viernes, 26 de octubre de 2012

La noticia más censurada N° 9: Hoy. Esclavitud en las prisiones de Estados Unidos

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

“En este momento, los presos de establecimientos penitenciarios federales de todo el país están haciendo piezas para misiles Patriot. Al empezar, les pagan 23 centavos de dólar por hora (1,84 dólares por un día de trabajo de 8 horas) y pueden llegar a un máximo de 1.15 la hora por fabricar productos electrónicos que controlan la propulsión, dirección y puntería de los sistemas de misiles guiados de Lockheed Martin PAC-3, que originalmente se hicieron famosos en la primera guerra del Golfo Pérsico. ¿Está sorprendido? Yo también”.

Así comienza el llamativo primer párrafo de una extensa nota del periodista e investigador financiero Justin Rohrlich, publicada el 7 de marzo 2011 en el World in Review (Minyanville.com) con el título “Why are Prisoners Building Patriot Missiles? (¿Por qué los Presos están Construyendo Misiles Patriot?). Esta escalofriante noticia pasó de largo porque fue ignorada por los grandes medios comerciales estadounidenses e internacionales.



La sobre-explotación de mano de obra cautiva era algo que sólo harían los chinos para competir con precios más bajos en el mercado mundial, según la recurrente propaganda informativa de los sistemas trasnacionales de noticias. Pero fue sacada a la luz pública este año, por lo menos para conocimiento de los medios alternativos y ciudadanos del mundo interesados en estos grandes temas, por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California a partir de otra nota de Sara Flounders, publicada el 6 de junio 2011 en el periódico Workers World (Trabajadores del Mundo), bajo el título “The Pentagon and Slave Labor in U.S. Prisons” (El Pentágono y el Trabajo Esclavo en las Prisiones de Estados Unidos).

“Los presos ganan 23 centavos por hora en las prisiones federales de Estados Unidos fabricando componentes de alta tecnología electrónica para misiles Patriot Advanced Capability 3 (Patriots de Capacidad Avanzada 3), lanzadores para el sistema TOW (Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided, o Tubo lanzador, Seguimiento óptico, Guiado por cable), misiles anti-tanque y otros sistemas de proyectiles guiados”, escribió Flounders en el primer párrafo de su nota en Trabajadores del Mundo. “Vale la pena examinar más de cerca las implicaciones de este hecho ominoso en un artículo de marzo del periodista e investigador financiero Justin Rohrlich, del World in Review (Minyanville.com)”, añadió la periodista… y fue lo que hicimos.

Estados Unidos tiene aproximadamente el 5 por ciento de la población del mundo. Pero muy pocos saben que sus prisiones mantienen en encierro a más del 25 por ciento de toda la gente encarcelada en el planeta. Y también ignoraban que muchos de estos presos trabajan para el complejo militar industrial que abastece al Pentágono hasta por 23 centavos de dólar la hora, o tarifas similares. Sólo se libran de esta expoliación de mano de obra tan barata como la esclava, miles de presos en reclusión solitaria, a menudo confinados por castigos disciplinarios aplicados a faltas de baja importancia.

“La expansión del uso de industrias de prisión, que pagan salarios de esclavitud como una forma de aumentar los beneficios de las gigantescas corporaciones militares, es un ataque frontal a los derechos de todos los trabajadores”, escribió Flounders. “El trabajo penitenciario –sin protección sindical, ni pago de horas extras, sin días de vacaciones, pensiones, prestaciones, protección de salud y seguridad, o retención de la Seguridad Social– también fabrica componentes complejos para aviones de combate F-15 de McDonnell Douglas/Boeing, F-16 de General Dynamics/Lockheed Martin y helicópteros Cobra de Bell/Textron”.

Producción presidiaria High-Tech

“El trabajo penitenciario produce gafas de visión nocturna, chalecos antibalas, uniformes de camouflage, aparatos de radio y comunicaciones y sistemas de iluminación y componentes para armas antiaéreas acorazadas de 30-mm a 300 mm, así como rastreadores de minas terrestres y equipamiento electro-óptico telemetría láser para vehículos de combate BAE Systems Bradley. Los presos reciclan equipos electrónicos tóxicos y revisan los vehículos militares”, añadió Flounders en el periódico de los trabajadores (1).

Justin Rohrlich escarbó la basura para indagar cómo funciona este negocio de las penitenciarías. Está manejado por Industria Prisiones Federales (en inglés, Federal Prison Industries, FPI, o Unicor, su marca comercial desde 1977) de la Oficina de Prisiones, una corporación cuasi-pública, “sin fines de lucro”, clasificada como la N° 39 entre los grandes contratistas del gobierno de Estados Unidos.

