jueves, 16 de agosto de 2012

Producción agraria: Entre los alimentos y la energía

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

La coyuntura mundial y las condiciones estructurales del desarrollo local argentino empujan un modelo productivo extractivista, primario exportador, más allá del agregado de valor, es decir, la agroindustria. Lo que se potencia es el carácter dependiente del capitalismo argentino al sistema mundial. El capitalismo global demanda recursos naturales que son abundantes en nuestramérica, que para el caso argentino se concentra en la riqueza de la tierra, sus nutrientes, los cursos de agua, y la capacidad de producción agraria (alimentos + energía), incluida su industrialización.

¿A cuento de qué lo mencionado? Es que producto de la sequía estadounidense, principal productor agrario del mundo, competidor directo de la Argentina en sus producciones agrícolas, especialmente maíz, soja o trigo, el resultado está siendo el incremento de los precios internacionales de los principales productos de exportación de la Argentina . No solo de minerales o metales preciosos (oro y plata), soja o maíz, sino también derivados, como los aceites o el biodiesel, tendencia creciente de utilización “alternativa” de la producción agraria.

Vale mencionar, que por primera vez en la historia de la humanidad la producción agrícola se utiliza con destinos distintos a la alimentación, para intervenir como base de sustitución de energía ante la crisis petrolera o energética. Se estima que un tercio de la producción maicera de EEUU, el principal productor mundial del grano, tiene destino en la producción de bioenergía. La contradicción generada en nuestro tiempo es que la innovación tecnológica permite multiplicar la producción agraria mundial por encima de las necesidades humanas de carácter alimentario, pero al ser crecientemente utilizada en la producción energética ocurre la paradoja de un sexto de la población mundial con hambre.

La FAO da cuenta en su informe sobre “El Estado Mundial de la Agricultura y la alimentación 2010-2011” que de “2007 a 2009, la crisis de los precios de los alimentos seguida de la crisis financiera y la recesión económica mundial acarreó un incremento sin precedentes del número de personas que padecen hambre y subnutrición en el mundo, el cual superó la cifra récord de 1000 millones en 2009” (Parte II, página 71). El escrito continúa con un análisis de superación de la recesión hacia el 2010 y baja de los precios de los alimentos, y por lo tanto no contempla la situación actual, donde la recesión y/o desaceleración de la economía mundial es un dato para este 2012, que adiciona crecientes precios de los alimentos (superan los máximos del 2008) y un agravamiento de la situación alimentaria de la población mundial, que según esos datos involucra un 14% de la población mundial.

Especialización productiva local

La Argentina se insertó en el capitalismo mundial con la “generación del 80” del Siglo XIX, ocupando un lugar complementario con Inglaterra. El lugar del país potenció nuestro carácter de proveedores de materias primas, consolidando el poder económico y político de la “oligarquía terrateniente”, y la dependencia del ingreso de productos manufacturados desde la fábrica inglesa. A eso se le llamó modelo primario exportador.

¿Puede ahora hacerse un símil de esa caracterización, más allá de la política de restricción a ciertas importaciones de bienes? El interrogante es válido desde la consolidación de una especialización productiva que se afirma en el agro y loa agroindustria, donde la dominación sigue estando en el paquete tecnológico en manos de grandes transnacionales y la dominación monopólica del comercio internacional y los circuitos globales de circulación de mercancías y servicios. Ya no existe la complementación de otrora entre el capitalismo británico y el local; pero Argentina es parte de la división capitalista del trabajo en un tiempo donde la fábrica es crecientemente china, y con nuestro país asegurando la provisión de insumos primarios que resultan imprescindibles en las condiciones de crisis estructural, no solo económica y financiera, sino alimentaria, energética y medioambiental.

En efecto, el país potenció la sojización y la mega minería a cielo abierto, producciones donde resulta imprescindible la tecnología importada, que afianza la dependencia de esas inversiones externas. Parte de la renta agraria es apropiada por el Estado vía retenciones, unos 8.500 millones de dólares en 2011, que, fondo sojero mediante, favorecen un gasto público en todos los municipios, con inversión en infraestructura que permite disputa de consensos locales. Con precios en alza, la estimación de recaudación por derechos de exportación (retenciones) para el presente año alcanza a los 11.000 millones de dólares. En ese sentido avanzaron recientes medidas de política económica.

Mediante el Decreto 1339/2012, publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto pasado se incrementaron “las alícuotas de los Derechos y del Reintegro a la Exportación para las mercaderías identificadas como biodiesel y sus mezclas”, sobre la base que “la promoción de la elaboración de biocombustibles constituye una política adecuada para profundizar el proceso de reindustrialización y diversificación productiva impulsado desde 2003 en adelante”, y que “a partir de las políticas de promoción instrumentadas, el complejo oleaginoso en general y la producción de biodiesel en particular se han establecido como actividades consolidadas, competitivas y de elevada rentabilidad.”

Queda clara la apuesta a la producción primaria y a su industrialización, al punto que no solo se incrementan las retenciones, del 14,2 al 24,2%, sino que también se autoriza, transitoriamente, a la importación de granos soja por capacidad ociosa de la industria productora de biocombustibles, ya que la producción local se coloca mayoritariamente en el mercado mundial. En ese marco es que se conformó la “UNIDAD EJECUTIVA INTERDISCIPLINARIA DE MONITOREO”, integrada por los ministerios de planificación, economía, industria y la AFIP para “favorecer el desarrollo de los biocombustibles en el país” y que permite que la Secretaría de Energía establezca el precio de referencia para el biodiesel (Resolución 1436/2012 de la Secretaría de Energía) y promover el desarrollo industrial en ese sentido.

Argentina se transformó en un gran exportador de biodiesel y el vice ministro de economía destacó que se trata de "una industria muy dinámica y en expansión” y “que en 2011 alcanzó las 18,5 millones de toneladas” constituyéndose en principal proveedor mundial del rubro, favorecido por retenciones menores. Hasta ahora, las retenciones a la exportación de aceites eran de 32%, contra el 14,2% que tributaban las exportaciones de biodiesel. La diferencia, un 17,8% constituyó una renta apropiada privadamente. Desde ahora las retenciones a la exportación de biodiesel subirán al 24,2% achicando la rentabilidad privada y mejorando la ecuación fiscal en un momento de dificultades para sostener el superávit de las cuentas fiscales.

Síntesis y debate por alternativas

En definitiva, las medidas recientes apuntan a un aumento de las retenciones al biodiesel; a la importación de soja como insumo industrial para biocombustibles; y a la articulación de dependencias del gobierno para la promoción de esa industria asociada a la producción agrícola.

Son un conjunto de medidas que potencian la especialización asociada al carácter extractivista del modelo productivo en la Argentina, que profundizan la soja dependencia, proceso que se consolida desde los cambios estructurales promovidos en los 90 con la implantación de los transgénicos. Es una situación convergente con las modificaciones al código de minería que facilitó el ingreso de inversiones externas en la mega minería a cielo abierto.

El interrogante es si resulta posible pensar en otro modelo productivo para otra inserción internacional de la Argentina, privilegiando satisfacer necesidades sociales, alimentarias, energéticas o medioambientales.

Todo ello supone discutir el tipo de país, su producción y beneficiarios fuera de la lógica de la ganancia, más centrado en resolver demandas de movimientos diversos que reclaman contra la fumigación de los pueblos, o en defensa de la soberanía alimentaria, energética, o del medio ambiente amenazado por la producción orientada al mercado, es decir, dominada por el capital.

No es solo una cuestión de carácter nacional, sino de discusión global, en donde la misma FAO llama la atención sobre las tendencias preocupantes del precio de los alimentos y la contradicción que supone la mayor oferta de productos del agro con el crecimiento del hambre y la desnutrición. Es un llamado de atención para pensar el orden mundial, precisamente en un mundo en crisis.

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El país de las Maravillas: Con 23 pesos por día una familia se alimenta y no es indigente y con 50 pesos no es pobre. Otro cuento del IndeK

IPyPP

Recientemente el INDEC anunció la valorización de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). De allí surge que, según el organismo oficial, una familia tipo (compuesta por matrimonio joven y dos hijos menores de 6 años) puede alimentarse durante un mes con $688,4, esto es, con apenas $23 por día alcanza para no ser indigente. Asimismo, el INDEC da a entender que una familia puede cubrir la CBT con $1.528,6, es decir, con $52 por día un hogar puede considerarse por encima de la línea de la pobreza.


