jueves, 25 de octubre de 2012

La noticia más censurada N° 8: Crímenes de guerra de OTAN en Libia

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

La Organización Tratado Atlántico Norte (OTAN) justificó su intervención en Libia invocando “principios humanitarios”, pero ahora se conocen sus acciones catastróficas para los seres humanos, como la destrucción por bombardeo en julio 2011 de la principal instalación de agua potable, que aproximadamente abastecía al 70 por ciento de la población de ese país.

Y, en un intento fallido por aparecer imparcial y objetiva, la BBC de Londres reveló, casi un año después que esta información fuera difundida por medios independientes, que las Fuerzas Especiales Británicas desempeñaron un papel clave en supervisar y conducir a la victoria a los llamados “combatientes de la libertad” de Libia.

Global Research entregó detalles -15 de octubre 2011- sobre "la destrucción insensible de Sirte, llevada a cabo por la OTAN". Con sorprendentes fotografías del Daily Mail arguyó que la OTAN utilizó personal europeo de combate con disfraz de civiles para cometer extensos crímenes de guerra en Libia. “Las fotos confirman lo que el Daily Mail no mencionó: el bombardeo extensivo que castigó a todo un país de 6 millones de personas en virtud de un alegado mandato humanitario”, dijo el editor de Global Research, Michael Collins.



Foto: Las cáscaras de una ciudad: Sirte

"Según la ONU, en su resolución dijeron que querían proteger a los civiles. Yo soy un civil. Estoy pidiendo a las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de Transición (CNT) que busquen ayuda para los ciudadanos de Sirte", dijo Ali Salah Arzaga, en Sirte, Libia, después que su hogar y su negocio fueron destruidos en el asalto final a la ciudad.


Foto: Ali Salah Arzaga

“La justificación para la entrada de la OTAN en el conflicto libio se basaba en principios humanitarios, señaló acertadamente el Sr. Arzaga”, recordó Michael Collins -en el Daily Censored, 2 de noviembre de 2011-. “El Consejo de Seguridad aprobó el 17 de marzo 2011 la resolución 1973 y la OTAN continuó las acciones con su socio Qatar, alegando que se ajustaban al único propósito de la alianza: ‘proteger a la población libia’, como nos dijeron”.

Para Collins, en las fotos del Daily Mail "hay armas humeantes muy públicas que inculpan a los gobernantes de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y a otros, en los crímenes de guerra en Libia”. Añadió que “el resultado de la intervención de la OTAN fue cualquier cosa, menos humanitario. Decenas de miles de libios fueron heridos o muertos. La infraestructura del país está por los suelos. Una ciudad, Sirte, fue destruida durante la ofensiva final, mientras en otra ciudad, en el pueblo no-árabe libio-negro de Tawergha, está ausente toda su población, 25.000 habitantes. Ellos estaban allí sólo unas pocas semanas atrás”. Y esto fue publicado el 2 de noviembre 2011.

“Para entender lo que se hizo al participar naciones de la OTAN y Qatar, que se unió al esfuerzo, y responder a preguntas sobre los crímenes de guerra, tenga en cuenta lo siguiente: la autorización de las ONU para la ayuda de la OTAN, la declaración de intenciones y las acciones de la OTAN, además de los informes de conducta y el Protocolo 1 de la Convención de Ginebra de 1977. Con esta base, será posible evaluar el comportamiento de la OTAN y Qatar”, escribió Collins.

Para el periodista, “la ONU, la OTAN y Qatar se pusieron la máscara de la ayuda humanitaria, mientras su participación fue un acto sistemático de guerra contra Libia para lograr un cambio de régimen. Además, está muy claro que los participantes, por su propia admisión, han colaborado activamente en actos de guerra que no estaban autorizadas por la ONU y que dieron lugar a la violencia contra la población civil y la infraestructura de la nación”.

“La OTAN fue mucho más allá de los límites del mandato de la ONU. Permitió en la misión a una nación que no era parte de la OTAN -Qatar- violando el embargo de armas, de proporcionar tropas y el uso de esas fuerzas para coordinar los ataques aéreos de la OTAN con los rebeldes CNT sobre el terreno. Como resultado de ello, la OTAN y los rebeldes CNT estaban actuando al unísono, luchando en una guerra de agresión contra el gobierno libio”.

Esto no lo dijo Collins: y es que esta historia de hace menos de un año en Libia se parece demasiado a la que hoy está viviendo Siria, exactamente con los mismos protagonistas, paramilitares armados hasta los dientes, toda clase de servicios de inteligencia occidentales más mercenarios derechistas árabes y terroristas civiles -Al Qaeda incluido- contratados por la OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Qatar y las demás monarquías conservadoras del mundo árabe, para desestabilizar al gobierno sirio, destruir el Estado, dejar el camino libre al saqueo internacional y, sobre todo, preservar sus propios regímenes y poderío militar.

Notas y referencias:
- Michael Collins, “NATO War Crimes: The Wanton Destruction of Sirte,” Global Research, October 15, 2011, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27092.
- Michael Collins, “Smoking Guns: War Crimes in Libya,” The Daily Censored (blog), November 2, 2011, http://dailycensored.com/2011/11/02/smoking-guns-war-crimes-in-libya.
- Timothy Bancroft-Hinchey, “NATO’s Ultimate War Crime: Destroying Libya’s Water Supply,” Global Research, August 1, 2011, http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25861.
- Timothy Bancroft-Hinchey, “NATO War Crime: Libya Water Supply,” Pravda, July 23, 2011, http://english.pravda.ru/news/world/23-07-2011/118577-nato_war_crimes-0.
- Franklin Lamb, “Where Have Libya’s Children Gone?” Counterpunch, August 8, 2011, http://www.counterpunch.org/2011/08/08/where-have-libyas-children-gone.
- Gerald A. Perreira, “British Intelligence Worked with Al Qaeda to Kill Qaddafi,” Global Research, March 25, 2011, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23957.
- Patrick Martin, “A CIA Commander for the Libyan Rebels,” World Socialist Web Site, March 28, 2011, http://www.wsws.org/articles/2011/mar2011/pers-m28.shtml.
- Global Research, “BBC ‘Reveals’ After the Facts how British Special Forces Supervised and Spearheaded Libya Rebels to Victory,” Global Research, February 1, 2012, http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29001.
- http://www.mediafreedominternational.org/2012/03/26/nato-war-crimes-in-libya/
- http://www.mediafreedominternational.org/2012/04/10/nato-war-crimes-against-libya/
- http://www.mediafreedominternational.org/2012/04/02/what-happened-to-the-missing-children-of-libya/
- http://www.mediafreedominternational.org/2012/04/07/bbc-reveals-after-the-facts-how-british-special-forces-supervised-and-spearheaded-libya-rebels-to-victory/
Estudiantes investigadores: Beatriz Alcazar, Andrea Perez, Robert Block y Harmen Sidhu (Sonoma State University); Paloma Tur (Universidad Complutense de Madrid)
Evaluadores académicos y de la comunidad: Alfredo V. Moran, Bryan Polkey, Luis Luján y Miguel Álvarez-Peralta (Universidad Complutense de Madrid); Peter Phillips and Gregg Adams (Sonoma State University).

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La crisis Siria y los devaneos de la izquierda

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Los últimos atentados terroristas en Siria, particularmente los efectuados en Damasco contribuyen a desmitificar el carácter de esta guerra irregular y fabricada para derrocar un gobierno.

Este es un hecho claro que los cuarteles que la diseñaron no lo admiten.

El protagonismo del terrorismo en la crisis Siria también permite desentrañar el “misterio” de por qué cierta izquierda forma parte de una insólita y nueva alianza para derribar el gobierno sirio. Lo que sorprende más todavía es la amplitud del conglomerado y de que sean muy pocas las naciones que cumplan con el requisito de respeto a los Derechos Humanos, que es el motivo por el cual se unen para derrocar un gobierno en un país soberano.

Esta cofradía contra Siria, incluye a los gobiernos más reaccionarios del planeta como son los de las monarquías del Golfo Pérsico, Israel y las potencias de la OTAN. A estos se les debe agregar una serie de países que tienen gobiernos llamados de izquierda o progresistas, como es el caso de Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay en la región de América Latina.

Argentina, Brasil y Uruguay prestaron su voto para aprobar el borrador de resolución de la Asamblea General de la ONU del 19 de Julio, The Situation in Syria (document A/66/L.57). Ecuador se abstuvo.

Este borrador es una nueva condena al gobierno Sirio, justifica sanciones e implícitamente abre la compuerta para la aplicación del Capítulo VII que permite la intervención militar que en la práctica es derribar su gobierno. Bolivia se sumó a los países que la rechazaron donde se encuentran Cuba, Venezuela, Nicaragua, en esta región. El documento fue adoptado por 133 votos a favor, 12 en contra, con 31 abstenciones, y las declaraciones de algunos delegados revela la tendencia en las posturas de los países.

Se destaca la abstención de Tanzania que representa un llamado de atención a la ponderación. Invita a indagar más en el problema y corregir el diagnóstico. El voto de abstención no significaba endosar la impunidad, aunque enfatiza que no se ha aplicado en el caso de Siria, el principio de no interferencia.

Dijo el delegado de Tanzania que la resolución no reconoce el rol de las fuerzas externas en el conflicto armado, y que las omisiones constituían un obstáculo mayor para obtener una solución pacifica. Tanzania se apegaría al principio constitutivo de la Unión Africana de no promover cambios inconstitucionales de gobierno en los países.

Desde esta resolución y la del Consejo de Seguridad con fecha de 3 de agosto (reunión 6810) donde China y Rusia vetaron el incremento de las sanciones y la intervención militar, las acciones terroristas han escalado como una respuesta directa al rechazo de China y Rusia a la intervención militar.

La declaración del delegado de Siria ante la ONU el 19 de julio es una advertencia de que el terrorismo iría en aumento. Hay que destacarla porque la prensa internacional en forma aplastante ha ignorado las declaraciones del gobierno sirio como si estuviera desplomado. El periodismo occidental con las excepciones que confirman la regla opera como si fuera una extensión del bloqueo a Siria y el corte de relaciones.

El representante sirio señala que la resolución del 19 de Julio de la Asamblea General promueve el caos, el terrorismo, impide generar un diálogo nacional, abre la compuerta para la entrada de insurgentes y terroristas, permite usar los campos de refugiados para el entrenamiento de milicias. Cada vez que el ejército Sirio ha aplicado el cese al fuego se produce una ola de atentados.

Es exactamente lo que está sucediendo en Siria y el Consejo de Seguridad de la ONU dominado por la tendencia que aspira a derrocar el gobierno todavía no toma las medidas correspondientes. ( Ver nota anterior)

Capítulo Internacional Socialista

El expediente de los DDHH se está usando en una forma genérica, redundante, e instrumental. Es lo que se desprende de la conducta de la Internacional Socialista (IS), porque en la actual coyuntura es el terrorismo el principal problema de Derechos Humanos en Siria.

