miércoles, 19 de septiembre de 2012

Entrevista exclusiva al Comandante Timoleón Jiménez (FARC-EP): “Hemos estado dispuestos a la búsqueda de la Paz”

SEMANARIO VOZ

Primera entrevista exclusiva al Comandante Timoleón Jiménez (FARC-EP), realizada por Carlos Lozano, Director del semanario VOZ que en su última edición publica ésta interesante entrevista con el máximo comandante de las FARC-EP.

“El Presidente repite que no piensa cometer los errores del pasado y confiamos en que así sea. Usted sabe que el principal error de todos los procesos anteriores ha sido el de llegar a la mesa a exigir rendiciones”, le dijo el comandante Timoleón Jiménez al Director de VOZ.


Timoleón Jiménez, comandante en Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, es la cabeza visible del legendario movimiento guerrillero, hoy comprometido en la búsqueda de la paz democrática, mediante un nuevo diálogo con el Gobierno Nacional. Es la continuidad de una orientación de la guerrilla de las FARC-EP. Se lo había dicho Manuel Marulanda a VOZ, durante los diálogos del Caguán: “La paz es una bandera de los revolucionarios”.

Esta entrevista se da en un momento histórico, ad portas de un nuevo esfuerzo para lograr la paz en Colombia. Aquí están las respuestas de Timoleón Jiménez, concretas, precisas. Se podría decir, sin falso optimismo, que la paz está más cerca que antes, pero todavía hay mucho recorrido por delante. Todo el país espera que no sea una nueva frustración.

Comienza un nuevo proceso de diálogo con un Gobierno de alguna manera heredero de la “seguridad democrática” uribista. ¿Cómo lo abordan las FARC?

Foto: Los dos Santos y Uribe

Nosotros siempre hemos estado dispuestos a la búsqueda de soluciones distintas a la guerra. Con Uribe no fue posible, por su abierto desconocimiento de nuestra condición política. Santos no es sólo heredero de la seguridad democrática, sino además uno de sus protagonistas estelares. De hecho, con maquillajes al nombre, ha continuado con ella. Pero como él mismo lo dice, decidió asumir los riesgos de dialogar y dio pasos positivos en ese sentido. Cualquier colombiano diría que el verdadero riesgo es la guerra y no el diálogo, por eso no vacilamos en aceptar las conversaciones para buscar la paz. En cuanto al modo de abordar el nuevo proceso, diría que lo hacemos con grandes expectativas de alcanzar el fin del conflicto. El Presidente repite que no piensa cometer los errores del pasado y confiamos en que así sea. Usted sabe que el principal error de todos los procesos anteriores ha sido el de llegar a la mesa a exigir rendiciones, sin voluntad real de atender a la solución de las causas que dieron origen y siguen alimentando la confrontación.

La agenda contempla el tema de la “dejación de armas”, que sería el punto de llegada de un acuerdo o pacto de paz. ¿Qué expectativas tienen las FARC al respecto?

Carecería de sentido iniciar un proceso encaminado a conseguir la terminación definitiva del conflicto, sin contemplar la dejación de armas como punto de llegada. Dejación de armas consiste en la abolición del empleo de la fuerza, de la apelación a cualquier tipo de violencias, para la consecución de fines económicos o políticos. Es un verdadero adiós a las armas. Si lográramos que en Colombia eso fuera una realidad, nuestro país daría un salto enorme hacia adelante. Confiamos nuevamente en que la administración Santos, y todos los sectores empeñados en la violencia como método de acción económica y política, coincidan en este criterio con nosotros.

Los “errores del pasado”

El Presidente Santos ha dicho que su Gobierno requiere que este proceso de diálogo “no repita los errores del pasado”; que exista la garantía que va a conducir al fin del conflicto; y que el Gobierno mantendrá los operativos militares y la presión militar sobre las FARC. ¿Cuáles son los presupuestos de la insurgencia para que el proceso culmine con éxito?


La oligarquía dominante en Colombia, apoyada sólidamente por los Gobiernos de los Estados Unidos, lleva ya casi 50 años apostándole al exterminio de las guerrillas. Doce Presidentes, uno con mandato repetido, han prometido invariablemente nuestro fin y dado manos libres al aparato militar para cumplirlo. Cuando Santos ordena incrementar las operaciones no está dando satisfacciones a los sectores de extrema derecha, lo hace porque cree con ellos, como todos los anteriores gobiernos, que de veras podrá rendirnos por obra de la fuerza. Precisamente es ese el círculo vicioso que se necesita romper. Si usted observa el plebiscito general de aprobación a las conversaciones de paz, se dará cuenta de que la inmensa mayoría de los colombianos no comparte la salida militar, entre otras cosas porque con mayor cordura que sus gobernantes, sabe que no será posible. Nosotros partimos de la idea de que este proceso será exitoso, en la medida en que esas grandes mayorías que se inclinan por la solución política tengan oportunidad de hablar, de movilizarse, de influir, de decidir al respecto. Y las estamos invitando a hacerlo.

En varios sectores que apoyan el diálogo se está planteando la propuesta de tregua, cese de fuegos y ceses de hostilidades. ¿Qué opinan las FARC-EP?

- Estamos completamente de acuerdo. Siempre ha sido uno de nuestros primeros planteamientos al producirse aproximaciones con los distintos gobiernos. Desafortunadamente, la oligarquía colombiana se ha inclinado porque los diálogos se produzcan en medio de la confrontación. Si el despeje del proceso pasado hubiera estado acompañado de un mecanismo de esa naturaleza, otra hubiera sido la suerte del mismo.

- En Colombia, las clases dominantes, su clase política y sus medios de comunicación sufren la manía de mirar sólo a uno de los lados. Informar de la matanza de 30 guerrilleros en un bombardeo aéreo despierta sus aplausos, mientras que las bajas oficiales en combate se repudian como asesinatos. Con dicha manipulación se busca además presionarnos groseramente en las mesas de diálogos.

El papel de VOZ

Foto: Carlos Lozano Guillén, director de VOZ y autor de ésta entrevista al Jefe del Estado Mayor Central de FARC-EP

- Ustedes, como medio alternativo de heroica perdurabilidad, son quizás quienes de manera más honrada han informado al país, desde décadas atrás, de la infame persecución criminal practicada en Colombia contra ese tipo de organizaciones. De los archivos de VOZ podría elaborarse la más fidedigna historia de los crímenes de Estado en contra del pueblo de este país. El número de víctimas en Colombia se equipara al espantoso holocausto judío en la Europa ocupada por los nazis. Entonces adquiere singular importancia el papel de los distintos movimientos sociales, sindicales, agrarios, populares, que el Estado colombiano pretende ignorar al abordar con migajas de manera individual uno que otro caso emblemático. Esa Colombia ignorada y victimizada es la que tiene que ponerse de pie ahora para reclamar por sus muertos y desaparecidos, para exigir el fin definitivo de la guerra, para impedir que se consagre la impunidad, para exigir la satisfacción de los viejos clamores por los que fue violentada de modo tan generalizado y atroz.

¿Qué opina de los 6 a 8 meses que presupuesta el Presidente Santos?

- Se trata de una expectativa que él está generando por su cuenta, en contravía de lo pactado en la letra y el espíritu del Encuentro Exploratorio. Allí se concertó no poner fechas fatales, ni siquiera la palabra meses, así que lo expresado por el Presidente nos indica lo difícil que va a ser este camino que emprendemos. De paso, evidencia de manera clara la estrategia que van a implementar: cuando no logren algo en la mesa intentarán imponerlo en los medios. Para llegar a La Habana y realizar el Encuentro Exploratorio duramos dos años, cuando inicialmente se creyó que sería cuestión de semanas. Y no fue precisamente por causa de la insurgencia, tema del cual no quiero dar pormenores por respeto el compromiso de mantener por el momento en reserva los detalles al respecto, aunque por las crónicas que han salido en los medios, la contraparte parece haberse olvidado de ello.

Un asunto de los colombianos

¿Qué propuesta política le hacen las FARC-EP a los colombianos al comenzar el diálogo?

Foto: Una imagen de una sociedad neoliberal clasista desde el centro banquero de Bogotá.

