jueves, 23 de agosto de 2012

Juicio contra Joaquín Pérez Becerra, director de ANNCOL (Parte III): Declaraciones contradictorias y vagas de un desertor de las FARC

Ingrid Storgen (ANNCOL, especial para ARGENPRESS.info)

El martes pasado en el juicio contra Joaquín Pérez, el testigo de la Fiscalía, un desertor o infiltrado en la guerrilla, dice haber visto a Joaquín Pérez en un campamento con 'Iván Márquez'. Pero hay mucha inconsistencia en su declaración.

Abel Pedraza, alias ‘Ernesto Medina’, ex integrante del frente 41 de las Farc, fue quién reveló que Pérez sí se reunió en los campamentos de las Farc, según publica El Tiempo [1].

“Observé a Pérez en enero del 2003 en el campamento con Iván Márquez, jefe internacional de Paz de las Farc, haciendo charlas de orden político e ideológico, presentando informes e informando cómo estaban los partidos políticos en el mundo y de la importancia de la publicidad”, dijo el desmovilizado.

Foto: Hay mucha gente que ha ido y va a los campamentos de la insurgencia. No es un delito, menos para un ciudadano sueco y periodista como Joaquín Pérez, si sea cierta la declaración del desertor que Pérez rechaza. El desertor tilda a Iván Márquez jefe de la Comisión Internacional cuando, en el 2003, fue Raúl Reyes hasta 2008. No encajan las declaraciones del testigo de la fiscal pese que fue preparado por la inteligencia militar.

Iván Márquez contra Rául Reyes, Norte contra Sur

Dick Emanuelsson, subdirector de ANNCOL y testigo en la audiencia el mismo día, cuestiona la veracidad del testigo de la inteligencia militar:

– Hay una falla también en este caso y los periodistas o conocedores del conflicto colombiano nos damos cuenta de eso. El desertor dijo “observé a Pérez, en el 2003, en el campamento con Iván Márquez, jefe de la Comisión Internacional de las Farc”.

Foto: Rául Reyes (Izq.) y Iván Marquez. El primero era jefe de la Comisión Internacional de la guerrilla hasta su muerte el 1 de marzo 2008 pero el desertor dice que Iván Marquez lo era y al cual Joaquín Pérez visitiba 2003. El primero estaba estacionado en el extremo sur, y el segundo en el extremo norte de Colombia.

– El detalle no es menor, es un escándalo del absurdo, ya que Iván Márquez no era jefe de la Comisión Internacional de las Farc, sino que ese cargo recaía en Raúl Reyes. Para nadie es un secreto que Reyes recibió a mucha gente del exterior en los campamentos suyos, también este reportero estuvo en varios de ellos en 1998, 1999, 2001 y en abril del 2005, cada vez en un diferente campamento. La razón es sencilla; Reyes era la persona encargada del Secretariado de las FARC que solía dar declaraciones públicas a la prensa. También se que encontraba con personajes como Piedad Córdoba y otros en el trabajo para el intercambio de prisioneros entre Estado y guerrilla. Reyes tenía ese cargo hasta su muerte 1 de marzo 2008.

– Si efectivamente Joaquín Pérez era de la Comisión Internacional de las FARC, no era en el campamento de Iván Márquez que se reunía con su “jefe” sino en el Bloque Sur, donde estaba ubicado el comandante Reyes. Márquez mandaba en el Bloque Caribe, en el extremo norte de Colombia, mientras Reyes estaba ubicado en el Bloque Sur de las FARC, es decir, en el extremo sur de Colombia, frontera con Ecuador.

“Medios amigos” o medios de las FARC?

En el próximo renglón dice el testigo de la Fiscal:

“Nos informaban que Anncol y Café Stereo eran medios amigos para apoyar a las Farc, para difundir y discutir sus propósitos y en éstos, Alberto Martínez (Joaquín P.) tenía participación” añadió Pedraza.

– Este desertor es presentado como guerrillero raso y no es de ningún mando medio o del frente. Cualquier conocedor de las FARC sabe que los guerrilleros rasos ni los mandos medios estan sentados en la mesa en donde es recibido una visita por un comandante del frente o del Bloque y menos comparten información delicada. Entonces, ¿de donde saca el desertor esa información, comenta Emanuelsson y sigue:

Segundo; es interesante que el testigo de la fiscalía, preparado por la inteligencia militar para actuar en casos como éste, solo admita que “Anncol y Café Stereo era medios amigos”, es decir, ni siquiera dijo que eran “órganos que obedecen las directrices de las FARC”, como la inteligencia militar y el DAS siempre han sostenido. Hay que registrar también la declaración en donde dice que “Alberto Martínez tenía participación”, o sea como cualquier integrante de un medio y no un control y función líder del medio. Muy vaga la declaración en esa parte.


Sabido es que un desertor tiene que dar algo para recibir los beneficios (que van desde dinero hasta rebajas de penas) y a nadie pudieron convencer. Por eso, si el juez no quiere quedar en la historia como un funcionario del Estado que administró un caso dirigido desde las altas esferas militares y oligarcas, pues esperamos que entienda que este caso no va a terminar así no más, concluye el subdirector de ANNCOL su relato sobre la audiencia el martes pasado.

El testimonio de Dick Emanuelsson concluye con la misma firmeza con la que se manifestó en cada párrafo transcripto. Queda ampliamente demostrado que Joaquín Pérez Becerra y ANNCOL no pertenecen a ninguna organización guerrillera, estimo que así habrá de interpretarlo la justicia si mantiene toda la independencia que corresponde.

Foto: Marcado por las condiciones infrahumanas en las cárceles colombianas y la necesidad de dos operaciones, llegó el director de ANNCOL, Joaquín Pérez Becerra a la audiencia el martes pasado. Un desertor de la guerrilla con declaraciones muy vagas y contradictorias fue el testigo de la Fiscal mientras la defensa presentó el cofundador de ANNCOL, el periodista sueco Dick Emanuelsson, actual subdirector de la agencia, para reforzar la defensa.

Nota:
1) El Tiempo, 15 de agosto 2012: Desmovilizado dice que editor de Anncol sí iba a campamentos de Farc.

Audio del texto: https://www.box.com/s/c6b27e12ba185344d37b.

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Entrevista a Iván Carrasco, líder del nuevo Partido Igualdad, de Chile

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Leyes de Pinochet prohíben que partidos políticos aludan lucha de clases, "que el pueblo mande" y solidaridad internacional.

Las “leyes” de Pinochet (1973-1990) aún prohíben en Chile que un partido político tenga lemas con la palabra “lucha”, porque la ley dice que ese término remite a “la lucha de clases”, “prohibida” por decreto-ley por el dictador. Todas las leyes políticas de la dictadura militar continúan plenamente vigentes, incluida la Constitución de 1980, aunque todas fueron literalmente “dictadas” en una habitación del Palacio de La Moneda.

Tampoco se puede usar slogan como “Que mande el pueblo”, porque “quien manda no es el pueblo, sino el gobierno”. La ley de partidos políticos no permite ninguna expresión como “solidaridad con otros pueblos” porque indicarían “influencia de ideas foráneas”, de manera que también esas están prohibidas.

Así lo explicó el sociólogo Iván Carrasco Mora, 42, secretario general del nuevo partido Igualdad, al relatar las peripecias que signaron la inscripción legal de su organización con la confluencia de 36 movimientos sociales y agrupaciones políticas de 6 de las 15 regiones del país, en un proceso similar al del Partido de los Trabajadores de Brasil, el nuevo partido de Manuel Zelaya en Honduras y un partido relevante recientemente constituido en Panamá.


Carrasco anunció que competirán en las presidenciales 2013, con su partido extendido a 10 regiones, dos más que las 8 exigidas por la ley para esa contienda. El hijo del periodista José Carrasco Tapia vivió exiliado con su madre, Olivia Mora Campos –también periodista–, en Perú y México y regresó a Chile en 1984 para vivir con su padre, pero tras su asesinato en 1986 volvió a México y regresó definitivamente a Chile en 1988. Estudió economía y después, sociología.

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Entonces, ¿cuán difícil es formar hoy un partido en esta “democracia protegida”?

Chile es el lugar más difícil del mundo para estos efectos. Formar un partido es más difícil que en Alemania y que en Argentina. En España le dan al nuevo partido la posibilidad de lanzarse a la elección y si alcanza un porcentaje mínimo de votos, ese guarismo le permite convertirse en partido. En Alemania se requieren 2.000 firmas de ciudadanos. En Chile, un mínimo de 100 personas legalizadas en una notaría, como una suerte de “promotores” del nuevo partido, tiene que juntar las firmas legalizadas del 0,5% del electorado que haya votado en la última elección de diputados en cada una de las 15 regiones. En la Región 13ª (Metropolitana de Santiago) se necesitan 16 mil rúbricas, en Concepción (8ª Región) 6 mil, en la 5ª Región (Valparaíso) 5 mil, y así… Hay que llevar ante un notario a miles de personas que no estén afiliadas a ningún partido, pagar la ficha de inscripción para ese montón de gente y, una vez aprobado, el nuevo partido tiene 6 meses para constituir un consejo general, consejos regionales donde esté inscrito, mesa directiva nacional y tribunal supremo. El sistema se defiende así de la aparición de nuevos competidores. Los aspirantes a la competencia electoral deben pagar un piso de entrada alto. Para poder hacer todo esto se requieren funcionarios a tiempo completo, el consejo general tiene que reunirse obligatoriamente en los plazos indicados por la ley, y todo con notario, papeleo, sellos, estampillas…

¿Qué otras trabas pone el sistema de partidos heredado de Pinochet?

La Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, de marzo de 1987, restringe un montón de cosas, dispuestas por la dictadura entre 1973 y 1990. Habíamos pensado añadirle al nombre del partido la consigna "Que el pueblo mandé". El Servicio Electoral (Servel) la rechazó porque en Chile “no manda el pueblo, manda el gobierno”. Por lo tanto el lema era inconstitucional, ya que esta ley, además, es “orgánica y constitucional”, lo que significa un alto quórum para modificarla, pues se requiere una reforma constitucional previa, como en el caso de la “ley orgánica constitucional de educación”. Son leyes que exigen 4 séptimos, un quórum más alto que la mayoría simple.

Quisimos poner el lema "Pueblo en lucha", pero en Chile no se puede poner "lucha" porque esa palabra remite a la lucha de clases, que fue “prohibida por Pinochet” y los partidos en Chile, por ley, no pueden estimular, ni pueden promover “la lucha de clases”. La ley dice que sólo tienen que ser "orientadores para el buen gobernar y la gobernanza”. Por ley, sólo pueden apoyar el buen gobierno. Está en la ley de partidos políticos.

En la declaración de principios tacharon una línea sí, otra no. En el plano del internacionalismo, por ejemplo, nos declarábamos “hermanos con las luchas sociales y políticas de los pueblos latinoamericanos”, etc. Todo eso salió para fuera, porque en Chile ningún partido puede ser “dependiente de ideas foráneas”, menos para promover “la lucha”. Está en la ley que describe los “objetivos de los partidos políticos”.

Hay términos y expresiones que tampoco se pueden mencionar, como “internacionalismo”, “convergencia” y “solidaridad con la luchas por la liberación latinoamericana”. De la “legislación” decretada por Pinochet, en 22 años de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, sólo sacaron el artículo 8° que prohibía el marxismo, pero dejaron toda la estructura jurídica de la dictadura, legaron todo el andamiaje. ¡No a la lucha de clase!, sólo apoyo a los gobernantes.

Hay, además, un sinfín de trabas burocráticas, notarios, plazos para juntar firmas, fechas fijas para constituir consejos, efectuar reuniones, en fin… Estamos constituidos en 6 Regiones (1ª, 2ª 4ª, 5ª, 13ª y 15ª, contigua a la 1ª y 2ª, aunque su numeración no sea correlativa), pero pronto nos inscribiremos en la 3ª Región-Copiapó, donde hay organizaciones ambientales relacionadas con la lucha contra Pascua Lama, el mineral de oro de la Barrick Gold que destruyó los glaciares, y varios sindicatos mineros. Enseguida nos inscribiremos en la 6ª Región, pues en Rancagua también hay grupos de gente que aboga por la Asamblea Constituyente para darle al país una nueva Constitución, democrática y de verdad, que sustituya a la actual heredada de la dictadura. Seguiremos en la 14ª Región (De Los Ríos, Valdivia), donde hay dirigentes sindicales textiles de Valdivia muy activos en este proyecto. Nos proponemos llegar a 2013 con 10 de las 15 regiones legalizadas y 36 mil afiliados, más que suficientes para tener derecho a candidato presidencial, pues la ley pide 8 regiones legalizadas y 36 mil afiliados.

¿Cómo se constituyó el partido?

Igualdad es el único partido en Chile compuesto de verdad por puras organizaciones sociales. Esto no es un desprendimiento de ningún partido grande; no es como el PRO (Partido Progresista de Chile, de Marco Enríquez Ominami, ex diputado del Partido Socialista, PS), que salió de la Concertación; ni como el MAS (Movimiento Amplio Social, del senador Alejandro Navarro, ex PS), que se forma del PS. Es el primer partido en Chile formado y legalizado a partir de organizaciones sociales populares, en este caso, poblacionales en su mayoría, pero también estudiantiles, sindicales e incluso indígenas. Por ejemplo, los candidatos que van en Putre –extremo norte, 15ª Región Arica-Parinacota– son todos dirigentes aymaras seguidores de la corriente Pachacuti, una tendencia revolucionaria dentro de ese pueblo.

Este partido fue legalizado por los dirigentes y las organizaciones sociales. No es un partido que haya nacido de unos "renovados" de la Concertación o reciclados de tal o cuál partido, o arrepentidos a lo largo del proceso. No. Son todos dirigentes que por años han estado luchando por los derechos de la gente en la base social. Por ejemplo, en Buin, van de candidatos a concejales dos dirigentes que hace un año lideraron la huelga de hambre de los estudiantes. La gran mayoría de los 181 candidatos son dirigentes de base populares, acreditados en sus frentes de lucha.

¿Cómo funciona la “cúpula” del partido?

El partido tiene un protocolo nada usual: Las cúpulas no deciden quién va de candidato, como en los partidos tradicionales, sino las asambleas de base de cada comuna o municipio. Hasta allí concurren las organizaciones sociales, los comunales informan y el partido se limita a inscribir a los candidatos. En los partidos tradicionales, no hay candidato si no está la venia de las cúpulas. Son formas nuevas de hacer política que se han ido imponiendo en el movimiento social y que el partido recoge como su lógica de funcionamiento.

¿Qué figuras conocidas llevan como candidatos?

Hay líderes sociales y dirigentes estudiantiles emblemáticos y reconocidos por su entorno social, como estos candidatos:

- Eduardo Salazar Pérez, candidato a concejal de La Pintana (13ª Región Santiago), presidente de la Federación de Estudiantes de la estatal Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), quien en junio de 2011 lideró una funa (scratch) contra Joaquín Lavín, entonces ministro de Educación, cuando el think tank ultra derechista Libertad y Desarrollo celebraba con un cóctel los 30 años del ingreso de privados al negocio universitario, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Lavín, que todavía era co-propietario de la Universidad del Desarrollo, anunció por TV que se encargaría personalmente de evitar que la UTEM fuera acreditada. "Estamos completamente en contra del sistema privatizador de la educación y no vamos a aceptar ninguna migaja; estamos en pie de guerra contra la educación privada", dijo entonces Salazar Pérez.

- Eva Chang Chamba, candidata a alcaldesa de Arica, dirigenta campesina de los pequeños productores de uva del Valle de Azapa, quienes luchan contra las corporaciones transgénicas que compran tierras y extraen olivares centenarios para sembrar maíz transgénico, cuyo destino todavía es un misterio.

- Roxana del Pilar Miranda Meneses, candidata a alcalde por San Bernardo, dirigenta emblemática de los deudores habitacionales.

- Rosalba Ortiz Cid, candidata a concejal en Valparaíso, dirigenta reconocida por el empleo mínimo.

- Gloria Negrete Verdugo y Cristóbal Róbinson Leiva, candidatos a concejales por Buin, son los dirigentes que hace un año encabezaron la huelga de hambre de los estudiantes de esa ciudad cercana a Santiago.

- Silvia Estela Badillo Tapia, candidata a concejal en Vilos (IV Región, Coquimbo-La Serena), es líder emblemática de los habitantes del área minera y campesina, que piden la destrucción de la represa de relaves Los Caimanes, desechos contaminantes de mineral de cobre de la gran mina Los Pelambres, del grupo Luksic (el 32° más rico del mundo, según Forbes, con 17.800 millones de dólares). La represa de desechos tiene un muro de más de 150 mts, es la segunda más grande de América Latina, ya contaminó las napas subterráneas y el río Choapa, y ahora amenaza con aplastar a un pueblo entero en caso de derrumbe del muro de contención averiado por los frecuentes sismos. Los Luksic llevaron a la justicia a todos los líderes del movimiento social acusándolos de “terrorismo”.

- Adelaida Clorinda Marca Gutiérrez, Lissette Vásquez Condori, Aldo José Gómez Jaña, Luis Humire Mercado y Jaime Vicente Ocaña, en su mayoría son reconocidos líderes indígenas aymará de la corriente Pachacuti, que postulan como concejales en Putre (15ª Región Arica-Parinacota), propuestos y reconocidos por sus organizaciones sociales. La candidata a alcaldesa es Fernanda Santos Ticlle.

- Francisco Gabriel Marín Castro, periodista joven, corresponsal de la revista Proceso de México, es el candidato a alcalde en Valparaíso. También es activista cultural, social y político que ha luchado por convertir a la ex cárcel del puerto en un espacio cultural de esparcimiento gratuito, para niños y adultos.

- Mauricio Concha, dirigente de los cerros de Talcahuano (8ª Región, Concepción), candidato a concejal.

- Luis Vega González, dirigente de la Red Ambiental del Norte (4ª Región), es candidato a concejal por La Serena.

- Olga Mora Castillo, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Antofagasta, va como candidata a concejal.

- Javier Sandoval, ex presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción de los años 90, es candidato a Concejal en esa ciudad.

- Matías Ignacio Nieto Enrione, candidato a concejal por Ñuñoa, y Matías Mlynarz Puig, candidato a alcalde, son otras dos figuras de esta comuna de Santiago.

