miércoles, 29 de agosto de 2012

Las nuevas contradicciones de la disidente cubana Yoani Sánchez

Salim Lamrani (OPERA MUNDI, especial para ARGENPRESS.info)

En el espacio de unos años, la disidente cubana Yoani Sánchez se ha convertido en la principal figura de la oposición al gobierno de La Habana. Ninfa egregia de los medios informativos occidentales, no obstante, la bloguera no escapa de sus propias contradicciones.

Yoani Sánchez tiene una visión bastante peculiar de su país, que comparte en su blog Generación Y, creado en 2007. El punto de vista es acerbo y sin matiz. La realidad cubana aparece descrita de modo apocalíptico y cuenta su vida cotidiana compuesta de sufrimientos y privaciones. Critica duramente al gobierno de La Habana y le hace responsable de todos los males.

“Mi hijo me pregunta si habrá almuerzo hoy”

“Mi hijo me pregunta si habrá almuerzo hoy”, escribe en una crónica del 29 de junio de 2012, en “una sociedad donde cada gestión está rodeada de obstáculos e impedimentos, mucho más si se produce de forma independiente”. “Una de esas escenas recurrentes es la de perseguir los alimentos y otros productos básicos en medio del desabastecimiento crónico de nuestros mercados”, se queja. Afirma que lucha diariamente contra “los obstáculos de la vida”.

En efecto, incluso afirma tener dificultades para alimentar a su propio hijo “ante la verticalidad de un gobierno totalitario” , que pretexta una “eterna amenaza extranjera para descalificar a los incómodos”. Según ella, “con unos centavos que se le sumen a un alimento, el termómetro de la angustia cotidiana se dispara, los grados de la inquietud se incrementan”.

Contradicciones

Al leer esas líneas parece que la joven disidente cubana sufre hambre y se encuentra en total desamparo. Pero sus afirmaciones resisten difícilmente el análisis. Lejos de hallarse en la precariedad, Yoani Sánchez goza de condiciones de vida materiales privilegiadas con respecto a la inmensa mayoría de sus compatriotas. En efecto, en la edición del 23 de julio de 2012 del diario español El País descubrimos que la bloguera realizó un reportaje sobre “los 10 mejores restaurantes de la renovada cocina cubana”.

Convertida en gastrónoma y crítica culinaria, Sánchez establece una clasificación de los diez mejores restaurantes de la capital cubana y describe con muchos detalles los suculentos menús propuestos por un precio medio de “20 euros”, es decir el equivalente a un mes de salario en Cuba. Así, el Café Laurent, el Decamerón, el Habana Chef, La Casa, La Mimosa, La Moneda Cubana, Le Chansonnier, Mamma Mía, Rancho Blanco y Río Mar consiguen sus votos.

Inevitablemente surgen varias preguntas. Para poder establecer una clasificación mínimamente seria, la joven opositora tuvo que visitar por lo menos unos cincuenta restaurantes de La Habana cuyos menús cuestan en torno a 20 euros como promedio. ¿Cómo puede Yoani Sánchez – que afirma tener dificultades para alimentar a su propio hijo– gastar un presupuesto de 1.000 euros – ¡suma que equivale a cuatro años de salario medio en Cuba!– en visitar los restaurantes más selectos de la capital cubana? ¿Por qué una persona que afirma interesarse por la suerte de sus conciudadanos realiza un reportaje sobre los restaurantes de lujo en Cuba, que pocos cubanos pueden frecuentar?

El verdadero nivel de vida de Yoani Sánchez

En realidad, Yoani Sánchez no sufre ningún problema de orden material. En efecto, desde que integró el universo de la disidencia, su vida cambió de modo considerable. En el espacio de unos años, la joven opositora recibió múltiples distinciones, todas financieramente remuneradas. Así, desde la creación de su blog en 2007, la bloguera ha sido retribuida a la altura de 250.000 euros en total, es decir un importe equivalente a más de 20 años de salario mínimo en un país como Francia, quinta potencia mundial. El salario mínimo mensual en Cuba es de 420 pesos, es decir 18 dólares o 14 euros, por lo que Yoani Sánchez ha conseguido el equivalente a 1.488 años del salario mínimo cubano por su actividad de opositora. Jamás ningún disidente en Cuba –quizás en el mundo– ha conseguido tantas distinciones internacionales en tan poco tiempo. Por otra parte, el diario El País abrió sus páginas a las crónicas de Sánchez a cambio de una remuneración que oscila alrededor de 150 dólares por artículo, es decir una suma equivalente a 8 meses de salario mínimo en Cuba.

Yoani Sánchez, nueva figura de la oposición cubana, se encuentra lejos de vivir en total desamparo. Al contrario, dispone de un tren de vida que ningún otro cubano puede permitirse y, contrariamente a lo que afirma, su hijo no sufre ninguna carencia alimentaria. La disidente, que primero emigró a Suiza antes de elegir regresar a Cuba, es lo bastante sagaz como para comprender que al adoptar cierto tipo de discurso, agradaría a poderosos intereses contrarios al gobierno y al sistema cubanos. Éstos, a su vez, sabrían mostrarse generosos con ella.

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

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Cuando la injusticia acorrala en el norte, Ecuador abre sus puertas en el sur. ¡Ejemplo a seguir!

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)
Trascripción: Ingrid Storgen

Entrevista a Alexis Ponce, analista político internacional y defensor de Derechos Humanos en Ecuador.

La luz verde de Ecuador para asilo político a Julián Assange, cruzó los planes de extradición que tenía el Departamento de Estado, el Pentágono y Casa Blanca contra el periodista australiano que sacudió los tres poderes mencionados, hace dos años, en el escándalo de Wikileaks.

Foto: “Cuando son gente del propio norte que huye hacia un país del sur diciendo que no hay condiciones en el norte, quiebran completamente las nociones de democracia, y derechos humanos de los que ellos se creen paladines”. Alexis Ponce.

Tanto el gobierno británico como el sueco, constituidos por partidos de la derecha-liberal proyankie, han usado las acusaciones de un supuesto místico acto sexual sin condón entre Assange y la sueca Anna Ardin, como pretexto para solicitarlo extraditado, primero a Suecia para el proceso judicial y, sin decirlo, existía un pedido en extradición a Estados Unidos donde comenzaría el verdadero juicio de ésta década.

Foto: Alexis Ponce

Cínicamente dice el gobierno y altos juristas suecos que Assange no podrá ser extraditado si hay riesgo de pena de muerte en Estados Unidos

Hablamos con Alexis Ponce, analista político internacional y defensor de Derechos Humanos con varias décadas en Ecuador, que también realizó asesorías en la Asamblea Constituyente.

Tomamos el pulso sobre el caso de Julián Assange de la perspectiva ecuatoriana, la insólita posición de la organización indígena Conaie que coincide con los sectores golpistas ecuatorianos y de la cubana contrarrevolucionaria Yoani Sánchez.


DE: Coméntanos tu opinión sobre el asilo político que Ecuador otorga a Assange.

AP: Yo como activista de derechos humanos tengo, por supuesto, una reflexión sobre el tema y tengo que decir que es una decisión digna del gobierno ecuatoriano. Decisión soberana, digna y correcta que merece el apoyo de la ciudadanía del mundo, porque demuestra que pesa, sobre todo, esa dignidad por encima de los poderes coloniales y neo coloniales.
Efectivamente, la decisión de darle asilo a Assange por parte del Ecuador y adicionalmente la defensa, que hace de la postura en contra de las amenazas torpes, hechas por funcionarios gubernamentales ingleses torpes, nos muestra con toda claridad el famoso apotegma de Gandhi cuando decía que “cuando el imperio amenaza con la fuerza es porque ya está vencido” y se complica.
Porque creo que el estado británico en alianza con los Estados Unidos, en lo que se denomina el Poder Transatlántico, al amenazar, amedrentar, reprimir el derecho internacional, está advirtiéndonos, poniendo en la realidad el pensamiento.
Cuando decía él (Salvador Allende), que podrán tener la fuerza, avasallar pero los procesos sociales no se detienen con sangre ni con represión así como tampoco con el desconocimiento del derecho internacional y hay un doble rasero de las potencias al negar el asilo a Assange, el doble rasero de las potencias del mundo en derechos humanos que quedan al desnudo.

