lunes, 6 de agosto de 2012

Crisis en Siria: El multilateralismo y la nueva contención

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La renuncia de Kofi Annan como enviado especial de la ONU para encontrar una salida pacífica a la crisis en Siria aunque esperable, es en todo caso sorpresiva por el momento en que se produce.

Ocurre cuando el Gobierno Sirio despliega una ofensiva para consolidar sus posiciones militares en Aleppo, la ciudad comercial donde el ejército rebelde ha establecido una importante resistencia.

¿Renuncia como mecanismo de presión? ¿Anuncio de que se viene lo peor para cualquiera de las partes y sobre todo para la población? ¿Señal facilitadora para que se intervenga militarmente por el vacío de poder que deja el fin de su misión?

Cualquiera de estas figuras pueden ser válidas, sin embargo lo más visible ha sido que la Misión de Paz de la ONU encabezada por el ex Secretario General fue un instrumento defectuoso desde la partida. El defecto de fábrica consiste en un Consejo de Seguridad de la ONU partido en dos facciones. Es como que la guerra interna en Siria hubiera crecido a medida que las dos facciones del Consejo no construían un verdadero proceso de negociación.

En este sentido, ambas facciones de este Consejo dividido son responsables del estado de situación actual y las recriminaciones mutuas podrían postergarse para privilegiar un verdadero alto al fuego.

Cuando recién se iniciaban las manifestaciones anti gobierno a comienzos de 2011, en el intento de repetir en Siria la metodología aplicada en Libia, la facción encabezada por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, -naciones con poder de veto permanente en el Consejo-, promovía abiertamente la salida o el derrocamiento de Basher el-Assad.
Este fue un error político grave porque consistió en incitar a la extrema violencia que se desplegó con posterioridad. En este punto se observa la máxima debilidad del multilateralismo y en especial los problemas de liderazgo del actual Secretario General Ban Ki-Moon para manejar este tipo de crisis.

Cuando se revise el proceso, los líderes que comandaron esta estrategia deberán ser evaluados por haber fallado en construir un verdadero ejercicio de negociación política en vez de haber entrado tan fácilmente a la fricción y el juego de las potencias.

Los otros dos miembros de los cinco países con asiento permanente en ese Consejo como China y Rusia, rechazaban cualquier intento abierto o velado para derrocar el gobierno de Assad por medio de una intervención militar abierta o a través de subterfugios. Hay que concederles el mayor crédito por haber contribuido a evitar la intervención militar. Sin embargo son también responsables por no haber consolidado la ruta política para resolver el problema.

Estados Unidos acusa a Rusia y China de la renuncia de Kofi Annan después de 16 meses de conflicto y una cifra cercana a los 10.000 muertos en Abril de acuerdo a la ONU. La cifra que manejan las autoridades de las fuerzas rebeldes supera las 17.000 víctimas fatales.

El conteo de las víctimas fatales y su divulgación ha sido un proceso cuestionable. La organización humanitaria VDC (Violations Documentation Centre) señalaba el 21 de marzo de este año, que la mayor cantidad de muertes en los enfrentamientos se había producido en febrero de 2012 con 1.786. Esta misma agencia indicaba que en 13 meses de confrontación, la cifra de víctimas fatales ascendía a 9.682. Es así que de marzo 2011 hasta marzo 2012, el promedio de muertos por mes en este conflicto llega a 744. Al no existir un registro oficial de un órgano independiente con el número aproximado de las víctimas fatales -para no decir exacto porque sería imposible dada la situación de guerra- para el período Abril- Julio 2012, si se consideran las cifras de los órganos rebeldes que superan los 18.000 muertos desde que comenzó la revuelta en marzo de 2011, se habrían producido 8.000 muertos en cuatro meses a un promedio de 2.000 por mes. Estas cifras de la oposición, no podrían estar alejadas de la realidad si se toma en cuenta que en febrero de este año la cifra pudo llegar a 1.786 y el conflicto ha escalado en intensidad y volumen en sectores urbanos de alta densidad demográfica.

Sin embargo la duda surge si efectivamente en solo cuatro meses la guerra, pudo haber producido un número de muertos de 8.000, tan cercano a los 9.682 de los 13 meses anteriores.

La renuncia de Kofi Annan podría abrir el camino a la intervención militar en Siria y esto también eleva el debate a otra dimensión que apunta a la continua expansión del poder de la Alianza Transatlántica, y a la necesidad de contención que debe ejercer un verdadero multilateralismo con la ONU a la cabeza hacia esta Alianza antes que sea demasiado tarde. En esta función indispensable, la ONU ha estado fallando desde la invasión a Irak (2003) hacia adelante y pareciera ser que por lo observado con Siria, muchos saben el remedio y son muy pocos pero muy poderosos los que no quieren aplicarlo.

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Deuda nacional por las guerras imperiales

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

“El gobierno de Estados Unidos ha robado a las futuras generaciones de norteamericanos $15, 876, 457, 645,132.66 (casi 16 billones de dólares estadounidenses) y sigue agregando a ese total más de 100 millones cada día. Hace treinta años estamos viviendo en esta orgía multibillonaria que nos ha propiciado el más alto nivel de vida que la humanidad haya conocido… pero tan maravillosa prosperidad que hemos disfrutado ha sido una mentira; no es real. Hemos estado tanto tiempo viviendo muy por encima de nuestros recursos que ya no podemos siquiera recordar cual es la realidad verdadera”.

Tal es la consideración que deriva de la situación el escritor, disertante y activista social Michael Snyder y la expone en un muy documentado artículo que apareció originalmente el Economic Collapse Blog y ha sido reproducido por publicaciones alternativas de diversos países.

Según Snyder, como ocurre a todo adicto a las deudas, más temprano o más tarde la economía estadounidense chocará con la realidad como con una pared. “Nuestra deuda nacional, en algún momento, provocará la implosión de nuestro sistema financiero y cada norteamericano sufrirá su parte del dolor por el desplome. Matemáticamente, no existe posibilidad alguna de que esa deuda pueda ser saldada alguna vez. Hemos acumulado la mayor deuda de la historia del mundo y las futuras generaciones, si las hubiera, nos maldecirán e insultarán por la calamidad que les hemos causado”.

En su ensayo sobre “Cosas que todo norteamericano debía conocer acerca de la Deuda Nacional” (Things That Every American Should Know About The National Debt), Mike Snyder recuerda que Estados Unidos tardó más de 200 años para acumular el primer billón de dólares en su deuda nacional; la llevó a 2 billones en 1986; en 1992 la aumentó a 4 billones y en 2005 se montó en 8 billones de dólares. Ahora, la deuda nacional de Estados Unidos está a punto de cruzar la marca de 16 billones. “¿Por cuánto tiempo podrá continuar este crecimiento exponencial?”, se pregunta el autor.

Según otros economistas estadounidenses, Joseph E. Stiglitz -Premio Nobel de Economía- y Linda J. Bilmes -profesora de la Universidad de Harvard-, la invasión de Irak costó tres mil millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses y la guerra contra Afganistán otro tanto, lo que indica que esas acciones bélicas, en su conjunto, duplicaron la deuda pública de Estados Unidos.

La deuda nacional per cápita de Estados Unidos es mayor que la de Grecia, Portugal, Italia, Irlanda o España. Representa más de la tercera parte de lo que suman las deudas oficiales de todos los países del mundo. Es hoy 22 veces mayor que cuando gobernaba James Carter y se pronostica que sobrepasará los 23 billones de dólares en 2015. Según un reciente análisis del FMI, la deuda oficial de Estados Unidos en 2050 será cuatro veces mayor que su Producto Interno Bruto (PIB). Entre 2007 y 2010, el PIB de Estados Unidos ha crecido sólo 4.26%, en tanto que la deuda se incrementó un 61%.

Es por ello que no hay dinero para Seguridad Social, Medicare, Medicaid, cupones de alimentos, atención al medio ambiente ni para la red de seguridad social.

Pero a Washington esta situación no parece quitarle el sueño. Prueba de ello son el financiamiento y organización de conflictos encaminados al derrocamiento de los gobiernos nacionales en Libia y Siria; la intromisión sistemática en los asuntos internos de todos aquellos países que no someten sus soberanías a la hegemonía imperial y sus incesantes acciones violatorias del derecho internacional en Pakistán y Yemen.

Súmense los grandes gastos presupuestarios derivados de las peligrosas acciones, preparativos bélicos y amenazas (encubiertas o evidentes) que supone el desplazamiento de sus fuerzas navales y otros esfuerzos por rodear a Rusia, China e Irán de bases militares -o sucedáneas de ellas- encaminadas a integrar un cerco en torno estas naciones, a mediano o largo plazo.

Y si mal andan las cosas en la economía, no le van mejor en asuntos de guerra. Michael Snyder caracteriza así la reputación que le ha valido al gobierno de Estados Unidos su desempeño en temas bélicos: “Un gobierno cuyos militares no pudieron, contando con la ayuda de Gran Bretaña, ocupar Irak a ocho años de haberlo invadido; que fue forzado a poner fin al conflicto poniendo a los “insurgentes” en las nóminas militares estadounidenses y pagarles para que dejaran de matar soldados norteamericanos; un gobierno cuyos militares no han podido contener a unos pocos miles de Talibanes en once años, sobrevalora sus posibilidades cuando organiza una guerra contra Irán, Rusia y China”.