- Movilizarse en torno a la terminación definitiva del conflicto. La guerra o la paz son asuntos que nos conciernen a todos los colombianos y estamos obligados a pronunciarnos. El Gobierno pretende que los diálogos se realicen exclusivamente entre sus voceros y los nuestros, de modo discretísimo, sin bochinches, como repite insistentemente. Como cuando Laureano Gómez y Lleras Camargo firmaron en Europa los acuerdos de Sitges y Benidorm. Además, pretende que las FARC demos allá el espaldarazo a sus planes de gobierno, como lo más conveniente para el país.

- Es decir, que se desconozca otra vez a la población colombiana, que se pacte a sus espaldas lo que en verdad sólo interesa y conviene a las transnacionales, banqueros, empresarios y terratenientes. Eso no puede suceder más en este país. Las grandes mayorías deben ser escuchadas y atendidas. Nuestra propuesta apunta a eso.

¿Por qué se decidieron las FARC a asumir este nuevo intento de paz? ¿Debilidad? ¿Estrategia? ¿Realismo?

- Quienes afirman que la presión militar ha sido definitiva para movernos a una negociación política, olvidan que esta década de guerra se desató cuando Pastrana puso fin de manera unilateral al proceso de paz que se celebraba en el Caguán. Es el Estado quien regresa a la Mesa de Diálogos con las FARC, para lo cual habrá hecho sus valoraciones internas. Una de ellas, así no la haga pública, tiene que ser el reconocimiento de que el enorme esfuerzo realizado para vencernos ha resultado inútil. Las FARC seguimos ahí, combatiendo, resistiendo, avanzando. Ahora volvemos al escenario natural de la política, los diálogos civilizados. Es absurdo afirmar que nos han obligado a sentarnos a la Mesa, cuando fue el Estado quien se levantó furioso de ella. Dialogamos, porque la solución política ha sido siempre una bandera nuestra y del movimiento popular.

Foto: Guerrilleras y guerrilleros de las FARC-EP

Serios golpes

¿Pero entonces no han recibido las FARC golpes severos durante estos diez últimos años?

- No puede negarse que hemos recibido serios golpes. Y sumamente dolorosos. Las muertes de cuatro miembros del Secretariado Nacional no pueden ser minimizadas. Son muy duras también las muertes de combatientes bajo el fuego de los bombardeos. Sin embargo, hemos asimilado con coraje todos esos casos. Ninguno de los actuales miembros del Secretariado cuenta con menos de treinta y cinco años de experiencia guerrillera, lo cual puede aplicarse también a casi todo el Estado Mayor Central. Los relevos no se improvisan. 48 años de lucha continua han producido un formidable engranaje. Seguimos adelante, con dolor en el alma, pero más avezados y convencidos de nuestras razones. En toda guerra hay muertos. La campaña mediática insiste en presentarnos como una organización derrotada y sin futuro. Igual ha sido siempre. Si se tratara de hacer frente a una fuerza vencida, no estarían trabajando en incrementar aún más el pie de fuerza y el ya de por sí enorme arsenal adquirido. Son verdades que el Estado y los medios ocultan deliberadamente.

Entonces, aunque las FARC no ejecuten acciones del calibre de las de catorce años atrás, ¿puede afirmarse que la confrontación continúa siendo de grandes proporciones? El Ministro de Defensa los minimiza a ustedes por completo y alega que la confrontación persiste tan solo en el área rural de diez municipios aislados del país...

- Las FARC-EP operamos y nos movemos en los mismos territorios que ellos ocupan. El supuesto control ejercido por los comandos conjuntos, fuerzas de tarea, brigadas y batallones, es puesto en ascuas con frecuencia por la actividad de las guerrillas móviles. El número de bajas de las fuerzas armadas ha venido en alza de tiempo atrás. Claro, también nosotros recibimos golpes, mucho más publicitados por los medios. Es que ese es el conflicto. Una guerra se libra según las circunstancias, no existen modalidades operativas válidas para todas las situaciones. Es obvio que las condiciones de hoy no son iguales a las de una década atrás, sobre todo por uso masivo de la aviación militar, pero se combate diariamente. En todos los Bloques de las FARC se trabaja en función de variar esa ecuación en cualquier momento. Sea como sea, la perduración del conflicto implicará mayor muerte y destrucción, más luto y lágrimas, más pobreza y miseria para unos y mayor riqueza para los otros. Imagínese las vidas que se hubieran ahorrado estos diez años. Por eso buscamos los diálogos, la solución incruenta, el entendimiento por vías políticas. Con ese propósito vamos a La Habana. Confiamos en que el Gobierno Nacional también entiende la necesidad de poner fin a tan larga violencia practicada contra el pueblo colombiano.

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Condenado Joaquín Pérez Becerra a 8 años de cárcel: Una condena contra la libertad de expresión

César Jerez (PRENSA RURAL)

Joaquín Pérez Becerra fue condenado por el juez séptimo penal del circuito de Bogotá por “incurrir en el delito de concierto para delinquir agravado”, el mismo juez lo absolvió por el delito de financiación del terrorismo.

Según el abogado Rodolfo Ríos, se presentaron serias irregularidades en este proceso, ya que se utilizaron pruebas de la Operación Fénix que fueron declaradas ilegales por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Foto: “Desde acá nuestra solidaridad para Joaquín y los miles de presos políticos colombianos, para todas y todos ellos exigimos libertad”, reclama el autor de ésta nota.

¿Donde esta la respuesta en Colombia?

Los abogados indicaron que apelarán el fallo proferido por el juez de la República y que llegarán a las últimas instancias judiciales para demostrar la inocencia de Joaquín Pérez.

Foto: El Terrorismo de Estado no logró asesinar a Joaquín Pérez, elegido dos veces al concejo del municipio de Corinto, Cauca por la UP. Ahora cobró la factura, sentenciando al colega y compañero a 8 años de cárcel.

Joaquín Pérez Becerra es un comunicador, director y editor de la Agencia de Noticias Nueva Colombia -ANNCOL. Es un perseguido político de siempre, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica que dejó a miles de compatriotas asesinados por el terrorismo de Estado. Por esa persecución se vio obligado a salir del país a finales del año 93, en calidad de exiliado hacia Suecia, país que le otorgó posteriormente la ciudadanía.

El 23 de abril de 2011 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando ingresaba a Venezuela procedente de Alemania. La captura se efectuó por un supuesto requerimiento de la Policía Internacional (INTERPOL).

El día 25 de abril de 2011, el Estado venezolano extraditó irregularmente a Joaquín hacia Colombia por petición del presidente Juan Manuel Santos, violando así los derechos que tiene Joaquín como refugiado político.

Ya en Colombia Joaquín afrontó un proceso por concierto para delinquir y financiación de grupos terroristas, cargos basados en pruebas que incautaron sin cadena de custodia las fuerzas armadas en el computador del abatido comandante guerrillero Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano durante la Operación Fénix. Pruebas que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 18 de mayo de 2011, declaró ilegales. Joaquín se encuentra recluido en el establecimiento de orden nacional (ERON La Picota) de Bogotá.

Desde La Picota física y pública Joaquín acaba de manifestar que su condena obedece a “un fallo político que demuestra que la justicia colombiana no es independiente, aceptando pruebas amañadas, extemporáneas y contaminadas de la fiscalía. Es un atentado contra la libre expresión y al derecho a la sociedad a estar objetivamente informada. Invito a los medios alternativos a no dejarse intimidar por este fallo emitido por el juez 7 especializado. No soy un criminal, soy un prisionero de conciencia que siempre me he opuesto a las desigualdades sociales y al terrorismo de Estado en Colombia. Con entusiasmo saludo el compromiso del gobierno de Santos y las Farc para transitar por caminos del diálogo hacia una paz estable y duradera”.

La libertad de expresión, de comunicar, de conciencia, como derecho político, debe estar en el centro de las conversaciones de paz que Joaquín Pérez saluda desde la fría prisión. Precisamente será este proceso el que deberá garantizar la inclusión política, fundamental para el ejercicio de la política en la transición que todo el país anhela. Desde acá nuestra solidaridad para Joaquín y los miles de presos políticos colombianos, para todas y todos ellos exigimos libertad.

