miércoles, 22 de agosto de 2012

Juicio contra Joaquín Pérez Becerra, director de ANNCOL (II): Publicar los partes de guerra ¿no es parte de la realidad colombiana que hay que informa

Ingrid Storgen (ANNCOL, especial para ARGENPRESS.info)

¿Y esto, como lo clasificamos? Toda una galería de fotos de muerte de un Sadismo Mediático presentado en el único diario de cobertura nacional sin que nadie levanta la voz cuando Santos&Prisa reproduce en foto y video los Partes de Guerra de las FF.MM. En la foto, los cadáveres del bombardeo con 40 toneladas de explosivos cuando fue muerto el comandante Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy.

Durante la audiencia del martes pasado donde el periodista Dick Emanuelsson dio su declaración como testigo en el caso contra Joaquín Pérez Becerra, la fiscal insistía muchas veces preguntándole ¿por qué ANNCOL publicaba partes de guerra en su portal?


- Contesté diciendo que son partes de guerra y como tal, parte de la realidad colombiana. ¿Y quién puede negarlo, una guerra que lleva casi medio siglo, cómo ocultarla y por qué? La fiscal asume la posición de Uribe y Santos, tratando de negar el conflicto social y armado, a cualquier costo. Incluso hemos visto como amedrentan a los periodistas como hicieron con Romeo Langloís, el reportero francés que salió en una expedición militar de los Comandos Junglas pero pasó al Frente 15 cuando la guerrilla hizo un cerco mortal al comando donde estaba Romeo, en el mes de mayo. Sobre el francés, Uribe dijo lo siguiente:

“Langlois: una cosa es la curiosidad del periodista y otra la identificación con el terrorismo... Langlois, ¿Qué hacía en Colombia, qué relación tenía con las Farc? Algunos conocimos que usted sabe engañar”.


- Quiere decir, que Langlois pisaba dedos delicados, reportando sobre la realidad colombiana, desnudando la campaña mediática que sindica a la guerrilla como elemento narcotraficante. El Tiempo, por ejemplo, decía que el “Frente que capturó a Langloís mueve 30 toneladas de cocaína al año”. ¿Qué dijo Romeo, cuando salió en libertad? Que el laboratorio donde llegaron era el espacio de un humilde campesino, que para sobrevivir tenía que cultivar HOJA de coca (ojo, en ningún momento vio cocaína). Sus palabras tuvieron el efecto de un bombazo motivador de rabia y odio contra sus dichos. Ese odio que tantas muertes produce en la tierra colombiana.

Foto: Partes de guerra publican todos los días en El Tiempo

El subdirector de ANNCOL sostiene que en todo caso los partes de guerra hay que colocarlos en su contexto político, explicando -sin opinar- el porqué de las acciones como tales para entender las raíces del conflicto.

El tema está rodeado de hipocresía, porque en realidad los partes de guerra se reproducen todos los días en Colombia, especialmente en los medios ligados al Estado en esa guerra no declarada contra el pueblo, explica Emanuelsson.

- Cuando el ejército o la aviación han bombardeado y han dado de baja a guerrilleros, inmediatamente, las pantallas de Caracol, RCN, las fotos publicadas en diarios como El Tiempo o El Colombiano ¿qué es lo que muestran? Pues, la fila de cadáveres bajo un plástico negro que sólo deja al descubierto las piernas y sus pies calzados con botas de caucho.

- ¿Cómo fueron presentados los cuerpos y los rostros de los comandantes guerrilleros, Raúl Reyes, el Mono Jojoy o Alfonso Cano? Destrozados y calcinados. El Tiempo hace hasta galerías de fotos tomadas desde todos los ángulos de los jefes guerrilleros muertos. Me parece que es en un sadismo mediático, en cualquier país con una legislación de derecho objetiva, provocaría una dura condena eso de publicar tales fotos horrorosas.

Los Partes de Guerra de las FF.MM. publicados en galerías de foto en El Tiempo.

- Demuestra la morbosidad de los clanes mediáticos como Santodomingo (Caracol), Ardila Lülle (RCN), miembros de la familia Santos y el Grupo Prisa de España (El Tiempo), que sin dudas gozan viendo seres humanos destrozados y no les importa un carajo el dolor de las familias o amigos, sea quien sea. Algo que nunca podrán decir de nosotros como parte de una agencia de información alternativa ya que jamás mostramos los cuerpos despedazados de los militares.

“Culpable por asociación”

- Y ahí viene la Fiscal, insistiendo, no sé cuantas veces, preguntando por qué ANNCOL publica los partes de guerra de la guerrilla. No me sorprende, porque entiendo perfectamente bien el viejo truco “culpable por asociación” (Guilt by association). Quiere decir que nosotros somos el órgano oficial sólo por el hecho que de vez en cuando, reproducimos unos resultados en el campo de batalla que también contiene un balance sobre las bajas de la insurgencia. Resultados que llegan a nuestra página desde distintos sectores seguidores de la situación colombiana.

- Le dije al juez: que bueno que Iván Márquez y María Jimena Duzán están dialogando en la Revista Semana, que bueno que Timochenko y Santos, aunque no formalmente en un medio como Semana, también intercambian opiniones sobre el futuro, abocados en cómo construir la nueva Colombia

- Es un paso importantísimo que hablen en lugar de escuchar el rugido de los aviones y el estampido de los fusiles y las bombas que arrojan, que muchas veces impactan sobre poblaciones desarmadas. Debería haber varios San Vicente del Caguán extendidos en cada uno de los 32 departamentos, donde se pueda dialogar buscando la alternativa hacia la construcción de una Colombia en paz, con justicia social. En ese marco, pueden estar seguros que ya no necesitaremos publicar partes de guerra y ustedes podrán quedar tranquilos.

Foto: ¿Qué objetividad e independencia periodística tienen estos ocho periodistas de Caracol después de haberse vestido en el camuflaje del Ejército Nacional y haber probado “Un Día como Soldado de Colombia” en el complejo del entrenamiento militar en Tolemaida, en total 25 periodistas del canal de televisión y radio más grande de Colombia dispararon y entrenaron en el mes de septiembre de 2009 esa profesión?

Pero la oligarquía ha demostrado más de una vez que su voluntad para la paz es nula, ha roto todos los anteriores procesos de paz y ha ahogado al territorio nacional con bombardeos y muerte. Entonces regresamos de los sueños a la realidad. Y para cualquier periodista en un país “normal”, sostiene Emanuelsson, la realidad es la guerra. Y cubrir el conflicto significa también reproducir los hechos.

- Esto sería algo totalmente normal. Mejor dicho, es la obligación del comunicador social cubrir el tema desde todos los ángulos, o, como decía Langlois: “hay que seguir cubriendo el conflicto en Colombia”.

Más duro y claro se expresó a la agencia Radio Nederland el veterano del periodismo colombiano, Jorge Enrique Botero, director de Información de Telesur, sobre el sesgado cubrimiento por la mayoría de los reporteros y medios colombianos en el país suramericano:

“Durante cinco décadas, las FARC han sido totalmente vilipendiadas, deformadas y manipuladas a nivel mediático y ahora consideran que es el momento de poner las cosas en su lugar desde el punto de cómo se cubre el conflicto colombiano”.

Y los medios como ANNCOL, que no acepta las normas para ese periodismo al servicio de la guerra ordenada desde la Casa presidencial o las oficinas de los generales de la inteligencia militar, sufren las consecuencias, pasando a ser tildadas como “agencias de las FARC o ELN”.

- Tan es así esta realidad que hay que ver los intentos del Estado Colombiano por involucrar a Pérez Becerra y a mí en lo que realmente no somos. Están dejando un precedente que de no modificarse, abrirá las puertas a mayores problemas contra la prensa alternativa. Parecen motivados por el esquema lanzado por un hombre que cometió crímenes de lesa humanidad, hace unos años y que luego salió a decir “o están conmigo o están con el terrorismo”. Nosotros continuamos nuestra labor abocados a la información veraz, dejando al descubierto la terrible situación que padece un pueblo hermano.

El pueblo que vio nacer al director de ANNCOL y por él que tanto luchó sin necesidad de tomar armas o involucrarse con ningún actor dentro del escenario bélico.

Simplemente, como siempre dijimos y sostendremos, a nosotros nos apoya y sostiene la realidad.

Y no estamos diciendo poco, con ello.

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Chile en la “Encrucijada Histórica”: CODELCO y Anglo American Sur

Orlando Caputo y Graciela Galarce (especial para ARGENPRESS.info)

Primera Parte. Disputada de las Condes de 100 millones de dólares en los 80s pasó a valer 22.000 millones de dólares en la actualidad.

ENAMI durante la Dictadura vendió Disputada de las Condes en menos de 100 millones de dólares a EXXON., que explotó por 25 años Disputada de las Condes, sin pagar nunca impuestos al Estado de Chile.

