jueves, 18 de octubre de 2012

La noticia más censurada N° 3: Polvillo radiactivo de Fukushima mató hasta 18.000 personas en Estados Unidos

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Las consecuencias del desastre nuclear Fukushima 2011 son mayores que las reconocidas, al punto que científicos estiman en 14.000 las muertes en Estados Unidos a causa del polvillo radiactivo proveniente de Japón, según un informe de diciembre 2011 del International Journal of Health Services (Diario Internacional de Servicios de Salud).

De continuar las investigaciones, las muertes reales podrían ascender a un total de 18.000, mientras la red detectora de radiación (RadNet) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) presenta fallas de mantenimiento y equipos a menudo mal calibrados.

En lo grueso, el impacto en Estados Unidos ha sido comparado con las muertes relacionadas con la radiación ocurrida después de Chernóbil. Los más afectados son los niños y la continuación de la investigación probablemente mostrará incluso un balance más alto de muertes.

Según el informe de Joseph Mangano y Janette Sherman, citado por Proyecto Censurado, la estimación de 14.000 muertes en Estados Unidos durante las 14 semanas posteriores a las fusiones en Fukushima es comparable con el exceso de 16.500 muertes ocurridas en las 17 semanas después de la fusión de Chernóbil en 1986. El incremento de muertes divulgadas después de Fukushima fue mayor entre los niños de menor edad de Estados Unidos. El aumento de muertes infantiles durante la primavera 2010-2011 fue de 1,8 por ciento, comparado con un decrecimiento de 8,37 por ciento en las 14 semanas anteriores.

Mangano es epidemiólogo, MPH MBA, director ejecutivo del Proyecto Radiación y Salud Pública y autor de 27 artículos y textos de ese diario médico. La doctora en medicina Janette Sherman es internista y toxicóloga, participó como co-editora del informe “Chernóbil - Consecuencias de la Catástrofe para la Gente y el Ambiente”, publicado por la Academia de Ciencias de Nueva York en 2009, y es autora de “Exposición Química y Delicado Equilibrio entre Enfermedad y Vida - Causas y Prevención del Cáncer de Pecho”.

Mangano y Sherman dijeron: “Basados en nuestras continuas investigaciones, la contabilidad de muertes reales aquí puede ascender a 18.000, como por gripe y neumonía, que estuvieron por encima del 20% como causa de la muerte en el período. Las muertes fueron observadas a través de todas las edades, pero continuamos encontrando que los niños son los mayores afectados porque sus tejidos se están multiplicando rápidamente mientras sus sistemas inmunes aún no están desarrollados y las dosis de radioisótopos recibidos son proporcionalmente mayores que para los adultos”.

Apenas seis días después de las desastrosas fusiones que afectaron a cuatro reactores en Fukushima, el 11 de marzo 2011, los científicos detectaron que un penacho de polvillo radiactivo tóxico emanado de las fusiones había llegado a las costas estadounidenses. Las subsecuentes mediciones a través de Estados Unidos de la Agencia de Protección Ambiental encontraron niveles de radiación centenares de veces superiores al rango normal en el aire, el agua y la leche.

Se detectaron altos niveles de Iodine-131 en precipitación sobre Estados Unidos (normalmente son cerca de 2 picocuries de I-131 por litro de agua): en Boise (Idaho) 390; Kansas City 200; Salt Lake City 190; Jacksonville (Florida) 150; Olympia (Washington) 125; y Boston 92.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) publica informes semanales sobre cantidad de muertes en 122 ciudades de Estados Unidos con una población mayor a 100.000 habitantes, cerca de 25-30 por ciento de la nación. En las 14 semanas posteriores al arribo del polvillo radiactivo de Fukushima a Estados Unidos (del 20 de marzo al 25 de junio), las muertes reportadas por el CDC crecieron en 4,46 por ciento en comparación al mismo período de 2010, en contraste con el 2,34 por ciento registrado en las 14 semanas anteriormente. Ése es el exceso de muertes que se estima en 14.000.

El epidemiólogo Joseph Mangano dijo: “Este es el primer estudio de los peligros para la salud derivados de Fukushima que se publicara en un diario científico. Despierta inquietudes, y sugiere con fuerza que continúen los estudios de salud para entender el verdadero impacto de Fukushima en Japón y en todo el mundo. Los hallazgos son importantes para la discusión actual de si construir nuevos reactores y sobre cuánto tiempo mantener el uso de los que están en funcionamiento”.

Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.

Fuentes:
- Joseph Mangano and Janette Sherman, “14,000 U.S. Deaths Tied to Fukushima Reactor Disaster Fallout,” International Journal of Health Services, December 19, 2011, http://www.radiation.org/press/pressrelease111219FukushimaReactorFallout.html lex Roslin, “What Are Officials Hiding about Fukushima?” Straight.com (Vancouver), October 20, 2011, http://straight.com/article-491941/vancouver/what-are-officials-hiding-about-fukushima?page=0,1.
- Danny Schechter, “Beyond Fukishima: A World in Denial about Nuclear Risks,” Common Dreams, March 21, 2011, http://www.commondreams.org/view/2011/03/21-0.
- “RadNet or SadNet? The EPA’s Failed Radiation Detection System,” PSTUPH (blog), April 4, 2011, http://pstuph.wordpress.com/2011/04/04/radnet-or-sadnet-the-epas-failed-radiation-detection-system.
- Lucas W. Hixson, “The EPA Took RadNet Down Because They Were Getting Data From ‘Other’ Sources,” March 23, 2011, Enformable Nuclear News, http://enformable.com/2011/11/march-23rd-2011-the-epa-took-radnet-down-because-they-were-getting-data-from-more-reliable-sources.
- James Corbett, “US Radiation Monitoring May Have Been Handed Off to Nuclear Industry Lobbyists,” Fukushima Update, November 4, 2011file://localhost/, http/::fukushimaupdate.com:us-radiation-monitoring-may-have-been-handed-off-to-nuclear-industry-lobbyists.
- Michael Kane, “Fallout,” Collapse Network, March 24, 2011, http://www.collapsenet.com/free-resources/collapsenet-public-access/item/723-fallout.
- Alexander Higgins, “Confirmed: EPA Rigged RADNET Japan Nuclear Radiation Monitoring Equipment To Report Lower Levels of Fukushima Fallout,” Alexander Higgins Blog, May 19, 2011, http://blog.alexanderhiggins.com/2011/05/19/confirmed-epa-rigged-radnet-japan-nuclear-radiation-monitoring-equipment-report-levels-nuclear-fallout-22823.
- http://www.mediafreedominternational.org/2012/03/26/14000-u-s-deaths-tied-to-fukushima-reactor-disaster-fallout/
- http://www.mediafreedominternational.org/2012/04/10/what-are-officials-hiding-about-fukushima/
- http://www.mediafreedominternational.org/2012/02/27/epa-and-nrc-turn-to-nuclear-industry-lobbyists-for-radiation-monitoring/
Estudiantes investigadores: Lyndsey Casey, Morgan Womack y Josh Crockett (Sonoma State University); Alyssa Barbieri (Florida Atlantic University)
Evaluadores académicos: Sheila Katz, Peter Phillips y Heather Flynn (Sonoma State).

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La coyuntura política chilena: Michelle Bachelet amenaza rechazar la candidatura (presidencial)

Manuel Salazar Salvo (PUNTO FINAL)

La ex presidenta Michelle Bachelet hizo saber a los máximos dirigentes de la Concertación su profundo disgusto por la crisis que afecta a la coalición. Les manifestó, incluso, que en este momento no hace pública su decisión de no repostular a La Moneda para no agravar la situación, en vísperas de las elecciones municipales.

Agregó que -de no resolverse los problemas- inmediatamente después de los comicios del 28 de octubre comunicará su resolución y renovará por otros dos años su contrato con la ONU. Todo esto según una fuente concertacionista que pidió a PF mantener su identidad en reserva.

El amenazante mensaje de Bachelet encendió alarmas de naufragio en las cúpulas de la Concertación, en especial en el Partido Socialista y en la Democracia Cristiana, que se han abocado con mayor diligencia a tratar de frenar los ímpetus del eje conformado por el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana (ex Cristiana), agrupados para las elecciones de concejales en la lista Por un Chile Justo.

Los urgentes llamados a la “unidad” efectuados por dirigentes enterados de la amenaza de Bachelet han tropezado, sin embargo, con el afán del PPD (Partido por la Democracia) y sus aliados de diferenciarse del pacto PS-PDC (socialistas y democrata cristianos) y de levantar una plataforma programática que incorpore las principales reivindicaciones del movimiento social, entre ellas el llamado a una Asamblea Constituyente, educación y salud gratuitas, una profunda reforma tributaria y la nacionalización de recursos energéticos.

Los resultados de los comicios municipales, tanto en alcaldes como en concejales, medirán las fuerzas de los dos pactos concertacionistas y -probablemente- determinarán sus futuras alianzas y los contenidos del o de los programas que presenten en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año.

Michelle Bachelet se siente próxima a los postulados de la troika socialista de Camilo Escalona, Osvaldo Andrade y Francisco Aleuy, los mosqueteros de la denominada Nueva Izquierda, que privilegian los acuerdos con el PDC y el mantenimiento del estatus político e institucional, aspirando sólo al cambio del sistema binominal y a un maquillaje constitucional efectuado a través de una comisión parlamentaria bicameral.

La hora final

Una posible “bajada” de Bachelet significaría el quiebre de la Concertación y el nacimiento de dos nuevos referentes: uno encabezado por el PPD y sus actuales aliados, mirando hacia la Izquierda; y otro, dirigido por el PS y el PDC, de cara hacia los sectores más liberales de la derecha. En este escenario, es probable que en casi todos los partidos haya una fuga de militantes. Los seguidores del ex presidente Ricardo Lagos en el PPD, el llamado “laguismo pepedeísta” encabezado por los diputados Jorge Tarud, Marco Antonio Núñez, María Antonieta Saa y Felipe Harboe, entre otros, han sido muy críticos del acercamiento al PC y a otros grupos de Izquierda y preferirían mantenerse junto al PS y la DC. Desde el PS, mientras, sectores importantes de su dirigencia intermedia y de la militancia optarían por emigrar a otra tienda o constituir un nuevo referente socialista, como ha ocurrido otras veces en la historia de ese partido.

En cualquier caso, el retiro de Bachelet de la competencia por la Presidencia de la República dejaría como participantes en una primaria concertacionista a Andrés Velasco (independiente, del ala derecha de la Concertacion), José Antonio Gómez (PR), Claudio Orrego y Ximena Rincón (ambos DC), ninguno de los cuales logra prender en las encuestas. Sorprendentemente, sin ser precandidato, el único concertacionista que aparece mejor evaluado en las consultas es el senador PPD Ricardo Lagos Weber.

Otro factor relevante que inquieta a Escalona y a sus aliados del PDC es Marco Enríquez-Ominami, quien en la mayoría de las encuestas figura por sobre los precandidatos presidenciales de oposición, excepto la actual secretaria de ONU Mujer. Incluso el ex ministro Francisco Vidal, muy próximo a Bachelet y encargado programático del PPD, ha sostenido que si la ex presidenta renuncia a postular, la Concertación en su conjunto debería tratar de llegar a un acuerdo con Enríquez-Ominami para apoyarlo en su camino a La Moneda. De hecho, el programa que levanta el pacto Por un Chile Justo se asemeja mucho al de MEO, proclamado por su partido en el Teatro Caupolicán.

Enríquez-Ominami y el Partido Progresista levantaron más de mil candidatos a alcaldes y concejales en doce de las quince regiones del país. La votación que recojan el 28 de octubre será considerada un indicador relevante de su futuro político.

El desesperado afán de las dirigencias “bacheletistas” del PS y del PDC por ordenar a la Concertación detrás de la ex mandataria con la única pretensión de retornar a La Moneda, pero sin atender seriamente las demandas ciudadanas, podría acarrear graves consecuencias a un nuevo posible gobierno de Bachelet. Si las peticiones del movimiento estudiantil y de crecientes grupos ciudadanos organizados no son escuchadas, es probable que éstas resurjan con más fuerza haciendo ingobernable el país, poniendo en constante zozobra a las instituciones y sacudiendo hasta sus cimientos el modelo neoliberal vigente. Esto lo han percibido algunos miembros de la oposición y han obrado en consecuencia, insistiendo en que la candidatura de Bachelet requiere no sólo de su reconocido carisma y simpatía, sino también de un programa claro y transparente, que incorpore las demandas populares y emprenda transformaciones de fondo del sistema económico y político.

El ex presidente Ricardo Lagos Escobar, entretanto, aumentó sus intervenciones públicas insistiendo en que diversas iniciativas de su gobierno fueron suspendidas o discontinuadas en la administración de Bachelet, como ocurrió -por ejemplo- con proyectos de obras públicas y de vivienda y urbanismo. Muchos “laguistas” no olvidan que los equipos de Bachelet, recién llegados al poder en 2006, desmontaron en los ministerios y servicios públicos las estructuras creadas por Frei y Lagos en sus respectivos gobiernos, las que se habían mantenido casi intactas desde 1994 hasta 2005. Algunos de los afectados recuerdan que en el sector público hubo más despidos tras la llegada de Bachelet que los registrados luego que asumiera Sebastián Piñera. Lagos Escobar, creen sus cercanos, podría ser el reemplazante de Bachelet si ésta decide no postular. Sin embargo, reconocen que Lagos podría ser derrotado con facilidad por Golborne.

