viernes, 12 de octubre de 2012

La homosexualidad como enfermedad: ¡Seguimos en el Medioevo!

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)


“No es que Dios no quiere a los homosexuales;
Dios no quiere el pecado”.

Declaraciones de un “terapeuta de homosexuales”

Hace ya casi un cuarto de siglo, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud -OMS- quitó de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades la homosexualidad como una entidad gnosográfica, como una patología. Es por eso que esa fecha, el 17 de mayo, ha quedado instaurada como “Día Mundial contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia”.

Podríamos estar tentados de pensar que la tolerancia sexual está instalándose. Pero no necesariamente es así. La homofobia sigue recorriendo nuestra sociedad planetaria. Con diferencias, con matices a veces muy marcados, pero que a la larga no difieren en lo sustancial, la discriminación a partir de la identidad sexual sigue siendo algo común, cotidiano, más allá de avances significativos que al respecto se puedan haber conseguido estos últimos años.

Aunque aparentemente no sea quizá el tema “principalísimo” del momento, cuando estamos ante la infausta posibilidad de una nueva guerra mundial tal vez con el uso de armas nucleares, levantar la voz ante la homofobia no deja de ser importante. En definitiva, también es un grito de lucha. Lucha, incluso, en un doble sentido: para hacer ver la intolerancia sexual y los valores machistas, por tanto homofóbicos, que siguen rigiendo nuestro imaginario social (para muestra, las recientes mezquinas declaraciones de un ministro español que -¡felizmente!- le costaran el puesto: “las leyes son como las mujeres: están hechas para violarse”). Y lucha también contra la mercantilización de toda actividad imaginable (hoy, pese al “avance” moral de la sociedad, se siguen vendiendo terapias para curar la homosexualidad, y según esa lógica puede esperarse que en cualquier momento alguna casa farmacéutica patente la medicina ad hoc).

La lucha por un mundo mejor, más equitativo y solidario, implica levantar la voz ante toda injusticia. Las “psicoterapias” que hoy se ofrecen para “curar” esta supuesta patología constituyen una flagrante violación de los derechos personales así como un negocio de cuestionable solvencia ética. En Estados Unidos, país que sin dudas ha dado pasos muy importantes en la lucha contra la discriminación sexual, al mismo tiempo de esos avances existen también ofertas de tratamientos, en sintonía con una sociedad donde todo puede ser mercadería para consumir. Así, aunque ya hacía algunos años que habían desaparecido, el NARTH (sigla en inglés por National Association for Research and Therapy of Homosexuality) está ofreciendo seminarios de “Restauración Emocional, Relacional y Sexual: compasión y esperanza para los quebrantados” para “tratar la homosexualidad indeseada y el lesbianismo indeseado y otras formas de quebranto sexual y relacional”.

“Estos tratamientos no son inocuos; son muy dañinos para la salud mental individual y colectiva: individual, porque fuerzan modificaciones subjetivas imposibles e innecesarias que generan culpabilidad y sufrimiento, y colectiva, porque profundizan procesos colectivos de prejuicios y discriminación”, manifestó recientemente Leonardo Gorbacz, diputado autor de la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina, y psicólogo de profesión.

La lista de países en que se estarán promocionado próximamente estas iniciativas es amplia: Australia, Reino Unido, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Filipinas, Suiza y Estados Unidos. La homosexualidad, según esta propuesta, es una “desviación de la personalidad” que se puede “corregir” a través del “perdón y la fe religiosa, conseguidos por medio del castigo y la tortura física y psicológica”. ¿Quién dijo que terminó la Edad Media? Ya no se usan los cinturones de castidad, pero…

Con motivo de la anexión de Austria por los nazis al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Sigmund Freud, judío al que, por su celebridad, se le perdonó la vida permitiéndosele marchar al exilio, dijo en el momento de abandonar su tierra natal: “En el Medioevo me hubieran quemado a mí; hoy queman mis libros. ¡Hemos progresado!”.

Luchar por un mundo menos primitivo, más solidario e incluyente, implica también luchar contra los prejuicios. Y como dijo otro judío famoso también (Einstein): “es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.

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Las 10 noticias más censuradas en 2011/2012

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
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El cercenamiento creciente de la libertad y la conversión de Estados Unidos en un estado policial, los decretos “legales” pero reñidos con la Constitución del ministerio de Seguridad Patria, las nuevas leyes que criminalizan la protesta Occupy, el fomento del nuevo negocio de “incitación y delación” que, patrocinado por el FBI, reporta ganancias hasta de 100.000 dólares por cada caso prefabricado por 15 mil espías internos “autorizados”, la esclavitud que existe hoy en las prisiones-fábrica estadounidenses con salarios de 23 centavos de dólar por hora de trabajo, la situación insostenible de la vida en los océanos, los crímenes de guerra de la OTAN en Libia, los polvos radioactivos de Fukushima que aún matan habitantes en territorio de Estados Unidos, una investigación de Zuyrich estableciendo que 147 corporaciones transnacionales estadounidenses y europeas controlan la economía mundial, el regalo en billetes impresos por la Reserva Federal por 16 millones de millones (billones) de dólares a los mayores bancos causantes de la crisis y un llamados de la ONU para convertir a los trabajadores en empresarios de cooperativas, son los temas de las primeras 10 noticias top más ocultadas de Censurado 2013.

Las 25 noticias más censuradas por la gran prensa corporativa de Estados Unidos durante el último año académico 2011/2012, investigadas desde hace casi cuatro décadas por docentes y estudiantes de sociología de la Universidad Sonoma State de California, acaban de aparecer en el libro Censored 2013, publicado en Nueva York por editorial Seven Stores. El texto será presentado en diciembre en Santa Rosa, California.

1. Estados Unidos: Estado Policial
Desde la Ley Patriot Act 2001, Estados Unidos tiene cada vez más vigilancia política interna y se militariza a expensas de las libertades civiles. La aprobación en 2012 de la ley National Defense Authorization Act (NDAA) permite que los militares encarcelen indefinidamente, sin juicio, a cualquier ciudadano de Estados Unidos que el gobierno etiquete de “terrorista” o “accesorio al terrorismo”. El presidente Barack Obama emitió el decreto National Defense Resources Preparedness Executive Order que autoriza el más amplio control federal y militar de la economía nacional y sus recursos bajo “condiciones de emergencia y de no-emergencia”. Desde 2010, la campaña del departamento de Seguridad Patria “Si usted ve algo, diga algo” (If You See Something, Say Something™) exhorta al público a informar de cualquier actividad sospechosa a las autoridades locales, pero lo que Seguridad Patria identifica como “sospechoso” suelen ser criticas al gobierno o protestas no violentas, que son derechos garantizados por la Constitución.

2. Océanos en peligro
El mar no es infinito ni inagotable. La subida total de la temperatura del océano llevó al movimiento más grande de especies marinas en dos a tres millones de años. Un estudio de febrero de 2012 de 14 ecosistemas protegidos y 18 desprotegidos en el Mediterráneo demostró que está agotando rápidamente sus recursos. Un estudio científico de tres años encontró que áreas marinas que cumplen la reserva de población de peces tienen cinco a diez veces más vida marina que los lugares desprotegidos.

3. Fukushima mata hasta en Estados Unidos
Las consecuencias del desastre nuclear 2011 de Fukushima son mayores que las reconocidas, al punto que científicos estiman en 14.000 las muertes en Estados Unidos a causa del polvillo radiactivo proveniente de Japón, según un informe de diciembre 2011 del Diario Internacional de Servicios Médicos. La red detectora de radiación de la Agencia de Protección Ambiental (RadNet) tiene fallas de mantenimiento y equipos a menudo mal calibrados.

4. El FBI es responsable de la mayor conspiración terrorista en Estados Unidos
La Oficina Federal de Investigación emprendió un método inusual para prevenir futuros atentados terroristas al desarrollar una red de casi 15.000 espías para infiltrar diversas comunidades en la búsqueda de diagramas terrorista. Sin embargo, esos topos realmente están ayudando y animando a gente a cometer crímenes para después denunciarlos y cobrar recompensas en efectivo de hasta 100.000 dólares por caso.

5. Reserva Federal imprimió 16 billones de dólares para salvar grandes bancos
Una auditoría a la Primera Reserva Federal revela que proporcionó ayuda urgente y en secreto por 16 billones de dólares a los más grandes bancos estadounidenses y europeos en pleno apogeo de la crisis financiera global, entre 2007 y 2010. De estos 16 millones de millones de dólares, Morgan Stanley recibió 107,3 mil millones, Citigroup 99,5 mil millones y Bank of America 91,4 mil millones, según datos obtenidos invocando la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), meses de litigio en tribunales y una ley aprobada por el Congreso.

6. 147 corporaciones controlan la economía del mundo occidental
Un estudio de la Universidad de Zurich reveló que un pequeño grupo de 147 grandes corporaciones trasnacionales, principalmente financieras y minero-extractivas, controlan en la práctica la economía global. El estudio fue el primero en analizar a 43.060 corporaciones transnacionales y la tela de araña de la propiedad entre ellas, identificando a 147 compañías que forman una “súper entidad” que controla el 40 por ciento de la riqueza total de la economía global. El pequeño grupo, interconectado a través de las juntas directivas corporativas, constituye una red de poder global vulnerable a los colapsos y propensa al “riesgo sistémico”…, pero maneja al mundo.

7. 2012: Año internacional de las cooperativas
Naciones Unidas declaró a 2012 como año internacional de las cooperativas, que mantendrían activas en el mundo a casi mil millones personas como miembros o dueños cooperativos. Según la ONU, la cooperativa será el modelo de empresa de más rápido crecimiento del planeta en 2025 y asegura que las cooperativas de trabajadores-propietarios prevén una distribución equitativa de la riqueza y una conexión auténtica al lugar de trabajo, componentes claves de una economía sostenible. (Venezuela desechó este modelo porque una vez que funcionan con éxito, los trabajadores-empresarios de cooperativas suelen vendérselas –bajo presión u ofertas tentadoras– a las corporaciones del mismo rubro).

8. Crímenes de guerra de OTAN en Libia
La Organización Tratado Atlántico Norte (OTAN) justificó su intervención en Libia invocando “principios humanitarios”, pero ahora se conocen sus acciones catastróficas para los seres humanos, como la destrucción por bombardeo en julio 2011 de la principal instalación de abastecimiento de agua potable en ese país, que abastecía, aproximadamente, al 70 por ciento de la población nacional. Y, en un intento fallido de aparecer imparcial y objetiva, la BBC reveló, casi un año después que esta información fuera difundida por medios independientes, que las Fuerzas Especiales Británicas desempeñaron un papel clave en supervisar y conducir a la victoria a los llamados “combatientes de la libertad” de Libia.

9. HOY: Esclavitud en prisiones de Estados Unidos
Estados Unidos tiene al menos el 5 por ciento de la población de mundo, pero sus prisiones mantienen a más del 25 por ciento de toda la gente encarcelada del planeta. Muchos de estos presos trabajan por 23 centavos de dólar por hora, o tarifas similares, en cárceles privadas contratadas por la oficina de prisiones UNICOR, una corporación cuasi-pública, sin fines de lucro, clasificada como la 38ª entre los grandes contratistas del gobierno de Estados Unidos. Sólo escapan a estas tarifas de trabajo-encarcelado millares de presos en reclusión solitaria, a menudo confinados por castigos disciplinarios a faltas de baja importancia.