A nadie se le escapa que lo anterior surge de la manipulación de las cifras oficiales realizadas en el marco de la intervención del INDEC. Una estimación más realista, que tenga en cuenta una pauta inflacionaria alternativa, basada en los índices de precios de las direcciones provinciales no intervenidas, como así también una actualización en el patrón de consumo (1), resulta en valores mucho más altos. De esta manera, al mes de Julio de 2012, la CBA asciende a $2.251,2 mensuales y la CBT a $4.151,6, es decir, un 227% y un 171,6% por encima de las canastas publicadas por el INDEC, respectivamente. Nótese que en nuestra estimación la canasta de alimentos supera la canasta de pobreza oficial; y nuestra canasta de pobreza es casi 3 veces superior a la del INDEC.

Según nuestra estimación alternativa, una familia necesita no menos de $75 por día para satisfacer sus necesidades alimentarias (en lugar de los $23 de INDEC) y $138,4 para no ser pobre (en lugar de los $51 de INDEC).


La gravedad de semejante manipulación radica en que la subestimación de las canastas por parte del INDEC, tiene un impacto directo sobre las tasas de pobreza e indigencia. De este modo, en el Cuadro Nº 3 puede observarse que, según nuestra última estimación (correspondiente al 1er semestre de 2011), mientras para el INDEC la tasa de pobreza es de apenas el 8,2% y el de la indigencia es del 2,4%; en nuestra estimación dichas tasas son del 31,5% y 12,8% respectivamente. Es decir, las tasas de pobreza es indigencia serían 4 veces superiores a la que registra el INDEC, que estaría negando de este modo la situación de pobreza que atraviesan más de 9,3 millones de personas, dentro de los cuales 4,2 millones están pasando hambre.


Hemos de contradecir al gran cantautor catalán para quien “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, para afirmar que en nuestra argentina lo que no tiene remedio es la mentira oficial que no asume la verdad. No es sino con la intención de asumir la Argentina que tenemos como paso previo a transformarla que hacemos estos materiales, y no conformarnos con los “cuentitos” o relatos oficiales que una y otra vez no interpelan a un país que no existen más que en la imaginación de algunos, que para colmo, son los que definen el futuro de todos.

Equipo de trabajo:
- Ana Rameri
- Agustina Haimovich
- Mora Straschnoy

Coordinación:
Claudio Lozano - Tomás Raffo

Nota:
1) Téngase en cuenta que las canastas elaboradas por el INDEC responden al patrón de consumo que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH) de 1985/86, mientras que nuestra actualización se basa en el patrón de consumo que surge de la ENGH 96/97.

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La marcha imparable de la crisis por arriba

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

La nueva estocada del gobierno sobre el grupo Clarín apuntó a Cablevisión, que concentra el 60% de la facturación de la ‘Corpo’. Para eso, recurrió a un juez mendocino que quiso colocar al pulpo del cable bajo la batuta del grupo capitalista de Vila y Manzano, el mismo que decía “robar para la corona” en los tiempos del menemismo.

Aunque la intervención fue frenada por la Justicia, anticipa el choque de fondo que prepara el gobierno contra Clarín. Será a comienzos de diciembre, cuando venzan las medidas cautelares que el grupo interpuso para no desprenderse de sus licencias. Aunque Clarín podría obtener de la Justicia un año más de tiempo, el gobierno está preparando una intervención de hecho, para forzar a un desguace por decreto y por encima de las disposiciones judiciales.

Para el kirchnerismo, el desarme de Clarín es un objetivo crucial de cara a sus posibilidades electorales en 2013. Pero el copamiento de la ‘Corpo’ tendrá que compensar también una crisis en las ‘corpos’ oficiales, que podrían fragmentarse al mismo ritmo que lo hace el oficialismo. Por ese motivo, la avanzada de Cristóbal López sobre el grupo Hadad ha terminado relativamente abortada: es que la poderosa Radio 10 se quedó con sus antiguos dueños, alineados con Scioli.

Dislocamiento nacional

El reforzamiento del arbitraje personal es un recurso de crisis, frente a la fractura de los intereses sociales y políticos que sostuvieron al kirchnerismo en estos años. El telón de fondo de esa fractura es la bancarrota fiscal y la crisis del ‘modelo’ . De la Sota acaba de denunciar el ‘pacto fiscal’ de 1992, que transfirió recursos de las provincias al Anses para bancar la privatización menemista de las jubilaciones. Es cierto que la reacción ‘federalista’ del gobernador cordobés buscó ser la pantalla de un brutal ajuste contra los jubilados provinciales. Pero en cualquier caso, pone de manifiesto una crisis general de financiamiento del Estado y de desintegración del régimen federal. De la Sota ha llamado a sus pares a seguir su camino, lo que por ahora sólo fue acogido por Binner-Bonfatti. Otros mandatarios oficialistas, en cambio, ratificaron su ‘apoyo a Cristina’, y redoblaron la apuesta por la reforma constitucional re-reeleccionista. A la cabeza de este bloque se colocaron los jefes de las provincias mineras. Los ‘nacionales y populares’ continúan siendo los garantes de hierro de la expoliación capitalista a “cielo abierto”; por eso, Paco Pérez, Beder y Gioja están en la ‘re-re’. De todos modos, las mineras tienen su propio pliego: defienden la posibilidad de girar utilidades, y quieren evitar una variación de su régimen impositivo privilegiado. O sea que pueden cambiar de frente si no encuentran las respuestas que buscan.

En cambio, De la Sota sí tuvo eco en la Corte, en relación con otro diferendo con el Estado Nacional. Sólo unos días antes, el presidente del máximo tribunal volvía a pronunciarse contra la reforma constitucional. La concentración de la crisis política en la Corte da cuenta de la fragmentación de los otros poderes del Estado.

En cualquier caso, la fractura del bloque oficial está expuesta, y se extiende a otras provincias. El hiperoficialista Alperovich comenzó a mirar con cariño a Scioli, y tiene instalada puertas adentro una conspiración de La Cámpora y el Kolina, cuando las finanzas de su provincia se encuentran en caída libre.

En Río Negro, Pichetto y el cristinismo piden la destitución del nuevo gobernador, al que le reprochan incapacidad para ejecutar el ajuste. Pero el corazón de la crisis no se ha apartado de la provincia de Buenos Aires, donde Scioli produjo la primera acción de guerra explícita contra los K: la expulsión del gabinete de la ministra de Educación, una kirchnerista declarada. En el elenco sciolista, ganan terreno los aliados de De Narváez (José Scioli, un defensor rabioso de Clarín) y de Duhalde (Caamaño).

2013 y la re-reelección

En estos términos, la elección de 2013 nada tiene de intermedia, puesto que tendrá que dirimir esta fractura y la propia sucesión presidencial. Si el kirchnerismo no logra una mayoría parlamentaria para votar la reforma con reelección, la sucesión oficial quedará en manos de Scioli y del entramado de intereses capitalistas que comienzan a abandonar el barco del gobierno. Pero, en ese caso, y antes que la propia reelección, quedará severamente golpeada la capacidad del bonapartismo oficial para seguir gobernando hasta 2015. La discusión sobre las listas de 2013 puede ser el detonante de esta crisis, y no sólo por la cuestión de los diputados nacionales. Es que Scioli necesita una mayoría en la Legislatura bonaerense, para asegurarse que no avanzará un juicio político en su contra a manos de los K. Esa mayoría es justamente lo que el kirchnerismo no está dispuesto a darle. Un desacuerdo, y listas de diputados separadas, pondría en peligro la tentativa releccionista. Ante este intríngulis, para los K, Scioli debería llegar “desgastado y fuera de carrera en 2013” (La Nación, 14/1), lo que les permitiría digitar una lista única de diputados. Bastante antes de las elecciones del año que viene, la guerra entre el kirchnerismo y Scioli puede producir episodios decisivos. Cada vez es más claro que la precaria tregua entre ambos, que condujo al pago de los aguinaldos estatales, fue impuesta por la reacción huelguística.

Para completar el panorama, Clarín parece dispuesto a cobrarse las estocadas oficiales con la cabeza de Boudou. Acaba de publicarse la delación post mortem del dueño de Ciccone, quien registró por escribano el encuentro donde el vice pidió transferirle la empresa a un testaferro suyo. Si Boudou termina procesado y destituido, la línea de la sucesión presidencial queda en manos de Beatriz Alperovich, quien ya se pronunció contra la re-re-relección. Los manotazos del bonapartismo oficial son directamente proporcionales a la marcha de su desintegración política.

