jueves, 30 de agosto de 2012

Comunidades de Población en Resistencia en Guatemala: Un ejemplo de democracia de base

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Pocos conceptos hay tan manipulados como el de “democracia”. En su nombre se puede hacer cualquier cosa, por ejemplo, invadir países y masacrar a gran cantidad de población. Su supuesta “defensa” irrestricta permite las peores tropelías, y la guerra “por la democracia” es una de sus más incomprensibles formulaciones: ¿matar a otro para defender la libertad? No hay dudas que la imaginación humana da para mucho.

El sistema capitalista actual, dominante largamente a escala planetaria, se atribuye como una de sus notas distintivas el ejercicio de la democracia. Así, dicho con cierta cuota de ampulosidad (“democracias de mercado”, por ejemplo), la democracia sería un bien en sí mismo, y su sola mención tendría un poder casi mágico, sinónimo de corrección, buen camino y luz en el medio de las tinieblas. De todos modos –la historia de la humanidad nos lo confirma– las relaciones de poder entre los miembros de nuestra especie son el núcleo problemático por excelencia. Nada hay más dificultoso ni plagado de tensiones en el orden humano que las relaciones en torno a la construcción del poder. El poder no sólo como expresión de la clase dominante a través de su aparato de dominación, el Estado (quizá la forma tradicional de entenderlo), sino el poder en su faceta definitoria de la cotidianeidad, como aquello que está siempre presente y actuando cuando se juntan dos o más individuos; el poder como aspiración de infinitud y completud de nosotros los humanos, por definición finitos e incompletos; el poder que se da entre géneros, entre etnias, entre adultos y jóvenes, etc., etc.

Es decir: el poder, en su amplísima gama de posibilidades de las interrelaciones humanas y que termina con la idea moderna de Estado como expresión de las relaciones políticas que subsume todas las otras, tendría según esta concepción como punto máximo de llegada “la democracia” en tanto nivel superior de toda nuestra construcción histórica. Dicho de ese modo, “la” democracia sería un bien supremo al que algunos, pareciera, ya han llegado (¿los desarrollados?), y otros aún están camino de alcanzar (¿los subdesarrollados?). La idea implícita es que fuera de “la democracia” –punto máximo de nuestro desarrollo como sociedad política– lo demás es atraso, primitivismo, salvajismo.

Si fuera necesariamente cierto, hasta inclusive valdría la pena tomar en serio el debate. Pero estando tan asquerosamente manipulado como está el concepto, hablar de democracia debe llevarnos, ante todo, a su crítica radical, a su problematización. ¿De qué hablamos cuando decimos “democracia”?

“Con la democracia también se come”, expresaba vehemente en su campaña proselitista Raúl Alfonsín antes de convertirse en el primer presidente constitucional luego de la dictadura militar que asoló Argentina entre 1976 y 1982. La promesa levantaba grandes expectativas; tantas, que le permitió ganar las elecciones. Hoy, ya con tres décadas del así llmado ejercicio democrático, el país no puede salir de la peor crisis de su historia (aumentó exponencialmente el índice de suicidios y de disfunción sexual masculina como una de las tantas consecuencias derivadas de esa crisis, valga adelantar sólo como mínimo ejemplo), y no es infrecuente que muchos de sus habitantes deban comer de los tarros de basura, así como no fueron tan raros, en estos últimos años, saqueos a parques zoológicos para comerse algún animal. Parece ser que la democracia no ha dado para comer como se esperaba.

Mucha gente en Latinoamérica –de hecho una investigación de Naciones Unidas del 2004: “La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos” lo estudió en profundidad dando cifras elocuentes: el 55 % de la población– apoyaría de buen grado un gobierno dictatorial si eso le resolviera los problemas de índole económica, lo cual llenó de consternación a más de un politólogo. Sin ningún lugar a dudas décadas de dictaduras militares y regímenes totalitarios dejaron una profunda marca política en la región, por lo que no espanta la idea de un gobierno no democrático. Pero ello no habla sólo de una cierta vocación autoritaria de las poblaciones latinoamericanas, transformada ya hoy en hecho cultural; habla, más que nada, del fracaso de estas democracias formales aparecidas alrededor de la década de los 80, luego de los tristemente célebres gobiernos militares, donde la mano de Washington no fue ajena.

Democracia: gobierno del pueblo; es tan amplio que lo dice todo y no dice nada. Una rápida mirada de la historia, o de cualquier situación actual, nos confronta con que lo que menos tenemos como experiencia concreta en nuestro largo y tortuoso proceso civilizatorio es, justamente, “gobierno del pueblo”.

Con el ascenso del capitalismo y el triunfo político de la nueva burguesía hace un par de siglos, la democracia representativa toma su mayoría de edad, y hoy, doscientos años después de haberse impuesto a partir de la cabeza guillotinada de los monarcas franceses, se presenta como el modelo más desarrollado de organización social. En ese sentido se autoerige como condición de la prosperidad. Pero ¿quién dice que es el más “desarrollado”? ¿Desde qué parámetros?

Un informe del Banco Mundial reveló que la República Popular China sacó de la marginación a 200 millones de personas en 20 años sin que sus reformas se apegaran a las recetas neoliberales en boga, pero más aún, con una organización política abominada por las democracias occidentales en la que brillan por su ausencia todas las libertades esgrimidas como logros democráticos. Como dijo Luis Méndez Asensio: “El ejemplo chino nos incita a una de las preguntas clave de nuestro tiempo: ¿es la democracia sinónimo de desarrollo? Mucho me temo que la respuesta habrá que encontrarla en otra galaxia. Porque lo que reflejan los números macroeconómicos, a los que son tan adictos los neoliberales, es que el gigante asiático ha conseguido abatir los parámetros de pobreza sin recurrir a las urnas, sin hacer gala de las libertades, sin amnistiar al prójimo.”

¿Tienen poder los que votan? Los regímenes autocráticos terminan siendo agobiantes, todos, no importa el color ideológico en juego. Visto el panorama mundial, en ningún país –ni en los pobres, la gran mayoría del planeta, por cierto, ni en los ricos– la masa mayoritaria detenta el poder real. Sucede que en algunos, los menos, la riqueza alcanza para que todos vivan con el mínimo de dignidad que, hoy por hoy, la gran mayoría de la humanidad no tiene (comida, agua potable, educación básica, vivienda). Si esas necesidades primarias no se resuelven, es improcedente pensar –como lo hiciera el por ese entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, refiriéndose al mapa de Latinoamérica luego de conocidas las conclusiones del referido estudio– que “la solución para sus problemas no radica en una vuelta al autoritarismo sino en una sólida y profundamente enraizada democracia”. Por supuesto que las dictaduras no resolvieron los problemas de pobreza y exclusión social (no estaban para eso, por cierto). Pero tampoco los han resuelto las actuales democracias a cuentagotas.

Tan elástico es este vapuleado concepto de “democracia” que sirve para cualquier propósito: para comer –según Alfonsín–, para mantener un bloqueo contra Cuba, para invadir Irak, para deponer al presidente Aristide en Haití o Chávez en Venezuela, democráticamente electos por cierto… ¿No será que, por tan elástico, en realidad no significa nada de nada?

Es hora de cambiar el concepto de democracia representativa, aquél con el que se ha venido explotando a las grandes masas desde hace dos siglos, por algo nuevo: democracia genuina, democracia desde abajo, directa. ¿A quién representan los representantes? Si el propio pueblo no es artífice de su destino, no hay salida para los problemas que ya conocemos de memoria en Latinoamérica.

En la olvidada Guatemala, en Centroamérica, cuna de una de las civilizaciones más antiguas y esplendorosa de la historia: los mayas (seguramente “de moda” en los próximos meses, dada la manoseada “profecía maya” del fin del mundo, que moverá bastante turismo) hay un ejemplo encomiable de democracia directa: las Comunidades de Población en Resistencia (CPR).

Es sabido que en ese país una guerra civil dejó daños inconmensurables, siendo la nación latinoamericana más golpeada por las estrategias contrainsurgentes que se desarrollaron en el marco de la Guerra Fría con la Estrategia de Seguridad Nacional. La población campesina, de origen maya, fue la más golpeada. En muchos casos, para sobrevivir a las políticas genocidas de tierra arrasada, por miles se internaron en las selvas, protegiendo así lo único que les quedaba: su vida, dado que dejaron tras de sí todo, casa, ganado de subsistencia, sus mínimas parcelas, enseres domésticos. Así, en condiciones de extrema pobreza vivieron años, muy organizados, en un sistema de democracia directa que es digno de admiración. Estas Comunidades de Población en Resistencia estaban formadas por campesinos humildes, que en realidad no eran miembros activos del movimiento guerrillero, y que por la misma necesidad de sobrevivencia en condiciones extremas fueron desarrollando modos organizativos fabulosos.

“Elevaron mucho su nivel de capacitación en educación y de organización en la producción y con pocos recursos producían mucho. A futuro podían ser un ejemplo para otros colectivos en ese sentido”, afirmó Enrique Corral, ex cura y luego integrante del movimiento armado guatemalteco, actualmente de la Fundación Guillermo Toriello, vinculado siempre a las CPR. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, estas poblaciones se fueron asentando en diversos puntos del territorio nacional, ya sin el acoso perpetuo de vivir guerra, pero sin ver materializado ninguno de los compromisos tomados en esa firma. Mantuvieron su organización de democracia viva, aunque sin el más mínimo apoyo por parte del Estado en créditos, infraestructura, facilidades diversas, etc., su situación actual los arroja a la pobreza profunda.