10. Ley HR 347 criminaliza las protestas de los Occupy
El Presidente Obama firmó en marzo de 2012 la ley HR 347 que considera “ofensa criminal” participar en manifestaciones en áreas definidas como “restringidas”, tales como adyacencias de edificios federales y ciertos parques. Los legisladores violentaron los derechos de la Primera Enmienda para criminalizar las protestas Occupy, que se perfilan como un peligro global para la superclase del 1% que controla la economía de Estados Unidos y del mundo, a la vez que facilitaron que el servicio secreto utilice más o emplee mal las leyes actuales para arrestar a manifestantes legales bajo el pretexto falso de actividad criminal.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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Islandia y el rechazo de la austeridad

Salim Lamrani (OPERA MUNDI, especial para ARGENPRESS.info)

Ante la crisis económica, mientras la Unión Europea ha elegido el camino de la austeridad y ha decidido salvar a los bancos, Islandia, en cambio, ha procedido a la nacionalización de las instituciones financieras y ha rechazado las políticas de restricción presupuestaria. Con una tasa de crecimiento de un 2,7% en 2012, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda la recuperación económica del país.

Cuando en septiembre de 2008, la crisis económica y financiera golpeó a Islandia, pequeño archipiélago del Norte de Europa con una población de 320.000 habitantes, el impacto fue desastroso, como en el resto del continente. La especulación financiera llevó a los tres principales bancos a la quiebra, cuyos activos representaban una suma diez veces superior al PIB de la nación, con una pérdida neta de 85.000 millones de dólares. La tasa de desempleo se multiplicó por 9 entre 2008 y 2010, mientras que antes el país gozaba del pleno empleo. La deuda de Islandia representaba el 900% del PIB y se devaluó la moneda nacional un 80% con respecto al euro. El país cayó en una profunda recesión, con una disminución del PIB de un 11% en dos años.

Frente a la crisis

En 2009, cuando el gobierno quiso aplicar las medidas de austeridad que exigía el FMI, a cambio de una ayuda financiera de 2.100 millones de euros, una fuerte movilización popular lo obligó a renunciar. En las elecciones anticipadas, la izquierda ganó la mayoría absoluta en el Parlamento.

No obstante, el nuevo poder adoptó la ley Icesave –cuyo nombre procede del banco online que quebró y cuyos ahorradores eran en mayoría holandeses y británicos–, con el fin de rembolsar a los clientes extranjeros. Esta legislación obligaba a los islandeses a rembolsar una deuda de 3.500 millones de euros (un 40% del PIB) –9.000 euros por habitante– en quince años con una tasa de interés del 5%. Frente a las nuevas protestas populares, el Presidente se negó a ratificar el texto parlamentario y lo sometió a referéndum. En marzo de 2010, el 93% de los islandeses rechazó la ley sobre el rembolso de las pérdidas de Icesave. Cuando se sometió de nuevo a referéndum en abril de 2011, el 63% de los ciudadanos volvió a rechazarla.

Una nueva Constitución, redactada por una Asamblea Constituyente de 25 ciudadanos elegidos por sufragio universal entre 522 candidatos, que se compone de 9 capítulos y de 114 artículos, se adoptó en 2011. Ésta prevé un derecho a la información, con un acceso público a los documentos oficiales (Artículo 15), la creación de un Comité de Control de la Responsabilidad del Gobierno (Artículo 63), un derecho a la consulta directa (Artículo 65) –un 10% de los electores puede pedir un referéndum sobre las leyes que vota el Parlamento–, así como el nombramiento del Primer Ministro por el Parlamento.

Así, al contrario que las otras naciones de la Unión Europea en la misma situación, que aplicaron escrupulosamente las recomendaciones del FMI que exigía medidas de una austeridad severa como en Grecia, Irlanda, Italia o España, Islandia eligió una vía alternativa. Cuando en 2008 los tres bancos principales del país, Glitnir, Landsbankinn y Kaupthing, se derrumbaron, el Estado islandés se negó a inyectar fondos públicos como lo había hecho el resto de Europa. Al revés, procedió a su nacionalización.

Del mismo modo, los bancos privados tuvieron que cancelar todos los créditos con tasas variables que superaban el 110% del valor de los bienes inmobiliarios, lo que evitó una crisis de subprime como en Estados Unidos. Por otra parte, la Corte Suprema declaró ilegales todos los préstamos ajustados a divisas extranjeras que se otorgaron a particulares, obligando así a los bancos a renunciar a sus créditos en beneficio de la población.

En cuanto a los responsables del desastre –los banqueros especuladores que provocaron el desmoronamiento del sistema financiero islandés–, no se beneficiaron de la mansedumbre que mostró hacia ellos en el resto de Europa, donde fueron sistemáticamente absueltos. En efecto, Olafur Thor Hauksson, Procurador Especial que nombró el Parlamento, los ha perseguido y encarcelado. Incluso al Primer Ministro Geir

Una alternativa a la austeridad

Los resultados de la política económica y social islandesa han sido espectaculares. Mientras la Unión Europea se encuentra en plena recesión, Islandia se benefició de una tasa de crecimiento de un 2,1% en 2011 y prevé una tasa de 2,7% para 2012, y una tasa de desempleo de un 6%. El país hasta se dio el lujo de proceder al rembolso anticipado de sus deudas al FMI.

El presidente islandés Olafur Grímsson explicó este milagro económico: “La diferencia es que en Islandia dejamos que los bancos quebraran. Eran instituciones privadas. No inyectamos dinero para salvarlas. El Estado no tiene por qué asumir esta responsabilidad”.

Contra todo pronóstico, el FMI saludó la política del gobierno islandés –el cual aplicó medidas en las antípodas de las que preconiza–, que ha permitido preservar “el precioso modelo nórdico de protección social”. En efecto, Islandia dispone de un índice de desarrollo humano bastante elevado. “El FMI declara que el plan de rescate al modo islandés ofrece lecciones para los tiempos de crisis”. La institución agrega que “el hecho de que Islandia haya logrado preservar el bienestar social de las unidades familiares y conseguir una consolidación fiscal de gran envergadura es uno de los mayores logros del programa y del gobierno islandés”. No obstante, el FMI omitió precisar que estos resultados fueron posibles sólo porque Islandia rechazó su terapia de choque neoliberal y elaboró una programa de estímulo económico alternativo y eficiente.

El caso de Islandia demuestra que existe una alternativa creíble a las políticas de austeridad que se aplican a través de Europa. Éstas, además de ser económicamente ineficientes, son políticamente costosas y socialmente insostenibles. Al elegir ubicar el interés general por encima del de los mercados, Islandia muestra el camino al resto del continente para escapar del callejón sin salida.

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular en la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

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Morena y los aviones

Claudia Rafael (APE)

“A través de él, rendimos tributo a los valientes inmigrantes que llegaron un día a estas benditas tierras a dejar todo de sí, para fortalecer y dignificar al hombre con el trabajo, engrandeciendo la patria que los cobijó, tal como lo hizo con este hijo adoptivo que desembarcó con ganas de progreso”. La escuela 92, de Campo Grande, con sus 16 alumnos que todos los días van a clases en el departamento de Graneros, provincia de Tucumán, portará el nombre de “León Alperovich”. Ya no será “la 92” para todos sino que llevará el nombre de ese exitoso empresario ya fallecido que supo ser el padre del gobernador José.

Tal vez la emoción, las lágrimas, el orgullo de escuchar esas palabras grandilocuentes mientras que la Legislatura proponía el 3 de octubre ese simbólico bautismo en una escuelita del interior de su provincia, hizo a José Alperovich olvidar del destino de una niña. Quizás fue el acto que tendría el 1 de octubre en Casa Rosada para entrega de préstamos del Bicentenario y nombramiento de Martín Sabbatella al frente del AFSCA.

Ella, en cambio, tan lejos. Tan ajena a los discursos rimbombantes y serviles. Ella supo ser brevedad. Fue colibrí. Mariposa. Benteveo multicolor. Fue sombra y luz en el mismo y exacto instante. Fue arroyo débil y desnudo. Fue vida pura y frágil aleteo hasta la muerte. Tuvo la sensualidad en el nombre desde antes de asomar a un mundo que le fue hostil y perverso. Supo desde semilla que la historia sería para ella cabalgata cruel y por eso tal vez no llegó sola. Se llamó Morena Guadalupe. Y su vida quedó unida por los hilos férreos de la ternura a la de Zamira, ese viento suave que puede ser –dicen las etimologías- “fuerza de dios”.

Juntas fueron “las gemelas del milagro”. Pero los milagros –se sabe muy bien en los mapas rojizos del fango- no son eternos. Los milagros nunca son eternos cuando los hombres poderosos hacen zancadillas a la vida. Cuando sienten que el milagro es sólo el propio y que durará por siempre. Cuando intuyen que son los hacedores del mundo entero que hinca sus rodillas ante su propia magnificencia.

Morena y Zamira nacieron en San Miguel de Tucumán el 16 de diciembre de 2011. Eran sietemesinas. Pesaban apenas un kilo cada una. Como un mágico paquete de azúcar que endulzará la vida para siempre. Girando y girando sobre sí hasta transformarse en un copo leve como el algodón.

Juntitas estuvieron en Neonatología los dos primeros meses. La muerte las acechaba. Visitaba su cuarto y sobrevolaba los cuerpitos frágiles. Una bronquilitis les marcó de repente el destino durante el mes de mayo. Pero Zamira tenía –como su nombre- la fuerza de un dios. Morena, no. Un virus irrumpió en sus venas, en su sangre, en su cuerpo. Dos operaciones, tres paros cardíacos.

Los papás, Claudia y Dardo, oyeron hablar de magias y sortilegios. Sintieron que frente a sí podía estar el milagro y que el vehículo para el milagro se llamaría Zamira. La entraron a Neonatología y la acostaron junto a su hermana como escucharon habían hecho con dos gemelas estadounidenses en 1995. Cuentan los diarios tucumanos que entonces “Morena recuperó su ritmo cardíaco, la oxigenación de la sangre se normalizó y empezó a ganar peso”.

Pero los primeros días de octubre, mientras la Legislatura tucumana se debatía en el análisis discursivo y se enfrentaba –oficialismos y oposiciones- por el bautismo de la Escuela 92 de Campo Grande; mientras la liturgia K y de la opo se enfrentaba por los pergaminos de Sabbatella y la ley de Medios, la pequeña Morena empeoró. La mejoría había sido sólo una quimera. Una levedad pasajera.

Morena estaba severamente desnutrida. Los médicos hablaron de urgencias. Dijeron que en la república tucumana ya no habría jardines que pudieran salvarla. Que era imprescindible llevarla al Hospital Italiano, en la capital argentina. Que había que pedir el avión sanitario de la provincia. Ese que –denuncian los medios tucumanos- estaba ocupado por el traslado del gobernador hacia las mieles del poder. Allí donde el máximo mandatario de la provincia –el que fue legislador radical por el 95, ministro de economía del justicialista Miranda por el 99 y senador nacional del PJ en 2001- siente que está un poco en casa. Después de todo, su esposa Beatriz Rojkés, “la Betty” en su provincia, es presidenta provisional del Senado y segunda en la sucesión de Cristina.