En la década de los 90s, EXXON vendió Disputada de las Condes a Anglo American Sur en 1.300 millones de dólares, incluyendo un crédito del Estado de Chile por las pérdidas acumuladas. Crédito que se descuenta de los impuestos cuando la empresa tiene utilidades.

En realidad, EXXON recibió 1.300 millones de dólares. Pero, el costo para Anglo American fue de sólo 700 millones de dólares, ya que podía recuperar 600 millones de dólares de impuestos en los siguientes años.

Ahora, Anglo American valoriza Disputada de las Condes en 22.000 millones de dólares. La inversión neta realizada es pequeña. Casi la totalidad del valor de los 22.000 millones de dólares corresponde al valor del yacimiento.

El yacimiento de Disputada de las Condes como todos los yacimientos mineros según la Constitución chilena son “de dominio exclusivo, absoluto, inalienable e imprescriptible del Estado de Chile”

CODELCO y el actual gobierno, en el juicio con Anglo American y en la negociación a puertas cerradas, al reconocer que Disputada de las Condes -Anglo American Sur-, tiene un valor de 22.000 millones de dólares que determina el valor proporcional del 49% o del 25%, etc., está reconociendo que Anglo American Sur es propietaria del yacimiento y / o de las pertenencias mineras de Disputada de las Condes.

¡¡Esto es ANTICONSTITUCIONAL!!.

¡Esto no puede ser!. ¡Es increíble!

La Nacionalización del Cobre que significó décadas de lucha; que fue aprobada por el Congreso Nacional en Pleno el 11 de julio de 1971; que ha costado tantas vidas de chilenos antes y después de la Nacionalización del Cobre, -los asesinatos selectivos en El Salvador, en Chuquicamata y en el sector minero en general, por parte de La Caravana de la Muerte.

Ahora un par de ejecutivos de CODELCO, que hasta hace poco trabajaban para las empresas privadas están negociando en forma secreta con Anglo American. CODELCO quedaría endeudada y podría negociar y entregar participación en el extraordinariamente rico yacimiento de Minera Andina, que colinda con el yacimiento de Minera Disputada de las Condes.

Es muy posible que esta oscura negociación sea un paso más para privatizar CODELCO

Segunda Parte. ¿Cuál es el valor del total de los yacimientos de cobre que explotan las empresas privadas, particularmente extranjeras?

1. Chile tiene las mayores reservas mundiales de cobre y la mayoría está en manos de las grandes mineras mundiales privadas, particularmente extranjeras

2. Codelco declaró recientemente que tiene 132,4 millones de TM de cobre fino. Es decir el 10% de las Reservas Mundiales. Chile tiene el 35% de las reservas mundiales (463 millones de TM de cobre fino). Por lo que las reservas de las mineras privadas, particularmente extranjeras, son aproximadamente 330,6 Millones de TM. Estas reservas a 2,2 dólares la libra da un valor en torno a US$ 1.600.000.000.000.

3. Si el Gobierno y Codelco y la mayoría de los políticos reconocen que las empresas privadas, particularmente extranjeras, son propietarias de los yacimientos, como en la actual negociación con Anglo American, se estaría reconociendo y sentando precedentes que los US$ 1.600.000.000.000 son de las empresas privadas, especialmente extranjeras, Y NO DEL ESTADO DE CHILE!!, según lo establece nuestra Constitución.

4. Chile se encuentra en una “Encrucijada Histórica”, con pérdidas que podrían ser mayores a la “Desnacionalización del Salitre” después de la Guerra del Pacífico y la explotación extranjera por más de 50 años, y pérdidas mayores o similares a la pérdida de parte de la Patagonia.

5. Esta cifra, 1.600.000.000.000 de dólares equivale a 31 años de trabajo de cada uno de los 5.351.000 trabajadores asalariados,(según la última encuesta del INE de marzo-mayo 2012). (Salario de US$ 800 mensuales o $400.000 mensuales por 12 meses en el año y por 31 años)

6. Esta cifra, si se repartiera a 4.000.000 de familias chilenas, que representan 16.000.000 de chilenos, equivalen a que los 4.000.000 de familias podrían mantenerse durante 33 años con US$ 1.000 mensuales.

7. Esta cifra equivale también a 11 veces los Fondos de Pensiones acumulados desde el año 1980 a junio de 2012, (Superintendencia de Fondos de Pensiones). Es decir, equivale a 11 veces el total de los Fondos de Pensiones de los trabajadores chilenos acumulados en 32 años.

8. Esta cifra equivale también a 16.000.000 (dieciséis millones) de casas o departamentos con un valor de US$100.000 cada uno, o 50.000.000 de pesos chilenos.

9. Equivale a 20 años de la suma del PIB, de 2010, de Bolivia, Paraguay y Uruguay. (Anuario Estadístico 2011 de la CEPAL)

9. Costanera Center con sus 4 Torres y construcciones aledañas, tiene un costo total de US$ 1.200.000. El valor de las reservas mineras chilenas en manos de las empresas privadas, particularmente extranjeras, equivale a 1.300 Proyectos Costanera Center.

10. También equivalen a la construcción de 2.000 puentes como el proyectado para el Canal de Chacao, el gobierno lo aprobará siempre que el costo sea menos a 800.000.000 de dólares.

11. Esta cifra equivale también a cerca de 29 veces (o años) el total del Presupuesto del Gobierno Central para 2012, y a 147 veces (o años) el Presupuesto de Educación.

Por eso Chile, AHORA está en una Encrucijada Histórica.

O se respeta la Constitución chilena que señala categóricamente que:

"El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible de todas las minas",

Ó, prevalece la 'Concesión Plena' aprobada en Dictadura y elaborada por José Piñera, "Legislación tramitada y aprobada en secreto", según señaló Radomiro Tomic al afirmar también que "Quien controla el cobre controla Chile"

Hay un “Silencio Cómplice” en la sociedad chilena en general, y en particular, de todos los sectores políticos, que ocultan esta “Encrucijada Histórica”, que marcará el futuro de ésta y de futuras generaciones.

Esperamos que los movimientos sociales de estudiantes, de trabajadores, de las regiones y de otras organizaciones sociales puedan revertir este gran daño histórico a Chile.

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Paraguay transgénico

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Un Federico Franco desafiante, anunció este lunes una serie de medidas, en buena parte ya en aplicación, con lo cual legaliza el contrabando, que convertirán a Paraguay en el primer país transgénico de Suramérica, con la autorización de importar, cultivar y comercializar las semillas genéticamente modificadas, con las cuales ingresarán miles de paquetes de pesticidas y herbicidas, comprobadamente tóxicos.

La decisión del Presidente de facto es otra prueba más que confirma el papel determinante que han jugado las corporaciones transnacionales del agronegocio en el Golpe de Estado Parlamentario de hace dos meses, junto con empresas de la megaminería, en particular la Río Tinto Alcan y otras de Estados Unidos y Canadá, que están operando en explorar y explotar el agua, oro, titanio, uranio, petróleo y gas.

El quiebre institucional, que puso fin al proceso de cambios iniciado en el 2008, se está proyectando peligrosamente con una serie de golpes menores del gobierno, que se suceden a ritmo vertiginoso, desnudando una profunda ansiedad de los nuevos mandamases por cumplir fielmente la estrategia imperial de reinstalar en la región una cabeza ultraliberal calcada de la perversidad riganista, thatcherista y menemista.

Los primeros beneficiados son las corporaciones Monsanto, Cargill y otras hermanas del agrotransgénico, agraciadas de un plumazo con la habilitación de una media docena de nuevas variedades de semillas OGM de algodón, maíz y soja, sin que hayan pasado por la verificación científica de rigor que permita garantizar calidad e inocuidad respecto a sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.

En la decantación social y política que el golpe está generando en el país, los facciosos aparecen caminando más rápido que la oposición, la cual aún tiene dificultad para sobreponerse y articularse, aunque surge con fuerza en todo el país un nuevo tipo de militancia, con autonomía e independencia de los desvanecidos partidos, de las cúpulas sindicales y de las viejas estructuras de las organizaciones y movimientos populares.

Ejemplo vivo de ello fue el reciente Foro Social de la Resistencia, que se realizó los días 14 y 15 en dos plazas céntricas de Asunción, animado por unas tres mil personas, mayoría jóvenes urbanos, campesinos e indígenas que, en 13 inmensas carpas abordaron temas como la soberanía Alimentaria y Energética, la redistribución de la tierra y la recuperación de las 12 millones de hectáreas ocupadas ilegalmente por civiles y militares estronistas.

El rescate y revaloración de las semillas nativas y criollas, mediante la producción comunal y protección estatal, fue una de las más sentidas reivindicaciones del Foro en defensa de la alimentación sana, frente a la feroz invasión de los granos de laboratorios.