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- Rosario Carvajal, licenciada en historia, candidata a con concejal por Santiago, es dirigenta de la organización Patrimonio y Barrio Yungay, de antigua trayectoria en la lucha por preservar la identidad de su barrio situado en la expansión más antigua de la ciudad, tras su fundación alrededor de lo que hoy es la Plaza de Armas. Para la preservación de la calidad de vida de estos vecinos sus peores enemigos son la industria inmobiliaria y el alcalde de turno.

- Lautaro Guanca, concejal de Peñalolén, líder del plebiscito que derrotó el plano regulador del alcalde Claudio Orrego, ahora es candidato a sustituirlo, pero ha sido víctima de un montaje judicial orquestado por la Municipalidad de Orrego y la Fiscalía, que lo acusó de agredir a un carabinero… casi un año después de una manifestación efectuada en septiembre de 2011. La acusación judicial lo despoja de sus derechos políticos hasta que se pronuncie el tribunal, objetivo perseguido por quienes idearon que un hombre de 1,60 mt podría causar lesiones a un policía de 2 mt, protegido por armadura anti-motines, casco, armas y la parafernalia de un carabinero de Chile en tareas de represión. En rigor, en ese episodio fue el carabinero quien golpeó e hirió en la cabeza a Guanca pero éste no lo llevó a los tribunales.

- Cosme Caracciolo, dirigente de los pescadores artesanales de San Antonio, es una figura nacional del partido que no va como candidato, pero es conocido como un relevante opositor a la Ley Longueira, que otorga derechos de pesca a perpetuidad a los grupos económicos más ricos del país en desmedro de la pesca artesanal y la alimentación de los más pobres.

La ciudadanía cuestiona a la clase política y a sus partidos, según todas las encuestas ampliamente difundidas por los medios. En cierto modo, la sociedad entera está en crisis de legitimidad y credibilidad y autoridad, incluidos los partidos, el Congreso, la clase política, las instituciones… ¿Por qué crees tú que esos mismos medios no han informado a la ciudadanía sobre este nuevo partido de las organizaciones sociales?

Los medios progresistas tampoco nos pescan, a pesar que la existencia de este partido es una noticia, y, por añadidura, un hecho relevante para la lucha política en Chile. En Latinoamérica, abundan ejemplos. La confluencia de organizaciones sociales formó el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, actualmente en el poder. Hace poco se formó en Panamá un tremendo partido, que participará en las elecciones generales 2014, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), aprobado por una asamblea de unos mil delegados de todo el país del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (Frenadesco), una coalición de organizaciones sociales y sindicales. El partido de Manuel Zelaya en Honduras, Libertad y Refundación (Libre), también nació como una conglomerado de agrupaciones sociales y políticas de base, formado por más de 120 grupos de oposición al gobierno golpista de Lobo. Al no tener referentes políticos, los movimientos sociales forman su propio instrumento. Hoy se está dando esta experiencia en Chile con este partido Igualdad.

Si fueras elegido en Santiago, ¿cómo sería el alcalde Carrasco?

Nuestro concepto es que las alcaldías son la base del Estado en Chile. La ciudadanía tiene sus pies en las alcaldías y los municipios, que deben convertirse en herramienta de transformación social, críticas del modelo político-económico, de democracia para la auto gestión y auto gobierno de sus ciudadanos y no seguir siendo un instrumento de domesticación y dominación de los partidos políticos sobre los ciudadanos.

Es preciso liberarse de los partidos con municipios participativos donde el pueblo mande. La municipalidad es un espacio donde se puede construir poder popular contra las desigualdades, como en todos los espacios de lucha. También es un gran espacio para construir fuerza social en lucha, porque allí se concentran todos los problemas de la población. Cuando la gente tiene problemas de salud o de vivienda recurre al municipio, no a los parlamentarios ni al gobierno.

Bajo los actuales gobiernos el municipio se ha transformado en una suerte de contención del poder social. Hasta ahora han servido para represar el malestar social.

Nosotros decimos que el municipio debe ser una herramienta de transformación social: ése es nuestro principio político fundamental. Municipios donde el pueblo mande. Asambleas sociales de crítica al gobierno, de participación y crítica al modelo.

Nuestra meta de hacer del municipio “un poder popular donde el pueblo mande” es para convertirlos en herramienta de transformación social, con asambleas de ciudadanos, cabildos locales, cabildos comunales, democracia directa y plebiscitos que den la línea política a cada municipio.

¿Qué harán con el tema de la basura?

Resolveremos el problema de la basura, por ejemplo, como el problema de la salud y la educación, dando participación a los ciudadanos. Hoy el tema de la basura pertenece a dos o tres empresas privadas que están vinculadas a los partido, verdaderos consorcios políticos. ¿Por qué no pueden asociarse los municipios, coordinarse y crear empresas sanitarias autónomas, tipo cooperativas, dirigidas por ciudadanos y pobladores democráticamente elegidos para esas funciones y resolver así también otros temas, de salud, educación, urbanización, agua potable, etc. En el negocio de la basura hay dos grandes grupos, la Concertación tiene su empresa y la Alianza tiene otra. Hay dos grandes grupos, KPM de la derecha y otra de la Concertación. Es un ejemplo. Los municipios donde gobierne Igualdad serán espacios de poder popular, de crítica al sistema y una herramienta más para organizar la lucha de la comuna.

¿Qué gravitación tuvo el plebiscito que ganaron en Pelalolén?

Fue el segundo plebiscito comunal realizado en Chile y el primero que ganan las organizaciones sociales en su lucha contra el sector inmobiliario. El primero fue en Vitacura, comuna rica de Santiago, donde en 2009 se propusieron tres cambios al plano regulador de la comuna y ganaron los transportistas, los que construyen carreteras y las inmobiliarias.

Estos plebiscitos son expresión de las fuerzas sociales, un fenómeno que puede repetirse en Concepción, Talcahuano, Valparaíso, Concón, La Serena, Coquimbo, y otros municipios/comunas donde las expresiones sociales de abajo, de la base, llevan a cabo luchas importantes de los pobladores, generalmente por daños causados por la industria minera, las plantas eléctricas a carbón de las corporaciones energéticas y la industria inmobiliaria, entre otras, como la destrucción de los humedales del área de Concepción, tapados por edificaciones que crearon problemas urbanos nuevos, por corrimiento de aguas, aparte de conducir a la muerte a la vida silvestre.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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Los talleres de la “Cámpora” y la línea 0800 del PRO: ¿Cuál es la diferencia entre la formación ciudadana y el adoctrinamiento político-ideológico?

Claudia Baldrich - Laura Marrone (especial para ARGENPRESS.info)

La polémica abierta por la oposición en los medios acerca del uso partidario de las escuelas que realiza el Gobierno del Frente para la Victoria (F.P.V.) en las escuelas y la convocatoria del Ministro de Educación del Gobierno del PRO en Ciudad de Bs AS a su delación por una línea 0800 nos convoca al debate. La denuncia es contra los talleres del "El héroe colectivo", auspiciados por la Dirección de Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la Jefatura de Gabinete y a cargo del dirigente de La Cámpora, Franco Vitali.

El debate plantea algunos interrogantes: ¿Existe neutralidad ideológica en el sistema educativo? ¿Cuál es la diferencia entre formación ciudadana, fortalecimiento de la democracia y adoctrinamiento político-ideológico?

Develemos lo oculto

Desde la historia que nos dejó Mitre a la fecha, la escuela hizo recortes arbitrarios del conocimiento y por tanto adoctrinamiento ideológico. Blanquizó la cultura escolar y justificó el genocidio indio para beneficio de las grandes familias que como los Bullrich, los Martinez de Hoz y otros nombres de la Sociedad Rural se hicieron latifundistas gracias a las campañas al desierto. Silenció la persecución a los obreros anarquistas, socialistas y comunistas que en la primera mitad del siglo XX denunciaban las condiciones de explotación de la clase trabajadora por parte de los nacientes sectores empresarios industriales. Ocultó la apropiación privada del plusvalor en la formación del capital de los libros de economía. O las causas de la pobreza para sustituirlos por apelaciones a la caridad de Caritas.

Recientemente, ha recrudecido el adoctrinamiento empresario que propagandiza la libre competencia en el mercado. Autorizados por los ministerios, tanto donde gobierna el F.P.V. o el PRO, se han empezado a abrir las puertas de las escuelas a los empresarios que, escudados en fundaciones, adoctrinan en el libre mercado y el consumismo como elixir de la felicidad: Fundación "Cimientos", "Junior Achievement", "Fundación Educacional/Coca-Cola", "Fundación Telefónica", etc.

El caso más fragrante de adoctrinamiento ideológico es el de las escuelas privadas que recortan el conocimiento según el arbitrio de la entidad que las organiza, sean estas religiosas o empresarias. Bajo la ideología del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos que pregonara Friedman, se privó y se priva a las jóvenes generaciones que asisten a casi el 28% de las escuelas del país del derecho a conocer la diversidad de pensamientos, otras miradas ideológicas, diferentes a los que la escuela seleccionada por los padres realiza, en una especie de prolongación de la socialización primaria. O sea, negándoles la socialización secundaria, su ingreso a la sociedad con su compleja trama de ideologías, valores y puntos de vista. Las escuelas del Sagrado Corazón, de la Inmaculada Concepción, de Las adoratrices de María, entre tantas otras, convencen a niños y jóvenes de que es posible caminar sobre las aguas y concebir sin pecado.