En la conferencia mundial de la IS celebrada en Ciudad del Cabo a fines de Agosto se elaboró una declaración de condena a Siria.

No se entiende “condena de qué” siendo que Siria es la agredida. La declaración quedó corta en recomendar la intervención militar inmediata, que en última instancia fue rechazada por una buena parte de los delegados.

En una de las resoluciones adoptadas se acusa al gobierno Sirio de haber cometido decenas de miles de muertes en la población civil sin mencionar en forma explícita y clara, la intervención externa en estas muertes. Aunque la IS no se manifiesta a favor de la intervención militar, sin embargo apelan a que China y Rusia, no apliquen el veto a la intervención en una manipulación de lenguaje que resulta demagógica.

La declaración de la SI señala: “Que China y Rusia en particular en el consejo de seguridad, estén en línea con el sentimiento de la comunidad internacional que es proteger al pueblo sirio”.

Este devaneo es porque en el fuero interno, cualquier adherente coherente a los principios de la IS sabe bien que el gobierno de Assad no es una dictadura y lejos de ello, es quizás en términos prácticos el gobierno que más practica la participación popular para la formulación de sus políticas públicas.

Como que la grave crisis internacional que representa el conflicto en Siria, no fuera de importancia para países que han vivido y viven aun los desgarradores efectos de la desestabilización y del quiebre institucional por medios violentos.

Las fuerzas políticas de izquierda que en aras de un dudoso expediente de acusaciones por violaciones a los DDHH y, ausencia aparente de una democracia en Siria, se han embarcado en el plan de derrocar su presidente para que haya paz.

Algo sucede con la izquierda y el progresismo a nivel mundial y su postura frente a la agresión de la Alianza Transatlántica a Siria.

Con la excepción de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela -países de la región- y de Belarus, Bolivia, China, Cuba, República Democrática de Corea, Irán, Myanmar, Rusia Siria, y Zimbabwe, que expresan una posición definida sobre la soberanía y la integridad de Siria, en el resto de las naciones no se observa una posición de no alineamiento con las potencias que a toda costa se empeñan por derrocar el gobierno.

Las dos resoluciones de Naciones Unidas citadas, son clave para comprender el estado de situación de la crisis Siria y cómo la gravitación política imperialista y colonial ha atravesado la zona progresista de la independencia y la autonomía.

Desde esta perspectiva, considerando los objetivos de una agenda internacionalista orientada al bien público, aquellos partidos que forman parte de la social democracia internacional, y no solo éstos, si no esa amplia gama de personas que se incluye en el liberalismo progresista, tienen la oportunidad de alzar su voz en pos de restaurar el verdadero carácter multilateral y neutral de la ONU que se ha extraviado notoriamente en el caso del conflicto armado en Siria.

Ver también:
- Siria. Fallas en el diseño para derrocar su gobierno
- Últimos atentados terroristas en Siria y la dudosa neutralidad de la ONU
- Siria: El desafío de un nuevo Internacionalismo (Parte I)
- Siria: El desafío de un nuevo Internacionalismo (Parte II)

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Cómo poner fin al exilio fiscal

Salim Lamrani (OPERA MUNDI, especial para ARGENPRESS.info)

El deseo del magnate francés Bernard Arnaud de adquirir la nacionalidad belga reaviva el debate sobre el exilio fiscal y el rechazo de los grandes patrimonios a cumplir sus obligaciones tributarias. No obstante, existe una solución simple y eficaz para poner fin a la evasión fiscal legal.

Bernard Arnaud, primera fortuna europea y cuarta fortuna mundial con 40.000 millones de euros, cuyo salario anual se eleva a 10 millones de euros y cuyas inversiones generan cada año 200 millones de euros de ganancias, pidió su naturalización con el fin de conseguir la nacionalidad belga.  Algunos sospechan que el hombre más rico de Francia quiere escapar de su deber de ciudadano, igual que varias decenas de miles de exilados fiscales que eligieron instalarse en otros países como Suiza, Bélgica, Reino Unido u otros que ofrecen sustanciales ventajas a los más adinerados.

Entre 1988 y 2006, el 0,01% de los franceses más ricos, alrededor de 3.500 familias, vieron sus ingresos reales aumentar un 42%. A guisa de comparación, en el mismo periodo, el 90% menos pudiente sólo se benefició de un alza de 4,6%.  Así, la evasión fiscal legal e ilegal cuesta cada año 50.000 millones de euros al Estado francés. Con semejante suma, se podrían construir 500.000 viviendas sociales a 100.000 euros, o se podrían crear más de 1,5 millones de puestos en educación, salud, servicios sociales o cultura.

En Suiza, en algunos cantones, los residentes extranjeros no pagan impuestos sobre sus ingresos o su patrimonio sino únicamente sobre sus gastos, lo que vuelve muy atractivos esos territorios para los más acaudalados. En este país, donde residen cerca de 2.000 exilados fiscales franceses, las 43 familias más adineradas acumulan una fortuna de 36.500 millones de euros.

Para responder a la problemática del exilio fiscal, el argumento dominante en Francia, que defienden el mundo económico, la derecha y una parte del centro-izquierda, consiste en promover una disminución de la tasa tributaria para las categorías más acaudaladas. Así, tras su elección en 2007, el antiguo presidente Nicolas Sarkozy adoptó el escudo fiscal, un dispositivo tributario según el cual no se pueden gravar los ingresos de un contribuyente más de un 50%.

No obstante, existe un mecanismo aplicable y eficaz para poner término a la evasión fiscal legal. Actualmente, la imposición está vinculada al lugar de residencia. Así, un exilado fiscal francés que elige vivir más de seis meses al año en Suiza se convierte automáticamente en contribuyente suizo y se beneficia de su legislación ventajosa. Sucede lo mismo para el francés que se instalase en Luxemburgo, Reino Unido o Bélgica.

Para poner fin a este abuso que priva de importantes recursos al Estado francés, y por consiguiente a los ciudadanos, bastaría simplemente con vincular la imposición a la nacionalidad, y no al lugar de residencia, y aplicar una tasación diferencial. Este dispositivo acabaría automáticamente con esta plaga. Así, un contribuyente francés refugiado en Suiza que sólo pagara un 35% de impuestos en su nuevo lugar de residencia, en vez de un 41% en Francia por ejemplo, se vería obligado legalmente a pagar la diferencia al Estado francés, es decir un 6%, lo que haría inútil toda expatriación por razones de orden  fiscal.

Esta práctica existe en países como Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses instalados en el exterior pagan exactamente los mismos impuestos, conseguidos en cualquier parte del mundo, que sus compatriotas que viven en el territorio nacional. Desde un punto de vista técnico, todos los países del mundo entregan cada año al Departamento del Tesoro una lista de los estadounidenses que viven dentro de sus fronteras. Así, el exilio fiscal ya no resultaría posible y la única alternativa para escapar de los impuestos sería la evasión fiscal ilegal.

Para contrarrestar este tipo de delito, el Congreso estadounidense adoptó una ley que permite a toda persona –en particular los empleados de los grandes bancos– que ofrezca información sobre los casos de fraude fiscal conseguir hasta el 30% de las sumas que recupera el Estado. Así, Bradley Birkenfeld, antiguo empleado del banco suizo UBS, obtuvo la suma de 104 millones de dólares por suministrar información, “excepcional a la vez por su tamaño y su alcance”, sobre los delitos de evasión fiscal que cometieron los clientes estadounidenses del Banco. Esta información permitió a los servicios tributarios estadounidenses recuperar la suma de 5.0000 millones de dólares y conseguir la lista de todos los delincuentes que tenían una cuenta en UBS.

Francia y las demás naciones, europeas y del mundo, deberían adoptar un modelo tributario que permitiera aplicar la tasación diferencial, vinculando la imposición a la nacionalidad y no al lugar de residencia. Del mismo modo, para luchar contra la evasión fiscal ilegal, que constituye una expoliación caracterizada de la riqueza nacional, los delincuentes de cuello blanco deberían recibir sanciones más severas, a la altura del daño causado. Entonces, los más adinerados tendrán que elegir entre su nacionalidad o su dinero.

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

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Colombia: El corrido del Caballo Blanco

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

EL testimonio “top secret”, escrito con “Información privilegiada” por el columnista Aldo Cívico (consultor USAID Colombia y del Departamento de Estado de Estados Unidos) quien remplazó al columnista Ernesto Yam.hure en unos de los principales sostenes mediáticos del régimen; arroja suficiente luz sobre las contradictorias declaraciones públicas dadas en Oslo por el jefe del equipo negociador de Colombia Humberto de la Calle, de que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar, ni la inversión extranjera están en discusión, la mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda” . Luego reforzadas por el general Mora Rangel y, ratificadas por el presidente colombiano JM Santos. Dice así el sr Cívico.

... ”Si algo distingue a este proceso de los anteriores, es el hecho de que está inteligentemente planeado. Se trata de un proceso de paz concebido desde los días en que Juan Manuel Santos era ministro de Defensa y con la Inteligencia Militar jugando un papel clave en afinar una estrategia favorable para un proceso de paz eficaz. Estas conversaciones fueron concebidas durante la presidencia de Álvaro Uribe y representan la actualización necesaria de su política de seguridad democrática. De hecho, el entonces comisionado de Paz, Frank Pearl, ya intentaba acercamientos con las Farc y el Eln mucho antes de que Santos ganara las elecciones”...  (El Espectador 24.10.2012)

Contradictorias, por varias razones:

Primera: No es cierto, entonces, que exista una oposición de fondo de Uribe Vélez al proceso de paz de JM Santos. Las contradicciones profundas entre estos dos representantes de clases sociales en el bloque de Poder dominante son de otros intereses. Lo que se presenta ladinamente por los medios de comunicación, como “oposición de Uribe a la paz de Santos”, no es más que una táctica electorera para la re-elección presidencial de cualquiera de estos dos políticos: Si el proceso avanza Santos es re-elegido, en caso contrario Uribe cobrará los dividendos.

Segunda. Tampoco es cierto que, sea un proceso concebido para lograr la paz en Colombia mediante reformas estructurales al régimen. Sino un plan de la Inteligencia militar (IM) para “terminar” a su favor el llamado conflicto interno colombiano, para que como lo dijo el mismo de la Calle, “las Farc dejen las armas, vayan a elecciones y luego hablen del modelo económico” imperante en Colombia.

Tercera: Como lo dice el sr Cívico, es “una actualización de la política de la Seguridad democrática” con sus tres güevos, implementada en el Octienio de Uribe Vélez. En donde la confianza a la inversionista extranjera, la cohesión social y la seguridad nacional son las prioridades del Poder; garantizadas por medio millón de soldados y policías que cuentan con todo el aparato represivo y legal del Estado colombiano. No hay pues lugar como lo aseguró el general Mora Rangel, a reformas o maquillajes democráticos a esa enorme maquinaria de guerra colombo-yanqui , que consume el 6,5% del PIB colombiano para matar colombianos impunemente, reforzado ahora con la aprobación del Fuero Militar en el congreso de la república en contra de los rechazos mundiales a tal Ley. Y manteniendo la fusión Ejercito-Policía, esta ultima convertida por el general Naranjo en una “guardia nacional contra-guerrillera colombiana”, al estilo de la que protegía a Somoza en Nicaragua.