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Martín Almada: "Despertar a los dormidos y organizar y movilizar a los despiertos" (Parte I)

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Con el pedagogo y abogado Martín Almada conversamos sobre el Paraguay de Alfredo Stroessner y el Operativo Cóndor. El "descubridor de los Archivos del Horror" (en Asunción) nos brinda un pedagógico e histórico testimonio digno de transformarse en material imprescindible para nutrir las memorias colectivas.


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Cancelación del Boden 12. Algunas referencias y reflexiones

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

El viernes de 3 de agosto la Argentina canceló el Boden 12 por un total de 2.198 millones de dólares. En la información provista por el Ministerio de Economía (1), con la difusión de los gráficos presentados en el 158º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por Cristina Fernández de Kirchner (CFK), se destacan las consecuencias del pago.

La conclusión oficial es el “desendeudamiento” y la “independencia”. La primera es muy discutible, sea por deuda pública no registrada y demandada en fueros internacionales, como por utilización de fondos locales a cambio de compromisos a futuro, los que serán cancelados por el Tesoro nacional. La segunda afirmación resulta dudosa, ya que la independencia supone una utilización en el país del excedente económico producido localmente. Profundizar esta concepción supone discutir quienes recibieron los dólares de la cancelación del título público en cuestión.

Nuestras reflexiones apuntan a señalar el condicionante estructural que supuso, supone y supondrá el endeudamiento externo, como elemento sustantivo de la lógica capitalista. Con ello, se profundiza la dependencia de la Argentina al capitalismo mundial.

¿A quién se le pagó 2.200 millones de dólares? (2)

• 1.706 millones de dólares se pagaron a tenedores externos, un 78%.

• 492 millones de dólares se cancelaron a tenedores domésticos, el 22% restante.

Los principales beneficiarios de la cancelación del Boden 12 son acreedores externos, principalmente bancos y fondos de inversión, en una coyuntura mundial de crisis, donde esos acreedores empujan los “salvatajes” de los países con serios problemas de deuda pública. Vale confirmar que los bancos transnacionales tienen problemas para cobrar a los países endeudados. El FMI, los Bancos centrales de los principales países capitalistas y sus gobiernos, impulsaron “salvatajes” que se orientaron principalmente a la banca en problemas desde el 2007/2008, en EEUU, Europa y Japón.

¡La Argentina acaba de depositar 1.706 millones a esas entidades que no cobran si no se instrumentan los salvatajes globales! Acreedores externos felices. Las reservas internacionales cayeron en un día por ese monto, quedando reducidas a 45.000 millones de dólares, debido a las transferencias realizadas. En febrero del 2011, el BCRA registraba 52.427 (3) millones de dólares, los que disminuyeron progresivamente por 7.500 millones de dólares en los últimos 17 meses.

¿Y los pequeños ahorristas?

Qué curioso el funcionamiento del capitalismo. La discusión en estos días, previos a la cancelación, aludía a que se “terminaba con el corralito”, que debe recordarse sufrían los depositantes en bancos, a quienes se les aplicaron restricciones para retirar sus depósitos bancarios desde fines de noviembre del 2001. En rigor, el tema se extiende al “corralón” que supuso la pesificación asimétrica, como mecanismo de salida del régimen de convertibilidad.

Para facilitar el retiro de los fondos “acorralados” hacia el 2002, se emitieron una serie de bonos, entre ellos el que se acaba de cancelar, el Boden 12, que los pequeños ahorristas recibieron y liquidaron por debajo de su valor nominal y así hacerse de dinero. Esos bonos pudieron usarse también para cancelar deudas o adquirir bienes. Lo que ocurrió fue que grandes operadores financieros, principalmente bancos, compraron esos bonos y los aguantaron hasta ahora, cobrando en tiempo y forma, en dólares, algo que muy pocos pueden hacer en la coyuntura.

Vale recordar que Duhalde asumió la gestión del gobierno a comienzos del 2002 diciendo “el que invirtió en dólares recibirá dólares”. Eso no fue real para los pequeños inversores que recibieron bonos y cambiaron por debajo de su valor; pero si se convirtió en realidad para aquellos que aguantaron los Boden 12 hasta el vencimiento, que no solo cobraron en dólares, sino que el propio BCRA les transfirió al exterior los 1.706 millones de dólares, en momentos de restricción a la salida de divisas.

Los tenedores de Boden 12 con menos de 125.000 dólares, apenas representan el 12% de la totalidad, es decir, percibieron el pasado viernes una suma de 271 millones de dólares (4). El resto de los tenedores domésticos de este título completan un 5% del total, con títulos por más de 125.000 dólares cada uno; y distintas dependencias del sector púbico recibieron otro 5% del total restante, por 112 millones de dólares.

En síntesis, los “ahorristas” originarios son minoritarios a la hora de la cancelación del Boden 2012.

Relato presidencial para disputar consenso

Resulta interesante el ámbito del anuncio del fin del corralito: la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, uno de los símbolos del poder económico local, y sede de negocios y especulaciones bursátiles discutidas globalmente en la situación de crisis contemporánea.

Se trata de uno de los ámbitos del poder económico local, emblemático si se quiere. Hacía pocos días se había inaugurado la exposición de la Sociedad Rural y vaciado de presencia oficial. La Bolsa receptó en su cumple al conjunto del poder ejecutivo, con la sola y obvia excepción del Vice, en juicio con el titular de la entidad bursátil. Es curiosa la denuncia de Amado Boudou, que parece no convalidar CFK.

El discurso de CFK reivindicó “con orgullo” las ganancias del sector empresario y bursátil obtenidas durante la activación económica desde mayo del 2003, obviando el que esa tendencia tiene antecedentes en la gestión anterior, con el mismo Ministro Roberto Lavagna, y que se puede explicar también con dos medidas previas que Néstor Kirchner (NK) nunca avaló explícitamente, ni involucraron a Lavagna, como la cancelación parcial de los pagos de deuda (Rodríguez Saá), y la devaluación vía pesificación asimétrica (Duhalde).

Resulta interesante la comparación de la variación del índice MERVAL, de +5% en el periodo convertible desde abril de 1991 a fines del 2001 (periodo de estabilidad de precios), contra un +254% desde mayo 2003, la asunción de NK (con aceleración de precios desde 2006) (5). Alguna vez, allá por el 2006, NK en New York señaló con relación a Wall Street que era “El lugar de donde no debimos salir” (6). Fue dicho luego de tocar la campana del mayor recinto de la especulación global, y reuniones con inversores estadounidenses que elogiaban la evolución económica del país, quienes expresaban su satisfacción con la rentabilidad obtenida, clara lógica esencial del capitalismo.

Junto a la evolución de la deuda y las ganancias empresarias, el relato presidencial se detuvo en el progreso de los ingresos previsionales, anticipando el ajuste desde septiembre próximo, el que se percibe a comienzos de octubre. El sentido discursivo apuntaba al pago de deuda, aumentos de las ganancias e inclusión de sectores de bajos ingresos, pues aún con 7 millones de jubilados y pensionados, la mayoría de ellos percibe ingresos mínimos que no satisfacen sus necesidades.

El relato en la Bolsa se propuso la disputa del consenso a dos puntas. Una de ellas apuntaba hacia el bloque de la dominación de clases, demostrando al poder económico que no se puede estar mejor que producto de la política económica en curso. Es lo mismo que hizo NK en septiembre del 2006 en EEUU ante los empresarios transnacionales a quienes se invitaba a invertir en el país. Es la lógica de la ganancia como atractivo para invertir, ganar y por ende acumular, algo dificultado en la coyuntura mundial del presente y el futuro cercano. La otra de las puntas apuntó hacia los menos favorecidos, en este caso, trabajadores jubilados y pensionados. Ya había dicho a los disidentes de Moyano que lo mejor era recibir los beneficios de la política oficial que disputar reivindicaciones desde el conflicto.

Se trató de un ejercicio que intenta demostrar la satisfacción por ingresos del sector dominante y del subalterno, a quienes se los incluye en el sistema vía consumo. Nada queda afuera de la política (económica), y todos están entre los favorecidos, unos con cuantiosas ganancias y otros con ingresos de subsistencia. ¿Es posible otro relato, y más aún, otra política, para otra ecuación de beneficiarios? Responder al interrogante nos llevaría a cuestionar la lógica de la ganancia, o sea, la del capitalismo.

Notas:
1) http://www.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2012/08/Presentacion-Boden-2012.pdf visitada el 4/8/2012.
2) Ib.
3) Sitio del BCRA en internet www.bcra.gov.ar (visitado el 4/08/12)
4) Ib.
5) Es evidente que hace falta una comparación de valores relativos, no afectados por la importante variación de precios.
6) Nota de Fernando Cibeira en Página 12 del jueves 21 de septiembre del 2006, en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-73327-2006-09-21.html (visitada el 4/08/12)

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No hay nada que festejar

Claudio Lozano (ACTA)

El Gobierno incurre en por lo menos tres mentiras graves a la hora de explicar la cancelación de deuda pública. Ni se termina con el corralito, ni los Boden son sólo resultado de la herencia, ni cumplimos con los ahorristas, ni avanzamos en desendeudamiento alguno.

El Gobierno pretende que festejemos y vivamos con alegría el pago de 2.300 millones de dólares que en concepto de Boden 2012 efectuará el próximo 3 de agosto.

Cristina Fernández busca repetir el momento en el que se le cancelaran cerca de 10.000 millones de dólares al FMI y que Néstor Kirchner exhibiera como un avance soberano cuando en la práctica era un paso más en la gestión de un Gobierno que en este tema ha decidido ser ‘el mejor pagador de la historia argentina.