Morena fue trasladada en un avión privado. Dardo, su papá, dijo que "viajamos en otro que no estaba preparado. Hacía frío, no tenía calefacción y Morena no iba dentro de una incubadora”.

A la una de la mañana del miércoles 3 de octubre Morena llegó al Hospital Italiano. Fue vientito de vida que se apagó 22 horas más tarde.

“Yo también estoy muy dolido, ¿pero cuál es la responsabilidad del Estado?”, se condolió el gobernador. El Estado parece ser para el matrimonio gubernamental tucumano una extraña entelequia ajena a estas tierras y a las penas de sus gentes. “No podemos tener al señor Estado a la par de una familia que está borracha, y permite que una criatura de seis años esté sola”, había dicho “la Betty” cuando asesinaron en una tardecita de otoño a la pequeña Mercedes en el barrio Villa Muñecas de la capital provincial.

Quizás Morena hubiera sido de todos modos brevedad. Colibrí de vuelo tenue destinado a apagarse tempranamente. Tal vez no. Cómo saberlo. Cuál es la responsabilidad del Estado, se preguntó desde las cimas de su propio Olimpo Alperovich. Tan lejos de los barros donde los morenitos de la Historia danzan sus dolores sobre los abismos. Y surcan el Tiempo con sus arrabales a cuestas. Tan a contramuro de las cúspides, de las galas, de los palcos escénicos en los que el poder se viste con las ropas del olvido y la prescindencia. Tan a años luz de nuestros niñitos descalzos.

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Argentina, Tucumán: “Los aviones sanitarios no estaban, es otra gran mentira del Gobierno”

PRIMERA FUENTE

Así lo afirmó Dardo Caciccio, padre de Morena, la beba que falleció el miércoles pasado en medio de una fuerte polémica por su tardío traslado en un avión sanitario a Buenos Aires.

“Yo mismo fui al aeropuerto y ninguno de los aviones estaba. Es otra gran mentira del Gobierno”, afirmó a Radio Prensa Caciccio, quien de esta forma salió a desmentir al director de Aeronáutica de la Provincia, Luis Antonio Rosa.

El padre de Morena encabezó ayer una marcha desde Casa de Gobierno al Subsidio de Salud para repudiar la burocracia y la desidia con la que ambos sectores actuaron ante la enfermedad de la fallecida beba.

“El 1 de octubre fui al Subsidio de Salud y a Casa de Gobierno y nadie pudo ayudarme. La forma burocracia como trabaja el subsidio es una barbaridad”, agregó.

“Finalmente, el avión en el que trasladaron no era para mi hija. Usamos uno que contrató el Subsidio a la empresa Soremer. Llevaba a mi hija en brazos y no tenía ni una incubadora”, agregó el padre de la beba fallecida. “Morena entró al Hospital de Niños con un cuadro de bronquilitis y nunca la sacamos del hospital. Sufrió dos operaciones y tres paros cardíacos. Tenía ganas de vivir. Todo fue por errores gubernamentales, desde el Ministerio de Salud hacia arriba. Responsabilizo por la muerte de Morena al Gobierno provincial. Si lo aviones estaban el día lunes, ella se podría haber salvado”, sostuvo.

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Las falsedades presidenciales y la ley de medios

Alejandro Olmos Gaona (especial para ARGENPRESS.info)

A nadie puede asombrar ya, la torcida interpretación que hacen los funcionarios de las diversas disposiciones legales, del texto constitucional y aún de las decisiones de los jueces, para justificar la arbitrariedad de ciertas decisiones políticas. Lo que si puede llegar a confundir, es que la Presidenta de la Nación utilice una hermenéutica falaz para anunciar medidas efectistas, y fijar fechas que nada tienen que ver con la realidad, desconociendo la Ley.

El 10 de este mes de octubre, celebrando el tercer aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), la Presidenta ratificó que el día 7 de diciembre vence el plazo para que los grupos de medios presenten su plan de adecuación a la nueva norma, remarcando que un solo grupo (Clarín) pretende estar “por encima de los tres poderes del Estado” y que “La Ley debe ser igual para todos, no podemos vivir en una sociedad en que unos cumplan la ley y otros puedan violentarla”.

Aun extremando nuestra prudencia critica, nos cuesta entender que se falseen impunemente los hechos, y que esa fecha, 7 de diciembre, reiterada por la Presidenta, y expuesta por Martín Sabatella en todos los medios como nuevo titular de la Asfca, sea el día clave para que todos los grupos procedan a la inmediata desinversión, cuando eso no es cierto, ya que tal plazo que solo se refiere a la cesación de la medida cautelar es solo aplicable al Grupo Clarín, quien fue que solicitó la medida suspensiva ante los tribunales federales.

No había razón alguna para que el gobierno nacional no hubiera iniciado hace tiempo, los trámites respectivos para obligar a todos los otros grupos poseedores de distintos medios (Vilas-Manzano, Spolski, etc.) a adecuarse a la nueva Ley durante todo el año en curso, si exceptuamos el hecho que solo le interesa el enfrentamiento con Clarín. Resulta claro que la utilización de la norma tiene el declarado objetivo de ser aplicada a ese conjunto empresario, como si los otros grupos estuvieran marginados de las disposiciones sancionadas hace tres años, ya que las evidencias lo demuestran acabadamente.

Cuando el Poder Ejecutivo solicitó se dejara sin efecto la medida cautelar que favorecía únicamente al Grupo Clarín, la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 5 de octubre del año 2010, desestimó los supuestos agravios esgrimidos en la presentación diciendo que “la presente medida cautelar, cuyos alcances se encuentran limitados al actor (Clarín), no afecta en ningún modo la aplicación general de la ley, y se encuadra dentro de los criterios tradicionales empleados por los Tribunales de la Nación durante muchos años y en todas las circunscripciones, por lo cual no se advierte gravedad institucional alguna. Máxime si la recurrente (el gobierno) no ha logrado demostrar con el rigor que es necesario en estos casos, que el mantenimiento del pronunciamiento que ataca pueda, en las actuales circunstancias, paralizar u obstaculizar la aplicación del régimen consagrado en la ley 26.522. Es decir no se ha deducido agravio suficiente que permita tener por acreditado que la resolución impugnada ocasiona al estado Nacional un perjuicio que no es susceptible de reparación ulterior” (CSJN. Fallos G.456 XLVI). Con posterioridad, y en el Recurso de Queja deducido por el gobierno, la Corte Suprema volvió a reiterar más contundentemente el 22 de mayo de este año que: “…en cuanto se relaciona con la subsistencia de la medida cautelar, este Tribunal ya se ha expresado en esta causa en la sentencia de fecha 5 de octubre de 2010, en la que señaló que la decisión del a quo no afectaba de ningún modo la aplicación general de la ley 26.522..Por otra parte, no se advierte que, durante el lapso establecido, la medida cautelar pueda desnaturalizar la finalidad perseguida en la ley 26.522, máxime si se repara en que el plazo previsto en el art. 161 para que los titulares de licencias de servicios audiovisuales las adecuaran a las disposiciones de la ley recién concluyó a finales de 2011 (confr. art. 161 cit. y resoluciones 297/10 y 1295/11 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual). En este sentido, es dable señalar que la propia autoridad de aplicación no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa en cuestión y ha prorrogado los plazos y suspendido las licitaciones, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir como consecuencia de la decisión del a quo”. (CSJN, G 589, Recurso de Hecho deducido por el Estado Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros)

Los términos de ambas sentencias son elocuentes, en cuanto muestran que el gobierno no ha tenido demasiado interés en la aplicación de la ley, y solo lo mueve el propósito de dirigir su accionar a un grupo específico con el que se encuentra enfrentado, desvirtuando así el proclamado sentido de la Ley de Comunicación Audiovisual.

Un principio elemental del orden jurídico determina, que la aplicación de las normas legales debe ser pareja, lo cual se encuentra consagrado en el artículo 16 de la Constitución, no siendo admisible, que se pretenda usar una norma legal referida a alguien determinado, exceptuando a otros, a los cuales la misma sería aplicable debido a su afinidad con la política oficial.

La justicia será la encargada de decidir si la pretensión del grupo Clarín es acogida, o debe ser rechazada, más allá de la opinión que a cada persona le merezca lo que ese grupo representa, y la actuación que ha tenido en diversas etapas de nuestra historia. Lo que no puede aceptarse es la aplicación selectiva que hace el gobierno, de olvidarse de aplicar la ley, a los medios audiovisuales amigos utilizando argumentos que nada tienen que ver con la realidad.

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Pablo Micheli: "Argentina debe retirar sus Fuerzas Armadas de Haití"

ACTA

Organizaciones sindicales de Argentina, Brasil, Estados Unidos y haitianas exigieron el retiro de las tropas de ocupación de ese país. Pablo Micheli participó del encuentro realizado en la sede de la ONU en Nueva York. En diálogo con ACTA explicó su participación y criticó el operativo de prensa en su contra.

El titular de la Central de Trabajadores de la Argentina, Pablo Micheli participó junto al secretario de Relaciones Internacionales de la Central, Adolfo Aguirre, en Nueva York de un encuentro internacional para pedir la salida inmediata de las fuerzas de ocupación de Haití y la compensación de todas las víctimas de la MINUSTAH, por las Naciones Unidas.

La delegación internacional estuvo integrada también por Julio Turra de la CUT de Brasil, Alan Benjamín de la central estadounidense AFL-CIO y Jean-Charles Moisés, senador de la República de Haití, entre otros. Allí fueron recibidos por William Gardner, oficial de la Organización de las Naciones Unidas.

Micheli fue invitado por el secretario general de la Central Autónoma de los Trabajadores Haitianos, Fignolé St-CYR en el marco de la campaña de organizaciones sociales haitianas que denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH por sus siglas en inglés).

“Fue una reunión amena pero intensa. Los trabajadores argentinos, brasileños y norteamericanos explicamos las razones por las que planteamos que las fuerzas militares de nuestros países deben dejar de ocupar militarmente Haiti”, explicó el secretario general de la CTA.

“La reunión tuvo lugar en el edificio de la ONU y se realizó hoy (jueves 11) porque el lunes se discutirá en el seno de la Naciones Unidas la continuidad de la intervención que nosotros llamamos ’ocupación’.

¿Hay perspectivas de que se retiren las tropas?

“Es muy difícil, a lo sumo bajarán la cantidad de efectivos pero no quitarán las tropas. Probablemente se queden 5 años más. Si esto sucede, la situación de Haiti tiende a empeorar”.

¿Qué otras actividades realizarás en Nueva York?

“Ahora estoy yendo a participar de una reunión con la comunidad haitiana en Estados Unidos y mañana participaremos de una movilización por las calles de Nueva York junto a los haitianos que viven aquí para condenar la intervención. La misma movilización se realizará en Buenos Aires con la participación de la CTA donde presentaremos un documento que elaboramos con Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital. Tambien tendremos una reunión con representantes de los trabajadores latinos en Nueva York”.