El trabajo carcelario federal que contrata Unicor se desarrolla en 14 fábricas de prisiones, donde más de 3.000 presos fabrican equipos electrónicos de comunicación para uso en tierra, mar y aire. En total, Unicor gestiona 110 fábricas en 79 centros penitenciarios federales. También está inserta en el “socialismo corporativo” de Estados Unidos porque la financia el gobierno, por una decisión del Congreso adoptada en 1934, cuando fue creada como “herramienta de rehabilitación para enseñar habilidades del mundo real de trabajo para los presos federales”, recordó Rohrlich.

Unicor asegura que sus programas penitenciarios de trabajo no afectan negativamente a las empresas del sector privado y siempre ha sido bastante bien sabido que los reclusos hacen de todo, desde señales de tráfico, bancos de parques, placas vehículos, mobiliario para oficinas federales como la Administración de Veteranos y Departamento de Defensa, pero el sofisticado programa de alta tecnología accesoria de misiles, aviones, carros de combate, etcétera, había pasado casi desapercibido, hasta ahora.

La población carcelaria de Estados Unidos es la más grande del mundo, pero crece a tal ritmo que en los últimos 30 años se quintuplicó. Además, es un pingue negocios para el sistema privado de prisiones, que cobra "por cama" y además percibe ganancias por sus negocios de mano de obra esclava con Unicor. Cuando asumió Ronald Reagan, en 1980, había 400.000 presos; hoy superan los 2,3 millones.

Actualmente existen más varones estadounidenses presos, en libertad bajo palabra o libertad condicional, que todos los esclavos que existían en 1850, antes de comenzar la Guerra Civil, según la profesora de derecho Michelle Alexander en su libro “The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness” (El nuevo Jim Crow: Encarcelación Masiva en la Era del Desprecio Racista).

Competencia desleal

Nate C. Hindman, del The Huffington Post, informó el 15 de agosto 2012 que Michael Mansh, presidente de la pequeña fábrica de ropa Ventas y Servicio Ashland, en Olive Hill, Kentucky, en un caso que incluso apareció en CNNMoney, se enteró en febrero que su empresa de 100 personas corría el riesgo de perder un contrato para fabricar cazadoras destinadas a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La amenaza se llamaba Unicor. Durante décadas, las pequeñas fábricas de Estados Unidos vienen luchando contra operaciones administradas por el gobierno que subcontratan mano de obra estadounidenses tras las rejas. Y la tensión crece bastante por este rol "socialista" del gobierno que socava la necesidad de crear empleos proclamada por… el mismo gobierno.

Ashland, que es el principal empleador en Olive Hill, estuvo a punto de cerrar. Mansh le dijo a CNNMoney "Somos 100 personas que compran comestibles. Usamos empresas de transporte de la ciudad, compramos piezas y bombillos allí todos los días (...) Eso está todo perdido cuando las cárceles nos quitan los contratos". Sólo la presión mediática puso en marcha a los legisladores locales, quienes consiguieron que Unicor diera marcha atrás y cediera el contrato. Al final, todos fueron felices.

La mano de obra esclavo-carcelaria perjudica a los trabajadores, daña a la pequeña y mediana industria y sólo favorece a las grandes corporaciones del complejo militar industrial que trabajan para que su principal cliente, el gobierno de Estados Unidos de cualquier signo político, consumiendo siempre esas armas pueda imponer la "guerra permanente" que mantiene a través de la historia, y hoy Obama-Clinton promueven en Siria, escondiendo la mano. De paso, esta implacable política imperial trae a la mente la idea de la “revolución permanente" de Trotsky.

Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.