Dice que se terminará de pagar el corralito. Obviamente al decir esto coloca a los Boden 2012 en el lugar de la herencia recibida, y por último celebra diciendo que con esto se da un paso más en el camino del desendeudamiento que, a no dudarlo, es el de la liberación.

No es cierto que terminemos con el corralito ya que son varios los ahorristas que en su momento recibieron 1.962 millones de dólares en Boden 2013 cuya última cuota será en abril del año próximo.

En segundo lugar, no es cierto que la totalidad de los Boden sean heredados: Las referencias a la crisis 2001-2002 como único origen de los Boden 2012 propias del discurso oficial omiten que en el bienio 2005-2006 se emitieron 5.200 millones de dólares que fueron a financiar al Tesoro y que de manera dominante fueron entregados a Venezuela por el Gobierno de Néstor Kirchner.

En tercer término, hay que señalar que no se está cumpliendo con los pobres ahorristas que fueran estafados. Tanto al momento de emitirlos donde solo el 33 por ciento de los bonos fueron a los ahorristas en tanto del 67 por ciento fue a parar a los bancos en concepto de compensación (subsidio) frente a la pesificación asimétrica, como por las reventas posteriores hechas tanto por Venezuela como por los propios ahorristas, se estima que más del 85 por ciento de los Boden que pagaremos están en manos de bancos privados y de fondos tales como Franklin Resources, Capital International Fund, Fidelity, Black Rock y otros.

El paso que se está dando tampoco avanza en el desendeudamiento. Cabe decir que luego de la reestructuración del 2005 la deuda pública creció en 53.000 millones de dólares llegando al final de 2011 a 178,9 mil millones. Cifra esta que no incluyen lo intereses adeudados al Club de París, ni la deuda asumida en función de los Bonos Cupón PBI (que este año superan incluso a los Boden 2012), ni la deuda neta de reservas del Banco Central. Si los incluyéramos el endeudamiento superaría los 230.000 millones de dólares.

Debiera consignarse que dado el nuevo contexto de déficit fiscal que exhibe la política oficial, esta deuda crece a razón de 10.000 millones de dólares por año.

Lo que sí es cierto es que hay un cambio en la composición de los acreedores y que el Gobierno tiende a presentar como desendeudamiento el hecho de que parte significativa de la deuda (53,8 por ciento) está en manos de organismos públicos como el BCRA o la ANSES. Asume en este sentido el criterio de que a estos organismos no habría que pagarles, como sí esa decisión no produjera efectos en las jubilaciones actuales y futuras o en la evolución de los precios.

Ni se termina con el corralito, ni los Boden son solo resultado de la herencia, ni cumplimos con los ahorristas, ni avanzamos en desendeudamiento alguno.

No hay nada que festejar y hay que acabar con esta farsa que es el resultado de un Gobierno que en ningún momento avanzó en la revisión e investigación del endeudamiento y que al mantenerse preso de la lógica financiera de la deuda terminó siendo el mejor y mayor pagador de nuestra historia.

Habría que preguntarse porqué razón es lógico que hoy le paguemos a bancos que en lo más álgido de la crisis fueron subsidiados, que esquilmaron a los ahorristas, que acumularon pingues beneficios, y que hoy vuelven a cobrar.

Claudio Lozano es Director del Instituto de Estudios y Formaciòn (IEF-CTA). Diputado Nacional.

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Argentina. Comienza el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira: Un crimen de Estado contra la clase obrera

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

El 6 de agosto, en los Tribunales de Comodoro Py, Ciudad de Buenos Aires, comenzará el juicio oral y público por el crimen de Mariano Ferreyra quien recibió un disparo en el pecho durante una manifestación que tuvo lugar el 20 de octubre de 2010 que reclamaba el pase a planta permanente de trabajadores ferroviarios tercerizados. Los autores materiales del asesinato respondían al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, uno de los diecisiete imputados.

“Mariano era flaco. Muy flaco. Yo lo cargaba porque estaba más cerca de pesar lo que yo pesaba en 5to grado (nada menos que 50 kilos) que lo que peso ahora. Recuerdo que en una época el tipo llegaba contento al CBC y me decía: “Che, ¿no me ves más gordo?”. Como buen amigo le era sincero: “La verdad que no. ¿Cuánto subiste?”. Él respondía: “Y… como un kilo… O dos”. Segundos de silencio y estallábamos en risas. En fin, Mariano era muy, muy flaco. Además de las cosas que se saben: era tranquilo, era tímido… Mariano, sin embargo -y a diferencia de estos patoteros intimidatorios como un rottweiler (serviles con sus amos y bravucones con los demás)-, era alguien que tomaba decisiones que tenían un riesgo, y asumía siempre las consecuencias de las mismas. Sus decisiones, a diferencia de Favale, no estaban respaldadas por el poder, no tenían la garantía casi segura de la impunidad, iban contra el poder, con todas las de perder”. (Escrito por “El Be”, amigo y compañero de militancia de Mariano).

Mario Hernandez (MH): Hoy vamos a estar conversando sobre el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra con María del Carmen Verdú (MCV), abogada. En 1992 constituyó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Lisandro Martínez (LM), militante del Partido Obrero. Autor de: Mariano Ferreyra. Un crimen de Estado contra la clase obrera y Christian Rath (CR), dirigente del Partido Obrero. Autor de: Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso Mariano Ferreyra.

María del Carmen, ¿qué expectativa tenés respecto de esta causa?

MCV: Yo creo que lo más importante de este juicio que va a comenzar el lunes, es haber llegado hasta el juicio. Desde el primer momento dijimos que así como esa mañana/mediodía en Barracas, los compañeros enfrentaron a la Triple Alianza antiobrera: el gobierno, la patronal y la burocracia sindical, y Mariano cayó defendiendo el derecho de los trabajadores y combatiendo esa Triple Alianza, íbamos a tener el mismo panorama de adversarios en el proceso judicial.
Estamos profundamente agradecidos al Partido Obrero por habernos invitado generosamente a participar de la querella junto a la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), y que más allá de la habitual colaboración que tenemos con ellos en infinidad de causas, fundamentalmente de defensa de trabajadores represaliados, también es un mensaje muy importante en el sentido que las muertes del pueblo son del pueblo y, por lo tanto, la presencia de CORREPI en esa querella la entendemos como una obligación de nuestra parte y reitero el reconocimiento a los compañeros al habernos abierto la puerta a un expediente que sino hubiéramos tenido que mirar de afuera y solamente participar en la militancia de solidaridad política y no dentro de la militancia en la propia causa.
Nos parece que el juicio es un acontecimiento realmente importante pero quien crea que esta es una causa que se resuelve en términos jurídicos está hablando de otra cosa.
Contestando a tu pregunta respecto de la expectativa para el lunes, en principio hemos tenido que enfrentar al conjunto del aparato estatal con sus aliados históricos. En algunos casos hemos logrado ciertos triunfos importantes. En primerísimo lugar que la discusión técnica en la sala a partir de las 10:00 del lunes vaya a girar sobre la tesis que sostuvimos desde el primer momento en aquella conferencia de prensa muy improvisada que hicimos alrededor de las 15:30 del 20 de octubre de 2010, donde recuerdo que estaba Lisandro, hoy aquí, tan conmocionado que ni sabía que estábamos en Corrientes y Callao. Esa misma tarde dijimos que había 3 co-responsables, que cada uno jugó un rol, una parte, una misión de trabajo en un plan criminal común. Eso lo hemos logrado instalar como tesis técnica que se va a discutir y creo que vamos a probar con la prueba que ya tenemos incorporada y los testimonios que se van a escuchar a lo largo de estos 6 meses de juicio.
Hay una pata y media de ese aparato sentado en el banquillo de los acusados, porque si bien está la burocracia sindical, la patota y su jefe, José Pedraza, y sus subjefes, Fernández y Díaz, y los 7 policías, entre ellos 3 comisarios y 1 subcomisario, falta el resto del aparato estatal, el Ministerio de Trabajo, el de Planificación, los funcionarios Schiavi, De Vido, Luna, el propio Tomada, Noemí Rial, etc., y fundamentalmente la empresa, la patronal UGOFE cuyos directivos apenas si han declarado en alguna ocasión como testigos cundo son el tercer pilar sobre el cual se apoyó la organización de este plan criminal.
Nuestra expectativa es poder probar, y vamos a hacer todo el esfuerzo con los compañeros que estamos organizando el trabajo conjunto en la querella, que es un juicio a medias, que es un gran triunfo haber logrado la unificación de la causa de la policía con la patota para ponerlos en un primer plano, mano a mano con sus socios de la burocracia sindical y no como simples coadyuvantes, como intentaron mostrarlos desde el aparato judicial, desde la fiscalía, desde el juzgado, al solo imputarlos por un delito menor y desvinculado del hecho principal, como es el abandono de persona.
Nosotros los estamos acusando por su participación criminal en el plan conjunto donde la tarea de la policía no fue ejecutar el crimen, porque eso lo hizo la patota, pero insisto, fue un reparto de tareas general y probar además que hay un montón de sillas vacías que corresponden a todas esas otras partes de esa confabulación antiobrera que por ahora han quedado amparadas por el aparato estatal.

El juicio fue fruto de una extraordinaria movilización política

MH: Christian, leía en tu libro Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso Mariano Ferreyra, que vos destacás el hecho que José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria y Juan Carlos “Gallego” Fernández, secretario administrativo, son los primeros casos en democracia en que las 2 máximas cabezas de un sindicato son procesados y detenidos como autores intelectuales de un asesinato político.