Cuarta: Lo que constituye su máxima contradicción: Hablar públicamente de paz pensando en la guerra, borrando con el codo lo que se escribió con la mano y contradiciendo abiertamente el texto del acuerdo firmado por ambas partes. En el punto 1 (uno) del titulado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre el gobierno colombiano y las Farc-EP en la Habana el 27 de agosto 2012” (solo para citar uno solo de puntos acordados) se leen textualmente los siguientes apartes, TODOS RELACIONADOS con el actual modelo económico (neoliberal de guerra de despojo) dominante en Colombia, condensado en la llamada Cuestión Agraria:

... ” 1. Política de Desarrollo Agrario Integral

- El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.

- Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

- Programas de desarrollo con enfoque territorial.

- Infraestructura y adecuación de tierras.

- Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

- Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

- Sistema de seguridad alimentaria.”

Frente a lo cual uno debe preguntarse: ¿Si esto no es modelo económico, qué es lo que la Oligarquía Trasnacional colombiana (enferma tanto física como mentalmente y corroída por el cáncer de sus propias contradicciones intimas en el Poder) entiende por modelo económico?

Un amigo me acaba de mandar la sugerente letra de un corrido mejicano muy sonado en Colombia: El corrido del caballo blanco, que un día domingo feliz arrancara con la mira de llegar al Norte. Llevaba todo el hocico sangrando, en el valle del Yaqui le dio su ternura, cojeaba de la pata izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura...

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La Delegación de Paz de las FARC-EP reclama a Santos reglas claras sobre el “levantamiento de las órdenes de captura”

ANNCOL (especial para ARGENPRESS.info)

También exige el mismo procedimiento a la guerrillera holandesa y que tenga salvoconducto para llegar a la Habana e integrarse con la delegación.

En un breve comunicado llegado a nuestra redacción, la Delegación de Paz de las FARC-EP en la Habana, informa que los voceros del gobierno todavía no han cumplido con el permiso acordado sobre “el traslado hasta la Habana, de la vocera insurgente Alexandra Nariño”, entre los días 22 al 26 de octubre. Ella es la guerrillera holandesa que hace parte de la delegación de las FARC-EP en el diálogo con los representantes del gobierno.



La delegación insurgente también reclama plenas garantías acerca “el del levantamiento pleno de las órdenes de captura que pesen sobre cada uno de los integrantes de la Delegación de Paz de las FARC-EP”.

Hace dos días, el Fiscal General de la Nación de Colombia, Eduardo Montealegre Lynett, subrayó que los insurgentes serán capturados inmediatamente si salieran de Cuba.

A continuación ANNCOL reproduce el comunicado de la Delegación de Paz de las FARC-EP en la Habana:

La Habana, República de Cuba. Octubre 24 de 2012.

Sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia.

Comunicado

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, comunican al pueblo colombiano:

El viaje La Habana-Oslo-La Habana, realizado para instalar la Mesa de Diálogos de Paz entre el gobierno y las FARC-EP, transcurrió normalmente entre los día 16 al 18 de octubre, contando con las garantías y acompañamiento plenos de los representantes de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile.

Según lo acordado con los representantes del gobierno colombiano, se desarrolló la programación del 18 de octubre, centrándonos fundamentalmente, en el acto de instalación que dio inicio a las 15:00 horas de la fecha en mención, según el estricto orden de intervenciones comunicado a la Delegación de Paz de las FARC-EP por los respetables anfitriones.

Previamente a la instalación de la Mesa, los voceros del gobierno reiteraron en la Habana como en Oslo en reuniones formales realizadas frente a garantes y acompañantes, su compromiso de cumplir, entre los día 22 al 26 de octubre, con el traslado hasta la Habana, de la vocera insurgente Alexandra Nariño.

Seguimos a la espera de que se concrete tal compromiso, como el del levantamiento pleno de las órdenes de captura que pesen sobre cada uno de los integrantes de la Delegación de Paz de las FARC-EP.

Con optimismo revolucionario y compromiso creciente de contribuir a la conquista de la paz con justicia social, al lado del pueblo colombiano, fraternalmente,

Compatriotas Delegación de Paz de las FARC-EP.

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Yacimientos no convencionales, olor a Vaca Muerta

Hernán Scandizzo (OPSUR)

En diciembre de 2010 la empresa YPF -todavía controlada por Repsol- anunció el descubrimiento de un mega-reservorio de shale gas en la formación Vaca Muerta, en Neuquén. La compañía estimó el potencial del yacimiento en 4,5 billones de pies cúbicos (TCFs). Poco después el gobierno neuquino aclaró que esa era la punta del iceberg, ya que en el subsuelo de la provincia se alojarían 257 TCFs, es decir, un tercio del potencial de gas de yacimientos no convencionales del país.

A partir de ese anuncio en torno a Vaca Muerta, y las especulaciones sobre el potencial de esa formación, las autoridades públicas y el sector empresario presentaron a los no convencionales como la única alternativa para superar la crisis energética y proclamaron el comienzo de una era dorada para los combustibles fósiles en el país. La buena nueva era respaldada por un estudio de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, que sostiene que el potencial argentino de gas de yacimientos no convencionales es de 774 TCFs, sólo superado a nivel mundial por China (1.275 TFCs) y Estados Unidos (862 TFCs).



Tal es la relevancia adquirida por estos reservorios en el país que ocuparon un lugar central en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, promovida por el Poder Ejecutivo Nacional en abril pasado. Dicha norma no sólo planteó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en manos de Repsol, sino también alcanzar el autoabastecimiento y la generación de saldos exportables a partir de la explotación de no convencionales. Es decir, mantener a los combustibles fósiles como fuente principal de generación de energía -más allá de que la crisis climática global demande avanzar hacia fuentes limpias y renovables- y consolidar el modelo exportador de materias primas -que hoy se manifiesta a través del agro-negocio y la mega-minería.

Emiratos sudacas

El despegue de los no convencionales reactualiza el proceso de ampliación de la frontera hidrocarburífera, que se vislumbra desde 2006, con la sanción de la Ley 26.197 -que concretó la transferencia del dominio de los recursos de la Nación a las provincias. Esta ampliación de la frontera se da en dos direcciones: por un lado, las 10 provincias tradicionalmente petroleras -Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Jujuy y Formosa- concesionaron nuevas áreas para la exploración y explotación; por el otro, las 13 provincias restantes modificaron su marco regulatorio para propiciar esta actividad y en algunos casos avanzaron en planes de exploración -como Entre Ríos y Chaco. Sólo la ciudad de Buenos Aires ha quedado al margen de esta avanzada.

En este contexto el gobernador neuquino Jorge Sapag es el principal referente en favor de la explotación de no convencionales de las provincias petroleras, mientras que el mandatario entrerriano Sergio Urribarri se destaca en las jurisdicciones sin tradición hidrocarburífera. “Si Entre Ríos pasa a formar parte de la Argentina petrolera esta será otra provincia en pocos años[,] con recursos por regalías que la pondrán en otro lugar[,] incrementando aún más su extraordinaria potencialidad y las oportunidades para el desarrollo de su gente”, afirmó el gobernador luego de reunirse con técnicos de YPF. (1)

En dicho encuentro se anunció que en 2013 se iniciarían los trabajos de exploración en dos zonas: Federación -que incluye el departamento homónimo y parte de Concordia- y Paraná -que abarca a todo el departamento del mismo nombre. Incluso el secretario de Energía de la provincia, Raúl Arroyo, informó que se proyecta perforar un pozo a 4.500 metros.

Este último dato permite empezar a desentrañar qué son los no convencionales. Entre Ríos registra sólo un antecedente de pozo exploratorio, perforado a principios de la década de 1960 en Nogoyá, con una profundidad de 2.000 metros. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que se buscan hidrocarburos a mayor profundidad, está claro, pero no es lo único. También significa que se avanza sobre formaciones geológicas que requieren mayor despliegue de infraestructura, inversión económica y consumo de otros recursos -en este caso, agua- para su explotación.

Los yacimientos convencionales -a groso modo- son formaciones esponjosas -permeables- donde se concentran gas, crudo y agua en diversas proporciones, y generalmente sólo requieren una perforación vertical hasta la trampa donde se encuentran confinados los hidrocarburos. Mientras que con los no convencionales es distinto, primero porque bajo ese rótulo se hace referencia a una diversidad de yacimientos -arcillas y arenas compactas, mantos de carbón que alojan gas metano, arenas bituminosas, etc.- que requieren diferentes técnicas de explotación. En el caso de las arenas y arcillas compactas -la nueva promesa nacional, algo así como la soja de los hidrocarburos- tienen muy baja o nula permeabilidad y los hidrocarburos están dispersos. Para hacerlos fluir esas formaciones son fracturadas mediante la inyección de agua a alta presión, a la que se agregan arenas especiales y un coctel de alrededor de 600 productos químicos de diversa toxicidad.

Para tener una idea aproximada de los volúmenes de agua podemos tomar el caso de Neuquén. En los próximos cinco años proyectan perforar 2500 pozos en yacimientos no convencionales, según informó en septiembre el ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de esa provincia, Guillermo Coco. Esos trabajos demandarían 50 millones de metros cúbicos de agua, a razón de 20 mil metros cúbicos por pozo. 20 mil metros cúbicos es la capacidad de almacenamiento de agua que tiene la ciudad neuquina de Cutral Có para abastecer a su población de 35 mil habitantes.

Las autoridades provinciales aclaran que estas explotaciones no competirán con el suministro de agua, ya que ocuparían sólo el 1% del caudal disponible del río Neuquén, y que tampoco contaminarán los acuíferos -como sucedió en Estados Unidos- porque las fuentes potables de agua subterránea están muy distantes de las formaciones que se pretenden intervenir y, porque además, se ha legislado para que ello no suceda… Una explicación bastante insuficiente, esta última, si se toman en cuenta los niveles de contaminación generados por la actividad petrolera en diferentes puntos de la provincia, a pesar de que existe legislación ambiental y una dependencia pública encargada de verificar su cumplimiento.

Por otra parte, la euforia en torno al potencial de los no convencionales niega el problema del pico del petróleo; que no es el agotamiento de los hidrocarburos sino el fin del petróleo barato y de fácil extracción. Es decir, en adelante cada barril tendrá costos económicos y ambientales más altos, en tanto la ‘producción’ no se incrementará a la par de los niveles de consumo. Este escenario demanda otras medidas, como la diversificación de la matriz energética y una substancial modificación en los niveles de consumo; incluso revisar los esquemas de subsidios al gas y la electricidad, que alientan el derroche. Sin embargo se ha decidido pisar el acelerador y perpetuar una matriz hegemonizada por los combustibles fósiles -de las fuentes primarias de energía, el 52% corresponde al gas y el 35% al crudo, según datos del Balance Energético 2009 (2).