Notas y referencias:
1) ver video de Vehículos Bradley en acción en: http://www.baesystems.com/video/BAES_020231/bradley-vehicles-in-service?_afrLoop=149440537152000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&baeSessionId=JtvkQBtD3Pfkpj7j0lg8hyRN3BnVtmjQbdQB4Xp292Kk5NChprhq!893405314#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26baeSessionId%3DJtvkQBtD3Pfkpj7j0lg8hyRN3BnVtmjQbdQB4Xp292Kk5NChprhq%2521893405314%26_afrLoop%3D149440537152000%26content_id%3DBAES_020231%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dlii3mth0r_4
- Justin Rohrlich, Why are Prisoners Building Patriot Missiles? 7 de marzo 2011
http://www.minyanville.com/businessmarkets/articles/defense-industrial-base-defense-budget-defense/3/7/2011/id/33198?page=full
- Sara Flounders, “The Pentagon and Slave Labor in U.S. Prisons,” Workers World, June 6, 2011,
http://www.workers.org/2011/us/pentagon_0609/
- The Huffington Post | Por Nate C. Hindman
Publicado: 08/15/2012 11:54 am Puesta al día: 15/08/2012 http://www.huffingtonpost.com/2012/08/15/unicor-prison-labor_n_1778765.html
- James Ridgeway and Jean Casella, “Cruel and Usual: US Solitary Confinement,” Al Jazeera English, March 19, 2011, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/03/201137125936219469.html.
- http://www.mediafreedominternational.org/2011/11/07/prison-slavery-in-today’s-u-s-a/
- http://www.mediafreedominternational.org/2011/04/04/solitary-confinement-in-the-us-cruel-and-usual-punishment/
Estudiantes investigadores: Leta Frolli y Taylor Wright (Sonoma State University)
Evaluadores académicos: Sheila Katz y Patrick Jackson (Sonoma State University).

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Carne de votación

Alfredo Grande (APE)
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"El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”. La estafa política fundante es constitucional.
(aforismo implicado)

“Un proyecto de ley oficialista busca habilitar el voto desde los 16 años, inciativa que fue valorada por políticos y sectores universitarios por la ampliación de "la frontera de derechos" aunque recibió la advertencia de otros grupos por los "fundamentos" de la misma. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, valoró hoy que se “discuta” la posibilidad de que se pueda votar desde los 16 años, y señaló que, de aprobarse, “estaríamos ampliando la frontera de derechos a los más jóvenes”. 
"Este Gobierno se ha caracterizado por ampliar la frontera de derechos y en este caso estaríamos ampliando la frontera de derechos a quienes son más jóvenes”, destacó. 
Por su parte, el titular del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, aseguró hoy que “resulta totalmente razonable”, además de “relevante”, bajar a 16 años la edad "ya que amplía la participación de los ciudadanos en la política argentina” (Diario Popular. 23/10/12)