Foto: El Dictador en el 10 aniversario del golpe militar en Chile. El asesino no tuvo problema de regresar de Inglaterra a Chile, pese a los crímenes de lesa humanidad cometido durante la dictadura militar. Fue hombre del mismo Pentágono que dirigió el golpe de estado el 11 de septiembre de 1973.

Esto lo digo debido a que si fuera Pinochet, ahí sí, se daría cabida a la salida de Inglaterra, como lo hicieron, para que llegara en silla de ruedas a Santiago de Chile y ni bien bajara en el aeropuerto chileno se pusiera de pie ni bien pisaron tierra.
Así que, independientemente de las voces de derecha, de los Felipillos, de los Malinche, que en Ecuador y en América Latina han citado que la decisión de Ecuador es peligrosa, porque contraría las decisiones del mundo, este tipo de declaraciones como las de Sánchez, del País, de España, de todos estos articulistas que han caído tan bajo al replicar la decisión del gobierno ecuatoriano, creo que para nada empequeñece una decisión soberana que es aplaudible en todo el continente.

DE: La prensa británica un poco coincide con lo que tu mencionas de la oposición ecuatoriana, también con la decisión del gobierno de Rafael Correa de otorgar asilo a Julián Assange; tu hablaste ahora de la CONAIE ¿qué valor merecen los comentarios británicos en el sentido, que por un lado Rafael Correa está arremetiendo contra la prensa ecuatoriana y por el otro lado habla sobre el derecho de la libre expresión por parte de Julián Assange?

AP: Ahí lo que salta a la vista es el criterio hipócrita de las potencias y de los poderes fácticos del mundo, llámense medios de comunicación privados, monopolios, o poderes imperiales. Rafael Correa, presidente del Ecuador y Julián Assange, hoy son dos íconos de esa lucha social, ciudadana de los pueblos en contra de esa dictadura mediática de los poderes imperiales.
Y claro está, con la democratización de los poderes desde abajo, del derecho a la información, del derecho a pedir asilo, se ve claramente que a través de ese tipo de interpretaciones y de señalamientos lo que están diciendo es que no les convence que un país pequeño esté cambiando la correlación de fuerzas en el mundo. Porque el tema del asilo siempre era bien visto si era entre ellos, entre las potencias, cuando eran cubanos los que salían, rusos o chinos.
Pero cuando son gente del propio norte que huye hacia un país del sur diciendo que no hay condiciones en el norte, quiebran completamente las nociones de democracia, y derechos humanos de los que ellos se creen paladines.

Foto: La bloguera cubana favorita de Obama y El País, que traduce su blog en 18 diferentes idiomas, la misma mujer que sin preparación periodística es invitada para entrevistar a Obama, hace su sentencia sobre la suerte de Assange en la prensa opositora ecuatoriana. ¿Coincidencia?

Y por otro lado yo creo que siempre va a haber Malinches, como esa Malinche que se puso de rodillas frente al conquistador Hernán Cortés, así como hubo un Felipillo en lo que ahora es el Ecuador que se puso del lado de los españoles en contra de Atahualpa, eso siempre va a haber, gente arrodillada, pagada. Gente que en realidad ni siquiera necesita ser pagada sino que lo hace por convicción y tiene esa dolencia de vivir siempre agachados, ante los poderes imperiales.
No nos olvidemos que cuando Inglaterra dominaba imperialmente a la India, lo que hacía era reflotar en la prensa inglesa todo comentario hindú en contra de Ghandi, entonces no nos preocupemos de lo que digan.
Lo que sí es importante es que esta postura de los supuestos partidos de izquierda tradicionales, de la CONAIE, hayan caído en el mismo juego.
No hay ninguna diferencia conceptual entre Yoani Sánchez, la bloguera cubana que es pagada por el grupo Prisa, que es parte del poder imperial y el concepto que ella misma dice y lo repite igual la CONAIE y lo que publica la prensa inglesa, cuando dice “¿cómo es posible que Julián Assange pida asilo en un país cuyo gobierno atenta contra las libertad de prensa?”
Que eso lo diga Yoani Sánchez y la derecha del mundo vaya y pase, pero que lo diga la CONAIE y los supuestos partidos de izquierda que están en otro momento del pasado, nuevamente, y que no entienden el principal punto de la acumulación de fuerzas del país, de la UNASUR, del Continente Sudamericano, que ya no dan muestras de subordinación ante una potencia colonial.


DE: El conflicto que había entre Correa y los medios privados en Ecuador, era precisamente por falta de derecho a polemizar, a defenderse frente a un monopolio mediático en Ecuador, donde los medios de comunicación no querían dar el derecho a réplica a cualquier ciudadano ecuatoriano, ¿es así?

AP: Es así, y además hay una cosa importante. Esos medios desconocieron, invisibilizaron, censuraron y no publicaron los derechos de Assange y su grupo que se referían a las relaciones no santas entre la embajada norteamericana y esos medios de comunicación privados, en el Ecuador y en el mundo.
Y por eso es que la postura de la CONAIE es tan tonta que causa tristeza. Cuando dice que es el colmo que el Ecuador le de asilo a Assange y que a la vez reprima al periódico Universo, como si ese periódico fuera popular, eso que decía la CONAIE me parece terrible. Significa que han llegado a un grado tal de sectarismo que no les importa tener la misma postura que los poderes imperiales o que la Yoani Sánchez y el Grupo Prisa.
En definitiva lo que está de por medio es que si estos grupos gobernaran, le hubieran negado el asilo a Julián Assange.
Si gobernara la CONAIE, si gobernara la Yoani Sánchez en Cuba, negarían esa posibilidad, esos derechos consagrados por la UNASUR, por el ALBA en cuanto a expresar su solidaridad a un país como el Ecuador que lo que ha hecho es consagrarse como una potencia ética mundial.

DE: ¿Qué lectura haces tú sobre la declaración del gobierno sueco y del canciller del partido de la derecha, Carl Bildt que dice que no acepta la propuesta por parte del gobierno ecuatoriano en el sentido de tener garantías para que un juicio sea justo y que no sea extraditado a los Estados Unidos después que llegara a Suecia? Y además la propuesta por parte del gobierno ecuatoriano en el sentido que se puede hacer el juicio desde Estocolmo y Londres a través de una videoconferencia, cosa que es muy usual, por ejemplo en Colombia, donde por ejemplo, la corte suprema de justicia o cualquier corte colombiana puede hacer los interrogatorios con los testigos o los mismos acusados que están en Estados Unidos. ¿No se podría hacer lo mismo en el caso de Julián?

Foto: Tres días después del supuesto abuso sexual, la sueca Anna Ardin, con el rostro tapado, se sonríe en la foto junto con sus amigos y el supuesto violador Assange (centro). Es líder de la democracia cristiana sueca, acusada de ser agente de la CIA, ha hecho varios viajes a Cuba, introduciendo dinero a la oposición dirigida desde la oficina de intereses de Estados Unidos en la Habana, amiga íntima a Aron Modig que estaba presente en el mismo carro que se accidentó hace unos meses y en donde falleció el enemigo a la revolución cubana, Oswaldo Payá. ¿Coincidencia la amistad sueca-cubana-estadounidense?
AP: Yo creo que lo que tu dices, en el caso de Julián Assange, es correcto, hay múltiples formas en que Suecia podría hacerlo y ahora el ex juez y ahora abogado Baltasar Garzón ha dicho con toda claridad, que Suecia puede revisar aquel proceso de declaraciones del señor Assange a través de videoconferencias, a través de múltiples formas que se podrían hacer desde el Estado ecuatoriano y Londres o al revés y no habría ningún problema en eso, ni nada resultaría perjudicial para el proceso. Pero lo que está en el centro del problema es que el Ecuador ya ha dicho que estaba dispuesto, le ha dicho a Suecia para que vinieran a tomarle declaraciones, pero lamentablemente la postura de Suecia es una postura triangular.
Hay un triángulo entre Londres, Estados Unidos y Suecia y eso no se rompe fácilmente, el norte va a mantener esa postura de fuerza.
El primer ministro inglés ha sido muy claro al señalar sus reprimendas al canciller de Inglaterra por las torpezas de las amenazas británicas al Ecuador.
En el caso de España, el bloque legislativo de Izquierda Unida ha pedido a España y a la UE apoyar la concepción del salvoconducto.
Quiere decir que hay voces en el propio norte que están diciendo a Europa y a Estados Unidos que tienen que ceder, que se debe realizar este tipo de flexibilidad para que no sean el hazme reír del mundo.
Porque imaginemos los otros escenarios de fuerza que están pensando ellos realizar, al no otorgar salvoconducto, el no pedir las declaraciones en la embajada, todo implicaría que quieren utilizar la fuerza y como dije al principio, se cumpliría el apotegma de Gandhi que cuando un imperio amenaza es porque ya está vencido.