“Como población civil se logró establecer un sistema de organización democrática dando vida a los valores y principios humanos de sobrevivencia, haciendo de la resistencia la forma de organización comunitaria, organizando el trabajo colectivo, la distribución equitativa de lo que producimos y de lo que se recibía de la Solidaridad [internacional]”, explicaba un miembro de las CPR. Sin ningún lugar a dudas si un grupo en condiciones tan tremendamente extremas pudo sobrevivir dignamente, más allá de la pobreza material, esto muestra que la organización real desde abajo es posible. Es más: sin esa organización democrática de base, real, genuina, no hubieran podido sobrellevar la situación. ¿Qué nos dice todo esto? Que la democracia de base sí es posible, y que la organización política actual que impone “el desarrollo” no es más que formalidad. Una vez más: ¿a quién representan los representantes?

En esta búsqueda de encontrarle caminos reales al fabuloso proyecto de darle forma concreta a la utopía, estudiar en detalle la historia de las CPR puede ser un paso de gran importancia. Tal como dice el cura-guerrillero Enrique Corral, sin dudas que “A futuro podían ser un ejemplo para otros colectivos”. Este breve escrito no es sino: a) una expresión de júbilo en relación a que otra democracia sí es posible, más allá del formalismo de la democracia representativa. Y además, b) una invitación a académicos, científicos sociales y actores políticos a que se profundice en el estudio de esa construcción de base de la democracia en que vivieron las Comunidades de Población en Resistencia en lo más adverso de la guerra. Aprender de las “buenas prácticas”, como se dice hoy día, es inteligente.

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Horizontes de paz

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

El presidente santos ha conseguido dar un vuelco a una situación que parecía hundir a su gobierno y frustrar sus planes para una nueva opción a la presidencia en 2014. El anuncio de conversaciones de paz con las FARC ha dado un vuelco inesperado a la situación y le ha supuesto el apoyo de los partidos políticos, las instituciones y la opinión pública (más del 75% a favor, según las mismas encuestas en las cuales hace pocos días su gobierno caía en picada). Más importante aún: su decisión ha recibido el respaldo de los grandes medios de comunicación locales, fieles exponentes de los mayores grupos de intereses -es decir, del poder real-, y hasta diarios conservadores de todo el mundo han mostrado beneplácito por el paso dado en Bogotá. Solamente el ex presidente Uribe, portavoz de la derecha más cavernaria, manifiesta su oposición sin obtener por el momento apoyos significativos.

Se sabe poco sobre los términos concretos del acuerdo. Según el gobierno serán dados a conocer pronto. Tampoco hasta el momento ha habido pronunciamiento de las FARC pero se supone que será confirmando lo anunciado, entre otras cosas porque es su propuesta desde hace muchos años. Seguramente que como todo indica en la declaración oficial, el gobierno se limitará a debatir la manera de desmovilizar al movimiento guerrillero sin incluir en la agenda de la negociación reformas significativas que afecten las relaciones de propiedad (sobre todo las rurales), el régimen político o el modelo económico. Tampoco parece que exista disposición a permitir un proceso en que tengan activa participación las organizaciones populares. Santos buscará una negociación cerrada, discreta y rápida, intentando compensar a los alzados en armas con determinados beneficios materiales y legales de tipo personal o de grupo. Por su parte, la insurgencia (seguramente se unirá a la mesa de negociaciones la otra guerrilla, el ELN) va a presentar su programa de reivindicaciones y la exigencia de un protagonismo central para las organizaciones populares. Dos propuesta entonces abiertamente incompatibles y que han sido -hasta hoy- la causa fundamental del fracaso de anteriores intentos de alcanzar la paz.

Por esta razón es de suponer que tanto el gobierno como las FARC habrán acordado mecanismos que den seguridad a las partes (la experiencia trágica de la UP no debe repetirse y en ello la mayor responsabilidad es sin duda del gobierno) y decidido una dinámica que permita los acercamientos, es decir, que los “programas de máximos” con los cuales cada una de las partes llega a la mesa de conversaciones sean susceptibles de modificaciones, matizaciones y renuncias, pues de lo contrario cualquier arreglo sería poco realista.

Si Santos y los poderes que los respaldan (fundamentalmente la clase dominante criolla, los Estados Unidos y sus aliados) no tienen en mente hacer concesiones que no sean simples cambios cosméticos, el proceso está de antemano condenado al fracaso. Por su parte el movimiento guerrillero tendría que medir de forma muy sensata las posibilidades reales de alcanzar sus objetivos según la correlación de fuerzas que logre generarse. Su ventaja sobre Santos no es pequeña pues las exigencias de los insurgentes coinciden en un alto porcentaje con las reivindicaciones de amplios sectores sociales incluyendo capitalistas afectados por los tratados de libre comercio. Las exigencias de los guerrilleros -como señalan algunos analistas destacados- apuntan a los problemas más graves del país, tales como la cuestión agraria, las condiciones de la inversión extranjera, el sistema político, las relaciones exteriores, la defensa del trabajo nacional y la necesidad de generar dinámicas de paz que superen las heridas de un conflicto que dura ya demasiado, dilapida una enorme cantidad de recursos y compromete el futuro de ésta y futuras generaciones.

Sin duda, las exigencias del movimiento guerrillero resultan diametralmente opuestas al actual modelo de economía y régimen político. Se puede debatir sobre su conveniencia, pertinencia o ventaja en relación al modelo vigente, pero ninguna de ellas propone el socialismo (una reivindicación legítima, por demás) o medidas que estén divorciadas de un sistema capitalista moderno y democrático. Se alejan por completo del modelo neoliberal, pero dados los trágicos resultados de la aplicación de este modelo - comprobados en la actual crisis mundial - adquiere plena legitimidad rechazarlo y proponer en su lugar un camino diferente.

Ahora bien, no todo depende de Santos ni los mayores obstáculos están en la extrema derecha. En contra de las reformas -sea que éstas resulten de la negociación con la guerrilla o por cualquier otra vía- conspiran fuerzas más importantes. Son las mismas que apoyan a Santos siempre y cuando se limite a conseguir una negociación de mínimos, similar a los arreglos con el M-19; y poco más. Que las cosas no sucedan de esta manera dependerá también y en buena medida de una opinión pública audaz e intensamente movilizada que contrarreste la acción de estos verdaderos enemigos de la paz. Es por eso fundamental que la negociación incluya la activa participación de las organizaciones populares. El hecho mismo constituye un cambio radical en el cerrado y excluyente sistema de participación ciudadana de esta nación andina y dará respaldo y legitimidad a los acuerdos.

Los obstáculos mayores no vienen entonces de la acción de grupos de matones al servicio empresarios mafiosos o de gamonales de pueblo; tampoco tendrían que producirse necesariamente por la interferencia de los militares (tal como lo pretende Uribe con sus proclamas incendiarias llamando a la oficialidad literalmente al golpe de estado), con todo lo peligrosas y desestabilizadoras que son unas y otras. El peligro mayor está en los mismos que han promovido la violencia como el mejor instrumento para incrementar la acumulación de capital. Los ejecutores materiales son solo eso, instrumentos, por lo general socialmente mucho mas cerca de sus víctimas de lo que se suele subrayar. Los verdaderos culpables de la violencia, y en consecuencia, el principal obstáculo para superarla no son otros que sus inductores, al mismo tiempo los principales beneficiarios del robo de tierras y bienes a los campesinos, de un régimen de terror y salarios de hambre para los trabajadores y de la pobreza que afectan a más del 60% de la población.

Cabe esperar que el fin de la guerra signifique igualmente una nueva orientación en las relaciones exteriores del país y que la acción opuesta de la embajada de marras no sea palo atravesado en la rueda del proceso.

Esta es la hora de los gestos de parte y parte. Gestos que alimenten la confianza mutua y generen un clima de entendimiento y distensión. Ojalá se pudiera llegar de inmediato a una suspensión bilateral y permanente de hostilidades. Santos debería atender con urgencia las solicitudes (por lo demás bastante razonables) de las personas prisioneras por motivos relacionados con el conflicto (casi diez mil) y dar pasos efectivos para desmantelar el paramilitarismo, al menos en su expresión armada. A la renuncia a los secuestros por motivos económicos las FARC deberían agregar la decisión de no hacer prisioneros de guerra. No solo por los costos materiales y políticos que supone a una fuerza irregular mantenerles en las duras condiciones de la selva sino por una consideración más inmediata: quienes van a la guerra son tan hijos del pueblo como los mismos guerrilleros. Los hijos de los ricos, ya se sabe, nunca van al combate.

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El negocio del siglo de Codelco

Julián Alcayaga (especial para ARGENPRESS.info)

Todos celebran el acuerdo judicial entre Codelco y Anglo American. Lo celebran todos los medios y diversos “expertos” consultados, así como la SONAMI y el Consejo Minero. Las autoridades de gobierno son las que más se felicitan de este “gran” acuerdo, porque sería muy favorable a Codelco.

Tantas celebraciones solo tienen por objetivo pasar gatos por liebres, puesto que para Codelco este ha sido un pésimo negocio. En primer lugar, porque no pudo adquirir el 49% al que originalmente tenía derecho en virtud del contrato de 2003. En segundo lugar, solo se queda con el 24,5% de La Disputada. En tercer lugar debe pagar US$ 1.800 millones por ese 24,5%, que es el mismo valor que tendría que pagar en virtud del contrato entre ambas empresas. En cuarto lugar, Codelco ya no puede traspasar a Mitsui el 24,5% de las acciones de La Disputada, y por ello tendría que pagar una indemnización de US$ 300 millones a Mitsui.

