jueves, 9 de agosto de 2012

Contrasentidos del neodesarrollismo (Parte I)

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

La desaceleración de la economía argentina es ya visible en muchos terrenos. La tasa del crecimiento sufre una abrupta caída y en los próximos meses se sabrá si el estancamiento desemboca en recesión. Hay un repliegue de la industria y la construcción que acentúa la escasa creación de empleo de los últimos años y posibilita la destrucción de puesto de trabajo.

Coyuntura y pronósticos

Existen opiniones contrapuestas sobre la duración e intensidad del freno económico. Algunos analistas estiman que la paralización productiva será corta, si en el semestre en curso repunta el nivel de actividad del principal socio del país. Consideran que las medidas de estimulo fiscal adoptadas por el gobierno brasileño repercutirán positivamente sobre Argentina. También pronostican que el ciclo ascendente se reabrirá en el 2013, si se confirman las previsiones de cosecha récord con precios elevados. El aluvión de dólares resultante de esas ventas aliviaría las necesidades fiscales, en un ejercicio con menores vencimientos de la deuda pública.

Otros economistas describen un horizonte más sombrío, tanto por el agotamiento del ciclo precedente como por la ausencia de inversión privada. Pero nadie avizora la reaparición de una situación de colapso semejante al 2001-02. Se debate el alcance que tendría una recesión, tomando la caída del 2009 como referencia comparativa.

Resulta muy difícil explicar la coyuntura actual partiendo de un diagnóstico oficial, que retrata como “se nos cayó el mundo encima”. En los hechos ese impacto externo es limitado. Es cierto que el estancamiento de Brasil afecta seriamente a la exportación industrial. Pero la debacle europea tiene consecuencias reducidas y el relativo aislamiento del sistema financiero local, neutraliza los efectos del temblor bancario internacional.

Por otra parte, los precios por tonelada de la principal exportación argentina se ubican en un impensado récord de los 600 dólares por causas climáticas (sequía en Estados Unidos) y financieras (especulación con las materias primas). La duración de esa sorprendente apreciación es impredecible, pero contribuye a sostener la mejora del 24% que han registrado los términos de intercambio comercial desde el 2007.

Los economistas del oficialismo relativizan estos datos y estiman que Argentina capea la tormenta global por su acertado manejo de las variables macro-económicas. Contrastan este comando con la desastrosa gestión que prevalece en la periferia europea. Comparan ambas situaciones y remarcan la capacidad que ha exhibido el país para enfrentar el mismo temporal, “sin recurrir al ajuste”. (1)

Esta caracterización no aclara por qué razón los gobiernos neoliberales de América Latina (Chile, Colombia, México, Perú), tampoco atraviesan por un período de ajuste. Afrontan una coyuntura parecida a la Argentina, aplicando estrategias económicas de apertura, privatización y flexibilidad laboral semejantes a sus pares europeos.

Es evidente que la crisis global tiene impactos distintos en cada región, en función del ciclo o la inserción financiero-comercial de cada país en la economía mundial. Por las mismas razones que la crisis capitalista incide en forma divergente en Estados Unidos y en China o en la India y Francia, la situación de América Latina difiere de Europa. Para comprender este contraste hay que evitar las analogías superficiales, que sólo buscan ponderar los méritos de una política económica en desmedro de otra. (2)

El contrapunto entre Grecia o España con Argentina no es válido. Se equiparan economías que afrontan contextos objetivos muy disímiles. Lo pertinente sería contrastar la situación actual de esos países con nuestro colapso del 2001-02. Sólo en ese momento Argentina soportaba un desmoronamiento equivalente y conviene recordar que durante ese desplome, todos los oficialistas de turno (del PJ o la Alianza) eran ejecutores del ajuste. Sólo adoptaron la bandera del crecimiento cuando la crisis amainó.

El uso de la tormenta financiera global como argumento político de ocasión, induce a manipular las evaluaciones, en función de las conveniencias del momento. La misma coyuntura es utilizada para magnificar el torbellino (y justificar por ejemplo el adelantamiento de las elecciones) o para resaltar lo opuesto: la fortaleza de un modelo “blindado” frente a cualquier avatar internacional.

El análisis serio de lo que está ocurriendo exige, en cambio, constatar el efecto contradictorio de la crisis mundial sobre la economía argentina y las grietas internas del modelo actual. Este esquema ya dejó atrás el primer periodo de expansión sin obstáculos (2003-2008) y la segunda etapa de acotados desajustes (2009-2011).

Tres focos de tensión

La inflación es el primer problema específico de la economía nacional. El absurdo encubrimiento de la carestía que realiza el INDEC impide transparentar la gravedad de este flagelo. Los índices provinciales ubican el ascenso de los precios en torno al 23% anual y otras mediciones (encuestadoras privadas, índices barriales, cálculos del Congreso, consultoras oficialistas) estiman porcentajes semejantes.

La inflación está recreando un alarmante nivel de pobreza e indigencia y tiende a licuar la asignación universal. Podría incluso impactar sobre los salarios del sector formal, al des-actualizar los montos recientemente negociados en las convenciones colectivas. Lo que se acordó en las paritarias perderá vigencia si persiste la escalada de los precios. Este efecto puede ser muy significativo para la mitad de los asalariados en blanco que gana menos de 4000 pesos.

Muchos determinantes se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios principalmente aumentan para mantener la rentabilidad de las grandes empresas. Los grupos capitalistas concentrados aseguran sus beneficios con remarcaciones.

Desde el 2008 la inflación ha reflejado fuertes restricciones de la oferta, que a su vez derivan del reducido nivel de inversión. Los precios han ascendido por una baja provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Con la misma capacidad instalada ya no se pueden satisfacer mayores pedidos de compra.

También la creciente emisión monetaria comienza a emerger como un acelerador potencial de inflación. El ritmo de creación de dinero se ha multiplicado y la cantidad de pesos en circulación puede motorizar, como en el pasado, una inercia ascendente de los precios.

El segundo problema importante de la coyuntura es la continuada salida de capitales. Por pagos de la deuda y remisiones de utilidades, el año pasado emigraron 13.500 millones de dólares, es decir el equivalente a todo el excedente comercial. Entre fines del 2007 y octubre 2011, el monto total de esos retiros alcanzó 80.000 millones de dólares. Esta sangría sólo quedó neutralizada por los 100.000 millones de dólares que generó la exportación.

La magnitud de esa salida de capitales obedece a múltiples razones. Las filiales locales de las empresas extranjeras transfirieron enormes sumas de dinero a sus casas matrices, para compensar el deterioro imperante en las economías centrales. Además, muchas empresas locales continuaron diversificando inversiones en el exterior, mientras resguardan parte de su capital fuera del país.

La industria volvió a enfrentar, por otra parte, el típico cuello de botella externo que irrumpe al cabo de un ciclo de prosperidad. En esos períodos se acentúa el déficit comercial de un sector que consume muchas divisas con la importación de componentes. Finalmente, la inédita avalancha de compras externas de combustible que produjo la decreciente provisión interna de petróleo, determinó otro caudal de dólares perdidos.

La continuada expectativa de devaluación que genera la brecha cambiaria acentúa la emigración de capitales. El denominado “retraso del dólar” obedece en realidad a un “adelanto de la inflación”, que ha desarticulado la relación entre ambas variables. Desde el 2007 la cotización de la divisa se apreció un 43%, frente a una escala de 189% de los precios internos.

El tercer problema severo del contexto actual es el desequilibrio fiscal. El superávit fiscal primario se ha esfumado, cualquiera sea la interpretación técnica del cómputo del desbalance (por el financiamiento que realizan el Banco Central y el ANSES). El excedente que rodeó al debut del modelo ha desaparecido y el gobierno recurre a múltiples instrumentos para compensar esa pérdida.

La ausencia de reformas impositivas progresivas es la principal causa del bache fiscal. Este cambio en la recaudación resulta indispensable para equilibrar con nuevos ingresos, la significativa ampliación del gasto público. La perdurabilidad del viejo sistema regresivo ha dado lugar en los últimos años un desfasaje insostenible, por la magnitud de los desembolsos oficiales en dos rubros muy deficitarios (energía y transporte).