Dick Emanuelsson, periodista sueco que cubre América Latina desde 1980. Vive actualmente en Honduras


Alexis Ponce comenta el intento de golpe de estado en Ecuador
Audio: https://www.box.com/shared/t2m49chjk9

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El salario mínimo será de $2875 recién en febrero de 2013

ANRED

Sindicalistas y empresarios acordaron una suba del salario mínimo de casi el 25% a pagar en dos cuotas. No alcanza a cubrir la Canasta Básica Total y su alcance es escaso, ya que sólo afecta directamente a 113.000 trabajadores/as.

En el día de ayer se acordó el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El nuevo valor estará en $2.670 a partir de septiembre y llegará a $2875 en febrero del año que viene. La conformación del Consejo del Salario Mínimo estuvo integrado por representantes del Ministerio de Trabajo, de distintos sectores del empresariado, y por sindicalistas que responden a la CTA de Hugo Yasky (cercana al oficialismo) y a la CGT de Gerardo Martinez (UOCRA) y Antonio Caló (UOM). La otra fracción de la CGT, la que comanda Hugo Moyano, decidió no participar de la convocatoria por considerar que el tope al aumento del salario mínimo estaba fijado de antemano. Mientras tanto, la CTA encabezada por Pablo Micheli no fue invitada a participar de las discusiones y, por lo tanto, decidió movilizarse hacia las puertas del Consejo. Ambas fracciones pedían un salario mínimo de $3500 y $5000 respectivamente, muy por encima del que se terminó acordando.

Todos pronosticaban un rápido acuerdo en torno a los $2900; lo que significaría un amento del casi 25% del salario mínimo fijado el año pasado y acorde a la inflación que la mayoría de las consultoras y estudios independientes están midiendo. Sin embargo, el anuncio por parte de la presidenta Cristina Fernández recién llegó pasadas las 21 hs: a pesar de que el salario mínimo va a terminar ubicándose en torno a los $2875, el aumento fue más regresivo del que se preveía, ya que se llevará a cabo en dos cuotas: 16% en septiembre y 9% en febrero del año próximo.

Este aumento alcanza a cerca de 113.000 asalariados registrados en el sector privado que actualmente perciben salarios cercanos a los $2.300, monto que hace referencia al salario mínimo fijado hace un año. Es decir, según cifras oficiales, la suba sólo afecta a cerca del 1,9% del total de los trabajadores en blanco; sin embargo, podría representar una herramienta para los trabajadores en condiciones de contratación precarias.

El Artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce el derecho de los trabajadores al salario mínimo, vital y móvil. El artículo 116 de la ley de contrato de trabajo dice que el salario mínimo, vital y movil es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. El Consejo fue creado en 1991 y fue reflotado en agosto de 2004, luego de once años de inactividad absoluta del organismo. Bajo el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, el salario mínimo fue fijado en 450 pesos en 2004. En tanto, en 2005 el montó se elevó a 630; en 2006, a 800; en 2007, a 980; en 2008, a 1.240; en 2009, a 1.500; en 2010, a 1.840; y, en 2011, se situó en los 2.300 pesos.

La importancia del salario mínimo para una distribución del ingreso que favorezca a los trabajadores

En la última década, el Producto Bruto Interno (PBI) ha experimentado un crecimiento del 74%. Sin embargo, durante el mismo período el ingreso de los asalariados registrados aumentó tan sólo un 3,3% -así lo indica el último informe del Observatorio del Derecho Social que responde a la fracción de la CTA que no está alineada con el oficialismo-. Dicho documento, que fue preparado de cara a la nueva convocatoria del Consejo del Salario, atribuye la evolución diferenciada entre el PBI y el salario de los trabajadores al comportamiento de la productividad y del costo laboral por ocupado: entre los años 2001 y 2010 la productividad del trabajo se incrementó un 31%, mientras que el costo laboral por ocupado se redujo en un 24%, según el citado informe.

Los datos arrojados por el Observatorio del Derecho Social muestran que durante la post-convertibilidad los empresarios tuvieron una rentabilidad sobre el stock de capital fijo de 37,2%, muy superior al 24,8% mostrado durante la etapa que va de 1993 al 2001. Los trabajadores, al contrario, vieron disminuida su porción de los ingresos totales, ya que pasó del 38,5% en 2001 al 37,6% en 2011. Según el Informe de la CTA, la caída pudo haber sido mayor si no fuera por el crecimiento de la cantidad de nuevos asalariados a lo largo de la última década. La conclusión es que “existe una mayor cantidad de trabajadores, que continúan percibiendo bajos salarios, mientras que los empleadores se apropian de prácticamente la totalidad de las ganancias de productividad registradas durante la última década”.

En este marco, la recomposición del salario mínimo adquiere nodal importancia para lograr una mejora en la distribución de los ingresos. ¿Cómo se explica esto a pesar de que de forma directa sólo afecta a una porción minoritaria del total de los asalariados? Porque sirve como un elemento de presión para aquellos trabajadores que no se encuentran registrados; según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el último trimestre del 2011 estos llegaban al 34,2% del total de los trabajadores, es decir, a 4,2 millones de personas.

La relación directa entre el salario mínimo y el promedio de los salarios de los trabajadores con formas de contratación precarias se observa a lo largo de los últimos años, en especial hasta el primer trimestre del 2010.

Gráfico 1: Evolución del salario mínimo y del salario no registrado promedio en pesos


Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo
(Nota: no se encuentra disponibles datos oficiales del salario promedio de los trabajadores no registrados para el 2do trimestre del 2007)
Hasta ese período, el salario mínimo era de $1500 mientras que, según estadísticas del Ministerio de Trabajo en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el salario promedio de los trabajadores urbanos no registrados era de $1561. A partir de entonces y hasta el aumento del año pasado de $2300, el salario de los trabajadores no registrados se encuentra pronunciadamente por encima del salario mínimo. Con el reciente anuncio, del aumento del salario mínimo del 28,75% para febrero de 2013, habrá que a esperar nuevos datos oficiales para estudiar la forma en la que se actualiza la serie.

Hay varios factores que pueden explicar el distanciamiento relativo entre el salario de los trabajadores no registrados y el salario mínimo. Por un lado, la tendencia a la disminución del desempleo genera subas de salarios por la escasez de trabajadores en algunas ramas. Por otro lado, a partir del 2010 el empleo precario comienza una fase descendente mientras que los trabajadores en blanco continúan en crecimiento. De esta forma hay una presión para que el salario de los trabajadores informales sea más competitivo, ya que existen mayores posibilidades de pasar a mejores condiciones de contratación y, de esta forma, ver aumentados sus ingresos.

Poder adquisitivo del salario mínimo

Si se analiza la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo de los últimos años, es decir, del salario real (salario nominales por sobre el IPC), se observa que hay una tendencia a la polarización de los extremos. Es decir, cada vez son más pronunciados los picos alcistas del salario real al momento que se concede la actualización del valor del salario mínimo (último trimestre de cada año) y más bajos los indicadores al momento en que el aumento del año anterior es licuado casi completamente por la inflación (segundo y tercer trimestre de cada año).

