil fue, en la competencia con el rudo soldado peruano, quien perdió la partida, porque “La Pila” prefirió la compañía de De-la Rosa y se estableció en forma definitiva en Caballo de Cocha. ¿Cómo iba a resignarse a tan afrentosa derrota nuestro compatriota? Sin parar mientes en que hacía apenas cuatro años que se nos había entregando el Trapecio Amazónico, y que era grande el descontento entre los peruanos, optó por raptarse a la bella, acompañado de tres o cuatro agentes de policía que la obligaron a volver a Leticia.

Eran muchos los incidentes que, por una u otra razón, tenían ocurrencia en la frontera que aún estaba en trance de consolidarse. Una gran hacienda, La Victoria, de propiedad de Oscar Vigil y de su sobrino el ingeniero Oscar Ordóñez, quien la administraba, se estaba negociando con el gobierno de Colombia, que se negaba a pagar el elevado precio que los peruanos demandaban. Si a lo anterior se agrega que el mismo ingeniero tenía algunos contratos de ejecución de obras en Leticia, cuando todavía estaba bajo el dominio peruano, y que el gobierno de Colombia con inexcusable ligereza intentó desconocerlos, se explica el encadenamiento de los hechos que culminaron en la toma de nuestro puerto sobre el Amazonas. Indignado el ingeniero Ordóñez con el tratamiento de que era objeto resolvió, por sí y ante sí, dar un golpe sobre Leticia, y para tal efecto armó a sus peones con machetes y escopetas de fisto, dispuesto a recurrir a la fuerza si llegaba a encontrar resistencia de parte de los pocos agentes de policía que estaban al mando de Villamil Fajardo.

Desfilaba Ordóñez con sus agentes por Caballo de Cocha, al caer de la tarde, cuando tropezó de manos a boca con el alférez Juan de la Rosa, la primera autoridad política y militar del lugar, quien, al inquirir sobre los propósitos que animaban a la temeraria avanzadilla, se enteró de lo que se trataba y, ni corto ni perezoso, se sumó con sus efectivos militares a la expedición improvisada de Oscar Ordóñez. Fue así como, al amanecer del día siguiente, los peruanos se tomaron a Leticia por la conjunción de los intereses sentimentales del alférez y los intereses económicos del ingeniero. Días después, a través del Brasil, el Gobierno Nacional se enteró de que la población estaba en poder de los peruanos y que el intendente Villamil, después de haber sido encuerado, había sido embarcado en una canoa y puesto en territorio brasilero. Cualquier semejanza con la guerra de Troya y el rapto de Helena es pura coincidencia”….

¿Qué había sucedido? En la realidad histórica, la llamada guerra colombo peruana era la coagulación de varios elementos tanto internos como externos que se presentaron conjugados y al mismo tiempo. Uno, la indefinición moderna de las fronteras amazónicas entre Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Dos, el cuasi Estado de facto esclavista y genocida, establecido en la región a fines del siglo XIX e inicios del XX, con el fin de extraer el caucho natural con mano de obra indígena para la exportación a Europa y Estados Unidos, formado y armado por la alianza comercial del capital imperialista (especialmente Inglés) con las firmas comerciales de los Arana en Perú y el dictador colombiano Rafael Reyes Prieto con sus hermanos. Tres, el ascenso del capital imperialista Estadounidense en la región andino-amazónica y la competencia brutal por la hegemonía con su homólogo inglés. Cuatro, la crisis general capitalista de 1930, que jugó un papel fundamental en el desenvolvimiento de los acontecimientos amazónicos y le permitió al gobierno colombiano paliar en algo sus efectos con el aumento del gasto militar. Sexta, los gobiernos dictatoriales en el Perú de Leguía 1908-1930 y del general Sánchez Cerro 1930-1933 con su propaganda oficial de peruanizar la selva amazónica.