Queda absolutamente en evidencia que Codelco nada ha ganado, salvo que se pueda considerar ganancia, ponerle término a un litigio que podría durar años.

La que si puede celebrar y destapar el champaña es Anglo American, puesto que obtiene US$ 8.190 millones (5.390 de Mitsubishi y 2.800 de Codelco) por la venta del 49,9% de las acciones. Negocio redondo, puesto que hace solo 7 años pagó apenas US$ 1.300 por el 100% de Disputada, y ahora con el 50,1% del capital conserva el control absoluto de esta minera, como si siguiera poseyendo el 100%, pero ahora con US$ 8.190 millones en caja, que invertirá fuera Chile, gracias a la venta de acciones en un yacimiento que pertenece a todos los chilenos.

Llega a dar rabia pensar que gente “inteligente” pueda celebrar este acuerdo que favorece solo a una empresa extranjera y en nada beneficia a Codelco. Estas celebraciones solo se pueden explicar porque, como decía Quevedo: “Poderoso caballero es don Dinero”.

Todo comenzó en octubre de 2011, cuando se anunció con bombos y platillos que Codelco había realizado el “negocio del siglo”, gracias a un préstamo de la japonesa Mitsui por US$ 6.750 millones, para comprar el 49% de la Disputada en enero de 2012, que era la fecha para poder ejercer esa opción. El “negocio del siglo” parecía más el saqueo del siglo, puesto que no tenía sentido alguno endeudarse en US$ 6.750 millones con Mitsui, cuando por el 49% de Disputada se debía pagar solo US$ 3.800 millones, como lo confirma el actual acuerdo judicial, mediante el cual Codelco pagó solo US$ 1.800 por el 24,5% de Disputada, aunque en ese tiempo se ocultó dicho valor.

Pero lo peor de este acuerdo Codelco-Mitsui, es que el contemplaba que posteriormente Codelco vendería a Mitsui un 24,5% de las acciones de Disputada en US$ 3.800 millones. Como es posible que faltando aún tres meses para ejercer la opción, se anunciara públicamente que Codelco vendería a Mitsui el 24,5% de Disputada, cuando se sabía que durante esos meses Anglo American podía vender ese 24,5%, o más incluso, a cualquiera otra empresa, como efectivamente ocurrió unas semanas después cuando Anglo American vendió el 24,5% de Disputada en US$ 5.390 millones a Mitsubishi.

El contrato Codelco-Mitsui, el “negocio del siglo”, era como decirle a Anglo American, vendan a otro antes que nosotros ejerzamos la opción en enero 2012. No es imaginable siquiera pensar que los ejecutivos que hicieron “el negocio del siglo”, así como el directorio de Codelco, y el Ministro de Minería de la época, Laurence Goldborne, no supieran que Anglo American podía legalmente vender parte del 49% de las acciones de Disputada. Es evidente que sabían, porque ello está en el contrato y es precisamente por eso que ahora aceptaron firmar el acuerdo para quedarse solo con el 24,5%, y no siguieron adelante con el juicio para conseguir el 49%.

Era imposible encontrar una razón medianamente coherente al “negocio del siglo”. Ello solo podía explicarse por el hecho que tanto el entonces Presidente Ejecutivo de Codelco, Sr. Diego Hernández, como el Vicepresidente de Estrategia y Finanzas Sr. Thomas Keller (actual Presidente Ejecutivo), eran los principales artífices de este negocio, pero que habían sido altos ejecutivos de confianza de Anglo American. Es más, es muy factible que debido a las altas responsabilidades que tuvieron en Anglo American fueran además accionistas de esta transnacional.

Pero el Sr. Hernandez y Keller no son los únicos ex ejecutivos de Anglo American y de las demás transnacionales mineras, que hoy controlan sin contrapeso a Codelco. Desde que asumió el Presidente Piñera, integra el Directorio de Codelco el Sr. Fernando Porcile, ex presidente del directorio de Minera Collahuasi, de la cual Anglo American controla un 44% y Mitsui otro 14%. Se trata de la misma Mitsui que le presta la plata a Codelco para que compre el 49% de La Disputada a Anglo American. El Vicepresidente de Comercialización de Codelco, Sr. Rodrigo Toro fue Vicepresidente Comercial de Collahuasi y después de Anglo American Chile. El Sr. Ignacio Muñoz, Auditor General viene de El Abra y Anglo American. Otros gerentes ubicados en puestos más bajos del organigrama de Codelco también vienen de Anglo American o sus filiales. Lo más singular es que el Jefe de Asuntos Jurídicos, Sr. Patricio Enei, fue anteriormente ejecutivo en BHP Billiton y Minera Collahuasi de Anglo American, y ahora fue que firmó por parte de Codelco firmó el acuerdo judicial con Anglo American. Busque el error.

Pero no solo Anglo American ha colocado sus ejecutivos en Codelco. De la mano del Sr. Diego Hernández, llegó el Sr. Sergio Fuentes, Vicepresidente de Proyectos, que viene de BHP Billiton y Escondida. El Sr. Jorge Gómez, Vicepresidente de Operaciones Centro Sur, que viene de Antofagasta PLC y Los Pelambres. El Sr. Sebastián Conde, Vicepresidente de Recursos Humanos, viene de Exxon (que fue la minera que vendió La Disputada a Anglo American el año 2003). Juan Pablo Schaeffer Gerente General de Asuntos Corporativos viene de Noranda y Xstrata.

Las transnacionales mineras son las dirigen hoy los destinos de Codelco, y ello explica entonces porque Codelco fue involucrado en este “negocio del siglo”, que solo sirvió para que Anglo American consiguiera más de US$ 8.190 millones, sin perder el control de La Disputada. Usaron a Codelco para conseguir este objetivo.

Pero también la prensa y los medios de comunicación fueron usados o fueron pagados con este fin. Se escribieron cientos de páginas para sostener que la ex Disputada valía varios miles de millones de dólares por sobre lo que eran sus resultados reales. Se publicitaba que en Disputada se había aumentado al doble la producción, mediante una inversión de US$ 2.800 millones, que se habían descubierto fabulosas reservas, etc. Todo era falso, puesto que los últimos tres años La Disputada produce un 10% menos que cuando Anglo American la compró el 2003 en solo US$ 1.300 millones. Si su producción había bajado es porque no se habían hecho las millonarias inversiones que se publicitaban, y las fabulosas reservas descubiertas no eran más que fábulas. Absolutamente nada justifica que con una menor producción el valor de Disputada haya pasado de US$ 1.300 millones que costó el 2003, a US$ 22 mil millones el 2011.

Desde 1979 hasta el año 2005 La Disputada no pagó un solo peso de impuesto a la renta en Chile, sin embargo fue vendida en US$ 1.300 millones, el año 2003, y resulta que siete años después nos quieren hacer creer que vale US$ 22 mil millones. Y hay periodistas y “expertos” que hablan seriamente de esta fábula.

En los hechos el valor económico de Disputada, sin las pertenencias mineras, no sobrepasa de algunas centenas de millones de dólares, y lo único que realmente tiene valor es el yacimiento minero. Pero las minas, según la Constitución, el Código Civil y el Código de Minería pertenecen al Estado, y en consecuencia es ilegítimo que Codelco pague por minas que pertenecen al Estado. Esto es aún más ilegítimo cuando sabemos que Pinochet dejó vigente en la Constitución de 1980, la Reforma Constitucional de la Nacionalización de la Gran Minería que por la unanimidad del Congreso Nacional se aprobó el 11 de julio de 1971, nacionalización que dice: “En consecuencia, una vez que la reforma entre en vigencia, quedará ipso jure nacionalizada esta riqueza minera básica del país y se podrá tomar posesión material inmediata de los establecimientos respectivos”.

Esto quiere decir que desde 1971 TODA la gran minería está nacionalizada y solo depende del Presidente de la República tomar posesión material de los establecimientos respectivos, y en virtud de lo que establece la Constitución, no se debe pagar indemnización alguna por la nacionalización de los yacimientos mineros, y solo se debe indemnizar las instalaciones o activos de estas mineras.

Lo único que tiene valor de La Disputada es el yacimiento Los Bronces, que pertenece al Estado chileno pero el que encaja el dinero es Anglo American. Ese es el “negocio del siglo” que armaron los ejecutivos de Codelco, pero que anteriormente fueron ejecutivos de Anglo American. Esto no es negociado o estafa como más de alguien podría pensar, sino “ingeniería financiera”.
Julián Alcayaga es economista.

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La importancia de leer y la desmemoria de CTERA: El crimen educativo continúa con sus homicidios

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Desde 1492 -para precisar mejor nuestra mirada- los cuerpos, las inteligencias, las emociones y la imaginación de las mayorías vienen padeciendo la pedagogía de la obediencia. Desde la espada y la cruz pasando por el pizarrón y el reglazo hasta la TV y la netbooks a montones.

De Colón a Sarmiento; de Pedro Bruera a Alberto Sileoni…

De gobernar es poblar, a gobernar es educar. Y gobernar es establecer las conductas de los demás para privilegios de una minoría.

Pareciera que la realidad educativa sólo fuese discursiva y/o quién repite siempre más de lo mismo a mayor cantidad de receptores resulta el vencedor.