Gráfico 2: Salario Real del salario mínimo. 01/2006=100


Fuente: Elaboración propia en base al IPC que calculado en http://elhombrecitodelsombrerogris.blogspot.com.ar
En base al último gráfico se puede observar que los últimos valores del salario mínimo vienen estando a un nivel similar de la inflación. En consecuencia, no existe una mejora real de esta herramienta, por lo que no se está distribuyendo positivamente el ingreso hacia los asalariados en blanco que menos ingresos perciben.

Otro indicador para estudiar el poder adquisitivo del salario es comparar a este indicador con la Canasta Básica Total. Como se puede leer en una reciente nota publicada ("Todo por seis pesos"), el “equipo de trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) que coordina el diputado Claudio Lozano (presidente del bloque Unidad Popular e integrante de la CTA), viene desarrollando mediciones con las cuales estima que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) estaría rondando $2.251 mensuales y la Canasta Básica Total $4.152”. Con estos valores se puede deducir que el nuevo salario mínimo apenas le alcanza a una familia tipo para alimentarse y muy lejos queda de alcanzar la Canasta Básica Total. Estas estimaciones van en línea con las que publicó a principios de año la Junta Interna de ATE-INDEC. Según los técnicos desplazados por la intervención oficial del organismo público en 2007, una familia tipo necesitaba a principio de este año $5502,20 por mes para cubrir sus gastos totales. Esta cifra representa casi cuatro veces la canasta básica total fijada por el INDEC.

En definitiva, el nuevo monto del salario mínimo queda lejos de suplir los problemas de la fuerza de trabajo. Por un lado, tiene un alcance mínimo, ya que sólo llega a una pequeña masa de trabajadores en blanco. De esta forma, no influye en una porción importante de la fuerza de trabajo que está compuesta por los desocupados, los no registrados, del sector público municipal y provincial, y el personal doméstico y rural que cuentan con regímenes propios. Sin embargo, a pesar de su pequeño impacto directo, un alto valor del salario mínimo significaría una herramienta de presión para el total de la fuerza de trabajo. Pero el 25% de aumento en dos cuotas representa un valor equiparable al aumento de la inflación, por lo que los trabajadores pierden, una vez más, la oportunidad de contar con un instrumento susceptible de ser usado para redistribuir progresivamente los ingresos.

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Los verdaderos dueños de la tierra

Claudia Rafael (APE)

Las antiguas voces todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma.

Esas voces de las que hablaba Eduardo Galeano miran estos suelos hoy con ojos extraños. Cómo entender que esa huella diminuta del piecito wichi, de la manita guaraní, del árbol dibujado con un palito sobre el barro se eternizan hoy en tierra extranjera.

Extranjera de origen. Extranjera de historia. Extranjera de realidades. Extranjera de clase.

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El Registro Nacional de Tierras Rurales dio a conocer un informe que arroja que “al menos 2,3 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros”. Según esas primeras estimaciones, los estadounidenses encabezan el ranking, con 461.353 hectáreas, mientras que los italianos han declarado formalmente 455.322 hectáreas.

La Federación Agraria Argentina estima que el total es muy superior y que puede oscilar entre los 20 y los 25 millones de hectáreas.

Lagos, reservas naturales, pueblos enteros incluso, van sumando a las arcas de empresarios.

Avisos clasificados convocan a ganar territorio. Pasen y vean, qué lindas tolderías, cantaría Les Luthiers. “Está ubicado en un paraíso fiscal, con beneficios estables y grandes ganancias”, subrayaba el aviso que malvendía hectáreas en Río Grande.

¿Cuántos sueños caben en un sueño? ¿Cuántos países caben en las tierras en manos de grandes empresarios extranjeros (de nacionalidad)?

El país tiene 279 millones de hectáreas en su parte continental. Pero las tierras cultivadas llegan apenas a los 31 millones de hectáreas.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en manos de empresarios extranjeros está la superficie entera de un país como El Salvador. O la quinta parte de países como Honduras o Cuba. Según la Federación Agraria Argentina, en manos de empresarios extranjeros está la superficie entera de un país como Ecuador; de dos Nicaragua; la suma de Nicaragua y Honduras o una vez y media el territorio entero de Uruguay.

Para el Registro de Tierras, representan el 0,8 por ciento de la superficie total. Para la Federación Agraria, entre el 7 y el 9 por ciento.

Fue el gobierno de Farrell-Perón el que con el decreto-ley 15.385/44 declaró que es de “conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos nativos” y expropió gran cantidad de propiedades extranjeras.

*****

Hay otro concepto de propiedad extranjera muy lejano al de la nacionalidad. No nace de fronteras que demarcan límites políticos. Arranca en la médula de un sistema que endiosa los capitales y olvida a los desarrapados y expoliados de la historia.

En “Tierras S.A.: Crónicas de un país rematado", los periodistas Andrés Klipphan y Daniel Enz hablan del proceso de extranjerización de la tierra acompañado de la “fiebre verde” u “oro verde”: el cultivo de la soja. Un proceso que es posible en un país en el que la concentración de tierras es el abono perfecto para el negocio.

Si restan dudas, hoy –revela Ecoportal.net- “la patria grande sojera está conformada por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Los cinco países cuentan con 47 millones de hectáreas con soja transgénica”. En Argentina, puntualmente, abarca el 59 % de toda la tierra cultivada. En 1970 alcanzaba apenas el 1 %.

El Censo Agropecuario 2001 –cuentan Klipphan y Enz- desnuda que los 936 terratenientes más poderosos tienen 35.515.000 hectáreas, y en el otro extremo, 137.021 agricultores poseen solamente 2.288.000.

El proceso de extranjerización de la tierra nace para esos números de otro concepto, el de las fronteras ideológicas que marca el dios dinero.

¿Acaso para los pueblos originarios de la Patagonia hay diferencias reales si lo desalojan la familia Benetton o Manu Ginobili?

Para entender: los Benetton enjuiciaron por desalojo a la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque de las tierras que compraron en la Patagonia.

El jugador de básquet Emanuel Ginóbili, estrella de la selección nacional y de la liga estadounidense NBA devenido héroe y modelo a imitar, enjuició a la comunidad mapuche Paichil Antriao, de la zona de Villa la Angostura.

No siempre esa extranjería la plantean las fronteras políticas. La mayoría de las veces las imponen las fronteras bancarias.

Conceptos de extranjería que ubican socialmente mucho más ajenos a los Qom que a Ted Turner. A los mapuches que al italianísimo Benetton. Hay espejos en los que resulta impensable reflejarse.

*****

“En este año glorioso, una serie de acontecimientos felices comenzaron y terminaron la gran obra que ha dado los siguientes resultados: la pacificación de los desiertos que se extienden al sur de la República; la conquista de 20.000 leguas de tierras fértiles entregadas a la civilización; la sumisión y la regeneración de poblaciones salvajes…”, escribía Manuel J. Olascoaga en 1881.

Los grandes estancieros concentraron entonces en sus manos la gran propiedad privada. Y terratenientes ilustres espejaron el deseo europeizante. “Más rico que Anchorena”, se escuchaba en la Argentina de inicios del siglo XX. “Rico como argentino”, se decía en la París de esos mismos días.

Anchorena, Blaquier, Martínez de Hoz, Benetton, Tompkins o los anglo-malayos de Walbrook no plantean las diferencias. Después de todo, a Cristian Ferreyra no lo mandó a matar un inglés propietario de cientos de miles de hectáreas. Lo asesinó un matón que obedecía al empresario rural al que se enfrentaba la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, en Santiago. La misma provincia en que murió Sandra Juárez un año antes, de un paro cardíaco, mientras trataba de frenar las topadoras que destruirían sus sueños. Ni tampoco fue un megaempresario norteamericano el que mandó matar a Javier Chocobar, comunero diaguita de la comunidad Chuschagasta, un año antes o a Roberto López, de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, de Formosa.