El deterioro fiscal afecta duramente a las provincias, que incrementaron sustancialmente el empleo público (de 764.000 a 1,2 millones de empleados entre 2003 y 2012) y ahora no pueden financiar esa expansión. La plantilla salarial absorbe más de la mitad de esos presupuestos. El des-financiamiento provincial se acentuó, además, por la pérdida de los porcentuales recibidos en concepto de coparticipación federal. Este ingreso se redujo primero del 50,6% del total (1993), al 34 % (2009) y últimamente al 32,7% (2011)). Frente al enorme rojo que afecta a las cuentas públicas de todo el interior resulta poco creíble la explicación presidencial, que atribuye el desbalance a la ineficiencia de los gobernadores.

Esa interpretación omite que las mismas limitaciones fiscales golpean al gobierno nacional. Estas dificultades ejemplo han determinado, por ejemplo, el retraso en la adaptación del mínimo no imponible al aumento de los salarios. Por esta razón la incidencia del impuesto a las ganancias sobre los sueldos se ha transformado en un problema de envergadura. Más de 3 millones de trabajadores tributan un gravamen formalmente destinado a los beneficios empresarios. En muchos casos ese pago absorbe un aguinaldo entero.

Las consecuencias de preservar un sistema tributario tan regresivo saltan a la vista. Las exenciones a la renta financiera y a las industrias promocionadas le restan anualmente al fisco 8900 millones de pesos. Esta suma supera con creces el costo fiscal de 3000 millones de pesos, que implicaría eliminar un gravamen a salarios tipificados como beneficios.

Pero lo peor es la justificación oficialista de este impuesto como una penalidad a la “aristocracia obrera”. Afirman que este sector mejoró su nivel de ingresos y debe ampliar su contribución impositiva. Con ese criterio se supone que la equidad avanzará con tributos a los trabajadores calificados y eximiciones a los financistas.

Hace algunos años se utilizaba el mismo razonamiento para avalar el arancelamiento de las universidades estatales. Se afirmaba que la clase media debe pagar más que los pobres por el uso de un servicio público. De esta forma se iguala para abajo y elude eliminar los privilegios impositivos que amparan a los grupos enriquecidos.

El disfraz del ajuste

La inflación, la salida de capitales y el déficit fiscal han complicado el escenario económico. El establishment presiona al gobierno para que implemente un fuerte atropello contra los trabajadores. Desde noviembre pasado hacen valer esa exigencia en el mercado cambiario, a través de grandes compras de dólares.

Los hombres de negocios plantean tres reclamos -corte de la emisión, devaluación y re-endeudamiento- a través de viejos voceros, que han vuelto a la pantalla (desde Jorge Broda hasta Domingo Cavallo). Despliegan sus recomendaciones apostando a la amnesia colectiva de lo ocurrido en los 90.

Los antiguos expertos de la Convertibilidad despotrican contra restricciones a las libertades económicas individuales, como si la economía capitalista funcionara sin estrictas regulaciones. Repiten la trillada comparación de la economía doméstica con su equivalente nacional, para recordar que “no se puede gastar más de lo que ingresa”. Pero no sólo olvidan sus récords de endeudamiento. Omiten la diferencia cualitativa que separa a una familia -con recursos acotados- de un estado, con capacidad para incidir sobre el nivel general de actividad mediante políticas macro-económicas.

Los derechistas pronostican el “rodrigazo” y lo impulsan en la práctica. Buscan la auto-destrucción del gobierno actual, fantaseando con el retorno del neoliberalismo ortodoxo. Ante el desmoronamiento de las economías que elogiaban en la década pasada (como España o Irlanda), ahora convocan a imitar el modelo chileno, peruano o colombiano.

Pero lo más chocante es su despliegue de hipocresía. Los apologistas del libre-comercio cuestionan la “soja-dependencia” (Carlos Melconian). Los antiguos voceros de las AFJP alertan contra el “derroche del dinero de los jubilados”. Los emporios periodísticos que lucraban con la privatización del sistema previsional titulan con las desgracias de la clase pasiva (Clarín). Los ex gerentes de bancos norteamericanos denuncian el aumento del endeudamiento público (Alfonso Prat Gay).

Algunos ajustadores reclaman directamente la devaluación (Ricardo López Murhpy). Otros proponen lo mismo con fórmulas más elegantes. Hablan de “corrección cambiaria” (Roberto Frenkel), “ordenamiento de las variables desajustadas” (Roberto Lavagna) o eliminación del “cepo cambiario” (Juan José Llach). Todos ocultan que esa medida provocaría un deterioro inmediato de los ingresos populares. (3)

Ninguno propone reducir la inflación acotando la rentabilidad de los capitalistas. Recetan un enfriamiento de la economía que denominan “política antiinflacionaria eficaz” (Rapaport Luis), o “sinceramiento de los precios” (Rogelio Frigerio). Tampoco se les ocurre corregir el déficit fiscal cortando las subvenciones a los grandes grupos. Sólo convocan a terminar con “la fiesta del gasto público” (Andrés Oppenheimer). Su verdadero objetivo es anular las mejoras sociales logradas en los últimos años. (4)

Los derechistas consideran pecaminoso reducir el desbalance de las cuentas públicos con algún impuesto a los acaudalados. Por esta razón pusieron el grito en el cielo, ante el tibio revalúo rural realizado en la provincia de Buenos Aires, para actualizar valores de terrenos que tributaban siete veces menos que en 1984.

Los economistas del establishment han hecho también un escándalo por el control de las importaciones (Federico Sturzenegger), omitiendo que estas restricciones son la norma en sus ponderadas economías centrales. Algunos diarios (La Nación) llegan al extremo de advertir contra represalias norteamericanas o europeas, ignorando las barreras arancelarias que traban el ingreso de exportaciones argentinas a esos países. (5)

Para enmascarar el programa de ajuste los medios de comunicación utilizan un concepto mágico: “recuperar la confianza”. No aclaran que esa ansiada seguridad está exclusivamente dirigida a los grandes capitalistas. Su obsesión es “mejorar el clima de los negocios” con mayores protecciones a las ganancias.

Los derechistas hacen campaña para reemplazar “la mala praxis” de la gestión actual por el manejo experimentado de los viejos gerentes del poder económico. Suponen que la satisfacción de los banqueros y los industriales asegura el funcionamiento óptimo del sistema. Todavía no han percibido que la crisis global estalló con la aplicación de esas recomendaciones, durante dos décadas de irrestricta práctica neoliberal.

Claudio Katz es Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

Notas:
1) Feletti Roberto, “Argentina redobla la apuesta”, Página 12, 23-7-2012.
2) Hemos explicado los impactos diferenciados de la crisis en dos textos recientes. Katz Claudio, “El ajedrez global de la crisis”, Batalla de ideas, n 3, año 3, Buenos Aires, 2012. Katz Claudio, “Los atolladeros de la economía latinoamericana”, en El neoliberalismo y su crisis. Causas, Escenarios y Posibles Desenvolvimientos, Santiago de Chile, 2012, ARCIS, REDEM.
3) Melconian Carlos, “Otra vez la revolución conservadora”, La Nación, 29-7-2012. Lavagna Roberto, “Estamos frente a una economía en falsa escuadra”, Clarín, 6-6-2012. Llach Juan José, “Para no tentar a una nueva crisis”, La Nación, 24-5-2012. López Murphy Ricardo, “Qué esconde la reforma al Banco Central”, Clarín, 19-3-2012.
4) Oppenheimer Andrés, “Argentina economic fiesta is over”, Miami Herald, 18-6-2012. Rapaport Luis, “Cristina: con quién pesificará sus dólares”, Clarín, 8-6-2012. Frigerio Rogelio, “Comparar a veces es engañoso”, Clarín 11-5-2012.
5) Sturzenegger Federico, “Los seis errores de la economía K”, La Nación, 10-6-2012.

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Boudou y los banqueros internacionales

Alejandro Olmos Gaona (INFOSUR)

Toda la verdad sobre la trama del Canje de deuda 2010 que impuso Amado Boudou.

En el año 2000 el Juez Jorge Ballestero declaró la ilegalidad y fraudulencia de parte de la deuda externa de la dictadura, deuda que aunque se originó entre 1976 y 1983 fue permanentemente refinanciada durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, de la Rúa y Néstor Kirchner.