La oposición

En sus diferentes vertientes, la oposición ha tomado la bandera del fin del dirigismo oficial y de una devaluación inmediata de la moneda. Detrás del libreto que Biolcatti dictó desde la Rural, macristas, peronistas federales y Bullrich ensayan un frente de cadáveres políticos, con la esperanza de atraer a los Scioli y a otras viudas del campo oficial.

Otro vocero del capital agrario, Eduardo Buzzi, trabaja por un Frente devaluador aunque con banderas ‘sociales’, para el que cosecha el favor de la CGT Moyano, la CTA Micheli y el FAP. En esa línea, el adjunto de la CGT moyanista y director de YPF, Guillermo Pereyra, acaba de reclamar un dólar “al nivel del blue” (La Nación, 12/8), al tiempo que empuja también por un tarifazo en el gas. La oposición le exige al gobierno el trabajo sucio de un “rodrigazo” –tarifazo más devaluación. En cualquier caso, es el mismo rumbo que el gobierno quiere ‘regular’ con medidas intervencionistas.

La cuestión de quién carga con las costas del ‘ajuste’ ha reforzado los choques del kirchnerismo con Mauricio Macri, entre el conflicto de los subtes, el de la basura y la cuestión del Banco Ciudad. Más que por mérito propio, el jefe de gobierno PRO volvió a la palestra como ‘referente opositor’ gracias a esas estocadas. El kirchnerismo necesita ‘construir’ una polarización con la derecha, para disimular su propia orientación ajustadora y bloquear, por esa vía, el desarrollo de una oposición socialista y revolucionaria.

Las maniobras de kirchneristas y opositores apuntan fuertemente sobre el movimiento obrero, cuya orientación política está en disputa. Por eso, unos y otros buscan revestir sus planteos reaccionarios de banderas nacionales o ‘progresistas’. La explicación de la marcha de la crisis por arriba debe servir para poner de manifiesto el carácter de las fracciones capitalistas que se disputan el desenlace de la crisis, y reforzar la lucha por unir al movimiento obrero con la izquierda revolucionaria.

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Ley de ética pública: La pelea Corpo vs Korpo deriva en una nueva mordaza

Alejandro Guerrero (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

La Presidenta, en una de sus últimas cadenas, anunció que el oficialismo impulsará una ley “de ética pública”, que obligaría a los periodistas a indicar si reciben dinero de empresas o si tienen “una inclinación política”. CFK aclaró, por supuesto, que el Ejecutivo no presentará ningún proyecto en ese sentido porque, si lo hiciera, sería acusado de ejercer la censura. Así, de manera sorprendentemente directa, la señora de Kirchner admite que se trata de una ley de censura.

Todo esto deriva, como se sabe, de las imputaciones presidenciales a Marcelo Bonelli, a quien acusó de haber recibido dinero de YPF-Repsol en concepto de “publicidad” (chivos). En ese punto, la ley que seguramente ya se está preparando encontrará no pocos inconvenientes: ¿se sentirán obligados los dueños de los medios oficialistas y sus gerentes a reconocer el dinero que reciben del gobierno? ¿Se van a blanquear los sobres que el Ministerio de Economía reparte desde 2004 -presidencia NK- entre varios de los “periodistas estrella” que ahora denuncia la Presidenta, en lo que el gremio de prensa, irónicamente, llamaba “la cadena de la felicidad? Si fuera cierto que Bonelli estaba contratado para chivear en favor de Repsol ¿lo estaba ya cuando Néstor Kirchner, aún en la presidencia, lo felicitaba porque su programa cumplía veinte años? Esos supuestos sobres ¿ya circulaban cuando NK defendía a Clarín hasta con la guardia de infantería contra los gráficos en huelga de la imprenta donde se confecciona la revista Viva? ¿Recibía sobres del gobierno Héctor Magnetto cuando comía dos veces por semana en Olivos, y “Él” lo llamaba cada tarde para convenir el título de tapa del día siguiente?

El camino de los sobres

Al gobierno no le importa en absoluto que este o aquel periodista reciba sobres. Le importa, en cambio, quién le da el sobre y para decir qué. La Presidenta no ataca a Bonelli porque supuestamente haya cobrado de Repsol: lo ataca porque Bonelli dice cosas que disgustan al oficialismo.

La “ley de ética”, por lo tanto, no apunta contra los lobbistas que cobran dinero -en blanco o en negro- en diversas ventanillas patronales para presentar como si fueran informaciones lo que en verdad son operaciones de prensa de pulpos empresariales. La ley apunta a establecer una regimentación general contra los trabajadores de prensa.
Por otra parte, hay detrás de todo el asunto un conflicto político de fondo.

La ley de medios ya se ha develado como un completo fracaso. Por otra parte, su aplicación estricta afectaría a empresarios periodísticos oficialistas, como el mafioso del escolaso Cristóbal López, o al grupo Vila-Manzano. A esta altura, sólo queda en pie el objetivo básico de todo este armado: la destrucción del grupo Clarín -y, de paso, el amordazamiento general de la prensa- antes del comienzo de la campaña para las elecciones legislativas del año que viene.

La Korpo, con más de 160 medios en su poder, no consigue siquiera niveles aceptables de lectores y de audiencia. El “relato” naufraga porque la realidad lo hunde, porque la llamada “batalla cultural” del kirchnerismo es el verso vacío de un gobierno que rema, impotente, contra una crisis que lo desborda.

Ahora, si se impusiera la “ley de ética” ,no impedirá la circulación de sobres entre los lobbistas periodístico-empresariales: sólo hará que los sobres sigan determinada dirección. En cambio, afectará directamente a los trabajadores de prensa, a su ya casi imposible libertad de expresión.

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Argentina: Dos gobiernos contra el pueblo

Fernando Herrera (INFOSUR)

La crisis de los subtes ha demostrado, una vez más, que el kirchnerismo y el macrismo siguen haciendo política con el pueblo como rehén.

El prolongado conflicto por los subtes volvió a poner de manifiesto que los gobiernos nacional y porteño están más preocupados por confrontar entre sí y sacar tajada que por solucionar los problemas de los ciudadanos. De un tiempo a esta parte ha quedado claro que ambos ejecutivos se han elegido como idílicos antagonistas del escenario político nacional con el propósito de manipular voluntades en la falsa dictotomía amigo/enemigo, como si el destino de la Nación y el Pueblo tuviera que hacerse cargo de tan rastreras rencillas partidarias.

Teniendo en cuenta los antecedentes del caso (el “intocable” contrato de concesión entre Nación y Metrovías, los oscuros subsidios otorgados a la empresa, el famoso “acta-acuerdo” de enero pasado, el aumento de la tarifa en un 125%) es preciso señalar la responsabilidad directa del Jefe porteño, Mauricio Macri, en el asunto; sobre todo, la absurda desinteligencia política, que cometió al firmar un acta que solo pudo asumir para subir la tarifa. Pero esto, como nos quieren hacer creer desde el kirchnerismo, de ningún modo agota la dimensión en torno al conflicto ni la responsabilidad que tiene el Gobierno de la Nación en materia de subterráneos; responsabilidad que le da potestades para intervenir dicho servicio en casos de extrema gravedad o negligencia, como es el caso de Metrovías, engordada hasta la médula por el propio oficialismo y ahora incapaz de hacerse cargo de los aumentos a los trabajadores de AGTSyP -multados por Macri en un acto de soberbia inútil- y de mejorar la calidad del servicio.

Decimos esto pues la mediocridad superlativa de Macri, que dilapida recursos y no invierte donde debe hacerlo, en absoluto puede poner en riesgo el trabajo los nuestro pueblo. Porque, si el gobierno porteño no se hace cargo, el Ejecutivo Nacional no puede sentarse a esperar que un milagro resuelva una cuestión vital como el transporte, sino que debe actuar. Primero, rompiendo el contrato con Metrovías (vigente desde 1993 y hasta 2017; por ley, la Ciudad está impedida de hacerlo); luego, traspasando a la Ciudad una nueva empresa, una Empresa Pública de Propiedad del Estado con rigurosa participación de usuarios y trabajadores en la gestión. Y si no lo hace, la legislatura de la CABA, como propone Proyecto Sur, debe declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos y acciones de Roggio en Metrovías (el 90 %) y tomar el control de la empresa.