Leer para ser gobernados

Para Télam y Alberto Sileoni la Encuesta Nacional de Hábitos de Lecturas (ENHL) señala que “más del 90 % de los argentinos son lectores (…) tanto en los soportes papel y pantalla y en diversos formatos, desde libros, hasta diarios, revistas y textos digitales (1)”. Tal informe fue realizado por profesionales de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) (1).

El ministro Sileoni con sus palabras da para pensar: “Es un estudio sin precedentes que revela hábitos y prácticas de lectura; que muestra la presencia de los distintos estamentos del Estado alentando y transmitiendo el placer de leer (1)”.

Ahora entiendo. Por eso la Fundación Leer del clan Rockefeller y las editoriales de manuales alienantes tienen tanta aceptación gubernamental.

Perfil- cuasi simultáneamente- titula el sábado 25 de agosto que “La mitad de los chicos que van a la primaria no lee libros ni historietas (2)”. Para la Universidad Católica Argentina y sus informes del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia “el 48, 1 % de los chicos de entre 5 y 12 años no lee textos impresos - esto incluye libros, historietas, comics, etc-. En el caso de los adolescentes, la cifra asciende a 53,3 % (2)”.

¿Serán estos indicadores evidencias que la grafosfera está desapareciendo y emerge una nueva forma de leer producto de la fusión video-pantalla estatal empresarial (3)?

Perfil y Télam: un mismo tema, noticias diferentes. Leer para ser gobernados por el Estado y el Mercado, eso pretenden. Demasiados “cuentos” y pocas palabras nuestras.

Paulo Freyre es categórico en La importancia de leer y el proceso de liberación: “Fui alfabetizado en el suelo de la quinta de mi casa, a la sombra de los mangos, con palabras de mi mundo y no del mundo mayor de mis padres. El suelo mi pizarrón y las ramitas fueron mi gis (…) La insistencia en la cantidad de lecturas sin el adentramiento debido en los textos a ser comprendidos, y no mecánicamente memorizados, revela una visión mágica de la palabra escrita. Visión que es urgente superar (…) La alfabetización es la creación o el montaje de la expresión escrita de la expresión oral. Ese montaje no lo puede hacer el educador para los educandos, o sobre ellos. Ahí tiene él un momento de su tarea creadora (4)”.

Al gobierno K y al otro sector de la plutocracia les interesan que leamos no “a la sombra de los mangos” sino parabién de las “competencias” que el dinero concentrado requiere.

Y CTERA (5) - en efecto- qué dice…

Desde la muerte de Francisco Arancibia CTERA parece leer el libreto que le conviene a los gobernantes. ¿A quién se le ocurre que el capitalismo educa para la libertad y la “inclusión”?

Los olvidos de CTERA

En la página web de CTERA el pasado viernes 24 de agosto se publicaron las resoluciones que el Congreso Ordinario “¿aprobó por unanimidad?” (6).

La quinta resolución “repudia a la línea telefónica 0800 impuesta por el gobierno de Mauricio Macri” omitiendo los “talleres” de la juventud camporista y todo el espectáculo oficialista que incluye cada una de las entregas de las netbooks de Conectar Igualdad; desde Río Gallegos a La Quiaca.

Asimismo, Laura Marrone y Claudia Baldrich vienen bien con sus expresiones: “Recientemente, ha recrudecido el adoctrinamiento empresario que propagandiza la libre competencia en el mercado. Autorizados por los ministerios, tanto donde gobierna el F.P.V. o el PRO, se han empezado a abrir las puertas de las escuelas a los empresarios que, escudados en fundaciones, adoctrinan en el libre mercado y el consumismo como elixir de la felicidad: Fundación “Cimientos”, “Junior Achievement”, “Fundación Educacional/Coca Cola”, “Fundación Telefónica”, etc. El caso más flagrante de adoctrinamiento ideológico es el de las escuelas privadas que recortan el conocimiento según el arbitrio de la entidad que las organiza, sean estas religiosas o empresarias (7)”.

Pequeño olvido de CTERA, ¿no?

¿Acaso las Prácticas Profesionalizantes (pasantías) de los alumnos del secundario aplaudidas por la Asociación Empresaria Argentina y la FLACSO no son didáctica y pedagogía adoctrinadas desde las ganancias corporativas (8)?

Ni en el PRO ni el FPV anhelan algo distinto a “incluir” a los pibes y alumnos dentro de las “competencias”, el “consumismo” y la “currícula” del capital.

Los descuidos de CTERA hace rato suenan a complicidad criminal.

Llach, Decibe, Delich… ¿Y Filmus, Tedesco y Sileoni?

¿Por qué Ctera en la séptima resolución de Congreso Ordinario del viernes 24 de agosto rechaza las expresiones de los ex ministros Llach, Decibe y Delich y nada dicen de los ministros de Educación del kirchnerismo (6)?

¿Qué significa para CTERA desconocer “los avances en políticas educativas de inclusión” (6)?

¿Ignoran Stella Maldonado, Sonia Alesso y Alejandro Demichelis que Daniel Filmus (Flacso-Unesco) fue miembro del Gabinete de asesores de Susana Decibe en los 90 de la Ley Federal de Educación? La ex ministra menemista le aseveró a La Capital en junio de 2009: la Ley Nacional de Educación 26.206 “en definitiva recoge los criterios de la Ley Federal (8)”.

Andrés Brenner en La escuela como práctica política es terminante: “A pocos años de reiniciado el funcionamiento del sistema democrático formal, segunda mitad de la década del 80, en una conferencia brindada en el colegio de sociólogos de Buenos Aires, Cecilia Braslavsky criticaba a los funcionarios políticos de turno que no convocaban a los investigadores (en ciencias de la educación) a participar en las políticas educativas. Con el gobierno menemista sí ingresan, y muy especialmente, los de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quienes teóricamente, aunque con lenguaje seductor y provocativo, teñido de progresismo, habían ya preparado en el terreno de las narrativas los discursos pedagógico/economicistas que las reformas neoliberales necesitaban. Se pretende, entonces, cambiar el criterio de aprendizajes segmentados entre sí por otros integrados. El término objetivos de aprendizaje, si bien no puede ser apartado de los lenguajes pedagógicos, comienza a ser mal visto, mala palabra. Es re
emplazado por el de competencias -que implicarían aprendizajes flexibles, polivalentes-. Lo que no se señala claramente es que su espíritu proviene de la economía, de los requerimientos de las empresas de alto rendimiento, que necesitan de pocos trabajadores (no por nada en el libro Para qué sirve la escuela, donde escriben entre otros Braslavsky y Filmus, mencionan un documento del Departamento de Trabajo de los E.E.U.U., conocido bajo el nombre de Informe SCANS, del año 1991) (10)”.

Filmus, Decibe, Braslavsky, Tedesco, Aguerrondo: Flacso y Unesco…

¿Me pregunto si esto no es tan preocupante como un 0800 o la expulsión de docentes por expresar sus ideas?

¿Para qué sirve la escuela? Para la gobernabilidad que la competitividad económica (ganancia acumulada) demanda. La ciudadanía y la inclusión son meras excusas. Daniel Filmus lo sostuvo ante el Banco Mundial en marzo de 2004: “Estamos trabajando con grupos empresariales en distintas líneas en educación básica, superior, en la escuela técnica y en ciencia y tecnología (…) Me estoy entrevistando con una cantidad de empresarios increíble que piden discutir el tema educativo porque es uno de los cuellos de botellas más importantes para que la economía argentina siga creciendo al nivel que está (11)”. Así fueron naciendo las “transformaciones” educativas kirchneristas.

En 1998 Juan Carlos Tedesco dictó una conferencia en una reunión organizada por el Banco Mundial. Y fue muy claro y “aleccionador”: “En términos más específicos, existe una variedad de formas de asociación entre escuela y empresa que deberían expandirse: el padrinazgo de escuelas de enseñanza básica en zonas de bajos recursos, pasantías -no sólo para alumnos sino para docentes- que permitan a las escuelas brindar una formación para el trabajo adecuada a condiciones reales, aprovechamiento del personal de las empresas como docentes o formadores de docentes, etcétera (13)”.

En resumen; si Esteban Bullrich (ministro de Buenos Aires) considera la educación como un bien comercial (y “espiable”); la política educacional K facilita que la asociación escuela-empresa termine devorándose lo público en nombre del “progresismo que avanza en el país”.

De lo precedente sería positivo que discuta CTERA…

En vez de homenajes a ex presidentes tendrían que saber que ni cien años en sus cargos los redime de sus actos cómplices del crimen educativo.

Nosotros sí recordamos (parafraseando a Beatriz Jouve) aunque a veces duela.

Nuestra batalla

La “batalla teórica que debemos dar los docentes” no se remite únicamente a aplaudir porque nos consultan (o acuerdan con quienes afirman representarnos). La pugna es en las calles, en las aulas y en cada espacio que la pedagogía de la plutocracia desee poner sus garras ansiosas de dinero.

Ya que la CTERA no lo hace, nuestra labor discurre por “despertar a los dormidos y organizar y movilizar a los despiertos (12)”.

Que los olvidos colaboracionistas y las pedagogías oficiales no nos desalienten.