La marginación de Bachelet de la carrera presidencial provocaría también un completo reacomodo de los candidatos opositores al Senado y a la Cámara de Diputados, donde muchos ya se sienten con el número puesto si la abanderada fuera la actual funcionaria de la ONU. Las senadurías de Camilo Escalona, Jorge Pizarro, Soledad Alvear y Eduardo Frei, entre otras, rigurosamente acomodadas por las actuales dirigencias concertacionistas, se verían amenazadas por aspirantes de variados orígenes políticos. Lo mismo, aunque con mayor intensidad, se observaría en la competencia por llegar a la Cámara Baja.

Los comicios municipales

Cuando faltan dos semanas para los comicios municipales (28/10), las encuestas revelan una dura competencia por las alcaldías en gran parte de las comunas emblemáticas, donde el factor determinante serán los casi 4,5 millones de nuevos votantes, sumándose a los 8,5 millones que existían, totalizando un universo electoral de unos catorce millones de personas.

En las últimas elecciones de alcaldes, en 2008, la derechista Alianza por Chile obtuvo 40,49% de los sufragios; la Concertación -en dos listas-, un 38,43%, y el resto de las fuerzas, agrupadas en otros pactos e independientes, 21,08%. Las votaciones para concejales, en tanto, entregaron un 45,20% para la Concertación, 36,05% para la Alianza y 18,25% para el resto.

La Alianza se impuso aquella vez por primera vez desde 1989 y la Concertación perdió 62 alcaldes, entre ellos los de trece de las quince capitales regionales, manteniendo sólo las ciudades de La Serena y Puerto Montt. En la Región Metropolitana, la Alianza triunfó en 27 municipios y la Concertación en 20. Entre los municipios más importantes que perdió la Concertación figuraron Santiago, Valparaíso, Rancagua, Talca, Linares, Chillán, Coronel, San Carlos, Angol, Temuco, Corral, Ancud, Cerro Navia, Conchalí, Quilicura y San Bernardo.

La derecha se alineó en esta oportunidad en una sola lista para tratar de repetir los resultados de 2008 y mantener la mayoría de las alcaldías de las principales ciudades. En la UDI y RN saben que la tarea será muy difícil y que solo unidos tienen posibilidad de conseguirla. Dos factores son los que más los inquietan: el deterioro del gobierno de Piñera en relación a 2009 y la suma de los votos de la Concertación con los del desaparecido pacto Juntos Podemos Más, encabezado por el PC. En 2008 consiguió 6,36% de los votos en alcaldes y el 9,07% en concejales. En el papel, de repetirse la votación conseguida por los dos principales conglomerados hoy opositores, sumarían cerca del 49% en alcaldes y casi 55% en concejales, sin contar la votación de los independientes que les apoyan.

La inquietud de las tiendas oficialistas se ahonda al pensar en la perspectiva de perder las principales comunas, como Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco, además de bastiones metropolitanos emblemáticos como Providencia, Puente Alto, San Bernardo y Estación Central. Su peor balance sería perder en Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Antofagasta, Talca y Rancagua, además de las comunas aledañas al centro cívico de la capital, es decir Providencia, Recoleta, Quinta Normal, Independencia, San Joaquín y Cerrillos.

En los últimos días, los candidatos del oficialismo desplegaron una gigantesca campaña de propaganda y un ejército de ayudistas financiados con millonarios recursos en un desesperado intento por no perder las principales comunas. En los carteles y “palomas” que pueblan avenidas y parques de las ciudades no aparece la figura del presidente Piñera, que enfrentó a comienzos de octubre una de las semanas más negras de su administración al fracasar la licitación del litio y conocerse un bochornoso escándalo en el Ministerio del Interior con dineros destinados a financiar el combate contra las drogas.

Los sobresaltos del gobierno, sin embargo, parecen no afectar a los dos precandidatos presidenciales del sector, los ministros Laurence Golborne y Andrés Allamand, que esperan el resultado de los comicios municipales y el desempeño de la UDI y de RN para mover sus piezas en la disputa por transformarse en el abanderado de la derecha. Hasta ahora Golborne, arropado en el gabinete de Piñera, lleva clara ventaja, pero cuando se despoje del aura ministerial quedará expuesto a la rudeza de la política en las calles y al desempeño y experiencia que en ese escenario tiene el actual ministro de Defensa.

Así, tanto en las filas de la derecha como en la Concertación aún no se define nada de cara al tramo final de las elecciones presidenciales. El único que ya está en la cancha, dispuesto a llegar hasta el final -según dice- es el sorprendente Marco Enríquez-Ominami.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 768, 12/ de octubre, 2012.

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“Operación Escarmiento” para que no queden dudas y no cunda el ejemplo… Nueva víctima de la caricaturesca ¿Justicia? Colombiana

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Condenan a nuestro colega y amigo, Fredy Muñoz Altamiranda, a 15 años de prisión en otro “Falso Positivo Judicial”.

Hace un mes fue condenado Joaquín Pérez Becerra, director de esta agencia de noticias, en un juicio que no tendría asidero en otro país. Ese comentario no es nuestro, es de los colegas colombianos, transmitidos recientemente al Lars Palmgren, corresponsal en América Latina de la Radio Estatal Sueca, SR, después de haber entrevistado a Pérez en la cárcel La Picota.



Ahora nos llega la Carta Pública del compañero Fredy, informando sobre otro caso de la macabra trama judicial colombiana: el suyo.

Nos cuenta que fue condenado a 15 años de cárcel, a través de un juicio falso y absurdo, ya que el colega fue acusado de ser integrante del Frente 37 de las FARC-EP.

Por supuesto en dicho juicio no quedó constancia de que el compañero ejercía su profesión de comunicador social del canal Telesur, lo cual hubiera sido muy distinto y más noble porque esa era su realidad y no la lucha dentro de la organización guerrillera.

La rabia contra Telesur y su corresponsal colombiano

En el año 2005 en el continente americano se abrió el espacio Telesur, causando fastidio indisimulado entre los socios de la SIP -Sociedad Interamericana de Prensa- dirigida y financiada, desde la década del ’40, nada más ni nada menos que por la CIA.

Al hacer su aparición, Telesur, la reacción de esos personajes mercenarios de la información fue similar a la que manifestaron cuando ANNCOL hizo su aparición en la mitad de los ´90. Grande fue su malestar porque no podían neutralizar la voz de esta agencia ya que no se encontraba en tierra colombiana.

Telesur habría de oponerse al monopolio de los medios oligarcas como por ejemplo, el clan Santos, Santodomingo, Carlos Slim y Cía y eso resultaba demasiado fastidioso.

Fredy Muñoz fue uno de los primeros reporteros de Telesur en Colombia y tuvo que soportar bastantes agresiones de la clase social que se siente dueña de Colombia.

Entra en acción el DAS-G3

Durante la primera instancia del juicio, en el año 2007, el compañero fue absuelto y por obvias razones decidió instalarse en Venezuela, sabiendo que su vida en la tierra que lo vio nacer corría demasiado peligro.

No sólo Fredy fue objetivo del régimen uribista. También cayó la estigmatización sobre William Parra, jefe de redacción de Reuters en Bogotá y hombre cáustico cuando de formular preguntas se tratara en la Casa Presidencial. Por supuesto ello apresuró la avalancha de críticas que cayeron sobre él, en Colombia no se acepta que un periodista ejerza las bases del verdadero periodismo.

William fue apuñalado un domingo, mientras paseaba con su familia por la sabana de Bogotá, salvando su vida de manera inexplicable para quienes no creemos en milagros.


Foto: Durante años y desde el doloroso exilio, William Parra luchaba para que su honra fuera restablecida.

Al igual que Fredy, incapaz de dejarse amedrentar por las hordas fascistas, William continuó con su tarea hasta que aterrizó ante el mismo poder judicial, porque los ideólogos del régimen estaban desesperados por tener gente enredada en la llamada “Farc-política”. Después de 5-6 años de juicios, el colega Parra fue absuelta, gracias por la solidaridad internacional de los colegas en el mundo. Un reconocimiento a las autoridades y gobierno de Venezuela que no se dejaron a presionar por el Estado Colombiano. Hoy, William colabora con Telesur.

Los montajes contra Hollman, Lozano…

Siguió la lista de periodistas estigmatizados por la “justicia” colombiana, pasando a engrosar la lista Hollman Morris, Carlos Lozano, Claudia Duquet, Daniel Coronel, un periodista británico y quien escribe.

Todos fuimos objeto de persecución del grupo ilegal DAS-G3 durante un tiempo interminable. Según Santos, el DAS está disuelto. Pero no dejó sus operaciones y guerra psicológica.

Juan Gossaín, el legendario director de RCN Radio, una mañana de 2009 leyó su editorial y calificó a la Policía Política Secreta de Uribe como una banda criminal, una mafia y concluyó asegurando que no actuaba como una rueda suelta, sino que lo hace bajo órdenes estrictamente dirigidas para neutralizar todo tipo de oposición contra el régimen criminal de Uribe.

Videomontajes DAS contra Hollman y Emanuelsson


Foto: “Incluir en video de FARC”, era el plan del DAS-G3 contra Hollman Morris y Dick Emanuelsson.


Foto: Los agentes del DAS-G3 hacen el trabajo “sucio” y la fiscalía y el Poder Judicial formaliza los montajes de los “Falsos Positivos Judiciales”

Contra Hollman Morris y mi persona, los agentes del DAS-G3 estaban listos para fabricar videomontajes, ubicándonos como guerrilleros de las FARC, lo mismo que aplicaron a Fredy. Al mismo tiempo tenían el espacio para implementar sus campañas sucias en los medios que históricamente han sido fieles al poder fáctico colombiano.

Causa gracia a todos los que conocemos a Freddy Muñoz, verlo en una foto truncada en el cuerpo de un guerrillero de casi dos metros de altura, cuando el compañero no mide más de 1.65 metros.

A mi la fiscal en el juicio contra Joaquín Pérez, me acusaba de ser guerrillero, presentando una foto de “prueba reina” para desacreditar mi credibilidad como testigo.

La fiscalía “googeleando” buscando pruebas

En realidad todos pueden darse cuenta que soy un rubio sueco. Vale agregar que la foto fue sacada por mí mismo en el año 2001. Y seguimos agregando, en el mismo grupo fotografiado están los comandantes, Pastor Alape (FARC) y Gallero (ELN) y otros guerrilleros cuyas edades oscilaban entre los 18 y 25 años. Sus cabellos negros contrastaban con los míos, canos, ya que yo casi había llegado a los 50 años.

Es más, la foto que la fiscal descargó de Google desde la portal de Prensa Rural, unos días antes de mi testimonio, el 19 de agosto (2012), había sido publicada en tres columnas en el semanario VOZ la primera semana de febrero del 2001 junto con el reportaje que hice ese día cuando cinco fortificaciones de los paramilitares habían sido tomadas por una combinada fuerza guerrillera de la FARC-ELN. Es más que obvio, que el juez no pudo hacer otra cosa que rechazar la foto de la fiscal que quedó totalmente desenmascarada.



A rechazar el terrorismo judicial colombiano.

Este comentario accesorio no está desprendido de la realidad que hoy padece nuestro compañero Freddy Muñoz. Vemos, con los datos aportados, que nuestro colega es víctima de una justicia caricaturesca, dañina y como tal, demasiado peligrosa.

Hoy está siendo estigmatizado por semejante caricatura de justicia, nuestro compañero. Urge que nuestros colegas en el mundo levanten su voz contra semejante atropello a la libertad de expresión y garantías plenas de ejercer el periodismo sin ser asesinado o encarcelado.

Exijamos Justicia para Freddy Muñoz, el terrorismo de estado colombiano buscará más víctimas y sólo nuestra solidaridad podría detener semejante barbarie.

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Carta Pública de Freddy Muñoz
Una condena contra la paz
Rechazo de forma categórica la condena proferida por un juez colombiano en mi contra. Nunca he sido, ni seré un “terrorista”, “explosivista”,” bombardeador de centrales eléctricas” como dice su fallo. Nada más absurdo que eso. En toda mi carrera, cuya huella es pública y notoria, sólo he bombardeado a la mentira con lo que mejor sé hacer: escribir la verdad.