Esas refinanciaciones están debidamente acreditadas en tres causas penales que se sustancian en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, en la que se ha probado, que salvo algunos prestamos específicos la deuda actual es la deuda de la dictadura permanentemente refinanciada. Las pruebas surgen de informes oficiales, documentos, pericias.

A los efectos de obtener un pronunciamiento específico que sirviera para terminar con el proceso de endeudamiento, en el año 2010, los diputados Solanas, Argumedo, Cardelli, Lozano, Donda, Parada, Bonasso, Iturraspe, Macaluse, Merchan solicitaron al Juez Federal Eduardo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Nº 2, que declarara nula la deuda de la dictadura en razón de que el Código Civil y las normas del derecho administrativo determinan que son nulos los actos ilegales e ilícitos, y todas sus consecuencias.

El Fiscal interviniente Federico Delgado estimó procedente el pedido de nulidad, y el Juez determinó que faltaban algunos elementos para pronunciarse por lo que tendría en cuenta la presentación
Debe recordarse, que después de la reestructuración de la deuda efectuada por Néstor Kirchner en el año 2005, se sancionó la ley 26017 (ley cerrojo) por la cual se determinó que los tenedores de bonos de la deuda que no habían entrado en el canje del 2005, carecían de todo derecho a reclamar el pago de los títulos, habiendo declarado Kirchner que no iban a cobrar nunca más. Sin embargo, como pareciera que en la Argentina los discursos nunca coinciden con la realidad, todo eso quedó en palabras y en diciembre del 2009 el Congreso Nacional suspendió los efectos de la Ley, lo que permitió al entonces Ministro Boudou concertar un nuevo canje con los bonistas
La reapertura del canje fue sugerida por Arcadia Advisors, quien venía preparando la operación desde el año 2008 junto a los bancos que intervinieron: Barclays, Citi y Deutsche, debiendo tenerse presente que directivos de esa empresa estaban relacionados con acreedores de la Argentina desde el año 1977, apareciendo ahora con coordinadores de la oferta. Esta consultora es dirigida por Emilio Ocampo y Marcelo Etchebarne quienes participaron en los canjes de deuda provinciales de Formosa, Mendoza, San Juan y Buenos Aires.

Diego Bossio, responsable del Anses y vinculado a este grupo, fue asesor del gobernador de Mendoza Celso Jaque en el canje del Bono Aconcagua y su hermano Pablo trabaja desde el año 2009 en el estudio jurídico de Etchebarne, que en sus antecedentes cuenta haber sido Asesor de la Unión de Bancos Suizos, Asesor de Salomon Smith Barney Para el Programa de deuda de la Pcia. De Buenos Aires en 1998 por 3.200 millones de dólares, asesorando a diversos bancos en las emisiones de más de 20 series de bonos de la Pcia., asesor legal local para el canje de deuda de la Pcia. Por 3000 millones de dólares, siendo también Asesor de J.P. Morgan. Por su parte, Emilio Ocampo fue asesor del Citigroup, Director de Morgan Stanley en Londres y Vicepresidente del Chase Manhattan Bank en Nueva York, siendo su suegro, Mr. Brookes, consejero de Nelson Rockefeller y presidente de Cedel (Centro Internacional de Intercambio de valores y liquidación de Luxemburgo) y también integrante del estudios Milbank, Tweed, Hadley y McCloy, la oficina de abogados más importantes de los Estados Unidos, fundada por John Mc Cloy, asesor de 8 presidentes norteamericanos y que ha tenido como uno de sus principales responsables a William Webster que fuera director del FBI y de la CIA.

Todas estas sospechosas negociaciones, llevaron al Diputado Pino Solanas, a presentar una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función público contra el Vicepresidente Boudou, Diego Bossio, responsable del ANSES y todos aquellos que intervinieran en el canje, interviniendo el Juez en lo Criminal y Correccional Federal Dr. Ariel Lijo, con la intervención del Fiscal Jorge Di Lello.

Claudio Lozano realizó un excelente análisis de este canje demostrando que fue un canje sin quita, ya que si bien hubo una reducción del valor reconocido de los bonos, se compensó la misma con el reconocimiento de los cupones atados al PBI, con efecto retroactivo al 2005, lo que resulto violatorio de los arts. 65 a 79 de la Ley 24.156 de administración financiera y de las propias disposiciones de la ley que suspendió la ley cerrojo, ya que no se le dieron facultades al ministro Boudou, para que negociara de la manera que lo hizo.

Todas estas negociaciones hechas favoreciendo a los acreedores externos, se rigen por la lógica del “sistema de la deuda”, por el cual siempre se está tributando y nunca se termina de pagar, ya que lo que les interesa a los acreedores, es que se continúe con la transferencia de fondos a través de los usurarios intereses que siempre nos han cobrado.

Es importante consignar, que todas las negociaciones siempre se realizan en el mayor secreto, ya que dar a publicidad la realidad de lo que se acuerda supondría poner en evidencia la constante claudicación que se hace de las decisiones soberanas de la Nación. Y esto del secreto que viene desde hace décadas, ha sido escrupulosamente seguido por el actual gobierno y los anteriores, que sistemáticamente se han negado a enviar la documentación requerida respecto a las obligaciones que tiene la Argentina, como por ejemplo la deuda que se mantiene con el Club de Paris.

Los pedidos de investigación de la deuda efectuados en el Congreso Nacional han sido sistemáticamente bloqueados por el oficialismo y se continúa con la vocación pagadora, aunque la deuda siga aumentando. El último informe oficial consigna que la deuda pública creció en el año 2011 en 14.632 millones de dólares, y es hora de poner fin a esto, ya que la transferencia de recursos, supone desfinanciar obligaciones con la comunidad que siempre se postergan.

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Rescatan a Ciccone, ¿cae Boudou?

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

No es un secreto que la intervención a la ex Ciccone -y su eventual expropiación- apuntaría a borrar las huellas del negociado que entregó la gráfica a un fondo de origen turbio, comandado por un testaferro del vicepresidente Boudou. La circunstancia jurídica anormal de la medida, impide determinar quién será el beneficiado por la indemnización que establece la ley y quién se hará cargo de las deudas de la ex Ciccone con la Afip y otros organismos del Estado. Se enfrenta la posibilidad de que esta incursión oficial en la propiedad privada se convierta en un negociado.

La estatización tiene los trazos de un rescate, tanto económico como político. Los mismos que advierten sobre una maniobra que buscaría desviar la atención sobre la figura del vice de CFK y evitar como consecuencia una crisis política espectacular, reconocen que la expropiación no modificará en nada la situación judicial de Boudou. Para ser más precisos, el hombre tiene el agua muy cerca del cuello. La causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito continúa avanzando. Su cómplice en la transferencia de Ciccone, el titular de la AFIP, ya está procesado por las maniobras impositivas que acompañaron la llegada a la gráfica de Vanderbroele, el sospechado testaferro de Boudou y los suyos. Meses después de que Boudou denunciara las conspiraciones del presidente de la Bolsa en su contra, Cristina Kirchner anunció el pago del Boden 2012 en la Bolsa, sin Boudou. El gobierno, aún con mayoría parlamentaria, necesita evitar el pedido de un juicio político al vice.

¿Alcanzaría la “expropiación” de Ciccone para despegar al gobierno de una inminente citación de Boudou a declaración indagatoria? En lugar de contenerla, todo indicaría que la precipita. Es probable que el propio Boudou incluso esté consensuando su salida. Según el periodista de Clarín que sigue el asunto, Vanderbroele ha sido “el nexo entre el gobierno y la familia Ciccone, que continúan siendo accionistas minoritarios” (8/8). Se convertirían en el taparrabos legal afectado por la expropiación.

El preámbulo de la caída de Boudou se completa con los trascendidos de otra caída en desgracia -la de Guillermo Moreno, en medio del fracaso evidente de los controles de precios o cambiarios.
Para el gobierno, la intervención de Ciccone es un acto de “soberanía monetaria”. Ya es muy tarde para este reconocimiento; la historia del nacionalismo argentino, por otra parte, se ha caracterizado por el recurso de la estatización para encubrir los fraudes. La oligarquía primero, y la burguesía luego, nunca han pagado las consecuencias financieras de las crisis. El monopolio estatal de la impresión de billetes no es una salida para la inflación, como lo pretendió el presidente del Banco Central de Alemania en la hiper de 1923, y lo pretenden ahora los pichones y no tan pichones del kirchnerismo.