Argentina alcanzó sus mayores niveles de extracción de petróleo y gas en 1998 y 2004 respectivamente. Aunque desde medios oficiales se explica la caída en la extracción como consecuencia del incremento de la producción y la falta de inversión del sector privado exploración -es decir, el saqueo-, el Plan Estratégico de YPF, muy a su pesar, pone de relieve que esa no es la única variable a tener en cuenta. Los objetivos de la empresa nacionalizada, para elevar la producción, son: el rejuvenecimiento de yacimientos maduros -a partir de diferentes técnicas (como la inyección de agua) se intenta aumentar la extracción en yacimientos explotados durante décadas (recuperación secundaria y terciaria)-, desarrollo de no convencionales, exploración en ‘cuencas nuevas’ -que en su momento fueron desestimadas por YPF estatal- y áreas offshore (cuenca submarina). En buena medida se promete el esplendor a partir de raspar el fondo de la olla.

Volviendo a la ampliación de la frontera extractiva hacia regiones sin tradición petrolera, como la Cuenca Chaco Paranaense, la poca información existente sobre lo que guarda en sus entrañas y la inexistente infraestructura y logística para el desarrollo de esta industria -que demandaría a las empresas un mayor volumen de inversión- juegan en contra de la materialización del soñado emirato. Por lo que no sería de extrañar que las esas provincias ofrezcan beneficios (ventajas fiscales, subsidios, etc.) para tentar a las empresas. Es decir, transferir fondos públicos al sector al privado. Algo que, por ejemplo, contempla el recientemente sancionado Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos: financiar obras de desarrollo gasífero que se declaren de interés provincial y estudios de exploración y explotación de hidrocarburos.

Críticas emergentes

El avance de esta frontera extractiva genera la preocupación y movilización de diferentes sectores, sobre todo por los impactos socio-ambientales resultantes de ella, como la contaminación y el derroche de agua. En algunos casos se han formado organizaciones a partir de la promoción de los no convencionales -como la Asamblea Permanente por el Agua del Comahue y el Movimiento por Entre Ríos Libre de Fracking- mientras que en otros, son los espacios existentes los que han incorporado el tema a su agenda -como las asambleas Popular de Zapala, Popular Ambiental de Colón - Ruta 135, Ambiental de Río Gallegos o el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, en Comodoro Rivadavia. Incluso la CTA y el Movimiento por la Recuperación del Petróleo en Neuquén han planteado sus objeciones al desarrollo de estos yacimientos.

En provincias como Neuquén la emergencia de estos espacios marca un avance significativo, ya que mayormente en los últimos 15 años fueron las comunidades mapuche las que dieron batalla contra las empresas que ingresaban a sus territorios. Esta resistencia se dio muchas veces en soledad y sólo se conseguía una amplia solidaridad de otros sectores en caso de ser reprimidas, ya que no siempre era compartida la crítica a la matriz productiva (petrolera).

También partidos como Proyecto Sur, Frente Amplio Progresista y Coalición Cívica - Ari están tomando el tema y en algunos casos han impulsado proyectos para la prohibición de esta técnica, como es el caso de la diputada María Emma Bargagna (GEN-FAP) en Entre Ríos. Hay que destacar que en esa provincia uno de las aristas más sensibles es el riesgo de contaminación del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta que Argentina comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay. A su vez, a nivel nacional fue presentado recientemente un proyecto de ley de prohibición firmado por los diputados Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli -del Movimiento Proyecto Sur- y Nora Iturraspe -de Unidad Popular.

A nivel internacional la técnica del fracking ya ha sido prohibida en Francia y Bulgaria y en el estado de Vermont (Estados Unidos). También se han declarado moratorias -de alcance local o nacional- en Estados Unidos, Canadá, República Checa, Alemania, Irlanda del Norte y Países Bajos, entre otros. (3)

Soberanía corporativa

A fines de 2008, al borde de la crisis energética, el gobierno nacional intentó mantener los horizontes de reserva y revertir la creciente importación de hidrocarburos implementando los programas Gas Plus y Petróleo Plus, con ellos se buscó promover la perforación de nuevos pozos o reactivar aquellos que estuvieran paralizados. A través de éstos las operadoras gozan de una serie de beneficios como poder vender lo extraído a un precio diferencial, por ejemplo, entre 4 y 7 dólares el millón de BTU en lugar de 2,50 dólares, que es en promedio la cotización interna. De esta manera se garantizan niveles de rentabilidad a las empresas del sector, mayoritariamente trasnacionales que operan en diferentes puntos del planeta y deciden sus inversiones de acuerdo a los beneficios que obtengan en cada uno de los países.

De la algarabía en torno a los no convencionales de fines de 2010 -cuando los discursos oficiales vaticinaban el masivo desembarco de grandes corporaciones deseosas de explotar las riquezas del país, trayendo la felicidad del pueblo…- se pasa a un escenario donde las empresas exigen que se les aseguren los beneficios que desean por cada dólar que traen al país. Caso contrario, resulta más tentador invertir en el desarrollo de yacimientos no convencionales en Sudáfrica, China, México o Colombia. Al menos en esos términos giraron las conversaciones en l segundo congreso anual Shale Gas & Tight Oil Argentina, realizado del 18 y 20 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires. La apretada se expresó claramente en la prensa, el objetivo de la reunión fue “determinar de forma urgente si va a ser viable desarrollar los recursos de shale [arcillas compactas] en las cuencas del Neuquén, San Jorge, Austral y Chaco”. (4)

Según consignó el diario La Mañana Neuquén, las cambiantes reglas del juego también fueron tema de debate en el Hotel Hilton, en referencia al decreto que reglamenta la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que impone la presentación de planes de inversión, el control de precios y pone fin a la libre disponibilidad para exportar lo extraído y liquidar utilidades en el exterior. (5) Además fue una demanda común que se eleve el precio del millón de BTU en boca de pozo y se planteó que 6 dólares el millón de BTU como un precio que equilibra las diferentes posturas. (6) Es de subrayar esta posición en bloque de empresas, cúpulas sindicales y gobiernos provinciales de incrementar la cotización del barril de crudo y del millón de BTU. Según este razonamiento, al garantizarse los beneficios a las corporaciones se asegura su permanencia e inversiones en el país y, por extensión, puestos de trabajo y cobro de regalías. Eso sin importar el saqueo de nuestros bienes comunes y que el peso de este esquema recaiga sobre los sectores más vulnerables de la población. Ya que el incremento de los costos son trasladados de un eslabón a otro hasta el final de la cadena.

En esa posición también se encuentra YPF. A fines de agosto el presidente de la compañía, Miguel Galuccio, en el Club del Petróleo, habló de la necesidad de incrementar la cotización del millón de BTU a 4 o 5 dólares (7). También se refirió a la necesidad de aumentar los precios de los combustibles para garantizar la competitividad de la empresa frente a otras firmas (8). Si bien un alza en los precios permitiría a YPF escapar al corsé que implica la asociación con otras petroleras para desarrollar su Plan Estratégico, esa ‘autonomía’ tampoco redunda en consolidar un proyecto energético autónomo -que incluya la diversificación de la matriz- sino el mantenimiento del existente y la profundización del modelo extractivo exportador.

Notas:
1) Ministerio de Cultura y Comunicación. Gobierno de Entre Ríos, 05.10.2012. Zonas de Federación y Paraná en la mira de YPF para las primeras perforaciones de exploración. http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=32472
2) Academia Nacional de Ingeniería, Instituto de Energía (2011). Reflexiones sobre una matriz energética sostenible. Disponible en http://www.tecnoil.com.ar/pdf/ani-rme.pdf
3) OPSur, 19.04.2012. Fractura expuesta: Yacimientos no convencionales en Argentina. http://www.opsur.org.ar/blog/2012/04/19/fractura-expuesta/ y Urresti, Aitor y Marcellesi, Florent (Alai, 24.09.2012). Fracking: una fractura que pasará factura. http://alainet.org/active/58164&lang=es
4) La Mañana Neuquén (LMN), 18.09.2012. Neuquén expone sobre shale gas. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2012/9/18/neuquen-expone-sobre-shale-gas_162565
5) LMN, 19.09.2012. Expusieron sobre el uso del agua en Neuquén. http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2012/9/19/expusieron-sobre-el-uso-del-agua_162647
6) Ídem.
7) La Nación, 29.08.2012. YPF va por el autoabastecimiento. http://www.lanacion.com.ar/1503361-ypf-va-por-el-autoabastecimiento
8) Agensur Info, 30.08.2012. Anuncian aumento gradual de combustibles de YPF para “reducir brecha” con otras petroleras. http://www.agensur.info/2012/08/anuncian-aumento-gradual-de.html

Revista Underground

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Riesgos de trabajo: Crimen social “nac&pop”

PRENSA OBRERA (especial para ARGENPRESS.info)

El proyecto de ART -el cual tiene media sanción- que se debate a partir del miércoles 24 en Diputados, está calcado de la ley 24.028 dictada en el ’91. Diversos fallos de la Corte Suprema establecieron, luego, que el trabajador podía apelar a la Justicia laboral después de haber recibido la indemnización de la ART si se consideraba perjudicado. El nuevo proyecto violenta estos fallos, porque establece, en términos excluyentes, una u otra vía.

Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) se registran, en promedio, unos 650.000 infortunios laborales anuales. Otro 35% proviene de accidentes laborales no registrados, lo que llevaría la cifra a 900.000 accidentes anuales. Una parte importante de las acciones judiciales tienen que ver con las llamadas “enfermedades profesionales”; la SRT sólo reconoce el 20% de las realmente existentes según la OIT. Estamos hablando de más de un millón de accidentes anuales para ocho millones de asegurados.

El negocio del seguro de trabajo se ha ido concentrando: de las veintitrés ART que han quedado, diez acaparan el 90% de los asegurados. Se ha producido una absorción de ART en contra del trabajador. La competencia entre las ART es implacable: los descuentos que ofrecen a las empresas para conseguir su adhesión se manifiestan luego en una clara devaluación de las indemnizaciones que ofrecen al trabajador afectado.

El nuevo proyecto obliga al trabajador accidentado o enfermo a optar entre la tarifa pautada por estos grandes pulpos o esperar, impedido de trabajar, el resultado de un juicio largo. Hoy se amontonan centenares de miles de juicios, en tanto las indemnizaciones son inferiores a los montos de los juicios laborales. Se establece un sistema nuevo para el cálculo de las remuneraciones tanto de las ART como de los propios juicios, llamado Ripte, el cual no tiene como base indemnizatoria el salario actualizado -con los aumentos, adicionales y beneficios que se cobraban al momento de producirse el accidente-, sino un índice difuso, trimestral, que sólo contempla las remuneraciones sujetas a los aportes provisionales -en un país donde el pago no remunerativo es generalizado. Se busca que el trabajador desista del juicio.