El encuentro decidió organizar los días 15 y 16 de septiembre una feria nacional de la semilla en Asunción, con participación de miles de familias de labriegos de todo el país, convencidos de que deben movilizarse para detener el ingreso de los paquetes de herbicidas y plaguicidas con los cuales se fumiga las grandes plantaciones y también las poblaciones, escuelas y centros de salud cercanos.

Los golpistas, aunque están guiados por los empresarios de los medios de comunicación más poderosos que, por encima de leves diferencias, en el accionar práctico conforman el principal partido político de la derecha paraguaya, no pueden ocultar que a sólo dos meses del golpe dos corrientes internas comienzan a enfrentarse, debido a la interpretación del ritmo que debe imprimir el gobierno liberal en sus resoluciones, antes de que lleguen las elecciones nacionales del 21 de abril próximo.

Esa discrepancia, a juicio de no pocos observadores, podría convertir al Canciller José Félix Estigarribia en el primer fusible en saltar del espurio ejecutivo, porque el sector oligárquico más intransigente, encabezado por el matutino ABC, está disconforme con su labor, en particular porque es incapaz de revertir la repulsa y aislamiento internacional de este gobierno, sin siquiera conseguir el apoyo oficial de la OEA.

Títulos en primera plana, comentarios de fondo y hasta editoriales, ha dedicado en los últimos días la publicación de Aldo Zucolillo, un poderoso empresario de currículo muy cuestionado y escraches sucesivos de la ciudadanía, para denunciar que el actual titular del servicio exterior y vocero de las tergiversaciones oficiales contra el Mercosur, hace unos meses entregaba informes al Ministro Jorge Lara Castro elogiando los dos acuerdos de Ushuaia y a la UNASUR como un organismo que superaba la misión de la OEA.

Las piffias que están cometiendo los golpistas no son privativas de Estigarribia, a quien supera el Presidente de facto, soberbio y convencido de que lo respalda la impunidad, y cuyas continuas barrabasadas intenta enmendar el Canciller, como los insultos al Mercosur y la declaración a la CNN de que “presumimos que Chávez no es un demócrata”, una idiotez mayúscula en la boca de alguien que viene de encabezar un golpe de estado contra un Presidente elegido democráticamente.

Sus promesas al pueblo, de solucionarles todos los problemas en menos del año que tendría para gobernar, es de una escandalosa demagogia, como la de ofrecer tierra a los campesinos expulsados por la agroindustria, capitalizando estudios, medidas y proyectos del Gobierno de Fernando Lugo sobre las tierras fiscales ocupadas por latifundistas que han sido uno de sus mayores apoyos del golpe.

La suma de contradicciones y de actos hipócritas que está cometiendo este gabinete putativo, confirma en sus primeras medidas que llegó con la misión de vender en pocos meses los recursos naturales a las grandes corporaciones del capital transnacional.

Los ejemplos abundan, empezando por el empleo masivo de liberales en la función pública, en una acción desmedida que puede resultar un fuerte revés para estos gobernantes de ocasión, dado que la mayoría de los funcionarios obedecen al Partido Colorado, que no dejará de utilizar esa masa de asalariados para desestabilizar, lo cual ya comenzó con paros en los ministerios de Hacienda y Justicia y Trabajo.

Otras abyecciones son autoría del Ministro de Salud, el médico Antonio Arbo, autorizando los transgénicos y sus venenos, de su colega de Industria y Comercio Francisco Rivas, declarando que la energía eléctrica debe quedarse en el país, pero hace lo imposible para que se la lleve Río Tinto Alcan, y el de Hacienda Ferreira Brusquetti, sin el mínimo pudor para reclamar la privatización de los aeropuertos y el consiguiente espacio aéreo, las carreteras nacionales y los entes deficitarios, enterrando la soberanía nacional y toda posibilidad de someter las empresas estatales a estudios serios de viabilidad, como jamás se ha hecho en este país.

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Comentarios al Informe del Secretario General de la ONU: Las empresas y los derechos humanos

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

«Contribución del sistema de las Naciones Unidas en conjunto a la promoción del programa relativo a las empresas y los derechos humanos y a la divulgación y aplicación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (A/HRC/21/21)», que será sometido al Consejo de Derechos Humanos en sus sesiones del 10 al 28 de setiembre de 2012.

I. El derecho se caracteriza, incluido el derecho internacional, por estar constituido por una serie de normas obligatorias fundadas en valores que gozan de un reconocimiento general, cuyo desconocimiento o violación puede acarrear una sanción.

Las normas fundamentales escritas del derecho internacional son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

En esa entendimiento, hace casi 40 años y en vista de las conductas contrarias a los derechos humanos de muchas empresas transnacionales y de la insuficiencia del marco jurídico nacional para reprimirlas y sancionarlas (omnipresencia transnacional o ubicuidad de dichas empresas y un poder económico superior al de muchos Estados de no pocas de ellas) se intentó establecer un marco jurídico internacional para contenerlas.

En los últimos decenios la insuficiencia de las normas jurídicas nacionales frente al poder económico transnacional se transformó en impotencia a causa de su subordinación a la “lex mercatoria”. Dicho de otra manera, las normas nacionales –incluso constitucionales- quedaron subordinadas de hecho a los Tratados de libre comercio y de promoción y protección de las inversiones, a los acuerdos celebrados en la Organización Mundial del Comercio, a las “directrices” del Fondo Monetario Internacional y, en muchos casos, los reclamos de las empresas transnacionales contra los Estados, en lugar de ser sometidos a los Tribunales del Estado receptor de la inversión son dirimidos ante un tribunal arbitral internacional que funciona en el marco del Banco Mundial: el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI).

II. A mediados de los años 70 se hizo el primer intento de encuadrar jurídicamente a escala internacional a las empresas transnacionales. La Comisión de Sociedades Transnacionales, creada por el Consejo Económico y Social de la ONU por resolución 1913 (LVII) en diciembre de 1974, compuesta por 48 Estados Miembros (disuelta de hecho en 1994) se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar sobre las actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta para las mismas (1), que nunca se aprobó a causa de la cerrada oposición de las grandes potencias y de las mismas empresas transnacionales.

Varios años después, en sus sesiones de agosto 2003, la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorias (disuelta en 2007) adoptó una resolución aprobando un Proyecto de Normas para las sociedades transnacionales elaborado por un Grupo de Trabajo y lo remitió, conforme al procedimiento correspondiente, a la Comisión de Derechos Humanos.

Las empresas transnacionales reaccionaron vivamente contra dicho Proyecto con un documento de unas 40 páginas, firmado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC en inglés) y la Organización Internacional de Empleadores (IOE), instituciones que agrupan a las grandes empresas de todo el mundo. En dicho documento afirmaban que el proyecto de la Subcomisión socavaba los derechos humanos, los derechos y los legítimos intereses de las empresas privadas, que las obligaciones en materia de derecho humanos corresponden a los Estados y no a los actores privados y exhortaban a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a rechazar el proyecto aprobado por la Subcomisión. (2)

En 2005, la Comisión de Derechos Humanos ignorando por completo el Proyecto de Normas adoptado en 2003 por la Subcomisión, aprobó la Resolución 2005/69 en la que invitó al Secretario General de la ONU a designar un relator especial, para el cual sugirió un mandato inspirado en el Pacto Mundial.

Y para que nadie pensara que el Proyecto de la Subcomisión podía invocarse como una norma internacional vigente, la Comisión de Derechos Humanos se había ocupado de precisar en el último párrafo de su resolución 2004/116 que dicho Proyecto “…al ser un proyecto de propuesta, carece de autoridad legal y que la Subcomisión no debería ejercer ninguna función de vigilancia a este respecto”. Esta resolución reflejaba exactamente dos preocupaciones principales de las empresas transnacionales: que no se ejerciera control ni vigilancia alguna sobre las mismas y que no se atribuyera imperatividad u obligatoriedad al Proyecto de Normas de la Subcomisión ni a ningún instrumento existente o a crearse relacionado con la actividad de las empresas transnacionales.

En julio de 2005 el entonces Secretario General Kofi Annan nombró representante especial para estudiar el tema de las sociedades transnacionales al señor John Ruggie, su asesor principal en el Pacto Mundial, quien elaboró los Principios Rectores aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011.

Así se llega al estado actual de la cuestión reflejado en el Informe del Secretario General A/HRC/21/21 de julio de 2012 que responde a una línea invariable de la Secretaría seguida desde hace tiempo, como veremos en el párrafo III- 4.

III. En el Informe de la Secretaría General que se comenta (A/HRC/21/21) se puede constatar:

1) Que en el párrafo “Antecedentes” del Informe se omite citar el intento de establecer un Código de Conducta para las empresas transnacionales en el decenio de 1970 y el Proyecto de Normas de 2003 de la desaparecida Subcomisión, mencionados en el párrafo II precedente. Posiblemente porque dichos antecedentes están en abierta contradicción con la actual política de la ONU frente a las empresas transnacionales, reflejada en los Principios Rectores y en el Informe de la Secretaría General objeto de este comentario.