Empecemos de una vez por todas.
Notas:
1) Más del 90 por ciento de los argentinos son lectores. Télam. 24-08-2012
2) La mitad de los chicos que van a la primaria no lee libros ni historietas. Gisela Nicosia. Perfil.
3) De El Estado seductor de Regis Debray.
4) Siglo XXI editores. Reimpresión junio 2003.
5) Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
6) Resoluciones del Congreso Ordinario de CTERA. www.ctera.org.ar
7) ¿Cuál es la diferencia entre la formación ciudadana y el adoctrinamiento político-ideológico? 20/08/2012
8) Alumnos secundarios, productos a seleccionar. Andrés Sarlengo. Argenpress.
9) Susana Decibe: “Soy la más frustrada de la política”. 20/06/2009.
10) Agmer editora. Octubre 2011.
11) Citado en La empresa educativa K. Andrés Sarlengo. Argenpress.
12) Entrevista a Martín Almada. Andrés Sarlengo. Contrapuntos.
13) Educar en la sociedad del conocimiento. Juan Carlos Tedesco. Fondo de Cultura Económica. Reedición 2009.

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“Dirigismo” contra la clase obrera

Nestor Pitrola (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Final previsible. El Consejo del Salario de Cristina con los Biolcatti, Mendiguren y Gerardo Martínez aprobó por unanimidad un 16% de aumento, lo que eleva el mínimo a 2.670 pesos. El nuevo mínimo se ubica 1.000 pesos por debajo de la línea de pobreza -que el instituto estadístico de Mendoza fijó en 3.871 pesos. El seguro al desocupado no se discutió. La nueva coalición del gobierno con los gordos de la CGT-Balcarce y Yasky tuvo su debut.

El kirchnerismo se ha ingeniado para que el Consejo del Salario no sirva a ninguna de sus funciones -de por sí, limitadas-, que son las de establecer un mínimo vital y móvil, y el seguro al desocupado. Tampoco ha cambiado su composición -diseñada durante los 90- con mayoría patronal-estatal, puesto que el gobierno se guarda la capacidad de laudar si no hay dos tercios de acuerdo.

El Consejo es convocado, sistemáticamente, luego de la ronda de paritarias. Precisamente lo contrario de lo que debería ser, dado que fijar un mínimo, vital y equivalente a una canasta familiar, debería ser un acto anterior a las paritarias, las que se discutirían a partir de una línea trazada por su costo.

Ese costo tendría que ser resultado no de los acuerdos o afinidades con ciertos sindicalistas, sino de las estadísticas que el Indec no produce más y que deberían estar bajo control de las organizaciones obreras, cosa que tampoco ocurre. Justamente, la crisis con la meneada candidatura de Caló a la nueva CGT-Balcarce tuvo como desencadenante un estudio de la UOM, que arrojó la cifra de 6.200 pesos para la “canasta básica de subsistencia”.

Hoy cobran el salario mínimo unas 113.000 personas. Los convenios superan el mínimo largamente, aunque estén lejos de la verdadera canasta familiar -la que tampoco es la de “subsistencia”. Están excluidos los numerosos obreros rurales y las empleadas domésticas. También, desde luego, los trabajadores en negro, que son el 35% de la fuerza laboral. En total, casi 7 millones de trabajadores -sobre una fuerza total de más de 16 millones- están afuera, antes de la discusión.

La consideración de que el salario mínimo es un punto de referencia en el trabajo en negro es relativa; especialmente, cuando hay recesión económica (como ahora) lo que le quita fuerza al colectivo obrero en el mercado laboral.

Por sobre todas las cosas, la convocatoria al Consejo -con la burocracia sindical en su seno- apunta a avalar una política. Allí no se discute la jubilación, lo que pondría de manifiesto el saqueo de la Anses, la aniquilación del 82% y el desconocimiento de los juicios ganados. Pero la jubilación es un salario diferido, para el cual aportamos toda la vida.

Lo que sí estaba en el temario es el Fondo de Desempleo, subsidio al desocupado también instaurado en la época menemista, cuyo techo ha sido congelado por Cristina Kirchner en 400 pesos. Se cobra por un año sólo si el despido es en blanco y sin causa, y su monto es descendente, primero al 85% y luego al 70%. La escala y el monto violan las normas de la OIT y las de la propia ley que lo estableció, porque no debería bajar del 45% del último salario cobrado por el trabajador despedido. Basta conocer que el salario en blanco promedio es de 6.000 pesos para apreciar el desfasaje. Sin embargo, la cuenta de la Anses que financia este fondo es superavitaria.
El “dirigismo” de Cristina interviene en los salarios, pero en contra los trabajadores. Otros temas vitales que hoy afectan el salario -como el impuesto a las Ganancias o la destrucción de las asignaciones familiares- estuvieron afuera del temario. Esto, cuando en el horizonte inmediato del bolsillo obrero están los aumentos de tarifas y el recrudecimiento de la carestía. Un reciente estudio de la Universidad Di Tella arrojó una expectativa inflacionaria cercana al 40%. Recién en febrero, el mínimo trepará a 2.875 pesos.

El papel de los sindicatos en el Consejo del Salario es vergonzoso: participan para convalidar la violación del valor de la fuerza de trabajo. Esta situación viene desde los tiempos de Moyano -y aún cuando la CTA estaba unida.

El sindicalismo argentino se apartó hace rato de la lucha por un mínimo equivalente a la canasta familiar. Su centroizquierda se adscribió a la política del ingreso ciudadano, para establecer una “malla de contención a la pobreza”. Esa línea, inspirada en el Banco Mundial fue tomada, en los 90, por el Frente Nacional contra la Pobreza que idearon De Gennaro y Carrió. La burocracia sindical peronista fue directamente el instrumento de regimentación contra las luchas obreras que, desde la huelga general contra el “Rodrigazo” de 1975, pugnan por detener una caída más o menos imparable del salario real.

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Argentina. Puja redistributiva: Micheli ratificó el paro nacional contra el "vergonzoso" Salario Mínimo

ACTA

El secretario general de la CTA, Pablo Micheli, rechazó el Consejo del Salario reunido el martes, pues "lo transformaron en un acto kirchnerista en el que se juntan los amigos del Gobierno para fijar" un haber "que está fuera de cualquier parámetro lógico". Además, se entusiasmó en marchar junto al secretario general de la CGT, Hugo Moyano.

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Pablo Micheli, ratificó que su agrupación convocará a “un paro nacional” en la primera quincena de octubre, posiblemente junto a la CGT moyanista, para repudiar el nuevo monto del salario mínimo, al que calificó como “vergonzoso”.

“Estamos construyendo un paro nacional, porque esto no va a quedar aquí”, advirtió, para luego señalar que “esperamos que podamos hacerlo en conjunto” con la CGT que conduce el camionero Hugo Moyano.

Entrevistado por Radio Continental, el dirigente estatal adelantó que la medida de fuerza se realizaría “en la primera quincena de octubre, con movilizaciones en todo el país y una gran movilización a Plaza de Mayo”, al rechazar el nuevo salario mínimo, que quedará en 2.875 pesos a partir de febrero de 2013.

Sobre la reunión del martes, opinó que “fue una parodia lo que hicieron” los representantes del Gobierno, empresarios y sindicalistas antimoyanistas. “Es una deformación de una herramienta histórica de la democracia, lo transformaron en un acto kirchnerista en el que se juntan los amigos del Gobierno para fijar un salario mínimo que está fuera de cualquier parámetro lógico”, arremetió.

En igual tenor, Micheli sostuvo que “fijar un salario de 2.875 pesos para febrero de 2013, teniendo en cuenta que en Argentina hay una inestabilidad económica bastante preocupante en los últimos meses y un enfriamiento de la economía, es no tomar en cuenta lo que está pasando, no reconocer que efectivamente hay una línea de pobreza por encima de esa cifra”.

“El Gobierno no duda en dar un ejemplo pésimo a los argentinos peleándose en público con la Sociedad Rural, acusando a todo aquel que se acerque a una foto con la gente de la Mesa de Enlace de hacerle el juego a la derecha, y resulta que después levantan la mano juntos en el Consejo para fijar este salario vergonzoso para los trabajadores argentinos”, añadió el titular de la CTA.

Por último, consideró que “el Gobierno desconoce que hay una inflación del 25 por ciento, y por otro lado da un aumento que ronda ese 25 por ciento, sobre una base tan pobre que no llega a resolver el problema de la línea de pobreza”.

“Este Gobierno que se jactó siempre de tener el salario mínimo más alto de América Latina y hoy, en relación al verdadero dólar, no al oficial, que no existe, ha quedado por debajo de los 500 dólares de salario mínimo. Fuimos superados por cualquier país de América Latina”, concluyó Micheli.

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La inoperancia del Salario Mínimo

Horacio Meguira (ACTA)

Lamentablemente, las observaciones que desde la CTA venimos formulando a la dinámica que se le ha impuesto al funcionamiento del Consejo del Salario en los últimos años no han sido consideradas, y por ello mismo, la aplicación de esta herramienta no se ha traducido en una mejora sustancial.

Ni tampoco se ha cumplido con el mandato constitucional de establecerlo como piso y punto de partida de la distribución del ingreso.

Esta insuficiencia se ha producido en un contexto donde el Producto Bruto y las ganancias patronales han tenido un crecimiento muy significativo, a pesar de lo cual la estructura distributiva no ha modificado su carácter abiertamente regresivo.

Es decir, no han existido obstáculos objetivos para mejorar los niveles de distribución del ingreso y del salario real, que en los últimos cinco años han mostrado una tendencia al estancamiento.

