lunes, 30 de julio de 2012

La responsabilidad del ex Presidente Fernando Lugo y del Senador Aníbal Fernández en el caso de los 6 campesinos paraguayos encarcelados injustamente

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista con el abogado defensor de los prisioneros y especialista en DDHH, Eduardo Soáres: “Una cosa es la complicidad de la CIA, del Departamento de Estado; la política del Plan Colombia y Paraguay, etc. (Al Senador) Aníbal Fernández le cabe una clara complicidad. En otro nivel, existió una indolencia y responsabilidad política muy grande de los gobiernos paraguayo y argentino. Bastaba un llamado telefónico de Lugo para terminar con el tema”.

“…Pensaba publicar / En la Tempestad,
La Casa encantada, / Poemas en dos tiempos,
Ese era el plan. / Pero como siempre / la vida entró en los planes.
(...) Ahora, 1984, en Argentina / esta mi segunda Patria
puedo hacerlo. / Pero Poemas en dos tiempos
es el que no va / porque en mi Paraguay
sigue el primer tiempo: el de la tiranía.
Así el tercero no se dio / al menos / todavía.”
Carmen Soler, poeta y luchadora paraguaya

Eduardo Soáres, “El Negro”, es uno de los letrados más notables y comprometidos por la defensa de los Derechos Humanos en causas nacionales e internacionales de Argentina. Preside la Asociación Gremial de Abogados y es miembro de la Mesa Nacional de Convocatoria por la Liberación Nacional (http://www.lahaine.org/index.php?p=53683). La presente entrevista tuvo sitio en su céntrica oficina bonaerense donde se explayó sin censuras ni temblores respecto del caso de los 6 campesinos paraguayos acusados de un crimen improbado y que fueron extraditados de Argentina a la más espantosa cárcel de un Paraguay en el que la sombra de la tiranía de Alfredo Strossner no termina de marcar a fuego la actualidad dolorosa de ese país. Aquí el abogado y el militante social Eduardo Soáres se funden y acusan con todas sus letras. Aquí Eduardo Soáres denuncia, como defensor legal, a los honorables responsables políticos de la felonía del poder que castiga a los pobres más pobres del campo paraguayo. A los pobres, perseguidos y pobres, condenados y empobrecidos, de uno de los países más pobres de América Latina y el mundo. Salen al ruedo desde el actual Senador nacional y político justicialista argentino, Aníbal Fernández, hasta el propio ex Presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

“El campesinado en Paraguay es el sujeto social activo de cualquier cambio social en ese país. Si bien fue una de las primeras naciones industrializadas y modernas del continente, hacia mediados del siglo XIX la Guerra de la Triple Alianza la retornó a la edad de piedra (Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay). Fue el primer genocidio que produjo el Estado argentino. Luego vendría el de los pueblos originarios. Hasta la guerra, Paraguay tenía 5 millones de habitantes. Cuando terminó quedaba menos de un millón de personas, de las cuales el 80 % era mujeres, niños y viejos. ¿Qué ocurrió? Paraguay era un país muy independiente, contaba con la influencia de los jesuitas y su misión comunitarista, tenía su propia flota mercante y comercializaba por el Paraná. Las burguesías de Buenos Aires y Brasil jamás iban a permitir que Paraguay tuviera semejante desarrollo y equidad interna. Era un “mal ejemplo”. Por eso en Convocatoria reivindicamos al Doctor Rodríguez de Francia, como a Francisco Solano López, quien murió peleando junto a su pueblo”, explica Soáres.

-¿Y los trabajadores asalariados de hoy?

“La clase obrera paraguaya es mucho menor que la campesina. El ex Presidente Fernando Lugo era Obispo de San Pedro, al norte de Paraguay, y quien lo llevó con su movilización y sus votos al Palacio de López fue el campesinado. Esto es importante porque los 6 campesinos son de San Pedro, y se conocían mutuamente con Lugo.”

Aníbal Fernández y sus lazos con Estados Unidos

-¿Quiénes son los 6 campesinos condenados?

“De los 6 campesinos, algunos pertenecían al Partido Patria Libre (marxista y nacional-revolucionario) y otros al Movimiento Agrario Popular. El PPL es una agrupación reconocida con personalidad jurídica, pero ya en las primeras elecciones en las cuales participó fue ilegalizado y diezmado. Los hechos se suceden cuando comienza una cacería contra estas organizaciones de masas. A los 6 campesinos se les imputa injustamente el asesinato de la hija del ex Presidente paraguayo Raúl Cubas, Cecilia Cubas, secuestrada en el 2004 y encontrada muerta al año siguiente. La verdad es que el homicidio tuvo que ver con una guerra interna donde en 1998 murió acribillado el Vicepresidente Luis María Argaña. Todas las miradas imputaron a Raúl Cubas como autor de ese acto. Los implicados pertenecían al partido stronista (por el dictador Alfredo Strossner http://www.youtube.com/watch?v=HOoZWp96nxk&feature=fvwrel). Años después, ante el asesinato de Cecilia Cubas, se acudió al manido argumento de que el responsable era el “terrorismo de izquierda”. Frente a la persecución contra el PPL, dos de sus máximos dirigentes pidieron asilo en Brasil que se lo concede. Otros dirigentes solicitaron asilo a Bolivia que también les otorga refugio. Incluso el actual ministro de Justicia del Presidente Evo Morales señaló públicamente que se trata de perseguidos políticos.”

-¿Cuál fue la conducta política de Argentina?

“Ahora bien, los 6 campesinos se presentaron en la Embajada Argentina en Paraguay, y el diplomático argentino, el Doctor Romá, les invitó a Argentina por escrito. Ellos llegaron al país con su abogada defensora. Cruzaron la frontera con sus documentos, pasaron por Misiones sin problemas hasta arribar al Comité de elegibilidad para los refugiados (CEPARE). Allí enseñaron la acreditación que certificaba que eran perseguidos, que carecían de causas pendientes, etc. El Procurador les tomó sus papeles y les indicó que volvieran la siguiente semana, luego de la cual los detuvieron y sometieron a juicio de extradición. Les informaron que apareció una orden de Paraguay donde pedían su extradición.”

-¿Cómo se explica el incidente, considerando el comportamiento y prestigiosa imagen internacional de Argentina en materia de Derechos Humanos?

“En verdad quien estaba detrás de todo era Aníbal Fernández, en ese momento ministro del Interior del gobierno nacional, a cargo también de las relaciones internacionales con Migraciones y un hombre muy ligado a los intereses norteamericanos (seguridad, DEA).”

-¿Qué hizo entonces Aníbal Fernández?

“Aníbal Fernández recibió permanentemente a los peores dirigentes del Partido Colorado de Paraguay (ultraderecha). Y a los pocos días de lo acontecido, Fernández dijo ‘van a ser extraditados’ los campesinos. Esto es, se atrevió a adelantar cómo terminó el fallo. Como defensa, nosotros lo recusamos por sus dichos. Se negó a recibir a los familiares de los campesinos; a nosotros en nuestro papel de defensa; a todos los organismos de DDHH que fueron a pedir por ellos. En resumen, Aníbal Fernández fue la punta de lanza de la extradición a los 6 campesinos.”

-¿Y por qué ligas eso con sus relaciones con los norteamericanos?

“En la Gremial de Abogados nosotros hemos logrado grandes victorias en materia de extradición. ¿Pero qué ocurre con Paraguay? Que junto con Colombia, son los dos países donde los norteamericanos tienen una presencia importantísima. Paraguay es la Colombia de Sudamérica. Los norteamericanos han construido allí una pista para control de vuelos de alto porte, tienen presencia logística a través de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional); y una ubicación estratégica respecto de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, en medio del Chaco. En fin. Cuando los norteamericanos están detrás de un caso así, es mucho más difícil impedir la extradición. La CIA y el Departamento de Estado norteamericano han acusado a Patria Libre y al Movimiento Agrario de ser gente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Paraguay. Sus argumentos se fundan sobre pruebas similares a las usadas cuando mataron al Comandante Reyes de las FARC y apareció una computadora donde se involucró a un montón de personas que nunca tuvieron nada que ver con esa organización.”

-¿Y cómo terminó Aníbal Fernández?

“Desde el Ministerio del Interior se fue al de Seguridad. Mucho antes había sido Intendente de Quilmes. El Juez en lo Correccional, Ariel González, lo imputó por los cargos de ‘falsificación de documento público’ y ordenó su captura. Por ello estuvo incluso prófugo. Asimismo, participó del gobierno de Carlos Menem. En la administración de Eduardo Duhalde fue Secretario General de la Presidencia. Luego se hizo kirchnerista y mañana tal vez se hará macrista (por Mauricio Macri, actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y eventual candidato de la ultraderecha para los comicios nacionales de 2015). Cuando asumió Néstor Kirchner como mandatario, de diputado nacional, Aníbal Fernández se convirtió en ministro del Interior.”

-¿Por qué?

“Si pienso bien de Néstor Kirchner, creo que con Aníbal Fernández en el Ministerio del Interior dejaba tranquilos a los norteamericanos. Posteriormente, Cristina Fernández lo nominó como ministro de Justicia. Ahora es Senador nacional por Buenos Aires.”

Al tacho de la basura la tradición de refugio a los perseguidos

-¿Cómo obró la defensa de los campesinos?