Algunos medios en Buenos Aires informaban que estabas de vacaciones en Miami con tu familia. ¿Qué opinión te merece eso?

“Es una infamia, un operativo de los servicios de inteligencia. Vine con mi familia, mi mujer y mi hijo, pero eso no lo paga la CTA, lo pago yo. Estoy seguro que el dato lo filtró Migraciones, porque soy una cara conocida y me vieron salir. El resto es una respuesta al éxito del paro y la movilización del miércoles”.

Nota de la redacción

El 1º de junio de este año, las tropas de la Minustah cumplieron ocho años de ocupación en Haití, período que estuvo marcado por innumerables denuncias de abusos de poder, represiones, asesinatos, violaciones de hombres y mujeres, robos, violación de espacio universitario y hasta denuncias sobre la transmisión del cólera a la población haitiana por parte de los soldados.

Las principales demandas son el retiro inmediato de las tropas de la Minustah; la anulación total e incondicional de todas las deudas del país; el pago por parte de Francia de 21.000 millones de dólares que debe a la República de Haití; e indemnización, por las Naciones Unidas, a todas las víctimas de la Minustah.

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Boletín informativo de CORREPI

Daniel Solano: Un año desaparecido / Allanamiento e intimidación a abogada militante / El secuestro y reaparición de Alfonso Severo / La asonada de los desclasados / Gatillo fácil: Una maestra y los muertos sin nombre.
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Daniel Solano: Un año desaparecido
El viernes 5 de octubre se cumplieron 11 meses de la desaparición de Daniel Francisco Solano, un trabajador de la fruta de 27 años que fue golpeado, secuestrado y desaparecido por intentar organizarse con sus compañeros, ante las pésimas condiciones laborales a las que los sometía la patronal en Choele Choel, Río Negro. No sólo les pagaban una miseria, sino que los mantenían hacinados, sin agua caliente, sometidos a maltratos permanentes, etc.
Daniel era de Tartagal, Salta, pero había sido llevado por la empresa Agrocosecha Argentina SRL a Río Negro para trabajar para la empresa Expofrut, en octubre de 2011. Además de sufrir la precarización laboral y los aprietes de la patronal, Daniel, como el resto de sus compañeros, habían cobrado en el último pago menos de la mitad de lo que se había acordado como salario ($800 en lugar de $2.000). Es por eso que empezaron a organizar una huelga, a la cual iba a sumarse la gran mayoría de los trabajadores.
La empresa intentó comprar a Solano para que actuara como buchón, denubciando a los trabajadores que lideraban el reclamo, pero él se negó. El 5 de noviembre de 2011, Daniel fue secuestrado a la salida del boliche Macuba, en Choele Choel, por policías que lo golpearon y lo subieron a un patrullero. Varias personas vieron lo que ocurría y dos de ellas siguieron al patrullero en una moto, hasta un descampado, donde vieron cómo bajaban a Solano del auto y lo subían a otro auto -particular- en el que iban tres policías de civil. Desde entonces, no se supo más nada de él.
No sólo queda claro el accionar de la policía, sino también la existencia de un plan realizado en conjunto por la empresa y el gobierno provincial -ejecutado por su brazo armado- para evitar que los trabajadores se organicen y luchen contra la explotación y la flexibilización laboral.
La causa, caratulada ahora como homicidio, cuenta con casi 200 declaraciones testimoniales que señalan como responsables a los 22 policías imputados, siete de ellos procesados con prisión preventiva; pero no hay ningún imputado por parte de la empresa. El sistema judicial no sólo encubre el papel de la patronal, sino que tanto la jueza, Marisa Bosco, como el fiscal, Miguel Flores, dilataron la investigación tratando de imponer su “hipótesis” de que Solano se habría ido por decisión propia e intentando descartar la posibilidad del secuestro y su posterior desaparición. Bosco y Flores tienen pedido de juicio político por haber aceptado falsos testimonios para tratar de avalar esta hipótesis.
Además, queda claro el trabajo en conjunto que realizaban el gobierno y la empresa para mantener a raya a los trabajadores, con miedo, evitando que levanten la cabeza y exijan condiciones de trabajo más dignas: en el contrato con Agrocosecha había una cláusula que decía que ante cualquier problema que tuvieran con la policía o la justicia, serían despedidos sin pagársele ni los días trabajados, ni la indemnización, ni el pasaje de vuelta. Y, a su vez, cuando alguno de los trabajadores decidía irse antes de tiempo del campo porque no soportaba las condiciones de explotación a las que era sometido, no sólo no se le otorgaba ninguno de los beneficios antedichos, sino que recibía la correspondiente golpiza por parte de la policía. Como si esto fuera poca muestra de los maltratos y aprietes que estaban sufriendo los trabajadores de Agrocosecha, el mismo día que desaparecieron a Solano, otro de sus compañeros, que también estaba tratando de organizar la huelga, fue golpeado y despedido, además de recibir numerosas amenazas.
La familia de Daniel Solano, junto ala Comisión Solidaridad y Apoyo a la familia Solano, siguen exigiendo aparición de Daniel y denunciando tanto al brazo armado y judicial del estado, como a muchos de los medios locales que trataron de ensuciar el nombre de Daniel para encubrir lo que nosotros, desde CORREPI, denunciamos como una política de estado, y están organizando las actividades para el próxio 5 de noviembre, a las que asistiremos desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo, con la presencia de compañeros de AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal, de Comodoro Rivadavia) y CORREPI, así como familiares de víctimas de la represión estatal de la zona, como César Antillanca.
La desaparición de personas, como forma de represión estatal, no ha sido ajena a los gobiernos posteriores a 1983. Son casi 200 los desaparecidos desde entonces en nuestro país, a lo largo de los distintos gobiernos. Casi 70 casos ocurrieron durante el “gobierno de los derechos humanos”, como Julio López, Luciano Arruga, Iván Torres, Luciano González, Daniel Solano, Facundo Rivera Alegre, etc.
La desaparición de personas, como el gatillo fácil, la tortura y el asesinato y persecución de los trabajadores, son parte de una política de estado, gobierne quien gobierne. A nosotros nos quedan la organización y la lucha para combatir tanto a la represión como a su objetivo, que es el mantenimiento de una sociedad dividida en clases, con una enorme mayoría de pobres sosteniendo con su miseria y su trabajo los privilegios de la clase dominante.

Allanamiento e intimidación a abogada militante
El miércoles 26 de septiembre, en un operativo simultáneo, se realizaron tres allanamientos en domicilios de militantes del Movimiento por la Democracia Obrera, tanto a domicilios particulares como al estudio jurídico de la compañera abogada y militante de esa organización, Viviana Noguerol. En los allanamientos intervinieron decenas de policías, que revisaron agendas, papeles, colchones y bibliotecas, separando para su cuidadosa y atenta revisión libros sobre marxismo y socialismo.
Estos procedimientos tuvieron un preludio directo unos días antes, cuando Paula Medrano, hija de desaparecidos y militante de Democracia Obrera, recibió un llamado de la UFI N° 8 de la ciudad de La Plata, donde le informaron que en "un lugar" había aparecido un papelito con su nombre y apellido. De allí surgiría el fundamento oficial para los allanamientos.
En el expediente se volcó un vasto informe realizado por el Servicio de Inteligencia, de donde se confirma que Viviana Noguerol tiene su teléfono pinchado desde hace al menos un año.
El “juez de garantías” es César Ricardo Melazo, un juez que, al mismo tiempo que cuenta haberse afiliado al Partido Justicialista a sus 18 años, se atreve a declararse admirador del Che Guevara. Lejos del guevarismo, el juez tiene un currículum bastante esclarecedor: es el mismo que, este mismo año, confesó que le daban "ganas de romperle la cara a esos 'Quebrachitos'", después de los incidentes en la embajada británica. Pero aquella no fue una expresión desafortunada del juez, sino una franqueza de quien perteneció al Partido de Unidad Federalista de Luis Patti, de quien en 2008 ordenó el desalojo de la textil Mafissa y en 2009 decidió elevar a juicio una causa por resistencia a la autoridad contra el militante estudiantil Facundo Ferray, al haber intentado interceder y detener una golpiza que dos policías le propinaban a un chico de 15 años en la ciudad de La Plata, causa en la que, mediante la lucha y la movilización de distintas agrupaciones políticas y estudiantiles, se logró el sobreseimiento del compañero. En 2011, este mismo juez ordenó el archivo de una causa por manosear y golpear a una mujer seguida contra el famoso capitán Guillermo Salas, jefe de calle de la comisaría 1ª de La Plata.
Los jueces, al proteger a los policías y la institución mientras persiguen y atacan a los militantes populares, no hacen más que cumplir la función específica que tienen encomendada. Por eso es que, ante la persecución a los compañeros, ni la sorpresa ni una indignación pasajera deben ser nuestra respuesta, porque este hecho se inscribe en la natural necesidad del Estado de vigilar y perseguir para mejor reprimir la marcha del pueblo. En cambio, nuestra réplica deben ser la solidaridad activa hacia las organizaciones populares y el redoblamiento de nuestra organización y nuestra lucha.

El secuestro y reaparición de Alfonso Severo
Después de todo un día de estar desaparecido, Alfonso Severo reapareció el jueves 5 por la noche. Veinticuatro horas antes, había sido interceptado por dos hombres en moto que lo secuestraron y le pegaron, amenazándolo para que no declare en el juicio que se lleva adelante contra los dirigentes de la burocracia sindical ferroviaria, algunos integrantes de la patota y policías por el asesinato de Mariano Ferreyra.
El secuestro de Severo ocurre en un contexto de crecientes amenazas a testigos de la causa. Sin ir más lejos, el lunes de la misma semana pasada denunciábamos los aprietes de los que fue víctima José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, quien también fue abordado por dos hombres en moto y amenazado para que no declare (ver boletín n° 674). Ambos, Severo y Andino, debían declarar el jueves 4 en el juicio.
El objetivo de los aprietes es evitar que la declaración de los testigos deje todavía más claro el accionar que llevaron adelante la empresa, la burocracia y el Estado aquel 20 de octubre, con la intención de disciplinar a los trabajadores organizados por fuera de la burocracia. El plan de la Triple Alianza Antiobrera para aleccionar a los trabajadores jamás cesó. Ahora, además de seguir reprimiendo a los trabajadores, también secuestran y amenazan a quienes los señalan.
Severo, ex empleado de Ferrobaires y ex integrante de la Unión Ferroviaria desde el ’84, estuvo en la reunión que se concretó el 19 de octubre del 2010, donde, en las palabras del propio Severo en la instrucción: “…fueron citados la totalidad del personal de Ferrobaires por Humberto Rolando Martínez -delegado de la UF- para constituirse el 20 de octubre e impedir que los tercerizados cortaran las vías, para 'hacerles el aguante.”
Durante las horas que Severo estuvo desaparecido se reveló, una vez más, quiénes defienden los intereses de los trabajadores y quiénes cumplen con la función de explotarlos, y lo diferente que es hablar de los desaparecidos o luchar por los desaparecidos. Rápidamente, las organizaciones de los trabajadores y el pueblo nos pusimos en pie de lucha, marchando a Plaza de Mayo para denunciar la responsabilidad del Estado y exigir la aparición con vida de Severo.
Mientras tanto, desde el gobierno sólo rompió el silencio Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos, para decir que "Ni la Justicia ni Severo pidieron su inclusión en el listado de testigos protegidos". El programa de protección de testigos no es otra cosa que poner al victimario a cuidar a la víctima. Bajo una supuesta “protección”, se facilita al aparato represivo estatal el contacto y la vigilancia de quien pide ser protegido, justamente, del propio aparato represivo. Por lo tanto, no es de ninguna forma la solución para este tipo de hechos.
A poco de haber sido liberado, Severo remarcó su adhesión al kirchnerismo y explicó que esto “podría haberse evitado si Néstor Kirchner estuviera vivo”. La pertenencia ideológica de quien es víctima de la represión estatal, no quita la responsabilidad del gobierno en el hecho represivo, aun a pesar del propio Severo. La policía, las patotas con las que tercerizan la represión, la gendarmería, o cualquier otra fuerza que integre el aparato represivo del Estado, no preguntan cuál es la afinidad política de su víctima a la hora de reprimir a quien represente un peligro para el sistema de los ricos. Por otra parte, durante el mandato de Néstor Kirchner fueron desaparecidas, con intervención directa de las fuerzas de seguridad del Estado, 40 personas, entre ellas, Julio López.
El “gobierno de los DDHH” es, hoy, el ejecutor de la política represiva estatal. No se trata de patotas o grupos de tareas heredados del pasado sino de la metodología cotidiana de un Estado que necesita reprimir para mantener el sistema tal cual está y salvar a sus mejores aliados, la burocracia y la patronal. Es por esto que el Estado es responsable del secuestro de Adolfo Severo, quien, con su testimonio, puede ayudar a exponer que los tres integrantes de la Alianza Antiobrera siempre tuvieron y tienen los mismos intereses: mantener en condiciones precarias a los trabajadores para explotarlos mejor.