Foto: Fredy Muñoz

En 2005 representé en Colombia como corresponsal a la multiestatal teleSUR, hasta el año 2007, cuando salí de la cárcel, acusado de rebelión por fiscales espurios. En ese tiempo un juez valiente determinó que el testimonio de tres, cinco, diez, o cien hombres condenados a pudrirse en los intestinos del sistema judicial colombiano, a cuarenta años de cárcel, y motivados por promesas de rebajas de penas, no eran suficientes para acusarme, menos aún para condenarme.
Hoy, con esas mismas pruebas: los testimonios de hombres coaccionados y en desgracia, un juez decide condenarme a pagar 15 años de cárcel por hechos cuyos autores son confesos y están condenados desde hace tiempo.
Esta condena evidencia que mis denuncias siguen vigentes: la Fiscalía, y una buena parte del Sistema Judicial colombiano están al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo, para judicializar y disminuir a la resistencia social en Colombia.
Miriam Martínez Palomino, la fiscal que me acusó inicialmente durante este proceso, es un personaje funesto de la “justicia” colombiana, famosa por archivar el sonado proceso de los campesinos desplazados, víctimas del paramilitarismo en Las Pavas, Sur de Bolívar. (Ver http://www.lasillavacia.com/historia/los-sonados-casos-de-la-fiscal-que-no-les-creyo-los-campesinos-de-las-pavas-30278)
Martínez Palomino, condenada por sus decisiones contra el patrimonio público, tomadas en el caso del desfalco de Foncolpuertos, y responsable, por su impericia intencional, de la salida de Alfonso Hilsaca de la cárcel, es junto al fiscal Demóstenes Camargo de Ávila, y el ex director de Fiscalías en Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, parte del equipo de narco-para fiscales manejados por el ex jefe paramilitar de los Montes de María, Rodrigo Mercado Pelufo, y el ex fiscal general Luis Camilo Osorio, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
La condena en mi contra es un estertor de la presencia uribista y paramilitar en nuestro entorno judicial.
Cuando fui detenido en el aeropuerto El Dorado, el 19 de noviembre de 2006, la orden de captura en mi contra estaba en los sistemas del DAS desde el 3 de noviembre de ese mismo año, y yo salí del país, con esa orden vigente, el 6 de noviembre, tres días después.
Los organismos de inteligencia decidieron hacerla efectiva a mi regreso de Caracas, para involucrar y perjudicar el nombre de la multiestatal teleSUR y al Gobierno venezolano con mi captura por rebelión y terrorismo.
Hoy este fallo condenatorio, que estaba listo en agosto de este año, es publicado a una semana de haberse dado los resultados electorales en Venezuela, y a dos días de iniciarse formalmente en Oslo el inicio de unos nuevos acercamientos de paz con la insurgencia colombiana.
Condeno esta decisión judicial por ser una persecución a mi público disentimiento con el sistema que nos ha gobernado siempre, por mis denuncias frontales y en nombre propio de nuestros detractores, y porque es una manera de amedrentar a quienes encaramos sin capuchas la vocería de los procesos políticos que buscan nuestra justicia social.
Seguiré dinamitando a la mentira, bombardeando con mi trabajo periodístico a las estructuras de un sistema que tiene al mundo movilizado en su contra, y amplificando las voces de quienes quieren una Colombia y un mundo mejor.
Fredy Muñoz Altamiranda - octubre 17 de 2012

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A la víspera de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC

Héctor Vega (especial para ARGENPRESS.info)

Este jueves 18 de octubre comienzan las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC en Oslo. En junio de 2011 Santos firmó la Ley de Víctimas y Devolución de Tierras. El 3 de julio (2012) el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional mediante la cual se puso en vigencia la llamada “justicia transicional”.

La ley que se refiere a las víctimas así como la de la restitución de tierras regirá una vez concluido el conflicto. La justicia se refiere sin duda a crímenes y delitos de sangre, casos que se han mencionado como parte del problema de la llamada “justicia transicional”. Pero también está la justicia social en cada una de las soluciones que involucra el derecho de propiedad y posesión de la tierra. En este último caso la Reforma Agraria deberá ser el marco dentro del cual se resuelvan los problemas de restitución de tierras. Problema que se cruza indirectamente con otros planteados por el conflicto armado a saber la desmovilización, el desarme y la reinserción de los ex combatientes.

El problema de la tierra evoca la lucha de Marulanda por el restablecimiento de los derechos de los campesinos a su tierra, su producción y comercialización de sus productos. En 60 años de lucha se han reconocido graves violaciones a los derechos humanos cometidos por los grandes propietarios agrícolas; por lo cual no sólo habrá una reparación para las víctimas y desplazados sino que además se prevé la devolución de millones de hectáreas robadas a los campesinos. Sin embargo, no bastan las declaraciones o intenciones generales. Cuando se decide devolver tierras no se puede desconocer que en más de medio siglo la tenencia de la tierra ha cambiado por efecto de la modernización de las explotaciones y la agroindustria. En las sociedades modernas la cantidad de personas que obtienen su sustento del campo es cada vez más reducida, su lugar ha sido ocupado ya sea por grandes empresas forestales o la agroindustria. Sin hacerse cargo de la viabilidad económica de las nuevas unidades económicas y las nuevas formas de la tenencia, tarde o temprano la enajenación de la tierra que se entregó, y con ello la emigración hacia la urbe, recreará la pobreza en el hábitat de la ciudad. Es el desafío que deberá abordar la Reforma Agraria en la mesa de negociaciones. Recuérdese que la sociedad colombiana (junto con la chilena) exhibe uno los mayores índices de desigualdad de Suramérica y del mundo (?!). Es lo que indica el estudio sobre la Pobreza y la Desigualdad de 2009 con 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres, es decir 44% de la población colombiana.(1)

La justicia transicional deberá hacerse cargo de estadísticas que en 50 años de violencia señalan 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 casos de torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas. Según la Fiscalía existirían alrededor de 62.000 desaparecidos.(2)

Existen dos puntos clave en la legislación de la justicia transicional. El primero se refiere al llamado “delito político” y a aquellos crímenes que le son conexos. El responsable político de un acto, que servirá de medio para perpetuar crímenes de lesa humanidad o de genocidio cometidos de manera sistemática, y que serán considerados como delitos conexos al delito político, no podrá participar en política. Es de tales implicaciones esta declaración constitucional que el legislador previó que se efectuara un control previo de constitucionalidad para la ley estatutaria que legislara el delito político y sus conexos.

El segundo punto clave se refiere a todas las partes que participaron en la confrontación bélica, estableciendo que no todos los grupos armados tuvieron las mismas razones ni las mismas características en su participación. Menciona en esta clasificación a la “Fuerza Pública, los grupos subversivos y los paramilitares”. Esto, se agregó, quedará reglamentado por una ley estatutaria que fijará un trato diferenciado para cada uno de los actores mencionados.

De esta lectura conjunta se desprende que la penalidad de los crímenes cometidos contra la humanidad, en sus situaciones de ideación, preparación, ejecución y consumación (iter criminis), dependerá de cómo se aprecie la responsabilidad política. Como ejemplo, una de las situaciones más socorridas en ese tipo de responsabilidades sería, en el caso de la Fuerza Pública, la invocación de la obediencia debida. ¿Dónde comienza y dónde terminan las responsabilidades del que da la orden y del que la cumple? Esto necesariamente quedará al criterio de los tribunales y será sin duda una de las materias centrales en debate durante la discusión de las leyes estatutarias mencionadas. Se juega allí un gran avance en el proceso de justicia transicional, o si se quiere “diferenciada”.

El desafío es de qué manera, sin coartar las garantías al debido proceso, se puede flexibilizar el orden jurídico de un Estado de derecho, con el fin de facilitar la paz.

De hecho, al enfocarse a resultados estratégicos en la investigación para desmantelar estructuras de macro criminalidad y responsables de los delitos de lesa humanidad la ley habla de criterios de selección, lo cual devela cierta discrecionalidad no sólo en la investigación sino también en los resultados esperados. Se mencionan como tales la suspensión de la ejecución de la pena; la aplicación de sanciones extra-judiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena. En estas materias existe un margen importante para la autoridad político-administrativa al preverse la “selección de casos” que podrán ser llevados ante la justicia. Aquellos que se excluyen, en un acto de renuncia condicionada a la persecución judicial penal, podrán ser abordados por mecanismos no judiciales que lleven al esclarecimiento de la verdad.

Llegamos así a una situación que ninguna legislación en el mundo ha sido capaz de resolver. Ni siquiera a través de comisiones y tribunales especiales e instancias internacionales. Es la situación que se genera cuando con la lógica de la guerra la sociedad llega al convencimiento que arriesga su propia supervivencia. Entonces, cuando se dan las condiciones de transición hacia formas más humanas de convivencia, la misma sociedad que entendió que debía poner fin a ese estado se cosas entiende que una buena parte de ella, sin responsabilidades políticas aparentes, mantuvo silencio y aún apoyó la muerte del adversario. Por supuesto nadie está obligado al heroísmo. Es más, surgen casos de tribunales de la época que se negaron a ver las causas de desaparecimientos, asesinatos y torturas, hubo otros que ignoraron los recursos de Amparo que les fueron presentados. Hubo sectores sociales que por mano ajena, es decir la militar, buscaron la muerte del adversario social, pues en su justificación dijeron que en su época la alternativa era clara: “¿Ustedes o Nosotros?” ¿No es esa acaso la justificación de las Autodefensas? Y para los paramilitares el perdón (sin instancias judiciales) y el olvido debe concretarse en amnistías generales donde el logro de la paz relega la justicia transicional a casos muy excepcionales.

Cuando se habla de justicia transicional no puedo menos de pensar que ante la incapacidad política de resolver los problemas lo que se busca es su judialización a sabiendas que la política ha sido incapaz de resolverlos. Recuérdese que la solución seguida por el gobierno Uribe, y los anteriores que cubren más de 50 años de la vida política colombiana, fue la del aniquilamiento y derrota total de la guerrilla, lo cual iba de la mano, para la mayoría de la clase política, con el mantenimiento de un status quo con graves injusticias y disparidades sociales. Ni siquiera hubo espacio para un momento de política. Reinaron los desarmes y las amnistías generales que por supuesto no convencieron a nadie.

Ningún tribunal o comisión especial podrá resolver problemas que por su naturaleza son netamente políticos. Sin embargo, no basta establecer correctamente su naturaleza. No se trata de una decisión política o de una ley enviada por el Ejecutivo al Congreso o una ley de iniciativa parlamentaria. Es mucho más que eso. Lo político debe ser entendido como un proceso, como un movimiento social de etapas de maduración y convencimiento, donde la capacidad del político se mide por su capacidad para conducir un pueblo en pro de un objetivo. Es decir, un proceso donde paulatinamente se van desvaneciendo las dudas acerca de las intenciones y las propuestas para llegar al objetivo. Sin embargo, no me refiero a cualquier objetivo, pues lo que puede parecer claro y neto en el presente, es posible que no lo sea para las generaciones que vienen. Lo claro y neto, lo que no cambia, es el contenido ético, base de las propuestas políticas y de la dignidad con la cual un pueblo se considera a sí mismo. Eso, no cambia. Tarea de tal magnitud comienza por la refundación del Estado.

Héctor Vega es abogado y economista chileno.

Notas:
1) Estudio del MESEP, (2009). Estudio de Pobreza y Desigualdad. Misión para el Empalme de las series de Empleo, Pobreza y Desigualdad.
2) Comunicado del Movimiento de Víctimas de Crímenes de estado, 9 de septiembre 2012
http://www.movimientodevictimas.org/documentos/conclusiones-encuentros/item/2810-declaración-movice-un-proceso-de-paz-con-participación-de-las-v%C3%ADctimas.htm.

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La fragata del ‘desendeudamiento’

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Después de destinar la cuarta parte de las reservas del Banco Central a pagar la deuda externa de este año, el gobierno acaba de sufrir un embargo internacional a manos de un acreedor de deuda. El gobierno les habló a los usureros con la billetera (desendeudamiento), y los usureros le contestaron con los principios (hay que pagar hasta la última gota de sangre -Nicolás Avellaneda ‘dixit’). El pase de factura en Ghana llega en medio de una nueva crisis de financiamiento del Estado.

CFK se olvidó de la promesa de ‘malvinizar’ la política exterior, porque hasta ahora no dedicó una palabra a denunciar una flagrante violación a la soberanía nacional por parte de un aliado del Commonwealth. Es posible que la voluntad de “volver a los banqueros” explique la conducta política del gobierno frente al secuestro de la nave insignia de la Armada. La única voz oficial de protesta fue la del ministro Lorenzino, y nada menos que en la asamblea del FMI. Lorenzino imploró un aval del Fondo para que declare cerrado al megacanje argentino y poder acceder así al financiamiento internacional. Los voceros del Fondo y del departamento del Estado le dijeron que se arregle con Ghana.

Guerra de camarillas

La cuestión de la Fragata abrió otra crisis en el gabinete de defensa y seguridad, cuando el conflicto de prefectos y gendarmes aún no se ha cerrado. Verbitsky, el socorrista de Garré, le endilgó a la Armada -y al ministro de Defensa, Puricelli- la decisión de aparcar en Ghana. Los marinos, en cambio, sostienen que se trató de una decisión “interministerial”, con la participación de la Cancillería e incluso del inefable Moreno, para hacer negocios con los países africanos. Hace sólo un mes, el mismo Verbitsky había acusado a Puricelli de organizar cursos de “capacitación” con militares norteamericanos. No hay peor destituyente que el del propio palo. Puricelli respondió que seguía los lineamientos que había iniciado Garré como ministra de Defensa. En un artículo titulado “El pragmatismo se impone en la relación con los Estados Unidos”, La Nación (19/9) señalaba que esos ” trabajos conjuntos que hoy ejecuta Estados Unidos con la Casa Rosada se concentran en la lucha contra el narcotráfico, el combate al lavado de dinero, la defensa militar y el terrorismo”. Sergio Berni, por su parte, se habría hecho cargo de retomar la relación del gobierno argentino con la DEA (La Nación, 24/9). Todo esto está en línea con “el proyecto X”, la “seguridad democrática” y la “ley antiterrorista”. La crisis también ha colocado en la picota al canciller Timerman, en momentos en que éste se apresta a comenzar el “diálogo” con Irán.