“Nosotros iniciamos dos expedientes distintos: uno judicial sobre su extradición, y otro civil administrativo donde solicitamos refugio para los paraguayos. Argentina, por primera vez en 200 años, rompió una tradición que compartía quizás con México, de favorecer el refugio y protección a perseguidos de cualquier lugar del mundo. Se inició una presión muy grande del gobierno paraguayo. Viajó incluso a Argentina la madre de Cecilia Cubas, acompañada por el embajador en la Argentina de Paraguay, el Doctor Fiorotto, quien después resultó ser uno de los sujetos denunciado por violación a los DDHH en el gobierno de Strossner. Posteriormente el propio gobierno argentino pidió que lo sacaran de embajador por acusaciones de delitos de lesa humanidad.

Los 6 campesinos fueron sometidos a juicios de extradición alrededor de 2005. Esto es importante. Uno de los principales testigos nuestros, es decir de la defensa de los paraguayos, fue el juez mismo que les pidió la extradición, don Pedro Mayor Martínez, quien es muy probo e íntegro y afirmó que los campesinos no tuvieron nada que ver con el hecho imputado. ¡El mismo juez que investigaba la causa pidió la extradición por el mandato formal de hacerlo!”

Los movimientos de la defensa

-¿Qué hizo la defensa de los campesinos en relación a la figura, talla y posición políticas de Fernando Lugo?

“Yo sostuve dos entrevistas con Fernando Lugo. La primera cuando vino a Argentina en su calidad de candidato a la presidencia. Le expliqué la situación de los campesinos. Él los conocía a todos y me aseguró que se iba a ocupar del asunto. Cuando Lugo fue elegido Presidente el 2008, los campesinos todavía estaban presos en Argentina. Nuevamente me entrevisté con Lugo aproximadamente dos horas en su residencia presidencial, acompañado de unas 15 organizaciones campesinas. Entonces nos señaló que hablaría con la Presidenta argentina en 15 días, pero jamás cumplió esa promesa.”

-¿Qué otras gestiones de alto nivel efectuaron?

“Una vez que el gobierno concedió inéditamente la extradición, me llamó el ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo –ya se había ido del cargo Aníbal Fernández-, y me explicó la situación con mucha sinceridad y franqueza. Me comunicó que al gobierno le había ‘truchado’ información, que ‘Aníbal Fernández nos hizo la vida imposible’; que había un dictamen de la Secretaría de DDHH a favor del refugio que Aníbal Fernández sacó, poniendo otro contra el refugio. También me indicó que ‘Yo estoy desde ahora (como titular de Ministerio del Interior)’ y que lo que había sucedido antes no era de su competencia. Sin embargo, Randazzo también me aclaró que no era necesario que Lugo hubiera hablado con la Presidenta. Que habría sido suficiente que hablara con él u otra alta autoridad un ministro o un secretario de Estado paraguayo para llegar a la Presidenta y comunicarle que los funcionarios de Paraguay estaban preocupados por la situación, y las cosas habrían sido distintas.”

-¿Qué lectura concluyes de los dichos de Randazzo?

“Que existió una responsabilidad muy grande de Lugo y los dirigentes luguistas. Es decir, Fernando Lugo dejó abandonados a su suerte a los 6 campesinos. En ese momento los presos estaban en huelga de hambre en Argentina, en el Penal de Marcos Paz, y Randazzo me hizo una propuesta: que si los campesinos levantaban la huelga de hambre, mientras ‘nosotros estemos en el gobierno’ no los enviaremos a Paraguay, pero tampoco los pondrían en libertad. La cuestión es que nadie les sacaría los 35 años de presidio a los que estarían condenados.”

Los responsables de la infamia, el juicio, la condena y Fernando Lugo

-¿Qué evaluación realizas en cuanto a las responsabilidades políticas en el caso en sus distintos escalones?

“Una cosa es la complicidad de la CIA, del Departamento de Estado; la política del Plan Colombia y Paraguay, etc. En este ámbito, para mí a la posición de Aníbal Fernández no sólo le cabe una responsabilidad política, sino que una clara complicidad. En otro nivel, existió una indolencia y responsabilidad política muy grande de los gobiernos paraguayo y argentino. Bastaba un llamado telefónico de Lugo para terminar con el tema. En este aspecto, yo le creo al gobierno de Argentina. Siendo un gran crítico de la actual administración, debo decir que nunca me prometió algo que no cumpliera. Al abogado que habla, nunca. Al dirigente de Convocatoria, es otra cosa.”

-¿Dónde enviaron a los presos y cómo terminó el juicio?

“A la Cárcel de Tacumbú de Asunción, que es un infierno. Es un recinto para 1200 personas donde hay 5 mil. Allí se sobrevive en medio de la mayor promiscuidad y miseria. Sólo es comparable con las peores cárceles peruanas, colombianas, mexicanas o el viejo Penal de Caseros de Argentina. La Gremial de Abogados no deja de visitar a los campesinos al menos una vez al mes. ¡El Fiscal del juicio de nuestros defendidos luego saldría en los periódicos portando un fusil M-16 y una pistola al cinto, posando en medio de una matanza de campesinos! Así fue el juicio: una brutal parodia. A los 6 paraguayos los condenaron a 35 años de prisión.”

-Tú fuiste a ver a los campesinos a Paraguay…

“Llegué tres días antes del golpe (22 de junio de 2012). Me encontré con la matanza de Curuguaty (11 campesinos y 6 policías muertos), producida por el gobierno y la policía de Lugo, quien inmediatamente después de los crímenes sacó a su ministro del Interior y puso al Doctor Candia Amarilla, jefe de los fascistas paraguayos. De hecho, el mismo Lugo lo denunció varias veces de golpista. ¡Candia Amarilla fue justamente el jefe de los fiscales que inició la persecución a los 6 campesinos! Mira, uno no le pide a Lugo que se comporte como el Presidente chileno Salvador Allende, pero que por lo menos preste alguna resistencia. Prácticamente ya la mitad de su gabinete era Colorado cuando fue destituido. Y lo más determinante: Lugo reprimió al mismo sector que lo llevó al gobierno. Declaró Estado de Sitio en los tres Estados del norte, incluido donde él fue Obispo; es decir, donde más fuerza social y electoral tenía. Como si no bastara, Lugo firmó un convenio con el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, para asesorar a la policía paraguaya para la represión. Con este Paraguay me encontré. No me permitieron entrevistarme con los campesinos presos, mientras me ponían un fusil M-16 en la cara. En la cárcel me conocían, sabían que era uno de los abogados de los campesinos. Sin embargo, esta vez me dijeron que debía solicitar una autorización al servicio penitenciario por escrito. Luego vino la destitución de Lugo.”

- En términos estrictamente políticos, ¿cómo observas el nuevo cuadro?

“Entre el campesinado (el sector más dinámico de la sociedad paraguaya) y la derecha recalcitrante y stronista del Partido Colorado, no existirá lugar para las medias tintas, para el reformismo, dada la fracasada experiencia reciente. Por eso, cualquier organización con auténtica vocación transformadora y que tenga confianza plena e inserción real en el campesinado, tiene muchas posibilidades de crecer para construir otro Paraguay. En el centro se encuentra la demanda histórica por la reforma agraria.”

-De acuerdo a datos evacuados por el Censo 2010, en Argentina existen más de medio millón de migrantes paraguayos…

“El extractivismo sojero y el bombardeo agrotóxico que emplea esa industria ha expulsado al campesinado a las ciudades grandes, primero a las del propio Paraguay y luego a Argentina. Basta cruzar la frontera. Y aquí realizan los peores trabajos, y son tratados como la escoria de la humanidad debido a una baja de conciencia política y solidaria de la sociedad argentina.”

-¿Qué hará la defensa ahora, ante el nuevo cuadro político existente en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo?

“Con la defensa paraguaya vamos a apelar a la condena, donde se argumentará que ella se está aplicando en condiciones prácticamente de irregularidad del orden democrático”.

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El ejercicio del poder ¿Desgasta a todo gobierno?

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

En el programa de opinión de radio Democracia del día miércoles 25 del mes y año en curso, los señores Burbano y Rocha, bajo la premisa de que el ejercicio de poder desgasta a todo gobierno, arribaron a la conclusión de que como el Presidente Rafael Correa había ejercido el poder 6 años, era también objeto de ese, en su opinión, inevitable desgaste. Apreciación aparentemente inobjetable a la luz de la lógica formal y del ejercicio de los gobiernos del período democrático que se iniciara en 1978, pero insostenible cuando el análisis se asume desde la perspectiva de la política económica que ha guiado el ejercicio del poder, y del grado de coherencia de ésta con las propuestas de campaña que posibilitaron la elección de los diferentes presidentes que ejercieron o ejercen el poder en ese período, variables que determinan, en última instancia, el grado de gobernabilidad de todo gobierno.

Efectivamente, si recordamos que en los países capitalistas con democracias representativas, es el proceso electoral el que formalmente legitima a un gobierno, y sus acciones y decisiones lo legitima en términos reales, hemos de aceptar como procedente la aseveración de Confucio cuando, hace casi siete siglos, sostenía que: “Para que haya buen gobierno debe haber abundancia de comida, un ejército suficiente y confianza de los súbditos en el gobernante”, ya que, “Si el pueblo perdiera la confianza en los que lo rigen, el gobierno carecerá de toda estabilidad” [1]. Afirmación que introduce una nueva variable que no forma parte de la reflexión lineal de Burbano y Rocha: la orientación de las acciones y decisiones de un gobierno, esto es en favor del pueblo (de las clases dominadas en la concepción de Marx), o de los grupos dominantes.