El gobierno aspiraba a que la expropiación obtuviera una votación mayoritaria en el Congreso, en vistas de que el radicalismo había anticipado su apoyo. Pero en las últimas horas, ese aval se habría revertido. El gobierno marcharía a una votación solitaria que, en el caso del Senado, podría convertirse en un juicio político no declarado contra su presidente.

El arbitraje oficial ya se había extremado frente al derrumbe petrolero o ferroviario, con estatizaciones de carácter parcial. Esas intervenciones han rescatado, invariablemente, a ciertas camarillas capitalistas a costa del dinero fiscal. Pero, en este caso, la ‘estatización’ es simplemente el rescate de la propia camarilla de gobierno, en medio de una crisis de gabinete en puertas y cuando crujen los monumentales desequilibrios del ´modelo´. Por sobre todas las cosas, la crisis por arriba marcha al galope.

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Quién mató a Mariano, señora Presidenta

Néstor Pitrola (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

En los videos exhibidos en la segunda jornada del juicio hemos visto, a la cabeza de la patota que encaraba la estocada final en Barracas, al “testigo reservado” de Néstor y Cristina. Lo había ‘presentado’ el intendente Barba Gutiérrez de Quilmes de manera pomposa, pocos días después del crimen, a través de la Casa Rosada, de modo que Néstor Kirchner pudiera adjudicarse el ‘aporte’ del testigo “clave”. La Presidenta ha vuelto a mencionar el hecho, nada menos que para adjudicarse el esclarecimiento del crimen y la detención de la patota y de Pedraza.

Sin embargo, todo lo que hizo el ‘testigo’ fue señalar a Cristian Favale como el asesino de Mariano, al cual le adjudica la frase “al de la gomera le agujereé la panza”, que el expediente judicial sólo recoge de parte de este ‘testigo’. Negro sobre blanco, un integrante activo de la patota entrega a Favale y solamente a Favale, en un hecho protagonizado por más de un centenar de personas organizadas por la cúpula de la Unión Ferroviaria. ¿Esto es una operación de esclarecimiento o una tentativa burda de encubrimiento de la patota de Pedraza?

Acá hubo 120 personas organizadas para atacar a los tercerizados, hubo una concentración y traslado de armas; Favale mismo llamó a otros (llamadas probadas en la causa) que llegaron con él para integrarse a la patota con las armas. Se probó que al menos cuatro armas fueron disparadas, dos 38, una 22 y una escopeta; se probó que Sánchez disparó con la suya propia desde una posición determinada. El martes 7 de agosto, vimos en el tribunal los videos donde le dicen a Favale y los otros, “che llegaron tarde” -cosa que ocurrió porque venían nueve en un auto, los detuvo la policía y tuvieron que buscar otro coche. Hubo más que un territorio liberado, hubo una policía que acompañó y cubrió a la patota en su ofensiva y en su retirada, que encubrió y ocultó pruebas. La policía descartó el pedido de un cabo -Maldonado-, quien pidió refuerzos a Central porque advirtió lo que ocurriría.

En el escenario de los hechos, no fue una sola persona la que mató a Mariano, que según el testigo reservado (de la propia patota) sería Favale. En ese escenario hubo una lluvia de balas, de las cuales cinco impactaron en los compañeros: una en Mariano, una en la cabeza de Elsa, tres en el cuerpo de Nelson y otra en el de Pintos. Una patota de la Unión Ferroviaria, al mando de Pablo Díaz en el terreno, centralizada desde la cúpula de la Unión Ferroviaria por Fernández y Pedraza, pretendió ahogar en sangre un vasto proceso de lucha de miles de tercerizados, sometidos a un sistema de superexplotación en el ferrocarril y en el país, del cual la burocracia sindical es socia.

El ministro Tomada, funcionario del gobierno que se adjudica el ‘aporte’ del testigo, orienta a Pedraza acerca de cómo frenar a los tercerizados y cómo “lavarles la cabeza”, en un negocio que beneficia a la ‘burguesía nacional’ K de Cirigliano, Romero y Roggio, quienes explotan los FF.CC. con los subsidios que sigue manejando Guillermo Antonio Luna (colocado en la Secretaría de Transporte de Cristina Kirchner, por Pedraza y Maturano, de La Fraternidad).

Esta línea de entregar a Favale es acompañada a pie juntillas por la burocracia de la Unión Ferroviaria: ¡los reos se valen del ‘testigo’ del gobierno! En una tenebrosa solicitada en La Nación del domingo pasado, la UF declara, institucionalmente, la inocencia de nueve reos de los diez sentados en el banquillo: todos menos Favale.

Señora presidenta: a Mariano no lo mató un barrabrava. A Mariano lo mató la patota de la Unión Ferroviaria que encabeza José Pedraza, uno de los principales jefes de la burocracia sindical con la cual usted está “construyendo” -como usted se lo dijo al propio Pedraza, en noviembre de 2009- la CGT oficial.

Los muertos pudieron ser varios, por eso todos están acusados por ‘homicidio calificado y coacción, así como también por ‘tentativa de homicidio calificado y coacción’. Todos, no sólo Favale. Un fusilamiento es responsabilidad del pelotón que lo ejecutó, no la de aquel cuya bala remató a la víctima. Mariano fue muerto en el marco de un plan criminal de una de las tantas patotas del sindicalismo argentino. Deben pagar sus responsables materiales y políticos por igual, señora Presidenta.

Foto: Argentina, Burocracia sindical - Una cámara de C5N registra el momento en que la patota de la Unión Ferroviaria inicia el ataque que culminaría con la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira.

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¿Un aplauso para la Presidenta?

Lidia Meza (ACTA)

Otra vez nos piden a los jubilados un aplauso para la Presidenta. Los pocos que aplauden son muy bien pagos, en cambio a los jubilados solo nos toca el 11,4 % según la formula de movilidad aprobada en el año 2008.

De esta forma el jubilado cobraría más o menos la mitad de los 3.870 pesos que cuesta actualmente la canasta básica. Este cálculo lo realizó la Defensoría de la Tercera Edad del doctor Semino, por lo tanto este aumento mensual de 192 pesos ha sido devorado por lo la inflación.

En el mismo acto la presidenta dirigiéndose a los comerciantes e industriales les dice que no se quejen porque nunca habían ganado tanto dinero como en los últimos años.

Los jubilados nos preguntamos, ¿quién gobernó en estos últimos años? ¿Quién los ayudo a enriquecerse? ¿No saben los gobernantes que el 80% de los jubilados cobra la jubilación mínima?.

No serán los mismos que nos niegan el 82% móvil porque, según pregonan, se fundiría el país.

El día 15 de agosto a las 15 horas en la ronda de los miércoles de los jubilados haremos entrega de las firmas que restan para impulsar nuevamente el Proyecto de Ley Previsional en la Cámara de Diputados esperando se trate como corresponde y así terminar de una vez con esta arbitrariedad, en la que cualquier gobierno de turno se sienta con el derecho de manejar el haber de los jubilados sin importarles las consecuencias que puedan sufrir los mismos.

Plata hay lo que no hay es vergüenza.

Lidia Meza es Secretaria de Previsión Social de la CTA.

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Cecilia Pando fue recibida por Lorenzetti, titular de la Corte Suprema

Emilio Marín (LA ARENA)
Este 7 de agosto fue un día contradictorio. Por un lado las Abuelas de Plaza de Mayo presentaban al nieto número 106. Y por el otro la apologista del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, fue recibida por la Corte Suprema.

Las Abuelas de Plaza de Mayo y demás organismos de Derechos Humanos, con su búsqueda incansable de los bebés robados por la dictadura, lograron restituir la identidad a Pablo Javier Gaona Miranda. Es el nieto recuperado número 106. Ese delito aberrante fue comprobado durante el juicio por el "plan sistemático", concluido en la primera semana de julio con penas de hasta cincuenta años de cárcel para el ex dictador Jorge R. Videla y condenas a ocho represores más.

Por eso causó estupor la actitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y de la vicepresidenta de ese tribunal, Elena Highton, quienes ese mismo día abrieron sus despachos a la apologista de la dictadura, Cecilia Pando.