Sin embargo, durante los diez días de paro, la Presidenta no hizo nada por destrabar el conflicto, sino que lo atizó, poniendo su investidura a la altura de Macri… Paupérrima utilización de la investidura presidencial, convertida en una mera usina del peor tacticismo electoralero. Claro, el kirchnerismo desconoce que el transporte y la movilidad de los habitantes de nuestro país hacen a los derechos constitucionales, a la mismísima seguridad nacional y a la cohesión social y territorial. Tengamos en cuenta que Metrovías, al igual que TBA, es una de las cloacas máximas de los subsidios al transporte público: la masacre de Once, y los casos del inefable Ricardo Jaime, de Schiavi o la administración de la UGOFE son malos antecedentes para que el oficialismo declare su inocencia en cualquier conflicto relacionado con trenes o subtes. Así, en estos días se hizo patente la crisis estructural del sistema de transporte del área metropolitana (AMBA), la región más importante y poblada del país. Bastó la desactivación del subte para que la Ciudad y el acceso a los ferrocarriles suburbanos (en Once, Constitución, Retiro, etc.) fueran un caos.

¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Pero todo indica que la crisis de los subterráneos solo es el principio de una nueva escalada mediática entre los gobiernos de la Nación y la Ciudad, pues así es como saben hacer política, sin escrúpulos y con la calculadora en la mano. A medida que se acerque el horizonte electoral 2013/2015, kirchnerismo y macrismo seguirán llevándose puesto a cualquiera, la ciudadanía incluida, con tal de especular, arañar unos puntos de intención de voto y posicionarse favorablemente de cara a los comicios. El objetivo final, acrecentar su poder a toda costa y seguir haciendo saqueando el país, haciendo negocios privados con el patrimonio público. Esperemos que en un futuro próximo la Patria reaccione y de una vez por todas se lo demande.

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Entrevista a Verónica Huilipan, Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA: “Capitalismo y vida son dos cuestiones antagónicas”

Inés Hayes (ACTA)

En diálogo con ACTA, Verónica Huilipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA, habló sobre las comunidades indígenas y su derecho a la tierra, de cómo afecta el modelo extractivista a las comunidades originarias y la antagonía existente entre capitalismo y vida.

-¿Cómo está la situación de las tomas de tierras en todo el país?

Sobre la situación de la lucha territorial de los pueblos indígenas, lamentablemente tenemos que decir que cada vez es más fuerte y cada vez hay más violencia contra los pueblos originarios que defienden sus territorios. Se ha profundizado la criminalización del ejercicio de los derechos por parte de los pueblos indígenas y se habla de que en la actualidad hay más de 600 indígenas procesados por defender sus tierras, ha habido asesinatos lo que es un agravante mayor, los asesinatos por defender el territorio, tanto del hermano Chocobar en Tucumán, el hermano Roberto López del pueblo qom en Formosa, Cristian Ferreyra en Santiago del Estero.

Y lo que está pasando más recientemente que tiene que ver con la situación de la comunidad nam qom –que es una comunidad del pueblo qom en Formosa que se reconstituyó hace muchos años-, es que un grupo de familias que fueron expulsadas de su territorio de origen por la industria sojera terminaron viviendo en la capital, engrosando el bolsón de pobreza. Lo que hicieron fue buscar mejor calidad de vida reorganizándose en comunidad. Para esto necesitaban un espacio territorial que los unifique y los identifique y lo encontraron en un espacio fiscal -como se denominaba en ese entonces porque no estaba ocupado y no tenía ningún tipo de uso-, donde se instalaron y desarrollan allí la vida comunitaria. Tuvieron que soportar distintas amenazas de desalojo de ese espacio, fueron resistiendo, fueron ganando aliados en la sociedad de Formosa, uno de los más importantes fue la gente de la Iglesia que los acompañó, distintas sectas religiosas y organismos de Derechos Humanos que siempre estuvieron cerca. Eso ayudó bastante a que pudieran seguir desarrollando su vida en ese espacio. Hace unos veinte días atrás vino una nueva amenaza de desalojo.

Llegaron con una orden de desalojo, llegó la policía, sitió y valló el lugar y hay un cordón policial y mucho control de la gente que entra y sale de la comunidad. Incluso los primeros días no dejaban entrar ni salir a nadie y no podía ingresar comida, fue muy grave lo que pasó la primer semana. Por eso tuvimos que actuar todos los organismos que estamos acompañando el proceso del movimiento indígena. Producto de todo el accionar que hicimos de manera conjunta en red, se logró que habilitaran la entrada y la salida de comida, de agua, la salida de la gente para casos de emergencia. En la actualidad hay un proceso judicial ordenado por un juez de hacer un relevamiento social y ambiental a la comunidad, para determinar cuántas familias hay, desde cuándo viven ahí, para ver si encuentran razón de que la gente continúe en ese espacio.

Y esto ocurre cuando existe una ley nacional, la Ley 26160 creada en noviembre del 2006 que manda al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a hacer un relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras de las comunidades indígenas de nuestro país. Junto con ella se ordenó a todo el sistema judicial a que se paralizara todo proceso de desalojo, todo trámite administrativo de procesos de desalojo contra comunidades indígenas. La Ley tenía un mandato, hacer el relevamiento en el término de cuatro años, y las suspensiones de desalojo tenían que ser durante esos cuatro años.

A finales del 2009 ya se tuvo que plantear una prórroga por parte de los pueblos indígenas porque los relevamientos no se hacían, los desalojos o se paralizaban –de hecho se agudizaban, en ese período matan a Chocobar-. La prórroga se pide al Congreso que la habilita y se extiende hasta el 2013, dentro de muy poquito y el resultado que tenemos en las manos es tremendamente crítico y alarmante. Porque por un lado el presupuesto para hacer el relevamiento era mínimo (30 millones de pesos) y hace veinte días atrás salió un informe de la Auditoría General de la Nación que informa que el INAI gastó 24 millones de pesos y el relevamiento no se hizo, los desalojos no paran, los procesos judiciales contra los hermanos no paran, lo que son elementos suficientes para decir que este gobierno se ha desinteresado totalmente de la situación de los pueblos indígenas y en vez de estar protegiendo y resguardando los derechos de las comunidades está actuando en protección de las necesidades de los aliados estratégicos en cada una de las provincias.

En el caso de la provincia de Formosa, se prioriza una alianza estratégica en términos de desarrollo con el gobierno en detrimento de la vida y el desarrollo de las comunidades indígenas de esa zona. El de la comunidad nam qom es un caso, otros son los que conocimos públicamente por el acampe en la 9 de Julio y Avenida de Mayo y el caso de La Primavera; pero hay conflictos que no conocemos en otras comunidades, que no los escuchamos porque no alcanzan a llegar a la Capital, pero son procesos que hemos ido a acompañar con la CTA y esto nos permitió conocer distintas realidades al interior de la provincia de Formosa, como las comunidades wichi, la comunidad niwaklé, todas muy golpeadas.

Podemos decir con los elementos en mano que en la región del NEA y en la región del NOA de nuestro país se está viviendo un desastre humanitario como los que ocurren en África y en Asia. Eso pasa en Argentina, una argentina tapada, silenciada, que se prefiere callar y silenciar. Muchos hermanos están desapareciendo, hay pueblos enteros amenazados de extinción por hambre en un país rico como el nuestro, como los hermanos wichí del Chaco. Pueblos amenazados por enfermedad que en la actualidad son curables pero a las comunidades no llega el sistema de salud.

Esa es la situación de hoy con los pueblos originarios del país. Hay 30 nacionalidades distintas de pueblos originarios. Las regiones NEA, NOA y cuyo concentran la mayor cantidad de pueblos diversos, en la Patagonia existen sólo tres, el pueblo shelknam, el pueblo tehuelche y el pueblo mapuche. La realidad de los procesos indígenas que existen en el sur es completamente distinta a la del norte. En el sur se están dando luchas territoriales con planteamientos políticos de transformación institucional del Estado para que haya contención de la institucionalidad indígena. En el norte la lucha es por la comida, por el agua potable, para que llegue el sistema de salud y poder paralizar los procesos de muerte cotidiana.

Esto es algo que también estamos poniendo en valor para poder hacer un trabajo más cercano de acompañamiento a los distintos procesos. Para la CTA es un dato fundamental porque no podemos pensar que hay una situación indígena homogénea ya que existe una diversidad dentro de la población indígena que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar estrategias de participación, que esas estrategias tienen que tener condiciones de contención de las distintas realidades donde llegamos,

En ese poco tiempo hemos hecho un diagnóstico que yo hasta ahora prefiero decir superficial porque creo que será sustancioso en tanto y en cuanto podamos llegar a cada uno de los territorios para poder ratificar la información que hoy tenemos.