Séptima, en la política interna de Colombia: la hegemonía conservadora de Rafael Núñez, iniciada en 1884 hasta 1930, en especial “el quinquenio” del favorito de Núñez, Rafael Reyes Prieto, el cauchero convertido en general vencedor de la guerra civil bipartidista de 1885 y dictador en 1905, quien hizo acuerdos y concesiones a la Casa Arana, y trajo a Colombia diversas misiones militares europeas para hacer la transición y modernizar las Fuerzas Armadas, actualizar la vieja ideología militarista de los generales civiles de las guerras civiles bipartidistas del siglo XIX, y cuya expresión máxima fueron las armas largas, aviones y barcos comprados en Europa y los EUU, con las 400 toneladas de oro de los anillos y joyas que donaron al gobierno los colombianos instigados por la gran prensa capitalina, los 10 millones de dólares americanos del “empréstito patriótico”, más los 43 millones de dólares adicionales del presupuesto nacional “para la defensa de la patria”, utilizado todo en panoplia.

La coalición bipartidista liberal-conservadora Concentración Nacional, que en el momento de la toma de Leticia gobernaba en Colombia, estaba presidida por el liberal Enrique Olaya Herrera, abogado de varias compañías estadounidenses, quien ante los ataques corrosivos del falangismo del partido conservador colombiano encabezado por Laureano Gómez pidiendo a gritos “Paz en el interior, pero guerra, guerra en las fronteras”; minimizó hacia adentro el hecho diciendo que era un motín subversivo e interno. Pero hacia afuera, según el oficio del representante norteamericano Jefferson Caffery, a la Secretaría de Estado, Septiembre 02 de 1932. Archivo Nacional de Estados Unidos. 721.23/7, RG. 59; pidió la intervención de Estados Unidos como “única fuerza moral de América capaz de mantener la paz en este caso” (1)

El apoyo inmediato a la ocupación peruana del puesto fronterizo colombiano de Leticia, creció en todo el Perú y especialmente en la región amazónica, al parecer estimulado por el dictador gobernante en Lima general Sánchez Cerro, quien para mantenerse en el Poder azuzaba la guerra, mientras en Colombia, estimulada por la clase dirigente y su gran prensa, crecía como espuma una histeria guerrerista arropada en un patriotismo cerril.


El partido comunista colombiano rechazó los llamados de los dominantes a la guerra, pero su llamado fue callado por una manifestación instigada desde el gobierno y la gran prensa capitalina, que apedreó y destruyó su pequeña sede en Bogotá. En Lima, el Partido comunista de Mariátegui hizo lo propio y el 18 de septiembre 1932, sacó un manifiesto aclaratorio titulado; “Los obreros peruanos ante la guerra. La toma de Leticia es una maniobra del imperialismo inglés para defender sus posiciones, contra-atacar al imperialismo yanqui, e impedir que el Perú tome parte en la guerra boliviano-paraguaya al lado de Bolivia, como lo quiere el imperialismo yanqui”, y fue más allá: “el golpe de Leticia ha sido ejecutado por los apristas, actuales agentes del imperialismo británico, quienes pretenden volver a la constitucionalidad posando de patriotas”. Finalmente exhortaba a “transformar la guerra imperialista en guerra civil, en revolución obrera y campesina”.

Como el ambiente guerrerista (sabiamente atizado) aumentó en ambos países, las soluciones diplomáticas fracasaron y el presidente colombiano Olaya Herrera amplió la coalición nacional gobernante nombrando al hijo del general Rafael Uribe-Uribe ministro de defensa y, embajadores ante la Sociedad de Naciones, a los liberales Eduardo Santos dueño del diario El Tiempo y supervisor de la compra de armas en Europa, a Luis Cano dueño del diario El Espectador y al candidato conservador perdedor Guillermo Valencia. Al otro candidato conservador derrotado, el anciano general civil Alfredo Vazquez Cobo lo encargó en coordinación con Eduardo Santos, de la compra en el exterior de la panoplia de guerra (barcos aviones, armas largas etc.) y después comandante de la expedición militar para recuperar Leticia. Simultáneamente autorizó a López Pumarejo para que adelantara conversaciones con su amigo el general Benavides, embajador de Perú en Londres.