Siempre propongo buscar en los discursos, en las acciones, incluso en las intenciones, aquello que nos permita horadar la superficie para encontrar lo latente. Que habitualmente está oculto, pero que también habitualmente no es difícil de encontrar. La herramienta es el analizador. En este caso, conceptual. Lo bauticé en una sencilla ceremonia: “carne de votación”. La analogía queda evidenciada con la referencia al conocido término “carne de cañón”. Como sabemos, aludía al sacrificio de los más vulnerables en aras de un interés superior, que siempre era el de las clases poderosas. Marx lo relacionó con el ejército de reserva de trabajadores, que permitía que aquellos que conseguían trabajo lo hicieran en situaciones de hiper explotación. La infantería, o sea, los niños y adolescentes, eran la carne de cañón de los majestuosos generales. En la masacre de Malvinas, vimos nuevamente como en aras de un “interés superior”, murieron jóvenes por la innoble causa de una dictadura genocida que necesitaba perpetuarse en un poder absoluto y por lo tanto necesitaba legitimarlo. Los tiempos han cambiado y la crueldad asesina de los tiranos ha sido reemplazada por la sonrisa complaciente de los gerenciadores de la democracia. No es lo mismo torturar que vetar. Sin embargo, el veto de nuestro Jefe del Operativo Deshaciendo Buenos Aires, es una forma cobarde de torturar a mujeres que ya fueron torturadas por la violación y embarazos no deseados. Aclaremos que si el embarazo es no deseado, más que embarazo habría que llamarlo injerto. Y además, injerto siniestro. En esa marca registrada de la derecha, que permite que las apariencias sigan engañando, el veto nuevamente convierte a las mujeres en carne de cañón. El Porteñazo se impone como cada vez más necesario.1 En la otra cara de otra moneda, se plantea la ampliación de la participación a partir de disminuir la edad para desear votar, ya que desde los 16 a los 18 no es obligatorio. La pregunta que me surge es: ¿Por qué esa diferencia? Que cambia para que a los 18 años sea obligatorio, o sea, un mandato? ¿Porque el deseo vale hasta los 18 y desde los 16, y luego deviene suntuario? Esta ventana de 2 años creo que es un importante analizador de lo que llamo “carne de votación”. Si bien la calidad no es posible sin la cantidad, ésta por si sola no garantiza la calidad. Millones de personas mirando por tv estupideces no garantizan la aparición de una mente brillante. Por lo tanto habría dos maneras de pensar la ampliación supuestamente buscada. Con más de lo mismo, o con más de casi lo mismo (sufragio universal, secreto y obligatorio desde los 18 y no obligatorio en la franja de 16/18) e intentando menos, pero de otra cosa. A pesar de las décadas de recuperación (o restitución) democrática, el culto a la personalidad es agobiante. La re re se inscribe en las peores tradiciones del Estado Bonapartista. A pesar del renacer de la política, ésta sigue en los carriles del sentimiento y pensamiento único. Escuche decir a un dirigente de importancia: “los peronistas no somos libre pensadores”. Que los macristas no sean ni siquiera pensadores, mucho no me preocupa, porque entre ellos y yo hay algo personal e institucional. Pero pensar no es algo privativo de nadie. Todo militante popular piensa y por eso actúa. Sin la palabra que une, la lucha termina separando. Por eso ampliar la participación, si eso es lo que se pretende, debe empezar en los vértices de la pirámide, no solamente en la base. Lo que ya necesitamos es mejor democracia, no más democracia de lo mismo. Lo mismo es: la democracia que consolida el mito de la representación. Mito encubridor y potencialmente depredador. Las tierras que arrasa la megaminería no podrán ser fertilizadas con los votos que saque el gobernador de turno. Por más votos que se cuenten en las urnas – altares de la democracia, los masacrados de Cromagnon, la estación de trenes de Once, las víctimas de la Trata, el saqueo a los pueblos originarios, no disfrutarán de los placeres mundanos del aumento de la participación. Pero la cultura represora suele discutir con vehemencia lo formal, para decretar sin discusión lo trascendente. ¿Cuántos años de democracia formal necesitamos para tener mecanismos de democracia directa? Calma radicales y calma peronistas. Todavía no estoy proponiendo que todo el poder sea de los soviets. Todavía. Pero mecanismos de plebiscitos vinculantes (porque los no vinculantes se parecen a las preguntas de mi abuelo cuando decía: “¿no es cierto que todos quieren comer fideos?”) revocación de mandatos, comunas que sean comunas y no camouflajes de partidos y de caudillos, presupuestos participativos y con auditorías populares sobre cómo y cuándo se ejecutan las partidas presupuestarias…O sea: democracia fundante, no una de las tantas formas de la democracia convencional encubridora. Siempre sostuve que se vota porque es democracia. Sin embargo, en el catecismo partidocrático burgués, es democracia porque se vota. Cada dos años el pueblo decide, cada cuatro, cada seis, cada ocho…y así hasta el próximo bizcocho. Se puede votar desde los 14, desde los 10, después de todo lo electoral también es un mercado de mercancías más o menos representativas. Representativas de que es otra cosa. Y niños y adolescentes votan cuando consumen. Los 16 es tan arbitrario como cualquier otra edad. No es aumentando cuantitativamente la cantidad de votantes que la democracia es más coherente, mas consistente, más creíble. Yo pienso que el voto tiene que ser secreto, universal pero no más obligatorio. Se logran mayorías alucinatorias, especialmente por el arraigado folklore del voto castigo o de la curiosa teoría del mal menor. Y es peligroso, porque como los ventiladores de techo, todo vuelve. Sin ir mas cerca, el “per saltum”. O sea: la democracia se pone zancos para saltar cuando le conviene. Y cuando no le conviene, no hay saltum que valga. Se arrastra. Por eso Romina Tejerina cumplió toda la condena, a diferencia de los violadores, y la desaparición de Luciano Arruga fue caratulada como “averiguación de paradero”. Si aceptamos mansamente la “carne de votación”, poco y nada podremos hacer cuando la “carne de cañón” vuelva a ser necesaria. Y seguro que alguien dirá: “el calavera democrático no chilla”.

1 - En los trabajos PORTEÑAZO (1 y 2) publicados en la Agencia, hago algunas consideraciones sobre este tema:
Porteñazo
Porteñazo (II) 

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La Fragata Libertad, el naufragio del pseudo antiimperialismo

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

En una mesa sobre “el genocidio”, hace tres años, en el auditorio de la Facultad de Derecho, interpelé a Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte, acerca de por qué ese tribunal no recuperaba la jurisdicción nacional para “la deuda externa” de Argentina. La callada por respuesta puso de manifiesto la condición colonial del país.