Bajo el gobierno del F.P.V. de Néstor Kichner y luego de Cristina Fernández, nuestro sistema educativo reafirmó el curso privatista y por tanto adoctrinador de la educación privada. Lo hizo tanto desde la norma, como del financiamiento. La Ley de Educación Nacional (LEN) la reconoce y alienta. La considera como pública diferenciando sólo su gestión (privada o pública). Alrededor del 70% de las escuelas privadas reciben subsidios de los presupuestos nacionales y provinciales.

El adoctrinamiento ideológico desde las escuelas ha sido y es una herramienta de consolidación de poder de las clases dominantes sobre los sectores trabajadores y populares. Su naturalización es tan fuerte que lleva a pensar a los voceros de la Iglesia dentro del Estado, en este caso Bullrich, que solo existe cuando el recorte que se hace es de otro sector dominante diferente, en este caso el que representa el del F.P.V.

Con la apertura democrática irrumpió el debate político en las aulas

A partir del regreso al régimen constitucional en 1984, un cambio se operó en nuestras escuelas públicas. La caída de la Dictadura Militar supuso también la caída del adoctrinamiento ideológico en las escuelas y los medios sobre la teoría de la seguridad y el peligro de la subversión terrorista. El reclamo popular por la democratización de las instituciones hizo que lentamente el debate se abriera. El discurso de los derechos humanos y la defensa de las libertades democrática tomó espacio entre los contenidos que trabajó la escuela.

La restitución del Estatuto Docente y el régimen de designación de docentes por concurso público devolvieron a éstos el derecho a expresar sus ideas sin miedo a la desaparición o el despido. Al mismo tiempo se habilitó la voz de los estudiantes para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico. Con tropiezos y desigualdades se fue gestando la cultura de que se podía opinar, disentir, sin miedo a que te bajaran la nota o te persiguieran. La creación de centros de estudiantes y el derecho a agremiación de los docentes dio paso a espacios propios de profundización de los debates políticos sobre diversidad de temas. Las luchas de docentes y estudiantes en distintas etapas hicieron irrumpir la política en las aulas.

Los talleres de la Cámpora, un salto en el adoctrinamiento

Sin embargo, los recientes talleres de “Fortalecimiento de la Democracia” de la Cámpora en las escuelas medias no van ese sentido, el del debate sino, claramente, en el del adoctrinamiento dogmático. Desde la fuerza de poder que da el aparato de Estado, no sólo en recursos económicos, sino revestido de la legitimidad que tiene la institución escolar en nuestra sociedad y la tradición democrática de la docencia, se convoca un espacio donde el discurso que circula exclusivamente es el oficialista.

En lugar de fortalecer la educación democrática estamos frente a la reedición de la “educación bancaria”, de la que tanto nos previno el maestro brasileño, y una negación de la “educación problematizadora o dialógica” que éste propuso. Freire cuestionaba los modelos educativos tradicionales donde la fuente del saber era el/la docente quien lo “depositaba” en un receptor pasivo, el/la alumna. Alertaba que estos diseños eran usados tanto por la derecha como por la izquierda. En cambio promovía una propuesta educativa donde docente y alumno partieran de situaciones problemáticas de la realidad en la que se estableciera un diálogo o intercambio.

Desde la forma, los talleres políticos con rondas y juegos de la Cámpora se presentan como dispositivos con una apariencia tentadora, casi democrática, que no revista el carácter de clase expositiva tradicional, pegado al diseño bancario o autoritario que criticaba Freire. Sin embargo, si la selección de los talleristas, los contenidos, el costoso decorado con banderas y afiches, hasta los materiales de trabajo, (mientras las bibliotecas carecen de recursos para abastecer la demanda de libros y material didáctico) son decididas desde el poder político oficial, el resultado no puede ser otro que una imposición de ideas, un abuso de poder en la formación de los jóvenes. Presentar a Néstor Kichner como el “Eternauta” del Siglo XXI no es precisamente crear una situación problemática para una relación “dialógica”. Es presentar un modelo de respuesta política partidaria como salida, ya digerida por quien la porta, y para ser receptada por quien la recibe en una clara subestimación de su capacidad de debate y crítica. Descartemos que no existe convocatoria a otras corrientes políticas al intercambio de ideas y propuestas. Hay uso abusivo, incluso, de una figura entrañable como es el personaje de Solano López y Oesterheld para reducir los debates políticos a una especie de Juego de la Oca donde la salida es aprobar lo actuado por el expresidente y su esposa.

La educación es en sí un acto político y quienes suscribimos esta nota nos reconocemos militantes políticas y sociales. La diferencia está en que la escuela como espacio público debe habilitar y alentar el desarrollo del pensamiento crítico sobre la base de garantizar la igualdad de condiciones para la circulación de discursos diferentes, cuestión que está en las antípodas de los mencionados talleres.

Curiosamente, la propia Cámpora impide el debate de otras agrupaciones, allí donde dirige los Consejos Escolares. Vaya como ejemplo el caso del Consejo de San Martín de Provincia de Bs As. que no autorizó a agrupaciones gremiales docentes de ese distrito el permiso para reunirse en los establecimientos escolares, fuera del horario escolar, para discutir el nuevo Reglamento de Escuelas que quiere implementar el Gobierno de la Provincia de Bs. As.

La respuesta macartista del Ministro de Macri:

La reacción del Ministro de Educación de Educación del PRO de Ciudad de Bs As es francamente macartista. La instalación de una línea 0800 para convocar a la delación a las actividades políticas que realicen docentes y estudiantes es un acto propio de una conducción política que reedita viejas prácticas represoras y persecutorias en nuestro país. Una política que ya fue puesta en práctica al inicio del Gobierno de Macri desde el Ministerio de Educación cuando contrató a Ciro James para realizar escuchas telefónicas y la investigación ilícita de las actividades de docentes y estudiantes en las escuelas. Esto, como es de público conocimiento, derivó en el enjuiciamiento de Macri con fallo de casi inminente resolución. Tampoco nos sorprende de un gobierno que censuró la edición de materiales para el Bicentenario confeccionados por la Dirección de Curriculum de su propio Ministerio porque su visión de la historia no coincidía con la del PRO. O que ha iniciado procesos penales a integrantes del Consejo Directivo de de Ademys por acompañar los reclamos de estudiantes contra el cierre de cursos.

Las denuncias de Bullrich por adoctrinamiento son un acto de hipocresía. Este Ministro dirige la Educación de Ciudad con cuadros de la Universidad Católica y el CON.SU.D.E.C, justamente los mayores adoctrinadores de nuestro país que cercenan el conocimiento a la visión de la jerarquía católica de nuestra historia.

La campaña de delación vía el 0800 del PRO va más allá de la Cámpora y el Gobierno Nacional. Es un ataque a la juventud, a su derecho a pensar, a discutir de política y más, a organizarse por la defensa de sus derechos y propuestas políticas.

Hacer de las escuelas verdaderos espacios públicos

Detrás de la disputa entre el F.P.V. y el PRO existe, sin embargo, una coincidencia de fondo. Ambos comparten que la escuela debe ser trasmisora de una curricula impuesta desde el Estado como poder superior. Su discrepancia es por el recorte que se debe hacer, según la visión de su partido, expresión de un particular sector de las clases dominantes de nuestro país. Si el PRO fuera gobierno nacional elevaría al país la censura de los libros de historia que ya hizo en Ciudad y casi seguro, se diluirían las críticas al General Roca y/o a los militares genocidas.

La escuela fue y es espacio de disputa de poder. La docencia tiene un lugar de poder en relación al conocimiento al que puede recortar ideológicamente según su propio punto de vista o pertenencia partidaria. También una relación de poder con respecto al/la estudiante que está formándose y no conoce la diversidad de pensamientos. ¿Cómo resolver la tensión entre esta relación de poder desigual, las imposiciones que vienen de los gobiernos de turno y una ética educadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico, la construcción del conocimiento público, contrastable, no fanatizado ni doctrinario? ¿Cómo garantizar que la escuela facilite que los diferentes puntos de vista sean puestos en debate?

La escuela tiene algunos puntos de apoyo sobre los cuales ir edificando esta perspectiva en la medida en que se construya como espacio público. Es decir, donde las reglas de juego coarten las imposiciones de poderes dominantes y en cambio abran el juego a la participación y decisión colectiva del conjunto de sus integrantes. En esa perspectiva defendemos algunas propuestas:

1) La designación de docentes debe seguir siendo por concursos públicos. Este formato histórico de nuestro sistema educativo público está siendo minado por las designaciones “a dedo” de docentes para talleres de formación, planes de mejora, tutores, etc. También está amenazado por los todavía latentes proyectos de evaluación docente que afectarían la pluralidad de miradas además de la estabilidad o carrera docente por fuera de estos concursos.

2) La bibliografía y/o material didáctico que se use no puede ser impuesta en forma unidireccional por parte de los ministerios de educación de cada jurisdicción sino abierta a la elección en cada institución o cátedra brindando a éstas recursos económicos para ese fin.