Foto: Generales Balcázar y Vázquez Cobo. El presidente Olaya Herrera y el capitán Carlos Uribe, ministro de guerra

Después de varias escaramuzas militares en Tarapacá y Güepí en febrero y marzo de 1933 (también sabiamente magnificadas como actos sublimes de heroísmo patriótico) y donde además de las condiciones lamentables en que se encontraban los soldados peruanos, el papel determinante en su expulsión, lo jugó la flotilla de28 aviadores y mecánicos alemanes al mando del oficial alemán Herbert Boy, veterano aviador de la 1ª guerra mundial y residente en Colombia, quien supo apoyar la actividad de los 4 barcos de guerra comprados y readecuados en Europa y que el anciano general Vazquez Cobo había subido por el río Amazonas hasta el Caquetá con el permiso del gobierno brasileño. Pero fue un hecho fortuito el que detuvo finalmente la escalada guerrerista entre las dos naciones y forzó el acuerdo diplomático de Rio de Janeiro.

El 30 de abril de 1933, cuando pasaba revista a las tropas que iban a recuperar el Amazonas para el Perú, el dictador peruano Sánchez Cerro fue ejecutado al parecer por un fanático, siendo remplazado por el general Benavides, embajador peruano en Londres y amigo personal de Alfonso López Pumarejo. Inmediatamente López viajó a Lima y acordó con él los términos del protocolo de paz, que fuera firmado en mayo de 1934 en Rio de Janeiro, por el florido ramillete de políticos bipartidistas colombianos de la Concertación Nacional de Olaya Herrera, y constituido por Urdaneta Arbeláez, Luis Cano, Guillermo Valencia y Eliseo Arango.

Así, a partir de la llamada guerra colombo peruana de 1933, que sirvió para estimular el fanatismo nacionalista, paliar los arrasadores efectos de la crisis capitalista de 1930 con las 400 tonelada de oro de las joyas donadas al gobierno, sumadas a lo 10 millones de dólares del empréstito patrióticos, los 43 millones de dólares del presupuesto militar, los bonos de defensa emitidos y la compra permanente de armamento en el exterior; se conformó, dinamizó y modernizó la estrecha alianza entre las Fuerzas Militares, la gran prensa de los Santos y los Cano y, los políticos liberales conservadores de la clase dominante en Colombia.

1) Atehortúa Cruz, Adolfo León. El Conflicto Colombo-Peruano.

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Argentina: Salta y Abu Ghraib, la tortura por TV

Claudia Rafael (APE)
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Las leyes te hacen sufrir porque eres culpable,
porque puedes serlo, porque quiero que lo seas…
Césare Beccaria (1764)

En unos pocos días, Charles Graner podrá levantar su copa en alto y brindar por su primer año de libertad. Fue en los primeros días de agosto de 2011 que dejó atrás y para siempre las Barracas Disciplinarias de Fort Leavenworht, en Kansas (Estados Unidos). Graner fue el último de todos en dejar el encierro a seis escasos años de haber liderado el horror televisado de la prisión de Abu Ghraib, en Irak. El placer mediatizado de ejercer el poder sobre un grupo de prisioneros iraquíes quedó arrinconado al olvido. Abu Ghraib es el espejo de la crueldad. Abu Ghraib es hoy General Güemes, Salta, en ese cuadrilátero que desnuda la comisaría. El breve patio desviste la humanidad para forjarla de ferocidad. Una bolsa de nylon sobre el rostro del chico. Un nudo que le cancela el aire. La expresión gélida del victimario. Otro adolescente a unos escasos metros con las manos amarradas hacia atrás y en alto. Los dos cuerpos semidesnudos. El agua. El frío. El grito. La certeza de la casi muerte como único destino. La tortura. Una y otra vez la tortura. La humillación. El dolor y el miedo que muta en terror. La certeza de saberse prisioneros del odio y sentir que es el torturador el que decidirá si la moneda deberá caer de un lado o de otro. La sesión de torturas hecha película de carne y hueso que no es ficción edulcorada para conmover. Seis policías imputados que tal vez en poco tiempo dejen de ser ícono y pasen a ser desmemoria: el oficial Matías Eduardo Cruz, el sargento Marcos Gabriel Gordillo y los efectivos Héctor Raúl Ramírez, Leonardo Esteban Serrano, Alberto Antonio Ontiveros y Roberto Augusto Barrionuevo.

La comisaría de General Güemes es tan sólo la punta del iceberg. La gran diferencia radica simplemente en que esta vez irrumpió violentamente en las conciencias desde el monitor de la PC, desde la pantalla de los televisores.