Los futuros embargos

Los K le endilgaron la crisis de la Fragata al menemismo, por la deuda contraída bajo ley extranjera. Pero el Banco Central confirmó que las divisas sólo estarán aseguradas para “las deudas en moneda extranjera que se contrajeron bajo la legislación extranjera” (Clarín, 12/10). En resumen: los especuladores internacionales tendrán derecho a embargar al Estado argentino, mientras la Anses y el Banco Central (o sea, los jubilados, consumidores y trabajadores argentinos) han renunciado a cualquier garantía.

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“Dólares para nosotros, pesos para el pueblo argentino” (Crédit Suisse)

Sergio Szulman (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El miércoles pasado, la Presidenta les reiteró a los acreedores externos -que incluye un numeroso lote ‘nacional’- que el “cepo cambiario” no está destinado a ellos. Que el “cepo democrático” había permitido pagar, durante los primeros nueve meses del año, 17.500 millones de dólares, en concepto de deuda externa (privada y pública). Al día siguiente, un informe Credit Suisse Bank recomendaba la compra de bonos argentinos: “la política gubernamental de permitir pagar a la provincia del Chaco su deuda en pesos, tiene el objetivo primordial de preservar las reservas del Banco Central y la capacidad de pago de la deuda externa”, y agregaba que “esto presenta la oportunidad de comprar en la caída (de precios)”… o sea, los dólares para nosotros, pesos para el pueblo argentino.

La banca internacional tiene en claro que la pesificación de las deudas que se encuentra “bajo legislación local”, así como el “democrático” cepo cambiario, sólo apunta a garantizar el pago en divisas a los acreedores externos. Pero el colmo de la cuestión es que además de pagar en divisas la deuda en dólares, el gobierno volvió a comprometer en un comunicado oficial del BCRA, “el acceso al mercado de cambios a los no residentes que cobran servicios de títulos locales”. Son los títulos en dólares bajo la legislación internacional y local, pero también los títulos en pesos.

Financiando la fuga de capitales…

El pago más importante de la deuda externa en el año, será el del cupón PBI el próximo 15 de diciembre. El gobierno tiene previsto desembolsar en moneda extranjera unos 2.800 millones de dólares por un certificado que no se ha originado en el ingreso de un crédito. Es un tributo colonial -aún peor los que hipotecaban en el pasado el ingreso de las aduanas. Además, debe pagar más de 3.500 millones de pesos por el mismo certificado en pesos. Es sobre este título que los “no residentes” (argentinos y extranjeros) podrán acceder al mercado de cambios al dólar oficial, para cobrar una suma de hasta 750 millones de dólares adicionales. Así, el gobierno está financiando la fuga de capitales a precios de remate. De esta manera, se cierra el circuito por el cual primero se fugan capitales mediante la transferencia al exterior de títulos públicos y luego estos títulos son remunerados por los dólares del BCRA, cuando se paga la amortización de bonos que originalmente eran en pesos, convirtiéndolos a divisas al cambio oficial.

Confiscan el ahorro nacional

La transferencia de recursos de los últimos años del BCRA y la Anses para pagar la deuda externa ha sido inmensa. Solamente del BCRA se han transferido desde diciembre de 2009 hasta septiembre de este año la suma de 34 mil millones de dólares. Esto ha incrementado la deuda del Tesoro con el Banco Central, que ascenderá a fin de año a los 60 mil millones de dólares. Además, según el último informe de la Anses, éste también cedió cerca del 60% de sus activos al gobierno, a cambio de títulos públicos con vencimiento dentro de décadas, por una suma de 27 mil millones de dólares. Este es el nudo de la actual “pesificación”, por la cual esta inmensa fortuna que ha sido transferida mayoritariamente en dólares, el gobierno ahora la ha desvalorizado a través de su conversión a pesos. Por otro lado, le sigue pagando con las reservas en moneda extranjera a los tenedores de títulos públicos en pesos, que residen en el exterior del país. Otro de los mecanismos por los cuales se premia a los especuladores internacionales (ya no sólo pagando la deuda en dólares, ¡sino dolarizando la de pesos!), es a través del “defol” a los jubilados y la confiscación del ahorro nacional.

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Argentina. “Pepino” Fernández: “Debemos hacer un gran esfuerzo para las próximas generaciones”

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Así lo afirmó el reconocido e histórico dirigente y ambientalista de La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi José “Pepino” Fernández, quien es un ejemplo de esfuerzo en la inclusión de los excluidos de su pueblo salteño, ante el abandono del estado de bienestar, en la provincia de Salta y en la Argentina.

“Pepino” Fernández, con orgullo de bien, da a conocer los logros al destrabar ante la burocracia nacional en Buenos Aires, de una decena de proyectos productivos en beneficio de los pobladores sin trabajo en la zona. Siendo paradójicamente una de las regiones más rica de la provincia, y con los más altos índices de desocupación.



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El General Obligado y las tomas de tierra

Carlos del Frade (APE)

(Desde Reconquista, norte profundo de Santa Fe)

“A Manuel Obligado se lo podrá elevar a la categoría de un héroe, de un guerrero valiente y abnegado o se podrá criticar como un despojador, pero nadie puede negar que Reconquista está aquí porque él con toda decisión y empeño hizo hasta lo imposible para sostenerla. Ni bien ocupó el Arroyo del Rey, ordenó la construcción de las instalaciones militares, pero también mandó erigir los edificios para las escuelas y las pagó con dinero de su bolsillo, ordenó edificaran la capilla, las casas para sus oficiales, el hospital. Habilitó el viejo Camino Real de los Jesuitas y logró ya en 1873 que las tropas de mulas y las caravanas de carretas transitaran rumbo al mercado de Bolivia, para ello sus soldados cortaron la madera y construyeron un puente sobre el arroyo Malabrigo y una calzada sobre la cañada de Garabato”, dice el libro “Historia de la fundación de Reconquista”, de Dante Ruggeroni y Edith Gallagher.

Reconquista está en el norte profundo santafesino y tiene una población de aproximadamente 80 mil habitantes, justamente es la ciudad cabecera del departamento General Obligado, en homenaje al hombre que peleó contra los pueblos originarios y los desplazó, salvo a los que terminaron traicionando a los suyos. A ellos, los llamados lanceros del sauce, les dio un poco de tierra, de la misma que les había arrancado.



-Durante todo el año 2012 se llevaron adelante distintas tomas de tierras. Es que hay un registro oficial que cuatro mil familias que necesitan una vivienda digna pero la urgencia de la gente es por lo menos del doble de esa cantidad. De allí que las tomas se multiplicaron en los últimos meses y, entonces, por primera vez, el gobierno municipal empezó a hablar de la cuestión - dice el profesor de historia Matías Rafael Ruiz Díaz Yoris.

La toma de tierras generó un conflicto que hasta ese momento era ignorado por los gobernantes en el norte de Santa Fe.

-La decisión fue, después de calificarlos de usurpadores y violadores del sacrosanto derecho de la propiedad privada, de otorgarles 150 metros cuadrados de terreno cuando una familia, por lo menos, necesita el doble. Eso fue similar a lo que hizo el general Obligado. Les concedía a los pueblos originarios mucho menos de lo que tenían por derecho adquirido durante varias generaciones. El poder político, entonces, repitió la lógica del hombre cuyos restos están enterrados debajo de su estatua en la Plaza 25 de Mayo - dice el investigador.

“Los conflictos sobre tenencia de la tierra no son nuevos. Sin embargo, el 89 por ciento de los relevados se iniciaron a partir del año 2000 (136 conflictos sobre 153), coincidiendo con el impulso del modelo agroexportador y la expansión de la frontera agropecuaria en el país. El más antiguo data del año 1947, cuando luego de la matanza de Rincón Bomba, en Formosa, en la que murieron más de 750 pilagás, wichís, tobas y mocovíes, Gendarmería Nacional se apropió de las tierras. En la actualidad, un grupo de familias están dando los primeros pasos para regresar a sus territorios. Los casos iniciados en la década de los 89, y que aún siguen vigentes, nos permiten inferir que este tipo de conflictos no se resuelven rápidamente, por lo que estamos ante el comienzo de un largo proceso de conflictividad en torno a la tierra de los campesinos e indígenas”, dice la investigación “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, publicado por la llamada Red Agroforestal Chaco Argentino y el Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y medioambiente, en Reconquista, en octubre de 2010.

Las familias que tomaron las tierras en Reconquista viven de changas en la ciudad, con un salario promedio que difícilmente llegue a los tres mil pesos mensuales.

Algunos de las chicas y chicos que participan de las experiencias de tomas van a distintas escuelas secundarias y allí tienen que soportar el descrédito que intentan imponerles algunos profesores que siguen con el pensamiento de Manuel Obligado.

-Pero estas chicas, estos chicos, a pesar de sufrir discriminación sienten que son protagonistas de una esperanza - dice el profesor Díaz Yoris.

A pesar de la vigencia del General Obligado, por abajo y sin permiso, la pelea por un futuro mejor se abre paso en las tomas de tierras en la ciudad de Reconquista.

Fuentes de datos:
Entrevistas realizadas por el autor de la nota en Reconquista, “Historia de la fundación de Reconquista” y “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”.

Fuente imagen: APE

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Argentina, Chubut: “No te dejan otra que ocupar terrenos y exigir planes”

Carlos Saglul (ACTA)

Sergio Charles viene de escuchar el veredicto por el juicio a parte de los genocidas de Trelew, junto a la Agrupación “Memoria del Pueblo” donde participa la central. El secretario general de la CTA en Chubut reflexiona: “Uno no puede dejar de pensar que esos compañeros murieron luchando por una patria que aún nos debemos”.

-¿Cuál es la realidad de Chubut?

En el sector estatal los sueldos son de hambre. La mayoría gana entre 3000 y 4.000 pesos cuando la canasta es de por lo menos 8.700 pesos. Esta zona es muy cara. No se alquilan viviendas por menos de 2.000 pesos. Lo único que te queda es ocupar terrenos y lograr después algún plan para edificar tu casa. Y mejor no hablar de los municipales. Eso si que son salarios de hambre.

-¿Cómo se avanza en la organización del sector privado?

En estos días presentamos en el Ministerio de Trabajo al Sindicato de Taxis. También trabajamos con los textiles pero es muy difícil ya que la organización tienen que ser en principio absolutamente clandestina. Apenas se nota que los compañeros se están sindicalizando los patrones te despiden con la complicidad del gremio. También se están reuniendo en nuestra sede policías que quieren sindicalizarse y una agrupación de trabajadores mercantiles.

-Hay casi quinientos proyectos mineros esperando para entrar en la provincia.

Sí por eso se está trabajando con los pueblos originarios de la meseta central de Chubut. Van los del gobierno tratando de convencer a la gente y por detrás nosotros. El río Chubut es sagrado para nosotros. Lo que la CTA plantea es que la licencia social para esos proyectos sólo puede obtenerse mediante plebiscito como el que se hizo en Esquel y perdieron.

-¿Mucho trabajo en negro?

La mayoría es trabajo precarizado y planes sociales. Los compañeros cobran entre 600 y 800 pesos y con eso parece que no son desocupados. Les pagan 1.200 pesos a gente que hace barrido y limpieza con lo que se ahorran contratar una empresa. Nosotros peleamos poque esa gente pase a planta. Algunos tienen más de diez años de trabajo. ¿Qué va a pasar cuando les llegue la edad de la jubilación?

La tercerización es un flagelo.

Claro, porque también está el régimen de becas. Nosotros estuvimos de acuerdo en un principio porque eran 1.400 pesos que se le daban a los chicos de bajos recursos por cuidar coches en la vía pública con el compromiso de seguir estudiando. No nos gustó cuando los chicos empezaron a ser cambiados por punteros políticos.

-¿Qué gremios hay en la Central?

Estatales, municipales, judiciales, los agentes de propaganda médica, trabajadores de agua y energía, el sindicato de estibadores portuarios y ahora se agregan los taxistas. Por supuesto también están nucleados movimientos sociales y organizaciones territoriales.

-¿Los proyectos?

Estamos preparando un gran festival de la Juventud de la CTA para el mes próximo. El trabajo organizativo no tiene nada de espectacular, es lento pero no se detiene. Hay que fortificar a los gremios originales de la Central ante el ajuste que se profundiza, pero a la vez, rodeándolos de la organización del sector privado, el ala de desarrollo estratégico de nuestra CTA.

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Argentina, Jujuy: Feroz represión en barrio Malvinas

ANRED

Desde tempranas horas de la mañana ocurrió en el barrio Malvinas Argentinas de esta ciudad de Jujuy una durísima represión policial a los vecinos que incluyó detenciones desde el umbral de las casas, secuestros de cámaras, gas lacrimógeno y balas de goma, con un saldo hasta ahora de más de 20 detenidos. Por Radio Minka y Radio Pueblo, desde Jujuy.

Hace ya varios años que los vecinos de barrio Malvinas se organizaron para protestar contra la presencia de una planta transformadora que tienen enquistada en pleno centro del barrio. En los últimos tiempos no solamente que esta exigencia no fue satisfecha sino que además el barrio se topó con la inconsulta decisión de ampliar la planta y pasar cables de alta tensión bajo las mismas veredas de los pobladores.