3) Todo dispositivo extra-áulico que se organice o auspicie desde la Institución escolar debe garantizar la igualdad de voces al menos existentes en esa institución para la participación y/o debate. Las instituciones podrán seguir facilitando el uso de los establecimientos escolares para iniciativas particulares de agrupaciones políticas, gremiales o sociales pero sin su auspicio.

4) La docencia habilite los recursos para que los estudiantes y alumnos/as conozcan y dialoguen con diversidad de discursos más allá de las propias posturas ideológicas.

5) La formación docente inicial sea resorte exclusivo de Institutos públicos bajo régimen de concurso público.

6) La educación formal se brinde en un sistema educativo público único, anulándose los establecimientos religiosos o empresariales. Estos tienen la libertad de divulgar su pensamiento o doctrina en espacios particulares, previstos a tal fin: Centros culturales, iglesias, fundaciones, locales partidarios, seminarios, etc.

7) Es urgente replantearnos el tipo de instituciones escolares, empezando por democratizar las actuales. Es necesario que sus integrantes, docentes, estudiantes y familias discutan, decidan y ensayen formas de gobierno verdaderamente democráticas, debatan los contenidos escolares. En fin, practiquen la democracia en el marco de un verdadero espacio público.

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Roberto Ruiz: "El macrismo tiene muchos puntos en común con el gobierno nacional"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Roberto Ruiz es uno de los realizadores de Los locos de Buenos Aires. Desde hace 23 años -micrófono mediante- intenta construir otra agenda periodística a la "fabricada" por los medios corporativos. Con Ruiz, conversamos en Mendoza acerca del noveno Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (18 y 19 de agosto); la pobreza según el IndeK y un "progresismo" del gobierno nacional que merece grandes dudas y preguntas.



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Ciccone, una radiografía del estatismo oficial

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Los senadores y diputados oficialistas que defendieron la expropiación de Ciccone en el Congreso lo hicieron en nombre de la ‘soberanía monetaria’. Naturalmente, la capacidad de imprimir billetes en una planta propia no le da ‘soberanía’ a un régimen que emite moneda para subsidiar a privatizadores, o sostener la especulación con la deuda pública. En cualquier caso, el kirchnerismo sólo llegó a la estatización después de haber fracasado en una re-privatización de la gráfica con fondos turbios, impulsada desde el propio gabinete. La justicia investiga al vicepresidente por su participación en ese negociado, que lo tendría cerca del procesamiento.

El gobierno dice que “no pagará un peso” por la gráfica, ya que podría compensar el valor de sus activos con la deuda acumulada con la Afip. Los que afirman esto no tienen en cuenta que, a través de ese arreglo, los actuales accionistas dejarán de pagarle al fisco unos 250 millones de pesos. Pero la expropiación “sin pago” no pasaría de una expresión de deseos. Ocurre que “hay acreedores en el concurso con privilegios mayores que la Afip” (La Nación, 9/8). Según algunos especialistas, la vía elegida por el gobierno, la expropiación de las acciones de la gráfica -y no de sus máquinas- es “un proceso más rápido, pero muchísimo más costoso” (La Nación, idem). Acaba de revelarse que entre los aportistas a la misteriosa sociedad que pasó a controlar Ciccone están los banqueros Brito y Moneta. En estas condiciones, la expropiación no sólo encubriría el negociado anterior, sino también facilitaría otro rescate de intereses privados con los recursos del Estado. Como prueba de ello, ninguno de los supuestos expropiados -los nuevos accionistas de Ciccone- han abierto la boca contra la medida oficial. El mismo Vanderbroele, según informan los diarios, habría servido de nexo entre los Ciccone -hoy accionistas minoritarios- y el Estado, en torno de este arreglo.

Adicionalmente, la expropiación buscaría tapar el vaciamiento de la Casa de Moneda, que tuvo como contrapartida la tercerización en la producción de billetes. El último de ellos, con la ‘nueva’ Ciccone, se vino abajo con el escándalo de Vanderbroele-Boudou.

Frente a estas imputaciones, el oficialismo ha defendido el proyecto afirmando que las investigaciones judiciales sobre Ciccone “corren por cuerda separada”. Con el mismo argumento, Juez y Solanas se han plegado al kirchnerismo, y “confiando en la justicia”. Los diarios oficialistas, sin embargo, anticipan que el caso Ciccone- Boudou podría terminar en la justicia con un gigantesco cero. En el recinto, Pino Solanas habló contra las ‘mafias’, pero terminó dando un cheque en blanco a este salvataje mafioso. El mismo que otorgó a la ‘nueva’ YPF, que, una vez “estatizada”, salió de inmediato a negociar con Chevron y Exxon Mobil.

En el senado, Luis Juez también levantó la mano, en disidencia con los senadores del FAP y de Morandini, la otra integrante del juecismo. En Diputados, el FAP se partió en tres, con los juecistas votando a favor, los socialistas y el GEN en contra y la abstención de Lozano. La expropiación de Ciccone dejó ver la inconsistencia del bloque centroizquierdista que se plantea como “alternativa” al gobierno.

Toda esta operación de rescate económico y político de grupos capitalistas nada tiene de ‘nacional’. Pero en lo sustancial, reitera toda la saga de las estatizaciones kirchneristas.

Para fundamentar el voto por la expropiación, el senador oficialista Fuentes dijo que “el estado es el único que hoy tiene capacidad para acumular capital, dirigir y planificar la actividad con los privados”. (La Nación, 20/8). Pero ninguna de las estatizaciones kirchneristas es el resultado de un plan deliberado. Han sido impuestas por la crisis capitalista y el “derrumbe” del modelo. Ciccone-Boudou-Brito se inscribe en la línea de YPF -Esquenazi o TBA-Cirigliano. Ciccone es sólo la versión grosera del estatismo kirchnerista, que es siempre una variante de rescate del capital.

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Una continuidad que dice mucho

Jorge Duarte (JUSTICIA POR MARIANO - ANRED)

Mientras discursivamente la década de los ´90 es demonizada por el gobierno nacional y la mayoría de los medios de comunicación que denuncian la impunidad y los resultados económicos y sociales que devastaron a la Argentina, la política de transporte instalada por aquellos años continúa sin cambios. Un entramado que tiene como ingredientes: precarización laboral, tercerizaciones, subsidios millonarios, vaciamiento, desidia, corrupción y complicidad sindical, nos coloca en la situación actual donde semanalmente nos sorprendemos con viejas novedades con resultados trágicos.

Mientras se privatizaba el sistema ferroviario, se desmantelaba un sistema complejo de trabajo, economía regional y sociabilidad. Con este proceso harto conocido, se reducían dramáticamente los puestos de trabajo y se comenzaba a financiar un puñado de empresarios subsidiarios del estado nacional que se hicieron cargo de ellos. Mientras Benito Roggio (Grupo Roggio), Benjamín Romero (Grupo Emepa) y la familia Cirigliano (Grupo Cirigliano) asumían al frente de los principales ramales de ferrocarril, los puestos del trabajo del sector se reducían de 114 mil a solamente 14 mil. Estos 100 mil puestos de trabajos perdidos de ferroviarios solamente pudieron ser suprimidos con la complicidad de la Unión Ferroviaria. El gremio liderado por Pedraza facilitó los despidos de personal y a cambio obtuvo negocios propios que incluían sociedades con los grupos concesionarios en las incipientes tercerizaciones y la gestión en sociedad del Ramal Belgrano Cargas.

Empezó, de esta manera, una cadena de complicidades entre sindicalistas empresarios, empresarios que perciben multimillonarios subsidios del estado nacional, una política de transporte que privilegia el negocio de unos pocos al servicio público, el consiguiente deterioro del sistema de transporte ferroviario, precarización laboral para reducir costos, persecución a opositores, corrupción, desidia estatal y vaciamiento. Cada eslabón cumplió un papel fundamental de un proceso que continuó a paso firme a pesar de los vaivenes políticos que sufrió el país en los últimos 20 años. Del menemismo al kirchnerismo, desde inicios de los ´90 a 2012, la secuencia se consolida sin cortes y nos topamos con consecuencias cada vez más trágicas.

En este veloz repaso por los últimos 20 años de política de transporte ferroviario, se hace obvia la relación y las responsabilidades políticas, empresariales y sindicales que se establecen en el asesinato de Mariano Ferreyra en el contexto de una lucha de tercerizados del Roca, los accidentes ferroviarios que se repiten dejando víctimas fatales como en los casos de Once y la Estación de Flores y los vaciamientos sistemáticos como el que se da en los subterráneos que dejaron a la ciudad de Buenos Aires sin servicio por 10 días. Sin embargo, esta suma de complicidades, que además acuñan encubrimientos cruzados, no pudieron evitar que hoy sea juzgado Pedraza y su patota ferroviaria por el asesinato a Mariano Ferreyra y sean procesados los Cirigliano y sus cómplices por la denominada tragedia de Once. Imposible continuar con tanta impunidad instalada a la vista de todos.

Mientras las luchas contra el fin de las tercerizaciones siguen su curso a pesar de la violencia ejercida para sostener los negocios, los pedidos de justicia por el asesinato de Mariano Ferreyra y la denominada tragedia de Once a 6 meses de haber ocurrido se multiplican. La política de transporte que no ha variado su signo privatista y neoliberal está mostrando su cara más brutal, a medida que los protagonistas se sienten más amenazados y que los años de corrosión visibilizan la decadencia. Mientras las concesiones sigan su curso y la lógica del negocio se imponga sobre el servicio público, los recursos del estado serán el caldo de cultivo para generar estos episodios que se repiten inevitablemente. Mientras no se cambien los fundamentos, no se modificarán los resultados.