2) Todo el Informe se refiere a los Principios Rectores, sobre los que el párrafo 11 del mismo Informe reitera lo que ya se sabe: que de ellos “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”. Dicho de otra manera que son de aplicación VOLUNTARIA. Como algunas otras directrices de otros organismos mencionadas en los párrafos 13, 14 y 15 del Informe: las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; el Marco de Sostenibilidad Revisado de la Corporación Financiera Internacional; los Principios para las empresas sobre la protección de los niños, elaborados por el Pacto Mundial junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización Save the Children, tomando como base los Principios Rectores, etc. Nótese que, en este último caso, no se han tomado como base la Convención de los Derechos del Niño ni sus protocolos facultativos.

Cabe agregar que en esta línea “voluntaria”, en noviembre de 2004 el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobó las “directrices voluntarias” para poner en práctica el derecho a una alimentación adecuada.

En 1989 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales comenzó a debatir acerca de los derechos contenidos en el art. 11 del Pacto, ocupándose en esa oportunidad del derecho a una alimentación adecuada. Entre otras cosas, algunos miembros dijeron que los individuos, como sujetos de derecho internacional, estaban facultados para exigir la observancia de las obligaciones del Pacto (párr. 319 del Informe del Comité), que la denegación de la necesidad humana de alimentos constituía una violación de un derecho humano y que tenía que haber un derecho consuetudinario a interponer una acción contra el Estado cuando hubiese una privación sistemática del acceso a los alimentos (párr. 321), que el excedente de recursos mundiales de alimentos era patrimonio común de los hambrientos y los pobres y que sería una denegación de justicia rehusarles el acceso a esos recursos (párr. 322). El representante de la FAO dijo que el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre era un derecho fundamental establecido en el párrafo 2 del art. 11 del Pacto, el que estaba claramente relacionado con el derecho a la vida. En la observación general Nº 12 del Comité sobre el derecho a una alimentación adecuada, se dice: “el derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos. Este derecho se aplica a todas las personas”.

En el informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos Sr. Jean Ziegler sobre el derecho a la alimentación (E/CN.4/2001/53) de 7 de febrero de 2001, se establece la relación entre los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho a una alimentación adecuada. En su informe de 2005 (E/CN.4/2005/47), el Sr. Ziegler se detuvo sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados con relación del derecho a la alimentación: de respetar, de proteger y de promover y recomendó que los gobiernos deberían abstenerse de aplicar políticas o programas que puedan tener efectos negativos sobre el derecho a la alimentación de personas que viven fuera de su territorio. Volvió sobre esta cuestion en su informe de 2008 de 2008 (A/HRC/7/5).

¿Es admisible que la protección del derecho a la alimentación, como de otros derechos fundamentales, quede reducida a “directrices voluntarias”?

El Informe de la Secretaría General consagra la práctica (que comienza a extenderse, como se ha señalado más arriba) de suplantar las normas obligatorias de derecho internacional referidas a los derechos humanos fundamentales por Principios Rectores DE APLICACIÓN VOLUNTARIA y formaliza la renuncia del sistema de las Naciones Unidas a legislar especificamente en la materia para las empresas transnacionales, pese a la absoluta necesidad de hacerlo. Ello, de conformidad con lo exigido por el poder económico transnacional.

3) De manera congruente, todo el Informe se refiere a los Principios Rectores y no menciona ni una sola vez los instrumentos jurídicos básicos del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Esta llamativa omisión no se puede disimular con el párrafo 34 del Informe, que dice: “Teniendo en cuenta que los Principios Rectores no constituyen un conjunto de normas estático, es posible que aparezcan lagunas normativas. En ese caso, el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, con el apoyo de procesos abiertos de múltiples interesados, se encargará de la elaboración de las normas que sean necesarias ».
Cabe reiterar que los Principios Rectores no son, como dice el párrafo 34, un « conjunto de normas », ni estático ni dinámico, pues no reúne las características básicas de una norma jurídica : obligatoriedad y sanción en caso de desconocimiento o violación. De modo que no se trata de que sea … « posible que aparezcan lagunas normativas » sino que en materia de encuadramiento jurídico de las empresas transnacionales sigue existiendo un vacío normativo en el derecho internacional.

4) Según se desprende del Informe, uno de los mecanismos principales de promoción de los Principios Rectores es el Pacto Mundial.
La idea de incorporar a los “actores sociales” o “sociedad civil” a la cúpula de la ONU inspira a la Secretaría General de las Naciones Unidas desde hace algunos años y se adoptó oficialmente con el lanzamiento del Pacto Mundial, el 25 de julio del 2000, en la sede de la ONU en New York, con la participación de 44 grandes sociedades transnacionales y algunos otros “representantes de la sociedad civil”. Entre las sociedades participantes en el lanzamiento del Global Compact, se encuentraban, entre otras, British Petroleum, Nike, Shell, Rio Tinto y Novartis, con densos “curricula” en materia de violación de los derechos humanos y laborales o de daños al medio ambiente; la Lyonnaise des Eaux (Grupo Suez), cuyas actividades en materia de corrupción de funcionarios públicos con el fin de obtener el monopolio del agua potable son bien conocidas en Argentina, en Chile y en Francia, donde un ex alcalde de Grenoble fue condenado a prisión por corrupción en razón de haber concedido en 1989 el mercado del agua potable de la ciudad a la Lyonnaise des Eaux , a cambio de ventajas financieras evaluadas en 21 millones de francos de la época.

Esta alianza entre la ONU y grandes sociedades transnacionales crea una peligrosa confusión entre una institución política pública internacional como la ONU, que según la Carta representa a “los pueblos de las Naciones Unidas...” y un grupo de entidades representativas de los intereses privados de una elite económica internacional. Dicha alianza va pues, en sentido exactamente opuesto al necesario proceso de democratización de las Naciones Unidas.

El Pacto Mundial fue anunciado en 1998 por el Secretario General de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado “La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”(A/52/428).

El Secretario General decía en ese informe que... « la desregulación...se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo » (párr. 50 del Informe) y propugnaba la venta de las empresas públicas confiando... « la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros » (párr. 29). Al comienzo del mismo párrafo se pronunciaba contra la « amplia distribución del capital de las empresas privatizadas », es decir contra la participación de los pequeños ahorristas. La propuesta era clara: todas las grandes empresas rentables deben estar monopolizadas por el gran capital transnacional.

Es la legitimación de la política practicada a escala mundial de malvender las empresas públicas rentables (a veces mediante procedimientos francamente corruptos) para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

El 27 de abril de 2006 el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, dio la campanada de apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York con una invitación al mundo de las finanzas a adherir a los Principios para la Inversión Responsable.

Dijo Kofi Annan en Wall Street: “Hoy es cada vez más claro que los objetivos de las Naciones Unidas –paz, seguridad, desarrollo– van de la mano con la prosperidad y el crecimiento de los mercados. Si las sociedades fallan, los mercados fallan”. Agregó:

“En señal de que el paso que damos hoy es realmente significativo, los líderes de algunas de las más grandes e influyentes instituciones de inversión en el mundo se han unido a nosotros”, manifestó el Secretario General (Fuente: Noticias de la ONU).

Hoy se puede apreciar claramente el papel nefasto del capital financiero internacional, cordialmente acogido por el Secretario General, en la prolongada crisis que afecta a todos los pueblos del mundo.

El actual Secretario General, Ban Ki-moon, persistiendo en la misma orientación que su predecesor, declaró el 29 de enero de 2009 en el Foro Económico Mundial de Davos: “El interés propio bien entendido es la esencia de la responsabilidad empresarial y la clave para un mundo mejor”. (3)
5) El Grupo de Trabajo creado por la Resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos que se menciona en el párrafo 3 del Informe, tiene como mandato promover los Principios Rectores. No está previsto que reciba denuncias (es decir se excluyen mecanismos de vigilancia y control como existen en otros Grupos de Trabajo) ni que emprenda eventualmente tareas de codificación de normas obligatorias. Es significativo que en la resolución 17/4 sólo se mencionen los Principios Rectores y ni una sola vez los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

6) El Capítulo VI del Informe (Armonización de los procedimientos y las políticas de
las Naciones Unidas con los Principios Rectores), consta de tres subcapítulos : A (Gestión de la inversión) que se refiere a las inversiones de la Caja de Pensiones del Personal de Naciones Unidas ; un subcapítulo B (Adquisiciones) referido a las adquisiciones destinadas a la logística del sistema y un subcapítulo C (Asociaciones), bastante insólito, donde se puede leer : « En los últimos años, el número y el tipo de las asociaciones con empresas se han multiplicado rápidamente en el sistema de las Naciones Unidas » (párrafo 88). Y en el párrafo 89 se precisa : « Como parte de los esfuerzos coordinados por el Pacto Mundial para promover una mayor coherencia en las asociaciones comerciales de las Naciones Unidas (nuestro el subrayado), se elaboraron directrices sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y el sector empresarial a fin de establecer unas asociaciones más eficaces y garantizar al mismo tiempo la integridad e independencia de la Organización »…

De modo que ahora las Naciones Unidas se asocian comercialmente con empresas privadas.