El ‘status’ de Malvinas domina el núcleo de relaciones internacionales de Argentina; la Fragata Libertad fue secuestrada, a pesar de que, al igual que una embajada, equivale para el derecho internacional a un territorio nacional. Aunque el gobierno denuncie correctamente que se trata de un acto de piratería, no se puede omitir que, en los últimos días, como consecuencia de la decisión de Capitanich de pagar en pesos la deuda dolarizada de la provincia, el mismo gobierno nacional ha ratificado los derechos de los piratas, al insistir en que seguiría pagando la deuda internacional de Argentina de acuerdo con lo establecido por las leyes, normativas y tribunales extranjeros -en resumen, Nueva York y Londres, la capilla Sixtina de los fondos buitres. Ghana, el país predador, está lejos de ‘rankear’ con los países del ‘eje del mal’, porque ocupa el segundo lugar en el Índice de Estado de Derecho, en la África sub-sahariana, del Proyecto de Justicia Mundial 2011 (Financial Times, 20/10), aplica las normas de la jurisdicción que reconoce Argentina.

Para Jorge Castro, columnista de Clarín, el secuestro de la Fragata Libertad demostraría que “para la comunidad internacional, Argentina sigue siendo un país en ‘defol’”. El Financial Times, que recoge el planteo, añade que “Las cortes de justicia de Estados Unidos y el Reino Unido han reconocido reclamos por 1.600 millones de pesos a favor del fondo NML…”. La réplica de un Estado soberano a este atropello debería ser la nacionalización de la jurisdicción de la deuda externa y la suspensión indefinida de su pago -por lo menos hasta que se verifique su legitimidad, intensamente cuestionada. Los nac&pop no han cuestionado legalmente siquiera que la deuda externa sea una acumulación de intereses sobre intereses.


Foto: ¿La Unasur dónde está, que nadie la puede encontrar?

La Unasur no se ha pronunciado sobre este acto de piratería, ni siquiera en ocasión de la ‘jubilosa’ visita de Lula a Argentina. Tampoco ha hecho nada, como es obvio; CFK no le ha pedido que lo hiciera. ¿Cómo se explica esto, de parte de incansables patrioteros? El bolivariano Evo Morales, que acaba de contraer un empréstito internacional con jurisdicción de Nueva York, oficiado por el JP Morgan, mal podría denunciar a los ‘fondos buitres’. Toda la deuda de los países de la Unasur está atada a la jurisdicción extranjera. El caso de Lula es, en todo esto, el más interesante, porque en enero de 2003, a poco de asumir la presidencia de Brasil, negoció con W. Rhodes, el entonces presidente del Citigroup, la reanudación de los créditos extranjeros al comercio exterior brasileño a cambio del nombramiento de un funcionario del Banco de Boston, Henrique Mireilles, a la presidencia del Banco Central de Brasil (columna de Rhodes en Financial Times, 24/6/04).

Argentina obtuvo la aceptación del 96% de los acreedores cuando renegoció la deuda en ‘defol’, en 2005, con excepción de la contraída con el FMI, el BID, el Banco Mundial y, controvertidamente, el Club de París, que alegan que los organismos oficiales no aceptan quitas. Los que quedaron afuera (‘hold out’) del acuerdo (4%), lo hicieron a sus expensas, porque no habría sido posible otorgarles ventajas sobre los demás. Es precisamente en estos términos que se renegoció la deuda de Grecia (un 50% de quita, aproximadamente) a principios de año, donde no se aceptó que ningún acreedor privado ‘quedara afuera’ -una condición exigida por el FMI y el BCE, que además impusieron el cobro de la totalidad de los créditos otorgados por ellos.

El planteo del arco patronal antiK es muy ilustrativo, porque reclama que el gobierno argentino rescate a la fragata por medio del pago de la fianza que estableció el juez ghanés. A la ‘dignidad’ de la fragata planteada por los opositores, CFK le opuso la ‘dignidad’ del país -que es, en realidad, la de su gobierno. Estamos ante una pelea típica de los súbditos ante un atropello imperial. El ejemplo más claro de esta conciencia colonizada ha sido la disputa adentro del gobierno, para cargar el muerto del secuestro a la oficina que autorizó el atraco en Ghana. La carnicería interna ante el atropello imperial fue encabezada por Horacio Verbitsky, quien busca operar como el Rasputín de la zarina. La derecha quiere ‘pagar’, esto porque su política es “volver a los mercados internacionales”; los K se oponen, porque la de ellos es valerse de la pesificación para licuar la deuda pública con la Anses y el Banco Central, y confiscar a jubilados y contribuyentes, incluida la posibilidad de un ‘rodrigazo’. Después de recordar el arrojo del grupo encabezado por el futuro montonero Dardo Cabo, en el aniversario de su desembarque simbólico en Malvinas (1966), los K han tenido que tomar un avión de línea para implorar la solidaridad de Ban Ki Moon (el secretario general de la ONU, que tuvo que hacer Córdoba-Buenos Aires en bañadera, debido a las cenizas sureñas).