La recuperación de un estado presente que se pregona desde el discurso del gobierno nacional, por el momento en el sistema de transporte, sólo se refleja en mayores recursos para unos pocos y peores condiciones para los más. Políticas activas que desarticulen por un lado el entramado del transporte neoliberal y las prácticas de precarización laboral encarnadas en su máxima expresión por las tercerizaciones no pueden esperar. A 6 meses de la tragedia de Once, con Pedraza en pleno juicio y Cirigliano procesado tenemos que exigir justicia por Mariano Ferreyra, que los vaciadores sean juzgados, juntos con los cómplices sindicales y políticos y que el sistema ferroviario sea recuperado para beneficio de usuarios y trabajadores.

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Masacre

Alfredo Grande (APE)
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“si no se trata de política, sino de guerra, no hablemos de paz, sino de tregua”
(aforismo implicado)

“El jueves 16 de agosto de 2012 ha ocurrido en Sudáfrica una terrible matanza de trabajadores en el asentamiento Wonderkop, en las proximidades de la mina de platino de Marikana (a unos 80 km al noroeste de Johannesburg): treinta y cuatro mineros, de unos 3.000 del sector Perforación, en huelga contra la empresa británica Lonmin -una de las compañías líderes en producción de platino para la industria mundial- han caído ametrallados salvajemente por la policía del Estado sudafricano.”. (Signos del Topo)

“Somos alrededor de 3 millones de vascos y vascas o descendientes de primera, segunda y tercera generación de vascos y vascas que habitamos en suelo argentino. Esa misma cantidad de personas son las que componen hoy Euskal Herria. Llama poderosamente la atención de que frente a los temas más sangrantes de lo que ocurre en el territorio original, allá en las siete provincias que componen esa Euskal Herria invadida por los gobiernos español y francés, no haya una respuesta contundente de la diáspora que vive en Argentina. Es hora de salir de las cuatro paredes que componen los Centros Vascos y entidades afines, ya que se nos están muriendo en las prisiones españolas y francesas nuestros mejores jóvenes”. (Carlos Aznarez. Resumen Latinoamericano)

“Adolfo Pérez Esquivel: “No hay voluntad política de respetar a los pueblos originarios”El Premio Nobel de la Paz afirmó que el Gobierno tiene una mirada acotada de los derechos humanos y remarcó que el modelo extractivo avanza con represión. El rol de los organismos de derechos humanos, el Pueblo Qom, Gildo Insfrán, La Cámpora y quiénes son funcionales a la derecha. (17 de agosto de 2012 por ACTA )”

“Trelew-La fuga que fue Masacre” La fuga de la cárcel de Trelew y el posterior fusilamiento de 16 presos políticos en la base aeronaval Almirante Zar, el 22 de agosto de 1972, fue el punto de inflexión que marcó el comienzo del terrorismo de Estado y de una feroz política represiva sin precedentes, contra todo el campo popular. Desde el Queremos seguir construyendo Memoria al cumplirse 40 años de la histórica fuga planificada en acción conjunta por los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y la organización Montoneros, plasmada en ésta gran película documental "Trelew" de la directora Mariana Arruti. (Colectivo Memoria Militante, integrante del Capítulo Argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

En las formalidades de la cultura represora encontramos los analizadores necesarios para que de tanta apariencia idolatrada, aparezca alguna esencia iluminada. Una de las formalidades habituales, consuetudinaria, de uso y abuso permanente, que incluye violaciones parlamentarias, jurídicas y ejecutivas, es la palabra paz. Antes se aclaraba que se buscaba la paz, pero no la de los cementerios. En realidad, ahora no se aclara demasiado porque queda claro que en los cementerios tampoco hay paz. Los muertos vivos regresan como zombies o como candidatos, que no es lo mismo pero es igual. Entonces si la política es la continuación de la guerra por otros medios, aunque también al revés, ya que al barón Von Clausewitz se lo puede leer en espejo, entonces a la paz como apariencia mejor llamarla tregua, que viene a ser su esencia. La tregua tiene la apariencia de una paz, nunca duradera, siempre transitoria, y que algunos, al menos yo, prefieren llamarla democracia. Podría adjetivarla, y decir por ejemplo, democracia formal, burguesa, parcial, acotada, de responsabilidad limitada, anónima. Podría, pero no voy a hacerlo. Digo simplemente democracia, incluyendo en su significado el “demos gracias”, que es la degradación del pueblo soberano al pueblo hasta las manos. No tengo la capacidad de pensar en el momento universal, absoluto, total. Apenas haciendo memoria propia, saturada de los más sensibles recuerdos, puedo referirme al devenir de las treguas democráticas en nuestra (¿¿¿???) Patria. ¿De cuantas semanas trágicas, días trágicos, meses trágicos, estamos hablando? Si la lucha de clases es la partera de la historia, la masacre es la que aborta las historias que pudieron ser y no serán. Nunca más. Lo perdido perdido está. Y no hay mayor optimismo que saberlo. Y tolerarlo. La masacre en tiempos de tregua democrática ocupa el lugar que en tiempos de guerras del Estado contra el pueblo, ocupa el exterminio planificado a escala global. La masacre es, digamos, mas tímida. Si bien en su extremo límite se prolonga en el genocidio, puede manifestarse de una forma, digamos, más vecinal. Más pueblerina. No digo inocente, pero si más disimulada. Digamos, como sin querer queriendo, al decir del Chavo. Un ejemplo paradigmático es el denominado por el recordado Toto Zimerman, “gatillo fácil”. De todos modos tan fácil no es, porque exige una vasta red de impunidades, pero bueno, se pagan con plata nuestra. Y eso ayuda. Desde la masacre de Budge, pasando por la masacre de Cromagnon y llegando a la masacre del Once, y antes de Budge, y después de Once, podemos afirmar, con temor, pero no de equivocarnos, que las masacres llegaron para quedarse. Y que también siempre van por más. No solamente en estos pagos, pero también. La masacre no implica necesariamente el asesinato. Por eso es diferente al genocidio. Lo que siempre implica es un ejercicio desmesurada de la crueldad, que es la planificación sistemática del sufrimiento. Pensemos en la huelga de los trabajadores del subte, que tuvo el anatema de salvaje, mientras disfrutamos del capitalismo serio. Los pasajeros fueron masacrados en colectivos que a veces se detenían en las paradas. Pero esos mismos pasajeros, en las denominadas horas pico, son masacrados en los subtes y en los colectivos, y en los trenes. Y no solamente cuando chocan, sino también cuando no chocan. No hay una tarjeta Baje, por lo tanto los que están adentro tienen la misma epopeya para descender que los que están afuera la tienen para ascender. Y no hablamos de ascenso social, sino simplemente de subir al transporte público. Hay demasiado público para el transporte, y demasiado subsidio, y poco transporte. (¿alguien esperó al colectivo 84 cuarenta minutos para verlos llegar de a dos, de a tres, desafiando las paradas como si los eventuales pasajeros estuvieran en cuarentena?) La masacre de usuarios de diferentes servicios apenas es un dato de la estadística cuando hay un accidente que por supuesto se pudo prevenir, pero nadie lo hizo. Entonces no es un accidente, como reza el cínico slogan oficial, pero nadie es condenado por la masacre. La desaparición, esclavitud, asesinato, secuestro, de mujeres (adultas, adolescentes, niñas) en el megadelito que es la Trata, también es una masacre. Que puede llamarse Femicidio, aunque yo prefiero Genocidio de Género. Masacre apenas encubierta cuando se usa como coartada simbólica la razón pasional. Las cifras oficiales son alarmantes, aunque todavía no hemos encontrado alarma de que. O sea: ¿Cuál es la matriz cultural de la masacre de mujeres? El patriarcado, sin dudas. Pero el patriarcado atravesado por la lógica del capitalismo, donde solo hay lugar para la rivalidad. Porque la lógica del capitalismo es la propiedad privada, de cosas, de personas, de mentes y de cuerpos. Propiedad privada incluso de legalidad alguna, porque si bien todos somos iguales ante la ley, la ley no es igual para todos. Y todas. Se hacen incontables denuncias que anuncian la próxima masacre. A veces, de una familia entera. Nada importa. Y es muy difícil la batalla cultural, cuando la cultura represora sostiene la paradoja, o sea, la contradicción simultánea entre términos excluyentes. Y aunque lamento decirlo, más lamentaría no decirlo. El nombre de esa cruel paradoja es Eugenio Zaffaroni, que todavía no pudo acreditar en forma fehaciente no ser el titular de departamentos/prostíbulos. Desde ya no es el único, pero esto poco importa. Lo que si importa es que la masacre sigue siendo la marca registrada de esta cultura represora. Y el hambre, el hambre, el hambre, es una de las masacres mas absurdas e injustas, si pudiéramos pensar en algún extravío de la mente que hay masacres coherentes y justas. Las hay, pero solamente desde la lógica predadora de esta cultura que cuando no quiere que nos demos cuenta que también sabe asesinar, se hace llamar democracia. Para desmentir, y lo está logrando, su esencia de tregua.