CR: Ese es un rasgo original de este proceso en el cual María del Carmen y Claudia Ferrero están jugando un papel muy importante desde el punto de vista del armado jurídico.
Hay que destacar que esto no termina el 6 de agosto, sino que recién empieza, y un juicio es una materia viva.
Hay un testigo que se quiebra, hay una confesión que no se esperaba, es decir, es una lucha política que se inicia y puede durar meses, que va a ser también contra el gobierno que juega determinado papel en función del ocultamiento y de la preservación a la que hacía mención María del Carmen.
No están en el banquillo de los acusados los representantes de la burguesía nacional, que es esta patria concesionaria inmensa que ofició de cómplice de la burocracia sindical.
Me parece que en ese punto hubo una movilización política extraordinaria. Si vos recorrés todos los crímenes contra el pueblo desde 1983 al presente, no tenés la cantidad de imputados con el nivel de responsabilidad que tenés en este caso. Esto fue fruto de una movilización, no de un gobierno que quiso producir un hecho político de juicio y castigo.
El oyente deberá saber que esta movilización que estamos convocando para el 6 de agosto tiene que ver no solo con el juicio y castigo por el asesinato de un compañero a quien queríamos inmensamente, no, aquí hay un juicio político.
El entramado que describe María del Carmen es el de un régimen social, porque están involucrados una clase social empresaria, el régimen de la tercerización que no solo se da en el ferrocarril Roca con trabajadores que cobraban el 50% del salario haciendo la misma tarea que uno efectivo. En el país existen más de 1.000.000 de trabajadores tercerizados y la perspectiva es que aumenten. De esos ¿cuántos revistan en el Estado? Esa es otra de las patas.
Cuando se plantea la posibilidad con un proyecto del diputado Recalde, muy limitado, de acotar la tercerización, Paolo Rocca, titular de Techint, en el coloquio de la Unión Industrial, el mismo año de la muerte de Marcelo Ferreyra dice que la tercerización no debe ser tocada porque es estratégica en cuanto al costo laboral. Toda una definición de Estado y el proyecto Recalde cae un mes después.
También es un juicio político contra la burocracia sindical. Yo anoté la frase de Moyano cuando cayó preso Pedraza: ‘Hay muchos dirigentes sindicales presos para un gobierno peronista’. No hablemos de Pedraza que está dando los congresales de la Unión Ferroviaria para la CGT Balcarce. Es la burocracia sindical, esa loza inmensa que tienen los trabajadores en los sindicatos, lo que está en juicio en este caso.
También el gobierno porque es quien permitió que la UGOFE y la Secretaría de Transporte no estén en el banquillo de los acusados. La primera declaración de la Presidenta fue cuando hizo mención a la ocupación del Palacio Pizzurno diciendo que buscaban un muerto. Esto tiene que ser dicho porque sino no se aprecia que hay un juicio que de alguna manera para el Partido Obrero y creo que compartirá María del Carmen y muchas de las fuerzas políticas que estamos actuando, queremos que sea un capítulo de la crisis política que tiene este gobierno, porque en último término estamos juzgando a un sistema que creó este propio gobierno.
La tercerización, el trabajo precario, la defensa de la burocracia sindical, son las patas de un gobierno que se presentó como nacional y popular y está viviendo una fase de agotamiento. Este gobierno fracasó y por eso tenemos una política de ajuste, donde comenzó el déficit fiscal y están buscando todas las cajas del mundo posibles y la gente tiene el aumento de la tarjeta SUBE, de los peajes, el tope en las paritarias, el impuesto sobre el salario y uno tiene que ganar menos de $ 5620 para cobrar una asignación familiar, es decir, esto tiene que ver con un juicio político donde las fuerzas que se están movilizando tienen que ser un factor en esta crisis porque sino al gobierno le van a pasar la factura los Lavagna, los Scioli, los De la Sota, que están planteando la política de la devaluación y el ajuste inmisericorde contra las masas.

Tiraron a matar porque detrás había un negocio millonario

MH: Lisandro, estuviste presente el día de los hechos en Barracas.

LM: La situación en Barracas fue muy similar a lo ocurrido en Puente Pueyrredón donde yo también participé.
Ambos fueron operativos del Estado. Cuando titulé mi libro Un crimen de Estado contra la clase obrera, en diciembre del año pasado, parecía un poco fuerte, yo mismo decía esto hay que comprobarlo, pero ahora lo ha hecho el fiscal de la causa de la masacre de Once donde murieron 51 personas y hay más de 700 heridos, quien afirma que ha habido una actitud criminal de Schiavi y Jaime, ambos ex secretarios de Transporte y de los Cirigliano, los empresarios concesionarios de la línea Sarmiento de trenes.
Lo sucedido en Barracas es muy similar a los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, porque se trata de un operativo que solo lo puede armar la SIDE, el Estado con todos sus organismos de represión para dar impunidad a una acción ejemplificadora como dicen nuestros abogados en la causa.
La propia visión que uno vivió ese día me hizo decir una cosa que es una verdad absoluta: tiraron a matar porque detrás había un negocio millonario que había que defender. Unicamente así se puede entender que alguien mate en esas circunstancias y que no sean los que tienen la caja en su poder, porque en las denuncias que luego hacen los testigos arrepentidos, encubiertos, como los queramos llamar, dicen que estaban los propios agentes de la UGOFE en las vías, no estaban fuera de la jurisdicción monitoreando por teléfono.

MH: Aunque lo han mencionado varias veces, sería bueno que aclararas qué es la UGOFE.

LM: UGOFE es la unión de 3 empresas cuyos responsables son los empresarios Roggio, Cirigliano y Romero, quienes han hecho sus fortunas chupándole las tetas al Estado, lo que se llama la patria contratista, para la cual si una botella de gaseosa cuesta $ 1 al Estado se la cobra $ 6. Esta gente estuvo, organizó este crimen, estos 3 concesionarios fueron parte de esta organización, sabían lo que iba a pasar. Uno de los gerentes de UGOFE recibe 16 llamados de Favale, es decir, la más terrible comprobación de la interrelación en el hecho.
La Policía Federal tiene una sala donde se proyecta en directo lo que filma en las movilizaciones. La cúpula vio lo que pasaba, también el Ministerio del Interior.

MH: Los personajes se repiten. Aníbal Fernández aparece involucrado en Puente Pueyrredón y en este caso.

CR: Quiero recordar que la primera respuesta que dio Aníbal Fernández es que el lugar donde se produce el asesinato de Mariano Ferreyra era inaccesible para los móviles policiales, diciendo que jamás habían estado en el escenario del crimen. Está en los diarios y Aníbal Fernández continuó con sus funciones gubernamentales en ese momento.

MH: María del Carmen, sé que tenés un compromiso y no quiero que te vayas sin antes cerrar tu participación en esta mesa.

MCV: A las 12:30 tengo que estar en una audiencia y los jueces no son tan comprensivos como vos.