¿A quién temerá más el líder qom Félix Díaz? ¿A la policía de Gildo Insfrán o a la seguridad privada de Douglas Tompkins, Ted Turner o Ward Lay? Es simple cuestión de ubicación territorial. No mucho más. En nombre del Estado o en nombre de los socios del Estado.

Hay distintos niveles de extranjería en un mundo que se empeña en envenenar los suelos, el aire, el agua y seguir hundiendo en la pobreza a 189 millones de latinoamericanos.

Y desde el fondo de la tierra siguen pertinaces las voces antiguas. Esas que en versos de Jorge Enrique Adoum recordaron: Todo lo que tienes a mí me estás quitando: porque sembré y no fue mía la cosecha, porque cuidé tu viña y no gotearon en mis manos los racimos, tampoco tuve el agua y la tierra conquistadas… Pero sé del suelo la dimensión exacta que será reconquistada a tu violencia. ¿No es mío acaso el sitio donde me han matado tanto?

Fuente imagen: APE.

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Micheli: "vamos a reventar las plazas de este país porque este pueblo no aguanta más"

Inés Hayes (ACTA)

Con la presencia de organizaciones sociales, gremiales, políticas y estudiantiles, la CTA se movilizó esta tarde a las puertas del ministerio de Trabajo para denunciar que el Salario Mínimo, Vital y Móvil se fijará a espaldas de los trabajadores. Por otra parte, también se volvió a repudiar la violenta represión que la policía salteña cargó contra los trabajadores del Ingenio El Tabacal (Salta) quienes siguen exigiendo que los 57 compañeros que han sido despedidos sean restablecidos en sus puestos de trabajo.

El intenso frío de la tarde no impidió que organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, convocados por la CTA, se congregaran en Alem y Corrientes para marchar a las puertas del Ministerio de Trabajo a denunciar que la Central no fue convocada a la reunión del Consejo del Salario a la que sólo asistieron los empresarios, el gobierno y sus cómplices.

Ya en las puertas del Ministerio, Juan Carlos Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA nombró a algunas de las organizaciones presentes: “ATE, la Unión Solidaria de Trabajadores (UST), ANTA, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Agraria Argentina (FAA), el MST, la CCC, Julio Fuentes, De Isasi, Vilma Ripoll, Néstor Pitrolla, Chiquito Ardura, Elías Moure”.

El primer orador fue Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la CTA y secretario general del sindicato de los visitadores médicos de la Argentina: “Queremos destacar y relacionar algunas cuestiones como la solidaridad con los compañeros que están luchando en Salta por un salario mínimo acorde a la canasta familiar”. Peidro destacó también que a la hora de reprimir se pusieron todos de acuerdo: “el Gobierno de Salta, la representación del ministerio de Trabajo y los empresarios de El Tabacal”.

Antes de darle la palabra a Pablo Micheli, Peidro agregó que se acabó el tiempo de los discursos progresistas “que no tienen encarnadura en la realidad. El ajuste viene acompañado de represión pero el pueblo responde y se organiza”. El secretario general adjunto de la CTA llamó a seguir profundizando la organización de los trabajadores de cara al encuentro de trabajadores privados previsto para el 8 de septiembre en el estadio porteño de Ferro: “A desarmar esta farsa de los que están acá adentro y a seguir luchando”. El secretario de Relaciones Institucionales de la Central saludó la presencia de los movimientos sociales: “También estamos saludando al conjunto de los movimientos sociales que nos están acompañando esta tarde que están peleando para no seguir siendo discriminados por el gobierno porque al movimiento social que no está alineado con el gobierno, se le caen los planes, los subsidios y entonces como siempre en este país hay hijos y entenados. Ninguno de nosotros quiere vivir de un plan o de la dádi
va del gobierno sino de nuestro trabajo y de un trabajo digno, no tercerizado. Y después se dicen progresistas y nacionales y populares cuando siguen haciendo negocios con la Barrick Gold, con los Roggio, con los Urquía, con los Pagani, con las multinacionales de los Monsanto que se llevan todo y a nosotros nos dejan hambre y el medio ambiente envenenado”.

Mientras que en el interior del ministerio, el gobierno decidía un salario mínimo que no alcanza ni para llegar a la mitad del mes, afuera, en la calle, hombres, mujeres y niños acompañaban el reclamo de la CTA por un salario mínimo de 5 mil pesos.

“Somos conscientes de nuestras limitaciones, somos conscientes de que ojalá fuéramos 50 mil hoy acá, pero también somos conscientes que la peor marcha es la que no existe y la peor actitud es no estar en la calle”, dijo en su discurso Pablo Micheli, secretario general de la CTA. “Más temprano que tarde vamos a reventar las plazas de este país porque este pueblo no aguanta más esta burla” agregó entre los aplausos de todos y todas.

“Nosotros planteamos un salario mínimo de 5 mil pesos y por ahí se escucha a algún periodista decir que es demasiado si hoy está en 2300 y se va a discutir si llevarlo a 2.900. La verdad que nosotros no decimos cosas al azar, tenemos respuestas para eso: la cátedra de Nutrición de la UBA dice que para salir de la pobreza una familia tipo necesita no menos de 4.800, 5 mil pesos mensuales y el instituto que dirige Claudio Lozano ha hecho estudios en base a la verdadera inflación, no la que mide Moreno sino la que vemos nosotros todos los días en el supermercado y dice también que se necesita esa cifra para tener un salario más o menos digno”, explicó Micheli en su discurso.

El secretario general de la CTA dijo además que la Central propone una escala salarial del 1 al 10: “proponemos que 10 sea el sueldo máximo y que ese sueldo fuera el del presidente de la Nación, quién puede ganar más que el presidente, es irrisorio. Por eso proponemos ordenar que el presidente gane 50 mil que sea 10, y que el salario mínimo sea 5 mil. Por eso la CTA dice con fundamentos que el salario sea de 5 mil pesos. Es una propuesta seria que no pueden rebatir los economistas neoliberales ni los economistas de este gobierno”.

Al tiempo que el sol se iba ocultando entre los edificios de la avenida Alem, Micheli llamó a todos los trabajadores ocupados y desocupados a convencerse que es posible llegar a ese salario mínimo: “Es fundamental que estemos dispuestos a pelear por la dignidad de ser trabajadores, si estamos dispuestos, si nos convencemos, podemos llegar a la victoria. Este es el inicio de la continuidad del plan de lucha del 8 de junio de 2011, pero no termina acá, nosotros tenemos la costumbre de cumplir lo que decimos, por eso esta Central está construyendo un nuevo paro nacional con movilización a Plaza de Mayo para fines de septiembre y principios de octubre, gracias compañeros y fuerza”.

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Argentina, Salta. El Galpón: Multitudinaria marcha contra instalación de planta de fabricación de explosivos

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Cientos de familias marcharon en la Plaza Central de la localidad de El Galpón, Departamento de Metán, en la Provincia de Salta, rechazando la instalación de la proyectada planta de la empresa AUSTIN POWER SA para la fabricación de explosivos.

De la movilización también participaron asociaciones civiles, sociales y vecinos provenientes de Salta (Capital), Metán, Joaquín V. González, Gaona, El Quebrachal y sus respectivas zonas de influencia. Luego de la concurrida marcha se realizo una asamblea en la Plaza Central del Galpón votando los pobladores por realizar una declaración en defensa de la vida y del patrimonio ambiental, que esta agencia de noticias hace pública.

Rechazo total, absoluto y definitivo a AUSTIN POWER SA

DECLARACIÓN, Del Galpón

El rechazo total, absoluto y definitivo a la instalación de la proyectada planta de la empresa AUSTIN POWER SA para la fabricación de explosivos en el contexto del plan sistemático de los Estados Nacional y Provinciales, asociados mediante la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), y con el fin de satisfacer su demanda para la destrucción de montañas y territorios destinados a la megaminería metalífera, extractiva y contaminante.