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Resucitando a Stroessner

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Todo indica que el día 3 de noviembre las cenizas del ciudadano Alfredo Strossner serán repatriados desde Brasil, en ocasión de cumplirse un siglo de su nacimiento, en un acto resaltado por la vecindad política con su legado ideológico del actual gobierno, salido del golpe de estado parlamentario del 22 de junio pasado.

Atrás, completamente olvidado, ha quedado en Paraguay Adam Smith, y pareciera que nunca existió el Lord bueno John Maynard Keynes, cubierto por los efluvios del Monte Pelerin y su asceta Friedrich Von Hayeck, que tantos tiranos han obedecido sin jamás haberlos leído, como fueron el mismo Stroessner y sus colegas los Generales Garrastazú, Pinochet, Videla y Alvarez, por citar sólo algunos de la larga lista de sátrapas civiles y militares que durante décadas ensangrentaron las patrias suramericanas.

Lo insólito, aunque probablemente sea expresión de la decrepitud ideológica y moral de la superestructura que somete actualmente a la humanidad, el famoso tiranosaurio (Roa Bastos) y sus métodos continúan presentes en el accionar de la derecha política de este sufrido Paraguay, revalorizados por el actual gobierno liberal que, sin pudor, disputa su herencia al Partido Colorado.

Stroessner, colega de los mayores ladrones y asesinos políticos que en el siglo XX ensangrentaron y robaron pueblos enteros en todos los continentes, fue un militar de carrera mediocre y hasta cobarde, según testimonios de la Guerra del Chaco que el país libró contra Bolivia entre 1932 y 1935, por orden de la Shell y la Standard Oil, donde sólo habría mostrado valentía para esconderse de las balas.

Dirigió el país como una hacienda familiar entre 1954 y 1989, persiguiendo, torturando, violando, matando, robando, siempre protegido por Estados Unidos que, finalmente, lo sacó del sillón cuando decidió que había llegado la hora de cambiar la inmunda imagen de los jefes de las tiranías del Cono Sur, tras dos décadas de obediencia para cometer toda clase de tropelías en nombre del anticomunismo.

Entre asesinatos y desaparición de opositores y también de gente neutral, diversos estudios coinciden en que unas 100 mil vidas humanas se habría cobrado la Operación Cóndor en el subcontinente americano entre 1964 y 1984, y cerca de mil niños, hijos de prisioneras políticas, fueron distribuidos, algunos regalados y otros vendidos, entre la fauna de la membresía dominante, tal como habían enseñado desde España Francisco Franco y desde Alemania Adolfo Hitler, que también fueron sus maestros en el saqueo de propiedades productivas y de los hogares, por más pobre que estos fueran.

Stroessner, que cumpliría 100 años el próximo noviembre, es aún el socio Nº 1 del Partido Colorado, a siete años de su muerte en su refugio dorado de Brasilia, donde vivió desde 1989, vigilando de cerca sus cuantiosas inversiones en el gigante territorio vecino, y con plena tranquilidad por la gestión de sus capitales en Paraguay, donde sus herederos políticos quedaron en los primeros cargos del poder, al punto que un día, mirando una fotografía, exclamó: “sólo falto yo”.

Cuando en 1954 Stroessner fue ungido Presidente, el argumento que utilizaba entonces Estados Unidos para poner y sacar gobiernos en la región, era el de la lucha contra el comunismo, una causa que bien presentada por los medios de comunicación y en especial por el cine propagandístico y la radio (la TV entonces andaba en pañales), lograba confundir y convencer a mucha gente bien intencionada pero muy mal informada y con bajo nivel cultural. La Guerra Fría batía alas por todo el planeta en el enfrentamiento capitalismo-comunismo.

Durante 35 años, el régimen estronista aprovechó también la herencia de más de sesenta años de gobiernos colorados y de los errores y aciertos de más de tres décadas de administraciones liberales, pero una vez desplazado “el rubio” o “el padre de la patria”, además de otros cariñosos apelativos que recibía, su partido comenzó a dejar de recordarlo y, más bien, optó por un olvido progresivo para ocultar sus bajezas.

Después del golpe parlamentario de éste 22 de junio, que cortó el proceso de cambios que encabezaba Fernando Lugo, el nombre de Stroessner ha reaparecido en la boca de algún que otro precandidato a diputado o senador colorado, pero lo más grave del caso es que el gobierno liberal de facto, disputa su herencia ideológica con sus aberrantes decisiones, entre ellas la persecución ideológica entre los funcionarios públicos, con dos mil 500 despedidos en sólo dos meses y medio.

En todas las instituciones del Estado prosigue la razzia a ritmo acelerado, en abierta caza a quienes están contra el golpe, y el Presidente de facto, Federico Franco, firma un acuerdo tras otro con las corporaciones transnacionales del agronegocio y de la megaminería, quedando migajas para el país, como permitió Stroessner hace 30 años con el Tratado de Itaipú, para construir la represa binacional con Brasil, país hermano que se llevó la mejor tajada, conformando a los déspotas locales con la creación de un grupo de “barones paraguayos” que enriqueció inmensamente.

Una media docena de variedades transgénicas de Algodón, Soja y Maíz, han sido autorizadas en las últimas semanas, con documentos de propiedad intelectual de las firmas Monsanto, Cargill y otras, armadas para someter por hambre y cerco a los campesinos e indígenas, los cuales hasta pueden ser sancionados si sus plantíos nativos son contagiados con los granos genéticamente modificados, los cuales, además, son infértiles, lo que significará que los labriegos pasarán a depender de los OGM en la cosecha siguiente, no pudiendo guardar ni utilizar los granos nativos, como es ancestral en la vida del campo en todo el mundo.

Días atrás, salió para el extranjero (¿?), el primer lingote de oro descubierto en el país, al menos el primero que se ventila públicamente, y el mismo tendría un valor de unos 200 mil dólares, noticia que ocupó las primeras planas de la prensa que apoya el golpe, con el propósito de convencer al pueblo de que es una medida positiva sin detenerse a informar detalles de la operación, es decir, cuánto gana el país exportando un mineral que, a corto plazo, podría de nuevo ser referencia mundial de las transacciones financieras y comerciales, y que nadie sabe si algún porcentaje de propiedad le queda a Paraguay.

La soja ocuparía este año tres millones de hectáreas, según la Cámara de Cereales, que prevé recoger nueve millones de toneladas que, al precio actual de mercado, arrojaría una inmensa ganancia aunque la exportación de esa oleaginosa nada contribuye al desarrollo del país, desde el momento que está exenta de impuestos, en una regalía escandalosa propia del estronismo colorado, pero que lleva el sello liberal. Sólo por ese mecanismo, el fisco argentino retendría este año 11 mil millones de dólares.

En esa misma línea de acción, está en plena aplicación una estrategia guerrerista regional, como durante años el estronismo lo hizo contra Cuba, por ejemplo.

El timo ha comenzado con una campaña bélica contra Bolivia, promovida por el monopolio de la prensa comercial, que tiene a su cargo la elaboración de la agenda política nacional, a cuya cabeza está Aldo Zucolillo, patrón del matutino ABC y miembro destacado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Al grito provocador de personeros de la derecha de que “Bolivia nos puede pulverizar”, se han pronunciado la Ministra de Defensa María Liz García, hablando de ronroneo de guerra, y de que las protestas campesinas reclamando tierra, se solucionan con el Ejército, así como el titular de Educación, Horacio Galeano Perrone, autocalificado experto en geo-estrategia, quien afirma, sin pruebas a la vista, que existen amenazas de agresión a Paraguay, insidia ventilada a todo vapor por la prensa comercial.

Una manifestación de repudio a la titular de Defensa, adherente del General (r) Lino César Oviedo, y cuyos títulos universitarios serían apócrifos, se realizó este miércoles desde el centro de Asunción hasta el Ministerio, donde se denunció a García de belicista y de impulsar el retorno al servicio militar obligatorio, rechazado por miles de jóvenes que, en pocos días desbordaron las oficinas de objeción de conciencia.