La asonada de los desclasados
Como decíamos en nuestro comunicado "Desclasados, nunca trabajadores", el motín que iniciaron el martes 3 de octubre los verdugos de prefectura, al cual casi inmediatamente se sumaron los de gendarmería, demuestra a las claras la naturaleza de su despreciable función.
Durante una semana, el conflicto que tuvo como epicentro el Edificio Centinela y el Edificio Guardacostas del barrio de Retiro, recogió adhesiones de la mayoría de las fuerzas represivas. Esta nueva asonada desnuda otra realidad que el gobierno intenta negar: un nuevo ajuste que se descarga con particular fuerza sobre los trabajadores del sector público pero, cabe aclarar, no tiene el mismo tratamiento por parte de los funcionarios del gobierno, que temen quedarse sin represores que les garanticen la continuidad del modelo.
El decreto 1307 desató la furia de los perros guardianes de los poderosos, que les reducía el pago en un 30 y hasta un 60%. Nada se oyó, por parte del gobierno, acerca de "extorsión" o cualquiera de las diatribas a las que nos tienen acostumbrados cuando los que reclaman son maestros o trabajadores de la salud. En cambio, todos se apresuraron para calmar a los prefectos y gendarmes, que acampaban haciendo ollas populares, reuniéndose en asamblea, todos métodos que “aprendieron” haciendo espionaje a las organizaciones populares.
Por su parte, varios funcionarios se reunieron con Cristina Kirchner en la residencia de Olivos, para tratar de solucionar el conflicto. La postura de Cristina Kirchner fue clara: "Quiero que arreglen el conflicto, pero no generen otro". Es que la solución de este problema para el gobierno no va por el lado al que están habituados: cualquier conflicto de trabajadores lo resuelven reprimiendo, ya sea en forma directa o con la aplicación de sanciones penales, pero ¿Cómo van a reprimir a los mismos que se encargan de ejecutar la represión?
Una de las medidas fue pasar a disponibilidad a ocho gendarmes, entre ellos Raúl Maza, vocero de los desclasados, que soltó entre sus declaraciones, joyas como ésta: "Cuando uno ve llorar a un tipo porque no puede llegar a fin de mes, creo que desgarra a cualquiera y siente impotencia, entonces uno dice ‘carajo, hay que hacer algo’". Cabe preguntarse qué es lo que hacen los gendarmes cuándo ven a un trabajador llorando porque no llega a fin de mes, o a un desocupado, desesperado porque no puede llevar un plato de comida a su familia. Para saber la respuesta solo hay que recordar lo que pasó en el Puente de Corrientes en 1999, donde fueron asesinados por la gendarmería Mauro Ojeda y Francisco Escobar; o lo que pasó en Las Heras en 2005, donde la gendarmería torturó a varias personas; o en Mar del Plata en 2006 cuando reprimieron a los trabajadores pesqueros, o con los trabajadores del Casino en 2007. En fin, sobran los ejemplos.
Otra declaración interesante, fue la de la vicepresidenta de la Corte Surema, Elena Highton: "Hay que tener cuidado con el reclamo de las fuerzas de seguridad porque se trata de agentes que están armados y prestan un servicio público muy relevante. No son lo mismo que cualquier trabajador, otros trabajadores pueden protestar de maneras distintas a las que pueden hacerlo quienes tienen armas dadas por el Estado". Más allá en que discrepemos en la caracterización de la jueza, al nombrar a los gendarmes y prefectos como trabajadores, en cierto sentido tiene razón: no es lo mismo cuando reclaman los verdugos que cuando lo hacen los trabajadores. La diferencia, como hemos remarcado anteriormente, es que cuando las fuerzas represivas reclaman, no temen que se los reprima.
Insistimos en que no son trabajadores, no porque “los determine la función”, sino porque defienden los intereses de los poderosos. Sea cual fuere su origen de clase, son policías, gendarmes, prefectos de la burguesía. No es una huelga lo que llevan adelante, es un motín de mercenarios para que se les pague el precio que ellos consideran justo por desempeñar la tarea que tienen asignada: reprimir a los pobres. Por más que imiten nuestros métodos, con asambleas u ollas populares, no forman parte del pueblo, son desclasados al servicio de la clase dominante.
La mejor prueba de ello la tuvimos a segundos de aplacarse el conflicto, cuando, disciplinados al servicio del gobierno y la patronal, embistieron en la Panamericana contra los trabajadores de la Línea 60, movilizados para denunciar un nuevo ataque de la patota de la empresa.

Gatillo fácil: Una maestra y los muertos sin nombre
Miriam Fronza, de 49 años, fue asesinada el domingo 30 de septiembre por el policía bonaerense Claudio Fernando Vadalá, sobre la colectora de la Autopista Oeste, en la localidad de Moreno. La maestra de escuela viajaba con su marido de regreso a su casa. A la par de su auto, iba el policía de civil en su suntuoso Hyundai Génesis valuado en $200.000. Un grupo de ladrones interceptó a Vadalá para robarle el auto, a lo que éste respondió con una maniobra marcha atrás, para poder disparar desde la distancia. Disparó dos veces. Uno de los tiros dio en la nuca de Miriam. Por ahora, permanece detenido.
Los medios de comunicación le dieron gran resonancia al caso de la maestra, por ser lo que ellos denominan "víctima inocente". Lo mismo sucedió este año con el futbolista Lautaro Bugatto y el año pasado con Ariel Domínguez, asesinado en plena vía pública en San Telmo. Sin embargo, el gatillo fácil sobre la porción mayoritaria de las víctimas, es encubierto por las grandes empresas de medios que pregonan la mano dura y el control social a rajatabla, haciendo su parte para que la muerte joven en los barrios pobres se naturalice de cara a una sociedad más connivente con la desigualdad, la explotación y la pobreza.
"No roba más", "Murió ladroncito", "Punto final" dice el diario Crónica acerca de la muerte de dos jóvenes en Morón. Uno de ellos fue asesinado el sábado 6 de octubre en una panadería, por un militar retirado de 70 años que estaba en el negocio en calidad de cliente. El otro, de 16 años, fue fusilado por policías el 28 de septiembre. Murió de un disparo en la cabeza luego de agonizar durante un día en el Hospital Posadas.
Sobre estos dos últimos casos, no contamos con más información que la que brinda la agencia Télam, que, a su vez, reproduce los partes brindados por la fuerza represiva que asesina a una persona por día mediante el gatillo fácil y la tortura en comisarías. Esa información, por su parte, fue reproducida en un dignísimo ejemplo del ejercicio del copy/paste por todos los medios hegemónicos de información. Muertos sin nombre. Dos más en el montón.

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Argentina, Santiago del Estero: Crónica de un asesinato anunciado

ANRED

Las patronales del agro negocio, junto a sus bandas armadas y sus silenciosos cómplices políticos se cobraron la vida de Miguel Galván, miembro del MoCaSE-Vía Campesina, quien fue asesinado de una puñalada en la yugular por Paulino Riso, en el Paraje Simbol, al norte de Santiago del Estero.

Parece una noticia repetida, similar a lo hemos publicado hace casi un año atrás cuando asesinaban a Cristian Ferreyra, pero no es así. Nuevamente los campesinos de la provincia de Santiago del Estero fueron víctimas de la violencia ejercida por sicarios de empresarios agropecuarios, quienes esta vez se cobraron la vida de Miguel Galván, también miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MoCaSE-VC).

A diez días de que el MoCaSe-VC difundiera un comunicado en el que denunciaba las amenazas y persecuciones de grupos paramilitares a familias campesinas, el mortal accionar de estas patotas armadas se hizo efectivo.

Miguel Galván pertenecía al Movimiento Campesino y vivía en el paraje Simbol (límite entre Salta y Santiago del Estero), en el pueblo Lule Vilela. En su comunicado oficial, el Movimiento señala que muchas familias de la zona ya habían denunciado en reiteradas ocasiones haber sido hostigadas por sicarios de la Empresa La Paz S.A., que pretende alambrar parte del territorio perteneciente a las comunidades indígenas. Miguel y su hermano Rafael también habían denunciado, según el comunicado de la agrupación, que Paulino Riso, Hortensia Valderrama y su marido Eulogio Riso los habían amenazado de muerte y golpizas. Por la tarde del 10 de octubre, aproximadamente a las 14:20 horas., el primero de ellos cumplió su promesa, y apuñaló en la yugular a Miguel, que había ido a la represa de su casa para darles agua a los animales. Riso fue catalogado por el MoCaSE como un “sicario de Figueroa”, empresario de la zona.

Deolinda Carrizo, integrante del MoCaSE-VC, declaró a radio La Retaguardia que “las autoridades, tanto la policía como el juez de Monte Quemado, como el gobierno provincial, no han tomado cartas serias en el asunto”. Habló también de “gente armada contratada por un empresario que anda castigando a los campesinos”, y denunció la complicidad de la policía con la intención de las empresas de formar un alambrado en las tierras campesinas: “Hay una empresa de salta llamada ´La Agropecuaria La Paz´: esta gente que hace tres meses tiene adicionales de la policía de Salta para que custodien los alambradores”.