La convicción de los vecinos se plasmó en campañas, folletos, festivales, radios abiertas (apenas ayer realizaron una) y, por fin, la resistencia directa. Hace una semana empezaron a tapar los pozos que cavaban los empleados de la obra y cuando éstos se multiplicaron llegaron a meterse en los pozos para detener su avance. Pero desde esta mañana alrededor de un centenar de policías, cifra que parece crecer cada cierto tiempo con la llegada de contingentes de la montada, infantería y el GEOP (grupo especial de operaciones policiales), llegaron con la orden de proteger el perímetro de la planta y desalojar las veredas para realizar forzadamente las excavaciones.

En su avance, ancianos, niños y mujeres fueron maltratados o golpeados y llevados detenidos, algunos desde el mismo umbral de su casa. Los vecinos pasaron entonces a resistir arrojando piedras desde los techos, desatando una batalla que, a más de tres horas de iniciada la represión, continúa.

Balas de goma, gases lacrimógenos y hasta piedras utilizan los policías en su avance, desatando violentas escenas, sobre todo al capturar a alguien. Acaso esa impactante dureza llevó a detener a algunos periodistas de medios independientes que registraron los hechos, requisando sus cámaras, hecho que ha decidido a otros ir a descargar el material con el temor de también perderlo. Actualmente la policía ensaya un nuevo avance, de unas dos cuadras, con gases y una balacera de goma que lleva ya unos 15 minutos sin parar, transformando a un apacible barrio en una zona de guerra.

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Argentina, Jujuy: Video de la represión en el Barrio Malvinas Argentinas

RED ECO

La Comisión de Derechos Humanos de Jujuy realizó este video de la brutal represión desstada el miércoles 17 de octubre contra los vecinos autoconvocados del Barrio Malvinas Argentinas en San Salvador de Jujuy que acampan frente a la construcción de la planta transformadora de Ejesa (empresa de electricidad provincial) desde hace más de quince días.

Durante toda la jornada de este 17 de octubre se realizó una represión de la Policia de Jujuy hacia los vecinos del barrio Islas Malvinas que estaban acampando frente a la construcción de la planta transformadora de Ejesa desde hace más de quince días. La protesta se realizaba por la repontecionalización de la planta transformadora que durante muchos años viene mostrando fuerte indices de contaminación en ese sector.

Desde las 7 de la mañana numerosos efectivos se hicieron presente en el lugar para despejar la zona y se enfrentaron con los vecinos deteniendo más de 50 personas, entre las que se encontraban varios menores de edad, trasladados al juzgado de menores. Hubo varios vecinos heridos por balas de goma e incluso por piedras arrojadas increíblemente por la policía en una orgía represiva que se detuvo recién en horas de la tarde donde se escuchaban los disparos constantes, el aire acre de los gases y los gritos de los vecinos frente a un nuevo abuso y en la que todo el barrio.



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Argentina. Unidad 48 San Martín: Penitenciarios gozan de impunidad

AGENCIA WALSH

La presentación la realizó el Comité contra la Tortura. Mediante acción de Habeas Corpus, el incidente que fue presentado ante el Juzgado de Garantías nº 2, del Departamento Judicial de San Martín. Comunicando y denunciando ante el poder judicial, las terribles condiciones en las que se encontraban los estudiantes universitarios. Todos ellos, alojados en el pabellón 12 de la Unidad 48 SPB. Sucedió a fines del mes de septiembre del corriente año. El Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires realizará una nueva presentación para denunciar por enésima vez el hostigamiento permanente de los penitenciarios que sufren los seres humanos en esa unidad, como parte de la política estatal para destruir la subjetividad de los más vulnerables.

Por su parte, Alicia Inés Romero y Verónica Bogliano, ambas abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria. Constituyendo domicilio en calle 7 nº 499 esquina 42 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Se presentaron por escrito ante el señor Juez, titular del Juzgado de Garantías en lo Penal nº 2, del Departamento Judicial de San Martín, y muy respetuosamente dijeron al Magistrado:

"Venimos por el presente a interponer Acción de Habeas Corpus Colectivo, conforme lo establecen los Arts. 43 de la Constitución Nacional y 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el que opera el Art. 405 y concordante del Código de Procedimiento Penal (CPP). En virtud del agravamiento en las condiciones de detención de todos los estudiantes universitarios alojados en el pabellón 12 de la Unidad Penitenciaria Nº 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en el partido de San Martín", así lo manifestaron las abogadas de la comisión antes mencionada.

También informaron, "que en el día jueves 20 de septiembre, se comunicaron telefónicamente con este organismo, estudiantes alojados en el pabellón 12 de la unidad 48. Denuncian que desde la unidad se desobedecen órdenes judiciales que les otorgan determinados beneficios".

Añadieron, "ante el reclamo de los estudiantes, personal del SPB los amenazan con reprimirlos mediante escopetazos y palazos. Por ello, han solicitado al jefe de penal audiencia con el director de la Unidad, recibiendo también como respuesta más amenazas de represión.

Informan que varios de los detenidos han recibido beneficios como salidas extramuros a trabajar, cambio de régimen, salidas transitorias, entre otros, lo que ha sido incumplido sistemáticamente

por las autoridades de la Unidad. Asimismo no se realizan ni se elevan, informes socio ambientales requeridos por diferentes juzgados para el otorgamiento de beneficios. Por todo ello y como medida de reclamo, han decidido no recibir alimentos ni agua las 26 personas alojadas en el pabellón 12", pero los penitenciarios siguen gozando de impunidad. Es de vital importancia dejar al descubierto; que si uno tiene dinero para los uniformados; obviamente tendrá los mejores informes y todos los beneficios.

Es de destacar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que tome las medidas necesarias, a fin de proteger la vida y la integridad de todas las

personas detenidas en las Unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Lo hizo al responder a una solicitud de medidas cautelares realizada por la Comisión Provincial por la

Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el pasado 4 de abril. Debido a la situación de violencia y desprotección en que viven los internos de esas dependencias.

Alicia y Verónica recordaron al Juez, "la medida se otorgó, en virtud de una sucesión de recientes hechos de violencia, maltrato y traslados arbitrarios de detenidos de dichas unidades. A partir de denuncias efectuadas contra el SPB. En marzo de 2011, se denunció que las autoridades de la Unidad 48 sacaban del penal a los detenidos para delinquir. Desde esa fecha hasta marzo de 2012 se registraron al menos 18 heridos de extrema gravedad, en las tres Unidades. Desde octubre de 2011 se produjeron dos homicidios -uno de ellos, Patricio Barros Cisneros, fue asesinado a golpes por los penitenciarios frente al resto de los internos y su esposa; una joven de 18 años que está

embarazada. También hubo otros cinco heridos de extrema gravedad, uno de ellos perdió un ojo y otro quedó cuadripléjico. Los antecedentes del complejo muestran un grave patrón de violencia e impunidad".

Sumado a esto las letradas agregaron, "en noviembre de 2011, la Suprema Corte indicó a la Procuración General y a las autoridades provinciales que adopten las medidas para revertir la situación. Es por todo ello, que entendemos que estamos en presencia de un caso de agravamiento de las condiciones de detención, que la Constitución manda reparar con el instituto del Habeas Corpus que aquí presentamos a favor de todos los estudiantes universitarios alojados en la Unidad Nº 48, pabellón 12 de San Martín".

Ambas letradas le dijeron al Juez, "fundamos el presente en el siguiente plexo normativo: Constitución Nacional, Arts. 18, 19, 43 y 75 Inc. 22, Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos (con el alcance impreso por la Corte Suprema de Justicia en el denominado Fallo Horacio Verbitsky del 5 de Mayo de 2005 V.856 sobre hábeas corpus), Constitución de la Provincia de Buenos Aires Arts. 11,15, 12 incs 1, 3, y 31. En función del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires Arts. 405 siguientes y concordantes del CPP".

En virtud de todo lo expuesto, las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria, solicitaron al titular del Juzgado de Garantías nº 2 del Departamento Judicial de San Martín:

1.- Se tenga por presentada la presente acción de Habeas Corpus.

2.- Se disponga la inspección ocular de parte de VS en el pabellón 12 de la unidad 48, a efectos de tomar intervención respecto de los hechos denunciados.

3.- Se ordene a las autoridades de la Unidad 48 el cumplimiento de las órdenes judiciales respecto del otorgamiento de beneficios para los detenidos en la unidad.

4.- Se garantice la inamovilidad de los estudiantes universitarios de dicha unidad, atento las amenazas padecidas por los mismos, como asimismo el control de la salud de los detenidos a partir de no recibir alimentos ni agua.

5.- Se remita a este Comité copia COMPLETA (incluyendo fundamentos) de la Resolución del presente, en virtud de lo dispuesto por la S.C.J.B.A. mediante Acordadas 2825, 352/04 y 4365.

6.- Se ordene al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires arbitre medidas urgentes a fin de facilitar tanto la investigación de los hechos denunciados como la comprobación de las responsabilidades de los funcionarios y agentes involucrados en los mismos.

7.- Se ordene la investigación de presunta comisión de delito de acción pública por parte de personal penitenciario de la Unidad 48.

Sin embargo, hasta el momento las huestes penitenciarias de la unidad 48, siguen gozando de total impunidad. Esta terrible situación es lo que deja al descubierto, la gran precariedad institucional que aqueja a la provincia de Buenos Aires. A esto se le suma, la complicidad que existe entre las pilchas penitenciarias y sus superioridades. La corrupción institucional, y la poca voluntad de los funcionarios para reprimir estos terribles delitos, de la misma manera que reprimen los delitos que cometen las personas de los barrios pobres.

Hoy, los penitenciarios utilizan sus prácticas y estrategias represoras en perjuicio de los estudiantes universitarios de la Sede CUSAM, sita en la Unidad 48, dependiente de la Universidad Nacional de San Martín. No es casualidad. Desde la creación del Centro de Estudiantes Universitarios "Azucena Villaflor", nos hemos propuesto velar por los derechos de las personas en situación de encierro: desde entonces una lucha eterna cruel e injusta. No obstante, el pasar de los años nos ha dejado la triste experiencia, de un sistema de justicia selectivo, que se niega rotundamente a investigar los terribles delitos que cometen los penitenciarios.

De hecho, todo lo que venimos viendo hasta el momento, no son más que cortinas de humo para ocultar un sistema de justicia que está totalmente agotado. Y funciona destruyendo las vidas de las personas más pobres. Los que viven en los sectores más vulnerables e indefensos de nuestra sociedad, esos que no tienen las herramientas necesarias para incluirse en el modelo de sociedad que proponen. Todo esto no es simple palabrería, sino que la historia de la humanidad y de las sociedades lo dice: y lo ratifica todo el tiempo.

También evocaremos aquí, que los primeros días de octubre hemos recibido la visita de Roberto Félix Cipriano García, y las compañeras y compañeros de la Comité Provincial por la Memoria. El conclave se realizó en la Sede CUSAM, donde todos los estudiantes pudieron manifestar los problemas que aquejan a la comunidad universitaria, en su totalidad. Por ello, la Comité volverá a realizar una nueva presentación la semana entrante, poniendo en conocimiento al poder judicial el comportamiento de los uniformados de la Unidad 48.

Jesús Cabral
Diplomado en Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad Nacional de San Martín.

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Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transporte público: Problema de las mayorías populares

ROMPIENDO CADENAS - ANRED

El transporte en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires es uno de los problemas centrales de millones de habitantes que hombres y mujeres que deben movilizarse diariamente en un territorio habitado por un tercio de la población de nuestro país. En los últimos tiempos, las graves deficiencias de los colectivos, trenes y subterráneos, junto al proceso de organización y resistencia de una parte de los trabajadores del rubro, han puesto el tema en la agenda de debate. Por Periódico Rompiendo Cadenas.

La precarización del transporte

La precarización del transporte es parte de la precarización de nuestra vida. En la sociedad actual, en la que todos dependemos y estamos conectados con todos, el transporte es un medio esencial para la vida social. Es por lo tanto un bien estratégico, una herramienta clave para todo proyecto de sociedad que se plantee.

En nuestro país, el transporte es desde todo punto de vista precario. Son precarias las condiciones en que nos transportamos, precarias las condiciones en que se trabaja precarias las promesas de inversiones para mejorar estas condiciones, y limitada la infraestructura para el transporte de cargas.

En la década de 1990, la mayor parte del transporte fue privatizado, precedido de un largo e intencionado derrumbe del transporte estatal. Ahora el Gobierno kirchnerista incrementa el papel regulador y subsidiador del Estado, manteniendo la preponderancia de la gestión privada.

Entendemos que los trabajadores no podemos limitarnos a la denuncia de este estado de cosas. Es preciso plantear qué transporte necesita la sociedad que deseamos. La situación requiere crear un clima de debate fraterno entre los trabajadores del transporte, los intelectuales populares especializados en el tema y el pueblo trabajador en general.

En ese sentido, partimos de una serie de criterios generales:

1. El transporte debe ser planificado en la forma más colectiva y democrática de que seamos capaces. Es decir, no se trata sólo de exigir al Estado. Debemos construir una organización (o red de organizaciones) que tenga claridad de proponer y de tener capacidad de conocer y controlar el sistema de transporte. De esta forma, si se diera “una vuelta al Estado”, podremos aportar a que esta vez las empresas estatales funcionen más públicamente, con la participación de trabajadores y usuarios.

Contamos con la experiencia de varias organizaciones de trabajadores del transporte (Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Sarmiento, sindicato de trabajador del Subterráneo de Buenos Aires, Cuerpo de Delegados de la Línea 60 de colectivos, por nombrar solamente los mas destacados). También con organizaciones de usuarios dedicadas al tema, con grupos como el MONAREFA, y con especialistas con experiencia práctica en el tema como Cena y Lucita.