Creo que la conclusión sobrevoló las intervenciones anteriores tanto de Christian como de Lisandro. Nosotros en CORREPI compartimos el análisis de Lisandro que este es un crimen de Estado. Mariano Ferreyra es uno de los 17 asesinados por el gobierno peronista de los Kirchner en la represión directa a la protesta social, a la manifestación, a la movilización popular, una cuenta que empieza apenas asume Néstor Kirchner en 2003, en octubre, cuando es fusilado por la policía en Jujuy el joven Luis Cuéllar, al que nosotros denominamos el muerto olvidado porque salvo en contadas oportunidades no se habla mayormente de él, un pibe militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que se movilizó junto a 7000 vecinos en Libertador General San Martín, una población de 15000 habitantes a lo sumo, con lo cual podríamos decir que participaron de la movilización el 100% de los adultos, a raíz que la noche anterior se había cometido en la comisaría otro crimen de Estado pero de la otra vertiente represiva, la que llamamos preventiva, para distinguirla de la selectiva que se dirige contra la movilización, contra la protesta política, porque otro pibe, Cristian Ibáñez, de 17 años, había sido asesinado en la tortura. Ese fue el primer muerto de los Kirchner en relación a la protesta social.
Después siguieron casos que se conocen más como el del maestro Carlos Fuentealba o los 2 pibes fusilados en Bariloche después del fusilamiento por gatillo fácil de Diego Bonefoi.
También hay otros casos silenciados como el de Facundo Vargas, que era un chico de 16 años que se movilizó en Pacheco, en enero de 2010, para repudiar con un corte de vías, un fusilamiento de gatillo fácil habido a pocas cuadras en El Talar.
Es en ese marco que decimos que el caso de Mariano es paradigmático por todo lo que aquí se señaló, por ejemplo, respecto de esta extraordinaria posibilidad que nos ha dado la gran movilización y la denuncia permanente del crimen, que nos permite estar llevando a juicio a las cabezas del aparato criminal de la burocracia sindical como Pedraza y Fernández, situación que si la comparamos con otras causas igualmente importantes desde el punto de vista de lo que significa la intervención represiva en esta forma de tercerización de la represión que tanto utiliza el kirchnerismo usando grupos de choque de los sindicatos, nos damos cuenta de la calidad diferencial de la causa Ferreyra.
Gerardo Martínez está en su casa, sigue dirigiendo la UOCRA, es el niño mimado del gobierno nacional, viaja a Ginebra a la OIT en representación de los trabajadores, con la Presidenta, que poco menos lo ha convertido en una especie de árbitro en la disputa en la interna por la conducción de la CGT y, sin embargo, está imputado en una causa en la cual hemos denunciado un hecho por el cual ya debería estar preso porque formaba parte del Batallón 601 durante la dictadura, lo cual no es un delito porque lo digamos nosotros, sino que hay jueces que ya lo han dicho. Siguiendo la propia lógica del aparato judicial, el Juez Lijo aseguró que el Batallón 601 fue una asociación ilícita que tenía como objeto administrar, gerenciar el Terrorismo de Estado y por ende los libros de Derecho nos enseñan que la mera pertenencia a una asociación ilícita ya es un delito que es motivo para ir preso.
En el caso de Gerardo Martínez no se aplica, si la asociación ilícita fuera una organización popular que toma tierras abandonadas para construir viviendas, ahí sí tendríamos las imputaciones a la orden del día y a los compañeros presos.
En ese sentido es una causa paradigmática. Como bien decía Christian este es un proceso que comienza el 6 de agosto, que como mínimo se prolongará hasta enero, con lo cual las organizaciones populares debemos administrar nuestras fuerzas porque no solo la apertura va a ser rodeada de una movilización con una enorme convocatoria y repercusión nacional, también en otras plazas y calles del país, sino que va a haber muchos otros momentos a lo largo del juicio, donde más allá de la permanente atención que tengamos sobre el caso, sabemos que es imposible mantener la movilización en la calle durante lunes, martes y jueves por 6 o 7 meses. Hay momentos en que sabemos que saldremos a convocar nuevamente la presencia popular cuando declaren nuestros testigos, los compañeros que fueron víctimas de este ataque que deben hacerlo frente a una sala que sea una verdadera tribuna popular que pueda escucharlos. Esos compañeros, que como bien lo sabe Lisandro porque muchos son sus propios compañeros de militancia, y de otras organizaciones hermanas, no dudaron un segundo en ponerse a disposición de las querellas para poder prestar su testimonio aun al precio de ser imputados ellos mismos en otras causas penales.
Varios que van a declarar, que fueron testigos presenciales, vieron a los asesinos, vieron caer a Mariano, tuvieron que sufrir en este año y medio transcurrido, grandes persecuciones políticas, incluso a través de causas judiciales. Merino y Ospital de la agrupación “Causa Ferroviaria” recién hace un mes fueron sobreseídos por la Cámara Federal de La Plata por una causa iniciada por los propios policías que hoy están imputados por el asesinato de Mariano, los comisarios Mansilla y Ferreyra. Lo mismo sucedió con compañeros de otras organizaciones que todavía están procesados por extorsión, por haberse movilizado reclamando el cumplimiento de obligaciones hacia los trabajadores. En marzo de 2011, vendedores ambulantes, Tendencia Piquetera Revolucionaria, etc., fueron acusados por este grupo de policías que son los mismos que estuvieron en el lugar mientras el comisario Lompizano y el resto dirigían el operativo desde la Sala de Situación de la Policía Federal. También sucedió con muchos otros trabajadores ferroviarios que han podido ser sobreseídos en todos los casos acusados por el mismo Juez Federal de Quilmes.
Sabemos que es una pelea larga y un capítulo más de la lucha eterna que solo va a terminar el día que de esa matriz de la historia que es la lucha de clases salga el triunfo de la clase trabajadora y quienes nos gobiernen no sea esta entente que estamos enfrentando en este proceso.

Quien crea que por los meandros de la justicia va a lograr el castigo está soñando

CR: Insisto en que este es un juicio político. Quien crea que por los meandros de la justicia se va a lograr el juicio y castigo por el crimen de Mariano Ferreyra está soñando. Lo que se obtuvo fue fruto de una movilización política. La Masacre de Once pudo haber sido evitada si había una investigación a fondo sobre la UGOFE porque planteaba el tema del papel parasitario de la patria concesionaria y del destino que le daban a los subsidios para su propio aprovechamiento y no para invertir en los servicios públicos.
Creo que tenemos que comprometernos para que en cada lugar de trabajo haya una especie de diario semanal de lo que vaya pasando en el juicio porque de esa manera vamos a involucrar al trabajador en su lugar y convertir esto en un juicio popular.

MCV: Así como Pedraza fue el instrumento de la clase dominante para llevar adelante la parte material del ataque y la policía, la empresa y los funcionarios de los ministerios cumplieron con su rol, también los juzga un aparato judicial que no es precisamente una organización al servicio de los trabajadores, por eso yo señalaba antes la obligación de estar presentes.
En el mismo sentido que lo decía Christian de llevar la información de lo que suceda en el juicio a todos los lugares de trabajo, sé que el Partido Obrero va a tener un Diario del Juicio en su página web, nosotros en la página de CORREPI hemos abierto un blog donde también vamos a publicar semanalmente el resumen de las 3 audiencias y le pedimos a todos en sus casas, en sus trabajos, entre sus amigos, que hagan circular esa información, la difundan, le den cabida en todas las prensas, en todos los ámbitos de discusión porque efectivamente este es un juicio que solo va a tener sentencia con algo parecido a la justicia si se involucra el conjunto de los trabajadores y el pueblo.

MH: El lunes no solo en Buenos Aires, también en Rosario convocan a una movilización a las 18:00 reclamando justicia por Mariano, perpetua a Pedraza y castigo a todos los responsables.
No quiero terminar el programa sin que hagamos alguna referencia a la situación de Elsa Rodríguez que fuera gravemente herida en Barracas. Aquí estuvimos publicitando el CD “Cuerpo” de próxima aparición, que su recaudación va a estar destinada a financiar su recuperación y también en algún momento mencionamos la cuenta abierta en el Banco Credicoop que tenía el mismo fin. ¿Cómo se encuentra ella que salvó milagrosamente su vida?

LM: Ella tuvo un disparo en la cabeza y cuando cayó había perdido parte de la masa encefálica. Era una situación muy crítica, tanto como la del conductor de la ambulancia que nos socorrió y tuvo que llevar 4 cuerpos porque la policía era indiferente ante la situación.
Elsa está en una recuperación favorable pero va a tener secuelas de por vida. Tiene una parte de su cuerpo inmóvil. Está haciendo un proceso de recuperación en el lenguaje. Entiende, se emociona, canta, pero no habla todavía. Posiblemente esté en la sala del Tribunal.

MH: ¿Va a poder declarar?

LM: Tal vez no, no creo, pero va a estar en la sala, sabiendo que la emoción para ella va a ser muy grande. Va a ser un peso muy grande para el juicio. Su presencia es emblemática. Su recuperación se dará con el tiempo porque es una cosa pesada. Te comentaba antes que ella se estaba yendo porque era parte de las personas que habían sido heridas a piedrazas.

MH: En realidad todos los manifestantes se estaban retirando.

LM: Sí, pero ella más porque cuando nos atacó la patota un grupo volvimos al lugar para que el resto pudiera irse porque sino hubiera sido una masacre. Ella estaba a 150/200 metros del lugar donde se produjeron los disparos y únicamente un arma de importante calibre puede llegar a esa distancia, lo cual desmiente los dichos de que tiraban contra el suelo porque a Elsa le pegaron en la cabeza.

Post scriptum

“Los trabajadores defendieron sus fuentes de trabajo”, se lo escuchó decir a José Pedraza, máximo dirigente de la Unión Ferroviaria, para justificar lo ocurrido aquel 20 de octubre.

Veinte años antes, el mismo Pedraza había acompañado a Carlos Saúl Menem durante la firma del decreto de la creación de la empresa Ferrocarril Metropolitano S. A. (Femesa) que llevó adelante el proceso privatizador de los trenes. Instante crucial en el que Pedraza asumió su rol como empresario.

En febrero de 2011, lo detuvieron en su departamento de más de 200 m2 valuado en U$S 1.000.000 imputado en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra. Un departamento que -extrañas contradicciones de la vida- está ubicado en la calle Azucena Villaflor. Poco después, la Unión Ferroviaria decretaba paro y movilización en apoyo a su máximo referente sindical.

Extractado de “La última estación de Mariano” de Claudia Rafael.

En el Roca, con la llegada de UGOFE y con luz verde gremial, hubo en la época de esplendor de las tercerizadas por lo menos quince empresas de ese tipo en manos de burócratas sindicales y empresarios amigos, como el Grupo Roggio (concesionario del Subte), el Grupo Romero y el Grupo Cirigliano. Estas tercerizadas emplean -decían entonces- 1.500 obreros que desempeñan tareas propias del ferrocarril. A ellos les pagan el 45% del salario ferroviario y los dividen en varios gremios (Maestranza, UOCRA, Comercio, etc.), para impedir toda acción de defensa colectiva.

El primer anuncio de los medios luego del asesinato de Ferreyra fue una “remake” de lo sucedido con los asesinatos de Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, cuando Clarín, en tapa, planteara “la crisis causó dos muertes”. En este caso el primer titular fue: “Un muerto por enfrentamiento entre bandos sindicales”.

Para tener en cuenta el nivel inédito de saqueo al que se ha llegado (al que contribuyen el gobierno, los gremios del riel y la concesionaria UGOFE), hay que revisar estos datos: para que los trenes funcionaran en 1989 se destinaba u$s 1.000.000 diarios al ferrocarril, según el periodismo filo privatizador de aquella época era plata tirada. En el año 2009 se destinaron para el funcionamiento u$s 5.750.000 diarios. (CNRT, UGOFE y www.sateliteferroviario.com.ar)

Transportar una tonelada de granos 500 km. en camión cuesta u$s 0,7 por km. La misma cantidad cargada en un ferrocarril baja a u$s 0,2. Pero a pesar de estas diferencias en los valores se transporta un 90% en camión y un 6% en tren. El valor de los productos en los comercios minoristas está alterado, cuesta lo mismo 1 kilo de pomelos que proviene de Israel que 1 kilo de pomelos de Jujuy.