“Lo que ocurrió en Salta muestra en toda su dimensión lo que a diario ocurre en cualquier lugar de detención en Argentina. No se trata, como nos han querido vender los medios, de un hecho aislado, de un desborde o de una manga de psicópatas que escapó a la policía salteña. Es, por el contrario, una clara política de Estado. La necesidad de control social, que se descarga sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Y tiene dos características bien diferenciadas: la invisibilidad hacia afuera y la naturalización hacia adentro de la clase que padece estas prácticas. Cuando aparece, los sectores medios, los progresistas, los periodistas se rasgan las vestiduras y dicen `cómo puede suceder después de 30 años de vigencia del estado de derecho`. Nosotros, por el contrario, señalamos que es la más sofisticada manera que los regímenes democráticos han podido idear para la dominación y que todos tienen que usar en mayor o menor medida, de acuerdo a la necesidad represiva de cada etapa que está directamente relacionada con el crecimiento del conflicto social”, definió para APe María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. “Ubicar esto en la tesis del resabio de la dictadura implica negar que existió la tortura antes”, siguió.

“¿Saben una cosa? Esto lo inventó mi padre”, dicen que se plantaba una desafiante Pirí Lugones a sus torturadores. Su padre, Polo Lugones había sido el inventor de la picana eléctrica durante la tortura a quienes se oponían al gobierno de Agustín P. Justo en la década del 30.

“La tesis de los resabios de la dictadura ignora que todo gobierno que administra una sociedad dividida en clases va a necesitar reprimir para poder mantener el sistema de explotación. No se inventó otra forma que la represión que incluye la generación de consenso de lograr que una enorme mayoría de la población mantenga con su trabajo a un puñado de parásitos”, insiste Verdú.

En entrevista con APe, la socióloga Alcira Argumedo ubicó las torturas a Miguel Martínez y Mario Rodríguez –los dos jóvenes salteños- “en una política no explícita de disciplinamiento y eliminación de jóvenes sobrantes en esta sociedad que pueden volverse peligrosos. Según datos del ANSES el 75 % de los jóvenes entre 18 y 29 años están desocupados, precarizados o en negro. Esto se está dando a nivel mundial y está en la base de todos estos movimientos de indignados que más allá del específico detonante se produce en el mundo árabe, en Israel, en España, en Grecia, en Inglaterra, en EEUU, en Chile. Es evidente que hay una especie de lógica que condena especialmente a las generaciones más jóvenes que, al no ingresar, se vuelven peligrosas para el sistema. Hoy por hoy, para acceder a un trabajo mínimamente digno se requiere, al menos, el secundario completo. El 50 % de los jóvenes argentinos entre 13 y 18 años o no han ingresado o han desertado de la escuela. Sumado a elementos clave como el paco, que en uno o dos años destroza a los chicos. Se los deja atrapados sin salida. Se los transforma rápidamente en victimarios”.

El concepto del Estado como garante de derechos se ve velozmente destruido cuando la mirada se deposita en la represión y tortura como políticas de Estado. En una suerte de silogismo feroz y cruento, si un chico muere cada día por gatillo fácil, si en estos mismos momentos un joven está siendo torturado dentro del calabozo de una comisaría, si las cárceles están sombríamente pobladas por jóvenes, pobres y semianalfabetos ¿no son acaso también políticas de Estado?

En su libro El estado criminal, el historiador francés Yves Ternon analiza que la matriz común de los genocidios es el exterminio ejercido sobre un grupo previamente desvalorizado, vencido, aislado socialmente y subjetivamente indefenso. Concepto que se podría entremezclar con los pensamientos de Elías Neuman en “El estado penal y la prisión-muerte” al hablar de capacidad política verbomotora llevada a la consecución de un control social para el que golpear, torturar y matar no es ajeno, se logra y sostiene la esclavitud de muchos seres humanos. En ello se apoya la retroalimentación del sistema neoliberal por un lado y, por el otro, la prosperidad de algunos individuos que suelen detentar un turbio subsuelo social.

No hubo cámaras filmadoras ni celulares y menos aún máquinas fotográficas que congelaran el exacto instante en que un grupo de policías de Choele Choel torturaban o asesinaban al joven guaraní Daniel Solano. Tampoco las hubo cuando policías olavarrienses vejaban y arrojaban agua hirviendo sobre el cuerpo de Diego González en la cocina de la comisaría. Tampoco las hubo al momento de destruir la vida de Luciano Arruga o de Miguel Bru.