Sin embargo, el panorama actual del transporte público no es alentador. Las empresas ferroviarias del Gran Buenos Aires, concesionadas y subsidiadas por el Estado, son altamente deficientes, como quedo dramáticamente demostrado en la tragedia de Once de febrero pasado. El servicio de Subterráneo se encuentra en condiciones similares, como viene siendo denunciado desde hace años por los trabajadores del sector.

2. La planificación del transporte debe ser integral, es decir debe abarcar el conjunto de los medios de transporte de pasajeros y de carga. Y a su vez esta diversidad de medios de transporte debiera complementarse en vez de superponerse entre sí. Tanto la proyección de un Plan Nacional de Transporte, como la colaboración efectiva entre las diversas empresas del transporte, pueden ser impulsadas por la participación de usuarios y trabajadores, en una apuesta arriesgada que no tendría el éxito asegurado de antemano. Pero sin dudas, este objetivo no puede lograrse si una multitud de empresas persiguen cada una por separado su propia ganancia.

3. Compartimos la posición de Lucita, cuando sostiene que “en la evaluación del esfuerzo a realizar debe computarse lo que desde hace años conocemos como el Beneficio Público, esto es las externalidades que, se ha demostrado numerosas veces, favorecen ampliamente al modo ferroviario (y de subte): menor ocupación de espacio, mayor capacidad de transporte, menor impacto ambiental y siniestralidad”. Esto requiere una alta tasa de inversión inicial, que a lo largo del tiempo se recuperaría con creces. El modo concreto en que este tipo de transporte se combinaría mejor con el transporte automotor (y/o por agua y aire) es algo a investigar, que dependerá además de cada lugar que se trate.

El conflicto de los trabajadores del Subte

El reciente paro de los trabajadores del Subte, que paralizó ese medio de transporte durante diez días del mes de agosto, fue el resultado de tres situaciones que confluyeron en el conflicto: la crisis del sistema de transporte (derivada, en buena medida, de la alta rentabilidad y la nula inversión de las empresas del sector), el largo proceso de organización sindical de los compañeros, y el conflicto político entre el Gobierno nacional y el Gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires.

El paro, que fue el más largo en la historia de este medio de transporte, muestra la consolidación de la construcción sindical en el Subterráneo, en donde los compañeros pasaron de obtener el Cuerpo de Delegados de UTA desde 2000 hasta la formación del sindicato propio a partir de 2008. Ese proceso, en el marco de dificultades propias y de los ataques de la empresa Metrovías y de la UTA, sigue estando a prueba, y lleva a que en cada nueva pelea se ponga en juego el modelo de organización sindical.

La AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro) expresa un importante avance en la organización de los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo (en seguridad e higiene, duración de la jornada laboral, bolsa de trabajo, niveles salariales, resistencia a sanciones y arbitrariedades empresarias).

En este último conflicto, que vuelve a mostrar el importante nivel de apoyo y participación de las bases en la lucha, también se mostraron algunos límites en el accionar político-sindical.

La definición de los compañeros de la conducción del sindicato del Subte de no proponer la reestatización de este medio de transporte con control de los trabajadores y usuarios, limitó la perspectiva de un movimiento más amplio de solidaridad con el conflicto, desde organizaciones de usuarios, movimientos sociales, organizaciones sindicales, etcétera. Entendemos que esta definición daría un camino de salida ante la clara ineficacia de la empresa Metrovías para brindar un transporte subterráneo adecuada (ver nota aparte).

Al mismo tiempo, en las demandas de los conflictos sobre las condiciones de seguridad laboral, no se puso suficiente énfasis en las graves situaciones de seguridad, que en los últimos años provocaron la muerte de dos trabajadores, situación denunciada antes del paro por el sindicato del Subte.

Por supuesto, estamos frente a un conflicto sindical aún abierto, y los compañeros del sindicato del Subte buscarán las formas de llevar adelante sus reclamos, teniendo en cuenta los intereses genuinos de la población trabajadora que usa el servicio diariamente.

Roggio: Proveedores propios y fuga de ganancias

En un artículo reciente, Jorge Duarte analiza los negocios del Grupo Roggio, concesionario de la empresa de subterráneos y del ferrocarril ex Urquiza que circula por el noroeste del Gran Buenos Aires. Transcribimos algunos párrafos de ese artículo: “La concesión de los subterráneos a Metrovías se convirtió en la plataforma de despegue del Grupo Roggio para diversificar sus negocios…que siempre se encuentran sostenidos por un generoso Estado...”

“Pasados los 18 años de concesionado el subterráneo porteño, se pueden comprobar regularidades en la gestión que presentan un modelo que, indefectiblemente, se repite en cada ramal “privatizado”. Las empresas beneficiadas por las concesiones expresan, en sentido más cabal, la figura de empresarios subsidiarios del Estado nacional que socializan pérdidas y privatizan ganancias... Metrovías consolidaba un armado complejo de proveedores propios en los cuales fugar ganancias fruto del negocio principal: el transporte subterráneo… diversas empresas del grupo obtienen grandes ganancias a costa de quedarse con los recursos que aporta el Estado nacional para mantener la red”

“Un estudio realizado sobre la gestión de los subtes por el legislador porteño Rafael Gentili comprueba que Metrovías pagó a proveedores y servicios a empresas del mismo Grupo Roggio la suma de casi $920 millones entre 2001 y 2011. Estas erogaciones juegan dos papeles fundamentales: por un lado, esconder las ganancias de Metrovías en base a transferir los recursos a otras empresas; por otro, mostrar una gestión con problemas económicos para reclamar mayores ingresos (por aumento de subsidios o por aumento de la tarifa) y postergar mejoras en el servicio, subas salariales a trabajadores, re-categorizaciones de personal o pases a planta de tercerizados...”

“Una de las formas en las que Roggio fuga recursos de Metrovías se encuentra vinculada con la tercerización de parte del servicio a empresas del propio grupo creadas para tal fin. De esta manera, Metrovías contrata a Prominente S.A., Cia Metropolitana de Seguridad S.A., CPS Comunicaciones S.A. e hizo lo mismo en el pasado con Taym S.A. y NeonService S.A., entre otras, todas de su propiedad... esas empresas son parte de una maquinaria que traslada los subsidios al grupo sin tener que rendir cuentas al Estado y los que sufren las consecuencias son los usuarios y trabajadores. De público conocimiento es la pérdida de derechos laborales de los trabajadores tercerizados con respecto a los de planta...”

“La otra maniobra evidente en la que Roggio descarga ganancias, es a través de la subconcesión de parte del potencial de negocios de Metrovías en beneficio de empresas del propio grupo. Con un contrato desfavorable para Metrovías, por ejemplo, se subconcesionó a Metronec S.A. la explotación del negocio de publicidad en el subte y el FC Urquiza. El caso de la publicidad, emblemático, le representa a Metrovías la pérdida de una enorme cantidad de ingresos que podrían destinarse a la mejora del servicio del subte…”

“Los subsidios del Estado le aseguran a Roggio cubrir las pérdidas que produce su vaciamiento en Metrovías y consolidar las ganancias en empresas vinculadas. Estas maniobras se sustentan en una política de transporte que por desidia, corrupción y mirada ideológica deja ser y hacer. Desarticular las concesiones y volver a pensar el transporte como servicio público por sobre el negocio será el primer paso para conseguir mejores condiciones para los usuarios y los trabajadores.”

Fragmentos de nuestra declaración del 10 de agosto “Ante el conflicto del Subte: Transporte público bajo control de trabajadores y usuarios”

“El origen del conflicto es conocido: el legítimo derecho de los trabajadores a que se reúna, como lo estipula la ley, su convención paritaria anual, y poder así discutir salarios y condiciones de trabajo. El reclamo salarial de los trabajadores del Subte es justo, dado que aún no han obtenido el aumento salarial anual que ya ha concluido para la mayoría de las organizaciones sindicales.

El conflicto político entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad, por el traspaso del subterráneo tiene trabada esta convocatoria y provoca gigantescos problemas a los pasajeros. Los ministros de trabajo de los dos gobiernos se hacen los desentendidos y son los trabajadores de subterráneos encabezados por su autentica dirección sindical, la AGTSyP, los que dan la cara y hablan con la verdad.

...esta privatización, como ocurre con la de los ferrocarriles, no sólo ha sido una verdadera estafa, sino también un enorme fracaso. A más de una década del traspaso a precio vil, el parque rodante no sólo sigue siendo uno de los más antiguos del mundo, ya que solamente el 15% es moderno, sino que está muy deteriorado por la falta de mantenimiento de acuerdo a normas técnicas en vigencia. A partir de la Ley de Emergencia Económica y del Decreto de Emergencia Ferroviaria, que rigen desde 2002, Metrovías se desligó del mantenimiento general con lo que se agudizó la caída del parque y las deficiencias en la infraestructura.

...el Gobierno nacional ha transferido importantes sumas por subsidios sin que se verifiquen mayores mejoras en la calidad de los servicios...por el contrario la siniestralidad tiende a aumentar con el riesgo físico para usuarios y trabajadores, algo que los compañeros denunciaron...Lo mismo habían hecho los delegados del Ferrocarril Sarmiento y no los escucharon: la tragedia de Once, con 51 muertos y más de 700 heridos, le dio trágicamente la razón.

...Se trata de erradicar el modelo privatista que el Gobierno nacional quiere mantener y el de la Ciudad profundizar. Se trata de recuperar para el ámbito estatal los servicios de transporte subterráneo de pasajeros.

...la empresa SBASE debe ser intervenida por el Gobierno nacional, dar de baja la concesión a Metrovías y nombrar una comisión interdisciplinaria y autónoma de ambos Gobiernos que audite los libros de Metrovías, investigue los subsidios, y permita conocer los verdaderos niveles de ganancias de la empresa del Grupo Roggio.

...Se trata, en definitiva, de conquistar el carácter de Empresa Pública para el Subterráneo, con formas democráticas de gestión y contralor social, con participación de los trabajadores, usuarios y sectores de la comunidad, garantizando la calidad y seguridad de los servicios y eliminando el despilfarro y la corruptela".

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Argentina, Tucumán: La APT repudia que impidan el acceso a la prensa en hospitales públicos

PRIMERA FUENTE

Seguridad privada del hospital Centro de Salud impidió el acceso a los periodistas que intentaron cubrir una asamblea del Sitas que se realizó ayer en el nosocomio.

En la jornada de ayer un grupo de trabajadores de prensa intento cubrir la asamblea que el Sitas llevó a cabo en el interior del hospital Centro de Salud, pero la policía privada que custodia el nosocomio impidió su acceso. Al consultar los motivos, los agentes aseguraron "solamente responder una misiva de la Dirección". Solamente la intervención de los referentes del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud hizo desistir a los efectivos de su actitud contra la prensa.

Ante esta situación, la comisión directiva de la Asociación de Prensa de Tucumán hará una presentación ante las autoridades del nosocomio y del Siprosa solicitando respuestas por la actuación de los agentes de seguridad en los nosocomios públicos, y exigir que se garantice el cumplimiento de los derechos comprendidos bajo la ley 12.908 que garantizan el libre ejercicio de la profesión.

La Asociación de Prensa de Tucumán repudia todo acto que impida el libre ejercicio de la profesión hacia cualquier trabajador. En consideración, repudia la actitud del personal de seguridad privada que custodia el hospital Centro de Salud por impedir a periodistas el libre acceso al nosocomio, que vale remarcar es de carácter público, violentando el derecho de acceso a dependencias del Estado, garantizado para cualquier trabajador de prensa por el Estatuto Profesional del Periodista (ley Nº 12.908).

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Argentina: Boletín informativo de CORREPI

La patronal aprieta, los trabajadores protestan y la gendarmería reprime / El asesinato de Miguel Galván, otro muerto de este “modelo” / Un “sindicato” policial entre las filas de los trabajadores / Más muertos por la represión del gatillo fácil y la tortura / Otra vez sobre la asonada de los desclasados / Ruptura de la cadena de mandos.
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La patronal aprieta, los trabajadores protestan y la gendarmería reprime
Luego de la asonada, la gendarmería volvió a lo que mejor sabe hacer, y para lo que está preparada, sin el menor problema: reprimir trabajadores. Este jueves 10, desalojó a cincuenta compañeros dela Línea 60 que cortaban la Panamericana, en reclamo por el despido de cuatro trabajadores, y por el apriete que recibieron de parte de la empresa DOTA. Una vez más, el operativo fue encabezado por el ex carapintada, segundo de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, Sergio Berni quien, como hace unas pocas semanas, cuando desalojaron la misma autopista a la altura de Pacheco (ver boletín N° 671), se puso al mando de los 200 gendarmes, descendió de un helicóptero, al mejor estilo de libreto barato hollywoodense, quizás queriendo rememorar su pasado, antes de ser “nacional y popular”.
La medida de fuerza de los trabajadores de la Línea 60 se originó como consecuencia de un nuevo apriete. La patronal DOTA, y la burocracia de la UTA, enviaron tres micros llenos de patoteros, que a punta de pistola y con barras de hierro quisieron desalojar a los choferes, que estaban apoyando a un compañero despedido que, a su vez, estaba encadenado a las rejas de la empresa, exigiendo su reincorporación. Gracias a la resistencia de los obreros, la patota no avanzó, pero éste es uno más de una serie de actos violentos que vienen sufriendo. Recordemos los incendios a los autos de los delegados Nestor Marcolín y Héctor Cáceres; la entrada a la casa de otro delegado, Daniel Farella, donde llegaron hasta a maniatar a su nieta y destruyeron todo el mobiliario, así como un largo etcétera que incluye acciones como la más reciente, en las terminales.
Luego de este nuevo ataque, los trabajadores decidieron llevar su reclamo a las calles para que tome estado público. Es por eso que decidieron cortar la autopista. Pero a la hora de reprimir, los gendarmes olvidan sus diferencias con el gobierno y se aprestan a hacerlo con celeridad. Es sabiendo esto, por la función de desclasados que cumplen, que en CORREPI no estamos dispuestos a apoyar ningún reclamo reivindicativo de los verdugos. Sabemos que ante el llamado del amo ellos responden inmediatamente, como perros guardianes de sus intereses que son.
En lugar de eso, nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los compañeros de la Línea 60, los únicos trabajadores de este conflicto.