García también está acusada de promover un culebrón contra el Canciller Venezolano Nicolás Maduro, quien apareció en un documental (presuntamente montado) junto con militares paraguayos el 22 de junio, cuando Lugo fue destituido por el parlamento.

Esas imágenes llenaron los principales informativos de prensa durante varios días, convirtiéndose en un novelón de mal gusto, que se esfumó como apareció y desde que Chávez afirmó que varios parlamentarios paraguayos le habían pedido algunos millones de dólares para aceptar el ingreso de Caracas al Mercosur.

También forma parte de ese conjuro el Presidente del Senado, Jorge Oviedo Matto, uno de los figurantes en la destitución de Lugo y los diputados de su mismo Partido Unace, del General Oviedo, desde cuya bancada se ha pedido a Estados Unidos que instale una base militar en el Chaco, equidistante de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela.

El Presidente golpista apoyó en principio y luego se desdijo, como ya lo ha hecho en otros casos, un proyecto de ley de rearme por 560 millones de dólares, presentado al Congreso por la cúpula militar que, “ante la hipótesis de conflicto”, estima urgente dotarse de 10 aviones, radares, cohetes antitanques, lanchas, fusiles y vehículos, ya ofrecidos por España e Israel, según el General Benigno Melgarejo, Comandante de las Fuerzas Armadas.

Por eso lo del principio. El partido liberal paraguayo, que encabezó el quiebre institucional impulsado por el ala más radical del estronismo colorado, se llama radical auténtico (PLRA), aunque su praxis muy poco tiene que ver con los principios de esos enunciados y muchos menos con los fundadores del liberalismo que, por más sostén ideológico que haya sido del imperialismo británico y lo sea hoy del norteamericano, con gran responsabilidad en el caos económico mundial actual, al menos se ilustró con la Revolución Francesa en su postulado solidario y de la fraternidad masónica.

El PLRA, que salió de terapia intensiva en la mitad de los ochenta, gracias a la figura de Domingo Laíno como abanderado en la lucha contra Stroessner, de nuevo y contra lo que aparenta de triunfalismo su toma putchista del gobierno, atraviesa otra fase de su largo y penoso proceso de implosión.

Una situación similar vivía el partido cinco años atrás y se salvó al integrar la Alianza que dio el triunfo a Lugo, aportando buen fajo de votos junto a las fuerzas democráticas y progresistas que lo acompañaban, pero ningún elemento de análisis puede garantizar que su aventura golpista de hace dos meses y medio, resulte su nuevo salvavidas.

El Partido Colorado, su secular adversario pero rara vez enemigo, reacomodando sus filas en medio de fracturas inéditas, espera el agotamiento del PLRA en la tarea inducida de administrador por un año, hasta las elecciones del 21 de abril próximo y la entrega de la banda el 15 de agosto.

En todo ello, sin embargo, la última palabra la tiene el pueblo, que registra un inédito despertar en el ejercicio político, que también se expresa en las bases liberales que exigen a sus dirigentes solución a los problemas sociales como única forma de legitimar el quiebre institucional, reclamo difícil de satisfacer, en medio de los enfrentamientos internos en la confección de las listas de los candidatos a ambas cámaras del parlamento, cuyos postulantes están recurriendo a inversiones que van subiendo e irían hasta hoy de 100 a 500 mil dólares por cabeza, según comentarios que llegan de todos lados.

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López y la rabia de setiembre

Silvana Melo (APE)

Las pinzas selectivas de la democracia no pudieron / no quisieron atravesar la estructura institucional y para-institucional de la policía. Intacta en sus hilos de corrupción y represión, firme en la verticalidad hacia sus antiguos jefes, punta de los dedos en la sien y codo hacia fuera ante la orden, desaparecedora y conniviente, sabedora de cavas y bolsas negras, de aprietes y huesos que aparecen, de lugares clave, de llaves y cuerpos que se guardan, de cuerpos que están cuando hacen falta, en los pies y los despachos de sus destinatarios, de niñas de once años, soles nacientes, de Lucianos que dijeron no, de hombres marcados de 77, desaparecidos y regresados y vueltos a desaparecer pero imposibles de callar. Ni una mordaza ni la muerte del mundo dentro de su boca pudieron.

El 18 de setiembre de 2006 Jorge Julio López salió de su casa de Los Hornos. A las 9,15 se encontraría con Nilda Eloy para escuchar los alegatos en el juicio contra Miguel Etchecolatz. Con las torturas de treinta años aún frescas en la piel, anduvo varias cuadras camino a la condena del genocida. Nunca más se supo de él.

El 22 de agosto de 2011, a las tres y media de la tarde, Candela Sol Rodríguez salió de su casa para ir, con sus amigas, a un encuentro de scouts. Desapareció nueve días. Una cartonera encontró su cuerpito muerto en una bolsa negra, en San Martín.

*****

Albañil, de manos rústicas y palabra simple, López se esfumó a los 77 años. Dos horas después de que su llegada prevista fuera ya una terrible ausencia, la abogada Myriam Bregman presentó un habeas corpus. El testimonio de López había sido una pata férrea en la condena del jefe de la bonaerense durante la dictadura. Casi todos prefirieron creer en una incipiente demencia senil, en una amnesia panicosa que lo llevó a caminar perdido por calles nebulosas, en un terror que lo impulsó a esconderse en secretas habitaciones familiares. “Aníbal Fernández no sólo dijo que debía estar perdido o en la casa de una tía, sino que también mandó a la policía a buscarlo a la casa de la tía”.

“Las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato. Según la información relevada por esta Comisión, la policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y la modalidad de narco-secuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la policía”.

“El escenario principal de la búsqueda (Hurlingham) no se correspondió con indicadores precisos que apuntaron desde el primer día hacia otro territorio (San Martín). Se la buscó, principalmente, donde no estaba”.

Todas las pistas conducen al grupo de Etchecolatz, ligado como siempre, como si no hubiera pasado el tiempo, con la policía de la provincia de Buenos Aires. Las llaves de su casa, las que tenía en el bolsillo cuando se esfumó camino al Tribunal donde todos los esperaban, aparecieron tres meses después en el jardín de su casa. “Una casa que supuestamente tenía que estar custodiada. Se hicieron dos pericias, una de la gendarmería, otra de la policía. Una aseguró que hacía poquitos días que las llaves estaban ahí. La otra, que hacía tres meses. Una burla”.

“Se desarrollaron operaciones paralelas destinadas a la recuperación de la niña por fuera de la investigación judicial. La gran confianza que transmitía el Jefe de Policía a través de los medios respecto a la posibilidad de recuperar a la niña con vida en esos días no estuvo basada en las actividades policiales de gran espectacularidad que se mostraban, sino en las operaciones paralelas que finalmente resultaron fallidas”.

“Cuando en una causa hay pistas serias y se les da la misma importancia que a las disparatadas, se está encubriendo. En la causa hay pruebas importantes. Perros que en los primeros días encontraron rastros y policías que pararon el operativo porque era de noche y era tupida la vegetación. En otra búsqueda fallida, la bonaerense le echó la culpa al perro. Todo ha sido un operativo de encubrimiento de los verdaderos responsables”. ¿La protección de los testigos? “Está en manos de la misma policía investigada”.

“Otro de los aspectos es que el Fiscal interviniente dejó en manos de la policía la conducción de la investigación y consintió el armado de la causa. (…) Desde la desaparición hasta el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña, el Fiscal delegó en la policía la conducción de la investigación, tanto por su falta de idoneidad como por lo extraordinario de la repercusión mediática y la presión política que iba adquiriendo el caso”.

“Hay una persona que nadie conoce, que inexplicablemente aparece detrás de López en un acto por Clara Anahí Mariani, la nieta desaparecida de Chicha Mariani. La propia policía reconoce que se trata de un ex agente del entorno de Etchecolatz. Esto en la investigación es enorme. Qué más quisiera cualquier investigador que tener la foto de quien hizo un seguimiento. Se tardó meses en identificarlo, otros tantos meses en allanar su casa. Cuando se hizo aparecieron algunos elementos coincidentes con otras pistas de la causa. Pero no se profundiza esta pista; se le da la misma seriedad que a una mujer que dice que se convierte en pájaro y vuela desde Perú a la noche y que desde el aire avistó a Julio López y se le dedican horas de operativo, doce comisarías buscando lo que la mujer pájaro vio… eso es encubrir”.