-¿Cómo ven ustedes los cambios políticos en Bolivia y Ecuador, sus reformas constitucionales, como la incorporación del Estado Plurinacional en Bolivia?

El proceso de Bolivia es un proceso revolucionario que no se puede negar y nos enorgullece. Es un proceso que ha tenido una dinámica lo suficientemente importante como para haber gestado el hecho histórico que se dio en la región, haber generado ese proceso de transformación simbólica del Estado monocultural y racista que venimos planteando que existe en la región y Bolivia fue capaz de transformarlo, desde la constitución a cada uno de sus elementos.

Es un hecho histórico que nos da condiciones para pensar el país que pretendemos, salvando las diferencias porque sabemos claramente que Bolivia tiene el 80% de población indígena y en Argentina no alcanzamos al 10% y acá nos toca pensar si el proyecto que planteamos es de un proyecto en términos de participación cuantitativa o de participación cualitativa.

Ahí es donde el debate se enriquece, ver qué es lo que pretendemos. Cuando Evo Morales dice que la alternativa al desarrollo capitalista que nos han impuesto radica en poder empezar a debatir acerca del buen vivir, y que ese buen vivir tiene que tener necesariamente como prerrequisitos para el cumplimiento la autonomía de los pueblos, el reconocimiento de la identidad cultural de cada uno de ellos, el reconocimiento de su propio sistema organizativo, habla a las claras de que hay condiciones, por lo menos, para empezar a profundizar el debate y poner en evidencia cada día que esa nueva relación que se plantea es posible.

Desde el punto de vista jurídico ha habido un avance sustancial. Acompaña muy bien el proceso que se dio también en Ecuador, que ha sido muy interesante. De hecho los pueblos indígenas de Argentina hemos ido a buscar referencia de los pueblos indígenas de Ecuador. No es casual que Ecuador fue sede del reencuentro de las 460 nacionalidades originarias del continente en el año 90, reunidas en Quito para preparar el proceso de coordinación de los pueblos ante el advenimiento de los festejos de los 500 años de la llegada de los españoles.

Ecuador nos ha dado bastantes luces, desde el punto de vista político en términos de movimiento y desde el punto de vista normativo en términos de participación en el propio Estado, porque esa experiencia en Ecuador tuvo resultados muy interesantes, para hombres y mujeres del movimiento indígena con puestos estratégicos dentro del gobierno.

Fue un proceso de avanzada que dio mucha letra y mucha expectativa al resto del movimiento en América.

Colombia también tiene lo suyo a pesar de que conocemos la violencia permanente que existe allí contra los pueblos originarios, contra los pueblos pobres. Sin embargo producto de la movilización y organización de estos pueblos se han generado transformaciones legislativas muy potentes. Colombia, por ejemplo, fue el primer país que reconoció los recuerdos indígenas, que acá se puede entender como reconocer territorios indígenas, lo que implicó reconocer jurisdicción indígena, norma indígena y se generaron condiciones para un nuevo pacto social, para un nuevo sistema de ordenamiento administrativo de relación con esos pueblos diferenciados dentro de ese Estado.

Lo más reciente es el aporte que está haciendo Perú con una ley sobre consulta muy interesante, que es un derecho que está demandando el movimiento indígena con mucha fuerza, porque si miramos a nivel regional ninguno de los países de la región está exceptuado de la invasión de las multinacionales extractivas en sus territorios y el derecho más afectado en todo esto es el derecho a la consulta.

Perú ya discutió su Ley de Consulta y ahora se está dando un debate bastante fuerte y crítico sobre la reglamentación de la Ley para su aplicación. Tiene mucha crítica del movimiento indígena peruano porque con estos gobiernos progresistas, como decimos nosotros, siempre hay una de cal y una de arena. La ley es muy buena, es sobre consulta y participación de los pueblos, pero resulta que la reglamentación se está haciendo sin consulta y sin participación.

Estas cuestiones las vivimos casi de manera permanente, entonces es un desafío para los pueblos indígenas el cómo ir superando esos vacíos que van quedando.

-Me contabas sobre los asesinatos que han ocurrido por las tomas de tierras, ¿los responsables de esos crímenes están siendo juzgados?

En principio no hubo una rápida reacción del Poder Judicial para investigar y poder llevar a la cárcel a los responsables de estos asesinatos. Después producto de la movilización que fuimos generando desde los distintos organismos y organizaciones sociales logramos que el Poder Judicial se involucre y tome cartas en el asunto.

El caso de Chocobar, por ejemplo, está todavía en proceso de investigación, no hay sentencia. En el caso del hermano Roberto López, hermano qom de Formosa, se llevó a juico a Félix Díaz. Se pretendía juzgar solamente a la víctima y producto de la presión que generamos con comunidad adelante, logramos que se investigue a la policía de Formosa. Se separó a un policía de la provincia y se cerró la causa. Se desligó a la víctima de todas las acusaciones que se hicieron en su momento, que eran graves. Una de ellas era de usurpación, otra de homicidio, otra resistencia a la autoridad.

O sea que le juntaron todas las acusaciones posibles para que Félix Díaz pudiera quedar preso unos cuantos años junto a toda su comunidad. No quedó preso Díaz, tampoco hubo ningún preso del otro lado y todo quedó allí. No se investigó como nos hubiera gustado para inculpar al responsable político mayor que es el gobernador Insfrán.

-¿Y cómo quedó el caso de Ferreyra en Santiago del Estero?

Todo se dio de la misma manera, cuando interviene el Poder Judicial y se inicia un proceso de investigación ya está viciado antes de comenzar, ya tiene una definición tomada. Entonces, a lo sumo, se hace una pantomima para que todo el mundo crea que se está investigando, pero en definitiva todas las causas van a parar al mismo lugar, tienen el mismo resultado. Esa es otra situación que hay que poner en evidencia y empezar a revisar. Muchas veces desde el movimiento indígena nos urge más el sostenimiento permanentemente del resguardo territorial donde se desarrolla la vida comunitaria, la vida cultural, la vida filosófica, la vida productiva, la vida de cada día y se pierde el enfoque de aquello sustancial que también le está mostrando a la sociedad cómo está funcionando el sistema judicial.

Desde la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios estamos articulando con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, con el SERPAJ, con la Defensoría Pública siempre enfocados en la necesidad de poder realizar un informe de situación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de Argentina que pueda poner en evidencia la situación social, la situación territorial y la situación de indefensión judicial que tienen las comunidades indígenas que están decididas a seguir siendo indígenas y defender sus territorios para poder seguir siéndolo.

Y poder llegar con este informe a los distintos organismos de Naciones Unidas que tienen la responsabilidad de controlar la aplicación de los tratados internacionales que se generan en la ONU respecto de Derechos Humanos de pueblos indígenas, como para ir también a la OEA, a la Comisión Interamericana –en primera instancia, llegado el caso iremos a la Corte-, para que generen recomendaciones necesarias que permitan hacer repensar a nivel interno, en términos de instrumentos para el movimiento indígena y el movimiento social que presionen cada vez más y mejor con propuestas de generación de nuevas políticas públicas en el país que permitan superar estas situaciones que estamos viviendo.

-Pero está claro que el capitalismo y la vida no van juntos

No, no tienen nada que ver, son cosas totalmente antagónicas. El capitalismo es la destrucción y el buen vivir es la necesidad de desarrollo armónico de una sociedad en torno a la naturaleza donde se desarrolla.

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Torturas sin fin

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

Días atrás, la Comisión Provincial por la Memoria entregó al gobernador bonaerense un informe del que surge que las denuncias por malos tratos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos en cárceles bonaerenses crecieron un 30% en el último año respecto del período 2010.

Según el Comité contra la Tortura, durante el 2011 se registraron 7.089 denuncias de maltrato y 10.458 hechos violentos informados por el Servicio Penitenciario Bonaerense. En el 80% de estos episodios se provocan lesiones corporales.

Además, se determinó que 126 detenidos perdieron la vida, de los cuales un 40% corresponde a muertes violentas, lo que representó un incremento del 35% respecto de lo ocurrido en el 2010. Muertes que se originaron en 39 de las 54 unidades penitenciarias, con un promedio de 10 por mes.

Las violencias descriptas, que se encuentran lejos de quedar circunscriptas a la provincia de Buenos Aires, se producen a casi trescientos años de que Montesquieu se refiriera a los suplicios en su obra titulada "Del espíritu de las leyes" (1748). Allí arremetió en contra de la tortura autorizada legalmente para arrancar confesiones de culpabilidad o nombres de cómplices.