La burocracia sindical

La “CGT-Balcarce” ha aceptado el nuevo proyecto, pues le ofrece la posibilidad de armar su propia ART. La contradicción es clara: el sindicato debe elegir entre la defensa de los intereses de los accidentados y el interés de la burocracia que maneja la aseguradora. Si un obrero rechaza la indemnización, deberá accionar contra su propio sindicato y enfrentar represalias de la burocracia. Por otro lado, ¿quién controlará las primas de seguro que la burocracia de las ART-Mutuas cobre a las patronales? El proyecto otorga a Gerardo Martínez, por ejemplo, la posibilidad de armar una ART-Mutua en un sindicato que tiene el nivel más alto de accidentes y de muertes laborales en el país, y cuya burocracia se caracteriza por los arreglos con las patronales para que éstas hagan lo que quieran en los lugares de trabajo.

El rechazo a la nueva ley -nacional y popular- de accidentes de trabajo debe ir acompañado por el planteo de la estatización del seguro laboral, bajo un control obrero independiente de la burocracia y la posibilidad de la doble vía -cobrar la indemnización y recurrir a la Justicia.

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Reforma pro-empresaria de las ART pone contenta a la Unión Industrial

Emilio Marín (LA ARENA)

Pese a las protestas de buena parte del espectro sindical y de abogados laboralistas, Diputados aprobaba ayer la reforma a los riesgos del Trabajo. La UIA de los grandes empresarios, motor de ese cambio que los favorece.

Interesante comparar la génesis y el perfil de dos leyes contrapuestas, impulsadas por el mismo gobierno: una la de medios y otra la de riesgos del trabajo. La ley de medios, 26522, surgió de una demanda de los sectores pluralistas de la comunicación, en base a los 21 puntos para una radiodifusión democrática, y fue debatida en innumerables foros. Afecta a intereses del monopolio.

La ley de reformas a las ART era votada ayer en Diputados y tenía media sanción del Senado, todo en un trámite exprés, sin debates amplios en la sociedad ni en lo sindical. Cristina Fernández hizo el primer anuncio el 1º de septiembre pasado a los popes de la Unión Industrial, en el día de la Industria y dos semanas después reunió a esos mismos personajes y a sindicalistas de la CGT Balcarce ("Gordos" y otros impresentables), donde dio detalles de la iniciativa, que el 19 de septiembre ya estaba en el Senado. El proyecto, ahora convertido en ley, es bien pro-empresario, con aspectos que lesionan los derechos de la parte trabajadora.

Antes de entrar en las cuestiones que trae aparejada la normativa, hay que decir que no cambia el mal de fondo. Las enfermedades laborales, los accidentes con miles de muertos e incapacitados, etc., vista la pobre performance de las ART desde su creación en 1995, ameritaban un giro copernicano.

Otro camino

Abogados laboralistas, diputados de origen laboral y magistrados del fuero, creen que debió encararse otro camino. Por ejemplo, anularse las ART, las mellizas de las funestas Administradores de Fondos y Jubilaciones Privadas (AFJP) con actuación en lo previsional.

El principio es el mismo: el afán de lucro empresarial donde está en juego el ahorro de un trabajador para su futura jubilación, o el cuidado de su vida y su salud mientras cumple su ciclo como asalariado activo. Las AFJP les cobraban a los empleados una alta comisión a cuenta de un futuro retiro, con pingüe ganancia. Y las ART venden un seguro a los empresarios para que éstos no se hagan cargo directamente de pagar indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales.

Este último negocio posibilita a las aseguradoras cobrar una prima o seguro lo más alta posible y en cambio limitar al máximo el número de enfermedades laborales. Y en todo caso pagarlas tarde, poco y en cómodas cuotas, en la llamada "renta", devorada por la inflación.

De avances en prevención de accidentes, poco y nada. Si total la vida de un obrero muerto en su puesto de trabajo está hasta hoy valuado en 180.000 pesos, según tasación del año 2010. Recién ahora será llevado a 383.000, que es uno de los "ganchos" de la reforma polémica. Se debió anular todo el sistema de ART y poner lo relativo al seguro de trabajo en la órbita de la seguridad social.

UIA coherente

El gobierno nacional eliminó las AFJP y pasó los fondos previsionales bajo control de la Anses, y en cambio impulsó la reforma a la ley de ART, preservando estas empresas privadas, incurriendo en una incoherencia.

En cambio la UIA presidida por José Ignacio de Mendiguren, como antes por Juan Carlos Lascurain y Héctor Méndez, ha sido coherente. Siempre defendió el régimen de las ART, hasta imponerlo en 1995 con la ley 24557, que entró en vigencia en julio de 1996 mediante los buenos oficios de Domingo Cavallo y Carlos Menem.

Dicha norma era parte del abaratamiento de costos y la flexibilización laboral del modelo neoliberal, y aquellos empresarios la avalaron porque de paso creaba un nuevo negocio y otra cámara adherida: la UART. En ese momento esta entidad agrupaba a 44 empresas, de las que 10 concentraban el 70 por ciento de los trabajadores cubiertos. Hoy hay 21 empresas y de éstas sólo 7 concentran el 70 por ciento del negocio (CTA, septiembre 2012). Esto evidencia la tendencia a la concentración monopólica en el rubro.

En la UART están pesos pesados como Mapfre, Berkley, La Caja, Galeno, Asociart y otras, que facturan anualmente 12.708 millones de pesos.

Esta cantidad de dinero reafirma la idea, expuesta más arriba, de que la seguridad social del Estado podría brindar perfectamente la cobertura de riesgos del trabajo sin ningún número en rojo para el fisco. Y con la ventaja de un criterio social y humanista en beneficio de los trabajadores que no caracteriza precisamente a esos grupos concentrados privados, varios multinacionales.

Doble vía

Cómo habrá sido de expoliador el régimen menemo-cavallista, continuado por gobiernos posteriores, que a partir de 2004 la Corte Suprema de Justicia comenzó a fallar en casos concretos en contra de un artículo clave de esa ley. Era el que impedía al trabajador accidentado o sus familias ir con una demanda a la justicia para obtener una reparación justa de los daños sufridos.

El alto tribunal autorizó entonces la llamada "doble vía" o "cúmulo", pese a la prohibición de ese artículo, declarado inconstitucional. El accidentado podía percibir la indemnización pagada por la ART pero también ir a Tribunales a solicitar un pago extra.

Esa posibilidad hizo que la UIA y la UART pusieran el grito en el cielo. Desde entonces siempre bloquearon la posibilidad de discutir con los gremios y el ministerio de Trabajo la ampliación de la lista de enfermedades laborales y otros asuntos relacionados con la seguridad y la higiene laboral. Este boicot hizo que en 2009 el ministro Carlos Tomada debiera firmar un decreto para modificar algunos puntos de la cuestionada ley, vía reglamentación.

Entre tanto la situación de injusticia fue morigerada por la Corte, cuyos fallos favorables a la "doble vía" fueron diez, más otros quince de tribunales inferiores. Así se llegó a una crisis que era también signo de "oportunidad" para una reforma positiva, pero en vez de eso el gobierno nacional cedió a la tentación de llegar a un arreglo con la UIA y la UART.

¿Prevención para cuándo?

En el acto del 19 de septiembre, cuando CFK anunció el envío del proyecto al Congreso estaban presentes De Mendiguren y otros popes empresarios, así como Antonio Caló, Gerardo Martínez y otros sindicalistas que avalaron la reforma pese al perjuicio que traerá a muchos de sus afiliados. Martínez es el jefe de la UOCRA, sector que lidera junto con el de los peones rurales el triste récord de siniestralidad y enfermedades laborales.

La presidenta, el ministro de Trabajo y el titular de la UIA aseguran que la nueva ley será fructífera porque terminará con "la industria del juicio". El último nombrado aseguró que el año 2012 terminará con 67.000 juicios en todo el país, aunque lo comprobable es que en 2011 fueron 57.634 (La Voz del Interior, 16/9).

Pero aún así hay que debatir si esos juicios se potencian por apetito de los asalariados y sus abogados, o si la causa de fondo lo determinan las indemnizaciones insuficientes en muchos casos y una lista corta de enfermedades laborales que dejan afuera a muchas otras.

Entre éstas, las lumbalgias, problemas óseos, cáncer, trastornos mentales y estrés.

Los defensores de la flamante ley alegan que las indemnizaciones serán aumentadas dos veces al año y que habrá un 20 por ciento de pago extra en concepto de reparación integral, un punto de vista presente en los pronunciamientos de la CSJN. También se acelerarán, supuestamente los tiempos de cobro, acortándose a sólo 15 días luego de comprobado el accidente.

Derecho vedado

Quienes critican la reforma -el cronista toma partido por esta postura- consideran que no se debió abolir la "doble vía" o "cúmulo", para que el trabajador pueda acudir a la justicia si está disconforme con la indemnización abonada por las ART. La reforma cristinista le veda ese derecho, que la Corte Suprema había autorizado.

Un segundo cuestionamiento es que en caso que el accidentado deseche el pago de la aseguradora y vaya a la justicia, su expediente se tramitará en la justicia civil y no en la laboral. El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek, opinó que ese cambio es inconstitucional porque "no quedan dudas de que el juez natural, en casos de accidentes de trabajo, es el juez laboral" (Miradas al Sur, 21/10). También recordó que la justicia laboral es gratuita y la civil no.

La tercera objeción, de fondo, es que la reforma se centró en asuntos indemnizatorios, una vez producido el accidente laboral, y no en los criterios para asegurar una mayor prevención, que los disminuya a un mínimo de muertes e incapacidades.

¿Cuántas son esos fallecimientos? Según la consultora privada IDESA, fundada por Osvaldo Giordano, murieron 543 trabajadores en 2011. Para ATE Buenos Aires, los muertos son 1.400 en accidentes y otros 5.600 por enfermedades laborales. La polémica está servida, pero para aclararla hacen falta las comisiones tripartitas y los delegados de prevención del trabajo que, por ejemplo, planteaba el proyecto de ley del diputado Víctor de Gennaro.

La concesión del gobierno a la UIA, como los créditos del Bicentenario, parten de un supuesto errático: supuestamente alientan la producción en tiempos de crisis.

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Ley de salud laboral: La CTA y la CGT, unidas en la acción, repudiaron la ley oficial

Marcelo Paredes (ACTA)

Mientras en la Cámara de Diputados de la Nación se trataba el proyecto oficial de reforma de la ley de las ART, miles de trabajadores y trabajadoras se congregaron en la calle para expresar su repudio. Micheli, De Gennaro y Moyano participaron del acto multitudinario.

Miles y miles de trabajadores y trabajadoras se plantaron frente a un Congreso Nacional vallado, para no permitir el abrazo simbólico, y dijeron de todas la maneras posibles: No a la ART.

Innumerables organizaciones sociales, políticas y sindicales de la CTA y CGT llenaron la avenida Entre Ríos casi hasta la avenida Belgrano para repudiar la reforma a la ley de ART que presentaron los legisladores del Frente para la Victoria.