Por eso General Güemes es Abu Ghraib pero sólo por eso. Las políticas de Estado se derraman en las barriadas con sus brazos más severos. Las políticas de Estado arrojan bestias al vacío para derrotar toda esperanza y abatir con la fuerza huracanada de las inquisiciones medievales los breves arrestos de rebelión que tímidamente nacen en los márgenes del camino.

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Argentina: Hay que democratizar en serio las fuerzas de seguridad en el país

Irina Santesteban (LA ARENA)

El video que muestra escenas de torturas a dos detenidos en una comisaría de General Güemes, provincia de Salta, actualiza el debate sobre la necesaria democratización de las fuerzas policiales.

La ley 25932, sancionada por el Congreso de la Nación en septiembre de 2004, aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fuera adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en diciembre de 2002.

Dicha norma establece que "la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos", y que el Protocolo debe servir para proteger de esas prácticas a las personas privadas de su libertad.

Ese instrumento legal responsabiliza a los Estados parte por los hechos de tortura que se realicen en su jurisdicción, y extiende esa responsabilidad a todos los Estados firmantes, en el entendimiento que los mecanismos de aplicación internacional fortalecen el combate contra esas prácticas.

Prevención

Además, el Protocolo afirma que "los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse ante todo en la prevención", para lo cual se adopta un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención.

Así, la ley que aprueba este Protocolo, establece en su artículo 1 que se debe adoptar un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes, a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En la normativa se define a las personas privadas de libertad como aquellas que padecen "cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente".

Trato degradante

Nuestro país tiene una trágica historia respecto al trato de las personas detenidas, sea legal o ilegalmente. A pesar que la Asamblea del Año XIII abolió los instrumentos de tortura, que hasta ese momento eran permitidos, los tratos inhumanos y degradantes siguieron siendo habituales, desde el cepo hasta el submarino, pasando por los golpes y la tristemente célebre picana eléctrica, inventada en las celdas argentinas.

Las dictaduras militares del siglo pasado, hicieron una práctica común de la tortura, hasta llegar al sistemático plan de exterminio que tuvo como escenario más de 500 centros clandestinos de detención en todo el territorio nacional, inaugurado el 24 de marzo de 1976. Justo es reconocer que también durante los períodos democráticos, las fuerzas de seguridad continuaron con varias de estas prácticas aberrantes, aunque acotadas por denuncias imposibles de hacer en los gobiernos militares.

Casos concretos

Los hechos sucedidos en la comisaría de General Güemes, en Salta, captados por un video que fue subido a Internet y difundidos la semana pasada, muestra a dos jóvenes esposados, en calzoncillos, a quienes se los moja con baldes de agua en pleno invierno (los hechos sucedieron en julio del año pasado) y la práctica del "submarino seco" (colocar una bolsa de plástico en la cabeza del detenido y ajustarla hasta que éste se asfixia por falta de aire). En febrero de 2011, se difundió un video similar, mostrando las torturas y golpes infligidos por penitenciarios a detenidos en una cárcel de Mendoza.

Aunque mirar estas imágenes resulta un ejercicio doloroso, las mismas han servido para que se detenga a los responsables y también para actualizar el debate sobre las prácticas aberrantes de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarios en nuestro país, tanto provinciales como nacionales, sea en las provincias o en la propia Ciudad de Buenos Aires.

Más denuncias

Hace algunos meses en la provincia de Buenos Aires, el vicegobernador Gabriel Mariotto comenzó a visitar las cárceles del sistema penitenciario provincial, acompañado de funcionarios y de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria. En una de esas visitas, según cuenta el periodista Horacio Verbitsky, quien como titular del CELS acompañó a Mariotto en algunas oportunidades, los presos contaban hechos espeluznantes, dignos de películas yanquis de bajo presupuesto y altas dosis de violencia. Según estas denuncias, los agentes del servicio penitenciario bonaerense utilizan con frecuencia a los presos para instaurar un régimen de terror al interior de las cárceles, producir salidas para cometer delitos, e incluso para asesinar a otros reclusos, en una suerte de juego de "bandas". Todo ello, llevado a cabo por personal que paga el Estado, en instituciones donde ese Estado es responsable de la seguridad de las personas allí detenidas, y utilizando los
recursos que deberían servir, como dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, para "seguridad y no para castigo de los reos".