El conventillo jurídico está enfrascado, en este momento, en determinar la admisibilidad del ‘per saltum’ (recurso directo a la Corte) para obtener una declaración de vigencia de la ley medios y desplumar a la Corpo Clarín. Se podría aprovechar la bolada para que la Corte anule la jurisdicción extranjera en materia de deuda contraída por el Estado nacional, y que el gobierno suspenda por tiempo indefinido el pago de la deuda externa.

De lo contrario, como hay que esperar, el secuestro de la Fragata Liberad será otra evidencia del naufragio nac&pop.

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El embargo de la Libertad

Fernando "Pino" Solanas (INFOSUR)

Detrás del embargo en Ghana aparece el problema de la deuda externa argentina, que ningún gobierno ha querido desenmascarar.

Muchas interpretaciones, culpas y descargos se oyen en estos días sobre el embargo de la “Libertad” y la torpeza de los funcionarios, sin que se dijera que la causa primigenia que no se quiere investigar desde hace treinta años, es la deuda externa: todos los títulos emitidos desde 1976 contemplan la cláusula de renuncia a la inmunidad soberana, sometiendo nuestra soberanía a los tribunales de Londres y Nueva York. La detención de la “Libertad” fue ordenada por la justicia norteamericana y el fondo de inversión NML, uno de los tenedores de bonos que quedaron fuera del canje del 2005. El secuestro de nuestra “Libertad” comenzó con la dictadura de Videla y la modificación del art. 1° del Código Procesal Civil y Comercial, que prorrogó la natural jurisdicción argentina a favor de jueces extranjeros.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establece la inmunidad de los barcos de guerra que se encuentren en alta mar, pero no existe una norma explícita que los proteja si el propio Estado no lo hace. La traición a la “Libertad” fue tal, que amarraron la Argentina a la Ley de EE.UU. y Gran Bretaña, renunciando a la inmunidad soberana aunque el contrato fuera nulo o ilegal. Hoy existen más de u$s 11.000 millones de bonos en default, y cualquier tenedor puede afectar bienes de la Argentina en el exterior, salvo los bienes que estén en el extranjero afectados a un servicio público sin excluir los buques comerciales o de guerra.

Todos los gobiernos surgidos con la democracia no quisieron auditar la deuda ni impugnar los créditos fraudulentos para revocar las cesiones de soberanía. Se limitaron a acciones defensivas inoficiosas y continuaron pagando a libro cerrado. Martínez de Hoz, padre de la deuda, no pudo ser condenado; la sentencia firme del juez Ballestero en la causa Alejandro Olmos fue desoída a pesar de haber demostrado que más de la mitad de la deuda que detuvo la “Libertad”, es una estafa. El gobierno de Cristina Fernández, con mayoría en el Congreso, no ha hecho nada para recuperar la inmunidad soberana y ha taponado todos los proyectos -entre ellos el nuestro- de crear una Comisión Investigadora con legisladores y expertos nacionales e internacionales.

Seguiremos embargando nuestra “Libertad”, si el gobierno no asume la investigación de la deuda fraudulenta y su denuncia ante la justicia anglo-americana como bien lo hizo Ecuador. Lejos de haber aportado al bienestar de los argentinos, la deuda es la mayor causa de empobrecimiento: desde la dictadura ya se pagaron más de u$s 270.000 millones. Detrás del secuestro de nuestra “Libertad” están los intereses anglo-americanos. No se la rescata con más claudicaciones porque los fondos buitres nos seguirán persiguiendo. Argentina debe revertir la derrota y comenzar a romper la telaraña colonial que nos somete: el Ciadi, los acuerdos de Madrid sobre Malvinas, los 53 tratados de reciprocidad de inversiones (TBI), aplicar la ley 26.659 y compensaciones económicas. La vergonzosa decisión de la Presidenta de la Nación de abandonar la “Libertad”, nave insignia de la Armada Nacional, hiere la dignidad del pueblo argentino.

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Argentina: Empresarios y ART... ¡agradecidos!