“Mover un container de soja desde Salta al puerto de Buenos Aires por camión cuesta más caro que llevar un contenedor de Shangai a Buenos Aires” Martín Bellagamba, directivo de la Empresa Alimar.

Los trabajadores informales en el año 2010 son el 35,8%, hay 4.200.000 personas en esa situación y de 2009 a 2010 se sumaron 110.000 más a la cifra de trabajadores en negro. Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación (Clarín 17/12/2010)

Datos extraídos del libro Mariano Ferreyra: Un crimen de Estado contra la clase obrera de Lisandro Martínez.

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Criminalización de la protesta: “A Mariano Ferreyra lo asesinó el cóctel explosivo de la burocracia sindical, la empresa y el Gobierno”

ACTA

El secretario general de la CTA, Pablo Micheli, indicó a ACTA que a Mariano Ferreyra “no se le recuerda y reivindica solamente cuando comienza el jucio contra sus asesinos materiales e ideológicos, sino todos los días, luchando por la libertad y democracia sindical, y construyendo un modelo sindical distinto, plural, participativo, combativo, autónomo de los patrones, los gobiernos y los partidos políticos”.

Para Micheli, el hecho que José Pedraza, dirigente emblemático de la burocracia que comanda la Unión Ferroviaria, llegue al juicio detenido “es importante, pero el poder va a tratar de despegar a los responsables de la Secretaría de Transporte y a los directivos de la empresa concecionaria del servicio que, junto a la burocracia sindical, conforman un cóctel explosivo que planeó y ejecutó el asesinato de Mariano”.

“Por eso nuestra exigencia de justicia es integral, que se juzgue y sancione a todos los responsables de este crimen que es producto de la falta de libertad y democracia sindical y que se suma a la desaparición del albañil Jorge Julio López y al asesinato de 18 militantes populares en el último año y medio, algunos de ellos ejecutados por sicarios, como es el caso de los tres pibes fusilados en Rosario”, subrayó.

A su juicio “ahora se tiene real dimensión de por qué el Gobierno mandó a votar a sus diputados y senadores la Ley Antiterrorista demandada por el Departamento de Estado norteamericano y organismos de crédito internacional. Es una formidable herramienta para reprimir la protesta social. No obstante, no van a poder detener la voluntad de lucha de nuestro pueblo que no está dispuesto a retroceder ni un paso en las conquistas alcanzadas y va por más”.

Cabe consignar que la CTA enfrentó frontalmente la sanción de esa ley de la vergüenza y a las 48 horas de aprobada encabezando una multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo en el mes de diciembre pasado y luego otra, en febrero de este año, frente al Congreso exigiendo su derogación.

Según Micheli, “el juzgamiento de los asesinos de Mariano abre las puertas para que debatamos a fondo el modelo sindical, la forma de los trabajadores de la actividad privada de organizarse para combatir el flagelo de la precarización laboral y las tercerizaciones, para que haya libertad de elegir a los cuerpos de delegados en todos los establecimientos del país y no solamente en el 15 por ciento como es en la actualidad por el accionar de los grupos económicos, la burocracia y el Gobierno”.

Desde ese punto de vista, resaltó la convocatoria al Encuentro Nacional de Delegados de la Actividad Privada que se llevará a cabo el 8 de septiembre en el Micro Estadio de Ferro “donde vamos a pasar en limpio el pliego de reivindicaciones de los trabajadores y a discutir más y mejor organización en el marco de un plan de acción para llevar adelante nuestros reclamos”.

Micheli también ponderó la presentación en todo el país del Anteproyecto de Ley de prevención de los riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, impulsado por el diputado nacional Víctor De Gennaro y que recoge un largo y fructífero proceso de elaboración de la CTA y otras organizaciones dedicadas a la Salud laboral.

“La CTA va a estar presente hoy, como siempre, para que el asesinato de Mariano y de cualquier militante popular no quede impune y, sobre todo, para seguir convocando a la unidad en la acción para llevar adelante la lucha y movilización popular para enfrentar el ajuste y que a la crisis no la terminen pagando los trabajadores”, concluyó el secretario general de la CTA.

Capital

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Capital convoca a todos los compañeros y compañeras a concentrarse este lunes 6 de agosto a las 10 de la mañana en la Torre de los Ingleses, en Retiro, para movilizar hacia los tribunales de Comodoro Py.

SUTEBA Quilmes

El Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA realizado el 27 de julio pasado decidió por unanimidad participar activamente del juicio, movilizando los distritos el 6 de agosto.

Por esa razón convoca para el lunes 6 a las 7 horas en SUTEBA Quilmes, Humberto 1° 361, donde se tomarán los micros para ir a los Tribunales de Retiro.

Rosario

En la ciudad de Rosario convocamos el 6 de agoto a las 18 horas en la Plaza Sarmiento para marchar hasta la Bolsa de Comercio donde realizaremos un acto.

Transcribimos las consignas de la convocatoria y más abajo las primeras organizaciones adherentes.

* Justicia por Mariano, Perpetua a Pedraza y a todos los responsables.

* Castigo a los funcionarios y empresarios cómplices y avance las causas paralelas.

* Fuera la burocracia sindical. Basta de tercerización y precarización laboral.

* Basta de persecusión a Hospital y Bustillo y a todos los luchadores sindicales.

* Basta de impunidad. Aparición con vida de Julio Lopez. Juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de Kosteki y Santillan, Carlos Fuentealba, los Pibes de Moreno, Silvia Suppo, Sandra Cabrera y los muertos de 2001 de Santa Fe.

* Derogación de la Ley Antiterrorista.

Convocan: Amsafe Rosario, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), APDH, Partido Obrero, PRML, PTS, LIO, Izquierda Socialista, CTA Rosario, MST en Proyecto Sur, Cadh, Socialismo Libertario, Mulcs integrante del espacio de Humahuaca.

Chaco

Organizaciones sociales encabezadas por el MTD Emerenciano, organización enrolada en la CTA, se movilizarán el lunes 6 para pedir castigo y celeridad en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. Además pedirán la desarticulación del GEMO.

El lunes 6, desde las 9 horas, el MTD Emerenciano junto a la agrupación Mujeres Al Frente Chaco, BLA Memoria y Lucha, MTD Zona Norte y MIJD Mecha se concentrarán frente al mástil central de Resistencia para una movilización. Para ello, convocan a movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, comisiones vecinales, proyectos especiales educativos, y personas comprometidas con la memoria , y el pedido de justicia, a acompañarlos, a fin de exigir “verdadero castigo y celeridad” en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, a llevarse a cabo en Capital Federal, el mismo día 6 de agosto”.

“Su muerte producto de una decisión de las patotas sindicales, no sólo involucra a su pertenencia a un partido , sino a toda una lucha que llevan a cabo los tercerizados en el país, y a una metodología de protesta que como militantes sociales reivindicamos, los cortes de calles y rutas, como toma de edificios. Su reclamo por mejores condiciones laborales, le costó la muerte, y diariamente aquí en la provincia, estamos en esa encrucijada, como fue con el caso Schoklender en Sueños Compartidos, donde la misma UOCRA ( Union Obrera De La Construccion De La Republica Argentina),fue cómplice de los hechos de corrupción llevados a cabo por un personaje, que tenia el poder similar a Pedraza ( secretario general de la Unión Ferroviaria), que mandó a matar a los manifestantes en el caso Mariano Ferreyra, al igual que Schoklender y su patota de mafiosos en Chaco, que sigue impune, con el parricida en libertad, y el dinero sin aparecer”, expresan los movimientos sociales.

“Por estos motivos, y el desprocesamiento a todos los que nos manifestamos en defensa de los derechos de la clase trabajadora ocupada o desocupada, y por la desarticulacion inmediata del GEMO, ( Grupo Operativo de choque de la policía de la provincia del Chaco), que persigue, encarcela, hostiga, tortura y mata a ciudadanos chaqueños, nos movilizamos , esperando la participación de todos , ya que todos el lunes somos Mariano Ferreyra”, manifiestan.

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Argentina: Lo que se viene no pinta muy distinto

LA ARENA

La sociedad argentina ha asistido en las últimas semanas a una serie de vaivenes políticos que ocupan a buena porción de la prensa y son parte diaria de las conversaciones de la ciudadanía porque los toca muy de cerca. Podemos mencionar algunos grandes temas para dar cuenta de esa vorágine informativa y política: en poco tiempo se pasó de las acusaciones al vicepresidente por la supuesta vinculación con la empresa que imprime los billetes para la Nación y la tragedia ferroviaria de Once; al anuncio y la expropiación de YPF por parte del gobierno, y que estaba en manos de una firma española. Se siguió con los controles a la compra de dólares y la posibilidad de una escalada especulativa; para continuar con el ambicioso plan de construir viviendas para aquellas familias que todavía no tienen la propia. Y se puede finalizar esta breve ennumeración con el paro de los camioneros y el enfrentamiento entre el titular de la CGT y el gobierno nacional que llegó a fuertes declaraciones de ambos lados.