Moneda corriente

Si esto sucede en los establecimientos carcelarios, la situación en las comisarías, por lo menos en la mayoría de ellas, no es muy diferente. El maltrato, los golpes, las vejaciones y hasta la tortura, como muestra el video de Salta, son moneda corriente, con un mayor ensañamiento hacia los jóvenes de sectores humildes.

Uno de los dos muchachos que aparece en el video, declaró a la prensa que siempre "lo llevaban" los policías y lo golpeaban, que no sabía por qué lo hacían y que nunca entendió la razón de esas detenciones y esos tormentos. Es que pertenecer a un "barrio pesado" de General Güemes, seguramente con altos índices delictivos, es suficiente para que los agentes policiales se consideren con derecho a actuar de esa manera.

Esa es la lógica de la actuación de la mayoría de las policías en nuestro país. Y no porque esas prácticas se impartan en los cursos de instrucción de la policía de ninguna provincia. Pero no es casual que en casi todas -y es difícil saber cuál es la excepción a que hace referencia el "casi"-, las prácticas se repitan.

Justicia que mira y no ve

A pesar de la situación que se vive en las cárceles y las comisarías, la mayoría de los jueces y funcionarios judiciales que tienen a su cargo velar por la seguridad de los detenidos, miran para otro lado. Son muy pocos los funcionarios del Poder Judicial que visitan periódicamente las cárceles y que se preocupan por investigar las denuncias de apremios ilegales que formulan los detenidos o sus familiares.

Quizás influidos por la propaganda a favor de la "mano dura" y del argumento que suelen utilizar sus defensores, de que "los presos entran por una puerta y salen por la otra", muchos magistrados prefieren ignorar los hechos, para no ser objeto de la crítica de los medios de prensa amarillistas que repudian a los funcionarios "garantistas".

Quien actúa de esa forma, omitiendo denunciar e investigar hechos de esta naturaleza, teniendo la obligación de hacerlo, está violando la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales como el Protocolo que fue aprobado por la ley 25932.

Inagotable

La Argentina es hoy uno de los pocos países que ha investigado y condenado, y lo sigue haciendo, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado, tanto las que sucedieron durante la dictadura militar de 1976-1983, como las ocurridas anteriormente, durante la Triple A. Las condenas a los responsables de los crímenes de lesa humanidad constituyen un logro que llevó muchos años de lucha, que dejaron atrás la impunidad de leyes e indultos presidenciales, y también la actuación de jueces y fiscales que no investigaban. En ese camino está hoy nuestro país.

Pero la defensa de los Derechos Humanos no se agota en el juicio y castigo a los responsables de esos horrendos crímenes del pasado.

Las prácticas denigrantes y vejatorias de las fuerzas policiales ya no pueden ser achacadas a "resabios de la dictadura" porque la mayoría de quienes hoy cometen estas torturas no estaban en aquellos años. Pero aprendieron de aquellos "maestros" cómo pegar para no dejar marcas, cómo aplicar la picana eléctrica y cómo practicar el "submarino seco".

Pocos cambios

La ministra de Seguridad de la Nación es responsable de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. Las fuerzas policiales provinciales dependen de sus respectivos gobiernos, y allí radican los mayores problemas, porque parece que nadie puede (ni quiere) reconocer el problema y corregirlo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, también ha expresado preocupación por esta realidad, pero hasta ahora no se han logrado cambios notorios. Al contrario, según los informes de organismos internacionales, en algunas provincias y en particular en la de Buenos Aires, la situación es más grave, con el hacinamiento en las cárceles y gran cantidad de "suicidios", que son en realidad asesinatos.

Desterrar la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, debe ser una prioridad para estos funcionarios. Sus responsables no sólo deben ser apartados de las fuerzas de seguridad, sino también ser enjuiciados y condenados.

Formar policías respetuosos de los derechos humanos, que sean verdaderos "servidores públicos" y no verdugos de los jóvenes pobres, es un objetivo a alcanzar cuanto antes, si de verdad queremos vivir en una sociedad democrática.