Está muy lejos el tiempo en que el Centro de Derechos Humanos (antecesor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) rechazaba una donación de computadoras para no comprometer su independencia.

7) El párrafo 79 del Informe se refiere a la “política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización”.

Se trata de las empresas militares y de seguridad privadas contratadas por la ONU.

La Organización de las Naciones Unidas contrata cada vez más firmas militares y de seguridad privadas para sus operaciones en el mundo y para la custodia de sus instalaciones.

Desde su creación en 2005 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación ha alertado a los servicios pertinentes de Naciones Unidas sobre el hecho que empresas como Sandline, implicada en el conflicto de Sierra Leona y que violó una resolución del Consejo de Seguridad sobre el embargo de armas, se encontrara en la lista de empresas susceptibles de trabajar para el sistema de la ONU..

Regularmente el Grupo de trabajo ha llamado la atención sobre este fenómeno en sus informes a la Asamblea General (A/63/325 párr. 40 y A/64/311, párr..62).

Solo entre 2009 y 2010, la ONU incrementó en un 73 por ciento la contratación de servicios privados de seguridad, pasando de 44 millones a 76 millones de dólares, según un informe del organismo independiente Global Policy Forum (GPF). (4)

Entre otros servicios, estas empresas proveen a la ONU de guardias armados, seguridad para convoyes, evaluación de riesgos y entrenamiento.

En misiones específicas en el terreno aumentan las contrataciones, señaló la autora del informe, Lou Pingeot, coordinadora de programas del GPF.

"Cuando se analiza de 2006 a 2011, la participación de compañías privadas de seguridad y militares en misiones en el terreno se incrementó 250 por ciento", dice Pingeot.

El informe, titulado "Asociación peligrosa" y presentado en Nueva York el martes 10 de julio de 2012, se basa en una extensa investigación de Pingeot y colaboradores sobre los planes anuales de adquisiciones de las agencias de la ONU, así como en entrevistas oficiales y extraoficiales con funcionarios de Naciones Unidas.

El estudio constata un aumento de la contratación privada por parte de la ONU desde los años 90, comenzando con las misiones de mantenimiento de la paz en los Balcanes, en Sierra Leona y en Somalia.

El interés de la ONU por salvaguardar sus instalaciones se incrementó luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, y del ataque contra la Misión de Asistencia en Iraq en 2003, que costó la vida a 22 personas entre ellos a Sergio Vieira de Mello, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al año siguiente fue creado el Departamento de Seguridad y Protección de la ONU.

Un motivo de preocupación es la ausencia de parámetros y marcos que gobiernen la tarea de los contratistas, sobre todo en zonas de conflicto.

Otra inquietud es el posible choque entre los valores de la ONU y los de los mercenarios. Estos exhiben una "cultura de la superioridad" y una "propensión al uso de la violencia", según el informe, que también examinó los cables diplomáticos filtrados y divulgados por WikiLeaks, así como la cobertura de los medios de comunicación sobre esas firmas.

Aunque la discusión sobre el tema dentro de la ONU ha sido mínima, un informe de la Secretaría General de 2002 sobre las prácticas de contratación reconoció que estas "podían comprometer la seguridad y la protección del personal de la ONU", y llamó a las agencias a reemplazar a las firmas privadas por personal propio.

Entre las empresas contratadas se destaca la estadounidense DynCorp, que se vio involucrada en un escándalo de tráfico sexual durante la misión de la ONU en Bosnia en los años 90 (Film « The Whistleblower »). La compañía también realizó vuelos encubiertos bajo el programa de "entregas extraordinarias" de Estados Unidos, por el cual ese país secuestró a sospechosos de terrorismo para « interrogarlos » en prisiones secretas ubicadas en distintas partes del mundo.

Esto fue revelado durante una disputa judicial entre DynCorp y otra compañía privada, informada originalmente por la agencia Associated Press.

Otra importante firma que trabaja para la ONU es la británica de seguridad G4S, que recibió un contrato por 14 millones de dólares para la remoción de minas, y que por otra parte provee servicios de seguridad a los militares de Estados Unidos en Iraq.

Esa compañía ha sido investigada en Gran Bretaña por su trato a los inmigrantes en varios centros de detención de indocumentados que están bajo su administración. Ahora se postula para operar servicios policiales en dos condados de ese país.

El principal argumento para usar contratistas privados es que se ahorra dinero. Estados Unidos y Gran Bretaña son los países que más promueven esa externalización.

Además, la práctica de otorgar contratos sin licitación reduce cualquier beneficio financiero que pudiera traer la competencia de precios.

"Para mí, el resultado más sorprendente del informe es cómo la ONU durante más de 20 años ha evitado la discusión sobre el tema", comentó el director ejecutivo del Global Policy Forum, James Paul.

Un aspecto que ha impedido una discusión real es la influencia de dos grandes actores dentro de la ONU: Estados Unidos y Gran Bretaña, importantes clientes de esas empresas.

La industria aprovecha la cercanía con esos gobiernos pasa asegurarse apoyo en la obtención de contratos de la ONU, que no son los más lucrativos pero le dan prestigio a las empresas, según la investigación de Pingeot.

La estrecha relación entre los Estados Miembros y los contratistas privados hace que estos últimos tengan influencia en las políticas de la ONU y en las de los países, donde generan una mayor "necesidad" de seguridad.

Un dato adicional: Gregory Starr, actual Secretario General Adjunto a cargo del Departamento de Seguridad y Protección de las Naciones Unidas (nombrado por Ban Ki-moon en 2009), siendo Director de Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado los EE.UU, renovó el contrato de Estados Unidos con la empresa estadounidense de seguridad privada Blackwater en 2008 cuando ésta estaba siendo investigada por una matanza de civiles en Irak. Starr declaró entonces que Blackwater (que actualmente funciona con el nombre de Academi) “estaba haciendo en lo esencial un excelente trabajo”. http://news.bbc.co.uk/2/hi/7331972.stm.

Consultado sobre el Informe, el portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, emitió un comunicado el martes 10 de julio de 2012 señalando que la ONU trabaja en el borrador de un marco de responsabilidad para las compañías de seguridad privadas.

La respuesta de la Secretaría General no responde a la cuestión central del informe del Global Policy Forum, que llama a una "amplia revisión de la relación de la ONU y sus contratos con todas esas organizaciones, no solo las que proveen seguridad", afirmó la investigadora Lou Pingeot. (5)

Lo cierto es que el Proyecto de Convención sobre las empresas militares y de seguridad privadas no avanza y ahora se levantan voces para sostener que no es necesaria una Convención, pues bastaría con los « Principios Rectores ».

Lo que confirma la tendencia manifiesta a suplantar las normas obligatorias por « directrices voluntarias » incluso en un problema tan espinoso como el de las empresas privadas de seguridad, que mantienen crecientes relaciones comerciales con las Naciones Unidas, pese a que están reiteradamente implicadas en violaciones de los derechos humanos, como lo ha señalado en sucesivos informes el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

En 1978 la organización no gubernamental « Declaración de Berna », publicó un folleto titulado L’infiltration des firmes multinationales dans les organisations des Nations Unies , donde se explicaba de manera muy documentada las actividades desplegadas por grandes sociedades transnacionales (Brown Bovery, Nestlé, Sulzer, Ciba Geigy, Hoffmann La Roche, Sandoz, Massey Ferguson, etc.) para influir en las decisiones de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Ahora ya no se trata de «infiltración », sino de que se le han abierto de par en par las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales, las que orientan decisivamente las políticas de la Organización y se sirven de ésta para darse una imagen de respetuosas de los derechos humanos.

Notas:
1) Nations Unies, Conseil économique et social, Commission des sociétés transnationales: Rapport sur la première session, document E/5655; E/C.10/6 (New York, 1975, paragr. 6 et 9).
2) International Chamber of Commerce, Organisation Internationale des Employers, Joint views of the IOE and ICC on the draft “Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights”. www.iccwbo.org . Véase también Corporate Europe Observatory (CEO), Shell Leads International Business Campaign Against UN Human Rights Norms . CEO Info Brief, March 2004
3) Citado por Pedro Ramiro, Las multinacionales y la responsabilidad social corporativa : de la ética a la rentabilidad, en El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales, Hernández Zubizarreta, Juan y Pedro Ramiro (eds.). Icaria Editorial, Colección Antrazyt, Barcelona, junio de 2009.
4) Lou Pingeot, Dangerous Partnership. Private Military & Security Companies and the UN. http://www.globalpolicy.org/multimedia/podcast/51757-dangerous-partnership-private-military-and-security-companies-and-the-un-july-10-2012.html
5) Fuente: http://www.ipsnoticias.net/wap/news.asp?idnews=101185.