“Una actuación tan trascendente como el allanamiento de Calle Kiernan 992, lugar señalado por la policía como la vivienda donde habría estado cautiva la niña, se encuentra ubicado en el anexo de actuaciones policiales complementarias. Por el contrario, la participación de una médium que, con un péndulo localizaría a la niña, se encuentra documentada en el cuerpo principal del expediente. Todos estos son ejemplos que evidencian que fue la policía quien guió la investigación”.

El allanamiento de la cárcel de Marcos Paz, pedido a la Justicia a apenas horas de la desaparición, se concretó nueve meses después. Un día antes, Télam hacía el anuncio. “Se prepararon… había casi un comité de recepción” de los verdugos al juez.

“La exhibición del cuerpo puede ser interpretado como un mensaje mafioso-político en el contexto de internas policiales por el control territorial y la disputa por la conducción de la policía. Sabemos que no son ajenas a este desenlace las internas policiales, la disputa por el poder en el territorio y por la conducción de la fuerza en ese momento”.

*****

No sólo se insistió con la senilidad de López, con su extravío por un brote de terror, sino que se tiraron dudas como chispas sobre su familia, su militancia, su historia, su barrio.

“Frente al fracaso de encontrar a la niña con vida, se vuelve necesario transformar la imagen de madre doliente que podía convocar a cientos de personas exigiendo justicia, en la responsable de la muerte de su hija. También hicieron lo propio con Candela deteriorando la imagen de la niña abanderada y boy scout que inicialmente habían sostenido”.

Las pinzas selectivas de la democracia no pudieron / no quisieron atravesar la estructura institucional y para-institucional de la policía. Ahí está, intocada e intacta, protegiendo testigos, custodiando las casas, cubriendo lo que no debe verse, contaminando lo que se ve, desviando los rumbos, defendiendo a la gente de los pibes, los pobres, los parias y los desterrados. Haciendo como siempre su trabajo de selección, mano de obra exquista, mano social y obra brutal para lo que ordenen los que ordenan.

Candela es una llamita que ya no enciende. López, el desaparecido de los tiempos de libertad. El que señaló con su índice gastado cada calabozo de la comisaría quinta. Al que lo devoraron los monstruos venidos de los pantanos y los basurales. De la carne quemada y la sangre. Vestidos como antes, como siempre. Como en tantos setiembres de la historia.

Fuentes de datos:
-Testimonio de la abogada Myriam Bregman para Agencia de Noticias Pelota de Trapo.
-Textuales del informe de la Comisión de Acompañamiento a la Investigación del Caso Candela en el Senado Bonaerense.

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A 6 años de su desaparición: Jorge Julio López. Silencio del gobierno e impunidad

Liliana Giambelluca (AGENCIA WALSH)

Organismos defensores de derechos humanos, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda se concentraron ayer frente al Congreso de la Nación para reclamar por la aparición con vida de Jorge Julio López, juicio y castigo a los responsables y el fin de la persecución y asesinato de los luchadores populares. En La Plata también se realizó un acto importante. El gobierno que se proclama "defensor de los derechos humanos", ignoró la fecha.

Al cumplirse seis años de la desaparición de Jorge Julio López se realizó un acto frente al Congreso de la Nación, por avenida Rivadavia, bajo una intensa lluvia y fuertes vientos. No hubo oradores y se leyó un documento que recordó las circunstancias de la desaparición del obrero mientras era testigo "protegido" en un juicio por delitos de lesa humanidad. Se reprochó la inacción de la Justicia y de los gobiernos nacional y provincial para resolver el caso.


También se pidió el cese de la persecución y asesinato de los luchadores populares y se honró la memoria de los asesinados durante el gobierno kirchnerista: Mariano Ferreyra, Roberto y Mario López, Juan Velázquez, Ariel Farfan, Noemí Condorí, Cristian Ferreyra, Luis Darío Condorí, entre tantos otros.

Se hicieron presentes Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, representantes de organismos defensores de derechos humanos, de CTA, Frente Popular Darío Santillán, Partido Obrero (PO), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Convergencia Socialista, Proyecto Sur, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y Nuevo MAS, entre otros.


"Con Jorge Julio López hay ausencia de justicia"

Consultada por AW, Mirta Acuña de Baravalle (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) se lamentó que "siguen desapareciendo personas en democracia" y agregó que "con Jorge Julio López hay ausencia de justicia". Vilma Ripoll (MST) sostuvo que en la actualidad "continúa la impunidad del aparato represivo en un gobierno que se define defensor de los derechos humanos", y agregó que "es necesario seguir buscando a Julio López".

Por su parte, Gabriel Solano (PO) dijo que la desaparición de Jorge Julio López en democracia indica "que el aparato represivo de la dictadura militar sigue en pie", a la vez que "ello también explica que luego de seis años no aparezca". Responsabilizó al gobierno y destacó que "han pasado más de treinta años de la dictadura militar y sólo hay 180 genocidas condenados con sentencia firme cuando en el país funcionaban más de 800 centros de detención ilegal".

El dirigente de la construcción del SITRAIC, Carlos Olivera, dijo que "hay que exigir al gobierno que investigue qué pasó con el compañero López".


"Una porquería como esa, un asesino serial"

Durante la dictadura militar de 1976, Jorge Julio López fue detenido ilegalmente y llevado a distintos centros clandestinos de tortura; en uno de ellos, Miguel Etchecolatz fue su torturador. López permaneció secuestrado desde el 21 de octubre de 1976 hasta el 25 de junio de 1979.

Cuando Miguel Etchecolatz fue acusado por genocidio, Jorge López fue querellante en la causa y un testigo clave, ya que sus declaraciones involucraban a por lo menos 62 militares y policías. Debido a su testimonio, Etchecolatz se halla detenido y condenado a cadena perpetua.

Durante el juicio, Jorge Julio López dijo de Etchecolatz: "Una porquería como esa, un asesino serial. No tenía compasión, él mismo los pateaba así. Él personalmente, les digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa".

Luego de su testimonio, el obrero desapareció el 18 de septiembre de 2006, cuando se dirigía a escuchar los alegatos en la ciudad de La Plata. A la fecha, no se sabe nada de él y de las circunstancias de su desaparición.

Organismos defensores de derechos humanos desde un comienzo sostienen que la desaparición de López involucra a miembros de fuerzas de seguridad retirados y en actividad. También denunciaron la inacción de la Justicia y del gobierno para esclarecer el hecho.

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El desaparecido de la democracia

LA ARENA

La de ayer fue una fecha infausta para la democracia argentina: se cumplieron seis años de la desaparición de Jorge Julio López, el humilde hombre de pueblo que tuvo la valentía de testificar contra uno de los más crueles represores de la última dictadura militar, a manos de quien había sufrido humillaciones y torturas. Bien puede decirse que gracias a su testimonio ese delincuente hoy está en la cárcel cumpliendo una cadena perpetua, pero también que la valiente y decidida acción de López lo convirtió en el primer desaparecido en democracia.

La memoria de López debe permanecer por su coraje civil pero más, aunque nos pese, por la incapacidad de los organismos del Estado de encontrarlo y castigar a quienes lo secuestraron. Transcurridos seis años es difícil llamarse a engaño esperando que aparezca con vida; la oscura trama de complicidades civiles, policiales y militares que sobrevivió al proceso y que no fue debidamente investigada y castigada en los comienzos de la recuperación democrática, es a todas luces la responsable de la segura muerte de este hombre. Esos personajes que componen la red lo eligieron para escarmentar a quienes en el futuro se vieran ante la situación de testificar ante un tribunal contra los represores de aquellos años tenebrosos. Es verdad que no tuvieron éxito, pero lo cierto es que un ciudadano argentino desapareció sin dejar rastros, como quien dice bajo las propias narices de la estructura estatal, que debió haberlo protegido.

Muy densos deben haber sido los intereses que intervinieron en la desaparición para que no hubiera resultados ni siquiera ante la cólera del entonces presidente Néstor Kirchner. Debe tenerse presente además que el testimonio de López involucraba a más de medio centenar de uniformados, cuya situación ante su forzada ausencia se vio notablemente aliviada.