En el Centro de Información Judicial, Agencia de Noticias del Poder Judicial, hasta ayer no había información oficial de la reunión. Hay que remitirse a la gacetilla difundida por Pando, firmada como presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (Afyappa).

Allí se puntualiza que concurrieron, además de la citada, "Inés Martínez Segón, vicepresidente de la Asociación y Marcela Cabanillas, esposa de un preso político". El marido de la primera está condenado por la masacre de presos políticos en Margarita Belén (Chaco). La segunda está casada con el general Cabanillas, condenado a perpetua por los crímenes de "Automotores Orletti".

Defensora

La presidenta de Afyappa es una férrea defensora de la dictadura y las tres Fuerzas Armadas, incluso de uno de los delitos que no protegían las "leyes del perdón": el robo de bebés. En un reportaje que le hizo otro admirador del Proceso, Chiche Gelblung, éste la presentó como defensora de los militares acusados incluso de la supresión de identidad de los nacidos en cautiverio. Y la entrevistada asintió.

La activista castrense aprovechó la entrevista con la Corte Suprema para defender a los "presos políticos" (léase genocidas), presentados como que fueron objeto de una "revancha" de los "terroristas de los ´70 hoy en el gobierno". Como Videla, entiende que los tribunales que los vienen juzgando serían "inconstitucionales", ya que deberían haber entendido los tribunales militares. Es una coincidencia total con los generales Videla y Luciano B. Menéndez, quien ya acumula seis perpetuas emitidas por tribunales "ilegales". Pando se copia de sus amigos en que la ley penal se ha aplicado en forma retroactiva, como si no se tratara de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.

Visión genocida

El comunicado de Afyappa explicó que la reunión fue para "denunciar el trato inhumano que reciben en las cárceles los detenidos por presuntos delitos de lesa humanidad". Subrayó que "se dieron a conocer los 165 muertos en cautiverio por abandono de persona y falta de atención médica en los penales. Se habló de los traslados a otros establecimientos sin autorización de los jueces, las torturas psicológicas a las que son sometidos en algunos penales". Estas afirmaciones son de una falsedad flagrante.

En primer lugar, porque los represores hicieron desaparecer a 30.000 personas y robaron centenares de bebés nacidos en los centros clandestinos de exterminio, y han tenido décadas de impunidad. Ese lapso duró los siete años de dictadura y varios más en democracia, en particular entre 1986-1987 y agosto de 2003 cuando fueron anulados el "Punto Final" y la "Obediencia Debida". Ni son "presos políticos" y no fueron castigados en su momento.

En segundo término, cuando -luego de tantas idas y venidas- la justicia instruyó las causas y las elevó a juicio, esos represores demoraron muchos años más. Lo hicieron con apelaciones, recursos y muchos amigos en la Justicia, que facilitaron esas maniobras, como Alfredo Bisordi, titular de Casación Penal que cajoneó años la causa ESMA, devenido luego en defensor del torturador Luis A. Patti. Otro, el fiscal de Casación Juan M. Romero Victorica, que ayudó al apropiador de Victoria Montenegro.

Todas las garantías

En tercera instancia, los represores tuvieron todas las garantías de la defensa en juicio que negaron a sus víctimas. Estas fueron torturadas y asesinadas, arrojados vivos al mar desde aviones, fusiladas con pantomimas de "enfrentamientos armados", sus cadáveres desaparecidos, etc.

En cuarto lugar, la mayoría de los represores estuvo en arresto domiciliario o en unidades castrenses mientras esperaban el juicio. Las debilidades de la justicia explican que Videla fuera trasladado hace poco a una cárcel común. Antes estuvo en su piso de Avenida Libertador y luego en la guarnición de Campo de Mayo, con cómodas condiciones de detención como se aprecia en el libro "Disposición Final" de Ceferino Reato.

La apologista de Videla trastoca la historia. No es que "165 militares murieron en cautiverio por abandono de persona". La mayor parte falleció en su casa y otra en cómodas prisiones, sin ser alcanzados por condenas por el enorme retraso. Si los militares no hubieran promovido en 1987 el levantamiento "carapintada" para lograr una "solución política" (léase impunidad), esos 165 procesados habrían tenido juicio hace 25 años. Habrían vivido para recibir una digna condena; con la demora autoprovocada, murieron "inocentes", igual que Augusto Pinochet.

A degüello

La defensora de Videla salió feliz de la reunión. "Tanto el Presidente de la Corte como su Vicepresidente se mostraron sorprendidos con nuestro relato que fue acompañado con fotos sobre las aberraciones y verdaderos tormentos que sufrieron algunos de los enfermos que murieron en cautiverio", reseñó.

Si esas denuncias tuvieran 1 por ciento de veracidad, deberían sentar a Argentina en el banquillo de la Corte Penal Internacional en La Haya. Como son falsas, el país seguirá gozando de reconocimiento por su política de derechos humanos.

Al conocerse de la reunión en la Corte Suprema se disparó una polémica en las redes sociales. Los que defienden la razonabilidad de la entrevista opinaron que es obligación de la CSJN de "recibir a todos", como si la democracia no tuviera que poner ciertos límites a los enemigos de ésta. Este cronista cree que fue un error de Lorenzetti el conceder tal reunión.

Como quedó dicho, Pando es una apologista de la dictadura, la peor de toda la historia argentina; ha defendido sus peores delitos como el robo de bebés. No se trata de cualquier derecha: esta se ubica por fuera del espectro democrático. Mauricio Macri, por ejemplo, es un político de derecha, pero por ahora no saca los pies del plato de la democracia. Entonces es lógico que la justicia electoral le reconozca personería al PRO y la gente pueda votarlo como jefe de gobierno.

En cambio Alejandro Biondini, neonazi confeso, vio negada la personería electoral para el Partido Nuevo Triunfo. Y la Corte Suprema convalidó esa negativa con un fallo propio en marzo de 2009.

Límites políticos y éticos

Salvando las distancias, esos ejemplos muestran que la democracia tiene que marcar ciertos límites políticos, legales y éticos. En consecuencia, no debió el alto tribunal "legalizar" a la banda de la defensora del genocidio, que por ese mismo postulado ya había tenido problemas legales.

Pando apoyó en 2005 al obispo castrense Antonio Baseotto, quien había amenazado al ministro de Salud, Ginés González García, con arrojarlo al mar atado a una piedra. En enero de 2007 la mujer pidió "que todos los terroristas que están en el gobierno tengan su condena", refiriéndose a Kunkel, Taiana, Obeid, etc. En julio de ese año fue a apoyar al cura genocida Christian von Wernich, en el juicio de La Plata, y declaró que "todo esto es un circo romano armado por el Gobierno". En mayo de 2008 concurrió a Córdoba a dar aliento a Menéndez, que recibiría su primera perpetua en la causa "Brandalisis". En agosto de ese año insultó a los camaristas que habían condenado a cuatro represores en Corrientes por los crímenes en el Regimiento IX. Y allí mismo amenazó de muerte, "a degüello" al secretario de DDHH, Eduardo L. Duhalde. Organismos de derechos humanos de Córdoba le promovieron una denuncia "por los delitos de amenazas, intimidación pública e incitación a la violencia".

En marzo de 2010 la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal revocó el sobreseimiento de la defensora de la dictadura en una causa donde había sido denunciada por "apología del delito" por Carlos Pisoni, Director de DDHH de la Legislatura porteña. Un año más tarde esa misma Sala confirmó su fallo, adverso a Pando (Centro de Información Judicial, CIJ, 16 de marzo de 2011).

Se trata de enemigos de la democracia, que no se han cansado de ofender a Madres y Abuelas, y a las 30.000 víctimas. Han descalificado al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero también y muy especialmente a la Justicia. Créase o no, fueron recibidos y "legalizados" por la Corte Suprema, la misma que -según registros del CIJ- aún no recibió a los familiares de Mariano Ferreyra.