Un proyecto de ley que sorteó el Senado en forma express y en la Cámara de Diputados lo esperaban brazos ansiosos de elevarse para aprobar la iniciativa gubernamental.

Pablo Micheli, abordado por el periodismo, a un costado del camión-escenario aseguró que "la mayoría de los trabajadores están en contra de la reforma. Lamentablemente, los diputados hacen tanta obediencia debida que se olvidan de sus orígenes”.

Similares palabras emitió Hugo Moyano al irrumpir en escena ante un revuelo de periodistas: "Esto es lo mismo que la ley Banelco, es una ley que va en contra de la salud de los trabajadores que es nuestro único capital", refiriéndose a la polémica ley de flexibilización laboral y a la tarjeta de débito con la que se pagarían las coimas según dijo un ministro, hoy ante la justicia .

También apareció en escena el diputado nacional Víctor De Gennaro, quien venía de defender en el recinto el proyecto de ley de Prevención de los Riesgos Laborales y Reparación de Daños. El proyecto de ley nacido y discutido en la CTA y que el fundador de la Central presentó en la Cámara Baja.

“Me da vergüenza ajena lo que significa este guiño a las mutuas, a los sindicalistas o sindicatos que quieren arreglar. Lo único que se logra con este proyecto es tener uno, dos, tres, cuatro, cinco años hasta que se determine la inconstitucionalidad”, manifestó a ACTA al pie del escenario.

“Se mueren cuatro compañeros y compañeras por día en accidentes de trabajo; 16 en enfermedades laborales; 20 muertes por día. Me sorprende y me duele que no se discuta esto”, dijo el legislador de la Unidad Popular (UP).

En su exposición, De Gennaro había rendido homenaje a Luis Benencio, dirigente judicial de la CTA fallecido hace un año, tanto en su apertura como en su cierre. Y lo recordó por su lucha en el Astillero Astarsa para evitar muertes en el trabajo.

El diputado de la Unidad Popular aseguró que el proyecto oficial apunta al “negocio de las ART”, que “van por el camino a los 20 mil millones de pesos en ganancias”. Por el contrario, reivindicó la gestión de los trabajadores en “el control efectivo para que no haya muertes” como aprendió de Benencio.

Finalmente De Gennaro manifestó orgullo porque "aun en esta instancia estamos discutiéndolo y defendiendo la vida de los trabajadores en la calle con esta movilización”.

A continuación comenzó el acto con un escenario desbordante de dirigentes de ambas centrales sindicales y referentes políticos de distintas fuerzas.

Abrió el acto Jorge Yacobwsky, secretario de Salud Laboral de la CTA, uno de los autores del proyecto colectivo y presidente de FESPROSA, la federación de los profesionales de la salud.

Allí Yacobwsky hizo referencia a que tras 10 años de crecimiento, los índices de mortalidad materna, infantil y laboral eran alarmantes. Comparó la vergüenza del proyecto de ley oficial de las ART con la ley Antiterrorista y denunció que la Presidenta había pactado con los bancos, con las aseguradoras y con la UIA. "Y el ministro de Trabajo tiene el descaro de decir que recién el año que viene vamos a empezar a discutir el tema de prevención", fustigó.

"Los que se dicen "nacionales y populares" bajan la cabeza frente a los dueños del poder mientras nosotros estamos en la calle con la unidad en la acción", finalizó el dirigente de la CTA.

Por último, Leonardo Fabre de APOS, uno de los sindicatos de los trabajadores del ANSES, en representación de la CGT comparó la lucha contra las AFJP con la que hay que dar contra las ART y destacó la unidad en la acción.

Mientras tanto, en el recinto de diputados se escuchaban voces que repetían estos conceptos. "Esta ley es un engendro de la UIA", decía Facundo Moyano mientras que Pino Solanas manifestaba que la ley era un vergüenza para el peronismo. “Tiene un claro y absoluto sello neoliberal”, expresó la bancada radical y los peronistas federales hablaron de la desprotección de las victimas.

Según todos los cálculos, al negocio y la muerte lo esperaban manos dispuestas a levantarse en el recinto, antes que termine la jornada. A la solidaridad y la vida, las defendían los trabajadores y trabajadoras en la calle.







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Testimonio de Vicente Zito Lema, abogado de los presos de Trelew: El juicio se hizo, la sentencia salió y siento que ha llegado un poco de justicia

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info).

Mario Hernandez (MH): Estamos escuchando “Trelew” en la interpretación de Huarque Mapu de la Cantata Montoneros. El lunes 15 de octubre, al mediodía, El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio a conocer la sentencia en el juicio por el fusilamiento de 19 prisioneros políticos el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.
Los marinos Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino fueron condenados a prisión perpetua, como autores de 16 homicidios y tres tentativas.
Estamos en comunicación con Vicente Zito Lema que es el único abogado sobreviviente que representaba a los presos de Trelew. ¿Qué significó para vos haber llegado a esta sentencia pasados 40 años?

Vicente Zito Lema (VZL): Una aclaración. No está en el país, pero también participó activamente en aquellas defensas Rodolfo Mattarollo, abogado, escritor y gran amigo de Haroldo Conti.
En relación a los compañeros masacrados en Trelew, junto a Rodolfo Ortega Peña, Roberto Sinigaglia, por nombrar algunos de los compañeros, éramos abogados defensores de los militantes revolucionarios que fueron asesinados, por lo tanto y esto quiero aclararlo bien, los conocía a todos ellos personalmente porque durante mucho tiempo los habíamos defendido. Primero en Buenos Aires y luego cuando los trasladaron a Rawson como otra forma de castigo para alejarlos lo más posible de donde podían ser visitados con mayor facilidad por sus familiares. Los seguimos defendiendo, conociendo, queriéndolos, compartiendo sueños, a cada uno de los compañeros que luego fueron fusilados en la Base Naval.
Por otra parte, se me viene a la cabeza la historia. Cuarenta años es mucho tiempo para cualquier ser humano y por más que uno en el transcurso de su vida va asimilando el tiempo, también es cierto que de golpe aquél rompe todo control y se instala a partir de algún acontecimiento. Es como si lo estuviéramos viviendo y si bien nunca dejé de pensar en mis compañeros de Trelew, porque para nosotros como generación tuvieron un significado muy profundo, creo que cuando uno se entera de cualquier matanza o violación de los Derechos Humanos, todos los que sentimos que el mundo verdaderamente humano es de todos y pase lo que pase, conociendo personalmente o no a las víctimas uno, como condición humana, se ve como partícipe de su vulneración. En este caso, estando más ligado a los hechos, uno queda conmovido, como que aquellos cuarenta años de golpe han pasado y estamos otra vez en el centro de la escena.
También quiero ser muy sincero. Uno nunca pierde las esperanzas de que el mundo va a cambiar. Los sueños que no vio nuestra generación están vivos y van a seguir así, porque mientras haya injusticia la humanidad va a querer modificar el mundo y sino toda, siempre va a haber una parte más activa, más decidida, más valiente, más romántica, más humanística, porque las cosas son así. El mundo se cambia con el conjunto pero no se puede negar que siempre hay algunos compañeros que son los que más pujan, los que van adelante, los que generalmente pagan con su vida u otras formas crueles el haber estado empujando.
Hablar de cárcel, de exilios, de torturas, de persecuciones, son parte de la historia y concretamente de esa generación de la cual los compañeros muertos en Trelew son un símbolo profundísimo. Así como la fuerza de los sueños de nuestra generación, de los compañeros de Trelew, algún día van a estar plenamente realizados, porque el mundo no se termina con nuestros propios días, así también dudé mucho, aun cuando se empezaron a hacer los juicios contra la dictadura militar de Videla, Massera, Agosti y los demás, que en relación a Trelew iba a haber justicia. Honestamente dudé porque todo era a partir de 1976 y aquel anticipo histórico había quedado como más olvidado, no por los militantes pero sí por el conjunto de la sociedad y además era algo tabú, es decir, los distintos gobiernos democráticos no mostraban mayor interés político en revivir ese acontecimiento, de encarar esa causa jurídica y, sin embargo, más allá de mi desconfianza, por tantos golpes recibidos, por tantas injusticias que uno a veces acumula, hay que reconocer que el ímpetu de los familiares, las circunstancias políticas, quiero reconocerlo porque no se puede negar la decisión de quien fuera Secretario de Derechos Humanos, el Dr. Duhalde, quien también fue abogado de los presos de Trelew, impulsaron el juicio.
Soy un crítico de muchos de los jueces que fueron nombrados durante la dictadura militar y ratificados en sus cargos por el gobierno del Dr. Alfonsín, y no es una crítica en su contra sino que las relaciones de fuerza pareciera que no dieron para más y la mayor parte de los jueces quedaron en sus puestos y desde allí han frenado y frenan los avances para juzgar a los terroristas de estado. Esos juicios son muy difíciles, muy lentos, toda una maquinaria para que no sean todos los asesinos los que realmente tengan que ser juzgados. Sin embargo, y a pesar de todo, pareciera que estaba destinado por la historia, de que el principio de toda esa década de horror de los ’70 tuviera por fin la sentencia que de alguna forma consuela, pone algo de amor por la justicia donde antes reinaba la impunidad y la muerte. En lengua clara y simple: el juicio de Trelew se hizo, la sentencia salió y siento que un poco de justicia al mundo ha llegado con este acontecimiento.
A mí me da una doble satisfacción, por un lado me emociono, me pongo triste porque recuerdo a los compañeros, la forma vil en que la canalla los asesinó, pero también, por otra parte, siento que todos los que los quisimos nos sentimos reconfortados con el fallo.

MH: Vicente, te agradezco muchísimo este testimonio. Has sido muy claro y nos estamos viendo en cualquier otro momento.


Carlos Alberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart de Yofre, José Ricardo Mena, Miguel Angel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sebrelli, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla, María Antonia Berger (sobreviviente de la masacre y desaparecida por la dictadura en 1979), Alberto Miguel Camps (sobreviviente de la masacre y desaparecido por la dictadura en 1977), Ricardo René Haidar (sobreviviente de la masacre y desaparecido por la dictadura en 1982)
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Un país de celofán

Diego Urretabizkaya (ACTA)

“La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios”, dice Gabriel García Márquez.

"El descrédito de la palabra es hoy más que considerable. La mayor parte del tiempo los medios comunican mentiras. Frente a un mundo intolerable, las palabras parecen tener muy pocas posibilidades de generar un cambio. El poder estatal hace gala de una sordera congénita y, por lo tanto –aunque los editorialistas lo olviden-, el terrorismo queda reducido a las bombas y a los secuestros.

El poder de la razón para desterrar la tiranía era, de hecho, apenas una ilusión. Del mismo modo, creer que la pluma era más poderosa que la espada es hoy un signo de relativo privilegio. Las palabras se usan sistemáticamente para confundir.