Fabiana Arencibia (RED ECO)

La Cámara de Diputados aprobó ayer las reformas a la Ley de Riesgos de Trabajo, norma vigente desde las políticas neoliberales de los `90. Los cambios introducidos están lejos de tratar los accidentes y enfermedades laborales con un carácter proteccionista y preventivo. La nueva ley queda constituida en beneficio para las empresas, las aseguradoras y el sindicalismo empresario.

La modificación fue aprobada por 139 votos a favor, 82 en contra y dos abstenciones (*). El beneplácito de la Unión Industrial Argentina (entidad promotora de la reforma), las cámaras de empresarios pymes, la Asociación de Industriales de Buenos Aires, la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, bastan para entender quiénes son los beneficiaros principales de esta reforma.

Así de claro fue expresado por la presidenta de la Nación cuando el pasado 19 de setiembre anunció el envío del proyecto del Ejecutivo al Congreso, al afirmar que esta iniciativa contaba con el consenso de sectores empresarios y también sindicales.

Los sindicalistas a los que se refería son los que integran la CGT alineada a la política oficial que conduce Antonio Caló, la mayoría de los cuales, vale recordar, apoyó durante el menemismo las normas de flexibilización laboral que les quitaron a los trabajadores derechos que fueron conquistados durante años de luchas.

La reforma se asienta sobre tres bases: la eliminación de la mal llamada “doble vía”, la actualización semestral de los montos de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y un plazo de 15 días para que las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART) paguen las mismas.

“Doble vía”

Hasta ahora, los trabajadores podían cobrar la indemnización a través de la compañía aseguradora (ART), pero además utilizar la vía de la Justicia del Trabajo en caso de que entendieran que ese monto no se correspondía con el daño sufrido y poder así compensar la totalidad del mismo, según lo disponen las normas civiles.

La ley reformada ayer obliga en primera instancia a que el trabajador opte por cuál de los dos caminos tomará para resarcirse. Esta imposición resulta francamente extorsiva porque entre elegir una indemnización tarifada que puede cobrar en 15 días (aunque sea menor a la que le correspondiese) o tener que esperar los tiempos que dure el juicio sin contar con ningún resarcimiento, la elección resulta más que obvia.

Hay otro elemento que incide también en la decisión de abandonar la instancia judicial y es el reemplazo de la Justicia laboral por la Justicia civil, para el caso que se opte por este camino. Este no es un detalle menor ya que el desplazamiento de Justicia del Trabajo por la competencia de la Civil, importa la obtención de indemnizaciones menores y de procesos más largos para obtener el fallo.

El negocio del sindicalismo empresario

Previa a la modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) el Poder Ejecutivo promulgó el decreto 1720/2012 que habilita a las cámaras empresarias, asociaciones de empleados y sindicatos que participen en las negociaciones colectivas, para crear las ART MUTUALES. Además de constituir un nuevo negocio para el sindicalismo empresario, se refuerza aun más el monopolio de la representación de los sindicatos que gozan de personería gremial, cuando la libertad sindical es cercenada desde el poder político que niega reconocimiento a sindicatos y centrales de trabajadores que no responden a su proyecto político.

Por otra parte, este decreto obliga a “utilizar de manera prioritaria y siempre que sea técnicamente posible, los servicios de obras sociales y efectores públicos de salud para proveer las prestaciones en especie previstas en el Régimen de Riesgos de Trabajo”. En este sentido, el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina da cuenta de la experiencia de España en la que estas mutuales “han logrado generar negocios rentables a pesar de no tener fin de lucro, con solo contratar servicios (por ejemplo de asesoramiento y formación en materia de prevención) con empresas asociadas y capturar a través de ese mecanismo los beneficios que la ley le prohíbe”.

Cambiar algo para que nada cambie

Con la reforma continúa sin ser modificado el régimen de prevención de riesgos de accidentes laborales, por uno que ejerza un control eficaz y en el que los trabajadores sean parte del diseño, implementación y fiscalización de las medidas de prevención en la empresa. Un sistema que responsabilice a las ART en forma solidaria con los empleadores, por el incumplimiento de esas normas.

La Comisiones Médicas continuarán siendo las que determinen si el accidente o enfermedad son de naturaleza laboral y cuál es el grado de incapacidad. Las Comisiones dependen de instituciones que no son diferentes a las que brindan las prestaciones y por lo tanto no se garantiza la autonomía de sus dictámenes.