Rechazan la instalación de cualquier fábrica de explosivos y/o nitratos por los siguientes Motivos:

l.- La existencia de un Plan Sistemático Estatal, que autoriza este tipo de emprendimientos, afecta Derechos Humanos Fundamentales (al agua, al aire, al suelo, “un ambiente sano y equilibrado…” Art. 41 C.N); esta afectación se extiende a amplias zonas pobladas, las cuales quedan en indefensión; por ello, se incurre en DELITOS DE LESA HUMANIDAD, imprescriptibles, es decir, que pueden ser juzgados de por vida, incluso en Tribunales Penales Internacionales.

2.- El Impacto Social Negativo de AUSTIN POWER SA, que ya se manifiesta en el seno de las familias y en el resto del tejido social.

3.- El impacto ambiental de inevitable peligrosidad en una extensión que excede los límites provinciales.

Por ello, tanto empresarios como todos los estamentos y funcionarios del poder político estatal, asociados en la autorización de estos emprendimientos, quedarían incursos en aquellos Delitos de Lesa Humanidad y, en ese caso, oportunamente, serán objeto de demandas judiciales.

Se decide también, dado el carácter público y masivo del presente repudio, dar a conocer esta declaración a todos los estamentos oficiales de la provincia y de los municipios implicados, y conferirle amplia difusión pública.

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Pueblos en lucha

María Lapasset (ACTA)

La tarde del sábado 25 de agosto un grupo de compañeros de la CTA de Salta vivimos una experiencia que no sé como calificar: ¿angustiante? ¿extraña? ¿surrealista?.

Nos encontrábamos en la localidad de El Galpón, un pequeño pueblo a 160 Km al sur de Salta Capital, donde habíamos sido invitados a acompañar una manifestación convocada por vecinos de la localidad y de zonas aledañas para expresar el rechazo a la instalación de una fábrica de explosivos en la zona, que además de contaminar, va a vender sus productos a las empresas megamineras.

El proyecto de la empresa Austin Power SA cuenta con la aprobación ministerial y el apoyo del gobierno de la provincia.

Ya en la ruta veníamos prendidos de la radio, en los momentos que teníamos señal, siguiendo los sucesos de El Tabacal, que un periodista local, Samuel Huerga, transmitia en vivo y en directo al lado de los trabajadores.

El pueblo de Hipólito Irigoyen, ante la inminencia de la represión se volcaba masivamente en apoyo de los huelguistas para fortalecer el corte de ruta. Entre llamados telefónicos a los compañeros de Oran, Pichanal e Irigoyen, en varias oportunidades estuvimos tentados de volver sobre nuestros pasos para sumarnos nosotros también. Pero estábamos a 400 Km!

El Galpón nos sorprendió gratamente por la cantidad de vecinos reunidos en la plaza, gran cantidad de jóvenes con el rostro pintado de verde, muchas mujeres, muchos niños acompañando a sus padres.

Todos marcharon en una caravana de varias cuadras en la que se mezclaban bicicletas, motos, autos, camiones y hasta algunos tractores. Durante casi una hora recorrieron las calles del pueblo donde se iban incorporando más vecinos. Se vivía un clima festivo, entusiasta y alegre.

Nosotros sumamos nuestro auto a la caravana sin dejar de escuchar la radio. En El Tabacal los sucesos se precipitaban y a la voz desesperada del periodista empezaron a sumarse las explosiones de los disparos, los silbidos de las balas, los gritos de mujeres y niños. El relato de Samuel era tan vívido que por momentos nos parecía estar en medio de la balacera. Pero a nuestro alrededor la gente sonreía, aplaudía y agitaba banderas Wilpala!

En el acto en la plaza de El Galpón, al hacer uso de la palabra, no pudimos menos que felicitar a los galponenses por tamaña expresión de voluntad de un pueblo que resiste los proyectos de las multinacionales y, a la vez, expresamos nuestra angustia por lo que pasaba en esos mismos momentos en El Tabacal, donde otro pueblo estaba resistiendo una brutal represión, también y no por casualidad, en el marco de un conflicto con la yanqui Seabord Corporation y de manos de la policía de la provincia.

Después que se aquietaron las aguas en El Tabacal y nos despedimos de nuestros amigos de El Galpón, pudimos reflexionar más calmadamente: la sensación final fue reconfortante.

Valientes son los pueblos que luchan aunque el enemigo a enfrentar parezca grande.

Esa tarde vivimos dos expresiones de un mismo pueblo que no va a permitir que le hipotequen su futuro.

María Lapasset es Secretaria Adjunta de la CTA Salta.

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Por el traspaso de los Subtes: Los diputados Claudio Lozano y María América González presentaron Acción ante la Corte

El diputado Claudio Lozano y la legisladora María América González, (Buenos Aires para Todos en Unidad Popular), estuvieron esta mañana en los Tribunales de la Ciudad presentando una acción ante la Corte para que declare certidumbre frente a un conflicto entre dos jurisdicciones en el que aún no está definido quién debe hacerse responsable de la transferencia.
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Lozano señaló al salir de Tribunales que, "estamos realizando dos acciones, por un lado, una presentación ante la Corte para que dirima quien tiene que hacerse cargo del subte y terminar con esta situación de limbo donde no hay ninguna instancia de control sobre el concesionario. Por el otro, hemos recogido los reclamos de las organizaciones de usuarios y junto a DEUCO estamos haciendo una presentación ante los organismos de control, tanto ante la CNRT que depende de Nación como del Ente Único de Transporte que depende de la Ciudad, para que se penalice al concesionario por no haber prestado el servicio durante siete días, y se resarza a los usuarios con la gratuidad del servicio por el mismo lapso de tiempo".

María América sostuvo que, “le pedimos a la Corte terminar con la incertidumbre de a quién pertenece el subte, quién se hace cargo de la responsabilidad de cómo viajan, cómo trabajan en los subtes, la fiscalización y el control de su administración. Esta situación de incertidumbre es indigna no sólo para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, sino también para aquellas personas que utilizan el servicio, por eso vamos a la Corte.”

Con el objetivo de aportar vías de solución a este conflicto, Lozano y la diputada Liliana Parada vicepresidenta de la Comisión de Transporte e integrante del Bloque UP, presentaron ayer en la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley de creación de la Unidad de Gestión de Emergencia (UGE-Subtes) para el Área Metropolitana-

Para Lozano, "el subte es un subsistema del sistema más general de transporte metropolitano. En lugar de estar discutiendo que el subte es de la Ciudad deberíamos estar discutiendo cómo llega a la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, éste debería ser de interés de la Ciudad y de la Provincia".

Parada sostuvo que, “los subtes tendrían que estar en cabeza de la ciudad y lo de Mauricio Macri de primero aceptar y después dar una vuelta en el aire es de una irresponsabilidad suprema. Pero como no se resuelve estamos dando una respuesta".

Tanto la propuesta de creación de la UGE-Subtes como la presentación judicial que Lozano y María América González realizaron esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia, apuntan a definir el ámbito de discusión y resolución del conflicto de los subtes de Buenos Aires en el marco más amplio del área Metropolitana.

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Argentina, Salta: Los trabajadores y el ingenio El Tabacal no lograron un acuerdo

RED ECO

En Salta los trabajadores y los empresarios del ingenio El Tabacal todavía no lograron un acuerdo para levantar las protestas. El secretario Adjunto del gremio del Azúcar, Claudio Colque, afrimó que la empresa hizo una propuesta inaceptable ya que no garantizaba la reincorporación de los 57 despedidos.

Después de varias semanas de reclamo el sábado la policía de la provincia reprimió a los trabajadores para desalojar la manifestación en la ruta 50. Esta mañana el abogado de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Horacio Meguira había anticipado la posibilidad de un acuerdo con la empresa, pero al mediodía el secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, Claudio Colque dijo a Informativo FARCO que “El Tabacal no quiere desistir completamente de los despidos, no quiere garantizar la estabilidad laboral de los compañeros”.

Los trabajadores del Ingenio el Tabacal, ubicado en el departamento de Orán, provincia de Salta, reclamaban la reincorporación de 57 despedidos además de mejoras salariales. Las negociaciones comenzaron el fin de semana, después de la represión de la policía de Salta.