El camino fue seguido años después por Voltaire y Beccaria. El primero publicó un libro titulado: "Tratado sobre la tolerancia con ocasión de la muerte de Jean Calas", en el cual utilizó por primera vez la expresión "derecho humano".

Sus críticas se dirigieron hacia el sistema de justicia penal, especialmente en cuanto al uso de la tortura y la crueldad. En su Diccionario Filosófico de 1769 añadió un comentario sobre la tortura, ocasión en la que condenó por incivilizadas las prácticas francesas. Puesto "que una nación civilizada no puede estar todavía guiada por antiguas costumbres atroces".

Como en el caso más general de los derechos humanos, las nuevas actitudes respecto de la tortura y el castigo humanitario cristalizaron por primera vez en la década de 1760 y no sólo en Francia, sino también en otras partes de Europa y en las colonias americanas.

En 1789 el gobierno revolucionario francés renunció a todas las formas de tortura judicial y en 1792 introdujo la guillotina, cuyo objeto era uniformizar el cumplimiento de la pena de muerte y ejecutarla de un modo tan indoloro como fuera posible.

A partir de 1760, diversas campañas condujeron a la abolición de la tortura sancionada por el Estado y a una moderación cada vez mayor del castigo. Buena parte del impulso recibido por este razonamiento se debió al breve e incisivo ensayo "De los delitos y las penas", publicado en 1764 por un italiano de 25 años de edad, Cesare Beccaria.

Promocionado por los círculos afines a Diderot, traducido pronto al francés y al inglés, y leído ávidamente por Voltaire, el libro de Beccaria centró la atención sobre el sistema de justicia penal de cada país. El autor no sólo rechazaba la tortura y el castigo cruel, sino también, lo que era notable para la época, la misma pena de muerte.

Recuerda la historiadora Lynn Hunt que a partir del momento en que los escritores y los reformadores jurídicos de la ilustración comenzaron a poner en entredicho la tortura y el castigo cruel, las actitudes sufrieron un cambio radical en los siguientes 20 años. Parte de ese cambio radicó en una nueva preocupación por el cuerpo humano.

Sagrado en otro tiempo, pero circunscripto al orden definido por la religión, en el que los cuerpos individuales podían ser mutilados o torturados por el bien general, el cuerpo pasó a ser sagrado por sí mismo, en un orden secular que descansaba en la autonomía y la inviolabilidad de los individuos.

Las torturas que se vienen consumando sin solución de continuidad en diversas zonas del territorio nacional están lejos encontrarse, como en el pasado, autorizadas judicialmente. Sin embargo, su permanencia habla por sí misma en torno a cuán fallidos resultan ser los controles judiciales respecto de quienes, por acción u omisión, permiten y concretan esos actos de crueldad.

Crueldades que en la generalidad de los casos involucran a funcionarios públicos que ejercen posiciones de poder y se dirigen en contra de personas privadas de su libertad. Es decir, aisladas y sin voz.

Martín Lozada es Juez Penal - Catedrático Unesco.

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Ni un pibe menos: “Lejos de promover los derechos del niño, se aplica una política represiva”

ATE - ACTA

De esa manera se expresó el titular de ATE provincia de Buenos Aires, quien cuestionó al Ejecutivo bonaerense, que no implemente la Ley de promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes.

El secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, cuestionó que “a ocho años de la sanción y a cinco años de la implementación de la Ley de promoción y Protección de los derechos de los niños y adolescentes (Ley 13.298) venimos advirtiendo el incumplimiento de los alcances de la norma y reclamando su plena aplicación”.

Además, detalló que “si analizamos el presupuesto bonaerense, tendiente a priorizar la seguridad desde una visión netamente represiva sobre otras áreas como la social, salud, judicial o educación”.

“En el marco de la Ley de Presupuesto se autorizó a incrementar cien millones de pesos para el Ministerio de Desarrollo Social destinados a la creación de servicios locales de Protección de Derechos, según la Ley 12.398. Este dinero nunca llegó a su destino e inclusive la Secretaría de Niñez dice desconocer su paradero”, agregó.

Por otra parte, recordó que “tampoco se ha conformado la Comisión Interministerial estipulada en la Ley. Por el contrario, se puso el acento en una política más represiva en lo que atañe a los niños y adolescentes queriendo bajar la edad de punición, e incluso se intentó aprobar el Código Contravencional”.

Todo esto repercute directamente en la atención diaria de los pibes y en las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Muestra de ello es la falta de personal adecuadamente capacitado. Durante años venimos reclamando capacitación para todos los trabajadores y en los dos últimos ofreciendo el Curso de promotores de Niñez dictado en el Instituto de Formación de ATE.

Al respecto, de Isasi indicó que “la falta de personal trae consecuencias indeseables en la organización de los distintos dispositivos de atención a los pibes, teniendo que recurrir a las horas extras, cuestión esta, que expone a los trabajadores a una sobrecarga física y psíquica perturbando sus capacidades mentales y afectivas, lo que impide el normal desempeño que demande esta especial tarea”.

Las condiciones edilicias en muchos de los casos son deplorables mostrando por ejemplo techos rotos, humedad en las paredes cañerías y calefacción que no funcionan correctamente, falta de mantenimiento y hasta hacinamiento en algunos de ellos. Todo esto afecta y perjudica la estadía de los chicos como la labor de los trabajadores.

Finalmente, el titular de ATE indicó que “no existen, desde el ejecutivo provincial a través de la Secretaría de Niñez o del Ministerio de Salud, supervisiones (entendiéndose éstas como acompañamiento institucional de evaluación y formación) y controles adecuados, ya que hace unos años el área que se ocupaba de hacerlo fue desmantelada y nunca hasta ahora se volvió a conformar una con personal suficiente, teniendo en cuenta que se da atención a alrededor de 500 pibes en distintas clínicas y comunidades de la provincia”.

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Argentina, La Pampa: Entre la sinrazón y la desidia judicial

LA ARENA

Que una causa judicial tarde diez años en la Argentina para tener sentencia firme, no debería extrañar a nadie. En ese contexto, la de Juan Carlos Canale, el jornalero asesinado a golpes en una celda de la alcaidía de General Acha, sería una más. Pero cualquier persona que viva en esta provincia, y esté medianamente informada, sabe que no es una más, sino que es "la" causa símbolo de la impunidad.

Acaba de conocerse que tres policías, que al momento del crimen estaban de guardia, serán dados de baja porque la Corte Suprema confirmó las condenas por omisión de los deberes de funcionario público; o sea, por no cuidar convenientemente a los presos y permitir indirectamente que ocurriera lo que ocurrió. Un delito absolutamente menor, que se redime con multas.

Ellos, aunque suene insultante al sentido común, son los primeros condenados por un homicidio que se produjo en una repartición oficial, bajo encierro y con personas a pocos metros de la celda.

Lo que pasó con Canale empezó mal desde el principio. Fue demorado sin razón. Solo porque alguien lo acusó de haber realizado un acto de exhibicionismo, algo que nunca se demostró. Pocas personas permanecen detenidas horas en una comisaría por esa simple imputación.

Una vez ingresado, lo alojaron junto a los detenidos sin razón, ya que todos los policías que declararon como testigos en el juicio de 2004 admitieron que ésa no era regla, sino que los detenidos deben permanecer en otro espacio de la alcaidía.

Estando junto a los presos fue muerto sin razón, pues el caso no sólo no tiene asesinos, sino que tampoco se conoce el móvil del crimen. La hipótesis de una antojadiza sospecha de que sería un violador, pasó en las audiencias como un dato traído a regañadientes y sin atisbos de veracidad.

Entre tanta sinrazón, los cuatro presos condenados zafaron de estar más tiempo en una prisión porque el conocimiento de un defensor oficial, sumado a su astucia, llegaron a que la propia Corte reviera el fallo. En el segundo juicio, una cámara criminal los absolvió por el beneficio de la duda.

Si no fueron los presos y tampoco la policía, ¿entonces quién mató al inocente de 48 años? A esta altura de las circunstancias, nadie cree que el homicidio sea esclarecido. Y esa sensación le servirá al juez actuante -el tercero, solamente en General Acha- para el día de mañana archivar el expediente sin recibir cuestionamientos.

La realidad es que los jueces instructores anteriores actuaron con marcada desidia y no quisieron ir a fondo. Que eludieron profundizar la pista policial. Que hicieron poco y nada para que la alcaidía no fuera modificada en su aspecto edilicio. Que no les preocupó que las cámaras no funcionaran. Que nunca se mostraron interesados en averiguar si los detenidos sufrieron vejámenes. ¿O acaso nadie recuerda que el entonces ministro de Gobierno dijo, a las pocas horas del crimen, que la policía no tenía nada que ver?