Las premisas anteriores, permiten entonces sostener que el desgaste de un gobierno no depende del ejercicio del poder en sí mismo como se expresara en radio Democracia, sino y fundamentalmente de la orientación social que el gobierno en el poder imprima a sus decisiones de política económica y a sus acciones. Aseveración que induce a la necesidad de considerar otro aspecto, igualmente obviado en el posicionamiento de Burbano y Rocha, la estructura cuantitativa de la pirámide social, puesto que en tanto en la punta de la misma se ubican las minoritarias clases dominantes, en la base se localiza las mayoritarias clases dominadas, el pueblo. Variable de gran importancia, ya que cuantitativamente el desgaste será menor o mayor, si la política económica y las acciones favorecen a los dominados, y viceversa, incluso en el presupuesto de que quienes se ubican en la mitad de la pirámide social se adhiriesen a la dominación.

Así planteado el problema, es evidente que no es posible generalizar para un conjunto de gobiernos el desgaste político que han sufrido por el solo hecho de ejercer el poder, si antes no se procede al análisis cualitativo de la política económica y de las acciones ejecutadas. Enfoque que es especialmente importante para determinar, las diferencias entre aquellos y el gobierno del Presidente Correa que para explicar el por qué del desgaste de los gobierno anteriores al del Presidente Correa; y, para reconocer, en términos cualitativos, el grado de aceptación y credibilidad del gobierno del Presidente Correa y sus perspectivas electorales.

Nadie alejado de posiciones ideológicas o partidistas que siempre obnubilan, deja de reconocer que los gobiernos que se sucedieron en el período democrático con antelación del Presidente Correa, se caracterizaron por el irrespeto a los contenidos propuestos en la campaña electoral. Los ejemplos más patéticos seguramente son: la renuncia a la justicia social enarbolada por el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado cuando se inclino ante los grupos dominantes a través de la aceptación de los condicionamientos del FMI y la sucretización; el "Pan, Techo y Empleo" de Febres Cordero que terminaron en una clara defensa de los intereses de los grupos de poder económico con la segunda sucretización; el populismo de barricada de Abadala Bucaram no pasó de ello y concluyó en la política antipopular que pretendía reiterar el "corralito" argentino; la justicia social del igualmente demócrata cristiano Yamil Mahahuad, la destrozó con el congelamiento bancario; los pronunciamientos anti imperialistas de Lucio Gutiérrez termina
ron con su conversión en el mejor amigo de los Estados Unidos; y, así sucesivamente. Comportamiento dual, contrario a los intereses de las clases dominadas, que explica el por qué del acelerado desgaste político que les acompañó. Comportamiento que, por cierto, explica también los ejercicios de democracia real que se concretaron en masivas luchas sociales como las registradas en el gobierno de Osvaldo Hurtado, e incluso en la destitución de los ex Presidentes Bucarám, Mahahuad y Gutiérrez.

La historia brevemente referida, no se registra, no se observa en el gobierno de Rafael Correa, puesto que no replica igual conducta que los gobiernos anteriores, como todos lo reconocen, puesto que en tanto la política social se orienta a la satisfacción de las siempre preteridas necesidades de los sectores dominados, la política económica propende a la creación de una sólida infraestructura económica. Comportamiento que no genera, por las diferencias anotadas, un desgaste político como lo plantean Burbano y Rocha, con el beneplácito y aplauso de Gonzalo Rosero. Desgate ilusorio que más sabe a sueños de perro. A ilusiones que se las sabe pérdidas pero que se las expone como recursos para tratar de manipular la opinión pública a favor de los partidos y movimientos del centro derecha, del Cauce Nacional de los Hurtado, Landázuri, Pachano, y de la Concertación Nacional Democrática de los Montufar y Solines. En la ilusión desde ya frustrada de derrotar a Rafael Correa en las próximas elecciones.

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Expectativas y debates entre la deuda y la integración

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Existen expectativas sobre varios asuntos de la economía en la coyuntura, entre ellos el próximo vencimiento y cancelación del BODEN 2012 por 2.300 millones de dólares, que cierra el proceso de endeudamiento público ideado para salir de la crítica situación del 2001/2002. El gobierno de Duhalde instrumentó la salida de aquella crisis en varios movimientos (políticos, económicos y sociales), con medidas económicas que incluyeron la devaluación con pesificación asimétrica, que benefició especialmente a grandes deudores del sistema financiero y compensó a los bancos y a los ahorristas (inversores). Todo con deuda pública y a costa del presupuesto, es decir, del conjunto de la sociedad, que de ese modo subsidió a esos beneficiarios, una minoría. Se reiteró la tradicional concepción de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Así, el costo de las medidas económicas se trasladaron en el tiempo (una década) con endeudamiento público, algo que había sido el reiterado mecanismo para el funcionamiento del capitalismo argentino en los años 90´, el decenio de la convertibilidad, la apertura liberalizadora, las privatizaciones y el ajuste estructural. La cesación de pagos de fines del 2001 facilitó la medida, ya que no había acuciantes compromisos de pagos en el corto plazo (por lo menos hasta que se definiera el arreglo, lo que empezó a suceder desde 2005) y viabilizó la emisión de los títulos que fueron venciendo en este periodo, y que cierra un ciclo el próximo jueves 2/8. Esa nueva deuda ha sido pagada y termina cancelándose a expensas de los trabajadores, que con el deterioro estructural de sus ingresos transfirieron rentas hacia las ganancias empresarias, lo que explica la disímil evolución del ingreso de patrones y trabajadores.

Hay quienes relativizan el papel de la deuda pública. Dicen que ahora tiene menos peso con relación al producto que en los periodos anteriores, algo que es cierto, pero insuficiente para considerar la condicionalidad estructural de la deuda. De hecho, los recursos para cancelar el BODEN 2012 salen de una autorización para utilizar reservas internacionales del BCRA. Esas reservas se anuncian en torno de los 46.300 millones de dólares, claro que a ese monto debe restarse, entre otros aspectos, las letras emitidas por el tesoro nacional por usar reservas para cancelar deuda pública. Son unos 33.000 millones de dólares que vencen en 2016 y 2022. Las reservas son entonces las que registra el BCRA, si y solo si, el Estado Nacional obtiene a futuro los recursos que hoy adeuda al BCRA. La deuda se está pagando con deuda, que se cancelará con recursos fiscales que tendrá que obtener el Estado. ¿De quién, de dónde? De la sociedad en su conjunto, obvio, y verificando que lo principal de la recaudación actual proviene de impuestos al consumo (como el IVA), aquellos que afectan a los sectores de menores ingresos. Para completar la información que relativiza las reservas, debemos adicionar unos 16.700 millones de dólares por adelantos transitorios por un año (renovables) facilitados por el BCRA al tesoro nacional. Entre ambos conceptos de deuda del tesoro, títulos y adelantos, suman más que las reservas registradas. Un problema, sin duda, a contramano de quienes subestiman el peso de la deuda en la coyuntura, sin contar claro, las demandas del Club de París o los Fondos Buitres que no ingresaron al canje y que cada tanto ejercen presión con relativa complicidad de la justicia de Estados Unidos.

Energía e integración
También genera expectativa en la coyuntura la reglamentación de la Ley de hidrocarburos y la presencia de una Comisión presidida por el viceministro de economía, Axel Kicillof. Las funciones serán las de intervenir en el mercado petrolero, en el seguimiento y control de las inversiones petroleras y en la determinación de variables claves del negocio petrolero, entre ellos la ganancia. Recordemos que YPF solo representa 1/3 del negocio, y que el resto está en manos de transnacionales y grupos concentrados. Se trata de un tema estratégico, no solo para el manejo soberano del petróleo, sino ante la crisis energética mundial en curso y la disputa mundial por las fuentes de hidrocarburos.

No es menor al respecto la reciente asociación entre la petrolera venezolana, Pdvsa, e YPF. Los acuerdos suscriptos entre ambas empresas permitirán desarrollos conjuntos, claro que necesitados de la tecnología estadounidense, en manos de monopolios transnacionales dominadores del negocio petrolero mundial, tal el caso de Chevron. ¿Es posible pensar en desarrollos tecnológicos compartidos, incluso involucrando a otras petroleras estatales de la región? Resulta imprescindible pensar en investigación y desarrollo alternativos, fuera de la lógica mercantil que empujan las transnacionales y el poder económico. La formulación de una estrategia compartida de soberanía energética aparece imprescindible. En su momento, desde Caracas se sugirió la conformación de un política bautizada “Petroamérica” y que ahora parecen haberse creado las condiciones para su extensión desde el acuerdo entre una veintena de países del Caribe y América Central a Sudamérica.

Lo señalado debe enmarcarse en la circunstancia que supone el ingreso formal de Venezuela al Mercosur, justo cuando desde Caracas se ratifica la “denuncia” a la pertenencia de Venezuela al CIADI, el ámbito del Banco Mundial que tiene en su seno las mayores demandas de trasnacionales contra la Argentina y otros países de la región. Existen expectativas que la actitud de Caracas, en el camino que ya asumieron Bolivia y Ecuador, empuje a los socios del MERCOSUR en el mismo camino, especialmente cuando Brasil nunca se incorporó ni suscribió el protocolo de adhesión al CIADI. Muchos temas puede empujar Venezuela en su ingreso formal al Mercosur, quizá y solo para destacar mencionemos al del Banco del Sur; las tratativas sobre nueva moneda regional, cuyos antecedentes remiten al Sistema de Pagos en Monedas locales suscripto entre Brasil y Argentina desde el 2008, incluso con su escaso desarrollo (es una iniciativa que pretende extenderse al conjunto del Mercosur); y un mayor vínculo con el SUCRE, la moneda para el intercambio comercial con monedas locales implementado por los países del ALBA.