También llama la atención que, al margen del nulo éxito que tuvieron los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires en las pesquisas sobre su paradero, los proyectos legislativos sobre formación de comisiones investigadoras y pedidos de informes a los poderes hayan sido rechazados o duerman casi olvidados. Los organismos de derechos humanos han sostenido desde los comienzos del caso que hubo inacción por parte de la Justicia y claro involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de condición activa como pasiva. Ni siquiera los dos millones de pesos ofrecidos como recompensa por brindar información fidedigna han motivado la ruptura del pacto de silencio que une a los responsables o a quienes saben del secuestro.

Según trascendidos de los últimos días habría habido algunos cambios en los equipos abocados al caso, al tiempo que llamó la atención que el fiscal nacional interviniente apartara a la Policía Federal de la investigación que se sigue a partir del cruce de llamadas telefónicas ya que, dijo, "no me conformó porque no tiene capacidad técnica". La ubicación y cruzamiento de las llamadas telefónicas del área siempre se consideró un elemento muy importante para el esclarecimiento.

En medio de ese clima donde las sospechas están lejos de ser disipadas, el reclamo de los familiares conmueve en su resignación: "Hoy, seis años después, seguimos a la espera de que la Justicia nos dé una respuesta. Quisiéramos al menos una noticia, por mala que sea", han dicho. A seis años de la desaparición de López, la exigencia de justicia trasciende el dolorido marco de su familia y obliga al Estado a dar las respuestas que aún se deben.

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Marchas en todo el mundo contra la multinacional Monsanto

Irina Santesteban (LA ARENA)

El lunes 17 de setiembre fue la fecha elegida por miles de organizaciones en todo el mundo, para protestar contra la empresa Monsanto, emblema en todo el mundo de la manipulación transgénica de semillas y utilización de agrotóxicos.

En las principales ciudades de Canadá, Argentina, Alemania, Ecuador, Paraguay, Brasil, Perú, Japón, Filipinas, y en el propio territorio de los Estados Unidos, se desarrollaron marchas para protestar contra la empresa Monsanto. La más importante se celebró en la sede principal de esta multinacional, en Sant Louis, estado de Missouri, donde fue fundada en 1901 por John Francis Queeny, comenzando con la distribución de sacarina y luego con el negocio de plásticos y resinas. En la década del ´70, Monsanto se dedicó a la fabricación de herbicidas, actividad que constituye hoy su principal negocio, junto a la producción de semillas genéticamente modificadas, como la soja transgénica.

Agente naranja

En los años ´60, junto a Dow Chemical y otras empresas, Monsanto fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para producir el "agente naranja", poderoso herbicida que fue utilizado en la guerra de Vietnam produciendo la devastación de la selva vietnamita y las cosechas, con un doble objetivo: privar a los vietnamitas de alimento y, como estrategia militar, destruir la vegetación selvática, que era un refugio seguro para los combatientes del Vietcong (el ejército de los vietnamitas que luchaban contra la ocupación norteamericana).

Esta poderosa arma biológica causó aproximadamente 400.000 muertes y pérdidas de miles de hectáreas de regiones selváticas, más unos 500.000 nacimientos de niños con malformaciones, además de las bajas y la contaminación en los soldados del propio ejército estadounidense.

No sólo en Vietnam ha dejado su marca letal la empresa Monsanto, en la ciudad de Bhopal, India, en 1984, un escape de gas tóxico de una fábrica de pesticidas perteneciente a esta compañía, y posteriormente adquirida por Dow Chemical, dejó miles de muertos y damnificados.

Decenas de juicios

En el propio territorio estadounidense, así como en Francia y otros países, Monsanto ha debido afrontar decenas de juicios, por las consecuencias en la salud y la vida de las personas que viven cerca de sus fábricas, ya sea por contaminación de las aguas (Anniston, Alabama) o por la utilización de herbicidas (Lyon, Francia).

Más recientemente, Monsanto ha debido enfrentar en Brasil una millonaria demanda por el cobro indebido de patentes por el uso de sus semillas transgénicas y sus herbicidas. En este caso, los accionantes no protestan por las consecuencias en el medioambiente o en la salud de las personas, sino porque durante varios años debieron pagar un 2 por ciento de su producción a Monsanto, hasta que un juez de primera instancia de Río Grande do Sul y la propia Suprema Corte de Justicia de Brasil dictaminó que esa patente había vencido y por ello se le reclama que no cobre más las patentes, y que devuelva los montos percibidos indebidamente.

Jornada de protesta

La jornada del 17 de septiembre fue convocada desde hace varias semanas, principalmente a través de las redes sociales, pero también por otros medios más tradicionales (afiches, campañas, difusión de organizaciones de campesinos y ambientalistas, etc.), con la consigna principal de rechazar la proliferación de semillas transgénicas, organismos genéticamente modificados (OGM) y agrotóxicos.

La marcha principal tuvo lugar en Saint Louis, la principal sede de Monsanto, y fue convocada hace tres semanas bajo el nombre de Occupy Monsanto, en una clara referencia al movimiento Occupy Wall Street, surgido hace un año para protestar por el accionar de los bancos y el sector financiero en los Estados Unidos y que hace algunos días sufrió nuevos arrestos por parte de la policía norteamericana. Unas cincuenta ciudades estadounidenses fueron escenario de marchas contra Monsanto, la mayoría de ellas frente a las puertas de las sedes de la empresa o de los laboratorios que trabajan con ella. En algunos casos, los activistas lograron parar por un día entero la entrada y salida de camiones con semillas.

Fuerte derrota

En América Latina, las movilizaciones más importantes se hicieron en Paraguay y Argentina. En tierra guaraní, la convocatoria coincidió con la llamada "Semana de la Semilla", organizada por movimientos campesinos en defensa del uso de semillas nativas y criollas, frente al accionar de las multinacionales agrícolas. Es que luego del golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Lugo, el presidente de facto, Federico Franco, liberó la comercialización de semillas genéticamente modificadas que antes estaban prohibidas. Así, hace algunos días, la Comisión Nacional de Bioseguridad (Combio), permitió el uso de las variedades de maíz transgénico VT Triple Pro, NK 603, MON810, que pertenecen a Monsanto, el BT11 de Syngenta y el TC1507 de Dow AgroSciences. De esta forma, se abre el camino para que se siembren un millón de hectáreas paraguayas con maíz transgénico, en un país donde el 2% de la población más rica posee el 80% de la propiedad de la tierra, y que luego del golpe de Estado contra Lugo, esta relación se está modificando a favor de los terratenientes más poderosos. La liberación de estas semillas transgénicas representa una fuerte derrota para los movimientos campesinos, porque se incrementan las tierras cultivadas con semillas modificadas por su resistencia a terrenos inhóspitos. En la "Semana de la Semilla", las organizaciones sociales y campesinas intentan oponerse al modelo de los agronegocios, proponiendo "construir mecanismos de socialización de la diversidad productiva, tanto campesina como indígena".

Veneno

En Argentina, las marchas ocuparon las calles de ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Tucumán, Carlos Paz, entre otras, denunciando el accionar de Monsanto, en particular frente a la inminente instalación de una nueva planta de esta empresa en la localidad de Malvinas Argentinas, a 60 kilómetros de la capital cordobesa.

Argentina, junto con India, es uno de los países cuyo modelo de producción agrícola, se ha adecuado mejor a las exigencias de multinacionales como Monsanto, promoviendo una legislación que permite el uso de los OGM, que están prohibidos en muchos países del mundo. De esta forma, es el propio Estado el que colabora para desarrollar tecnología en conjunto con la multinacional, y la provincia de Córdoba, con la instalación de esta planta de Monsanto, comercializará la semilla Intacta, que es una variedad de semilla de maíz transgénico resistente a herbicidas de alta toxicidad. Según denuncian los vecinos de Malvinas Argentinas, esas semillas segregan un veneno que terminaría con especies de insectos, como mariposas y "vaquitas de San Antonio".