Apenas han pasado seis meses desde que comenzó la segunda presidencia de Cristina Fernández y no son pocas las advertencias a futuro que se han dado en este tiempo. Sobre todo cuando tiene como fondo una crisis económico-financiera mundial que golpea a las grandes potencias con una brutalidad inusitada y que ya parece asomarse a estas tierras.

Pero también, frente a una panorama complejo, el gobierno ha dado muestras de su iniciativa que ha sostenido su llamado proyecto a pesar de varias coyunturas difíciles que tuvo que pasar y de las que salió fortalecido cada vez que ha profundizado su rumbo. Esto ha provocado por fuera de la administración kirchnerista un vacío en el escenario político nacional en el que boya una oposición que ha perdido buena parte de la representación de la sociedad.

Esta situación ha llevado a que la disputa por el poder pase por la misma coalición kirchnerista, y que no se vislumbre un claro competidor en lo inmediato que le haga fuerza por fuera de esas filas.

En este marco, la verdadera oposición al gobierno se ha consolidado en los grandes medios de comunicación oligopólicos, que hacen su campaña para agitar cualquier reclamo hacia la presidenta y sus medidas. Son también quienes dictan la agenda política para que la dirigencia opositora la haga propia.

Nada parece indicar que en el futuro este escenario vaya a presentar cambios significativos, cuando todavía faltan tres años para comenzar a pensar en la sucesión de la Presidenta de la Nación. Especialmente porque esta cuestión es una incógnita que agita las aguas mucho más hacia el interior del kirchnerismo y de ese amplio abanico que hoy es, genéricamente, el peronismo.

La opinión pública se deberá acostumbrar así a un creciente clima de hostigamiento a partir de las denuncias de los grandes medios opositores, por un lado, y -si el gobierno resuelve insistir en una fórmula que le ha dado buenos resultados- a una apuesta a medidas políticas "fuertes" que tiendan a consolidar y profundizar el actual proyecto que ya lleva casi una década al frente del país.

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"Gordos", con aval de Trabajo, dividirán el Congreso de la CGT

Emilio Marín (LA ARENA)

El Congreso de la CGT está previsto para el 12 de julio, para renovar autoridades. Fue convocado por el Consejo Directivo y el CCC, pero los "Gordos" y el gobierno nacional lo van a fulminar de "antiestatutario".

El 24 de abril se reunió el Consejo Directivo de la CGT y decidió convocar al Comité Central Confederal, que le puso fecha al Congreso para el 12 de julio. Según Hugo Moyano tales decisiones fueron perfectamente estatutarias y contaron con el voto de 19 de los 35 miembros del CD.

Sus adversarios internos no se hicieron presentes en Azopardo 802. No fueron los "Gordos" como Oscar Lescano de Luz y Fuerza y Armando Cavalieri de Comercio, ni los "Independientes" como Gerardo Martínez de la UOCRA y José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, ni los "No Alineados" como Andrés Rodríguez de UPCN y Ricardo Pignanelli de SMATA).

Tampoco pintaron por ese lugar los adversarios del Camionero que hace cuatro años se fueron dando un portazo para formar una pequeña CGT "Azul y Blanca". Su referente es el desprestigiado Luis Barrionuevo, de Gastronómicos.

Hasta ese momento las principales reivindicaciones de la clase trabajadora no estaban en debate en los tres segmentos donde se esparcían los nucleamientos. Todo se centraba en si Moyano iba a ser reelecto o si sus enemigos internos podían entronizar a Antonio Caló, de la UOM. O si, "tercera posición" típicamente justicialista, Barrionuevo podía arrastrar a algunos "Gordos" a su moción de un triunvirato donde él tuviera un asiento. Lescano y Cavalieri simpatizaban con esa idea de tres co-cosecretarios, pero el resto de los antimoyanistas mantenían la iniciativa de que Caló fuera el sucesor.

Discordia

Sobre este primer motivo de discordia, Moyano luce con mejores posibilidades porque, con todos sus límites políticos, le da el pinet para conducir la central. Su carta de presentación es que en estos años logró mejoras sustanciales en el sueldo y las condiciones de trabajo de sus afiliados, casi 200.000. Sus contrincantes no pueden exhibir logros iguales en sus respectivos sindicatos.

Cuando hubo despidos en Chubut y en supermercados EKI, cuando empresas de transporte tercerizaban servicios y pagaban sueldos inferiores al convenio, etc. los Moyano enfilaron con los camiones hacia esos lugares de conflicto para presionar por soluciones.

Por eso en su discurso de la Plaza de Mayo del 27 de junio, en un pasaje dijo que querían reemplazarlo por Lescano y soltó "Dios nos libre". No abundó en detalles porque no hacía falta. Muchos manifestantes recuerdan que Lescano y Carlos Alderete, autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf) recibieron de Carlos Menem varias centrales eléctricas como si fueran una empresa, incluyendo el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. A cambio acordaron el despido de miles de sus propios afiliados. Otro tanto hicieron las cúpulas ferroviarias, bancarias, de obras sanitarias, etc.

¿De metal o chatarra?

La figura de Moyano puede ser tachada de que falta más cultura general, como se evidenció en pasajes del discurso mencionado, que defiende el modelo de sindicalismo burocrático y que tiene denuncias por negocios más propios de un empresario. La última referencia es a su posible asociación con Covelia, de recolección de basura en varios partidos del conurbano.

Todas esas limitaciones pueden ser ciertas. Sus más duros detractores agitan incluso el viejo pedido de la justicia suiza, rebotado supuestamente por faltarle detalles y entidad suficiente.

Pero cabe preguntarse si los enemigos del camionero son mejores que él. Ya se opinó lo contrario respecto a Lescano. Todo el sector de los "Gordos" huele a estiércol, a pesar de los caros perfumes que usan. Cavalieri es otro menemista de pura cepa, amigo de la embajada norteamericana y con denuncias de enriquecimiento ilícito que no necesitan llegar desde Suiza.

Gerardo Martínez, de la UOCRA, fue acusado por organismos de derechos humanos de haber actuado como Personal Civil de Inteligencia durante la dictadura en el II Cuerpo de Ejército. ¡Y fue el primer candidato de Cristina Fernández para destronar a Moyano!

Carlos West Ocampo, de Sanidad, fue junto a Martínez parte del directorio de la AFJP Claridad, donde ambos gremios tenían el 25 por ciento del paquete accionario. Una de las mejores decisiones de la presidenta fue rescatar los fondos previsionales de esos piratas de las AFJP y ponerlos bajo control de la Anses.

Dirigentes dóciles

José Luis Lingeri convalidó la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, vilmente entregada por el menemismo al consorcio Lyonnaise-grupo Suez bajo el impúdico rótulo de "Aguas Argentinas". Su colega Andrés Rodríguez, de UPCN, fue co-responsable del achicamiento del Estado, donde se perdieron centenares de miles de puestos de trabajo. Fue como si estuviera aplicando el apotegma de José A. Martínez de Hoz: "Achicar el Estado es agrandar la Nación".

Pignanelli, del Smata, es una figura nueva en esa secretaría donde por más de 36 años reinó José Rodríguez hasta morir en 2009 envuelto en varias denuncias por enriquecimiento y contratos con empresas manejadas por sus familiares. Con nuevas autoridades, primero Mario Manrique y luego Pignanelli, el sindicato está acoplado a las políticas decididas por las diez terminales extranjeras asociadas en Adefa.

Esa docilidad ante la respectiva cámara patronal también caracteriza a los dirigentes metalúrgicos. Salvo corrientes internas como la de Francisco Gutiérrez, de Quilmes, Caló no se caracteriza por la dureza para pulsear con Acindar y Techint. La UOM fue cómplice de la privatización de SOMISA a favor del pulpo de los Rocca; tiene director dentro de Siderar y la provisión de catering en la empresa, por esa gauchada.

¿Y éstos son los sindicalistas que van a superar la marca de Moyano?

Negativo

Aunque los "Gordos" no sean una alternativa mejor a la de Camioneros, están en todo su derecho de presentar una lista opositora a Moyano. Hace a la democracia sindical esa competencia de proyectos y candidatos, inexistente en Azopardo 802 desde tiempos inmemoriales.

Ya se dijo que allí impera un modelo sindical burocrático. En el recordado debate televisivo del 9 de marzo de 1973 entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco, éste propuso consultar a las bases gremiales y Rucci replicó que la CGT tiene secretario general, CD y CCC, por lo que no necesitaba hacer tal consulta. Con matices, esta operatoria cegetista se perpetuó.

Si a ese límite por ahora insalvable se le suma que el gobierno nacional decide quiénes y cuántos son los dirigentes de la CGT, entonces el problema es mayor. Lo alertó esta semana Facundo Moyano, al decir que la central no se puede manejar como un ministerio.

La injerencia del Estado en la vida gremial fue vista como negativa por el movimiento obrero desde sus orígenes socialistas, anarquistas y comunistas. Con el peronismo, en cambio, hubo acople. Pero en estos días falta el diálogo y menudean las críticas entre las dos partes (Moyano y Cristina). Y en consecuencia, el ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria contra del paro de Camioneros del 20 de junio, le impuso una multa de 4.000.000 de pesos, en tanto el ministro del Interior le formuló gravísima denuncia penal.

El gobierno quitó el 2/7 un favor estatal que tenía Camioneros desde tiempos de Néstor Kirchner y que le reportaba 100 millones de pesos anuales. La obra social moyanista hacía los exámenes psicofísicos para la licencia de conducir vehículos de carga, por decisión de Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Ahora se la anuló, lo que no está ni bien ni mal porque el Estado tiene derecho a resolver en la materia. A lo sumo habrá que ver cómo funciona el nuevo sistema.