Son temas coherentes con el insistente planteo desde el BCRA, o las autoridades económicas de la Argentina por des-dolarizar la economía local. Es cierto que el Mercosur está atravesado por múltiples conflictos entre sus miembros, y ahora específicamente entre Argentina y Uruguay a propósito del dragado del Río de la Plata; y recurrentemente entre protecciones y conflictos entre las partes; pero el ingreso de Venezuela renueva expectativas de potenciar la integración regional y claro, siempre existe el interrogante sobre quien influenciara más a quien ¿Si el rumbo por el socialismo que se promueve desde al revolución bolivariana o la impronta capitalista que anima el club de los fundadores del Mercosur?

Existe un nuevo tiempo en el debate por la integración, sin claridad ni definiciones precisas de articulación productiva y económica, pero no es menor que Estados Unidos ya no defina en soledad el curso de acción a seguir, aún cuando mantiene regímenes amigables y sumisos a sus dictados. La agenda de la integración alternativa acompaña la demanda de transformaciones locales en cada país, y constituyen el programa a sustentar en el camino de la construcción de sujetos para profundizar el cambio político que define la coyuntura en nuestramérica.

¿Quién vence a quién?
Las expectativas comentadas, sean por la cancelación de la deuda (aplaudida por acreedores), como las apuestas a la integración (petróleo y Venezuela en el Mercsur) son expresión de la confrontación existente en cada uno de nuestros países y en el destino común, compartido.

El interrogante del subtítulo remite a la formulación de Lenin en los difíciles momentos de la confrontación entre revolución y contra revolución, y que nos sirve a nosotros para pensar el momento actual de constitución de sujetos que asuman un programa transformador para el cambio en momentos de crisis capitalista.

Es que la crisis convoca al combate. Por eso es pertinente consultar e indagar sobre cómo nos preparamos para salir airosos. No hablo de la competencia olímpica, está claro, sino de la recurrente lucha socio política, aquella que nominábamos como lucha de clases.

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Sintonía fina con munición gruesa

Gabriel Solano (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El incremento del costo de los pasajes de colectivos y de trenes anunciado por Randazzo supera, respectivamente, el 80% y el 100%. Sigue la línea de Macri, quien en los primeros meses del año incrementó el pasaje del subte en un 127%.

El aumento del pasaje de colectivos irá a engrosar los beneficios de empresarios como Cirigliano, sin la menor investigación de los costos ni del uso que hicieron de los subsidios que el tarifazo vendría a reemplazar.

Aunque el tarifazo solamente alcanza a los usuarios que no tienen la tarjeta Sube (dos millones de personas de la zona metropolitana no cuentan con ella) a quienes hay que sumar los que vienen de las provincias. Pero como el gobierno congela los subsidios estatales en los actuales niveles -aproximadamente 1.300 millones mensuales-, de ahora en más los incrementos de costos operativos o salariales deberán ser enfrentados con nuevos aumentos.

Randazzo hace el anuncio en las vísperas de las negociaciones paritarias de los trabajadores del subterráneo y de los choferes de la UTA de la zona metropolitana. En el caso de Metrovías, la paritaria se encuentra vencida desde hace meses. Los trabajadores exigen un aumento del 28%, entre otros reclamos. Lo dicho para los aumentos de salarios vale para los incrementos de los costos; en especial, los referidos al combustible, sobre todo en vista al tarifazo que reclama YPF para poder desarrollar nuevas exploraciones.

¿Y la agencia?

El anuncio del aumento prescindió totalmente de la Agencia de Transporte Metropolitano formada por la Nación, por la Ciudad y por la provincia de Buenos Aires. La generalización del tarifazo, sin embargo, deberá tenerla en cuenta, para que el mazazo no sea adjudicado al gobierno nacional. Por eso, el gobierno anunció que de ahora en más serán las provincias y los municipios los que fijen tarifas o nuevos subsidios

En el interior del país, asistimos a una crisis del transporte público de enormes dimensiones. Es lo que puede ocurrir en el transporte que depende de los municipios del conurbano, que están totalmente quebrados e, incluso, en el transporte de la zona metropolitana.

El gobierno dilapidó miles de millones de pesos en subsidios para mantener a capitalistas parasitarios y a los capitales industriales, quienes han pagado salarios nominales inferiores a los que habrían correspondido sin el subsidio a los consumos. Ahora que esos subsidios llevaron a la quiebra al Estado, el costo de la crisis recaerá sobre los trabajadores. Contra esta política planteamos: abajo el tarifazo, apertura de los libros de los Cirigliano, Roggio y compañía; nacionalización del transporte bajo control de los trabajadores, desarrollo de un plan de inversiones financiadas con impuestos al gran capital y que se garanticen en las paritarias los incrementos salariales reclamados por los trabajadores.

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Entrevista a Carlos Fernández, músico de la orquesta estable y delegado: El propósito de Macri es transformar el Colón en un Luna Park cinco estrellas

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

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Mario Hernandez (MH): La Junta Interna del Teatro Colón de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó una campaña de solidaridad por el retiro de las 17 cesantías dispuestas por la dirección del teatro, que afectan a trabajadores que participaron de medidas de fuerza y pidieron el fin de la persecución gremial en ese teatro.
La campaña se propone reunir firmas por el cese de la persecución sindical y política por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Para hablar de todo esto, estamos en comunicación con Carlos Fernández, músico de la orquesta estable y delegado paritario por ATE.
Carlos Fernández (CF): Estos 17 compañeros fueron sancionados por las protestas que realizaron durante fines de 2010 tendientes a buscar una jerarquización de la carrera y un aumento salarial. Junto a esos 17 compañeros que están a punto de ser sancionados, primero fuimos 8.
MH: ¿Vos formás parte del listado a pesar de tu condición de representante gremial?
CF: Sí, después obviamente ATE apeló la sanción y la justicia nos dio la razón. Pero ese reclamo era simplemente por salarios y por mejoras en las condiciones de trabajo, que nunca fue escuchado y derivó en una escalada de la protesta, finalizando en una medida de fuerza. Hoy, después de casi un año y medio de ese incidente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el gremio Sutecba (Sindicato Unico de los Trabajadores del Estado de la CABA), cierran un acuerdo inconsulto y arbitrario que obviamente no contiene a todo el teatro sino a quienes lo firman. Por eso hemos presentado una medida cautelar y la justicia nos ha dado la razón una vez más, con lo cual queda demostrado que la sanción a los 17 compañeros que está en trámite y a los 8 iniciales, es un absurdo porque fue un reclamo absolutamente legítimo que al día de hoy no ha sido atendido.
Macri quiere que el Teatro Colón sea un negocio
MH: En FM La Boca hemos tratado en varias oportunidades la situación del Teatro Colón, aunque vos hacés eje en una situación puntual, también el primer coliseo argentino viene sufriendo un proceso de privatización que me gustaría que nos comentaras.
CF: Hay varias secciones disueltas a partir de esta administración que obedece a la permanente intención de tercerizar los servicios, con lo cual las entradas, las plateas e inclusive las ubicaciones más altas, suben de precio en progresión geométrica, porque lo que antes era un trabajo de un teatro factoría con trabajadores y secciones propias, hoy se importa, se alquila, se trae del exterior y eso triplica, cuadruplica, multiplica por varios números el costo.
Esto, por un lado, deja sin secciones a los trabajadores del Teatro Colón y, por otro, genera un gasto enorme, un gran negocio, porque se pagan sumas muy altas para traer producciones de afuera cuando durante 100 años todo se hizo en el teatro, hasta los zapatos. Este es el nudo del problema: este gobierno quiere que el teatro sea un negocio, pero un teatro nacional, un hospital, una escuela, son instituciones que dan un servicio y obviamente deben estar sostenidas por el Estado. Es una tendencia que va aumentado día a día porque las secciones se siguen cerrando y el teatro se transforma en un teatro de alquiler que dejó de ser una sala de producción propia, con lo cual queda demostrado el propósito final del gobierno de Macri: transformar al Teatro Colón en un Luna Park cinco estrellas y esto deja afuera a mucha gente, por eso los que alzan la voz, como los 17 y los 8, denunciando esta situación son castigados, porque son la piedra en el zapato.
La opinión de los trabajadores y la justicia son sistemáticamente ignorados
MH: Vi el expediente “Asociación de Trabajadores del Estado y Otros contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Otros sobre Amparo (art. 14CCABA)” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de julio de 2012. ¿Podrías comentar el contenido a los oyentes?
CF: Es una medida cautelar que obedece a la actitud permanente de la dirección del Teatro Colón y del gobierno de la CABA de desconocer y despreciar la opinión de otra organización gremial que no sea Sutecba.
MH: Es el gremio que conducen Amadeo Genta y Patricio Datarmini.
CF: Exactamente. Ellos se han manejado históricamente de una manera a la cual nos hemos opuesto porque tenemos una opinión, una visión distinta para el Colón.
También se ha producido un dictamen de la OIT que no es vinculante pero recomienda convocar a todos los agrupamientos sindicales y sectores.
El juzgado del Dr. Zuleta ha indicado en reiteradas oportunidades que tiene que convocarse a todo el espectro del teatro porque corresponde a la libertad sindical el derecho a opinar, es un derecho básico, pero esta administración al desconocerlo, demuestra el desprecio por la opinión que no es adicta.
MH: Esta no es la primer resolución judicial, recuerdo varias que el gobierno de la CABA ignoró olímpicamente.
CF: Hubo 3, incluso en uno de los fallos, el Juez le aplicó una multa por no convocar a todos los gremios, aún así siguen tratando de llevar adelante su proyecto de carrera y de reglamento tratándolo con algunos colegas, porque me resulta difícil llamarlos compañeros, del Sutecba que se prestan a este manejo desconociendo a la inmensa mayoría de los trabajadores del teatro que no han participado de ninguna reunión, que no han sido consultados ni tenidos en cuenta. Es un desprecio absoluto a la opinión de los trabajadores y también a la ley, a los fallos judiciales, es un desconocimiento y una arbitrariedad que realmente nos recuerda a las peores épocas de la dictadura militar.
Por último, esperamos que los 17 compañeros no sean sancionados porque sería un atropello más, una falta de respeto más y nosotros estamos muy cansados de la arbitrariedad, de la discrecionalidad y por eso acudimos permanentemente a la justicia que sistemáticamente nos ha dado la razón porque todos los fallos nos han sido favorables. De manera que esperamos que los 17 trabajadores sean absueltos.
Hay un expediente en la Procuración que va a salir con una recomendación, que tampoco es vinculante, hacia el Director General del teatro, quien puede cumplir con el dictamen o no aplicarlo, actuando discrecionalmente.
MH: Estamos hablando de Pedro Pablo García Caffi que si mal no recuerdo integraba un grupo musical.
CF: “El cuarteto Zupay” que cantaban canciones de protesta.
MH: Efectivamente, en la primera mitad de los ’70. ¿García Caffi no fue también Director del Teatro de La Plata y se tuvo que ir por una causa judicial vinculada a la venta de entradas?
CF: Sí, creo que hubo algún problema de dinero, pero no lo sé exactamente.
Con respecto a esta actitud discrecional y arbitraria, hemos tenido conocimiento que junto a un proyecto de carrera unilateral e inconsulto, pretenden aprobar un nuevo Reglamento de Trabajo con una cláusula para realizar una evaluación psicofísica anual y además otra de desempeño, y en ambos exámenes la decisión final es atribución exclusiva del Director General, con lo cual volvemos al siglo XIV porque se trata de un manejo absolutamente personalizado, discrecional y enfocado en contra de quienes pensamos diferente.