Consultado sobre el estado de las negociaciones, Colque afirmó que “El Tabacal no quiere desistir completamente de los despidos, no quiere garantizar la estabilidad laboral de los compañeros. No hay una intención firme por parte del gobierno provincial también de obligar a el Tabacal a que desista de esto porque en definitiva, si El Tabacal está donde está es porque el gobierno le permite y les da las facultades que tienen hoy por hoy por ser la empresa más grande de la provincia”.

Meguira había descripto que “la situación es muy tensa y lo que está haciendo la empresa es disciplinamiento agudo, represivo”, ya que “cuanto más tarde la cosecha más dinero pierden y la zafra está sin levantar. Eso es lo que los termina irritando pero es tanta la necesidad y el disciplinamiento sindical al que están sometiendo. Vienen de escuela norteamericana, que siempre lo que hace es tratar de desindicalizar. Lo que están haciendo ahora es un intento de desindicalización”.

La protesta de los trabajadores continúa aunque en este momento no está cortada la ruta a la espera de que se resuelva el conflicto y mantienen el diálogo con el ingenio, de propiedad de la empresa norteamericana Seabord Corporation, y el gobierno de Salta. Colque por otra parte cuestionó al gobernador Juan Manuel Urtubey por provocar con la policía: “La verdad que otra cuestión lamentable es que el gobierno provincial sigue haciendo movimientos con los efectivos policiales. Son movimientos que provocan a las masas trabajadoras y no queremos que vuelva a pasar lo que pasó el día sábado, pero si hacen esas provocaciones seguramente la gente no se va a quedar de brazos cruzados, está dispuesta a defender hasta las ultimas consecuencias su fuente de trabajo”, aseguró.

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Argentina: En Córdoba imponen trabas a la práctica del aborto no punible

Irina Santesteban (LA ARENA)
El fallo del juez civil cordobés Federico Ossola, en el amparo presentado en contra de la guía para abortos no punibles, vuelve a poner requisitos a un procedimiento que claramente había resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hace algunos meses, en esta columna, comentamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los casos de abortos no punibles, calificándolo como una excelente resolución que venía a poner claridad en una materia muy controvertida, cual es la aplicación del artículo 86, inciso 2º del Código Penal, referido a esta práctica.

La sentencia del alto tribunal fue clara y contundente, al disponer que para la aplicación de la norma era suficiente la declaración jurada de la mujer respecto a que el mismo era fruto de una violación, para que en el hospital público se le practicara un aborto. Sin embargo, a las pocas semanas de esa resolución, un juez civil de Córdoba, Federico Ossola, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en un amparo de la asociación Portal de Belén, y suspendió la vigencia de la Guía para Abortos No Punibles que había elaborado el Ministerio de Salud de esa provincia.

Ahora, en la sentencia definitiva conocida el lunes pasado, ese magistrado reconoce que los abortos no punibles son constitucionales, pero en el caso de un embarazo fruto de una violación, no basta la declaración jurada. Se requiere que la misma sea constatada por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud.

Contra el criterio

De esta manera, Ossola se aparta notoriamente de lo resuelto por la CSJN y contradice claramente las explicaciones que a posteriori del mismo, manifestara el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, precisamente referidas a la declaración jurada de la mujer como elemento suficiente para tener por comprobada la violación. Es que el fallo de la Corte Suprema expresamente dice que no hace falta haber efectuado una denuncia policial o judicial, para poder acceder a la práctica de la interrupción del embarazo en un hospital público.

Así, la Corte tomó un criterio amplio, para permitir que cualquier mujer violada, que no haya realizado denuncia por pudor o por temor, y luego descubra que está embarazada porque no supo o no pudo tener acceso a los métodos que permiten abortar en los tres días siguientes al acceso carnal ("píldora del día después"), pueda interrumpir su embarazo, sin tener que pasar por la doble victimización que significa la denuncia policial y la posterior investigación judicial.

Trabas

La sentencia del juez Ossola, que tiene más de 400 páginas, rechaza parcialmente el amparo promovido por el Portal de Belén contra la Guía de procedimientos provincial. La entidad amparista pretendía la declaración de inconstitucionalidad de los abortos no punibles en todos los casos.

Pero el fallo cordobés se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema al exigir que, para la constatación de la violación, la Provincia debe establecer en los hospitales públicos, un equipo interdisciplinario que realice esa verificación. En la Guía que se había aprobado en Córdoba y que la medida cautelar de Ossola había suspendido, se hace mención a un equipo interdisciplinario pero no para la constatación de la violación.

A pesar de esta diferenciación, el fallo de Ossola establece que no es necesaria la denuncia penal ni la autorización judicial. El magistrado plantea que en el caso traído a su decisión existe un conflicto que enfrenta a dos intereses de raigambre constitucional: el derecho a la vida de la persona por nacer; y el derecho a la vida y la salud de la mujer embarazada, producto esto último de una violación.

Primacía

Para Ossola, en el ordenamiento jurídico argentino la regla debe ser la preponderancia de los derechos de la persona por nacer y la excepción, la que consagra el artículo 86 del Código Penal (aborto no punible), que le da primacía a los derechos de la gestante, también de raigambre constitucional.

Pero, para este juez cordobés, no es suficiente la sola declaración jurada establecida en la Guía provincial de abortos no punibles, para tener por acreditada la violación de la mujer, "presupuesto básico, indispensable e ineludible para proceder a la comisión de un aborto no punible".

Apelaciones

El Portal de Belén, una organización de raíz ultramontana, ya anunció que apelará este fallo, por considerar que en ningún caso se puede autorizar un aborto, ni siquiera en caso de violación.

También el ministro jefe de Gabinete de Córdoba, el médico Oscar González, se expresó en tal sentido, y dijo que la Provincia apelará el fallo, para permitir la vigencia de la Guía de abortos no punibles elaborada por el gobierno para permitir estas prácticas en los hospitales públicos.

En el fallo de la Corte Suprema, justamente se exhortaba a las provincias a la aprobación de protocolos específicos para no retardar el acceso a ese derecho a las mujeres que solicitaran la interrupción de un embarazo producto de una violación, expresando que para su comprobación era suficiente la declaración jurada de la mujer.

Dos realidades

La suspensión de la Guía como consecuencia del fallo del juez Ossola, ha provocado en Córdoba dos realidades: mientras que en los hospitales públicos provinciales no se aplica por la cautelar que suspendió ese procedimiento, en la Maternidad y el Hospital de Clínicas, que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba, se sigue el criterio marcado por el fallo de la Corte Suprema. Por ende, allí se realizan los abortos con la sola declaración de la mujer víctima de violación. En las clínicas y consultorios privados, depende del criterio del médico, que pueden seguir los lineamientos de la Corte Suprema y no pedir más que la declaración jurada o negarse a practicar un aborto no punible invocando la suspensión de la Guía.

Prueba diabólica

La asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir, que se presentó como "amicus curiae" en el amparo presentado ante el juez Ossola, es otra de las partes que seguramente apelará el fallo, por entender que va en contra del criterio fijado por la Corte Suprema.

Natalia Milisenda, abogada de la asociación, declaró al diario cordobés "La Voz del Interior", que pedir la demostración o constatación de la violación es "pedir una prueba diabólica. Les piden a las mujeres que demuestren la violación. ¿Y cómo lo van a demostrar? Con pericias médicas y psicológicas. En ese caso se configura violencia institucional, según la ley contra la violencia de género".

"Se vuelve a cuestionar la palabra de las mujeres, nunca nos creen cuando decimos que nos maltratan, nos pegan, nos violan. ¿Hasta dónde hay que llegar, qué más hay que demostrar?", se quejó Milisenda.

Retroceso

Conocido el fallo de Ossola, algunos opinaron que la suya había sido una especie de resolución "ecléctica", pero lejos de eso, es un retroceso al criterio amplio que había marcado en marzo la Corte Suprema. Es que si bien establece que no hace falta ni denuncia judicial ni autorización judicial, le agrega un requisito no previsto, cual es la constatación del abuso sexual por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud.