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Luciano, “Juguito”, Daiana y la vida de los nadies

Claudia Rafael (APE)

“Siento mucha, mucha bronca. Él tiene 16 años. Su misma edad. Fue en una calle. A la noche. Todo igual. Un auto sin patente. Y es el miedo por lo peor, sabiendo lo que pasó con Luciano”. Vanesa Orieta, la mayor de los hermanos, habla de esa película en blanco y negro que no es película y que volvió a repetirse una y otra vez esa noche en su cabeza. En la cabeza de su mamá. Es la historia que se planta y hace retroceder brusca y violentamente en el tiempo hasta aquel 31 de enero de 2009. Pero fue el viernes 3 de agosto de 2012. Y no fue Luciano. Esta vez fue Mario. El mismo Mario que en aquellos días tenía apenas 13 y que entonces no entendía y se llenó de rabia. Y cómo entender si la gente no desaparece así como si nada. Si no se puede ser hoy y mañana ya no, como si jamás antes hubiera existido.

La historia es en tiempo presente. Y Mario ya no tiene 13. Por estos días tiene la misma edad que en aquel enero tenía su hermano mayor, Luciano Arruga. Igual que a él lo pararon en una esquina del barrio, a la noche, tarde. Igual que con él, quienes se interpusieron a sus pasos eran policías.

Mario Arruga vive como entonces en la misma casita de la esquina, en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador. Apenas una manzana que obligadamente dirige los pasos hasta el potrero de a la vuelta. El viernes regresaba del trabajo, como siempre. A las 23.30, entre las sombras pertinaces de la noche, un Duna color champagne, sin patente, empezó a moverse a su paso. De ahí descendieron abruptamente dos hombres, uno de civil, otro, de uniforme. Lo increparon. Lo pusieron contra la pared. Y después de las amenazas lo dejaron ir. Lo hermanaron en ese instante feroz definitivamente con Luciano.


*****

“Juguito” le decían. Cuando llegó a la vida soñaron para él sueños de gloria y por eso tal vez fue Maximiliano De León. Su vida corta de 14 años no alcanzó para glorias ni para historia. Y quizás intuyéndolo, alguien le asestó el eterno “Juguito”. La suya fue una crónica profundamente roja desde siempre. Esa noche en que –dicen- fue a robar a casa de un policía con otros dos amigos, lo mataron por la espalda. En su cuerpo niño, de las seis entró una bala de la 9 milímetros reglamentaria y se quedó alojada sin más respiros que los de unas pocas cuadras que, ni siquiera, le dejaron llegar con vida al hospital.

Nació y murió en La Plata. Vivía con su mamá y su abuela. Julián Axat –defensor oficial y colaborador habitual de APe- definió: fue “ejecución sumaria: no hubo enfrentamiento ni cruce de disparos”. El cabo Daniel Mannarino cumplió con su deber y frenó al delito asestándole un tiro por la espalda. “El chico se encontraba en estado de vulnerabilidad, y no se hizo nada sobre su persona para restituirle los derechos”, contó Julián. “Los funcionarios no dieron respuestas integrales, en su competencia, para evitar que al niño se lo criminalizara hasta el momento de su muerte”.

Como A.D. el chico platense de 13 años. Perdido. Anónimo. Fugado. Encerrado. Escapado. Con drogas en los pulmones y la sangre desde los ocho años. Hundido. Olvidado. Vulnerado. Internado. Una y mil veces. Con un Estado rabiosamente instalado en A.D. y en “Juguito” para fusilarlos de muerte temprana. Para empujarlos al odio y a querer sacudir las espadas de la violencia sobre el mundo entero que abruma. Para arrinconarlos a aspirar hasta matar o morir. Ante atentos espectadores, listos para aplaudir.

La muerte de pibes como “Juguito”, las ausencias (o regresos, ¿qué importa? Da igual) de A.D. no se evitan. Se sirven en bandeja.

*****

“Cuando nosotros empezamos a denunciar lo que había pasado con Luciano, lo ubicamos como ejemplo de lo que pasa con tantos pibes en los barrios como el nuestro. Un ejemplo de los pibes a los que la policía trata de cooptar para robar, de los pibes muertos por gatillo fácil, de los pibes que son criminalizados, de los pibes sobre los que reclaman más y más mano dura. Y por todos ellos inundan los barrios de fuerzas de seguridad. Y los niños crecen viendo gendarmes que caminan con itakas en las manos. Y naturalizan esa vida cotidiana rodeada de maldita policía, de bonaerense II, de hombres de uniforme que profundizan esa criminalización, avalados por sectores judiciales, por sectores políticos”, dice Vanesa Orieta.

*****

Daiana Lorena Santos. 19 años. Padecía síndrome de esquizofrenia. Además, estaba postrada en silla de ruedas. Vivía en Quilmes hasta el final de julio. Hasta ese día en que un comando GAD (Grupo Apoyo Departamental) y de la Comisaría 3ª irrumpieron en su casa. 18 oficiales de policía coparon cada habitación. Estaban sólo ella y sus padres en la casita. Daiana estaba en la cama. Y escuchó los ruidos. Intentó, como pudo, incorporarse y pasar a la silla de ruedas. Entonces el policía Jorge González le disparó: “sintió un ruido raro y se asustó”, dijeron sus compañeros. Ni siquiera llegó con vida al dispensario del municipio. Murió en el camino.

La vida, en los barrios del olvido eterno, parece no tener sentido para el poder. Una, dos, diez balas. Todo vale. Todo sirve. Es un juego macabro en el que el reglamento es el de ellos. Lo instalan. Lo modifican. Lo rehacen. Lo destruyen. Porque hay, en definitiva, líneas claras que guían la historia. Que dividen el ellos del nosotros. Que definen quién sí, quién no. Que establecen bajo qué bala, bajo qué olvido, bajo qué estigma quedará pincelada cada crónica. Que diseñan de qué modo y en qué preciso momento cada “Juguito”, cada A.D., pisarán el círculo que los irá desangelando y les arrancará el nombre, la historia breve, los amores, los miedos hasta deglutirlos y devolverlos nadies.

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Argentina. Tras el pedido de condenados por delitos de lesa humanidad: La UBA rechazó la inscripción a represores

REDACCION ROSARIO

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió por unanimidad rechazar la inscripción de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad a cursar estudios mediante el programa UBA XXII.

La resolución fue tomada por el órgano académico integrado por el rector de la UBA, Rubén Hallú, los decanos de las facultades, y cinco representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.

“Esta es una clara expresión política de la Universidad de Buenos Aires”, expresó Hallú durante la sesión realizada en el rectorado en la que el Consejo Superior, tras el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento que elaboró el proyecto de resolución.

En ese dictamen, la comisión entendió que si bien el propósito de la Universidad “no puede ser otro que permitir la libre discusión de ideas y la más amplia confrontación de concepciones del mundo”, la particularidad del caso implica que “quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria”.

Y agrega que “ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que, de antemano, se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos”.

La resolución del Consejo Superior fue dispuesta tras los pedidos efectuados por represores que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre ellos, Adolfo Donda- condenado a prisión perpetua-, Carlos Jurio y Oscar Rolón.

Ante el intento de inscripción al programa, las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales dictaron la resolución que prohibía su condición de alumnos, postura que fue refrendada esta mañana por el Consejo Superior de la UBA.

“Es un hecho histórico que pone a la universidad pública a la altura de las discusiones actuales sobre el rechazo al genocidio y las políticas por memoria verdad y justicia”, aseguró Juan Pablo Parchuc, director del Programa Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras.

Para el docente, la resolución del Consejo Superior “resume el trabajo que venimos haciendo en conjunto desde la universidad, las agrupaciones estudiantiles, docentes y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la cárcel, poniéndonos el debate al hombro para llevarlo adelante en una tarea que no fue fácil”, admitió.

Organizaciones de derechos humanos repudiaron a través de una solicitada el intento de los represores de ingresar a la universidad pública, en la que durante el terrorismo de Estado “miles de docentes, graduados, estudiantes y no docentes sufrieron persecución, secuestros, apropiación de bebés, torturas, asesinatos y desapariciones”.

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Argentina, Chaco. La Justicia ordenó garantizar su libertad ambulatoria: Conceden habeas corpus a joven que denunció torturas en la Comisaría 11ª

CHACO DIA POR DIA

Lo dispuso la titular del Juzgado Civil 6, Isabel Iride Grillo, ante la presentación de una mujer que denunció a dos policías de la Comisaría Undécima de Resistencia por balear, torturar y perseguir a su hijo por una supuesta "contravención".