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Argentina, Tucumán. La Escuelita de Famaillá: Prohibido olvidar

PRIMERA FUENTE

El ex centro clandestino de detención y tortura conocido como "Escuelita de Famaillá", que funcionó durante el Operativo Independencia entre 1975 y 1977, será señalizado como sitio de memoria.

El evento tendrá lugar el próximo miércoles 1 de agosto, y estará encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. En la oportunidad se inaugurará el monumento compuesto por tres pilares de hormigón de 3 metros de altura que representan la Memoria, la Verdad y la Justicia, que estará ubicado sobre la ruta provincial 323 de acceso a la escuela Diego de Rojas, donde operó el campo de detención ilegal.

La concentración tendrá lugar en la plaza San Martín, a partir de las 15.30, para luego a las 16 marchar hasta la “Escuelita de Famaillá”, donde se señalizará y recordará los hechos nefastos que ocurriendo allí durante la última dictadura militar.

La señalización es organizada por la Red Federal de Sitios de Memoria del Archivo Nacional de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto con el Área de Memoria y Reparación de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, el Municipio de Famaillá, la Comisión por la Memoria del Sur Tucumano e H.I.J.O.S. Tucumán, con el aporte del Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (GIGET) y la escuela Diego de Rojas.

La Escuelita de Famaillá cobró un papel simbólico en la historia, ya que fue la punta de lanza del proceso de construcción de un consenso político y social en vistas a la instalación del "proceso de reorganización nacional", que desembocó en la formación de los mecanismos de terror ejecutados durante el último golpe de estado.

Fue allí donde se gestó en su gran mayoría el Operativo Independencia, puesto en marcha el 5 de febrero de 1975, y destinado a "neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos" en Tucumán.

A partir de ese día, las fuerzas represivas del Estado, conducidas por el Ejército -en un principio al mando del Gral. Vilas y continuado por el Gral. Antonio Bussi- y avaladas por buena parte de la dirigencia política, económica, eclesial y gremial, pusieron en marcha un plan sistemático de aniquilamiento destinado a producir una profunda transformación en el conjunto social.

Por entonces, la "Escuelita de Famaillá" operó como cabecera del primer circuito de CCD en la Argentina. Asociados a ella funcionaron en la provincia otros centros de reclusión, como el Ex Ingenio Nueva Baviera, la Chimenea de Caspinchango, el Ex Ingenio Lules, Ex Ingenio Santa Lucía, Comisaría de Famaillá, Comisaría de Monteros, Conventillos de Fronterita ( Ex Ingenio Fronterita ), Escuela Lavalle y Jefatura Central de Policía.

Según reza la convocatoria vía Facebook, “de la totalidad de casos de desapariciones forzadas y asesinatos entre 1975 y 1983, el 35 % corresponden al Operativo Independencia", cifras que evidencian la eficacia de las prácticas genocidas aplicadas por el aparto militar.

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Argentina, Córdoba - Barrio Ituzaingó Anexo: Últimos testimonios en el Juicio por contaminación

Ximena Cabral (PRENSA RED)

En la última audiencia realizada quedó claro que los venenos se expanden mucho más allá del área cultivada. Es lo que se conoce como “deriva” y que en este caso alcanza los 700 metros. Nuevas pruebas comprometen la situación de los imputados. Este martes declararán los tres testigos que faltan.

La prueba de “la deriva” de los agroquímicos sobre barrio Ituzaingo fue agregada durante la antepenúltima audiencia realizada la semana pasada. También se sumó la declaración de otro allanamiento y secuestro de un fumigador terrestre conocido como mosquito, en 2004, propiedad de Parra. Este martes finalizará la etapa testimonial con la declaración de los últimos testigos.

En la última audiencia, el piloto Peralta Maya testificó que comandaba desde 2000 hasta 2007 la avioneta amarilla de matrícula AXL, avistado y denunciado por los vecinos del barrio. Se espera entonces para el martes el testimonio de Carlos Oscar Minuzzi quien registra la matricula del avión -y que fue mencionado por Gatica y el comisionado Pablo Paiva- como parte de las presencias reservadas para la última jornada.
La deriva

Dentro de los testimonios de la penúltima audiencia dentro de la Cámara 1 del crimen en el juicio histórico por contaminación ambiental se fueron sumando nuevas pruebas de peritos. En este caso, el primero de los testigos, el ingeniero químico MarcosTomasoni presentó un completo estudio realizado por la Cátedra de Problemática Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC.

Desde la cátedra, coordinada por Fernando Barri y Liliana Argüello, se elaboraron las imágenes que representan un promedio de dispersión de los contaminantes aplicados por fumigaciones durante 12 años (ver http://www.juicioalafumigacion.com.ar/el-modelo-a-la-deriva-la-dispersion-de-los-plaguicidas-como-prueba-del-delito/)

Tomasoni mostró los planos donde se estima que las aplicaciones penetraron unos 700 metros dentro del barrio. Este estudio, además, compara con las imágenes de los mapas de los estudios epidemiológicos de enfermedades graves, distribuidas casa por casa, como precisó el testigo. Al referirse a la deriva, indicó que es más peligrosa la fumigación aérea que la terrestre.

Posteriormente, y durante la declaración del doctor Ricardo Fernández, también se dieron otras precisiones. El médico toxicólogo del Hospital Infantil, tuvo a su cargo el estudio de biomarcadores en niños de barrio Ituzaingó. Los resultados determinaron la presencia de agroquímicos en sangre en el 80 por ciento de los chicos estudiados.

También se compara a la realizada en el 2005 y que determinó que el 90 por ciento de los niños se encontraba en esa situación.

Desde la Defensa, presentaron el testimonio de Marcelo Ponce, presidente del Centro Vecinal de Barrio Ituzaingó Anexo, quien remarcó su diferencia y enfrentamiento con el grupo de Madres a quienes acusó de “inflar las listas” de enfermos y fallecidos.

Sin embargo, cuando desde la Fiscalia se le solicitó precisar números respondió: “Nunca me preocupe por eso” y agregó que su “función es netamente social. Cada uno tiene que ir al médico”. Tampoco indicó otros estudios que hayan trabajado en el Centro vecinal. Se refiere a un informe del 2002 y confunde los resultados de los informes con el artículo periodístico y las declaraciones de Chuit de que no había contaminantes en el barrio.
Hacia el final de la jornada fue relevante el testimonio del Comisario Rafael Ibarra parte del equipo que tomó las muestras para detectar la presencia de agroquímicos en el 2004 que dieron positivo.

Desde la Fiscalía, se dio lectura a un segundo allanamiento de junio de ese año donde se le secuestró a Parra un mosquito de color verde, en su campo, declaración que el testigo reconoció y se sumó como pruebas.