El asesinato de Miguel Galván, otro muerto de este “modelo”
Miguel Galván, comunero perteneciente al pueblo Lule-Vilela y miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina, fue asesinado por defender su territorio, el pasado 10 de octubre en el Paraje Simbol, al norte de la provincia de Santiago del Estero, por sicarios que trabajan para la Empresa Agropecuaria Lapaz SA, de Rosario de la Frontera (Salta), que pretende alambrar parte del territorio que ocupan las comunidades indígenas y campesinas de la zona.
En septiembre de este año, luego de una gran cantidad de amenazas, el territorio que habita la familia Galván comenzó a ser relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que desde la sanción de la ley 26.160, de Emergencia Territorial, en 2006, tiene a su cargo el relevamiento de todas las comunidades del país. Sin embargo, seis años después, los resultados son ínfimos, ya que no sólo no se ha avanzado en este punto, sino que se han multiplicado y recrudecido los conflictos territoriales, mientras que el gobierno de CFK se llena la boca hablando de los derechos y el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Cansados de que la política indígena, proclamada por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, se quede sólo en palabras adornadas, en abril de 2011, varias organizaciones campesinas impulsaron un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos y realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras, que llegó al Congreso, con mayoría kirchnerista en ambas cámaras, y un año y medio después no ha sido ni siquiera analizado.
Queda en evidencia que el reconocimiento del territorio comunitario va en contra de la implementación de un modelo agropecuario basado en los agronegocios, que llevan adelante grandes corporaciones avanzando sobre el territorio de cientos de familias campesinas e indígenas. En este contexto, la presencia de topadoras, las continuas amenazas y los asesinatos, en manos de agencias de seguridad y bandas parapoliciales, contratados por empresarios sojeros que cuentan con la complicidad de la policía local, el Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo (GETOAR), el encubrimiento del poder judicial, y el apoyo del gobierno provincial y nacional, son parte del accionar necesario para garantizar y defender los intereses de grandes terratenientes y empresas transnacionales que continúan saqueando, contaminando, desmontando, expulsando familias del campo y explotando a los trabajadores rurales.
Las cifras dan cuenta de esta situación: la producción de soja transgénica, que en 1996 ocupaba seis millones de hectáreas, se triplicó para el año 2011, representando el 55% de la tierra cultivada de Argentina. Este crecimiento demuestra que el modelo agropecuario actual impulsado por el gobierno “nacional y popular”, lejos de defender los intereses de campesinos y pueblos originarios, impulsa cada vez más un modelo extractivo, a través del avance minero y de los agronegocios.
El asesinato de Galván se suma al de tantos otros compañeros, como Javier Chocobar de la Comunidad Chuschagasta de Tucumán en 2009; Sandra Ely Juárez, quien murió frente a una topadora, de un paro cardiaco, en 2010, en Santiago del Estero; Roberto López y Mario López, comuneros de Formosa asesinados por la policía en 2010; Mártires López, dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco, y de la CCC. en 2011; y Cristian Ferreyra, militante del MOCASE-VC, asesinado en noviembre de 2011.
Una vez más, son los trabajadores del pueblo los que sufren la brutal represión en manos de las fuerzas represivas del Estado que lo único que hace es defender los intereses de los explotadores capitalistas.

Un “sindicato” policial entre las filas de los trabajadores
El pasado 10 de octubre, la CTA de Micheli convocó a un paro y un acto a Plaza de Mayo, por reivindicaciones muy justas de los trabajadores: contra el ajuste, por aumento de salario, por condiciones dignas de trabajo, contra el impuesto a las ganancias, etc.
Hasta aquí, se podría decir que era necesaria y correcta la jornada de lucha. Pero las discusiones entre las organizaciones gremiales, sobre si asistir o no, no fueron pocas, entre otras cosas, pues los trabajadores fueron convocados a un acto en el que no sólo aparecería como conducción de esa medida Micheli (secretario general de la CTA), sino que acompañarían desde el palco la Federación Agraria (es decir los “pequeños” explotadores rurales), y el Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA, defensores de los derechos de quienes asesinan un pibe por día en los barrios humildes de Buenos Aires).
Estas direcciones, junto a las organizaciones que defienden la participación de las patronales, la burocracia y las fuerzas represivas en las luchas de los trabajadores, son las responsables de mucha confusión. En un mismo acto, las patronales, la burocracia y la represión, haciendo creer a quienes padecen su explotación, su traición y sus balas (los trabajadores) que defenderán sus derechos.
Mientras este cinismo entra en escena, debemos recordar que se está llevando adelante el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, que tiene por responsables a la burocracia, el gobierno y la policía, por su política de negociados y represión contra los trabajadores. Y éste no es un hecho aislado, es cómo, históricamente, la clase dominante dirime los conflictos con la clase obrera y el pueblo.
Los patrones no son trabajadores. Para existir necesitan de la explotación.
Los burócratas no son trabajadores. Su reclamo al gobierno es que se pacte con ellos para garantizar sus negocios.
Los policías no son trabajadores. Su reclamo por mejoras atentan directamente contra el pueblo explotado que lucha. En sus propias palabras: “Para que nunca más pase esto... aunque parezca un chiste..... SIPOBA seguirá luchando… “¡Atención a todas las unidades! Los vándalos ya se dieron cuenta que otra vez estamos sin municiones, ¡Necesitamos refuerzos urgente!!!”
(http://www.facebook.com/pages/Movimiento-Policial-Democr%C3%A1tico/160452083988292 del 11 de agosto de 2012).
Es necesario entender que quienes reprimen nuestras luchas, no están de nuestro lado, que sus derechos y reivindicaciones atentan contra los nuestras. No podemos volver a permitir en las filas del pueblo una bandera portada por las fuerzas reivindicando que "ellos también tienen derechos".
La lucha de los trabajadores no es la lucha de los verdugos de los más de 3.700 pibes asesinados por el gatillo fácil y la tortura.

Más muertos por la represión del gatillo fácil y la tortura
Pese a lo que parecen creer algunos, ninguna represión del aparato estatal es buena, salvo que creamos en el cuento del policía bueno y el policía malo, con el que nos bombardean desde los medios de comunicación, y olvidemos a la institución y su función estratégica.
Así, pese a los eventuales reclamos salariales, los desclasados nunca cesan de cumplir con la función para la cual existe la institución a la que pertenecen: reprimir.
En la semana que pasó hubo muchísimos casos, protagonizados por miembros de distintas fuerzas del aparato represivo, continuando con la política represiva de disciplinamiento social.
Natalia Almada, de 17 años, fue “suicidada” en una comisaría de la provincia de Misiones, luego de haber sido detenida arbitrariamente horas antes por encontrarse, supuestamente, en estado de ebriedad.
Alejandro Vidal, fue encontrado ahorcado en el pabellón 16 de la Unidad Penal 11 de Piñero, a cargo del Alcalde Mayor Roberto C. Marchesín, de la provincia de Santa Fe.
Dos policías de una comisaría de Wilde, localidad de la provincia de Buenos Aires, fueron detenidos por haber fusilado de un tiro en la nuca a un empresario, Juan Carlos Caggiano, que estaba siendo secuestrado, y sin que mediara enfrentamiento alguno.
El subjefe de la División Criminalística (D6), de la Policía de la provincia de Santiago del Estero, intentó dirimir una interna policial a los tiros, asesinó a su jefe tras una discusión dentro de la dependencia, e hirió a otros dos compañeros de armas.
Alexander Damián Zarcovich, de 16 años, fue fusilado por la policía de El Palomar, provincia de Buenos Aires. La versión de la fuerza fue un inexistente tiroteo con quien, hasta ese hecho, era obligado a robar para ellos. Crónica tituló “No roba más. Murió ‘ladroncito’ baleado por la policía” (29/09/2012 – ver también Boletín Informativo nº 675). La movilización de los vecinos de la villa Carlos Gardel impidió que esta versión se consolidara. Por su parte, el progresismo sabatellista, que vota leyes antiterroristas, enseguida intentó capitalizar este hecho a su favor, para insistir sobre la organización de otra policía, sólo que dirigida por ellos.
En el complejo habitacional Centenario, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un policía asesinó a un hombre. La versión oficial fue similar a la primera noticia sobre el asesinato de Alexander Zarcovich, y que se repite en todas las crónicas policiales de asesinatos perpetrados por represores: El policía, según esa versión, fue abordado por tres hombres armados, con intención de robo. El represor tuvo el tiempo de identificarse como policía, dar la voz de alto, sacar su arma, participar de un tiroteo del que salió ileso, y matar al supuesto asaltante. Digno relato de películas estilo western, que es básicamente el mismo que se repite cada vez que ocurre un hecho de este tipo. Y, a su vez, es el mismo relato que ya denunciaba Rodolfo Walsh, en 1968, cuando escribió la nota sobre “La secta del gatillo alegre”.
El último caso que conocemos es el de Brenda Solange Guerault (23), asesinada por su novio policía, Maximiliano Villarda, de una comisaría de Olivos, Provincia de Buenos Aires. Como también escribía Walsh por esa época “La vocación de violencia de los policías bonaerenses no se agota en estos episodios. Sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del ‘arma reglamentaria’.”
Es así que, mientras algunos sueñan con quebrar al aparato represivo estatal, o la cadena de mandos, con la ayuda de algún reclamo reivindicativo, en estos días los desclasados no descansaron en el cumplimiento de su función. Siguieron asesinando y torturando como lo hacen desde que existen.

Otra vez sobre la asonada de los desclasados
Como decíamos en la nota sobre los compañeros de la línea 60, poco después de finalizado el conflicto por los salarios, los gendarmes los desalojaron de la Panamericana.
Es que los integrantes de las fuerzas represivas no son trabajadores, sino desclasados. Son aquellos que, proviniendo en su mayoría de la clase trabajadora, están dispuestos a matar en defensa de los intereses de los capitalistas, a cambio de una paga.
Por eso, lejos estamos de confundir al perro con el amo. No los consideramos burgueses, sino perros guardianes de la burguesía.
Su conciencia está determinada por su existencia. Ingresaron voluntariamente a una fuerza represiva, en la que se forman profesionalmente para vigilar, controlar y reprimir. Su vida está determinada por esta tarea y su subjetividad adaptada a la misma. Esta subjetividad se forma a lo largo del tiempo en cientos de hechos, desde la participación en torturas en comisarías, en hechos delictivos, hasta en la vigilancia en los barrios, con las lógicas detenciones arbitrarias de los pibes pobres, por portación de cara, y el consabido verdugueo que diariamente sufren millones de pobres en nuestro país.
Luego, en cada hecho represivo que descargan sobre los trabajadores, muestran la imposibilidad de solidarizarse con quienes fueron, en algún momento, sus hermanos de clase.