Este requerimiento, en la práctica, serán un traba para la realización de los abortos, que deben ser practicados en un tiempo determinado, cuando la gestación está en las primeras semanas, para evitar daños en la salud y hasta riesgo de vida de la mujer.

Así, el juez Ossola pareciera avalar aquellas críticas que se le hicieron a la Corte Suprema, en el sentido que, al permitir un aborto con la sola declaración de la mujer sobre su violación, se estaba abriendo la puerta para legalizar el aborto.

Pero fue muy firme el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuando manifestó que no se puede partir de esa premisa, la de una eventual mentira, para restringir el ejercicio de un derecho, que tiene que ver con la dignidad, la integridad y hasta la vida misma de las mujeres.

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Argentina. Reforma del Código Civil: Por el reconocimiento a las comunidades indígenas

AGENCIA WALSH

Reproducimos nota del Consejo Plurinacional Indígena presentada ante el Congreso Nacional el pasado martes donde denuncian "que los derechos ganados en años de lucha por nuestros pueblos ya sea a nivel nacional como internacional, con éste proyecto quedarían reducidos a inmuebles rurales o campesinado, sin la esencia y los derechos de las identidades culturales y territoriales".

Al Honorable Congreso de la Nación:

Buenos Aires, agosto de 2012

Aportes del consejo plurinacional al tratamiento de la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil.

Exponentes: Amta Quiroga, David Sarapura, Miriam Liempe, Jorge Nahuel y Nilo Cayuqueo

El Consejo Plurinacional Indígena es una instancia política representada por las organizaciones de los Pueblos Originarios de Argentina.

Nuestro Consejo está basado en la cosmovisión Indígena y en nuestros principios culturales y la Libredeterminación, consagrados en las leyes internacionales e incorporadas por el estado argentino. La Constitución Nacional en el articulo 75 bis, reconoce a los Pueblos Indígenas como preexistente al estado argentino.

Argentina es Plurinacional y Pluricultural, donde existimos mas de 30 pueblos Originarios a los largo y ancho del país.

El Consejo Plurinacional Indígena se formó después de la histórica marcha de casi 30 mil indígenas venidos a Buenos Aires de los cuatro puntos del país, el 20 de mayo de 2010, durante la celebración de los 200 años de la Independencia.

Hoy estamos aquí ante este Honorable Congreso de la Nación para expresar nuestra profunda preocupación acerca del proyecto de reformas al Código Civil que se ha puesto a consideración ante vuestro Congreso.

Consideramos que los derechos ganados en años de lucha por nuestros pueblos ya sea a nivel nacional como internacional, con éste proyecto quedarían reducidos a inmuebles rurales o campesinado, sin la esencia y los derechos de las identidades culturales y territoriales. Este proyecto de reformas al Código Civil, ignora los derechos consagrados mencionados mas arriba y no mide lasconsecuencias que generaría en nuestras vidas y las culturas milenarias de nuestros pueblos.

A continuación las principales razones:

Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del titulo V en el anteproyecto de ley, no se consulto ni siquiera al Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el marco del mismo Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI.

Tierra, no territorio: el derecho de los PUEBLOS a administrar y controlar sus TERRITORIOS, es ya derecho reconocido y aplicado. El proyecto habla de inmueble, concepto relacionado de manera directa con el concepto de TIERRA. No utiliza el término constitucional de territorio que es más adecuado para describir el espacio o hábitat en que habitan y desarrollan su vida comunitaria los pueblos indígenas. El borrador del nuevo Código no solo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución y los Convenios internacionales como el 169, sino que además pretende interpretar la relación que los Pueblos tenemos con nuestros Territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural.

Tierras rurales: el borrador relaciona y reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado. Se determina el derecho a la propiedad comunitaria únicamente sobre los inmuebles rurales (art. 2028). Se dejan afuera los espacios urbanos que en muchos casos son ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades y/o generaciones enteras que han nacido en la urbe, que en procesos de recuperación de la identidad se han constituido como Comunidades. Por último obliga a que el inmueble tenga como destino la preservación cultural y el hábitat comunitario, no como una forma de reconocer esos conceptos como integrantes de espacios indígenas, sino utilizándolos como limitante del derecho, inmiscuyéndose en la autonomía indígena.

Persona Jurídica de derecho privado: El artículo 148 del borrador establece la calidad de persona jurídica de derecho privado a las Comunidades Indígenas. Esto significa que se sitúa a las Comunidades Indígenas al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, etc, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de PUEBLOS preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas y se tiende a desconocer el carácter declarativo de las resoluciones de inscripción, ya que al introducir a aquellas dentro de la categoría de personas de derecho privado se las equipara a las otras personas jurídicas que constituye el Estado. Nuestras normas y sistemas de justicia, nuestros criterios de convivencia o de administración de nuestra economía, educación y salud, queda reducido y controlado en una "personería jurídica de derecho privado", cuando el marco legal superior indica que debemos avanzar hacia una Personalidad Jurídica de Derecho Publico no estatal. Esto último implica que el Estado y sus organismos de control no pueden intervenir nuestra vida interna y procesos organizativos, que es la práctica común hasta hoy.

Las direcciones de personerías jurídicas son hoy verdaderos órganos de intervención y de control sobre nuestras vidas autónomas.

Pueblos, no Comunidades: La propuesta de nuevo Código Civil reconoce a la COMUNIDAD. No se refiere a los PUEBLOS INDIGENAS como lo señala la Constitución Nacional que:"reconoce la PREEXISTENCIA de los Pueblos Indígenas." a la conformación del mismo estado argentino, como también lo reconoce el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas.

Asimismo esta inlcluido en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU de la cual el estado Argentino es signatario.

La comunidad es la célula sobe la cual se organizan los pueblos indígenas; los pueblos indígenas están integrados por comunidades. Pero no se debe confundir el comunitarismo indígena que promueve el estado, para mantener control y dominio, con la defensa de la comunidad que hacemos los pueblos indígenas. La garantía mínima para que la vida comunitaria pueda desarrollarse y ser viable en medio de un ambiente hostil y de permanente invasión cultural, es consolidar formas de organización y nuestra institucionalidad política como Pueblos. De esa forma la comunidad se constituye en el nivel básico, la célula vital, la piedra fundamental de nuestro desarrollo como:

Pueblos Preexistentes

Derecho a la Consulta/Recursos Naturales: La incorporación del derecho a la Consulta en el borrador es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas (en el país y en otras regiones del continente), por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios. Que hayan incluido el derecho a la Consulta, en este borrador de nuevo código, en un artículo, el 2038, que dice: la explotación de nuestros recursos naturales: ".está sujeto a previa información y consulta a las comunidades." es violatoria de todos los avances sobre el tema. El derecho ya reconocido (art. 6 y 15 del Convenio 169 y art. 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas) es la necesidad de obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de los Pueblos afectados ante medidas u actos que puedan afectar sus intereses.

En consecuencia: todos los avances conseguidos en la última década, queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de "información y consulta".

Todo esto es muy grave porque se va a encorsetar al derecho indígena que es un derecho CONSTITUCIONAL, dentro del Título de un Código Civil. Creemos que no es un descuido, porque el derecho indígena va tomando tal dimensión, al punto de ser el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que como decimos siempre, es un proyecto de muerte para nuestros territorios.

Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces, es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un titulo especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no solo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles. La Propiedad Comunitaria no puede quedar como decimos mas arriba, encorsetada en un Código Civil y debe ser reglamentada en una Ley Especial, como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional Indígena, en el marco de los festejos del Bicentenario luego de la histórica Marcha a Plaza de mayo que reunió a casi 30.000 hermanos de todo el país en mayo de 2010.

Por el presente documento, exhortamos al Honorable Congreso de la Nacion a comenzar un proceso de consulta y estar abiertos a considerar propuestas elaboradas por los representantes de las organizaciones de los Pueblos Originarios.

Creemos que si se pone en marcha éste proceso, nos habremos encaminados a profundizar un proceso democrático, de de hacer justicia y de reparación de la deuda histórica que el estado Argentino tiene con los pueblos originarios.

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