Números y ordenanza

El testimonio de dos especialistas solicitados por la Defensa la doctora Graciela Nicolás, directora del Registro Provincial de Tumores del Ministerio de Salud de la Provincia y el doctor Martín Sarmiento Tagle, responsable del estudio de endosulfán en el parque Sarmiento, mostraron sus propios informes y rebatieron los números y alcance de las familias contaminadas en el territorio (ver http://www.juicioalafumigacion.com.ar/cronicas-desde-la-audiencia-dia-13-declaran-los-testigos-de-la-defensa-i/).

Otro de los estudios que presentó como prueba la Defensa fue el trabajo práctico de una asesora Comunitaria residente en Capillitas de los Remedios en el 2010 y otro en el 2012 (hecho en lápiz).

Con respecto al conocimiento previo de la ordenanza municipal que prohibía la fumigación en Ituzaingo anexo, la afirmación de que hubo reuniones de capacitación con técnicos de la municipalidad y el conocimiento público de la prohibición de la ordenanza fue parte del testimonio central de ingeniero agrónomo Marcelo Bollati asesor Fitosanitario de Parra desde el 2004.

En su declaración, recordó reuniones con Raúl Gimenez y Diana Raab para buscarle una solucion a los barrios que habían quedado dentro de la prohibición de plaguicidas.

“Había que ver qué solución para buscar algún producto inocuo o que pueda utilizarse” precisa y ejemplifica con el Bipel Vasilus que se consigue en el mercado. Bocilus Turigensis es un microorganismo. No recuerda si se hablo de ese producto especifico pero si de productos alternativos.

También se constató que la receta de glifosato fue realizada dos años después de estar prohibido. Ante las preguntas de la Fiscalía asintió que a veces vio a Parra y a otras a empleados de el allí manejando el mosquito; declaración que Novillo solicitó contar en actas. Seguidamente, sobre la actividad aérea, afirmó que “En un campo como el de Parra un avión aplicador tiene que hacer entre 8 y 10 pasadas.”

Con respecto a la deriva, y ante las preguntas de la Defensa, indicó que “el productor busca más eficiencia de que el producto quede arriba de su plaga, de su maleza. A la deriva le decimos lo que sale fuera de mi campo, lo que se va por viento”. Incluso precisa que hicieron un estudio para mostrar en las tarjetas los resultados en el día mismo que hicimos la aplicación.
La avioneta amarilla

“Cuando ingresé éramos tres pilotos, Pancello, otro piloto y yo. Cada campaña, cada piloto tiene su avión. Primero era un PA 18 y después pasé a un Pauny 235, LV AXL, del 99-2000 hasta 2006-2007, amarillo con una franja azul al medio de los laterales”, explicó Peralta Maya piloto y empleado de Pancello en su empresa de aerofumigaciones. En ese instante, el testigo dio el mismo número de matrícula que Sofía Gatica había declarado en el segundo día de audiencias.

Seguidamente, y ante un minucioso interrogatorio, dio un extenso testimonio sobre los procedimientos de contratación y aplicación detallando que cada fumigación se asienta en un registro escrito por los empleados. Dicho registro fue puesto a disposición como prueba. El registro consta de información sobre: el contratante, fecha de contratación y realización, conductor, patente, tipo de veneno y cantidad.

De esta manera, el abogado defensor presentó un libro de vuelos la empresa FUCOR. “Pancello desde 2002 hasta fines de 2007 manejaba esa avioneta y después se va al corralito”, afirmó el abogado Defensor Pérez Moreno marcando el libro y solicitó que se tome como muestra la copia del pago original del 1 de febrero de 2008 y los libros registrados en la empresa de esa fecha.

El piloto aclaró también que tienen una pista alternativa en Montecristo donde permaneció el avión hasta el 2006 y 2007. Remarcó que “ahí tenemos un hangar y un departamento donde me alojo yo, vivo ahí en la campaña. Es propiedad de un cliente nuestro Horacio Gazzoni” (haciendo referencia al actual intendente de esa localidad).

Cuando la Fiscalía le preguntó por el avión después del 2007, el testigo respondió que estuvo frenado hasta mediados del 2008 y que para esa campaña trabajaba solo él y Pancello. Agregó que en febrero de 2008 no era volado por la empresa, solo por un caso eventual.

Para el martes se espera entonces la declaración de los últimos tres testigos entre ellos Carlos Oscar Minuzzi quien denunció en 2004 haber visto a la avioneta fumigar con el número de matrícula propiedad de Pancello. Una semana después se realizarán los alegatos.

Fuente imagen: PRENSA RED

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Argentina. Democratizar la comunicación: Freno y nueva convocatoria a los concursos públicos de TV Digital

APN - ACTA

El 25 de julio se hizo pública la decisión de las autoridades de la AFSCA de dejar sin efecto el concurso público llamado en 2011 para la televisión abierta digital, y de impulsar una nueva convocatoria. Distintos sectores de la comunicación popular celebraron la medida.

Hace un año la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) establecía el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre. Ayer tuvo que dar marcha atrás por lo restrictivos de sus términos para los medios llamados “alternativos”.

Los pliegos de condiciones para las organizaciones sin fines de lucro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecían, entre otras cuestiones, un valor de 70 mil a 140 mil pesos y, en el caso de los medios con fines de lucro, de entre 100 mil y 200 mil para acceder a las licitaciones. Los medios alternativos, comunitarios y populares, que no persiguen un interés comercial sino social y no buscan ganancias, afirmaron en su momento que no se ajustaba “en lo absoluto a las posibilidades de los medios alternativos que sostienen producción constante mayormente con trabajo voluntario".

A través de las resoluciones 929/12 y 930/12 se suspendió el llamado a concurso para la adjudicación de licencias y se estableció un plazo “no mayor a 30 días”, según se informó desde el AFSCA. Dentro de los próximos 120 días se aprobará el cronograma, con los días y los horarios para la apertura de los actos públicos.

El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) celebró la modificación de las condiciones de llamados a concurso para licencias de Televisión Abierta, tal como había sido reclamado en su momento por varias organizaciones que participaron activamente en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, señalando que una de las principales cuestiones por las cuales se revisó la medida es la posibilidad de incluir a más licenciatarios del sector no comercial, acorde al proceso de adecuación y desconcentración comunicacional en curso.

En su momento, la Coalición por una Radiodifusión Democrática -de la cual FARCO y la CTA forman parte activa- ya había sostenido que: “Los pliegos para los concursos de servicios regulados por la Ley, vigentes y futuros, no deben contener exigencias administrativas, técnicas o económicas que signifiquen umbrales que excluyan a organizaciones populares o a pequeñas y micro empresas locales”. Por esta razón, FARCO festejó la simplificación de condiciones para que las entidades no comerciales puedan acceder más fácilmente a gestionar sus propios canales de TV, permitiendo mayor pluralidad y diversidad comunicacional: "comprometemos nuestro esfuerzo para que se avance en la total aplicación de la Ley por la que tanto trabajamos y esperamos se encuentren las formas de facilitar la sostenibilidad de los medios surgidos de los sectores populares que expresan las voces de los hasta ahora silenciados por los medios concentrados", señalaron desde la entidad.

En tanto Martín Becerra, licenciado y docente de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes, analizó: “que tardaron un año en darse cuenta de algo tan sencillo como que los pliegos tenían un precio prohibitivo a mi me parece que es llamativo. Revela por parte del Gobierno una improvisación en esta cuestión muy grande que hasta ahora no ha estado a la altura de los desafíos, de las exigencias, de las expectativas que había desatado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y es una oportunidad para que verdaderamente cambie esa orientación y comience a cumplir la ley que el propio Gobierno promovió”.

Becerra hizo hincapié en que al momento de lanzar la convocatoria el año pasado no existía un plan técnico y aclaró que el mismo “es un mapa de licencias con un mapa de la Argentina. Es decir que en cada provincia y en cada localidad de nuestro país tenemos que saber cuántas licencias de radio y cuántas de televisión analógica y digital van a haber”. Remarcó que lo importante de la existencia del plan técnico es que “eso presenta un nivel de certeza, de planificación, que es fundamental conocer para evaluar si el llamado a concurso es un llamado interesante, pertinente, fundamentado o no lo es”.

A su vez, también mencionó la importancia de tener en cuenta la heterogeneidad de los medios populares para poder pensar una política efectiva y potenciadora de nuevas formas de comunicación, por ejemplo entre aquellos que se encuentran en la cordillera y que surgen de las luchas contra la minería contaminante y los que se encuentran en las grandes ciudades, en términos de la distribución del espacio radioeléctrico.

En el mismo sentido, y luego la reunión que se realizó entre televisoras comunitarias y funcionarios del AFSCA, Natalia Vinelli, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del colectivo Barricada TV, analizó que “se sigue midiendo la comunicación con el mismo paradigma neoliberal donde todo tiene que tener rédito ya, en el corto plazo” y agregó que “metafóricamente hay una total incomprensión de lo que es un medio comunitario”.

“En realidad”, concluyó, “tienen absolutamente claro que el modelo de la comunicación que nosotros estamos haciendo y proponiendo tiene que ver con la organización popular, los movimientos sociales y con visibilizar las voces que no están circulando por los medios comerciales y estatales”.

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Argentina, Tucumán: Inquieta la precaria situación en El Periódico y El Tribuno

PRIMERA FUENTE

El semanario propiedad de Alberto Llaryora y con Joaquín Fanjul como cara visible, persiste en su política de precarizar trabajadores y despedir personal.

En tanto, el diario, ex firma del clan Romero, tiene la pésima costumbre de no pagar salarios durante meses mientras Ámbito Financiero, el grupo que lo controla, se desentiende de la grave crisis, que parece terminal.