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Argentina, Chubut: Represión policial a trabajadores de salud

ACTA

Dirigentes gremiales y trabajadores de los hospitales fueron reprimidos por los efectivos policiales que custodiaban la entrada del Ministerio de Salud en Rawson, ante la bronca generada por no haber sido recibidos por funcionarios de ese área, en una nueva movilización por reclamos salariales, que consistió en una medida de fuerza provincial que incluyó un corte de ruta en el ingreso a Rawson y un paro total de actividades en la cordillera. Repudio de la CTA.

Mientras se desarrollaba la movilización en Esquel con un paro convocado para toda la semana, en Rawson la marcha comenzó a las 12 con alguna desorganización y sorpresa, ya que antes de dirigirse al ministerio, los manifestantes cortaron el acceso a la capital por el puente Néstor Kirchner, impidiendo el paso a la doble trocha a Playa Unión.

Luego se dirigieron por la avenida 25 de Mayo y tras un breve paso frente a Economía, confluyeron a las 12,30 frente a Salud, donde los forcejeos con la policía empezaron de inmediato, cuando un grupo de manifestantes prendieron fuego algunas cubiertas en medio de la calle, que los efectivos intentaron correr del lugar.

Fue en ese instante que el jefe del operativo se acercó a los referentes de la marcha y los informó sobre la invitación a ingresar al ministerio por parte del Ministro de Salud, para lo cual se conformó un listado de cinco personas, que se apostaron a las puertas de la dependencia a la espera de ser llamados, ante el aplauso del resto de los trabajadores.

El problema se originó precisamente media hora después, debido a la demora en hacer pasar a los dirigentes, que luego recibieron la información de que el ministro ya no estaba en el lugar, lo que generó la bronca entre la gente que empezó a hacer presión contra los 20 policías que estaban en el frente del edificio, para tratar de ingresar por la fuerza y tomar las instalaciones.

En ese momento, lo que primero fueron forcejeos, apretones y algunos insultos, devino en una situación más grave con golpes de la policía. En un panorama de insultos a las autoridades y de reclamos a los jefes del operativo por la actitud represiva, la defensa policial logró hacerse más fuerte con el arribo de unos 10 efectivos de Infantería con casos y escudos, que lograron ubicarse en todo el frente del edificio.

En este punto, la dirigencia gremial y los asambleístas se retiraron unos metros, y luego de analizar distintas opciones, prefirieron levantar el corte de calle y retomar las asambleas en los hospitales, con una convocatoria a una nueva marcha para este viernes.

Reclamo salarial

Luego de los incidentes, el secretario adjunto de ATE, Guillermo Quiroga, dijo que «nos echaron a empujones de las escalinatas por lo que reaccionamos ante la represión poilicial, nosotros jamás venimos acá a romper nada».

Sostuvo que para evitar más violencia «esto hay que solucionarlo ahora, ya que si las negociaciones no avanzan seguramente se van a sumar más sectores» y planteó «no se aceptan reuniones salariales cada 15 días, se debe resolver en lo inmediato», y se mostró a favor de la reunión del 30 porque «no queremos interrumpir la paritaria».

En tanto otro dirigente de ATE, Juan Illanez, explicó que «el reclamo de las bases, es un aumento del 50 % en el básico, el adicional de política sanitaraia, el desongelamiento del adicional por dedicación exclusiva y la actualización de la antigüedad». pero lamentó que «el ministro comienza a hacer amenazas, pero los trabajadores de la salud estamos más unidos que nunca» aclarando «vamos a acudir a las reuniones que sean necesarias siempre y cuando haya un marco de seriedad acorde al reclamo de los trabajadores, no discutir una suma en negro o un 7 % que es irrisorio».

Respecto a lo ocurrido el lunes, Mara Regués, del hospital de Trelew, una de las designadas en un principio para pasar a la reunión que nunca se hizo, dijo que «estábamos ahí adelante esperando para ser recibidos por Luján, que al final se fue por la parte de atrás. Y bueno, la policía nos empezó a pegar».

Y explicó que el pedido es «que nos reciba alguien y para poder llegar a un acuerdo. Pero bueno, indudablemente el ministro no tiene muchas ganas de recibirnos. Y esto es que la gente está enojada».

En tanto otra de las trabajadoras que había sido elegida, Alejandra Lezcano, explicó que «la gente se enojó porque ellos siempre están buscando que la gente se enoje, porque nos dijeron que nos iban a recibir porque querían hablar con nosotros».