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Darío Balvidares: "La cuestión de publico siempre fue asumido y subsumido por el Estado" (Parte II - Final)

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

¿Por qué los docentes deberíamos pensar que relaciones hay entre el Estado, lo público y el mercado? ¿Lo íntimo es sólo lo doméstico o desde la bronca, el dolor y la alegría se pueden explorar caminos de lucha y dignidad? De estas y otras preguntas y certezas conversamos con Darío Balvidares. Sería bueno que la docencia empiece a dejar de "educar para el Estado" y fortalezca lo "público".



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Mediatización, femicidios y espasmos sociales

Claudia Rafael (APE)

“Cuando un maestro llamó a las nenas para decirles que su mamá había tenido un accidente, la de 9 años le dijo ´Fue Weber, ¿no? ¿Ya la mató?´”. Javier Weber es su papá. Y hace apenas unos días fue condenado a 21 años de prisión por intentar matar a su mamá. Ese hombre que alguna vez le derramó ternuras fue hasta la puerta de su escuela y baleó a Corina Fernández, su madre y la dejó gravemente herida. Ese hombre que -si no hay salidas anticipadas- dejará los muros de una cárcel cuando ella tenga 30 años.

Las grandes explosiones mediáticas se acordaron por estos días de historias femicidas. Grandes titulares reemplazaron entonces a las pujas por el subte porteño que a su vez ocupó el sitial del vatayón militante y Eduardo Vázquez en ese no debate sobre resocializaciones carcelarias. Y que, por su lado, reemplazó otros: el hambre que es y que no es según el medio periodístico de pertenencia; los niños violentados y asesinados; la tortura en comisarías hecha video casero.

Discusiones efímeras que mueren a poco de nacer. Titulares que luego ingieren la píldora de la desmemoria y quedan repentinamente ocultos en arcones de olvido hasta que sea necesario desenterrarlos nuevamente. Después de todo, el hambre, las torturas en manos de fuerzas de seguridad, los niños que seguirán siendo asesinados y violentados; la cárcel como magnífica institución represora y socializadora de miserias o las crónicas rojas de femicidios persistirán por siempre en una sociedad que las naturaliza y las amasa patológica y cruelmente.

Entonces, tras el esporádico horror mediatizado en un video casero en el que un hombre golpeaba a su ex mujer, sigue habiendo uno más que la picaneó, otro que la mató; Weber, que la baleó sin suerte; la adolescente Dayana Capaccio que fue apuñalada, baleada y quemada por su ex novio en Rosario; Carina Baginay que fue asesinada por su pareja en San Juan; la chaqueña Lucía Gallo que pelea por sobrevivir una vida que le dejará marcas en todo su cuerpo para siempre, si es que sobrevive. Y su pequeño bebé de 10 meses que crecerá sin madre o con los guiñapos de esa muchacha de apenas 22 años, que soñaba con ser docente y a la que un papá de tan solo 23 y policía la prendió fuego.

Los números –esos que no desnudan rostros, ni dolores, ni historias- plasmaban que en 2011 fueron 282 las mujeres víctimas de femicidio. Y que dejaron 346 niños sin mamá y, en gran parte de los casos, sin el papá, que terminó encarcelado, que les asestó el estigma de hijos de asesino y que a la vez les hirió el alma para siempre de crueldades.

Hoy las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia plantean un incremento del 57 por ciento de los casos entre 2010 y 2012. Si esa tendencia continúa, a fin de año las víctimas deberían rondar entre 400 y 440 mujeres. Que implicará más de 540 niños y adolescentes hijos del femicidio.

En Patas arriba, Galeano refleja:

-Estamos dormidas- dice una obrera del barrio Casavalle de Montevideo. -Algún príncipe te besa y te duerme. Cuando te despertás, el príncipe te aporrea.

Y otra:

-Yo tengo el miedo de mi madre, y mi madre tuvo el miedo de mi abuela.

Y luego concluye: Confirmaciones del derecho de propiedad: el macho propietario comprueba a golpes su derecho de propiedad sobre la hembra, como el macho y la hembra comprueban a golpes su derecho de propiedad sobre los hijos. Y hay que agregar, como tantas veces hizo el mismo Galeano, que la mujer, los indios, los negros además de ser vistos como inferiores han sido vistos como amenaza. En definitiva, el prójimo es siempre una amenaza y el mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla.

La mecánica del horror social es siempre la misma. La tortura consabida puertas adentro de una comisaría, muros más allá de la libertad, patios más allá de una seccional son portadores de espanto cuando llegan a los ojos a través de una pantalla de tv. Es sólo la visibilización lo que generará rechazo. No su silenciosa concreción. Cuando se conoció un video casero grabado con un teléfono celular de policías torturando dos jóvenes en el patio de un calabozo se expuso algo que –acuerdo tácito de la sociedad- es permitido siempre y cuando se mantenga a oscuras. La notoria exposición obliga a tomar postura ante algo que todos sabemos que estamos sabiendo. Aquello que no podemos eludir. Bastará un gesto de horror, bastará un mero rechazo gestual u onopatopéyico y se estará habilitado para olvidar.

Lo mismo pasa por estos días con el video casero grabado por familiares de una mujer víctima de violencias por parte de su ex marido en Bahía Blanca. La sociedad se ve obligada a reconocer la violencia de género. La justicia se ve obligada a actuar a pesar de no haberlo hecho cada una de las 15 veces que esa misma mujer denunció. Porque la imagen fílmica des-naturaliza y mueve a reaccionar aunque más no sea por un módico rato.

Luego cada cosa tornará lentamente a la natural ubicación dentro del ranking cotidiano de crueldades y sometimientos. Así funciona en este tipo de sociedades tan ajenas a una sociabilidad de ternuras y solidaridades.

El sistema, con el asentimiento perverso de la enorme mayoría de los comunes mortales, promueve equilibrios falsos donde los poderosos siguen riendo estruendosamente merced al padecimiento de los despreciados. Por instantes limitados muestra un gesto de espanto y luego, con rostro compungido, cierra los ojos, mira hacia otro lado y permite la continuidad perversa del pacto de la inequidad.

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YPF, la lucha de los trabajadores por los recursos y la verdadera soberanía

CPS ROMPIENDO CADENAS - INDYMEDIA

En esta entrevista con Rompiendo Cadenas, desde General Mosconi (Salta), Pepino Fernández, ex trabajador de YPF e histórico dirigente de la Unión de Trabajadores nos relata su historia, la lucha de los obreros ypefianos y de los desocupados en la actualidad y aporta su mirada sobre la situación actual de YPF y de los recursos hidrocarburíferos de nuestro país.

- Rompiendo Cadenas: ¿Cómo se desarrolló la empresa YPF en el norte del país?

- Pepino Fernández: Yacimientos Petrolíferos Fiscales llegó acá al norte en el año 1927, aunque la Standard Oil ya sacaba petróleo desde el año 1900. Había sido descubierto el petróleo en la zona en el año 1800 y algo, había lagunas, no había necesidad de perforar ni nada. Y ahí estuvo el primer pozo de la República Argentina en la Quebrada de Galarza. De la mano del General Mosconi llegó YPF.
La Standard Oil se queda en la zona, porque como son y han sido estos gobiernos vende-patria, - en ese tiempo estaba Cornejo como gobernador de Salta-, la Standard Oil compró con dinero al Gobernador para que les de las tierras fiscales para poder perforar. El gobierno le dio más áreas para perforar a la Standard Oil que a YPF. Hasta que viene Perón y nacionaliza todos los yacimientos del norte y corre a la Standard Oil y desde allí fue estatal hasta el 92.

-¿Cómo es la historia de tu familia en relación con YPF?