Acerca de este último tema, Carrizo decidió desarrollar y ser mas precisa en la cuestión: “La Paz S.A. es la décimo octava (empresa) que viene en la zona para sacar a los campesinos. En el año 2008, 2009, 2010 ha habido todo un recambio de empresarios que pretenden las tierras donde están esas mismas familias desde hace 20 años. Tanto al gobierno provincial y al local les consta la situación”. Mas allá de ubicar la mayor responsabilidad política en el gobierno provincial, Carrizo no desconoce el problema de fondo, la cuestión nacional: “Hay toda una política a nivel nacional que se pretende imponer sobre las comunidades campesinas-indígenas de nuestro país. Y esto tiene que ver con el modelo de saqueo que hoy está avanzándose para los capitales externos”.

Por su parte, Cariló Olaiz, miembro también del MoCaSE-VC, declaró a ANRed que “(el empresario salteño) Figueroa viene a entrar, y sabe que tiene que entrar por las malas, entonces entran a los palos”, y aseguró que hay bandas armadas que son contratadas para poder ingresar a la tierras de los campesinos. Cariló apunto no sólo al gobierno provincial sino más precisamente a Luis Fernando Gelid, Ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de la provincia de Santiago del Estero, a quien acusó de ser “artífice de todo esto (ya que) él quiere que se produzca carne, soja, algunos cereales y nada más”. Si bien Olaiz señaló que la principal responsabilidad del gobierno nacional está relacionada con el debate (y sanción) hasta ahora postergado de la Ley Contra los Desalojos de campesinos, también afirmó que “en derechos humanos se ha avanzado, pero tal vez en derechos humanos vinculados al tema ´tierras´ estamos en el freezer”. Cariló remarcó, por último, la necesidad de “pedir la intervención del gobierno nacional en el territorio” y que “asuma la responsabilidad el gobierno provincial”.

Al mediodía de este jueves 11 de octubre se convocó a una concentración frente al Congreso Nacional, en la que diversas agrupaciones políticas y sociales pidieron por el esclarecimiento del hecho y justicia por el asesinato.

En septiembre de este año que decía un comunicado del MoCaSE-VC decía en relación al asesinato de Cristian Ferreyra: “Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Otro crimen anunciado.

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Argentina. Justicia lenta no es justicia: Tres años sin Javier Chocobar

CONTRAPUNTO - AGENCIA WALSH

Javier Chocobar, diaguita de la comunidad Chuschagasta, Tucumán, fue asesinado el 12 de octubre de 2009 por defender su territorio ancestral. Están imputados por el crimen los policías retirados Luis Humberto "el niño" Gómez y José Valdivieso, y el terrateniente Darío Amín, que pretendía hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario.

Siete meses pasaron desde la confirmación de la elevación a juicio y ya tres años desde que asesinaron a Javier Chocobar, miembro de la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Trancas) el 12 de octubre de 2009. El terrateniente Darío Amín y los dos parapolicías Luis Humberto "el niño" Gómez y José Valdivieso -imputados por el crimen- esperan libres el juicio desde febrero de 2010. Una espera demasiado larga que puede extenderse hasta el año que viene donde finalmente se llevaría a cabo el juicio que marcará un antes y un después para los Pueblos Originarios de Tucumán.

La criminalización y judicialización contra los Pueblos Originarios crece en Tucumán y en el país. Ejemplos sobran de la actuación del poder político y la justicia para avanzar contra los territorios de las comunidades que poco a poco también se van organizando y resistiendo. En este contexto general se inscribe el juicio por el asesinato de Javier Chocobar (68 años) hace 3 años, que tuvo como saldo además tres personas heridas, una de ellas de gravedad (Andrés Mamaní).

El poder político-económico de la provincia se juega una parada importante, ya que un fallo que condene a los asesinos marcaría un precedente importante y de alguna manera un freno al avance o al menos al accionar armado de los terratenientes (grandes, medianos, de familias "tradicionales" y no tanto) que va creciendo. Un resultado inverso sólo agravaría la situación de las más de 15 comunidades que integran la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule en Tucumán.

Señales de la justicia

El 12 de octubre de 2009 el terrateniente Darío Amín, alegando tener una orden de la justicia por un juicio con el que estaban en litigio con la Comunidad Indígena de Chuschagasta. Fue acompañado de dos ex policías, Luis Humberto "el niño" Gómez y José Valdivieso. Tras discutir con la comunidad que defendía su territorio dispararon con armas de fuego contra los comuneros. Chocobar falleció cuando era llevado al hospital por la bala que recibió en la pierna.

La defensa corporativa de las familias tradicionales que tienen vínculos directos en la justicia y el gobierno de la provincia son evidentes en éste y otros casos vinculados a la problemática indígena... ¿o habrá que creer en el "error" del fallo del juez Alfonso Zottoli que dio lugar a que se acepte la apelación ante la cámara de casación y los imputados queden libres?

Se suma a esto la demora judicial que hace que ya vayan tres años sin que llegue a iniciarse el juicio que según la estimación de una de las querellas recién se sustanciaría a principios de 2013. La realización del juicio ya fue confirmada el 2 de marzo rechazándose pasado una apelación de la defensa.

La causa está caratulada como homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, basándose en la información recopilada a lo largo de estos meses por el fiscal interviniente. Así podría caberles cadena perpetua a los 3 imputados.

El caso Chocobar no puede repetirse. Para esto es necesario que la justicia condene a los autores del crimen y puedan en este marco darse a conocer la metodología de apropiación del territorio indígena que se repite y tiene al poder económico detrás.

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Argentina: La Corte Suprema dispuso que se practique un aborto no punible

CIJ

El tribunal suspendió la ejecución de una cautelar dictada por una jueza civil e hizo saber a las autoridades de la Ciudad que no existen obstáculos que surjan de decisión judicial alguna que impidan llevar a cabo la práctica solicitada por la interesada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves suspender la ejecución de una medida cautelar dictada por la Justicia Nacional en lo Civil y, en consecuencia, hizo saber a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que ante el pedido de realizar el aborto no punible de que se trata deberán proceder a la realización de la práctica prescindiendo de la resolución judicial que suspendió su realización.

En su resolución, el Máximo Tribunal (con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay) señaló que “frente a lo decidido por esta Corte sobre la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia dictada en la causa F. 259.XLVI ‘F.A.L. s/ medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles”.

La Corte tomó intervención en el caso a raíz de un conflicto de competencia nacido como consecuencia de las presentaciones sucesivamente realizadas, y con resultados contradictorios, por la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Vida (Pro Familia) primero ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y luego, tras el rechazo a su pretensión por resolución del pasado 5 de octubre, ante la Justicia Nacional en lo Civil, en donde obtuvo resolución favorable el 9 de octubre último.

Como es habitual, en toda cuestión de consecuencia, antes de pronunciarse con carácter definitivo, la Corte remitió las actuaciones a la Procuración General de la Nación.

Descargar resolución de la SCJ desde aquí (PDF)

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Argentina. Junta Indígena Nacional: Licencias de medios a organizaciones kirchneristas disfrazadas de pueblos indígenas

AGENCIA WALSH

La Junta Indígena Nacional denuncia que durante estos tres años de sancionada la Ley de Medios el gobierno otorgó licencias a organizaciones kirchneristas disfrazadas de pueblos indígenas, en connivencia con el Instituto Nacional Indígena y la organización Kolina.

Con fecha 11 de octubre de 2012, la Junta Indígena Nacional difundió el siguiente comunicado:

La presidenta entregó licencias de medios a organizaciones kirchneristas disfrazadas de pueblos indígenas

El artículo 151 de la nueva ley de medios prevé que "los pueblos originarios podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual". Estos conceptos, no alcanzan a ser claros en relación a que su alcance, si es específicamente para pueblos o para cientos de organizaciones que trabajan en temas aborígenes o en contacto con los pueblos y comunidades. La clave radica ahora en establecer qué entidades deben ser reconocidas como "pueblos", según dice el texto legal.

La ley es y fue poco clara y nada de lo que se dijo se cumplió. Hoy organizaciones sociales ligadas estrictamente al kirchnerismo son las beneficiarias de la ley de medios; en connivencia con el Instituto Nacional Indígena y su registro de organizaciones territoriales, que a su vez son beneficiarias de las autorizaciones como pueblos para obtener medios de comunicación. La mayoría de las mismas se encuentran nucleadas y protegidas dentro del plan de organizaciones y medios de comunicación de Kolina.

Nada más real que la verdad: no hay, ni existen medios de comunicación, ni autorizaciones para pueblos originarios, como reza el artículo 151 de la cuestionada ley, puesto que no existía en el 2010 fecha de tratamiento de la ley de medios, ni existe en la actualidad un registros nacional de pueblos indígenas (facultad y obligación del INAI, Ley N° 23302/85 y su decreto reglamentario 155/89); como así tampoco se cumplimentó la creación del Consejo de Coordinación, órgano indispensable con el que supuestamente se pondría en práctica la participación y consulta en todo hecho administrativo, jurídico o gubernamental para llegar a lo que sería un registro de pueblos.

Con estas falencias esenciales jamás se podría interpretar legalmente que el INAI y su confuso procedimiento podrían reglamentar normativas para el reconocimiento de un pueblo originario en un registro que no existe, conformen la interpretación que reglamenta el posterior reconocimiento preexistencial de los pueblos originarios sancionado en el articulo 75, inciso 17, de la reforma constitucional de 1994.

De esta manera, el enredo malicioso del Ejecutivo Nacional sigue infringiendo su misma Ley de Medios y la transforma en una trampa jurídica en desmedro de millones de personas de pueblos indígenas que desconocen esta maraña de engaños de kirchnerismo; sin un verdadero registro nacional de pueblos indígenas, ni la consulta y participación de los mismos, la ley de medios no es clara en disposiciones transitorias y no puede entregar medios o licencias a organizaciones sociales territoriales con el nombre de pueblos originarios.

Daniel Segovia. Consejo Nacional Indígena
Luis Báez. Pueblo Mocovi. Movimiento de Trabajadores Indígenas (MTI-CGT)
Miriam Liempe. CTA

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Argentina, Ciudad Autónoma de de Buenos Aires: La policía amenazó con armas a estudiantes de colegio tomado

RED ECO

La Asamblea de Estudiantes y Docentes del Normal 4 y del Liceo 2 (Av. Rivadavia 4950) de la Ciudad de Buenos Aires denuncia la agresión policial ocurrida el jueves 11 de octubre. A las 4.30 de la madrugada la Policía Federal entró al colegio tomado, puso a los estudiantes contra la pared, apuntó con las armas y los interrogó.

Los efectivos pertenecen a la comisaría de la calle Muñiz y alegaron una supuesta orden judicial que nunca les mostraron.

Los estudiantes realizan este viernes las 14.00 una nueva marcha desde el Ministerio de Educación de la Nación hasta la sede porteña de la cartera educativa para reclamar que no se implemente la reforma educativa en 2013.

Según informó en un comunicado la Asamblea de Estudiantes y Docentes de Normal 4 y del Liceo 2, durante la noche, cuatro efectivos policiales, secundados por tres patrulleros, ingresaron a la escuela tomada, sin anunciarse y saltando el portón de la entrada trasera del edificio (calle Rosario).

Dentro del establecimiento, apuntaron con armas de fuego y linternas a tres estudiantes que salieron a su encuentro, a quienes intentaron hacer un interrogatorio.