La titular del Juzgado Civil y Comercial Nº6 de Resistencia, Isabel Iride Grillo, hizo lugar a una acción de habeas corpus ordenando a las autoridades provinciales encabezadas por el ministro de Gobierno del Chaco y el Secretario de Seguridad que se adopten las medidas para garantizar la libertad ambulatoria y de desplazamiento a María del Carmen Canteros y Michael Gabriel Fimiani. Asimismo, ordenó que en un plazo de 48 horas se informe al tribunal sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia fechada el viernes 3 de agosto último.

El hecho

Según relató la madre del joven, María del Carmen Canteros, el 4 de marzo último su hijo se encontraba en una plaza del Barrio España junto a sus amigos esperando a otro de ellos cuando aparecieron dos policías uniformados y con una escopeta comenzaron a disparar balas de goma contra el grupo por una supuesta “contravención”. Eso dispersó a los jóvenes y Michael corrió camino a su casa siendo perseguido por los dos efectivos policiales. Cuando el joven se dirige hacia la Comisaría Undécima a realizar la denuncia lo llevaron al patio, lo hicieron desnudar y le pegaron hasta dejarlo inconsciente.

Posteriormente, Canteros apeló a distintas instancias institucionales para lograr garantizar la seguridad de su hijo. Ante la falta de respuestas, a fines de julio de 2012 se presentó ante el Juzgado Civil y Comercial Nº6 de Resistencia solicitando una acción de habeas corpus contra los policías Edgardo Ramón González y Diego Ramón Monzón de la Comisaría Undécima de la Policía de la provincia del Chaco denunciándolos por perseguir y hostigar a su hijo al que detuvieron en dos oportunidades por una supuesta contravención.

Asumiendo la gravedad de la situación, la jueza Grillo convocó con celeridad a una audiencia que tuvo lugar el miércoles 1 de agosto donde accionantes y denunciados expusieron sus puntos de vista y el viernes 3 de agosto firmó la sentencia haciendo lugar a la acción de habeas corpus y ordenando al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad y a la Policía del Chaco que garanticen la libertad ambulatoria del joven tras haberse comprobado en la causa las lesiones denunciadas.

En la sentencia, la jueza consigna que la disposición es “sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones legales que le competen a las autoridades policiales y judiciales en la hipótesis de así corresponder y de lo que se disponga por parte de las autoridades judiciales competentes en relación al nombrado en último término –Michael Gabriel Fimiani- y derivaciones procesales pertinentes en relación a las causas judiciales en trámite, que exceden del acotado marco cognitivo de este proceso constitucional”.

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Argentina, Córdoba - Barrio Ituzaingó Anexo: Piden 4 y 3 años de prisión para dos acusados de contaminación

TELAM - PRENSA RED

La fiscalía pidió una pena de cuatro y tres años de prisión efectiva para el productor agropecuario Parra y el piloto Pancello. En tanto que Gabrielli sería absuelto. El veredicto se conocerá el próximo 21 de agosto.

La fiscalía solicitó cuatro años para Francisco Parra por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004, y por ser instigador del mismo delito por un hecho sucedido en 2008.

También solicitó tres años de prisión para el agrofumigador Edgardo Pancello al acusarlo de "presunto autor de la contaminación ambiental constatada en 2008 cuando fumigaba un campo de Parra".

En cambio, por falta de pruebas determinantes y por aplicación del principio de presunción de inocencia, la Fiscalía pidió la absolución del productor Jorge Gabrielli. El hombre estaba imputado de instigación del delito de contaminación ambiental a raíz de un fumigación concretada en su campo, en el año 2008.

En forma subsidiaria y para el caso de que el tribunal impusiera penas de prisión pero de ejecución condicional, el fiscal solicitó que los dos acusados durante cuatro años, presten funciones gratuitas, de lunes a viernes, en un dispensario público o en el Hospital Oncológico.

"Ituzaingó Anexo es un barrio contaminado, enfermo, en terapia intensiva, que sufrió una agresión reiterada por fumigaciones de productos prohibidos y efectuadas a una distancia de un núcleo poblacional que no eran permitida por ordenanzas vigentes en la ciudad de Córdoba", manifestó Novillo Corbalán en su alegato.

El fiscal también pidió a la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba que exhorte a las autoridades nacionales a que sancionen "una ley de agroquímicos que prohíba las fumigaciones aéreas en toda la Argentina, cualquiera sea las sustancias empleadas".

Asimismo, pidió que se aconseje "la prohibición de fumigaciones terrestres a menos de 1.000 metros de distancia de centros poblacionales, de escuelas o de pozos de agua".

Por otra parte, reclamó que se inste a que "se adelante la entrada en vigencia de la Resolución 511, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que prohíbe a partir de octubre de 2013 el uso de endusolfán" en las fumigaciones con fines agropecuarios.

El fiscal también requirió que se exhorte a las autoridades provinciales a que, hasta que entre en vigencia una ley nacional de agroquímicos, que se reforme la que rige en Córdoba (Ley 9164), para "prohibir las fumigaciones aéreas en la provincia".

Está previsto que los abogados defensores de los tres imputados presenten sus alegatos hoy y que luego el tribunal fije la fecha de la audiencia en la que se dará a conocer la sentencia.

El juicio adquiere significado al ser la primera denuncia que llega a los tribunales judiciales sobre las consecuencias del uso de agroquímicos en la población.

Los hechos ocurrieron cuando la Municipalidad de la ciudad de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional de barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos agroquímicos contaminantes.

Según la acusación, en las fumigaciones realizadas sobre los campos ubicados en la inmediaciones de barrio Ituzaingó se utilizó endosulfán y glifosato.

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Extraña pareja. La Sociedad Rural y el urribarrismo kirchenerista: Fuerte repudio al despido de periodistas de “El Diario" de Paraná

Carlos Saglul (ACTA)

Periodistas, reporteros gráficos y administrativos de El Diario de Paraná realizaron una ruidosa manifestación en la esquina de Buenos Aires y Urquiza de la capital entrerriana en repudio al despido de dos trabajadores del matutino. ACTA dialogó con una trabajadora de ese medio.

"Tratan de chanteajeranos para que firmemos aumentos miserables”, explicó a ACTA la periodista Luz Alcain. Tanto la CTA local como la nacional, hicieron público el apoyo a las medidas de los trabajadores.

El Diario de Paraná es un medio emblemático de Entre Ríos que hasta hace poco estuvo en manos de la familia Etchevere, uno de cuyos miembros sería el futuro presidente de la Sociedad Rural. Su poder se vio limitado con el ingreso como accionista de Walter Genon, un hombre que se enriqueció con las mutuales que trabajan con los empleados públicos.

Como se sabe, sin número de descuento no hay mutuales de este tipo. Desde la llegada de Genon, el medio tradicionalmente conservador no dejo esa línea sino que además se hizo oficialista, defendiendo las posturas del gobernador Sergio Urribarri.

He aquí lo que dijo Alcain:

-¿Cómo se precipitan los despidos?

Hace ratos venimos peleando para que se paguen los básicos de convenio. Asambleas, paros, movilizaciones. El básico actual es de 1.732 pesos contra los 5.700 que marca el convenio firmado en 2008. Nos enteramos que pese a todos los fallos a favor que habíamos obtenido en la Justicia, ahora se estaría sacando de la galera un fallo contrario, por obra de la sala laboral del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Eso recrudeció las medidas de lucha.

-Los despidos están ligados a esto?

Nos suben la apuesta despidiendo a dos periodistas de la redacción, Juan Cruz Varela y Mónica Borgogno. Los compañeros son agraviados por la empresa que argumenta falta de cumplimiento con sus deberes, cosa que es una mentira. Se nos dice por debajo la mesa: "Ustedes toman el aumento miserable que les damos y nosotros le reincorporamos a los compañeros". No vamos a aceptar el chantaje.

-¿Qué pasa con la Justicia?

La solidaridad a sido enorme. La CTA junto a la CGT han estado con nosotros. También la Iglesia mostró su preocupación. Por supuesto estamos en permanente movilización. La cosa se les fue de las manos. Dicen algunos rumores que ese fallo en contra de los trabajadores ya está congelado, y que en su lugar, por fin la Justicia nos convocará para saber cuál es nuestra opinión.

-¿Cómo sigue esto?