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“El Estado tiene que dar respuestas y parar los femicidios”

PRIMERA FUENTE

Así lo alertó la psicóloga Vicky Disatnick, una de las organizadoras de la marcha que se realizará el viernes para exigir la declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica contra la mujer.

“La situación de violencia contra las mujeres se ha incrementado de manera exponencial, los crímenes no tienen la condena necesaria y en el país hay impunidad, no se aplica la Ley nacional de Protección Integral para la Mujeres N° 26.485”. Con este diagnóstico, Vicky Disatnick, de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, convocó a la marcha que se realizará mañana en Tucumán en el marco de una jornada nacional de protestas contra los femicidios. Unas 300 organizaciones de mujeres, sociales, gremiales y políticas saldrán el viernes a la calle a decir “basta” a los crímenes contra las mujeres, que ya ascendieron 119 en el país, en los primeros seis meses de este año, según cifras oficiales de los casos públicamente conocidos.

“El Estado tiene que dar respuestas y parar los femicidios. Pedimos la urgente declaración de la emergencia en violencia sexual y doméstica contra las mujeres. Esto incluye la resolución rápida de los casos, un presupuesto concreto, y un circuito de asistencia, es decir que la mujer sepa dónde tiene que ir, a quién tiene que recurrir, cómo sigue su trámite y cómo resuelve el tema de sus hijos y lo económico. Actualmente hay tres oficinas que se abocan a este tema pero no dan abasto justamente porque no hay una política integral y de emergencia frente a esta problemática”, señaló Disatnick, durante una conferencia de prensa que se realizó ayer en la Casa de las Mujeres, con la presencia de representantes de otras organizaciones y familiares de víctimas de femicidio.

La especialista fue contundente: “El lugar del hombre como proveedor, todopoderoso, está en jaque”. Y agregó que “las mujeres han salido a la lucha, a denunciar, y esas situaciones de cambio en la familia muchas veces son las que generan imposición de unos sobre otros. Pero solo se va a poder desmitificar si hay un Estado que da respuestas”.

“La violencia no es natural, se aprende, hay toda una línea de información que dice que es natural en el ser humano pero nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros decimos que no es natural en los seres humanos, tiene que ver con las relaciones de poder, con las divisiones sociales, con la imposición de uno sobre otros, y la familia es una de las instituciones que más se ha modificado en los últimos 100 años”, opinó.

“Hay una cultura machista enquistada en la sociedad y eso se refleja de alguna manera en la Justicia. Pensamos que la crueldad de los femicidios tiene que ver con la crueldad de los delitos comunes. Se ha incrementado en el país la crueldad en la violencia y eso se expresa en las mujeres de manera muy fuerte”, dijo, acompañada por Rut Tomatis, madre de María Medina, y Verónica Gerez, vecina de Marcela Chiaro, y dirigentes sociales y gremiales.

Las manifestantes se concentrarán a las 10 en Plaza Urquiza, y de allí se dirigirán a la Legislatura, donde entregarán 10 mil firmas para exigir la declaración de emergencia, y de allí, marcharán hacia Plaza Independencia. “En la marcha anterior entregamos las firmas en la Justicia y en Casa de Gobierno, pero hasta ahora no obtuvimos ninguna respuesta cuando las mujeres se siguen muriendo. La emergencia se puede declarar por decreto o por ley”, acotó Disatnick.

En Tucumán, encabezarán la marcha, familiares y vecinos de Marcela Chiaro (vivía en capital), de María Medina (de la capital), Aida Correa (El Cadillal) y María Bernucio (Aguilares).

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Argentina. Jornada Nacional contra la Violencia de Género: Angriman. "Cada minuto hay mujeres humilladas, explotadas, asesinadas"

Inés Hayes (ACTA)

En diálogo con ACTA, Alejandra Angriman, secretaria de Género de la CTA, explicó las razones de la jornada nacional contra la violencia de género que se desarrollará este viernes 24 de agosto en todo el país para exigirle al Estado que garantice la seguridad de las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público.

-¿Cuál es el marco general para la jornada nacional contra la violencia de género?

La jornada nacional está enmarcada en lo que públicamente se conoce que es el aumento exponencial de situaciones de violencia contra las mujeres, una característica de este sistema de explotación capitalista y de dominación patriarcal que se sostiene en el presupuesto de esa inferioridad natural de las mujeres que lleva a la estratificación de la sociedad en la cual nosotras ocupamos siempre el escalón más bajo. La violencia es una expresión de la desigualdad.

Expresa lo que hoy vemos muy bien en los medios de comunicación que a cada minuto hay mujeres humilladas, maltratadas, explotadas, asesinadas, escarmentadas y generalmente esto ocurre por los hombres que las rodean y viene pasando desde hace muchísimo tiempo.

En ese marco y ante la preocupación enorme sobre todo de las mujeres de las organizaciones sociales, políticas, gremiales de todo lo que está pasando en nuestro país y en la región y frente a la inacción del Estado que intenta legislar pero después no genera los instrumentos para hacer cumplir las leyes es que las mujeres decidimos, junto a las organizaciones sociales y la CTA en su conjunto, salir a la calle este 24 de agosto como para empezar esta gran campaña nacional pensando centralmente en el tema del femicidio pero intentando alertar sobre todas las formas de violencia (doméstica y pública) y exigirle al Estado que empiece a construir instrumentos para que estas leyes tengan una efectiva aplicación. Cuando hablamos del Estado no hablamos sólo del nacional, hablamos de todos los gobiernos y de sus ministerios, pensamos en que se junten con las organizaciones sociales y políticas para discutir un gran plan nacional.

-También habría que pensar en modificar las estructuras educativas y culturales: se me viene a la cabeza el programa de Tinelli en donde la mujer es cosificada permanentemente.

Exactamente, cuando hablamos de violencia hablamos también de violencia simbólica y desde los medios de comunicación que tiene que ver con este lugar en el que nos colocan a las mujeres: el lugar de la cosa, el lugar del objeto a ser consumido. En realidad, lo que siempre parece que estuviera a disposición de la sociedad es el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres para hacer los trabajos más indignos, para ser tratados y explotados sexualmente, para ser violentado, para ser asesinado. Hay que empezar a pensar qué pasa con esa cuestión de la apropiación del cuerpo de las mujeres. Por eso hablamos de un plan nacional que incluya también al Ministerio de Educación, a la Justicia.

Nosotros estamos pidiendo que en la nueva aprobación del presupuesto se contemple mínimamente un dinero suficiente para que las mujeres más violentadas, las mujeres amenazadas, tengan un lugar para ir con sus hijos porque cuando matan a las mujeres también matan a sus hijos y si no quedan los hijos solos y abandonados.

-Más de 60 organizaciones políticas, sociales, gremiales, de Derechos Humanos participarán este viernes.

Se están movilizando en todas las provincias y en todas las regiones. El viernes va a haber actos en todo el país y además van a estar las organizaciones de derechos humanos. Estamos pensando en esta primera jornada para instalar el tema hacia el 25 de noviembre que es el día de lucha contra la violencia contra las mujeres. Lo que estamos pensando son acciones sostenidas que permitan visibilizar aún más la preocupación del conjunto de la sociedad sobre la situación de violencia hacia las mujeres.

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Argentina, Córdoba -Barrio Ituzaingó Anexo: Fallo histórico dictaminó que contaminar poblaciones es delito

Katy García (PRENSARED)

Por primera vez en el país la Justicia condenó delitos ambientales. La querella consideró que “es un paso adelante” en el camino hacia una ley nacional de agrotóxicos. Sin embargo, la sentencia no conformó a las Madres de Ituzaingó, que esperaban penas de cumplimiento efectivo.

Ante un recinto colmado, poco después de las siete de la tarde, y tras una ardua jornada de discusión, el tribunal presidido por Lorenzo Rodríguez y los jueces Mario Capdevila y Susana Cordi Moreno, leyeron el dictamen que condenó por unanimidad a Francisco Parra a la pena de tres años de prisión condicional y por mayoría a Edgardo Jorge Pancello a la misma pena, como autor y coautor del delito de contaminación dolosa.

Además, se los inhabilitó para realizar fumigaciones por 8 y 10 años respectivamente.

También por unanimidad, resolvieron absolver a Jorge Gabrielli y Edgardo Pancello por el delito de contaminación ambiental por residuos peligrosos en grado de instigador y autor.

Los sentenciados no irán a la cárcel pero deberán cumplir una serie de medidas para mantener el estado de libertad y el cómputo de la pena. Entre ellos, realizar tareas comunitarias solidarias vinculadas a la salud, en instituciones de bien público o del estado. Parra deberá cumplir diez horas semanales fuera del horario de trabajo habitual, durante cuatro años. En tanto que Pancello, ocho, por tres años.

“Este es un paso adelante para las instituciones. Nosotros esperábamos que esta justicia Argentina que fue capaz de condenar a los genocidas, que estuviera a la altura, y lo hiciera hoy”, expresó el médico Medardo Ávila Vázquez, querellante en la causa cuyo juicio se iniciara el 11 de junio pasado.