«Veníamos con calma, como siempre hacemos todas las manifestaciones», lamentó la empleada de salud, y contó «a mí me forcejearon, me golpearon para que me bajaran de allá. Pero yo estaba al lado de la puerta porque nos habían dicho que fuéramos hasta ahí para que el ministro nos recibiera».

Solidaridad de la CTA

"La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) quiere expresar su repudio ante la represión desatada contra los trabajadores de la salud en la ciudad de Rawson por parte de efectivos de la policía provincial.

"Los hechos se sucedieron el lunes 23 en la puerta del Ministerio de Salud provincial donde una delegación de los trabajadores esperaba ser recibida por el ministro y fueron agredidos salvajemente por efectivos policiales.

"La CTA Nacional se une a la Regional Sureste del Chubut para expresar su más enérgico rechazo al accionar del gobierno provincial quien manifiesta su carácter autoritario y lejos de solucionarle los problemas a los trabajadores, los agrede inexplicablemente.

"De la misma manera exige el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables políticos y policiales de la represión y se solidariza con los trabajadores y trabajadoras agredidos" finaliza el comunicado que lleva las firmas de Julio Ortellado, Director del Bloque Organizativo y Sergio Charles, secretario general de la CTA Regional Sureste del Chubut.

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Argentina. Causa Escuelita II: Intentan salvar a la policía de Río Negro

8300 - AGENCIA WALSH

La abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, expresó que quienes buscan desacreditar a los testigos, víctimas de torturas de una comisaría de Cipolletti, en realidad actúan para defender a la policía de esa provincia.

Lo dijo la abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, en relación a quienes desacreditan a los testigos que fueron interrogados y torturados en la comisaría de Cipolletti. También hizo una evaluación del primer tramo del segundo juicio contra represores, que se reanudará el lunes 6 de agosto.

Dal Bianco consideró que durante el debate oral y público "hubo testimonios impresionantes, que no solamente contaron las cosas tremendas, terribles que les hicieron vivir, sino también que reivindicaron su militancia política, su militancia revolucionaria en algunos casos, su militancia estudiantil, su origen político".

A su entender quedó demostrado, en el transcurso de las audiencias, que funcionó en la zona un circuito represivo del que participaron todas las fuerzas.

La abogada hizo especial hincapié en que Dora Seguel, víctima del Operativo Cutral Co, cuya hermana, Arlene Seguel permanece desaparecida, no pudo explayarse en su declaración pues su caso quedó excluido de la causa. "No son casos aislados", destacó. Y agregó que cada testimonio es fundamental a la hora de reconstruir el plan sistemático de exterminio.

"Tienen un enorme y profundo sentido estos juicios si nosotros los usamos para discutir cuál fue la verdad histórica de lo que pasó en Argentina, cuales son las conclusiones que hay que sacar de los años `70 para que sirvan para el día de hoy, el rol de las fuerzas represivas, demostrar la impunidad de cada una de las fuerzas", aseguró.

Además señaló que aportan "en la subjetividad de cada uno de los compañeros que tuvo que declarar" para quienes resulta en muchas casos "liberador".

Afirmó que en comparación al primer debate que se desarrolló en la región en 2008, éste involucra a figuras como la del ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti "que representa en sí mismo la triple A".

En cuanto a las perspectivas para la segunda parte del debate, en que las defensas intentarán mellar el relato de las víctimas, especialmente las que apuntaron al personal que prestó servicios durante la última dictadura cívico militar en la comisaría de Cipolletti, Dal Bianco dijo que "va a ser discutida, muy discutida".

"Ahí vamos a tener que ser también muchos denunciando que hay una clara intencionalidad de salvar a la policía de Rio Negro, porque es la fuerza que hoy utiliza el gobierno de Rio Negro para sus intereses, es la policía que asesinó en Bariloche a Bonefoi, Cárdenas y Carrasco", manifestó.

Respecto a testigos como Alejandro Rojas, policía neuquino retirado que fue identificado por Nelly Curiman como "el terror de la militancia", la abogada explicó que los juicios alcanzan a "personajes emblemáticos" y a quienes "estaban en las primeras líneas de cada una de las fuerzas represivas y no llegar al fondo de la cuestión".

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