A tal punto fue ese desinterés que uno de esos dos jueces no condenó a ningún policía, sino que absolvió a los 16 involucrados en las dos causas abiertas contra ellos, la de la omisión y la de las torturas (que aún se está investigado. Tuvo que ser un tribunal superior el que revocara esas resoluciones, dictara los procesamientos y apartara al magistrado del caso.

Pero no fueron solamente ellos los que, por acción u omisión, convalidaron la impunidad. Ni la Jefatura, ni el gobierno, ni la dirigencia opositora -excepto en los primeros tiempos de alta exposición mediática- mostraron un interés serio para que la muerte de un pampeano anónimo se esclareciera.

Hoy, la impresión, como en muchos otros expedientes de fuerte impacto político-institucional, es que cayeron los perejiles. Y que no pasará nada. Nada de nada.

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Jorge

APE

Cuando a los 14 se le plantó a Alberto Morlachetti en Pelota de Trapo y le dijo “si no me quedo me suicido”, Jorge ya sabía, intuía tal vez, que su vida pendería de un hilo siempre. Inexorablemente. La calle le dejó cicatrices que se volvían heridas abiertas a cada rato. En realidad no le cerraron nunca. A pesar de que él se hamacaba con pasión y rabia, a los gritos, entre la lucha por cambiarlo todo y el fondo de un abismo del que, sabía, un día no alcanzaría a asomar.

Tenía 41 el lunes a la noche, casi martes, cuando decidió morirse del todo. No pudo. Batalló, peleó, guerreó. La patoteó a la vida tantas veces. Pero no pudo.

Jorge Rodríguez se levantaba todos los días bien temprano en la casa de Hurlingham donde sostenía el Hogar Matecito y trataba de que sus pibes construyeran dignidad y nuevos amaneceres. Amanecía como lo había hecho, después de todo, tantas veces en su propia vida. Llena de infiernos y de amaneceres. Gritando apasionada y amorosamente que el hambre es un crimen.

“No es cuestión de darles solamente una cama. Es estar cuando se enferman, escucharlos, darles afecto, que sientan que verdaderamente éste es su hogar”. Que sientan lo que sintió él cuando llegó a Pelota de Trapo huyendo de los monstruos de la calle que le terminarían devorando las entrañas. “Pelota me ganó la vida. Ahí encontré un padre humano porque hay un vínculo visceral de Alberto (Morlachetti) y Norma (Basconi) con los pibes”.

Ese primer día se la pasó hablando de su propia muerte. “Mi urgencia era morirme cuando entré a Pelota”. Y Alberto le respondió “vos hablás de matarte y yo quiero generar vida”. Entonces lo llevó al fondo de la granja de Florencio Varela y se pusieron a plantar árboles frutales. “Me gané un lugar. Con qué ganas plantaba… Una forma inconsciente de sembrar un nuevo camino. Y me enganché con los chicos a construir mi vida”. No se fue más hasta los 18. En esa misma granja tuvo su propio hogar hasta hace poquitos años. Y después se mudó a Hurlingham.

Jorge formó parte del grupo originario del que nació el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, con la estrella de Alberto Morlachetti construyendo el camino. Entre ellos, Walter Fernández. La Granja Los Pibes de Tandil es su rincón de lucha por el sueño de una sociabilidad humana.

Lo que Walter pensó, lo que Walter dijo, lo que sangró en viejos dolores es el árido sentimiento de todos. “Se fue Carlitos (Cajade), luego Gaby (Almirón) y ahora vos, Jorge, todos compañeros fundacionales del Movimiento. Se fueron pronto, antes de tiempo, como haciendo verdad eso de ´harto ya de estar harto… ya me cansé´. Y quedamos con el Viejo y otros, pero cansados, podridos de ausencias, sin saber por qué, enojados con su mezquindad, por dejarnos solos, con tanto trabajo para hacer, con tanta ternura por recuperar. Y bueno, será nuestro destino. Hace algunos años te hubiera despedido diciéndote `hasta la victoria compañero`. Hoy, no sé. Sólo te digo chau, Narigón”.

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Argentina: Conocido periodista misionero también fue espía en la dictadura

REVISTA SUPERFICIE

El periodista misionero Carlos Luis Carvallo, actualmente integrante del equipo del programa radial "El Show de los impactos" -por FM Show, de Posadas-, actuó como espía y delator durante la última dictadura cívico-militar. Así lo confirmó revista superficie a través del Archivo Nacional de la Memoria, donde figura su legajo como "Personal de Inteligencia que revistió entre 1976 y 1983" en el listado de colaboradores civiles.

En el documento oficial, el periodista figura con el nombre de Carlos Luis Gomez Carvallo. Su Documento Nacional de Identidad número 11.418.228, y denuncias anónimas que llegaron a esta Revista, permitieron avanzar en la corroboración, que no deja margen de error, ya que fue confirmada por el Archivo Nacional de la Memoria, organismo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que cuenta con toda la información recientemente desclasificada del Batallón 601, cerebro del espionaje ilegal durante el terrorismo de Estado.


En la nómina de personal civil del Batallón de Inteligencia, Carvallo figura en el orden 2034 de la Foja Nº 38, correspondiente al Área 212, Destacamento de Inteligencia 122, con jurisdicción en la provincia de Santa Fe. Su rol fue "Agente de reunión", quienes tenían por misión infiltrarse en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales, donde recababan información y detectaban a las personas que encuadraban con la figura de "subversivos".

Ese accionar de espionaje precedía a los violentos secuestros de los grupos de tareas de las fuerzas armadas, que en la mayoría de los casos concluyó en asesinato o desaparición. Eran catalogados como subversivos los activistas sociales, militantes políticos, dirigentes sindicales y estudiantiles, obreros, y todos aquellos que simplemente manifestaran disenso social. Las tareas de estos agentes resultaron fundamentales para el exterminio de miles de personas en manos de las fuerzas militares que llevaron adelante el terrorismo de Estado.

Trayectoria

Carlos Luis Carvallo nació en la localidad de Oberá. Comenzó su trabajo en radio en pleno terrorismo de Estado, en 1979, por LT 13 Radio Oberá. En 1980 terminó sus estudios en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y ese mismo año se incorporó a LT 17 Radio Provincia, donde fue primero locutor y más tarde Jefe de Locutores.

También fue locutor en off de LT85 Canal 12, televisión pública de Misiones, y se desempeñó en varias radios de la capital, como LT 4, FM Classic, Radio Sur Garupá, FM del Lago de Candelaria, FM del Sol. Actualmente reside en Garupá y es una de las voces de los programas matutinos de FM Show.

Por su labor periodística, ha recibido distinciones de todo tipo en la Provincia y en el país, como los premios Santa Clara de Asis y hasta el Martín Fierro. En diciembre de 2010, Carlos Carvallo obtuvo el premio "Andrés Guacurarí de Oro", máxima distinción que el Sindicato de Prensa de Misiones otorga a los trabajadores de prensa.

Espías

Carvallo es el cuarto espía del Batallón 601 que se conoce públicamente a partir de investigaciones periodísticas de Revista Superficie. El 25 de abril de 2010, Superficie denunció que Julio César Marturet, por entonces subsecretario de Acción Cooperativa y Mutual de la Provincia, había oficiado como "Agente de reunión". El pasado de Marturet fue confirmado por el Archivo Nacional de la Memoria, donde el nombre y el número de documento del exfuncionario provincial figuran en la Foja 53 de la Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983.

El 13 de mayo de ese mismo año, superficie denunció que el jefe del Departamento de Defensa del Consumidor y Fiscalización del gobierno de la provincia, Milton Alfredo Acosta, también colaboró con el Terrorismo de Estado, como "Agente de Seguridad". Su nombre figura en el orden 51 de la Foja Nº1 de la nómina de personal civil que revistió en el período 1976-1983 colaborando con el Batallón de Inteligencia 601 desde el Destacamento de Inteligencia 124 de Posadas.

En julio pasado, esta revista difundió que el informático José Enrique Lascurain figura en la nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistió en la sección de Inteligencia 124 "Posadas", del Batallón de Inteligencia 601, donde actuó como "Agente de Reunión". Lascurain trabaja para el Estado provincial desde 1987, en el ámbito de la Salud Pública. Comenzó en los hospitales Baliña y Carrillo, luego lo trasladaron al Ministerio de Salud, y actualmente es técnico en computacion en el Hospital Materno Infantil de la Capital provincial.