- Nosotros en la empresa venimos de tres generaciones, - padres, abuelos, tíos -, primero en los ferrocarriles y después comenzamos a trabajar en YPF. Toda la familia trabajaba en allí. Cuando uno ingresaba después los familiares también ingresaban. Acá no había desocupación, los yacimientos del norte estaban en varias provincias: Jujuy, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco. No circulaba el alcohol y la droga, había muchos jugadores de fútbol, de básquet, de vóley, todos los deportes se practicaban. En las escuelas se enseñaba el respeto al medio ambiente: nosotros aquí tenemos selva y monte. Todavía acá no había desmonte, no se plantaba la soja.
Yo entré a trabajar en YPF en el año 75, tenía 18 años y 7° grado solamente, pero YPF era una escuela. En la empresa me fui formando como un verdadero ingeniero, experto en fluidos de perforación. He trabajado en todo el país. Mis hermanas son todas docentes, las docentes no ganaban un peso y ellas se han dedicado a la docencia, no quisieron ingresar a YPF. Han trabajado en escuelas primarias, en escuelas de frontera, en escuelas indígenas, donde nadie quería trabajar, en el medio del monte, de la selva. Se transformaron también en buenas profesoras de geografía (risas).
Aguanté la época de Estela Martínez de Perón y luego vino la dictadura, donde nos bajaron todos los sueldos y nos quitaron todos los beneficios que teníamos los trabajadores. Pero igual seguimos trabajando. Aunque desde que asumieron Videla y Martínez de Hoz echaron a mucha gente, empezaron a traer a los norteamericanos. Empezaron a venir diferentes empresas norteamericanas al norte argentino. A ellos el gobierno de Martínez de Hoz les generaba millones de dólares, esto creó la gran deuda argentina que luego la dictadura militar estatizó (1).
Yo hacía perforaciones full time, trabajaba 24 hs., en pozos de 400 metros a los 3400 metros, de norte a sur del país, hasta en Río Grande he trabajado. Conocí muchos yacimientos, mucha gente, me fui capacitando más.

- ¿Cómo fue la lucha contra la privatización de los ‘90?

- Nosotros veníamos escuchando comentarios. Ya los militares quisieron hacerlo pero no pudieron todo, fueron privatizando algunos yacimientos y pozos. Después Alfonsín también privatizó algunos yacimientos. La dictadura, los radicales, los peronistas, todos han querido vender YPF para poder salvar los 4 o 6 años que tenían de función de gobierno. Hasta entonces era una gran empresa, una de las más grandes del país, creaba escuelas, universidades, hacía grandes cosas en el país. Subsidiaba combustible para los buques, aviones, las empresas de ferrocarril.
Desde que se cerró YPF han surgido enfermedades por cómo han contaminado todo, ha aumentado la desocupación. Por esto es que comenzamos a organizarnos y realizamos los grandes cortes de ruta que hemos protagonizado acá en el norte argentino. Mi padre y mi abuelo también lucharon por YPF. Y mientras nosotros bloqueábamos la entrada de los yacimientos para defender los recursos argentinos, el gobierno nos llamaba terroristas.
Todos los gobiernos desde Menem en adelante han hecho abandono de personas. Los empresarios y técnicos norteamericanos vienen con sus equipos y no compran ni un chicle acá. Cobran en dólares y a los empleados argentinos le pagan en pesos. Y a nosotros nos tratan como si no entendiéramos nada de dinero ni de leyes. Por eso nace el movimiento de trabajadores desocupados, por toda esta injusticia que hay con la gente, para defender nuestros derechos. Porque las empresas privadas han venido y se han llevado todo. Han seguido sacando y chupando el petróleo nuestro. Han hecho gasoductos, no para la Argentina sino para Chile, para seguir sacando el gas. Dos gasoductos han hecho para sacar el gas enriquecido que hay aquí y luego de Chile va para Canadá. El petróleo de campo Durán que sacan va para Paraguay, Bolivia y para Chile. ¿Y a quién metían preso? ¿Al funcionario que ha robado, que se ha enriquecido a través de los yacimientos que tenemos acá en la zona? ¿A quién le hicieron causas? ¿A los funcionarios, intendentes, presidentes, gobernadores, a aquel que levantó la mano para la privatización? No. Nos han hecho causas judiciales y nos han perseguido a los que luchamos contra este saqueo. Yo tengo más de 100 causas judiciales, en la justicia provincial y en la nacional. Nos acusan de narcotraficantes, de terroristas, de subversivos.
También han sido grandes culpables los sindicatos de obreros petroleros. El SUPE (Sindicato Unidos Petroleros del Estado) se robó 700 millones de dólares. Mientras ellos fueron cómplices y se beneficiaron nosotros fuimos golpeados y torturados como consecuencia de nuestra defensa de YPF. Son los mismos que ahora aparecen y levantan la mano, como Menem. No tienen vergüenza. Deberían ir a trabajar.
Hoy nosotros hacemos escuelas en la frontera con Bolivia, sobre el río Grande de Tarija, tenemos gente que trabaja ahí, cuidamos la frontera y los recursos naturales como el petróleo, el gas, cuidamos la selva, el monte, la tierra, que son tierras fiscales (tanto el Chaco boreal como la selva salteña son fiscales); a nosotros nos para la aduana argentina y la gendarmería nacional, que se dicen custodios de frontera y nos detiene. Por eso tenemos pedido de captura, por hacer escuelas -hemos hecho escuelas para 100 chicos que no las hace nadie- hemos llevado los materiales cruzando el río en balsas de madera. Estas cosas hace el movimiento de desocupados al que pertenecen las 20 cooperativas del movimiento. Y a nosotros nos meten presos. A nosotros nos para la gendarmería y nos revisa enteros. A los otros no. A los grandes empresarios que trafican haciendo aéreos, a ellos no los revisan, nos revisan a nosotros, porque quieren justificar todo lo que saquean, todo lo que trafican, a través de la persecución al movimiento de desocupados.

- ¿Qué piensan de la nacionalización del 51% de YPF?

- A nosotros nos parece bien, pero también tenemos importantes yacimientos en el norte argentino que ahora las tienen Tecpetrol, Pan American Energy, Pluspetrol. También tiene bloques de exploración y producción la empresa Gran Tierra Energy de Canadá. Todos los yacimientos los tienen controlados estos grandes empresarios privados. Nosotros no tenemos nada. El gobernador Urtubey es asesor y abogado de la Pan American Energy y de Tecpetrol, que es de los Rocca. Todos estos que se han enriquecido con la dictadura, son los nuevos empresarios argentinos que ahora han comprado acá la tierra.
Primero hay que controlar el robo, nosotros deberíamos controlar nuestros propios recursos. No puede ser que se manden recursos a otros países, como el gas a Chile, y que se facture o declare por debajo de lo que se exporta. Tecpetrol, Pluspetrol, Refinol de Pérez Companc, roban acá en la Argentina. Hacen figurar en las planillas menos petróleo del que sacan. Es fácil, no es difícil. No se necesita de inversores, de aves de rapiña que vengan a asociarse. Se podría hacer con lo que se tiene ahora. Hay muchos pozos abandonados, acá en el norte, en el sur, que se pueden volver a poner en producción. Cuando YPF perforaba sacaba la producción inicial. Cuando bajaba la presión y el caudal de petróleo, ese pozo se tapaba y se seguía perforando en otro lado. En el norte argentino hay cerca de 3.500 pozos, tenemos equipos de perforación para sacar con camiones sin necesidad de hacer grandes inversiones. Es un petróleo que es muy liviano y que enseguida se gasifica.

- ¿El gobierno convocó a los ex trabajadores de YPF?

- Nosotros no hemos sido convocados. Hace unos días fuimos a Puerto Madero donde hay una oficina y nos presentamos como accionistas de YPF. Y nos preguntaron ¿ustedes tienen acciones? Y sí, dijimos nosotros, tenemos un 10 u 11%. Para poder vender la empresa, Menem, Manzano y todas esas lacras crearon YPF Sociedad Anónima. Y cualquiera que haya leído algún libro de contabilidad sabe que cualquier sociedad anónima tiene un paquete de acciones que es de los obreros. El 10% de todo lo que tenía YPF, oleoductos, gasoductos, destilerías, buques. Más las acciones que tenía en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en España, en Argelia, en diferentes lugares del mundo. Porque era una empresa muy grande que exploraba, explotaba, procesaba y comercializaba.
Nos atendió un gerente de inversiones y dijo que no, que nosotros no teníamos nada, que fuéramos a ver a la Presidenta o a Julio de Vido. Y como estaban ahí muchos periodistas esperando en la puerta aprovechamos y les dijimos que nosotros éramos del yacimiento norte, que veníamos por el tema de las acciones obreras (2). Con los compañeros del yacimiento de Jujuy planteamos que teníamos derechos, que queríamos nombrar un director por la minoría. Y resulta que teníamos razón: 55 millones de pesos tenemos los obreros ypefianos pero se nos dice que 45 millones ya Repsol YPF los había vendido en la bolsa de Nueva York. ¡Y ni nos enteramos nosotros! Nosotros calculábamos que Repsol se había llevado unos 75 millones de dólares. ¡Y al otro día sale Kicillof diciendo que eran más de 100 mil millones de dólares! ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos que estar con planes trabajar, viviendo de subsidios del estado, con todas las riquezas que tenemos? Y hablo de petróleo y gas. No hablo de las hectáreas que han desmontado por la soja y todo eso. ¿Cómo van a estar mal los jubilados y los maestros? ¿Cómo puede ser que estén tan mal los hospitales de la zona si hay tanta riqueza? Por eso es que luchamos nosotros, y por eso nos persiguen y nos quieren desprestigiar.