Esta población es un ejemplo de resistencia al modelo de producción agrícola que se viene imponiendo en nuestro país, que antepone el negocio y la maximización de la producción a cualquier costo, aún del ambiente y de la salud de los pobladores que viven cerca de estas plantas. El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, ha justificado la instalación de Monsanto, minimizando las consecuencias y afirmando que no habrá contaminación y sí generación de empleo. El gobierno de Córdoba ya ha autorizado la instalación de la planta y han comenzado los trabajos para su efectiva radicación.

Caso cordobés

El médico Medardo Avila Vázquez, integrante de la agrupación "Médicos de Pueblos Fumigados", una de las organizaciones que convocaron a la marcha en Córdoba, afirma que en esta nueva planta de Monsanto habrá ocho silos donde se acopiarán semillas transgénicas, y que para esa manipulación se utilizarán agrotóxicos que contaminarán el agua de la zona, con consecuencias riesgosas para la salud de los pobladores.

Avila Vázquez sabe de qué habla. Fue querellante en la causa donde se juzgó por primera vez en la Argentina, a tres productores agropecuarios por fumigaciones aéreas en campos cercanos a Barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba. Hace menos de un mes, la Cámara Primera del Crimen condenó a dos de los tres productores por esas fumigaciones, sentando jurisprudencia acerca de esta práctica, que padecen decenas de pueblos fumigados en todo el territorio nacional.

Más de siete mil personas marcharon ayer por las calles de Córdoba, al frente de las cuales se ubicaron unos 80 vecinos de Malvinas Argentinas, dando cuenta de la conciencia que ha adquirido en los vecinos de las poblaciones afectadas, la defensa del medioambiente, frente a un modelo de producción agrícola que pone la ganancia por encima de la vida y la naturaleza.

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Argentina: Reclamos antimineros

Darío Aranda (ACTA)

Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde -plebiscito incluido- se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia.

Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.

La ley 5001 prohíbe la actividad minera en Chubut. En diciembre pasado, el gobernador Martín Buzzi hizo pública su intención de modificar la ley y “zonificar” la provincia para permitir la actividad en “zonas de sacrificio”.

El 4 de enero hubo una masiva movilización por las calles de Esquel, en la que participaron también comunidades mapuche-tehuelches, asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. En mayo, comunidades indígenas y pobladores de la meseta marcharon desde Gan Gan hasta Trelew. Rechazaron la avanzada de la empresa Pan American Silver del proyecto de plata y plomo llamado Navidad, que -denuncian- viola la legislación de protección indígena. Se repitieron las marchas en junio y julio.

El gobernador Buzzi se sumó en febrero a la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), donde participa el gobierno nacional y todas las provincias que impulsan la actividad. En mayo, el gobernador hizo público el proyecto de ley, donde de manera explícita se habilita la minería en la meseta y la costa y deja abierta la posibilidad de explotar la zona de la cordillera. En junio el proyecto fue presentado en la legislatura provincial y de inmediato girado a comisiones.

El 4 de agosto hubo marchas masivas en Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. El 4 de septiembre, en Esquel marcharon más de mil personas y también hubo movilizaciones en Lago Puelo, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.

Hoy marcharán desde la cordillera, meseta y costa hasta la legislatura provincial en Rawson y acamparán durante tres días. “Grandes corporaciones transnacionales esperan sigilosas el resultado de la provocadora apuesta del gobierno de Buzzi. Decenas de megaproyectos están en la línea de largada. El yacimiento Navidad, de la canadiense Pan American Silver, es quizá el más emblemático”, denunció la Unión de Asambleas de Chubut y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace).

Romina Krebs, de la Asamblea de Vecinos de Rawson, explicó que los legisladores “están divididos” respecto del proyecto y, en cambio, “las comunidades están unidas y rechazan” la megaminería. “Los tres días de acampe son un paso más en un año de movilizaciones y actividades que les recuerdan al gobernador y a los legisladores que no queremos megaminería”, afirmó Krebs.

En San Luis está vigente, desde octubre de 2008, la Ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas de la minería metalífera. Sin embargo, la Dirección de Minería de San Luis avanza con la exploración de oro en las Sierras Centrales con doce proyectos mineros. En ese cordón montañoso nacen las vertientes que proveen el 80 por ciento del agua que se utiliza en la provincia. Incluso el gobierno provincial sancionó en 2010 una ley que declara “zona protegida” a las sierras ahora exploradas por las empresas mineras. Ya explicitaron su rechazo la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (Apata), la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de San Luis, la intendenta de La Carolina (Ingrid Blumencweig), entre otros.

En la Argentina existen seis provincias que prohíben o limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja y Río Negro también habían prohibido la actividad.

Corbeletto, asambleísta de Esquel, apuntó a la política macro: “En la conformación de la Ofemi se explicitó que quieren derogar todas las leyes que frenan la megaminería, es una política de Estado, pero somos muchos los pueblos y ciudades que ya decidimos otro futuro. Las empresas extractivas tienen como aliados a los gobiernos, pero no a los pueblos”.

Darío Aranda es periodista y escritor.

Foto: Argentina, Catamarca, Depredación minera - Tajo de explotación de Minera La Alumbrera. / Autor: NO A LA MINA

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Banco Ciudad: Botín de la jefatura porteña y del gobierno nacional

ANRED

El lunes salió en el Boletín Oficial la nueva Ley que transfiere los depósitos judiciales con fuero en la Ciudad. El gobierno de Mauricio Macri venía cometiendo atropellos contra dicha institución bancaria pero las causas que motivaron al kirchnerismo para presentar la iniciativa no son claras. El destino de los fondos y de los trabajadores del Banco Ciudad tampoco lo es.

El día lunes 17 de septiembre salió publicada la nueva ley de depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales, Ley 26.764. El proyecto había sido presentado en abril de este año por el kirchnerismo y se convirtió en norma al ser aprobado por la Cámara de Senadores la semana última. La misma establece que a partir de ahora “los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina”. Anteriormente, las que tenían asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) debían efectuarse en el Banco Ciudad.


La medida fue aprobada en ambas cámaras legislativas por el kirchnerismo y sus aliados, pero fue resistida por todo el arco opositor. Algunos se oponen por aspectos legales, aunque la mayoría identifica a esta iniciativa como una opción más del gobierno nacional para conseguir recursos en tiempos de déficit. En ese sentido, diputados y senadores recordaron que el Banco Nación es un gran tenedor de títulos públicos: según el Estado de Resultados presentado el 30 de septiembre pasado, el 35% del total del activo corresponde a títulos. Es decir, la deuda, que el gobierno nacional emite para financiarse, muchas veces tiene como destino al Banco Nación, y se cree que estos recursos van a tener el mismo destino.

Los trabajadores del Banco Ciudad también se pronunciaron en contra de la ley. La Comisión Gremial Interna, la Asociación Bancaria, la CTA y cientos de trabajadores sacaron solicitadas en los diarios, y se movilizaron en reiteradas oportunidades en defensa de los puestos de trabajo. Según un comunicado emitido por los trabajadores, la transferencia de los fondos “dejaría al banco porteño, sin capacidad de otorgar créditos y obligaría a un achicamiento del mismo que se traduce en despidos”. El día de la votación en senadores, los empleados se movilizaron masivamente, pero la Policía Federal los reprimió fuertemente.

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La iniciativa liderada por la Diputada Diana Conti fue presentada en abril de este año pero sufrió modificaciones ante críticas recibidas en las comisiones de trabajo. La diputada kirchnerista proponía que pasen a la órbita del Banco Nación tanto los fondos futuros como los actuales. Es decir, por estos días el Banco Ciudad debería estar desprendiéndose de $ 6.900 millones, monto equivalente al 30% de los depósitos que el mismo banco cuenta; lo que hubiera significado poner a la institución dirigida por Federco Sturzenegger al borde de la quiebra. Es por eso que el artículo 1° de la actual ley agrega que los depósitos “que hasta esa fecha se encuentren depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires continuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen”. Con este agregado se estarían traspasando aproximadamente $ 1.200 millones por año.