Estamos en medio de un paro decido en asamblea por todos los trabajadores. El caso ha sido denunciado al Ministerio de Trabajo. De acuerdo a lo que salga de las audiencias se decidirán las medidas a seguir. Lo que no vamos a aceptar es el chantaje del miedo. Queremos reincorporar a los compañeros, pero como resultado de preservar nuestra dignidad como trabajadores, no como respuesta a una apretada que deja a estos compañeros como rehenes.

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Alrededor de 350 mil empleados públicos brasileños en paro

ANSA

La ola de paros de empleados públicos brasileños se amplió esta semana, con adhesión de más sectores, lo que llevó a cerca de 350 mil el número de huelguistas, al tiempo que se profundizó la tensión con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff que fue censurado por manifestantes reunidos en Brasilia.

La policía federal, la policía caminera federal, los empleados del Tesoro y otros sectores se sumaron esta semana a los profesores universitarios y otras ramas de los trabajadores estatales, con lo cual hay 36 gremios en paro y 350.000 funcionarios sin trabajar, publicó hoy el diario Valor Económico.

Fuentes del gobierno indicaron que hay unos 200 mil empleados participando en diversos planes de lucha, a la cabeza de los cuales están los profesores universitarios de 57 casas de estudios y que dejaron sin clases a 1 millón de estudiantes. "Dilma se endurece con los huelguistas" publicó hoy Valor Económico en su principal título de portada, donde se consigna que la mandataria resolvió adoptar una posición más severa con los sindicatos que están en paro desde hace más de dos meses.

El inicio de los paros de las policías federal y caminera causó problemas en aeropuertos y bloqueos en carreteras, cuadro que tiene a empeorar con el trabajo a reglamento anunciado a partir de este jueves en las principales aeroestaciones internacionales.

"Dilmadura" gritaron algunos gremialistas en una manifestación que se prolongó hasta la noche del miércoles frente al Palacio del Planalto, en el centro de Brasilia, donde también fue abucheado el ministro Gilberto Carvalho, interlocutor del gobierno con los sindicatos.

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Trabajadores del cobre en Chile denuncian precariedad laboral

PL

La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) de Chile, que representa a más de 36 mil obreros de la minería privada y estatal, denunció una acentuada precariedad de las condiciones laborales del sector.

Con más de 200 delegados provenientes de todo el país, reunidos en la localidad de Mantagua, cercana a la comuna de Concon, región de Valparaíso, sesionó la asamblea general de la reconocida agrupación sindical.

En la ocasión la CTC decidió impulsar una movilización nacional por el mejoramiento de las condiciones de labor en la minería, aunque no se precisó fecha de realización.

Participaron en la reunión dirigentes de federaciones y sindicatos afiliados a la CTC, provenientes de ciudades como Rancagua, Los Andes, Calama, Antofagasta, Quinteros, Santiago, Concepción, Aysen, Chile Chico, Copiapó, El Salvador, Los Vilos, Petorca y La Ligua.

Los delegados al encuentro se pronunciaron por consolidar y profundizar los logros alcanzados por los mineros que laboran para la estatal Corporación del Cobre (Codelco) y avanzar con mayor rapidez en el sector privado.

En el discurso inaugural, el presidente de la CTC, Cristian Cuevas, recordó que los obreros del metal rojo enfrentan todos los días la dura realidad del modelo sociopolítico neoliberal, signado por prácticas antisindicales, inestabilidad laboral y atropello a los derechos ganados.

El dirigente sindical criticó además el Código Laboral prevaleciente, generado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Señaló que en el nuevo período de trabajo de la CTC se luchará por igualar las condiciones de la minería privada a lo logrado por los operarios subcontratados de Codelco.

"Nuestra experiencia de lucha está a disposición de los trabajadores organizados dispuestos a avanzar en derechos y también está disponible para ser parte del movimiento social, con el que nos proponemos profundizar nuestras alianzas", enfatizó Cuevas.

También el secretario general de la CTC, Jedry Veliz, llamó a profundizar la convergencia social y política en Chile por una lucha mayor que incluye la defensa de los recursos naturales, el respaldo al movimiento estudiantil y la solidaridad activa con los movimientos de diferentes regiones.

En la asamblea además los trabajadores del cobre denunciaron la puesta en marcha de una operación de endeudamiento de la estatal Codelco, con el fin de justificar su posterior privatización.

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Nuevo conflicto por tierra enfrenta productores y gobierno paraguayo

PL

Un conflicto por la posesión de mil hectáreas de tierra llevó hoy a miles de pequeños y medianos productores a acusar al gobierno de favorecer a una empresa fantasma para apoderarse de sus terrenos.

Más de 200 tractores fueron colocados en plena carretera por los residentes en la colonia Tape Pora, situada a unos 90 kilómetros de Ciudad del Este, mientras anunciaron que asentamientos agrícolas cercanos se incorporarán a la protesta en las próximas horas.

Los afectados señalan que hace más de 20 años residen y trabajan esas tierras pero apareció reclamándolas la empresa denominada Benita S.A., la cual tiene vínculos con Federico Franco, presidente de la República tras la destitución del mandatario Fernando Lugo.

El autor de esa acusación fue el abogado Rolando Cáceres, representante legal de los protestantes, quien aseguró que el propietario de la empresa es Gustavo Bogado, vinculado a Franco desde que el actual Presidente era jefe comunal en el municipio de Fernando de la Mora.

El enojo de los productores alcanza a la Corte Suprema de Justicia, instancia que no ha respondido al reclamo de los verdaderos propietarios de las tierras y por ello pasaron a la acción directa, colocando los tractores en un costado de la Supercarretera Itaipú y amenazando con interrumpirla hoy.

Por su parte, Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, reclamó la retirada de los efectivos policiales situados ya en el lugar para evitar un enfrentamiento, el cual sería provocado por la senadora Zulema Gómez, supuestamente socia de la Benita S.A.

La novel situación se une a los numerosos conflictos registrados, aunque con otras características, en el campo paraguayo, por los reclamos de miles de familias campesinas que viven en carpas sin acceso a las tierras.

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Paraguay insinúa cesar compromiso energético con Brasil y Argentina

PL

El aislado gobierno paraguayo, en plena discrepancia con el Mercosur por las sanciones impuestas ante la destitución del presidente Fernando Lugo, insinuó avanzar hacia un posible cese de sus compromisos energéticos con Brasil y Argentina.

El marco para tal planteamiento fue el anuncio de que la hidroeléctrica binacional de Itaipú, administrada junto con Brasil, estableció un record de producción de energía eléctrica y alcanzó los dos millones de millones de MWh desde 1984, fecha de su entrada en funcionamiento.

En el caso de Argentina, los tratados suscritos permiten la operación en forma también binacional de la hidroeléctrica de Yaciretá, situada en los límites de la provincia argentina de Corrientes y el departamento paraguayo de Misiones.

Al acto asistió Francisco Franco, quien ocupa la presidencia de la República tras el desalojo de Lugo del cargo para el cual fue electo, y quien señaló que Paraguay no puede seguir cediendo energía a Argentina y Brasil.

Nosotros no podemos seguir cediendo nuestra energía a Argentina y Brasil, y uso la palabra ceder, porque estamos cediendo, ni siquiera vendiendo, afirmó, en una clara referencia a la inconformidad paraguaya por el precio pagado por el suministro de energía por sus dos países vecinos.

Paraguay utiliza apenas el 14 por ciento de la energía producida, algo relacionado, evidentemente, con el escaso nivel de industrialización de la nación, su histórica preferencia por una economía exportadora de su producción agrícola y falta de adecuadas redes de transmisión.

El lanzamiento de la cuasi amenaza a Brasil y Argentina por parte de Franco incluye, evidentemente, el trasfondo político y pretende ser una suerte de contragolpe por la delicada situación en que se colocó la nación al interrumpir su proceso democrático, acción condenada internacionalmente.

Sin embargo, análisis de sectores de izquierda apuntan también al interés en suministrar grandes cantidades de energía reclamadas como subsidio estatal por el gigante productor canadiense de aluminio Río Tinto Alcan, operación señalada como una entrega de la soberanía energética.

Igualmente, plantean que coincide con el anuncio de la amplia concesión a la transnacional estadounidense Dahava Petróleos para explotar el crudo en el Chaco, lo cual iniciaría de la proliferación de consorcios extranjeros a quienes beneficiaría con la energía compartida ahora con Brasil y Argentina.

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