Intromisión estatal

Pero lo que está mal es aquella multa y denuncia penal, a lo que se sumará en cualquier momento una resolución de Carlos Tomada invalidando el Congreso del 12 de julio. Eso significará una intromisión lisa y llana del Estado en la interna gremial, condenando a unos y bendiciendo a otros. Si así fuera, quedará consagrada por un tiempo una quíntuple división: habrá tres CGT y dos CTA.

La tarea de los "Gordos" y otros defensores del gobierno será ímproba, porque deberán lidiar no sólo con el moyanismo que reunió 40.000 o 50.000 personas en Plaza de Mayo. Hay una mayor conflictividad laboral, por contratos que se caen en el Estado y medios aguinaldos que se fraccionan en cuatro, con frigoríficos y aceituneras que cierran en La Pampa y La Rioja, con terminales y textiles que suspenden personal, con Dragones que toman con violencia Cerro Dragón, etc.

Justamente ese es el quid de la cuestión: además de elegir a tal o cual secretario general, ¿qué política adoptará la CGT respecto al conflicto social? Se trata de una tendencia en ascenso. Los datos del Ministerio de Trabajo reportaron que "en 2011 hubo 962 conflictos con paro; 1.059.863 trabajadores que participaron en paros; 4.303.615 jornadas individuales no trabajadas". En lo que va de 2012 esta conflictividad ganó en intensidad.

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Los empleados judiciales tienen derecho a la negociación colectiva

Irina Santesteban (LA ARENA)

Hace algunas semanas, la Organización Internacional del Trabajo realizó una "recomendación" al gobierno argentino, relativa a la negociación colectiva en el ámbito del Poder Judicial.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una institución mundial "responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo". Según su propia página en Internet, es la "única agencia de las Naciones Unidas de carácter "tripartito" ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas, así como en la promoción del trabajo decente para todos". La Argentina es un estado miembro de la OIT y, como firmante de sus diferentes resoluciones, se hace responsable por la falta de cumplimiento de ellas.

El pasado 15 de junio, en su 315ª reunión realizada en Ginebra, el Comité de Libertad Sindical de la OIT dictó un extenso Informe, bajo la presidencia del profesor Paul van der Heijden. Allí se informó que se sometieron al Comité 164 casos, cuyas quejas habían sido comunicadas a los gobiernos interesados, para que enviasen sus observaciones. De Argentina, se trataron seis casos, uno de los cuales es el motivo del presente artículo.

Convenios

El caso número 2.881, fue iniciado a raíz de una denuncia de la Federación Judicial Argentina y la CTA, en mayo de 2011, por entender que no se está cumpliendo con normas constitucionales y convenios internacionales, como los Convenios 87 y 154 de la OIT, referidos a la negociación colectiva a la que tienen derecho los gremios.

En la denuncia, la FJA se queja porque en la mayoría de las provincias, los trabajadores del sistema judicial argentino no tienen garantizado el derecho a la negociación colectiva y tampoco cuentan con un convenio colectivo. Agrega que nunca en la historia de los trabajadores judiciales argentinos se concretó tal derecho ni existió un convenio semejante. Y aclara que el derecho a la negociación colectiva que se encuentra negado, es respecto de trabajadores que no ejercen actos de autoridad pública, es decir, no los jueces ni los funcionarios, sino aquellos empleados de las distintas administraciones de justicia en tareas administrativas, de gestión, servicios, etc., y en general, en todo aquello que posibilita el funcionamiento de los tribunales de justicia en el Estado nacional o en los estados provinciales.

También denuncian que a la falta de convenio colectivo para este sector, se le suma una intensa actividad unilateral del Estado nacional, los estados provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, avanzando en materias que deberían ser objeto de la negociación colectiva, tales como remuneraciones, condiciones de trabajo, etc. Es decir, que por vía de la imposición patronal se llega a una situación en la que los trabajadores se ven limitados a someterse a una suerte de contrato de adhesión, sin posibilidad de discutir absolutamente nada de manera colectiva.

Ley trabada

La FJA en su denuncia, expresó que en 2009 se logró la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, de un proyecto de ley nacional en el cual se consagraba el derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores judiciales, tanto del sistema nacional de justicia (Poder Judicial de la Nación), como para los tribunales de justicia de las provincias. Sin embargo, luego de ser girado a la Cámara de Senadores, y a pesar de haber sido tratado en comisiones, el proyecto nunca fue tratado en dicha instancia y caducó en diciembre de 2010. En consecuencia, no hay un marco normativo que reglamente el régimen de negociación colectiva del sector público judicial.

De esta forma, el gobierno argentino ha venido incumpliendo con las obligaciones que le impone su pertenencia al sistema normativo de la OIT y en particular el Convenio Nº 154 ratificado mediante la ley número 23544, del año 1988. En particular, la Federación cita el apartado d), del inciso 5 del artículo 19 de la Constitución de la OIT, que establece que, a partir de la ratificación, el Estado Miembro se obliga a "adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Convenio".

Para la denunciante, aunque no exista una ley sobre la negociación colectiva para los judiciales, sí está garantizado a los gremios este mecanismo, por imperio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En consecuencia, no hay motivos ni justificación válida para que el Estado argentino continúe incumpliendo con sus obligaciones en materia de negociación colectiva para la administración de justicia en sus distintas jurisdicciones.

Ordenamiento especial

Como sucede habitualmente en estos casos, el Comité de Libertad Sindical informó al gobierno argentino sobre esta denuncia, y con fecha 13 de febrero de 2012, se remitió la respuesta de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ella se alega que no se aplica la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (Ley 25164), por haber excluido de su ámbito específico al personal del Poder Judicial, y que la misma dispone que éste debe regirse por su ordenamiento especial.

La Corte dice que no hay omisión de legislación respecto a los judiciales en el derecho interno, por lo cual cabe deducir que para el más alto Tribunal de la Argentina, el Convenio Nº 154 sobre fomento de la negociación colectiva en el sector público -oportunamente ratificado por la Argentina-, no contiene en su ámbito al personal del Poder Judicial.

Papel confundido

Los argumentos de la Corte Suprema son, a juicio de la autora de esta nota, que además es empleada judicial, insostenibles. Niega que el Poder Judicial forme parte de la "administración pública", pues considera que al ser el órgano que "ejerce el control judicial de los actos de la administración pública", como consecuencia del principio de separación de poderes de un Estado federal y republicano, no puede ser considerado parte de ella.

De esta manera, la Corte confunde su papel como titular de un Poder del Estado (el Judicial), con su rol en cuanto empleador en relación a sus dependientes: los empleados y empleadas judiciales. No debería extrañarnos esta posición, pues es la que prima en todos los titulares de los poderes judiciales del país, los tribunales superiores y cortes provinciales. De esta forma, alegan su "independencia" como poder del Estado.

¿Privilegiados?

Resulta paradójico que el máximo tribunal de la Nación, que ha producido fallos tan emblemáticos respecto a la libertad sindical como el de ATE en 2008, que promovió un intenso debate sobre la democracia en la representación sindical en el ámbito del sector público, no acepte que esas mismas reglas deben ser cumplidas cuando el patrón es la propia Corte Suprema.

Uno de los argumentos de la Corte, que se transcriben en el fallo de la OIT, es que los empleados judiciales "gozan del mismo régimen de licencias y franquicias que los magistrados y funcionarios (...) mientras que a diferencia de ellos no tienen todas sus incompatibilidades funcionales (...) y al igual que aquellos sus haberes están garantizados por un régimen de autarquía que es propio del Poder Judicial de la Nación".

En otras palabras, la Corte le dice a la OIT que los judiciales son algo así como "empleados privilegiados" porque gozan de los mismos beneficios que los jueces, pero no de sus limitaciones. Obviamente, se cuidó muy bien la Corte Suprema de informar sobre las remuneraciones que perciben unos y otros, o acerca de la jornada laboral que le toca en suerte a empleados y jueces.

Es decepcionante comprobar que una Corte como la actual, que ha producido fallos tan importantes, y no sólo en materia de derechos colectivos o de representación sindical, actúa de una manera corporativa cuando le corresponde responder por omisiones en su propia jurisdicción, negándose a que un organismo internacional de la importancia de la OIT, le pueda hacer recomendaciones sobre la forma en que se deben desarrollar las relaciones con sus empleados.

Reclamos

En su recomendación final, el Comité de Libertad Sindical le recuerda al gobierno argentino (y por elevación, a la Corte Suprema), que en los trabajos preparatorios del Convenio Nº 151, quedó establecido que los magistrados del Poder Judicial no entran en el marco de aplicación de dicho Convenio. No obstante, dicho Convenio no excluye a los trabajadores auxiliares de los magistrados. Y que el Convenio Nº 154, ratificado por Argentina, dispone en su artículo 1º que sólo puede excluirse de su ámbito de aplicación a las Fuerzas Armadas y a la policía.

Asimismo, el Comité reconoce que este último Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y que en lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio. En estas condiciones, las características del sector judicial pueden hacer necesario que la negociación colectiva sea objeto de modalidades particulares de aplicación (en particular en lo que respecta a salarios, ya que los presupuestos del Estado deben ser aprobados por el Parlamento), pero el Comité considera que los trabajadores auxiliares del Poder Judicial deben gozar del derecho de negociación colectiva.

Finalmente, el Comité de Libertad Sindical pide al Gobierno que, tal como lo dispone el artículo 5 del Convenio Nº 154, adopte las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas.

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