El empresario Alberto Llaryora y Joaquín Fanjul, uno de sus fieles escuderos, fueron objeto de una serie de denuncias públicas por parte de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), el gremio que nuclea a los trabajadores de la actividad en nuestra provincia. El primero es propietario de El Periódico y Antena 8, dueño de una larga serie de quiebras de múltiples empresas, entre ellas el semanario que edita actualmente al cual mandó a la ruina para reabrirlo posteriormente. El segundo es el apoderado de la emisora radial y quien maneja los hilos administrativos de la FM.

Entre el martes y miércoles la APT, junto a otras organizaciones gremiales y políticas nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que conduce a nivel nacional Hugo Yasky y Oscar Gijena en la provincia, se concentraron una vez más frente a las oficinas del las firmas de Llaryora para exigir la reincorporación de Jorge “Corcho” Rodríguez, un reconocido periodista radial quien sorpresivamente, y después de 15 años de trabajar en Antena Ocho, fue despedido sin causa alguna.

Esto sucedió el mismo martes por la mañana mientras realizaba sus tareas periodísticas (recibió el telegrama de despido en su domicilio). "Con causa justa por incumplimiento de sus funciones", según reza la nota, es la escasa explicación a través de la cual desplazaron al trabajador de prensa de intachable trayectoria y sin el mínimo decoro de, al menos, ponerlo al tanto de la situación antes del inicio de sus tareas habituales.

"Sólo quiero que me digan porque me despiden. Trabajé 15 años, incluso la semana pasada estuve haciendo horas extras para ellos", descargó consternado Rodríguez al no encontrar explicaciones.

Es por eso que al conocerse sobre esta injusta decisión, trabajadores de diferentes medios de comunicación y dirigentes de la Asociación de Prensa de Tucumán y de otras organizaciones sociales y políticas se concentraron en la vereda de la emisora radial, para hacer sentir el malestar.

Luego de esta manifestación en la cual se denunció públicamente los constantes atropellos por parte de los responsables de esta empresa, directivos de la Asociación de Prensa de Tucumán, encabezada por Oscar Gijena, Héctor Heredia y Diego Tomas mantuvieron una reunión con Fanjul, en función de resolver el conflicto.

Durante el encuentro el apoderado responsable de la emisora sostuvo que analizaría el pedido de los dirigentes para que Rodríguez vuelva a su puesto laboral y pidió unos días para tomar esa decisión. Sin embargo, la postura del gremio fue no levantar ninguna medida de protesta hasta tanto el también delegado gremial sea reincorporado inmediatamente.

Al no encontrase una solución a este conflicto de gravedad institucional, el sindicato endureció las medidas y al día siguiente se renovó la protesta en el mismo lugar, aunque con mayor énfasis y protagonistas.

En esa oportunidad, desde el gremio de prensa recordaron a los ocasionales transeúntes que la empresa incumple de manera sistemática con el Convenio Colectivo de Trabajo mantiene reiterados atrasos en los aportes previsionales y de obra social de varios compañeros. Además, de pagar sueldos de miseria que no alcanzan ni el mínimo vital y móvil de 2.400 pesos.

No fue el único frente abierto que tuvo la APT, ya que la Comisión Directiva en pleno, también se involucró en el grave conflicto por el cual atraviesa el matutino El Tribuno, que arrastra una larga serie de incumplimientos con sus trabajadores, que en algunos casos llega hasta siete meses de atrasos salariales como es el caso de los jefes de secciones. Esto motivó que los encargados de la planta impresora decidieron realizar un paro sorpresivo que impidió la salida de la edición del jueves 19 de julio.

La situación del diario, que supo ser propiedad de El Tribuno de Salta es crítica, a tal punto que la propia empresa que se las adquirió a la familia Romero, Ambito Financiero, no se hace cargo de su responsabilidad y asegura que ya no tiene acciones en la misma puesto que las mismas fueron cedidas a Daniel Machado, justamente el ex apoderado de la empresa en Tucumán.

De todas maneras, los trabajadores aseguran que la vinculación con Ambito Financiero, una firma con buenas relaciones con el Gobierno Nacional, es innegable, ya que los insumos para la impresión, tinta, papel y chapas, siguen llegando de manera regular desde la gigantesca planta impresora que tiene el Grupo Ámbito en Buenos Aires.

Es más, en la edición del 12 de mayo de 2009 de Ambito Financiero se publicó: “El Grupo Ámbito firmó anoche el contrato para la adquisición del prestigioso diario El Tribuno, que se edita en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Su incorporación, que pertenecía a un conglomerado de medios de gran influencia en la región noroeste del país, amplía el alcance del Grupo Ámbito que posee el diario Ámbito Financiero y el Buenos Aires Herald, y responde a un plan de inversiones en medios gráficos, digitales y audiovisuales de alcance nacional. La expansión del grupo prevé el lanzamiento en las próximas semanas de otro diario que se editará en Resistencia, capital de la provincia del Chaco”.

Ahora, misteriosamente, parece que su ambicioso proyecto de expansión quedó de lado y dejan la firma en manos de un ex empleado sin solvencia para hacerse cargo de los altos costos que implica mantener un diario.

Inclusive desde Ambito se fogoneó la creación de la Asociación Federal de Editores de la República Argentina (AFERA), integrada por 33 diarios de todo el país, un contrapeso a la poderosa ADEPA que tienen en Clarín, La Nación y los diarios más poderosos del Interior, como La Gaceta, a sus busques insignia. La AFERA está integrada -entre otros medios- por el Grupo 23 de Szpolski (Tiempo, El Argentino), Ambito Financiero, el Grupo Olmos (diario Crónica, BAE), Diario Popular y La Mañana de Neuquén.

Sobre el particular, Oscar Gijena, secretario general de la APT afirmó: “Venimos denunciando hace mucho tiempo lo que sucede en ese diario que nació mal y siguió empeorando. Tomaremos todos los recaudos legales necesarios en las secretarías de Trabajo de la Provincia y Nación debido a las deudas salariales y aportes previsionales que los empresarios mantienen con los trabajadores de ese medio”.

Durante la asamblea que se realizó en las derruidas instalaciones de El Tribuno, una muestra más de las penosas condiciones de la empresa, los trabajadores junto a al gremio acordaron fijar un plazo perentorio a la empresa para que presente un plan de pago, al tiempo que los trabajadores decidieron avanzar en la posibilidad de encontrar nuevas maneras de organización para salir al frente sin depender de las patronales de turno.

Comunicado oficial de la APT

Los compañeros de El Tribuno atraviesan por una de las situaciones más difíciles y complejas desde que se puso en marcha esa empresa periodística. Vio la luz a poco de que se iniciara el nuevo siglo y nunca pudo decirse que su estado haya sido de equilibrio económico y financiero. Sujeto a los avatares de la política, sus trabajadores tuvieron que vivir etapas muy críticas que se tradujo en que casi nunca tuvo un claro horizonte periodístico y empresarial. Así, su breve, brevísima historia está signada por altibajos.

La situación actual se inscribe en un horizonte que hoy está más lleno de dudas que de certezas. Y como si con esto no bastara, el pase a manos de un grupo de empresarios de Rosario, de Santa Fe, le sumó muchos más interrogantes. Los compañeros tienen en la actualidad sobradas razones para dudar de cualquier promesa de su actual gerente. Siete meses de deudas salariales, la falta de aportes previsionales y la falta de pago de la obra social (pese a lo cual la Asociación de Prensa no dejó a nadie sin cobertura) son situaciones más que elocuentes para decir BASTA.

La Asociación de Prensa acompañó y acompañará cada una de las decisiones de los compañeros de El Tribuno, pero esta vez dijo basta. Las medidas adoptadas hasta el momento por ellos son el fruto de esa falta de respuestas de la empresa, que ya no tiene excusas, puesto que la palabra de sus ocasionales conductores se devaluó al extremo. Nadie les cree. Y sobran los motivos.

De aquí en más la Asociación de Prensa pondrá en marcha sus propias líneas de acción con las autoridades provinciales y nacionales que sean necesarias para ponerle fin a esta situación, procurando que se respeten todos y cada uno de las derechos laborales. La firma está en mora y los empresarios lo saben. Por ello, en las próximas horas se dará a conocer un plan de lucha consensuado con los compañeros de la Redacción, Planta y Administración.

Desde la Comisión Directiva de la APT, denunciamos y repudiamos todas las estrategias que se utilizaron para manipular y seguir engañando a los trabajadores que son los únicos que vienen mostrando con sacrificio y empeño durante estos meses, para que el diario siga adelante. Es por esto, que para hoy, martes convocamos, a las 22, a una asamblea general con todos los trabajadores del matutino y dirigentes de la APT. Nuestra acción estará supeditada a nuestro histórico eslogan: Unidos, Organizados y Solidarios.

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Argentina, Jujuy. Criminalización de la protesta social: Reclamo de justicia a un año de los 4 crímenes en tierras del Ingenio Ledesma

ACTA

A un año del violento desalojo, en tierras del Ingenio Ledesma ocupadas por más de 700 familias de la CCC, que dejó como saldo cuatro personas asesinadas, la CTA, CCC, CAPOMA y otras organizaciones sociales reclamaron el sábado en la zona de "El Triángulo" de Libertador General San Martín.

Los participantes de los actos, celebraron una misa, oficiada por el cura de la prelatura de Humahuaca, Jesús Olmedo, luego hubo un almuerzo comunitario con locro y cerró con un festival de música.