La nómina

Luego de una larga lucha de Ramón Torres Molina -Presidente del Archivo Nacional de la Memoria- y organismos de Derechos Humanos de todo el país, finalmente la lista del Batallón 601 se conoció a través de la revista Veintitrés en febrero de 2010.

El documento informa 4.300 nombres que integraban la plantilla de personal, los rangos y las actividades de los agentes que aportaron información, apoyo logístico y mano de obra a la represión.

La nómina incluye los nombres de 1.599 personas que se desempeñaron como agentes civiles de inteligencia, 2.353 que cumplieron tareas en distintos destacamentos y secciones en diferentes lugares del país, y se complementa con una lista de 345 militares del 601.

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Argentina, Chaco: La persecución de estos Díaz

AGENCIA WALSH

Félix Díaz, referente de la comunidad qom de Castelli - Chaco, miembro de la Organización Toba Qompi (OTQ) fue denunciado judicialmente por apedrear una camioneta que violentamente irrumpió en un corte que realizaba la comunidad en protesta por la míseras condiciones de vida que el poder político les obliga a llevar.

Para los primeros días de Agosto, las comunidades Qom del Impenetrable, municipio de Juan Jose Castelli, hicieron conocer a la población local del municipio las condiciones en las que viven. Las tierras que el municipio les reconoce a la comunidad están dentro del Basural, donde se envían los residuos de todo el pueblo.

Cansados de vivir en condiciones inhumanas, de pedir el traslado de ese basural. Los miembros de la comunidad encabezados por el carashe Félix Díaz de la provincia del Chaco, cerraron el paso a los camiones de basura y por dos días el pueblo vivió lo que ellos viven todos los días.

Pero esos días, como los Díaz, parecen estar sentenciados a un triste destino. Al atropello sufrido por Félix Díaz de Formosa, le sigue un atropello que por suerte sólo se cobró heridos de una camioneta que intentó llevar por delante a Félix Díaz del movimiento O.T.Q. del impenetrable Chaco.

La comunidad entera apedreó a esta camioneta, en su intento por llevar por delante al carashe Félix. Y días mas tarde, el propietario de esta camioneta denunció a Félix Díaz de estar armado y de apedrear y atentar contra la vida de quien conducía una camioneta en forma normal según su declaración.

El caso se encuentra siendo analizado por el fiscal local, pero tanto en el impenetrable como en Formosa, los días para las comunidades originarias siguen siendo grises.

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Argentina, Tinogasta: En el 299º aniversario del pueblo persiguen y no dejan manifestar a asambleístas

ACTA

La Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua de Tinogasta difundió un comunicado en el que denuncia persecución a compañeros y compañeras de dicha organización que mantiene desde hace seis meses y medio un bloqueo selectivo e informativo que impide el paso de explosivos, químicos y maquinarias hacia las megamineras. El pasado 13 de agoto, la ciudad cumplió 299 años.

COMUNICADO DE PRENSA Tinogasta, 14 de agosto de 2012, 12:30hs

"En Tinogasta nos siguen persiguiendo y amedrentando"

"A los seis meses y medio de comenzado el bloqueo selectivo e informativo en Tinogasta, que impide el paso de explosivos, químicos y maquinarias hacia las megamineras, el pueblo tinogasteño continúa siendo víctima de aprietes y amenazas. "En el día de ayer, lunes 13 de agosto, algunos pobladores sufrimos la persecución por parte de miembros de las fuerzas represivas vestidos de civil, lo cual denunciamos ante el jefe de policía de Catamarca, Juan José Palomeque, quien no nos aseguró ninguna protección. Quienes persiguieron a nuestros compañeros y compañeras son los mismos que participaron de la reciente represión en Cerro Negro y quienes el mes pasado encarcelaron y golpearon sin ninguna causa al asambleísta Pablo Romero.

"Esto se suma al constante seguimiento que nos hace la policía de Tinogasta, al acoso laboral que sufrimos los trabajadores docentes y municipales, al cerco comercial al que nos someten a los pequeños comerciantes y las difamaciones por parte del intendente Hugo "Grillo" Ávila, que ya son moneda corriente.

"Hoy se celebran los 299 años de la fundación de nuestro pueblo, y los tinogasteños seguimos resistiendo contra quienes vienen a saquearnos y contaminarnos, quienes intentan entregar nuestra agua y montañas, seguimos luchando por el derecho a la autodeterminación de los pueblos y por la soberanía de nuestro país.

"Repudiamos la presencia de la gobernadora represora Lucía Corpacci en el acto aniversario de nuestro pueblo, quien responde a los intereses de las transnacionales megamineras y a los designios del gobierno nacional de Cristina Fernández. En el mismo nos están impidiendo manifestarnos pacíficamente, rodeándonos de policía y quitándonos los volantes que estábamos repartiendo, los cuales no contenían más que la verdad de lo que está pasando en Catamarca. Además, la policía también ha sacado por la fuerza a compañeras asambleístas. Todo esto se da luego de que el mismo Jefe de Policía Palomeque nos había dado garantías para manifestarnos.

"Una vez más nos reprimen por querer manifestarnos. Lo hacen porque saben que tenemos la razón de nuestro lado. Esto nos hace aún más fuertes, seguiremos gritando ¡No pasarán!

"Responsabilizamos al gobierno en sus tres niveles por cualquier cosa que nos pueda pasar.

"¡Tinogasta y Andalgalá resisten! "¡el Famatina no se toca! "¡no pasarán!

"Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua".

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Argentina: La Legislatura de Tucumán aprobó la ley de “prostíbulos cero” para combatir la trata

TELAM - TUCUMAN NOTICIAS

La Legislatura aprobó este miércoles un proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos en Tucumán, y de esta forma la provincia se suma a la lucha encarada para combatir la trata de personas.

El oficialismo impuso su mayoría en el recinto y aprobó la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, que se convertirá en ley apenas sea promulgada por el gobernador José Alperovich, lo que sucederá en los próximos días.
La iniciativa, que consta de 11 artículos, prohíbe en todo el territorio provincial el funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabaret, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne.
En declaraciones a la prensa, Alperovich resaltó la importancia de la aprobación del proyecto, admitió que el problema "no se va a resolver con solo un acto de gobierno", pero aclaró que "la intención es ayudar a combatir" este flagelo.
En tal sentido, aclaró que con la ley "no penamos a las chicas que trabajan sino a los que hacen trabajar a estas chicas, porque viene por detrás la trata de personas, de menores y las drogas".
Cuando la ley entre en vigencia se prohibirá "la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración y/o la explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su consentimiento para ello", señala el texto.
También dispone la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales mencionados apenas entre en vigencia de la ley, que se conoce como "Prostíbulos cero".
Uno de los artículos establece que "en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la Ley se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria".
Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio serán tenidas como víctimas de la trata de personas y recibirán protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas.
La ley implica graves penas para quienes sean propietarios o exploten locales donde se ejerza la prostitución ajena (hasta 60 días de arresto), y las sanciones no puedan ser subsanadas mediante el pago de una multa.
Además, prevé la creación de un "comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual", cuyos integrantes, funciones y atribuciones serán dispuestos por vía reglamentaria, y dispone que el Ministerio de Desarrollo Social provincial asista a las personas perjudicadas.
Durante el debate, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse hizo una encendida defensa del proyecto y sostuvo que “esta es una declaración política del gobernador Alperovich, quien no quiere que haya más prostíbulos en Tucumán".
El legislador destacó el trabajo de Susana Trimarco (mamá de Marita Verón, secuestrada en 2002), al que comparó con el realizado por las Madres de Plaza de Mayo, y señaló que “su lucha por encontrar a su hija desaparecida nos permitió conocer cómo funciona la mafia de la trata de personas”.
En tanto, Jesús Salim, quien había presentado un proyecto con similares características trabajado junto a Trimarco, valoró que el Poder Ejecutivo haya tomado el tema en la agenda parlamentaria.
El legislador señaló que, durante una reunión con Alperovich, "el gobernador se comprometió a constituir una comisión especial para garantizar el seguimiento y la ejecución de las pautas previstas por la ley".
Votaron en contra del proyecto los radicales Federico Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Ariel García y Roberto Sánchez, y el democristiano José Páez.
Según Norri, "esto es pura conveniencia política, no tiene vocación de éxito ya que vamos a generar un mercado clandestino con un régimen hipócrita e ineficaz”.

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