En este marco, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) podría haber sido una herramienta institucional muy importante para impulsar una mejora en la estructura distributiva, por cuanto impactaría directamente en los salarios más bajos, muchos de los cuales se encuentran apenas por sobre el monto actual del SMVM.

El SMVM debe fijarse al inicio de la negociación salarial anual, y su determinación debe realizarse a partir de calcular la canasta básica de consumo de una familia tipo, y no a partir de una negociación carente de bases objetivas.

El Consejo del Salario Mínimo debe cumplir con su obligación de calcular el monto de la canasta básica de consumo, que no es otra cosa que el salario necesario para hacer frente a las necesidades de “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

La aplicación del SMVM debe extenderse a la totalidad de los trabajadores, incluyendo en particular a los trabajadores del sector público provincial y municipal, y quienes se desempeñan en el marco de programas sociales que exigen una contraprestación laboral tales como las cooperativas de trabajo.

El Consejo resulta el ámbito adecuado por su condición tripartita para consensuar políticas productivo-distributivas entre los actores sociales como mecanismo de fomento de la negociación en nivel más alto de la estructura. Sin embargo las comisiones de trabajo dejaron de funcionar. Todo esto, luego ocho años desde la primer convocatoria no se ha llevado adelante.

En los últimos meses han vuelto a escucharse voces que apelan a la “prudencia” de los trabajadores y las organizaciones sindicales, quienes deberían “moderar” sus reclamos para evitar que la crisis se extienda sobre nuestro país.

Este discurso encubre que los empresarios han tenido fabulosas ganancias durante la última década, y que ante el menor atisbo de dificultades económicas pretende atribuir a los trabajadores las responsabilidades y plantean que el salario debe ser la variable de ajuste, sin admitir que la discusión alcance a los niveles de sus ganancias.

Entre los años 2001 y 2011 el Producto Bruto ha experimentado un crecimiento del 74%. Sin embargo, en el mismo período el ingreso de los asalariados registrados se incrementó tan sólo un 3,3%.

La precariedad de la situación salarial de los trabajadores puede observarse en otros indicadores. En este sentido, si se considera el conjunto de los ocupados, casi el 80% percibe una suma inferior a dos salarios mínimos.

Si el análisis se focaliza en los asalariados registrados del sector privado, es decir, en aquellos trabajadores que se encuentran en una mejor situación laboral, quienes perciben una suma inferior a dos salarios mínimos son casi el 50% del total.

Es una oportunidad perdida difícil de recuperar ya que no resulta probable en el futuro un ciclo largo de crecimiento del PBI.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Cárceles a cielo abierto

Alfredo Grande (APE)

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“si en la casa del herrero los cuchillos son de palo, algo debe ser subvertido”
(aforismo implicado)

“La insensatez de la UBA ante sus maestros
En el seno de la UBA hay un conflicto que nunca debió haber existido. Es el que ya desde hace meses se ha suscitado alrededor de la cesantía de profesores por haber alcanzado la edad de 65 años : unos 150 en este momento, otros 500 que corren el mismo riesgo a fines de diciembre, más los que se irán sumando de aquí a entonces, y por supuesto el año próximo, pues la gente tiene la costumbre de seguir cumpliendo años. No debió haber sucedido, porque las objeciones que esos profesores oponen a semejante resolución son perfectamente racionales, completamente sensatas y fácilmente comprensibles. ¿Por qué? por Eduardo Grüner (nota publicada el 28/08 en Clarín)”

Supongo que estaba medio dormido. O medio despierto. De lo que estoy seguro era de que estaba medio. Y tratando más de volver a dormirme que de empezar a despertarme, un timbre de palabras me alertó. Cárceles a cielo abierto. Recuperé esa idea horas después. Pensé en los basurales a cielo abierto, en la minería a cielo abierto. Y como el cielo había quedado soldado a las venas, también abiertas, de la América Latina, como escribiera Galeano. En realidad, abiertas tiene el sentido del desgarro, de esas heridas que siguen sangrando por dentro y por fuera. Estar abierto a todas las tristezas, a todos los dolores, a todas las penurias. El cielo abierto que no nos habla de un celeste y blanco en el cual vuela soberbia un águila guerrera. Las guerreras y guerreros de estas tierras han sido derrotados, y desde la miseria cultural, ya que no económica, evocamos los hechos del pasado para sostenernos en este presente. Un feriado puente o un fin de semana largo no es lo ideal. Apenas la caricatura de los hechos, la mayoría olvidados, que los originaron. Porque la memoria no es recordar un hecho. La memoria histórica es actualizar los sentidos de esos hechos, en clave de tiempo presente y futuro imperfecto. Si el sentido queda coagulado, cristalizado en el pasado heroico que se invoca, no se convoca a su resucitación, como diría Vicente Zito Lema, sino a su entierro con honores. Nunca me he sentido conmovido por las autopsias de la historia. Creo que la historia conmueve cuando el pasado sigue siendo el ariete que transforma el presente. De la lucha por la Patria Socialista a la actualidad, cuando nos enseñaron que una villa miseria también era américa, a esta actualidad de barrios cerrados y countries verticales, la potencia subversiva de los humildes ha sido perforada hasta reducirla a una discusión por salarios mínimos para que sean un poco menos mínimos. El movimiento obrero organizado se ha convertido en una columna vertebral con una impresionante escoliosis. Se postulada la desaparición de la clase obrera, confundiendo asalariado con trabajador. Convencida que ya nunca mas irá al paraíso, se conforma con acceder a préstamos por sorteo para que esas necesidades que son derecho se satisfagan con la lógica azarosa de un bingo. El fascismo de consorcio ha clonado la ciudad de los buenos aires en un desfile de derrumbes, clausuras, invasiones de la patrulla de caminos en hospitales, plazas, fábricas. Pero el cielo sigue abierto. Ha dejado de ser un límite para convertirse en una limitación. El cielo se acerca a la tierra y pronto en vez de mirarlo para arriba, tendremos que empezar a mirarlo para abajo. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero no creo que sea problema perderla. En su lugar, quizá encontremos la templanza, o sea, la dureza que tampoco debemos perder jamás. Porque cuando el cielo y la tierra se acercan, es el momento de darse cuenta que las cárceles más tenebrosas son todas a cielo abierto. Los cartoneros, transhumantes de la noche como alquimistas posmodernos que en la basura pretenden encontrar el elixir de la nueva vida; los habitantes de las tierras arrasadas, donde no hay cultivos que regalen vida; los que a la noche se esconden para que todos los vean sin mirarlos, en bajos autopista, zaguanes, veredas, para que los tóxicos les mientan que están soñando con los angelitos, las niñas y niños que deambulan en los subtes, las esquinas, los trenes, dando lo que nadie quiere, hablando lo que nadie escucha, mirando lo que todos ocultan. Todos están presos en cárceles a cielo abierto, sin techo, sin rejas, pero de las que resulta imposible escapar. Condenados a diferentes formas de muerte, a reclusiones perpetuas sin salidas transitorias, donde no rige el 2 x 1 sino el 1 por siempre, y en la cual la reinserción es un billete perdido de una lotería que alguna vez se jugó y nadie se enteró. Hasta la Universidad manda a la cárcel sin rejas de la jubilación por mandato a los que osaron llegar a los 65 años con inteligencia, lucidez y experiencia. La cárcel a cielo abierto será la forma más sofisticada para encerrar sin mazmorras ni calabozos a los que han perdido la yerba de ayer, la de hoy y la de mañana. Entre la represión y la asignación, sus vidas jamás recuperarán el sentido que tuvo la historia cuando muchas y muchos lucharon como guerreras y guerreros para abolir toda forma de opresión.

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Los ejemplos mediáticos y el desafío de la AFIP

LA ARENA

Varios hechos que pusieron la mira sobra la evasión fiscal se sucedieron en un puñado de días. Primero fue el caso del cineasta Eliseo Subiela, después el de varios futbolistas profesionales y finalmente el de la mediática Mariana Nannis. La AFIP dio cuenta de sus "inconsistencias fiscales", y a partir de allí empezó a desandar el camino para cobrar algunos tributos que no habían ingresado por ventanilla. En cada uno de los casos, hubo un disparador diferente, pero un final similar: ninguno de los aludidos pudo, al menos hasta ahora, dar explicaciones creíbles sobre sus números y por qué no están al día con sus impuestos.

Subiela despotricó porque no le habían autorizado la compra de dólares para viajar a un festival de cine auspiciado por la Cancillería. Y terminó recordando su pasado en las filas de la izquierda revolucionaria -casi como un pedido de clemencia- cuando se informó que tenía declarados ingresos anuales por sólo 10.000 pesos.

En el caso de los futbolistas, sus representantes, los intermediarios y hasta la propia AFA, respondieron a las acusaciones con reverencias a los controles, juraron tener todo en regla y algunos terminaron pagando el 35 por ciento de sumas millonarias de transferencias para evitar problemas futuros. Claro, nadie pudo defender que las triangulaciones de pases a través de equipos casi desconocidos de Uruguay y Chile eran una maniobra para evadir pagos.

Por su parte, la mujer de Caniggia, en uno de sus tantos exabruptos, acusó a un hotel cinco estrellas que de la caja fuerte le habían robado 300.000 dólares. Cuando la AFIP le preguntó por qué no había registrado el ingreso de esa abultada suma en la Aduana, se quedó sin argumentos.