Aún así, sólo podemos confesar nuestra confusión y nuestra impotencia, nuestra ira y nuestras opiniones, con palabras. Con palabras nombramos aun nuestras pérdidas y nuestra resistencia porque no tenemos otro recurso, porque los hombres están indefectiblemente abiertos a la palabra y porque poco a poco son ellas las que moldean nuestro juicio. Nuestro juicio, temido a menudo por quienes detentan el poder, se moldea lentamente, como el cauce de un río, por medio de corrientes de palabras. Pero las palabras sólo producen corrientes cuando resultan profundamente creíbles", afirma John Berger.

En su discurso de aceptación del Premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez intentaba explicar a los miembros de la Academia de Letras de Suecia que ese gran descubrimiento de lo que denominaban el “realismo mágico”, no era otra cosa que una ínfima descripción de acontecimientos reales que superaban cualquier ficción.

Allí presenta una serie de hechos de la historia de nuestra América para poner en contexto de sus apreciaciones al ilustre jurado.

Entre otras cosas cuenta sobre el general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo de El Salvador que hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para, torpemente, ocultar una epidemia de escarlatina… y sobre el monumento al General Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, que era en realidad una estatua del Mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas en desuso.

Desde 1982 en que García Márquez recibía su justo reconocimiento de la Academia, las cosas no han cambiado sobremanera.

La realidad que hoy nos cuentan desde los medios está, sin lugar a dudas, teñida del color del celofán de quien la narre, desde los medios históricos de la derecha hasta los contestatarios medios dependientes del Gobierno Nacional.

Cubrir el alumbrado con papel rojo no curaba la epidemia de escarlatina y los pobres enfermos continuaban con sus males, se veían amarillos fuera del espectro de los faroles y, lo que era peor, continuaban contagiando la enfermedad, transformándola en epidemia.

Con la vergonzosa intervención al INDEC, el Gobierno Nacional no controla la epidemia de inflación que castiga a nuestro país y la ilusión que proponen desde la prensa oficial choca de narices contra las góndolas de los supermercados.

Cientos de actos teñidos de color celofán nos invaden cotidianamente, intentando que el color del “fútbol para todos” nos muestre un optimismo rayano al realismo mágico, distante de la desesperanza de un pueblo que quiere creer en medidas “nacionales y populares” que nos traerían un futuro mejor.

Y a fuerza de repetirlo tiñe. Y a fuerza de no querer ver la realidad, se transforma en epidemia.

Dentro de esa epidemia algunos se benefician y salen a comprar estatuas como lo hiciera el general Morazán, trastocando el bronce ganado a la historia por nombres de distintas agrupaciones oficialistas, casi siempre rentadas, con discurso único, repetido, finamente trabajado desde el poder.

Pero no se puede pretender que todos se han sumado a un gran complot de celofán. Muchos son los que realmente ven las cosas del color con que se las muestran, sin sospechar siquiera otra posibilidad.

No son culpables. No. Pero si son parte de esa población epidémica que consume cada día menos carne y menos leche, que deja de percibir las asignaciones familiares o que sumisamente acepta el cobro del impuesto a las ganancias sobre el salario, que aprueba una ley que cambia la salud de los trabajadores por las ganancias de las ART, pero que trasladará culpas hacia otro lado porque un tinte 678 así lo muestra.

El problema no será que el 80 por ciento de los jubilados cobre una jubilación mínima o que el nuevo Código Civil empuje a los pueblos originarios al nivel de un club si el discurso oficial nos cuenta que vamos ganando, que recuperamos YPF de las garras de Repsol a pesar de que busquemos las inversiones de Chevrón. Y si no se puede contar mejor, hay que omitir. Omitamos hablar de la Barrik Gold o de Monsanto, de las represiones recientes o de la Ley Antiterrorista.

Entonces… ¿solamente tenemos que quitar el celofán?

Sin dudas sería una parte importante de la cuestión, pero solamente eso. Ver las cosas con su verdadero color nos da un punto de partida, pero no la solución.

Y como siempre me resuenan palabras del "Nano" Balbo: “Levantar el nivel de conciencia, evitar el internismo que es funcional al sistema, promover a la conciencia de clase…”.

Y sigue: estamos en una crisis civilizatoria donde, como decía Gramsci, “lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir”. + Y en ese camino debemos ser capaces de construir algo distinto para el futuro, en un marco cultural, político, social y de liberación que recupere a la argentina para los argentinos. Nada más ni nada menos.

Y regreso al discurso de García Márquez: “Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal… una realidad que no es la de papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de dicha y de belleza…”

“… porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad”.

Diego Urretabizkaya es Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Neuquén.

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Los cuentacuentos de Mousy

Carlos Del Frade (APE)

María José Leguizamón es la directora de escuela secundaria más joven de la provincia de Santa Fe. Ejerce el cargo en tres establecimientos rurales del norte profundo. En el paraje Mousy, en La Sarita y San Manuel. Tres puntos en algunos mapas pero que, más allá de la mención cartográfica, están habitados por decenas de pibas y pibes que merecen que la palabra futuro también sea sinónimo de algo dulce y no de angustia para ellos.

En esas escuelas de las familias agropecuarias, las chicas y chicos inician el recorrido secundario pero abandonan, mayoritariamente, después del primer año. La primera promoción, por ejemplo, en Mousy, solamente fue celebrada por una quincena de alumnos sobre un total de casi noventa que iniciaron el recorrido educativo.

Se ganan la vida con changas, especialmente vinculadas a la producción de leña en los montes de la zona de Arroyo Ceibal. Esa actividad deja huellas en las manos de chicas y chicos adolescentes.

Otros pibes intentan ganarse la vida con las abejas y la venta de la miel pero apenas trabajan como peones. No son productores. Siempre trabajan para todos y el dinero no alcanza para mucho. Al contrario.

Un tercer grupo de adolescentes logra ser empleado de las pollerías de los alrededores de ciudades como Avellaneda y Reconquista pero en todos los rubros nombrados, el salario –con mucha suerte- llega a dos mil pesos mensuales y en negro.

Las chicas, en su mayoría, trabajan como niñeras. El principal cuidado es el de los propios hermanitos. Semejante tarea las exilia de las escuelas en forma muy temprana.

Pero a pesar del sueldo efímero, las chicas y los chicos de los establecimientos rurales del norte santafesino sueñan con seguir estudiando para, alguna vez, volver a sus pueblos de los que nunca se imaginan yéndose de manera definitiva.

Incluso piensan en comprarles cosas a sus padres para devolverles algo del todo esfuerzo que destinan en el presente.

-Frente a la escuela de paraje Mousy funciona un hogar de niños abandonados que tienen entre 3 y 13 años. Son chicos con muchísimos y profundos problemas de conducta. Sin embargo, nuestras alumnas y nuestros alumnos siempre se las ingenian para llevarlos a la secundaria y pasan horas leyéndoles cuentos. Es algo que esos chicos retribuyen con un cariño hermoso. Necesitan mucho amor y los que les dan ese amor son justamente las pibas y los pibes de la escuela que trabajan de forma tan dura – describe la joven directora, María Leguizamón.

En esas escuelas rurales la droga no está presente. Pero sí el alcohol.

Un rito cotidiano es el llamado “jueguito peruano”. Consiste en tirar cartas o dados y según el número que aparezca, el chico o la chica tiene que tomar la cantidad de vasos de la bebida que indique esa cifra. Es un problema serio que están intentando pelear con distintas herramientas.

Otro de los factores de integración para las chicas y los chicos de las escuelas rurales de la zona de Avellaneda y Reconquista, norte profundo de Santa Fe, es la iglesia. No hace mucho tiempo atrás, la noticia fue que había un cura flogger que congregaba a gran cantidad de adolescentes a sus curiosos oficios. Hay poco lugar para el deporte en esas tierras que alguna vez fueron la geografía devastada por La Forestal.

-Hace poco tiempo cayó muy mal el suicidio de uno de los chicos que venía a la escuela. Sin embargo hay un futuro que se palpa a diario. Es que todos los días apostamos a la ternura de esas chicas y esos chicos. Ellos son capaces de resistir y pelear por un futuro mejor. De allí que se conviertan en el mejor motivo para continuar intentado un proceso educativo para cada uno de los docentes. Por esa increíble resistencia pasa también la esperanza. La de ellos y la nuestra - dice María.

Fuente de datos:
Entrevistas realizadas por el autor de la nota en Reconquista, norte profundo de la provincia de Santa Fe.

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Argentina, Río Negro: Siete policías presos por una desaparición catalogada como homicidio

LAVACA

La Cámara Criminal Tercera de General Roca, Río Negro, confirmó los procesamientos con prisión preventiva para siete policías por la desaparición de Daniel Solano y abona en el fallo la teoría de que se trató de un homicidio, con encubrimiento civil y policial. La Cámara sostiene que de acuerdo a “la lógica, la experiencia y el sentido común” lo más probable es que hayan asesinado a Daniel para luego hacer desaparecer al joven de 27 años.

El padre de Daniel, Gualberto Solano (Mu nº 57: ¿Nunca más?) sigue reclamando el cuerpo de su hijo, voluntad que junto a las investigaciones de su abogado Sergio Heredia han permitido dar vuelta un caso que parecía destinado a la impunidad.

La decisión de la Cámara ratifica la medida dictada en julio por el juez de Choele Choel Víctor Soto, en sintonía con la investigación que trazó el abogado de la familia Solano Sergio Heredia: mediante una serie de testigos (cuyas declaraciones además filmó y en muchos casos subió a YouTube) Heredia logró reconstruir la secuencia de hechos desde que Daniel Solano fue sacado del boliche Macuba el 5 de noviembre de 2011, golpeado, llevado a un terreno conocido como Isla 92 y desaparecido desde entonces. En ese momento Daniel tenía 27 años, y había llegado hasta Río Negro desde la comunidad guaraní Misión Cherenta de Tartagal, Salta, como obrero golondrina para la cosecha,

Fallo fundamental

La investigación de la familia a través del abogado, y del juez Soto, permitió comprender la intervención de los siete policías en el caso. En los últimos meses, el abogado Heredia viajó a Tartagal, la ciudad natal de los Solano, donde reclutan empleados para trabajar en la cosechas del sur. Allí tomó testimonio a dos compañeros de Daniel que fueron clave para la decisión de la Cámara Criminal:

Heredia incluso los trasladó hasta la fiscalía de Choele Choel, para que dieran su versión sobre un rastrillaje en aquella Isla 92 donde Daniel fue visto por última vez. Allí habrían encontrado la billetera y las zapatillas del joven desaparecido, dos pruebas que la policía no sólo desestimó sino que hizo desaparecer – de nuevo- del mapa. “El fallo es fundamental porque no solo confirma el trabajo del juez y el aporte nuestro, sino que ratifica el homicidio por parte de los policías. También cambia la figura de ‘apremios’ por ‘vejaciones’, y fundamentalmente acepta la teoría del encubrimiento y de las pistas falsas”, dijo el abogado Sergio Heredia a lavaca.