Ruptura de la cadena de mandos
Dentro del campo popular hay quienes creen, de buena fe, que el reclamo salarial protagonizado por los represores, puede provocar una ruptura en la cadena de mandos. Dentro del conjunto de estas organizaciones, no son pocas los que estigmatizan a otras organizaciones como la nuestra, con calificativos como sectarios, ultraizquierdistas, o infantilistas, por negar esa posibilidad.
Suponer que los integrantes de las fuerzas represivas, que están preparadas técnica e ideológicamente para reprimir rebeliones populares, puedan romper con la ideología que los estructura, dentro de la cual está la cadena de mandos, por un recorte salarial, es cuanto menos ingenuo. Concluir que puedan llegar a solidarizarse con los trabajadores y negarse a reprimir, por el mismo motivo, roza el delirio.
Quien no tiene escrúpulos para desarrollar todo tipo de acciones represivas, desde el verdugueo hasta la tortura y la muerte, pasando por la criminalidad policial, no abandona su puesto por un recorte de salarios. Mucho menos cuando sabe que es imprescindible para el mantenimiento del orden de esta sociedad de clases. En cambio, hace valer su importancia, para que rápidamente le solucionen el problema. Todo ello sin dejar de reprimir, sin dejar de saturar los barrios, sin dejar de vigilar. Lograr sus objetivos los reafirma en ese pensamiento y en el orgullo de la “labor” que llevan a cabo; los envalentona.
Es más, este cambio en la subjetividad, por cuestiones reivindicativas, no sucede ni con los trabajadores que, con un 20% de desocupación votaban por Menem, o que votaron por Cristina Kirchner, aún cuando desde 2003, hasta la fecha, se dan la mayor cantidad de casos de gatillo fácil que afectan a sectores provenientes de la clase trabajadora.
La sindicalización
Asimismo, creer que la sindicalización puede tener como efecto esa ruptura de cadena de mandos, o cuestionar la jerarquía verticalista, sigue siendo tan ingenuo como lo anterior.
La sindicalización no cuestiona las estructuras verticalistas, ni es incompatible con ellas. Los trabajadores estatales están estructurados dentro de la jerarquía de la administración pública. De hecho, la jerarquía administrativa es uno de los fundamentos de la potestad disciplinaria. Sin embargo, ello no es incompatible con la agremiación de miles de trabajadores estatales.
Por otra parte, es ignorar las experiencias de otros países. En España, por ejemplo, el titular del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), ha justificado las represiones contra el movimiento de los indignados, la infiltración, el uso de policías encapuchados (Europapress, 26/09/2012), el actual tratamiento brutal a los independentistas vascos, y ha pedido mantener represión contra ETA, aún luego de anunciado el alto el fuego (Europapress 06/09/2010; 21/12/2011). En Grecia, además de que vienen reprimiendo las luchas contra el ajuste desde hace tiempo, el sindicato policial ha advertido a las autoridades del Estado, a título de amenaza, que se negarán a reprimir las protestas de trabajadores si se les reduce el sueldo (Boletín informativo nº 674). Ése es el trabajo que realiza el aparato represivo estatal. El trabajo de un mercenario.
Además, desconoce que la sindicalización no es impulsada por miembros de la base de las fuerzas represivas. Al contrario, entre los principales impulsores se puede encontrar a más de un comisario. Valga el ejemplo de Edgardo Mastandrea, comisario retirado que se paseó por todo el arco político “progresista” durante la década del ’90, y parte de la primera década del siglo XXI, impulsando la sindicalización policial, y que cayó en desgracia cuando fue detenido y procesado por su participación en crímenes cometidos durante la dictadura.
No tiene en cuenta, tampoco, la naturaleza de los reclamos que suelen enarbolar estas organizaciones autodenominadas sindicatos: mejor equipamiento (represivo) provisto por el Estado, mejores condiciones de trabajo (de ejercicio de la represión), o asistencia jurídica estatal por hechos de servicio (léase, asistencia jurídica gratuita cuando deben enfrentar acusaciones por gatillo fácil o tortura) son los más usuales (ver Boletín informativo nº 428 respecto de las “reivindicaciones” del sindicalismo policial español).
La quiebra del aparato represivo
No desconocemos que, en determinado momento, ante las luchas del pueblo organizado, el aparato represivo se puede quebrar y hasta disgregar. Pero ello ocurre cuando estos desclasados se enfrentan a la violencia organizada del pueblo. Parafraseando a Roque Dalton, cuando los represores dejan de ver al pueblo como un montón de espaldas que huyen, y comienzan a verlo venir de pecho y con cada vez más fusiles.
Lejos de estar en una situación como esa, las últimas elecciones muestran un fortalecimiento de la hegemonía burguesa, no sólo por la votación masiva por Cristina Kirchner, sino por el hecho de que el resto que votó, lo hizo también por otras variantes burguesas, más o menos reaccionarias. Lo demuestra también el hecho de que, pese a los continuos ataques represivos sobre organizaciones de trabajadores clasistas, que ya nos costaron varios compañeros muertos en los últimos años, no puede ponerse en pie un espacio de coordinación para combatir, siguiendo una política de frente único, esa misma represión. Ni hablar de organizar la autodefensa o de tener una política de seguridad común en las movilizaciones.
Así, la política de las organizaciones que llaman a intervenir en el aparato represivo estatal, sea a título de agitar consignas por afuera, o a organizar a los mismos represores, en este contexto es grave. Por un lado, porque dan la falsa idea de que el aparato represivo puede ser reformado y se puede alterar su naturaleza sin combatirlo. Por el otro, porque pese a lo que se dice, no actúan en consecuencia. En los hechos, ninguna organización de izquierda tiene tal intervención, por lo que terminan llevando a cabo una política de disputa con otras organizaciones del mismo campo, corriéndolas por izquierda, pero sin tener una política que coincida con sus discursos.
La técnica determina la táctica
Esto, que quiere hacerse pasar como la palabra certera de la política revolucionaria, ignora una indicación de método, básica de los grandes revolucionarios: la táctica militar depende de la técnica militar. Ninguna organización de las que levantan estas posturas tiene un estudio de la técnica militar del aparato represivo estatal. Reducir la cuestión técnica al tipo de armamento sería de simplificar la cuestión. Ésta remite al tipo de preparación de la fuerza represiva, las hipótesis de conflicto que manejan, y cómo se organizan para enfrentarlas. Todo esto remite no sólo a la cuestión político–militar, sino también a la ideológica.
Así, despreciando este tipo de cuestiones, algunas organizaciones han hasta levantado la condición 4ª, para la admisión de los partidos comunistas en la III Internacional, como justificativo de la necesidad de intervenir en las fuerzas represivas (“El deber de propagar las ideas comunistas implica la necesidad absoluta de llevar a cabo una propaganda y una agitación sistemática y perseverante entre las tropas. En los lugares donde la propaganda abierta presente dificultades a consecuencia de las leyes de excepción, debe ser realizada ilegalmente. Negarse a hacerlo constituiría una traición al deber revolucionario y en consecuencia incompatible con la afiliación a la III Internacional”).
Se hace así una analogía apresurada. Se hace abstracción de que esas condiciones se establecieron en la etapa de la primera posguerra, luego del triunfo de la revolución rusa, en forma contemporánea a las revoluciones húngara, alemana y italiana, en una situación de agotamiento de la economía europea, de franca debilidad de los estados, y de la existencia de organizaciones que aglutinaban a millones de trabajadores, con una perspectiva de clase revolucionaria.
Pero, además, también hace abstracción del tipo de ejércitos existentes en ese momento. Los ejércitos de los principales países eran organizaciones de leva forzosa. Su componente mayoritario era de soldados obreros y campesinos que habían sido obligados a alistarse para, transitoriamente, prestar servicios militares. Lejos de tratarse de hombres que hacían de la represión su modo de vida, las fuerzas armadas estaban sobrepobladas de hombres cuya existencia estaba determinada por el trabajo en la fábrica, en la ciudad o en el campo.
Es decir que, este tipo de propuestas, ignora la indicación de método de estudiar las características del aparato represivo, para luego determinar qué tipo de táctica adoptar.
Pero aún cuando no consideremos todas estas cuestiones, es decir, aún cuando nos neguemos a analizar la situación concreta en la que se propone actuar, los mismos revolucionarios explicaban cuánto había de rutinario en la concepción que pretendía que las tropas se pasarían de bando como consecuencia del trabajo realizado en ellas. Por el contrario, indicaban que, llegado el momento, habría que dar una lucha física por quebrar a las tropas, para que algunos sectores se pasen a las filas del pueblo (vgr. Lenin, Las enseñanzas de la insurrección de Moscú).
En la actualidad no existen las organizaciones capaces de llevar adelante tal política.
En cuanto al aparato represivo, en septiembre la Gendarmería Nacional fue anfitriona de un Encuentro Regional para la Policía Internacional de la ONU (UNPOL). La hipótesis para la que se prepara gendarmería es intervenir en un Estado con conflicto interno (rebelión popular), en lo que denominan como Operaciones de Paz. Esto es, invasión de fuerzas militares bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, tendiente a reprimir el conflicto, y a reestablecer una Policía Nacional, que pueda asegurar la represión interna sin intervención de las Naciones Unidas (Boletín informativo nº 674).
Nuestras Fuerzas Armadas también realizan ejercicios conjuntos, con otros ejércitos americanos, con dirección de los Estados Unidos, en hipótesis de conformación de fuerzas multinacionales bajo mandato del Consejo de Seguridad, en Operaciones de Paz. Ejercicios conjuntos como el “Cabañas” son paradigmáticos.
Asimismo, existe la política de utilizar locaciones militares de los países anfitriones, para encubrir bases militares yanquis, o de realizar misiones humanitarias para legitimar al ejército ante la población, al mismo tiempo que se hace reconocimiento del terreno y de la cultura en la que se intenta intervenir (“Plan Ahí” en la Argentina, o los Medrete’s, Beyond Horizons, entre otros, del Comando Sur).
La colaboración de nuestras fuerzas represivas con el imperialismo yanqui y europeo es total. Miles de integrantes de estas fuerzas se han formado en los últimos años en cursos norteamericanos financiados por el Departamento de Estado (Ver en su página de Internet, Foreign Military Training).
La principal hipótesis de intervención es siempre la represión de rebeliones populares mediante una fuerza multinacional dirigida por los Estados Unidos. Para esto se preparan diariamente nuestras fuerzas represivas. Y todo esto sin contar aquélla colaboración que no conocemos por ser clasificada.
Por eso, el “andate zurda” que le gritaron a una dirigente de izquierda tiene un significado muy diferente al que le pudo haber gritado un trabajador de la burocracia sindical. La izquierda tiene un trabajo de años formando agrupaciones antiburocráticas que buscan arrebatarle los sindicatos a la burocracia. En cada rama de la producción, es posible encontrar núcleos de revolucionarios desarrollando esa tarea. Es lógico que un burócrata le grite eso a un dirigente de izquierda porque desarrollan una lucha todos los días por el control del gremio. No ocurre lo mismo en las fuerzas de seguridad, donde no hay trabajo alguno que pueda balancearse. El “andate zurda” no remite a un enfrentamiento cotidiano, pero también histórico en el seno de la clase obrera, sino a la preparación ideológica de la fuerza organizada para reprimirla.
Plantear una política de intervención, desconociendo las características de la fuerza represiva es, por lo menos, irresponsable.
Un poco de represión no está mal.
Luego, hasta se han dado justificaciones que rayan con el pensamiento más reaccionario. Todo con el objetivo de lograr un convencimiento sobre la necesidad de militar a las fuerzas represivas.
Así, hemos leído que se justificaba un tipo de represión estatal porque es la que se abate sobre el delito común, cuyo principal damnificado es el trabajador y su derecho de propiedad. En consecuencia, compañeros que se dicen revolucionarios, sostienen que esta represión no es mala. Si no es mala, ¿será que es una consecuencia adecuada al tipo de fenómeno que enfrenta?.
Curiosamente, en esas notas no se plantea atacar las causas del delito, el capitalismo mismo, sino que se intenta justificar cierto grado de represión sobre la base de la existencia de delito. Nada que envidiarle a cualquier campaña de inseguridad de la burguesía. Decimos curiosamente, porque luego se sostiene que el “reciente” fenómeno de lumpenización de la fuerza represiva (criminalidad policial) tendría como causa los bajos salarios de los policías, por lo que en este caso sí se propone atacar esa supuesta causa, reclamando que se los aumenten. Véase cómo, respecto del delito que sería protagonizado por el pibe chorro, la represión sí está justificada, mientras que no se postula reprimir a los represores por la criminalidad policial. Como decíamos, un discurso que podría sostener cualquier burgués reaccionario.
Además de reaccionario, es ignorante, porque la criminalidad no es, ni de lejos, un fenómeno reciente. En su momento, Rodolfo Walsh escribía en el diario de la CGT de los Argentinos, que la secta del gatillo alegre era la logia de los dedos en la lata, señalando correctamente la relación que existe entre la función represiva y la criminalidad policial (1968). Este fenómeno hasta se puede observar en películas como “Pandillas de Nueva York”, de Martin Scorsese, ambientada en 1865, en donde un irlandés, devenido en policía, va por las noches a los escondites de los pibes chorros de los “Five Points” a reclamar parte del botín. Pudo verse también en el robo de propiedades de algunos desaparecidos por parte de la jerarquía militar de la última dictadura. Luciano Arruga nos recuerda permanentemente quién organiza el delito en los barrios, para quiénes trabajan los pibes chorros, y qué les pasa cuando quieren negarse a trabajar para la policía.
Ninguna colaboración.
En el momento actual en el que se encuentran nuestras organizaciones, plantear algún tipo de colaboración entre el campo popular y el aparato represivo estatal es, en primer lugar, imprudente. Se abriría la puerta a un mayor conocimiento de parte de integrantes del aparato represivo de nuestras organizaciones. Permitirlo linda con lo criminal.
En cambio, es necesario consolidar la colaboración entre organizaciones para hacer efectivo, en la realidad de la militancia cotidiana, el frente único. No para salir en forma espasmódica ante la represión de alguna lucha popular, sino para que ese frente único exprese una política de coordinación sistemática de defensa de todo compañero reprimido por luchar.
Lejos de estar en una situación en la que debamos preocuparnos y distraer fuerzas en generar conciencia popular en el aparato represivo (algo que nosotros negamos que se pueda lograr actualmente), debemos generar conciencia antirrepresiva en el pueblo, para que no vea con naturalidad la saturación de fuerzas de seguridad en el territorio. Que no sea natural para nuestro pueblo que haya policías provinciales, municipales, federales, y de tipo militar, saturando con retenes de control el territorio. Debemos generar conciencia de que no es normal que nuestros barrios se hayan convertido en un gueto.
Por eso es que constantemente decimos que, en este aspecto, no hay política de reforma, que la única política viable contra la represión es la que llama a organizarse y a luchar.

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