Notas:
1) YPF fue la empresa nacional que más endeudó la Dictadura y su situación se convirtió en el caso emblemático de la desnacionalización estatal. La práctica más frecuente, inculcada por los organismos financieros internacionales, era la de tomar créditos externos -en dólares- a nombre de YPF y posteriormente dirigirlos hacia gastos corrientes y el mercado cambiario. Hacia la compañía sólo se destinaban fondos en pesos para el funcionamiento administrativo. Las empresas del Estado se transformaron en las poleas transmisoras de la obtención de los créditos externos que provenían fundamentalmente de bancos estadounidenses. De ahí surge la gravedad del endeudamiento de YPF, acreencias que en 7 años (desde 1976 a 1983) se incrementaron en un 2.000%.
2) La Mesa Coordinadora de Ex-Agentes de YPF de Salta reclamó a legisladores nacionales que incluyan en el proyecto de expropiación una cláusula que asegure la restitución del 10% de las acciones que, por propiedad participada, debía distribuirse entre los trabajadores que tenía la petrolera cuando fue privatizada en enero 1991. La entidad recordó que por complicidades de funcionarios, gremialistas y empresarios las acciones obreras que correspondían a 36.935 trabajadores de la empresa terminaron adquiridas por la española Repsol. Por este incumplimiento, en 2002 el Congreso dispuso por ley una indemnización para los ex agentes perjudicados, la que se hizo efectiva a partir de 2003 con montos decretados muy por debajo del valor de mercado de las acciones (Diario El Tribuno de Salta, 24 de abril de 2012).

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Argentina. Coparticipación: Qué es, cómo se compone y qué papel juega en la política hoy

ANRED

En una entrevista con El Caminante, el economista Martín Kalos explica qué es la coparticipación federal de impuestos y la situación actual de la distribución de ingresos entre los estados provinciales y el Estado Nacional.

Coparticipación: Relación entre las provincias y la nación

Un tema del que siempre se oye hablar pero no siempre se comprende cabalmente; entrevistamos a Martín Kalos, economista, docente universitario y miembro de la agrupación BASE de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

EC: ¿A qué se llama coparticipación y cómo se compone?

MK: La coparticipación federal de impuestos es el mecanismo a través del cual la nación le gira plata a las provincias. Es un acuerdo que existe en nuestro país desde la década del ´30 y que se va renovando cada 10 años, o que debería hacerlo, ya que en realidad actualmente no se renueva desde el ´85. La coparticipación establece en qué proporción el dinero que recauda el estado a través de impuestos va a ser luego transferido a las provincias; cuando decimos impuestos nos referimos a todos los impuestos internos, ya que no se coparticipan los impuestos aduaneros, o sea, aquellos impuestos producto del comercio exterior, esos quedan enteramente en manos de la nación. Entonces, la nación es quien recauda ese dinero del cuál luego un porcentaje se distribuye entre las provincias.

Esta distribución, la coparticipación, se da en varios pasos, primero al volumen total coparticipable se le van quitando determinadas sumas de dinero que se giran a objetivos específicos, como por ejemplo a contribuir al ANSES, o para el famoso fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense, etc. Luego de quitadas esas sumas se hace el reparto; en un primer paso se hace la división de cuánto va de esa masa total de dinero al Estado Nacional y cuánto va a las provincias. Actualmente la nación se queda con el 52% del total, los estados provinciales con el 47% aproximadamente, y el 1% restante va como aporte al tesoro nacional. Luego, en un segundo paso, se determina cuánto de ese 47% que va a las provincias le corresponde a cada una de ellas.

EC: ¿Los impuestos municipales y provinciales también los recauda el Estado Nacional y luego vuelven a cada provincia o municipio en forma de coparticipación?

MK: No, sólo los fondos recaudados por impuestos nacionales que no provengan del comercio exterior; los impuestos municipales como el ABL, patente, etc., los cobran los municipios y quedan en los municipios. Lo mismo ocurre con los impuestos provinciales como: ingresos brutos, impuesto al sello, entre otros. Los recaudan las provincias y se los quedan las provincias. Los impuestos nacionales, que son los que se coparticipan, son el IVA, los impuestos a las ganancias, el impuesto a los combustibles, por ejemplo.

EC: ¿Y cómo se determina cuanto se coparticipa a cada provincia?

MK: En principio te aclaro que la última vez que se hizo este cálculo fue en el año ´85, la última vez que hubo un acuerdo de coparticipación, y se hizo en base a tres criterios: la población total de cada provincia, la densidad de población y la brecha de desarrollo; o sea, la idea es darle mayor cantidad de dinero a las provincias con mayor densidad de población, con mayor población total y con menor desarrollo. Así es como, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, que aporta un porcentaje muy grande de los recursos tributarios, recibe alrededor del 20% de la coparticipación, le siguen Santa Fe y Córdoba con algo más del 9%, y así va bajando provincia por provincia, teniendo en cuenta esos tres criterios.

EC: Llevando el tema a un ámbito más político. En los últimos meses se han vivido conflictos en diferentes provincias como Buenos Aires, Santa Cruz o Entre Ríos, donde los respectivos gobiernos no pudieron afrontar pagos de sueldos o aguinaldos. En este marco se escucharon críticas de que el gobierno nacional estaría reteniendo fondos coparticipables. ¿Esto es así?

La coparticipación se gira automáticamente. Los fondos coparticipables se depositan en cuentas del Banco Nación y de ahí se giran automáticamente, y eso se está cumpliendo. Pero sí hay algunas otras cuestiones que se podrían analizar. En principio, las provincias han sido históricamente deficitarias por la estructura misma del aparato que tienen que mantener; las provincias no recaudan mucho por sí mismas, la única que tiene una recaudación propia relevante en comparación con lo que recibe del Estado Nacional es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el resto es altamente dependiente de lo que el Estado Nacional les gira, sea por coparticipación o por otros conceptos. Pero ocurre que las provincias tienen gastos que estructuralmente exceden lo que pueden recibir de coparticipación y de cualquier otro concepto, ya que a las provincias se les ha girado en las últimas décadas muchos gastos y responsabilidades sin que se les giren los recursos necesarios para que puedan cumplirlos, los más relevantes son los ocurridos en los ´70 y en los ´90 con el traspaso de la educación y la salud a las provincias, sin darles los fondo necesarios para afrontar estos gastos.

Ese es un aspecto, por otro lado sí es cierto que en los últimos años las provincias han gozado, como en general todos los niveles del Estado, de una situación muy favorable, con ingresos bastante elevados (en términos históricos), y teniendo déficits bajos o superávits en algunos momentos. Pero esta situación se ha venido deteriorando en estos últimos meses con el menor crecimiento económico que se está evidenciando en la Argentina, incluso con crisis incipientes en algunos sectores productivos; la recaudación total cayó mucho, y sobre todo cayó en los rubros que son coparticipables, o sea, no cayó tanto la recaudación por comercio exterior, pero si cayó la recaudación por impuestos internos, es ahí entonces donde los recursos que le llegan a las provincias se desaceleraron mucho más que los que le llegan a la nación

EC: ¿Y ante esta realidad la nación no evalúa medidas extraordinarias para atender la situación de las provincias?

MK: Bueno, en los últimos años la nación tuvo algunos gestos como para aliviar las cajas provinciales. Uno de ellos fue el fondo solidario de la soja, donde una parte de lo recaudado por el Estado Nacional en concepto de derechos de exportación de soja se gira a las provincias. Otro fue el fondo federal de desendeudamiento argentino donde se fueron refinanciando las deudas que las provincias tenían con la nación, y a tal punto se siguen refinanciando que aún hoy no se han empezado a pagar.

Igualmente, en lo que sí hay un acuerdo casi general entre economistas es que es necesario rediscutir la coparticipación de forma general. Lo que ocurre aquí es que, para que alguna provincia reciba más dinero, alguna otra o el mismo Estado Nacional tiene que recibir menos, por lo tanto hay intereses que impiden que esa discusión se abra, por más que la constitución del ´94 obliga a renegociar nuevos acuerdos, cosa que no se ha cumplido luego de 17 años

EC: Para terminar, en los últimos días, De La Sota, Gobernador de Córdoba, publicó una carta a través de la cual pide al gobierno nacional que dé de baja el pacto fiscal, e intenta reclutar otros gobernadores para apoyar su reclamo. ¿Qué es esto?

Como te explicaba al principio, de la masa total coparticipable, antes de ser distribuida, se quitan partes para diferentes objetivos, una de esa partes es dinero que se destina al ANSES y que representa el 15% del monto que debería ir a cada provincia; a eso se lo llama Pacto Fiscal. El reclamo de De La Sota es polémico ya que se estaría pidiendo que, para financiar a las provincias se desfinancie la seguridad social. Igualmente lo más probable es que esta batalla legal no desemboque en nada ya que para aplicarse cualquier cambio al régimen de coparticipación hacen falta las 25 firmas de los Estados Autónomos de la Nación, o sea, las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacional.

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