Para entender

Los dictámenes de la Cámara pueden entenderse en tres partes:

La muerte y desaparición: Se confirman los procesamientos con prisión preventiva dictados en julio para los suboficiales Sandro Berthe, Juan Barrera y Pablo Bender por “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado, todo en concurso real y en grado de coautores”. A los suboficiales Pablo Andres Albarrán Cárcamo, Pablo Quindel y Diego Cuelloc omo partícipes primarios de “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”; y al oficial inspector Héctor César Martínez como partícipe secundario de los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”.

El encubrimiento: La Cámara Procesa como responsable del encubrimiento del asesinato al oficial Héctor Martínez, atribuyéndole además los delitos de “abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica”.

El cambio: La única modificación que hizo la Cámara al fallo del juez Soto fue la de reemplazar la figura de “apremios ilegales” por la de “vejaciones”. La diferencia es la mayor intensidad del castigo y de los padecimientos que soportó la víctima.

Sentido común, la desaparición

El fallo se extiende sobre los vacíos que deja el rompecabezas de los testimonios: la muerte y la cuestión del cuerpo: “No es injusto sostener -frente a este cuadro indiciario muy fuerte- que hayan acabado en aquél último sector con la vida de Solano, encargándose posteriormente -la lógica, la experiencia y el sentido común lo indican- de hacer desaparecer el cadáver”. Que la Cámara hable de lógica, experiencia y sentido común para referirse a una desaparición, explica la vigencia de una metodología policial que involucra también casos como el de Iván Torres, Luciano Arruga o Julio López, entre otros desaparecidos en democracia.

Las presunciones de la Cámara Criminal se basan en los testimonios de distintos testigos que vieron cómo Daniel Solano era sacado del boliche Macuba (el fallo agrega “injustificadamente”), llevado a la vuelta de la esquina, golpeado brutalmente y luego trasladado en una Ecosport policial a la famosa Isla 92. Esta secuencia fue relatada por el abogado Heredia en la Mu n° 57: ¿Nunca más? según el testimonio de una joven con identidad reservada al que este 10 de octubre la fiscalía sumó otro testimonio, de una persona que se encontraba junto a un grupo de amigos en la esquina del lugar, desde donde habría observado la secuencia de hechos.

Los policías reconocidos

Este nuevo testigo ratificó cada detalle: que a Solano lo sacaron del boliche los policías Bender, Berthe y “posiblemente otra persona”, que en la vereda “lo aguardaba el coimputado Martínez (…) para sumarse luego a este grupo”; también que “los funcionarios policiales Albarrán Cárcamo, Cuello, Quidel y Barrera” llegaron al lugar en una Eco Sport policial en la que fue trasladado Solano (luego de que se le propinaran a la vuelta “golpes de puños, patadas y con la probable utilización de un elemento contundente”) “en dirección al puente de acceso de la Isla 92, siendo seguidos de cerca por un Fiat Duna rojo (…) propiedad del coimputado Berthe y acompañado por los indagados Martínez, Bender y Barrera”. Así quedan señalados los siete policías que participaron de la secuencia y que, según la Cámara, “fueron los últimos (y únicos) sujetos que estuvieron hasta el último momento con quien en vida fuera Francisco Daniel Solano”.

La billetera que faltaba

A su vez, este 5 de octubre declararon dos compañeros de la cosecha frutícola de Daniel Solano a quienes el abogado Heredia fue a buscar especialmente a Tartagal, Salta.

¿Por qué? “Descubrimos que estos compañeros habían encontrado la billetera de Daniel en un rastrillaje”, dice el abogado Heredia en referencia al rastrillaje realizado en la Isla 92 el 9 de noviembre de 2011, 4 días después de la última vez que fuste visto Daniel. De ese rastrillaje aparentemente no se habían obtenido resultados. Participaron tanto policías como compañeros de la cosecha y los punteros de la empresa. Fue entonces que una de las personas que declaró recientemente, de identidad reservada, encontró una billetera que otro compañero identificó como de Daniel Solano.

“Llamaron a la policía y llegaron dos vehículos. A esa billetera la pusieron en una bolsita de plástico, pero luego desapareció, y jamás se tuvo en cuenta como prueba”, explica Heredia sobre ese encubrimiento. “Por este testimonio el juez pidió más informes, que incluyeron uno de criminalística que registraba una escucha por radio en la que se decía que habían encontrado la billetera. Y a la oficial que escucha este radio se le hace una inspección indagatoria y reconoce que en el llamado se piden bolsitas y además también se encuentran las zapatillas”, asegura Heredia.

Cómo lograr impunidad

El encubrimiento de estas pruebas se complementó con la teoría falsa de un viaje voluntario de Daniel a Neuquén, y desmintió a un supuesto testigo que decía haberlo visto en la terminal de Choele Choel: el Tribunal valoró todo esto como “pistas falsas”. El desbaratamiento de esta teoría pone bajo sospecha la actuación del jefe de la Comisión Investigadora por el caso de Daniel, el oficial Martínez. “Como jefe de la Brigada de Investigaciones de la Regional IV de Policía, investigó las instancias preliminares de este terrible hecho, desplegando una estrategia tendiente a desviar la ‘pesquisa verdadera’, para lograr la impunidad del crimen”, asegura la Cámara.

Esqueleto mutilado

Mientras corren los procesamientos y los siete policías esperan el juicio detenidos, sigue la investigación para encontrar el cuerpo de Daniel Solano. Según Heredia, continúan los rastrillajes y los análisis del removimiento de tierras en los lugares aledaños. Una pista: “Ayer se encontró un cuerpo a 80 kilómetros de Conesa: un esqueleto sin manos y sin pies”. ¿La descripción coincide? “La altura sí… pero es sólo el esqueleto. El torso tenía una remera con una inscripción evangelista: No es la que tenía Daniel, pero es llamativo porque los policías son evangelistas”.

Sobre los miembros mutilados: “Nosotros tenemos la información de que el cuerpo había sido atado de pies y manos”.

¿Cuándo se sabrá si es Daniel o no? “Estamos esperando la autopsia… Hemos dado la información dental de una muela que le faltaba a él para cotejar”. Gualberto Solano, el padre de Daniel, sigue esperando. “Quiere el cuerpo”.

Cómo disciplinan a los obreros

Tras el escándalo que significó para la empresa Agrocosecha la desaparición de Daniel Solano, todos los peones rurales volvieron a sus hogares. No sólo eso, sino que el abogado Heredia avanzó judicialmente sobre los responsables de la firma y los punteros que se encargaban de reclutar jóvenes de las barriadas pobres del norte argentino.

La teoría de Heredia es que ellos fueron parte indispensable del encubrimiento. Dos nombres resonaron especialmente tras la desaparición de Daniel Solano: Hugo Domínguez y Hugo Pachinda. Fueron señalados como el personal de Agrocosecha más cercano a Daniel. Ellos lo habían conectado, y hacía 2 años que lo llevaban a la temporada de cosecha de manzanos.

Daniel era uno de los trabajadores que más conocía a la gente de la empresa, sobre todo Hugo Domínguez; incluso jugaba en el equipo de fútbol de Agrocosecha en el torneo regional. Esa cercanía le había valido a confianza de los punteros para ofrecerle ser una especie de representante entre los trabajadores. El ofrecimiento, para nada inocente, llegó después del primer mes de trabajo y el pago: 800 pesos sobre los 1200 prometidos. Pero Daniel no sólo se negó a jugar del lado de la empresa sino que planeaba junto a sus compañeros un paro en reclamo de lo que la empresa les debía.

Policía insólita

Dentro de la propia empresa, además, moviéndose como grupo de choque y disuasión en las gamelas en las que duermen los peones, tenía sus sede la BORA (Brigada Operativa de Rescate y Antitumulto) policía estatal que funcionaba como guardia privada parapolicial de la empresa. Este mismo caso llevó a la provincia gobernada por Alberto Weretilneck a disolver ese grupo. Weretilneck es el sucesor de Carlos Soria (quien fue asesinado por su esposa).

El caso y la persistencia de Gualberto Solano y del abogado Heredia han permitido que la comunidad descubra lo ocurrido. Heredia sostiene que el sistema de impunidad sigue vigente ya que hay empresas que tienen en su nómina a empleados y punteros que fueron cruciales para el encubrimiento de lo ocurrido con Daniel. En todo caso el juicio, que los policías deberán esperar en prisión, determinará los alcances extrapoliciales de un caso que revela no sólo las formas actuales de violación a los derechos humanos, sino la genética de modelos económicos basados en la disciplina, la obediencia, y el silencio.

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Argentina: A 11 años de la desaparición en democracia de Darío Jerez

ANRED

Darío Jerez es un repartidor de productos de la empresa ARCOR desaparecido en democracia el 25 de octubre de 2001. No se ha sabido de él hasta el momento. Por esta desaparición están imputados en distintos grados 7 personas, entre los que se encuentran ex funcionarios de la Municipalidad de La Costa, ex concejales e integrantes de la empresa financiera Comprar S.R.L., uno de los cuales, Carlos Subirol, es el actual Viceconsul del Reino de España. Habrá una transmisión especial del acto en Santa Teresita de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) desde las 16hs.

Los imputados en la causa son:

Jorge Eduardo Grande (ex secretario de Gobierno del municipio del Partido de la Costa).

Gerardo Cristian Ibarra (ex director de inspecciones del municipio.)

Daniel Claudio López (ex concejal del radicalismo, de la administración Magadán que estaba al frente del Partido de la Costa en ese momento).

Estos tres imputados por el fiscal de la causa por "haber aportado datos falsos con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho". También acusados de haber armado un "plan" que incluyó obligar a un hombre con problemas mentales a declararse culpable.

Carlos Subirol (actual Viceconsul del Reino de España) y Alejandro Muñoz (dos ex gerentes a la empresa financiera Comprar S.R.L., presuntamente creada con fondos municipales, y que estaba con opción a compra). Acusado de “alterar y hacer desaparecer los rastros del delito”, entre ellos sustraer objetos del auto de Jerez y luego avisarle a la esposa de la víctima que había hallado el vehículo.

Alejandro Gustavo Muñoz (integrante de la financiera también, siempre negó haber estado con la víctima el día de su desaparición, pese a que varios testigos lo vieron).

Patricia Graciela Sanabria (domiciliada en Mar de Ajó, imputada por falso testimonio)

Leandro Gastón Alzugaray. Conocido por haber estado preso y "especializarse" en dedicarse a los aprietes para cobrar deudas, según dio a entender la esposa de Jerez.

Según la esposa de Jerez, Viviana Zubiaurre, la financiera Comprar S.R.L., implicada en la causa, actualmente tiene sus puertas cerradas, pero sigue funcionando dentro de la firma Sampietro, (reconocida empresa de la costa que se dedica a la venta de electrodomésticos y artefactos del hogar). Se sospecha que la financiera había sido creada con fondos municipales y que estaba destinada a blanquear dinero de negociados.

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