Está claro que el gobierno pretende mejorar la recaudación y de hecho, durante el kirchnerismo, los índices en ese sentido han ido mejorando año a año. Sin ir más lejos, el mes pasado el incremento en comparación a julio del período anterior fue del 28 por ciento, mientras que la medición del primer semestre dio un 25 por ciento de aumento, respaldado en parte por la inflación. También hay que tener en cuenta que el haber expuesto públicamente a evasores de renombre le dio respaldo frente a los tributistas de ingresos bajos y los medios, como estrategia para que se respete la cultura del cumplimiento fiscal.

Ambos hechos merecen ser destacados. Uno, porque como norma y beneficio a la sociedad toda, el Estado debe ser riguroso con el cobro de los impuestos, aunque después puede y debe discutirse si el esquema tributario argentino es justo y equitativo. El otro porque envía el mensaje de que los "poderosos" tienen las mismas obligaciones que el ciudadano común, aunque no siempre los operativos se dirigen realmente a quienes más tienen.

Después de desarrollar este arsenal propagandístico, que no se descarta pueda continuar en las próximas semanas, la AFIP afronta un desafío: el de demostrar que la persecución a los evasores no tiene distingos ni límites, y que va más allá de una circunstancia específica como es el "cepo cambiario".

Seguramente que en este debate se debe dar cuenta que existen tributos con tasas muy altas, impropias en función de los ingresos salariales, y otras muy bajas de acuerdo a las recaudaciones millonarias de grandes contribuyentes. Pero también es justo remarcar que como país es necesario recuperar el concepto de cumplimiento fiscal. Y en forma paralela, la ciudadanía exigir a sus gobernantes que esa recaudación tenga un destino correcto.

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Grave estado del deporte más popular en la Argentina

Emilio Marín (LA ARENA)

El programa "Fútbol para Todos" significó un avance en cuanto a la televisación de ese deporte. Pero subsisten gravísimos problemas en las tribunas, las transferencias y los negocios poco transparentes.

El fútbol es el deporte que más apasiona a los argentinos. Cada partido, cada gol y hasta cada penal no cobrado encienden las discusiones. Más ahora que -gracias al programa "Fútbol para Todos" (y Todas)-, los partidos se pueden ver por la TV abierta, en forma gratuita.

Antes los goles quedaban secuestrados hasta el domingo a la noche, cuando el grupo Clarín los mostraba a los hogares sin abono por cable. Para el pobrerío y la clase media baja, las cámaras enfocaban las tribunas, la chica linda o el gordo con sombrero; los golazos o jugadas maradonianas, si las había, eran para el abonado a Cablevisión-TyC Sports de Héctor Magnetto y sus socios.

"Fútbol para Todos" comenzó en agosto de 2009 para la Primera División y, gracias al descenso de Ríver, en agosto de 2011 se extendió a la Primera B Nacional, que había quedado presa del monopolio.

Ese fue un paso grande para democratizar la pantalla deportiva y debilitar a los grupos concentrados de la TV, que atesoran casi 300 señales.

De todas maneras, que los principales partidos sean relatados por Marcelo Araujo, desprestigiado ex menemista y ex duhaldista, y comentados por Julio Ricardo, de similar trayectoria, ahora reemplazado por Fernando Pacini, indica que no todo es nuevo. El equipo de Clarín ahora viste los colores "nacionales" en los torneos y copas "Néstor Kirchner" o "Malvinas Argentinas" o "Evita". Esto incomoda a periodistas críticos del monopolio, como el filo kirchnerista Pablo Llonto. Sobre todo, a muchos argentinos que ven fútbol y no se bancan al Araujo que brindaba con champagne por la victoria que no fue de Chiche Duhalde sobre la senadora Cristina Fernández.

El programa que tiene a Canal 7 como nave insignia tiene otro inconveniente, según el sociólogo Pablo Alabarces. El autor de "Crónicas del Aguante", expresó que "en Fútbol para Todos hace tres años que tenés publicidad gratis y no hay un aviso sobre la violencia" (Mundo D, La Voz del Interior, 25 de agosto). Y se gastan allí 900 millones de pesos anuales. Alabarces también cuestionó el lenguaje de algunos relatores, que contagian violencia: "cuando Belgrano le empató a Ríver en la promoción, el relator (Araujo) decía ´Ríver sale a matar o morir´".

El fútbol de Primera y de la B Nacional se ve en todas las pantallas sin pagar un peso, pero se mantiene el grave problema de la violencia. En años anteriores las malas noticias venían de "Los borrachos del Tablón", que provocaron dos muertos en filas riverplatenses, uno en el mismo Monumental. Actualmente el centro de la disputa parece haberse desplazado a "La Doce", xeneize, con la balacera entre los grupos opuestos de Rafael Di Zeo y Mauro Martín en la autopista Rosario-Santa Fe, el pasado sábado. Hubo cinco heridos de bala y Martín resultó con el intestino agujereado por una bala calibre 38. Ninguno festejó la victoria 2 a 1 de Boca sobre Unión.

Barras y negocios

¿Por qué luchan con tanta violencia, incluso con disparos de armas de fuego que apuntan a matar, los seguidores de Di Zeo y Martín? Se supone que son del mismo club, con un amor en común.

Otro tanto se puede preguntar para las guerras de "Los borrachos". Sus anteriores líderes, los hermanos Alan y William Schenkler, fueron condenados a prisión perpetua en 2011 por el crimen de otro hincha de La Banda, Gonzalo Acro, que según la justicia fue ultimado por sicarios de aquéllos.

La respuesta es obvia para millones de argentinos. Se pelean ferozmente con los de su mismo club, más incluso que con los de clubes "enemigos", porque al interior del propio pugnan por negocios que dejan mucha plata.

La reventa de entradas, los empleos bien pagos en la misma institución, los subsidios para los viajes a otras canchas e incluso a otros países, las comisiones por el cobro del estacionamiento en el estadio propio y hasta el dinero que pagan los turistas extranjeros por "visitas guiadas" al Monumental o la Bombonera en los clásicos, etc, todo eso supone un dinero importante. Además, según denuncias no comprobadas, algunas de esas barras funcionarían como asociaciones ilícitas para la venta de sustancias tóxicas ilegales y se quedarían con comisiones por la venta de jugadores, tras arreglos con los representantes o incluso con autoridades de algunos clubes.

Esos dirigentes han sido tolerantes y hasta cómplices con esos violentos que les marcan la cancha como si fueran los dueños de esas entidades. Uno de los pocos que se atrevió a ponerles coto fue Javier Cantero, el titular de Independiente. Lo hizo en soledad de sus pares y es probable que pierda la partida (dependerá en parte de los resultados deportivos del Rojo, por ahora muy amenazado por el descenso). Esos patoteros desean esa debacle para poder pasar más fácilmente a la contraofensiva sobre el molesto presidente del "Rey de copas".

El mandamás de la AFA, Julio Grondona, eternizado en ese puesto al que llegó en plena dictadura militar-cívica, es otro gran responsable de la mala situación del fútbol argentino. Es otro reciclado, desde los negocios con Clarín y otras empresas, tramitados desde la cúpula de AFA y su vicepresidencia de FIFA, hasta llegar al 'nacional y popular' "Fútbol para Todos".

Como las cosas se pusieron muy feas luego del tiroteo en Santa Fe, el ministro del Interior, Florencio Randazzo y Grondona requirieron a los clubes la lista de violentos para aplicarles el derecho de admisión. El titular de Boca, Daniel Angelici, aliado de Mauricio Macri, en principio rechazó la solicitud, tras incluir apenas a 10 barras, pero al final extendió la nómina a 67. Estos, al igual que barras de otros clubes, no podrían entrar a ver el próximo partido.

Ninguna virgen

En este asunto Cristina Fernández opinó el 30 de julio pasado con mucha liviandad. Tantas cadenas nacionales que de vez en cuando habla de temas que no maneja con solvencia... Ese día alabó a los barras: "esos tipos parados en los paraavalanchas son una maravilla, mis respetos para todos ellos". Frente al rebrote de violencia, la presidenta rebobinó y, en línea con Randazzo, apremió a los clubes, "que deben entregar las listas de las personas que tienen vedado el ingreso".

La jefa de Estado sí dio un pase gol en la tipificación de los violentos, que no debe circunscribirse a los de origen humilde y con poca educación. Ella hizo referencia a los hinchas de plateas de Boca, caras, que habían arrojado un cartel sobre el banco de suplentes de Independiente en el partido de ida de la Sudamericana. Es verdad. La violencia no es "cosa de negros".

Junto con este problema crónico de la violencia había otro que hasta el momento se había mantenido relativamente impune. Es el de los negocios poco transparentes en las transferencias de futbolistas, dentro del mercado local y el internacional. Se informaba de precios menores para pagar menos impuestos a las ganancias, que directamente se evadían si se triangulaba con clubes de otros países como titulares de los derechos federativos de los jugadores. O se compraban futbolistas por precios millonarios inflados para tener motivo legal para poder girar a bancos en el exterior las divisas de la operación.

Los sucesivos gobiernos, las cúpulas dirigenciales de los clubes y AFA, así como los representantes de los jugadores y posiblemente algunos de éstos, eran corresponsables de aquellos manejos.

Ricardo Echegaray, el tan denostado titular de la AFIP en el caso de la quiebra de Ciccone, estuvo muy bien en posar su lupa sobre las transferencias de Darío Bottinelli a River y de Ignacio Piatti a San Lorenzo. El primero era jugador libre pero apareció transferido por el club chileno Unión San Felipe, quien tenía los derechos federativos, y River giró los dólares a una cuenta bancaria en Miami y en las islas Vírgenes, donde lo indicó el vendedor trasandino.