Los efectivos policiales desistieron de continuar con su acción de amedrentamiento, recién cuando una madre/responsable que acompaña a los estudiantes en la toma, se interpuso entre ellos y los estudiantes. Luego, se retiraron.

"Por este motivo, la asamblea denuncia la agresión policial y exige el esclarecimiento del hecho, con el correspondiente castigo a los responsables. Llamamos a toda la comunidad educativa del Normal 4 y del Liceo 2, como así también a la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires a pronunciarse contra esta agresión y a acercar su solidaridad durante todo el día de hoy al establecimiento",

El conflicto se inició el 17 de setiembre pasado cuando los estudiantes comenzaron a tomar escuelas secundarias al rechazar una reforma curricular que para el nivel medio quiere aplicar el gobierno porteño, con el objetivo de adecuar los contenidos a los lineamientos generales emitidos por el Consejo Federal de Educación en el año 2009. Los colegios tomados actualmente ascienden a 40.

Los estudiantes afirman que la propuesta del ministro de Eduación porteño, Esteban Bullrich, no satisface su reclamo de que no se implemente la reforma en 2013.

Exigen:

1. Que no se implemente la reforma en 2013 (ningún año) para poder realizar verdaderas jornadas de debate con alumnos y docentes sin presiones de ningún tipo.

2. Que el Presidente del Consejo Federal de Educación (Ministro de Educación Nacional Prof. Alberto Sileoni) firme la prórroga de la homologación (tramite de validez nacional) hasta 2014 (como ya hizo en 2010 hasta el 31/12/2011 por ejemplo) Es importante pedir al Ministro de Educación Nacional la prórroga para que aunque no simplemente este año nuestro titulo siga teniendo validez nacional (como es actualmente).

3. Que el GCBA exija al CFE que no se aplique en la CABA la res 47-08 (que incluye los mínimos de 2000hs humanísticas y 200hs de prácticas profesionalizantes) porque implica la reducción de horas técnicas o el aumento innecesario de la carga horaria total (que bajaría la matricula aun mas). Que el CFE cambie esos mínimos y no exija su aplicación al GCBA hasta que sean cambiados.

4. Que en las jornadas de debate el punto de partida no sea la reforma curricular inconsulta del GCBA. Que el punto de partida sea la necesidad de mejorar la educación técnica actual para reindustrializar el país y no un mero tramite de homologación con resoluciones que no fueron debatidas democráticamente.

Por eso exigieron que se realice una reunión en la locación de Ministerio de Educación de la Nación que sea de carácter resolutivo para tratar los putos anteriormente expuestos, y exigimos la presencia de las siguientes autoridades:

- Ministro de Educación de la Nación
- Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
- Directora General de Curricula de la CABA
- La Directora Ejecutiva del INET
- Un representante estudiantil por escuela.

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Argentina, Misiones: "En medio del naufragio de la pobreza, el gobierno construye faros de utilería"

Carlos Saglul (ACTA)

El secretario general de la CTA Misiones, Jorge Duarte, explicó a ACTA el proceso por el cual se intenta recuperar una fábrica “autogestionaria desde los trabajadores para que sirva a la reconstrucción de la dignidad que significa tener un trabajo, dejar de vivir de subsidios”.

-¿Estuvo en Misiones, Mario Barrios el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados de la Central?

Sí, la idea fue reunirnos con los trabajadores de Industrias Tealeras Argentinas para charlar sobre las distintas experiencias de trabajo autogestionado que se vienen llevando adelante en la región y el país. La empresa de té ITA nació en 1950, era propiedad de la familia Kuhnlein, que habían venido desde Alemania. Funcionó hasta 1992. Después en el 2005 se remató y quedó en manos de la sociedad Campo Viera SRL, pero funcionó poco tiempo. Los trabajadores están como acreedores de la quiebra y también los proveedores de materia prima que iniciaron demandas.

-¿Qué pasa con la segunda experiencia de puesta en funcionamiento?

Lo que hacen siempre. El gobierno les dio un subsidio de 2 millones 250 mil pesos. Cobraron y después cerraron. 600 fuentes de trabajo se perdieron. Hay una promesa del gobierno de entregarla a los acreedores, esto es, los trabajadores y productores.

-¿Cómo se compone la CTA en Misiones?

Hay estatales, judiciales, docentes, tareferos, el Sindicato de Motosierristas, y el de los Trabajadores de Rentas, que son provinciales. También hay agrupaciones territoriales como la Aníbal Verón o estudiantiles como los de la agrupación MURO.

-¿Cuáles son los temas que más preocupan?

Dos temas son centrales, la miseria y el trabajo en negro. Esto se da aun en el Estado. En el área de Salud Pública trabajamos 4.900 compañeros de los cuales 2.700 están contratados en forma irregular. El promedio salarial de una familia con trabajo es de 3.000 pesos y con eso no vive nadie. Fuera del chiste de los 6 pesos, acá hay informes de la Universidad local que señalan que esa cifra no cubre ni la mitad de la canasta familiar. Ni te digo lo que pasa con los subsidios. Se trata toda de pobreza encubierta.

Entre los empleados públicos, la peor realidad es la de los municipales del interior. Hay compañeros ganando 600 pesos. ¿Imaginas una familia viviendo con 600 pesos?. Pero claro, ¡esos no son pobres!

-¿Ya fue aprobado el Presupuesto Provincial?

Es de 12 mil 600 millones de pesos. Con eso bien administrado se podrían resolver muchos problemas sociales o por lo menos comenzar a hacerlo. Pero, desgraciadamente para que eso pase hay que comenzar a dialogar, hablar no solo con los amigos, los que te dicen lo que quieren escuchar los funcionarios.

El gobierno ya destinó 60 millones para construir un faro en la Triple Frontera. Dice que con eso traerá más turistas. Dios quiera ese faro sirviera para iluminarlos, y que puedan ver el hambre, las necesidad acuciantes de este pueblo.

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Marcha popular en Chile en defensa de educación pública

PL

Cientos de estudiantes de secundaria y universitarios marcharon hoy en esta capital en reclamo de que el presupuesto del Estado para 2013 priorice una educación pública, gratuita y de calidad.

A la manifestación se sumaron trabajadores de la salud, padres y otros sectores sociales en respaldo a la demanda del estudiantado, que aspira a salvar con sus movilizaciones la enseñanza para todos.

En sus momentos finales, la marcha fue dispersada por la policía de Carabineros con carros lanza-agua y gases lacrimógenos en enfrentamientos con grupos de jóvenes, que lanzaron piedras contra las fuerzas antimotines y los apertrechados vehículos de los uniformados.

"Este movimiento sigue en pie, y le vamos a decir de forma muy clara a este Gobierno, a todos quienes han hecho negocio con nuestros derechos, que no se lo vamos a permitir nunca más", expresó a los manifestantes al término de la marcha el presidente de la Confederación de Estudiantes de Chile, Gabriel Boric.

El dirigente dijo que una ola de estudiantes, una ola de ciudadanos, una ola de pueblo quiere rebelarse contra los líderes que se han llevado el país para su casa, y prometió que el movimiento va a ser inquebrantable, sin detenerse.

"Y que lo sepa el Gobierno, que lo sepa la clase política", enfatizó Boric.

Los manifestantes portaban carteles exhortando a las autoridades a destinar la mayoría de los fondos del presupuesto de educación a la enseñanza pública, y no a la privada ni a los colegios particulares subvencionados.

"Abajo el lucro a la educación", "No más negocio con la educación", reclamaban algunas de las pancartas, de cara a la discusión del proyecto de presupuesto del Estado para 2013, que está en manos del Parlamento.

Según han denunciado líderes estudiantiles, es de esperar que luego de las elecciones municipales de fines de octubre muchos colegios públicos sean cerrados al no recibir los fondos necesarios para continuar funcionando.

Noam Titellman, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, consideró previo a la marcha que es hora de hacer un cambio de paradigma, de plantear seriamente la necesidad de financiar la educación pública, tanto a nivel de educación superior como a nivel de educación escolar, pero sobre todo esta última.

El dirigente insistió en que Chile solo cuenta con 40 por ciento de matrícula pública en la educación escolar, muy por debajo de los estándares internacionales en esa materia, lo cual tiene profundo impacto en la sociedad.

Representantes de la Mesa Social de Salud se solidarizaron con las demandas estudiantiles, que en opinión de Gabriela Farías, presidenta de la Federación de Profesionales del sector, "el Gobierno no ha sido capaz de resolver".

Farías señaló que la educación y la salud son derechos sociales esenciales que no deben ser conculcados por ningún gobierno, e instó a la ciudadanía a salir a la calle a defenderlos.

En días recientes el presidente Sebastián Piñera presentó los montos principales del proyecto de presupuesto del Estado para 2013, entre ellos un aumento de mil 200 millones de dólares en el capítulo de educación.

La partida total destinada a esa esfera será de 12 mil 800 millones de dólares, que incluye los recursos generados por la reciente aprobada reforma tributaria, fórmula que también recibió fuertes críticas de diversos sectores sociales, al considerarla un incentivo a los colegios privados subvencionados, y no a los públicos.

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Solicitarán a Unasur observación electoral en comicios de Ecuador

PL

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador solicitará a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) una misión observadora del proceso comicial previsto en el país para el 17 de febrero del próximo año.

El consejero del CNE, Juan Pablo Pozo, informó que la próxima semana será enviada una misiva al secretario general del organismo regional, Alí Rodríguez, con la petición para su acompañamiento en las votaciones de 2013.

En esa fecha serán elegidos en las urnas en Ecuador el presidente, el vicepresidente y los 137 integrantes de la Asamblea Nacional.

Pozo confirmó que el ejercicio democrático contará seguro con la presencia de autoridades electorales de los 12 países que integran ese bloque continental.

Respecto al reglamento para la observación electoral, criticado por varios sectores mediáticos y dirigentes políticos de oposición, el consejero del CNE se refirió a las atribuciones constitucionales del ente rector del proceso y llamó a la ciudadanía a no dejarse confundir.

Recordó que el pasado 25 de septiembre se emitió el reglamento de observación electoral, una norma importante al regular las competencias de los participantes en esta misión.

Apuntó que este reglamento contiene los requisitos para la acreditación legal de las personas escogidas para la tarea.

Esta semana el CNE modificó el reglamento al enmendar el artículo 20, el cual prohíbe la publicación de resultados oficiales, e incorporarse una nueva disposición.

En particular la cláusula indica que se pueden realizar pronósticos electorales, pero no la publicación de resultados, lo cual es competencia únicamente del máximo órgano electoral.

El CNE aprobó la participación de 11 agrupaciones de carácter nacional tras la revisión de las fichas de afiliación de 160 organizaciones políticas luego del fraude detectado en sus nóminas.

Los partidos y movimientos que podrán concursar en las urnas son Alianza País, Sociedad Patriótica, Ruptura, Avanza, Creo, Partido Social Cristiano, Partido Socialista Frente Amplio, Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), Movimiento Popular Democrático, Pachakutik y el Partido Roldosista.

Según la legislación vigente, no podrán participar en la contienda Concertación, Equipo, Suma, Libertad y Justicia, Participación, Renacer, CFP, Municipalista, Unión ecuatoriana, Unidos por la Democracia, Integrador, Poder popular, Conciliación, Lealtad, Igualdad y Desarrollo y Acción Patriótica.