“Ya no podrán fumigar como lo hacían, custodiados por la policía. No es suficiente para el daño sanitario que han generado, pero también es cierto que son el estabón más débil de los agronegocios. Los culpables mayores son las trasnacionales, los pooles de siembra, y los sistemas científicos que los avalan. Estamos muy contentos porque va a generar una oleada de denuncias y los directores de escuela y los maestros van a poder denunciar que a sus chicos los están fumigando y los fiscales de todo el país vana tener que actuar”, afirmó.
Bisagra histórica

El abogado querellante Miguel Martínez dijo que esperaba penas de cumplimiento efectivo conforme a lo solicitado por el fiscal Novillo Corvalán que pidió 4 años para Parra, 3 para Pancello y la absolución de Gabrielli.

No obstante destacó que “es la primera vez que esta actividad -fumigar clandestinamente con agroquímicos sobre poblados- es considerada un delito y ello constituye una bisagra histórica. Que se haya determinado que es una actividad delictiva indica que en el futuro quien lo haga, será sancionado. Ahora la gente podrá concurrir a un juzgado y no a la municipalidad”, indicó.

Por su parte, el letrado denunciante, Darío Avila, coincidió con Martínez y manifestó que “valoro y rescato como positivo que a criterio de un tribunal quedó claro que esta actividad constituye un delito. Y es un verdadero logro, un triunfo, porque sabíamos que habría presiones de todo tipo”, analizó.
El dolor de las Madres

Para quienes han sentido en carne propia el dolor de las pérdidas y el padecimiento de enfermedades no les fue fácil aceptar que los condenados no vayan a la cárcel, aun cuando no haya sido objeto de este juicio analizar esa relación.

Es el caso de las Madres de Ituzaingó que lucharon a brazo partido durante 12 años para llegar a esta instancia. Atravesadas por el dolor, se retiraron indignadas, no hicieron declaraciones de inmediato y simplemente se sentaron en las escaleras de tribunales a manifestar su impotencia por medio del llanto.

Pasado el mal trago inicial descargaron su impotencia y disconformidad ante los medios. “¿Quién nos devolverá a nuestros hijos? ¿Tareas comunitarias para alguien que mató? ¿A dónde está la justicia? Sabemos que vamos a seguir luchando, que la justicia no existe para el pobre, que existe para las multinacionales”. Y fustigaron a los gobiernos nacional, provincial, municipal, y al modelo agrosojero.

En la calle, un nutrido grupo de militantes de varias organizaciones sociales que permanecían desde la noche anterior también recibieron el fallo como un avance en la lucha por la salud de los pueblos. A la vez, manifestaron un rechazo unánime a la instalación de Monsanto.

En nombre de los pueblos fumigados, una militante social de Oncativo expresó que “más allá del caso de Ituzaingó y del dolor de las Madres, para los que venimos luchando desde los territorios, que tenemos las maquinas fumigándonos en la cara, hoy es un día emblemático. Los invito a todos a que dimensionen lo que pasó hoy.No nos vayamos con un sentimiento de derrota, porque hoy ganamos. Sigamos juntos y vayamos por una ley nacional de agroquímicos”, proclamó.

Por la mañana

La audiencia se inició a media mañana cuando el tribunal solicitó a los acusados que expresaran algo que no hayan podido decir durante el debate.

Pancello adujo que se consideraba “totalmente inocente” y que se refugiaba en sus dos “bastiones”: la religión católica y la justicia. En tanto, Parra afirmó que como propietario del campo colindante al barrio Ituzaingó “jamás he fumigado con avión ni usado agroquímicos prohibidos. Espero que esta justicia sea justa”.

Por último, el otro imputado Gabrielli, para quien la fiscalía pidió su absolución por falta de pruebas, no hizo uso de la palabra.

Estuvo presente entre el público, Juan Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación. “De acuerdo a lo que he podido tomar conocimiento, la prueba agregada amerita como para que se determine la responsabilidad de acuerdo al marco normativo que es el código penal”, afirmó.

“Desde el gobierno nacional jamás vamos a permitir ni consentir que se afecte la salud pública dejando de lado los derechos que hacen a una comunidad en particular ni menos de una actividad privada. Lo importante es que la sociedad se organice, reclame frente a sus derechos y que haya una respuesta”.

Y añadió que “sin lugar a dudas se trata de un debate político porque esto permite que determinados sectores representantes de la sociedad comiencen a diseñar y a legislar para regular la actividad”. “Les aseguro que después de este juicio varios productores se van a cuidar de andar fumigando de forma aérea sobre una comunidad”, señaló.

El 4 de septiembre, a las 12:30, estarán disponibles los fundamentos de la sentencia.

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Argentina, Córdoba. Darío Ávila, abogado de las Madres de Ituzaingó: “Logramos un fallo histórico contra el actual modelo”

Carlos Saglul (ACTA)

Fumigar cerca de poblaciones será de aquí en más un delito que la Justicia castiga como resultado del fallo de la Cámara del Crímen de Córdoba. Si bien hay satisfacción por el fallo Darío Ávila, abogado de las Madres de Ituzaingó, con amargura confiesa a ACTA “las penas no son de cumplimiento efectivo, las madres querían que los acusados fueran presos. ¿Cómo no entenderlas? ¿Qué pena puede hacer pagar la muerte de un hijo?”.

Tras nueve horas de deliberación, los jueces de la Cámara 1ª del Crimen declararon culpables a dos de los acusados por contaminación dolosa en barrio Ituzaingó, y absolvieron al restante. El productor Francisco Rafael Parra recibió tres años de prisión condicional, lo mismo que el piloto aeroaplicador Edgardo Jorge Pancello. En cambio, al otro productor, Jorge Gabrielli, se le confirmó la absolución.

A Parra le aplicaron durante cuatro años una serie de condiciones a cumplir, entre las cuales se destaca la realización de 10 horas semanales de trabajos comunitarios no remunerados en establecimientos públicos de salud. Algo similar le sucederá a Pancello, que debe hacer lo mismo, pero durante tres años y ocho horas semanales. Aparte, a Parra lo inhabilitaron para realizar fumigaciones durante ocho años, mientras que al aviador Pancello se le impuso esa prohibición durante 10 años.

¿-Cómo evalúa el resultado del juicio?

Por un lado, el lo personal entiendo que las Madres estén descontentas. ¿Qué pena puede pagar por la vida de un hijo? Como profesional no puedo dejar de sentirme satisfecho ya que considero que la resolución es histórica. De aquí en más nadie podrá fumigar sin estar cometiendo un delito, los fiscales no se podrán hacerse los distraídos.

Esto abre un debate nacional. Hasta último momento no sabíamos cómo se resolvería esto. Si el tribunal decidía que la Ley de Residuos Peligrosos no tenía nada que ver con el caso, hubiera sido catastrófico.

Es hora que los estados nacionales y provinciales tomen cartas en el asunto para la defensa de la población y se hagan cargo de esta matanza silenciada que se viene verificando en el país.

—Cómo es posible que no exista un censo de las víctimas?

No existe, desobedeciendo inclusive una orden presidencial. A raíz de este caso la jefa de Estado Cristina Kirchner ordenó que se formara una comisión investigadora, que lo primero que tendría que haber realizado es un censo. Miraron para otro lado.

Hay intereses muy poderosos. Muchos médicos no quieren colaborar, inclusive en el interior están los que tienen campos sojeros o gente vinculada a la actividad entre la mayor parte de sus pacientes.

-Horas antes del fallo, Monsanto y los gobiernos nacional y de Córdoba presentaban una nueva tecnología: Intacta RR2. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar dijo que era “un día muy especial para la Argentina”.

Es una burla o más que eso, una demostración de impunidad. Esa semilla es peor que la actual porque resiste tres tipos de agroquímicos. Dicen que se va a sembrar en campos experimentales pero no es verdad. La semilla es llevada por el viento. Se produce la polinización. Esto lleva a que en algún momento solo tengamos soja trangénica. Los gobiernos provincial y nacional pueden pelearse pero están de acuerdo a la hora de tratar con Monsanto.

-Monsanto en sinónimo de colonialismo…

Tienen más poder que todos los gobiernos. Vinieron a la Argentina y con Felipe Solá de ministro de Agricultura dijeron “aquí se sembrará soja, solo soja”. Fueron a la India y ordenaron: desde hoy solo algodón trangénico”. En México maíz trangénico y así en cada país fueron cambiando sus cultivos y alimentación. Los mexicanos tienen en el maíz su principal fuente de alimentación y ya no saben lo que comen. Controlan los medios de prensa a través de la publicidad, casas de estudios a través de subsidios, todo lo necesario para remodelar una sociedad de acuerdo a sus intereses. Claro que es colonialismo.

Hay estudios del Conicet, también del INTA. Este último dice que la soja se lleva el 37 por ciento de las nutrientes de la tierra con el cual corremos el riesgo de desertificar al territorio. Y eso sin contar, lo que aquí quedo demostrado nuevamente, lo que pasa con la salud de la población, los casos de cáncer, las malformaciones en los niños y la muerte.

-¿Lo que debe ser puesto en debate más que las fumigaciones es el sistema?

Empresas como Monsanto no sólo van por el control de todo el mercado de alimentos a escala planetaria. Manejan los pool de siembra e inclusive arbitran a su antojo los precios de sus productos ya que tienen un monopolio a escala planetaria. No es fácil. Pero hay que poner en debate el tema. Visibilizarlo, aunque los grandes medios traten de ocultarlo. Se trata de nada más ni nada menos que pelear por el derecho a la salud y la vida misma.

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