También estuvieron presentes Fernando Acosta, secretario de Interior de la CTA Nacional y secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) Jujuy, José del Frari, secretario general de la CTA jujeña, Hugo "Cachorro" Godoy, secretario adjunto de ATE Nacional y "Quique" Mosquera de la corriente Clasista combativa (CCC). Además, participaron de los actos entidades de derechos humanos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Tucumán y diversos sindicatos.

Tras la homilía, varios dirigentes hicieron uso de la palabra, donde recordaron los trágicos hechos del 28 de julio del año pasado y reclamaron soluciones al Poder Ejecutivo provincial, como así también al Judicial, que prácticamente, tiene nula acción en la causa. Hubo especial participación de los familiares de de los jóvenes asesinados. También se presentó el libro de Miriam Morales, “Desalambrar, ocupar y resistir”.

Del Frari de la CTA Jujuy exigió justicia para los 4 muertos de Libertador General San Martín al cumplirse el primer aniversario del trágico desalojo de los terrenos de “El Triángulo”. Asimismo arremetió contra los directivos de la empresa Ledesma y realizó un balance de lo sucedido en la Marcha del Apagón del 26 de julio.

Consideró que en los últimos 30 días se han desarrollado eventos muy importantes; y enumeró cuales, a su criterio, son esas situaciones.

Primero se refirió a “los señaladores” de los Centros Clandestinos de Detención y tortura del terrorismo de Estado. “Por primera vez el Gobierno estuvo presente. Por primera vez Ledesma está siendo investigada, pero es lamentable que la empresa realice amenazas a los trabajadores, es lamentable que el Licenciado (Federico) Gatti esté al frente de este tipo de cosas”, denunció en relación a la presunta exigencia de las autoridades del ingenio, sobre sus empleados, para realizar una marcha de apoyo a la empresa. “En la contramarcha se los obligó a los trabajadores y sus familias, donde se les exigió la participación”.

“Desde hace 29 años las organizaciones exigimos justicia, pero sin violencia; y vamos a seguir con prudencia acompañando a los organismos de derechos humanos y controlaremos que la justicia no nos salga con un ‘domingo 7’ en cuanto a procedimiento y medidas que tome”, reseñó del Frari.

Con respecto a la multitudinaria marcha de los Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, de la que también formó parte la CTA que lidera, del Frari dijo que “se demostró la participación de Ledesma en la Noche del Apagón”.

Por su parte, el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Jujuy, Enrique Mosquera, se refirió a la movilización exigiendo justicia por las cuatro víctimas que arrojó aquella jornada, cuando unas 700 familias se asentaron en terrenos privados.

“Se cumple un año de la represión policial y la muerte de cuatro jóvenes (tres civiles y un efectivo policial)”, indicó indignado el dirigente de la CCC.

Por esta razón, Mosquera explicó que continúan reclamando justicia por lo sucedido. “Hay cosas que no entendemos y nos resultan inexplicables, como por ejemplo que el fiscal Parentis todavía no haya pedido la indagatoria de los jefes policiales o de los que participaron en el pelotón que estaban cuando mataron a los tres jóvenes. Muchos fuimos testigos y declaramos la causa” comentó.

El dirigente de la CCC dijo que todavía se está peleando por el tema de la tierra, ya que ha pesar de que se ha resuelto gran parte de la problemática, aún hay un sector importante de la población sin respuestas. Aseguró que las únicas que se han recibido hasta ahora, fueron por parte de la Provincia y han sido insuficientes.

Por último, del Frari sentenció: “Exigiremos a la justicia que deje de quitarle la responsabilidad a la policía y que busque los autores intelectuales y materiales del hecho”.

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Crecen construcciones verticales en "favelas" de Río

Pau Ramírez (XINHUA)

La ciudad brasileña de Río de Janeiro enfrenta un problema con el crecimiento vertical de viviendas en las favelas (barrios pobres), pese a los programas sociales emprendidos por el gobierno que incluyen acciones de reubicación para evitar que se construyan nuevos pisos sobre viejas viviendas.

El Instituto Pereira Passos (IPP) de Brasil informó que de 2008 al primer cuatrimestre de 2012 disminuyeron 2 por ciento las áreas ocupadas por comunidades con un total de 930.119 metros cuadrados, equivalentes a 113 campos de fútbol, lo cual compensó el crecimiento de 2,2 por ciento de 2004 a 2008, sin embargo no fue suficiente.

Una de las beneficiadas por los programas del gobierno para revertir esta situación fue la manicurista Vanessa Alves Santana, quien se avergonzaba al decir que vivió en un "zulo" o en una "bat caverna" (cueva de murciélagos) en la comunidad Mandela de Pedra, en Manguinhos, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro.

Esa vergüenza se convertía en preocupación cuando el suelo de la choza se encharcaba durante los días de lluvia, hasta que su familia fue una de las 17.400 apartadas del área de riesgo o de protección ambiental por la Secretaría de Vivienda de Río de Janeiro en casi cuatro años.

Sin emabrgo, en la zona sur del municipio la orden de embargo y la notificación de la Secretaría Municipal de Urbanismo entraron por un oído y salieron por el otro para el comprador de un piso en la popular Rocinha, la mayor favela de Brasil.

Este comprador concluyó la obra de un quinto piso y prosiguió con la construcción de un sexto pavimento, al ignorar la legislación que prohíbe cualquier edificación nueva en favelas desde abril de 2011, con excepción de aquellas que sean públicas.

Ambas situaciones retratan la realidad de las favelas de Río de Janeiro.

Cifras de los censos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) mostraron un aumento poblacional de 27,5 por ciento en los denominados aglomerados subnormales, los cuales pasaron de un millón 92.476 a un millón 393.314 habitantes de 2000 al 2010, contra un crecimiento de 7,.4 por ciento en todo el municipio carioca.

En la actualidad Rio de Janeiro cuenta con 763 favelas, 48 por ciento más que en 2000 (514).

En esas regiones surgieron 118.343 habitaciones, lo cual representa un crecimiento de 38,6 por ciento en los últimos 10 años.

La insistencia de especuladores inmobiliarios y de vecinos en que se respeten las reglas queda patente en varias de las comunidades más pobladas de Río de Janeiro, en las que desde los puntos más altos de ellas o en varios cerros próximos se puede constatar la cantidad de edificios que van sumando una planta más.

Permanecen aún despejadas cinco favelas de la turística zona sur, ocupadas todas ellas por la policía y que disfrutan de vistas deslumbrantes, Vidigal, Rocinha, Cantagalo, Babilnia y Tabajaras.

Con excepción de Vidigal, las demás favelas son asistidas por la Secretaría de Urbanismo a través del programa Punto de Orientación Urbanística y Social (Pouso).

En cuanto a área, la favela Rocinha disminuyó 2,5 por ciento, al perder casi 22.000 metros cuadrados por áreas de riesgo, no obstante continía en plena ebullición.

Desde diciembre de 2011, tras la ocupación de Rocinha por fuerzas policiales, hasta finales de marzo de 2012, la Secretaría de Urbanismo embargó 206 nuevas construcciones, un promedio de 1,7 por día).

En total se han registrado 30 denuncias de construcciones irregulares en ese período. A pesar de ello, ninguna ha sido derrumbada hasta el momento y en algunos casos las personas insisten en continuar con las obras para construir estudios y alquilarlos.

Demoler las construcciones, sin embargo, no es tarea fácil, debido a los peligros que conlleva para la misma estructura y para los vecinos, a lo cual se suma la pesada burocracia brasileña.

La demolición de las construcciones irregulares conlleva un proceso.

En caso de no interrumpir la construcción, la responsabilidad por el riesgo que éstas representan recae sobre ellos mismos, afirmó el secretario de Urbanismo, Sérgio Dias.

La dificultad de hacer entender a las familias la importancia de cumplir la legislación también se da en Babilonia, en el mítico barrio de Copacabana.

Los vecinos prosiguen las obras, como es el caso de la ama de casa, Dalila Soares.

"El ayuntamiento dice que no podemos seguir construyendo más aquí. Paralizaron mi obra, pero decidí seguir", dijo.

No muy lejos, el carpintero Jorge Ricardo Oliveira aprovecha la losa para construir un cuarto piso en su edificio de Babilonia, para su hija embarazada.

"No tenemos opciones de vivienda. Heredamos esto de nuestros abuelos. No es justo que nos echen de aquí", explicó.

De esta forma, la posibilidad de controlar el crecimiento en más de 700 favelas es tarea casi imposible para el ayuntamiento carioca.

Algunas, especialmente en la zona norte, no han parado de crecer, al duplicar su población en la última década.

A pesar de las dificultades de cada año, el IPP, con base en el levantamiento "aerofotogramétrico" (fotos tomadas desde un avión) informó que algunas favelas están siendo barridas del mapa.

Según el Instituto algunas áreas ya se convirtieron en barrios.

La Secretaría de Vivienda señaló que de las 17.400 personas desalojadas de la zona de riesgo o protección, 6.800 fueron reubicadas a través del programa "Mi Casa, Mi Vida".

Las demás fueron indemnizadas o beneficiadas por alquileres sociales. El objetivo del ayuntamiento es cerrar cada año el equivalente a 3,5 por ciento de las favelas.

Hasta 2016, el año de los Juegos Olímpicos, la meta es reducir 5 por ciento el área ocupada por comunidades, sin embargo aún falta mucho por hacer.

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