El gobierno de Mauricio Macri estaría preparando una demanda judicial para plantear la inconstitucionalidad de la Ley 26.764. El PRO argumenta que el Congreso no puede legislar sobre atribuciones del Poder Judicial. En ese sentido plantean a la iniciativa kirchnerista como una “violación” a la autonomía porteña. Además, podría solicitar una medida cautelar para que los tribunales nacionales y federales con fuero en la CABA continúen ordenando los depósitos judiciales a favor del Banco Ciudad.

A favor del traspaso de los depósitos judiciales de la órbita de la Ciudad a la Nación se esgrime que con ésta, se elimina la Ley 16.869 de 1965 que fue motivada por ciertos factores que hoy ya “no están vigentes”. Según Conti, el objetivo en aquella época era favorecer el crédito en la CABA a través de la garantía de valores mobiliarios, motivo que hoy no se cumple. Además, aquella ley no se adecuaba –de la misma forma que no lo hace ahora- al orden jurídico-institucional. Para la diputada encargada de redactar el proyecto, la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad se rige por la Constitución Nacional y se solventa por el presupuesto de la Nación. Según declaraciones previas de la dipuada, “el traspaso de fondos le permitirá a un banco público nacional, como el Banco Nación, disponer de una masa de dinero a bajo costo, utilizable a largo tiempo y muy propicia para inversiones de carácter federal, como obra pública o créditos hipotecarios”.

Desde la vereda de enfrente, contraatacan diciendo que en ningún lugar se especifica que el Banco Nación utilizará los fondos para dar préstamos al sector privado, mientras que el Banco Ciudad aseguraba prestarlos a las familias y a las empresas. Desde el banco local afirman que hasta el momento solventaban los planes de vivienda propia, y tenían una política de dar préstamos a empresas a largo plazo -20 años- y con la mitad de la tasa de interés a lo que lo hace el Banco Nación. Pero en declaraciones en Radio La Red, Sturzenegger aclaró que con esta ley “nosotros a las empresas las financiábamos a largo plazo y eso lamentablemente va a tener que cambiar. Es probable que se encarezca el costo de ese financiamiento o tengamos que hacerlo a plazos más cortos y será más difícil el acceso a la vivienda propia para todos aquellos argentinos que sueñan con eso”.

En definitiva, la oposición está denunciando que el gobierno Nacional le está quitando al Banco Ciudad fondos que iban a parar a préstamos al sector privado pero que ahora tendrán un destino incierto. También denuncia que el gobierno Nacional estaría realizando una política de vaciamiento del Banco Ciudad: le está quitando $ 1.200 millones por año; y, de esta forma, el futuro de parte de los empleados se vuelve una incógnita porque el trabajo en las sucursales porteñas mermará.

El gobierno de Macri se sube al tren de las críticas. Sin embargo, viene cometiendo, sistemáticamente, atropellos similares.

Con respecto al uso de los fondos para los préstamos al sector privado, su gestión se emparenta con el financiamiento de grandes empresas en contraste con la falta de incentivos para las pequeñas y medianas empresas.

En el rubro de los créditos dirigidos a los ladrillos, se lo acusa de estar vinculado con la especulación inmobiliaria. De hecho, el plan de la casa propia lanzado meses atrás, genera un alza en el valor de las propiedades. Esto se debe a que no está orientada para la construcción de casas, sino para la compra de viviendas ya existentes: como aumenta la demanda pero sin aumentar la oferta, se genera un desequilibrio y termina subiendo el precio de la propiedad. Además, el cupo es escaso para el total de inscriptos.

Por último, el gobierno de Macri también intenta llevar adelante un vaciamiento de los fondos del Banco Ciudad: en junio intentó licitar el pago de los sueldos de los trabajadores municipales, al querer otorgarle el poder a un banco privado a costa de quitarle esos fondos al Banco Ciudad; y, en diciembre del año pasado, con el apoyo del kirchnerismo, reformó la Carta Orgánica del Banco Ciudad con el objetivo de poder usar parte de los beneficios del mismo para un fideicomiso orientado a la “obra pública”.

Fuente foto: ANRED

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (Parte LII): La enviada

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

En los últimos días de setiembre de ese año 1965 llegó a Buenos Aires, enviada por el General, su esposa Maria Estela Martínez.

Riojana de nacimiento, el Líder la había conocido en Panamá a finales del año 1955 cuando se encontraba exiliado en ese país. Usaba el nombre artístico de Isabel Gómez, e integraba un grupo de bailarinas que estaban haciendo una gira por Latinoamérica.

Su misión, en este, su primer viaje a la Argentina, era que se ratificara el liderazgo de Perón, frente a un importante crecimiento del llamado “neoperonismo”, y, al mismo tiempo, desautorizar las conversaciones que estaban llevando a cabo los dirigentes sindicales, encuadrados en el “vandorismo”, con la cúpula militar.

El escenario elegido para medir fuerzas era la provincia de Mendoza, en la que en las elecciones confrontaban Corvalán Nanclares, apoyado por el General y Alberto Serú García, respaldado por Augusto Timoteo Vandor.

Nosotros nos reunimos en Buenos Aires con Alicia y John, para definir la postura de nuestra corriente y decidimos apoyar a la delegada toda vez que observábamos con temor el vínculo militar-sindical que jaqueaba al gobierno del Presidente Illia.

Por otro lado los sindicalistas amigos como Amado Olmos Secretario General del gremio de la Sanidad y Andrés Framini Secretario General de la Asociación Obrera Textil coincidían en esta posición y, además adherían a la campaña que habíamos lanzado dirigida a lograr que el “Viejo” abandonara su exilio en Madrid y se radicara en La Habana.

En esta, la capital del primer país socialista de América, se realizaría en enero de 1966 un encuentro de todos los movimientos de Liberación del Tercer Mundo, con una presencia importante del Frente de Liberación Vietnamita, que combatía a los Estados Unidos. Nación cada vez mas involucrada en esta guerra de agresión contra el pueblo de este país asiático, que en procura de su independencia, había combatido a japoneses, franceses y ahora a marines norteamericanos.

En su gira, María Estela -“Isabel”- haría escala en Santa Fe y en mi ciudad, Paraná.

Acordamos, con la comisión organizadora, que en ambos lugares nos sumaríamos a la custodia que coordinaban integrantes de la Juventud Peronista de Buenos Aires, dirigidos por Norma Kennedy, con los que teníamos profundas diferencias ideológicas.

En la ciudad del “puente colgante” no hubo mayores problemas ya que el gobierno de Aldo Tessio-radical y profesor de la Facultad, nos dio todas las garantías, facilitándonos los desplazamientos y autorizando los actos públicos.

En nuestra ciudad se alojó en el Hotel Paraná, frente a la Plaza de Mayo.

-Su discurso tendía a fortalecer a la burocracia del Movimiento en su versión mas de derecha, reiterando posturas que se contraponían, a nuestro juicio, con la visión de dirigente tercermundista que teníamos del General.

Por eso en el acto final que se llevó a cabo en la calle 25 de junio, hartos de escucharla, comenzamos a cantar “¡No rompa mas las b… que Evita hay una sola!”.

Nos intentaron hacer callar, pero les fue imposible, y seguimos vivando a Fidel, al Che y a la Revolución Cubana.

Finalmente, como resultado de este viaje, Corvalan Nanclares obtuvo mas votos que su oponente “neoperonista” y José Alonso, el Secretario General de la CGT, se distanció del dirigente metalúrgico, fortaleciéndose la conducción táctica y estratégica del Jefe del Movimiento.

Nosotros, por nuestro lado, logramos que se reconociera que formábamos parte de este “gigante miope e invertebrado”, como definía Cooke al Movimiento.

Mi relación humana y política con Alicia y John se afirmaba todos los días.

Ambos, verdaderos “intelectuales orgánicos “-usando la denominación de Gramsci- combinaban la praxis con la teoría, combatiendo nuestra tendencia a simplificar la realidad.

Entre otros aspectos esto se manifestaba en la postura frente al gobierno radical, que difería, sustancialmente, de la tendencia golpista que alentaban algunos dirigentes políticos y sindicales del Movimiento.

Como siguieron los acontecimientos que culminaron en el golpe de estado del 28 de junio, cuál fue el resultado de la Tricontinental, reunida en La Habana, en los primeros meses del año 1966, serán algunos de los temas que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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