Para la inscripción, las organizaciones políticas debían presentar el apoyo de al menos el 1,5 por ciento del padrón electoral nacional.

La fecha dispuesta para la convocatoria de los comicios se efectuará el próximo día 18.

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Guatemala: PDH condena asesinatos en Totonicapán; 9 militares acusados de ejecución extrajudicial

CERIGUA

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León, condenó enérgicamente los hechos ocurridos en Totonicapán el pasado 4 de octubre, donde fueron ejecutadas ocho personas, y responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado y al ejército por las muertes; el Ministerio Público (MP) acusó a un coronel y a ocho soldados de cometer ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa.

El Procurador declaró que durante las movilizaciones del 4 de octubre, en la Cumbre de Alaska, en jurisdicción de Totonicapán, se violentó el derecho humano a la vida y a la integridad de las 35 personas que resultaron heridas y 8 muertas; los principales responsables son las fuerzas de seguridad y el ejército.

En un comunicado de prensa, el Ombudsman exigió las respectivas instituciones del Estado, la persecución penal y la determinación de las responsabilidades en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad y del ejército, involucradas en los hechos.

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recomendó al Presidente, Otto Pérez Molina, modificar los protocolos de diálogo del gobierno y sustituirlos por mecanismos que identifiquen y promuevan la igualdad, la equidad y el respeto de las garantías individuales, económicas y sociales; además darle un tratamiento integral a la solución de las demandas sociales.

Según análisis de la PDH, durante las movilizaciones el Estado incumplió la Constitución Política de la República, al no garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas; también la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, específicamente lo relacionado con el papel que debe desempeñar el ejército en una sociedad democrática.

El Organismo Ejecutivo realizó acciones de fuerzas combinadas en donde participó la Policía Nacional Civil y el ejército de Guatemala y que tuvieron como resultado la muerte de ocho personas y otras 35 heridas.

En conferencia de prensa realizada el medio día del jueves, la Fiscal General del MP, Claudia Paz, dio a conocer los resultados de las primeras investigaciones, entre los que se destaca la captura del coronel Juan Chiroy y a otros ochos soldados, acusados de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa.

La población de Totonicapán, se movilizó el 4 de octubre para exigir el cese del alto costo de la energía eléctrica, su desacuerdo hacia las reformas a la Constitución Política de la República y por el aumento de años de estudio a la carrera magisterial.

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Reacciones en Nicaragua por acto de hostilidad colombiana

PL

El asedio a una embarcación civil nicaragüense con fines científicos en el mar Caribe por navíos militares colombianos concita hoy el rechazo de diversos sectores que califican el hecho como atentado a la soberanía nacional.

Mediante pronunciamiento de la Cancillería, el gobierno del presidente Daniel Ortega denunció la víspera que dos buques de guerra colombianos, ARC-53 (Antioquia) y ARC-161 (Cartagena) interceptaron la embarcación civil nicaragüense Medepesca III.

Entre tanto, según el texto, un avión RC-130 Hércules, también de esa nación suramericana, sobrevoló "en actitud intimidante", tratando de impedir el desarrollo de las labores investigativas.

De acuerdo con la declaración, el único fin del equipo a bordo del Medepesca III es recabar información para ser presentada en el foro de la Convención Internacional para el Comercio de Especies en Peligro de Extinción por realizarse en Panamá en noviembre.

Sitios digitales mantienen en su portada el texto íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores y los dos periódicos de circulación nacional insertan amplios reportes bajo los títulos de "Colombia en actitud hostil" y "Tensión con Colombia".

A juicio de las autoridades de Bogotá, el Medepesca III invadió aguas territoriales colombianas en el Mar Caribe sin ningún permiso, por lo cual se justifica la acción militar.

Interrogado por los periodistas, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, mayor general Oscar Balladares, recordó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dejó claramente establecido que el meridiano 82 no es límite entre Colombia y Nicaragua.

"Desde ese punto de vista nosotros tenemos incubado en este tribunal un juicio y precisamente es algo que está pendiente de dirimirse de manera clara, por tanto creo que ninguna nación se puede arrogar el derecho de decir que este es el límite que le corresponde", dijo Balladares.

La Cancillería señaló que el Medepesca III estará en aguas del Mar Caribe hasta el martes 16 de octubre y reclamó el cese de la hostilidad contra la embarcación, al considerar que actitudes de esa índole violentan los principios de la convivencia internacional y para nada abonan las relaciones entre países vecinos.

Consultado sobre el tema, el experto en derecho internacional Mauricio Herdocia señaló que el fallo emitido el 13 de diciembre de 2007 por la CIJ estableció de manera clara y determinante "que no hay una frontera en el meridiano 82".

Por consiguiente, Nicaragua tiene el pleno derecho de navegar al menos en sus 200 millas náuticas y específicamente para las labores de investigación en su zona económica exclusiva, estimó.

Las acciones emprendidas por Colombia no guardarían correspondencia con las decisiones adoptadadas por el tribunal mundial y tampoco es positivo tomando en cuenta que estamos a escasas semanas de que la CIJ se pronuncie sobre el diferendo, opinó el jurista.

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México condena asesinato de joven por patrulla fronteriza de Estados Unidos

PL

El gobierno mexicano condenó y deploró hoy un incidente en la zona fronteriza entre Sonora y Arizona, donde un joven connacional perdió la vida por disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó en un comunicado que es imperativo que las autoridades competentes estadounidenses realicen una investigación oportuna y transparente del hecho y la lleven a sus últimas consecuencias.

Añadió la SRE que las autoridades mexicanas harán lo propio dentro de su jurisdicción.

La información preliminar disponible en este momento, finaliza la nota, genera nuevamente serias dudas sobre el uso de fuerza letal por agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que el Gobierno y sociedad mexicanos condenan y deploran enérgicamente.

De acuerdo con informaciones de prensa, un adolescente de 16 años fue ultimado en la parte mexicana por agentes estadounidenses.

El suceso fue confirmado el jueves por la Policía Estatal Investigadora de Sonora.

Se trata de la tercera persona que muere en territorio mexicano desde julio pasado por disparos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que en todos estos casos ha sostenido que repelieron ataques con piedras.

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México: A contracorriente, jóvenes indígenas defienden derecho a decidir

Citlalli López (CIMAC)

Ana Sosa tiene la misma edad que su madre cuando se casó; pero a sus 17 años, la joven de comunidad rural mira el mundo desde otro enfoque. Ella rechaza ser madre adolescente porque conoce y ejerce sus derechos sexuales y reproductivos.

Aunque con menos incidencia, las mujeres de Teotitlán del Valle, municipio de la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca, estaban esquematizadas a las labores domésticas, así como a parir y cuidar hijos.

Actividades como cocinar, lavar la ropa, asear y servir al padre y los hermanos, eran como normas no establecidas que las jóvenes tenían que cumplir como preparación para el matrimonio, situación que ocurría antes de rebasar los 20 años, dice Ana según las experiencias relatadas por su madre y abuela.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que el promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de áreas rurales es superior al registrado en áreas urbanas. En promedio las mujeres rurales de 12 y más años tienen 3.2 hijos nacidos vivos porque inician a más temprana edad su ciclo reproductivo.

Rompiendo aquellos esquemas tradicionales, la joven estudiante de quinto semestre en el Bachillerato Integral Comunitario abrió espacios para difundir y hacer valer su derecho a decidir sobre su sexualidad y fecundidad.

Ella forma parte de una red a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes en las comunidades rurales e indígenas de Oaxaca.

“En cuestión de derechos sexuales y reproductivos hay poca información porque es un tema casi prohibido en las comunidades; eso arroja a que las jóvenes caigan en un embarazo temprano y abandonen por completo la escuela”, advierte.

Por ejemplo, de cada 100 mujeres rurales de 15 a 19 años, 12 tienen al menos un hijo nacido vivo, contra 10 de cada 100 urbanas; en tanto que 54 de cada 100 mujeres rurales contra 43 de cada 100 urbanas de 20 a 24 años cuentan ya con al menos un hijo.

Lo anterior, expresa Ana Sosa, tiene que ver con la falta de información y acceso a métodos anticonceptivos porque en las comunidades rurales e indígenas no se habla de sexualidad.

“Hablar de estos temas es un proceso de mucho tiempo, pero lo importante es que nos atrevamos a hacerlo por nosotras mismas”, añade.

Resistencia en las comunidades

De las oaxaqueñas que habitan en comunidades rurales, 36 de cada 100 son niñas de 0 a 14 años; 25 de cada 100 son jóvenes de 15 a 29 años; 17 tienen entre 30 y 44 años; 11 de 45 a 59 años, y la misma proporción (11 de cada 100) tienen 60 y más años. El promedio de edad de las mujeres rurales del estado es de 22 años.

Soraida Martínez, originaria de Tlacochahuaya, municipio cercano a Teotitlán, porta sin temor su camiseta con el lema “Ama a tu prójimo como a ti mismo. Usa condón”. Las miradas no se hacen esperar sobre la leyenda de la joven, pero poco a poco los adultos comenzaron a aceptar que las mujeres hablen de anticonceptivos.

Ella tiene 18 años y en 2011 se integró a la Red de Jóvenes de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Desde entonces se dedica a difundir entre sus compañeras parte de los conocimientos adquiridos sobre los derechos sexuales y reproductivos, pues asegura que este es uno de los temas fundamentales para que las mujeres tomen conciencia y dejen la falsa idea de un destino dedicado únicamente a la maternidad.

Sori –como le dicen en su pueblo– no ha escapado de la crítica y los señalamientos, pero aún así no da un paso atrás en su labor porque quiere aportar su granito de arena para cambiar el destino de las mujeres de su comunidad.

Estéfani Alejandra García Juárez tiene 16 años y cursa el tercer semestre de bachillerato. Comenta que la mayoría de las mujeres de las comunidades rurales viven violencia en sus hogares porque conservan la idea de que el marido es quien decide sobre ellas.

Antes de formar parte de la Red de Jóvenes de CDD, su proyecto de vida era casarse antes de los 20 años y tener hijos. Ahora su idea es estudiar psicología y el matrimonio está lejos de sus metas.

El proyecto del cual forman parte estas jóvenes de comunidades rurales se denomina “Promoviendo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva entre adolescentes de comunidades indígenas y rurales en México”, desarrollado en los estados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero.

En Oaxaca son nueve comunidades donde se aplica el proyecto, entre éstas Teotitlán y Tlacochahuaya, con participación de jóvenes de Mitla, Macuilxochitl, Tlacolula, Santa Ana, entre otras.

Antonio Bautista Ayala, integrante de CDD, explica que ser indígenas y rurales establece más barreras que en las zonas urbanas sobre este tema, sin embargo destacó que las jóvenes comienzan a sentirse sujetas de derecho.

El próximo 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, establecido por la ONU en su resolución 62/136 del 18 de diciembre de 2007, para reconocer la función y contribución decisivas de las mujeres rurales, incluidas las indígenas, en la promoción del desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza en el campo.

En México se considera como población rural a la que reside en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, y población urbana a la que habita en localidades con 2 mil 500 habitantes o más.

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