Tirando de esa piolita, la AFIP detectó numerosas triangulaciones para evadir el pago de impuestos a las ganancias de jugadores y representantes, 151 de los cuales vieron por eso bloqueados sus números de CUIT por la dependencia oficial. Muchos de esos gestores de pases mal hechos, o con dolo y violación de las normas tributarias, son ex jugadores como Leonardo Rodríguez, Carlos Navarro Montoya y "Colorado" McCallister.

Echegaray llamó "paraísos fiscales" a siete clubes de Uruguay, dos de Chile y el Locarno de Suiza, que intervinieron repetidamente en estas operaciones. Y con la resolución 3374/2012, obligó a los clubes a informar dos veces al año la nómina de sus jugadores y la lista de agentes y representantes de los mismos, así como las deudas por la compra de derechos económicos o préstamos.

Todas estas medidas son importantes, en la medida que sean acompañadas de la imprescindible tarea educativa y cultural, que demanda varios años para que rinda frutos. Hay que poner en correspondencia la realidad con el eslogan oficial de "Argentina, un país de buena gente". En fútbol y en varias otras cosas, por ahora hay unos cuantos argentinos que no califican de buenos.

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Argentina. Entrevista a César Antillanca: "El Tribunal no falló a favor de la verdad"

Liliana Giambelluca (AGENCIA WALSH)

César Antillanca estuvo en Buenos Aires para organizar el inicio de una campaña de visibilización y denuncia denominada "Violencia institucional e impunidad en las provincias de Chubut y Río Negro". El 5 de septiembre se cumplen dos años de la muerte de su hijo Gonzalo Julián, asesinado a golpes por policías de la comisaría cuarta de Trelew. En marzo de este año, pese a pruebas contundentes y un testimonio clave, el crimen quedó impune porque los acusados fueron absueltos por la justicia.

César Antillanca sabe qué pasó con su único hijo varón durante la madrugada del 5 de septiembre de 2010. Sabe que fue a bailar y que a la salida un grupo de policías le dieron una golpiza en la rotonda 5 de Octubre y lo mataron. Lo sabe porque la autopsia reveló que el deceso fue resultado de fuertes golpes que recibió en la nuca y una chica le contó que vio cuando los policías sacaron el cuerpo de Julián del patrullero y lo "tiraron" a la calle. También sabe que un perito informó que había sangre de su hijo en el móvil policial.

El padre sabe qué le hicieron a su hijo de 20 años de edad y lo saben los trelewenses. Todos saben todo. También sabe la justicia, pero encontró "dudas" allí donde había certezas.

Lúcido y mesurado, César quiere ser "prudente" en sus expresiones. Paradoja: busca las palabras adecuadas para explicar procederes inadecuados de policías, jueces y poder político. Asesinos unos y encubridores otros.

Ana Laura Servent, Alejandro de Franco e Ivana González son los jueces que el 19 de marzo de este año dictaron la absolución de todos los imputados en la causa de Gonzalo Julián Antillanca porque estimaron que no había elementos "suficientes" para condenar a nueve policías y a una civil acusada de encubrimiento.
Durante el juicio se logró la verdad formal necesaria para una condena, pero los jueces, por imperio de "la duda" y la desestimación de "la probabilidad", no condenaron a los culpables, ¿por qué cree que fallaron de ese modo?

En primer lugar mi hijo fue víctima del terrorismo policial y luego de la corrupción institucional. El fallo está corrompido porque se demostró la culpabilidad de los acusados pero se desestimaron las pruebas. Esa arbitrariedad los liberó de su culpabilidad y por lo tanto de la condena, pero no los hizo inocentes.
Quiere decir que para eximir a los culpables de cumplir una condena se desestimaron las pruebas.

Así es, el caso se esclareció y los jueces se apoyaron en la valoración técnica de la prueba. Cuando digo que el fallo es arbitrario, no estoy diciendo que el tribunal no falló a favor de Julián Antillanca, digo que el tribunal no falló a favor de la verdad, que es muy diferente. Sin embargo, yo creía que con todo lo que había de contundente y veraz en la acusación se iba a hacer justicia, pero no fue así.

¿El fallo se apeló?

La arbitrariedad, sumada a evidentes agravios, dio origen a la presentación de un Recurso Extraordinario al Tribunal Superior, donde se pide la anulación del fallo y con ello la posibilidad de un nuevo juicio.

Hay más "dudas" en las motivaciones de los jueces que de la verdad probada en el expediente.

Absolutamente. Además, este es un fallo de clase también. Es una condena social histórica.

Muchos policías también son clasistas, a la vez que desclasados.

La ignorancia y el fanatismo implican una pérdida completa de la posibilidad de razonar. Cuando ellos eligen pegarle a determinada franja de personas cometen un delito clasista y cultural que no está tipificado en el Código Penal. La estrategia del control social necesita de estos delitos.

Los pobres siempre son "sospechosos".

Así es, por eso el fallo fue un dolor muy grande para muchos chubutenses porque aquellos que alguna vez fueron abusados, avasallados y ultrajados en su dignidad, por lo menos esperaban una suerte de devolución por parte de la justicia, donde era tan clara la culpabilidad policial. Fue una derrota tremenda en lo que tiene que ver con las luchas reivindicativas sociales.
Llama la atención la cantidad de jóvenes asesinados y golpeados por policías en Trelew y la impunidad que pesa sobre ellos.

La impunidad no se puede llevar a cabo si no hay acuerdos. En Trelew existe un acuerdo tácito entre los poderes. Hay responsabilidades por parte de policías que cometen el delito y funcionarios públicos que lo omiten. También hay una responsabilidad política, que en el juicio no se trata, pero la condena debe hacerla la sociedad.
Sin esa alianza entre los poderes sería imposible la impunidad.

Completamente. En todos los casos hay un denominador común: justicia y poder político provincial otorgan impunidad a los policías locales, pero es el gobierno quien debe garantizar la seguridad del pueblo y debe entregar a los culpables, soltarle la mano a la policía, pero es una responsabilidad que no quiere asumir. En el asesinato de Julián quedaron completamente al desnudo esos acuerdos.
Usted tiene un compromiso absoluto con la causa de su hijo, a la vez que clama justicia por otros casos. Su historia cambió de rumbo.

Sí, cambió completamente.
¿Cómo era su vida antes?

Trabajaba de albañil, de pintor, de carpintero. De una vida de obrero tuve que aprender conceptos que desconocía y ubicarme en el rol de crítico social.

Aprendió mucho.

En realidad voy como puedo. Sé que debo ser prudente y lúcido porque es muy fácil perderse en este entramado de mensajes entre líneas que hay en todos los ámbitos.
Viajó a Buenos Aires para organizar una charla, ¿verdad?

Sí, vine para organizar el inicio de una campaña de visualización de la arbitrariedad del fallo. Está prevista una conferencia de prensa y la presentación de un documento filmográfico de lo que fue el debate del juicio con los testimonios, las pruebas y el resultado. También se presentará el tema de la violencia institucional y la impunidad en las provincias de Chubut y Río Negro.

¿Ya está definido el espacio?

En este momento está confirmado uno de los auditorios del Hotel Bauen, que está en Callao 360, de la Ciudad de Buenos Aires, y la fecha es el 21 de setiembre a las 18 horas. Vicente Zito Lema se comprometió a apoyar y a estar presente, y también representantes del CELS y de la CORREPI.

El CELS y la CORREPI, ¿le están dando apoyo legal o acompañamiento?

Acompañamiento. Por mi parte ahora debo continuar trabajando para difundir la campaña para luego replicarla en todos los municipios de Chubut donde se pueda. El objetivo es demostrar que el fallo está corrompido y lograr su anulación. No hay otra cuestión. Esta es una nueva etapa de lucha.
Mencionó que se presentará el tema de la violencia institucional y la impunidad en las provincias de Chubut y Río Negro, ¿se van a presentar otros casos?

La propuesta es exponer otros casos de homicidios, dar a conocer en qué contexto se produjeron los asesinatos en manos de policías, además de desapariciones en democracia, las causas judiciales que no prosperan o que con pruebas contundentes han sido desestimadas por la justicia.

En la causa de su hijo, ¿tiene esperanza que el Tribunal Superior acepte la verdad probada?

Sí, hay confianza en que se va a revertir la situación porque en el juicio se demostró que hay suficientes pruebas para condenar. Se ha realizado una fundamentación técnica, científica y un trabajo donde la acusación es seria, muy seria, y las pruebas son contundentes, no hay dudas.
Una prueba irrefutable es el testimonio de Jorgelina Domínguez. Ella vio cuando a Julián lo sacan del patrullero.

Sí, pero no lo bajan del patrullero, directamente lo tiran. Jorgelina fue muy clara y precisa, dijo: "No lo bajaron, lo tiraron". A Julián lo golpearon en la rotonda 5 de Octubre y como se les muere lo dejaron en otro sitio.

¿Los vecinos vieron algo?

No. No vieron nada.
Cuando Julián salió del baile, ¿nadie vio que lo levantaron?

Sí, lo vieron, pero el miedo es terrible.
Gabriela Bidera, que iba con Jorgelina Domínguez esa noche, ¿no declaró por temor?

Ella es hija de un comisario de Trelew.
El padre le habrá dicho que no declare.

Seguramente.
Debe estar atormentada.

No. Le aseguro que no lo está. Ella festejó el fallo junto a los policías.

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