Siguen existiendo enfermedades que para la Superintendencia de Riesgos de Trabajo no son reconocidas como originadas por el desarrollo de la tarea. En este sentido, hay un dato significativo a tener en cuenta: el promedio mundial indica que las enfermedades profesionales representan un 38% del total de los siniestros laborales, pero la Superintendencia solo reconoce como tal apenas un 2% de enfermedades sobre el total de siniestros registrados en el sector formal.

El Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina afirma que “es imposible negar que el contenido regresivo de las modificaciones responde a los reclamos de empresarios que bajo la coartada de asegurar ‘previsibilidad’ al sistema y de desalentar la ‘industria del juicio’, persiguen asegurar la continuidad de los negocios de las A.R.T. y de la elevada rentabilidad empresaria. (…) accede a las pretensiones de la UIA, satisface la codicia del capital financiero dueño de las ART y regala un nuevo negocio al Sindicalismo Empresario”

Por su parte, la Asociación de Abogados Laboralistas de la Ciudad de Buenos Aires recuerda que ya pasaron ocho años desde que la Corte Suprema de Justicia descalificó constitucionalmente la Ley de Riesgos de Trabajo (que recoge desde ahora las modificaciones planteadas). “Y pasaron dieciséis desde que se puso en marcha una ley de Riesgos de Trabajo que muy poco ha hecho por la prevención, y que ha funcionado como una máquina de destrucción de los derechos de los trabajadores. (…) Lo que el gobierno ofrece es dejar para más adelante la cuestión de la prevención y dar una urgente solución satisfactoria a las demandas de los grandes grupos económicos. Ya no parece casual que la Presidenta hable de este tema – que es trascendental para los trabajadores- rodeada de empresarios que la aplauden a rabiar”, afirma.

Esta nueva reforma, que cambia algo para que nada cambie, le pone a los trabajadores un nuevo “impuesto de sangre” para que de los 20 trabajadores que mueren por día en nuestro país, cuatro sean por accidentes de trabajo y el resto por enfermedades vinculadas con el ambiente laboral.

*) El bloque del Frente para la Victoria (FpV) junto al PRO (alianza que también se dio en varias oportunidades en la legislatura porteña) aportaron los votos positivos. Los votos en contra correspondieron a la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista, el Frente Peronista, la Coalición Cívica y Proyecto Sur. Dentro del bloque oficialista, el diputado Jorge Rivas se opuso a la norma y los diputados Facundo Moyano y Omar Plaíni (de la CGT no oficialista que conduce Hugo Moyano) se manifestaron en contra pero al momento de votar se fueron del recinto. Por su parte, el diputado Héctor Recalde, ex asesor de la CGT de Moyano, se abstuvo en general y votó en contra en algunos puntos.

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Víctor De Gennaro. “Están votando igual que en los ’90: negocio y muerte”

ACTA

La exposición del diputado nacional por la Unidad Popular, Vìctor De Gennaro, defendiendo en la Cámara de Diputados el Proyecto de ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños Laborales elaborado por la CTA.

Señora presidenta: la casualidad o la Providencia –según en lo que uno crea me colocó el viernes último, en oportunidad de la asunción de las nuevas autoridades de la Federación Judicial Argentina, en un homenaje que se le hiciera a Luis Benencio, que probablemente sea uno de los miles y miles de militantes desconocidos.

A Luis Benencio lo conocí entre los años 1984 y 1985 empezábamos con el ATE recuperado , cuando fuimos a investigar y estudiar los alcances de las enfermedades de los trabajadores mineros de Río Turbio. Me seguí encontrando con él en otras ocasiones, pero recuerdo sobre todo cuando nos tocó ir a declarar en el juicio que se le estaba llevando en Italia a Suárez Mason. Nos presentamos para que quedara preso por el asesinato del compañero Mastinú y de los compañeros del astillero Astarsa, que fueron perseguidos como él, y asesinados después del 24 de marzo de 1976 por la comisión de un único delito: haber tomado el astillero en 1973 al conjuro de la expectativa que significaba la vuelta al gobierno del pueblo en las manos de Héctor Cámpora y luego de Juan Domingo Perón.

El astillero fue tomado por la muerte de un trabajador en un incendio. En aquella época era natural que la construcción de cada barco en ese astillero costara una vida. Pero a partir de que los compañeros lograron crear la Comisión de Higiene y Seguridad, apoyados por aquel gran Instituto de Medicina del Trabajo del compañero Testa, que desde la Facultad de Medicina iluminó a todas las comisiones internas, no hubo un solo muerto durante tres años, como para demostrar claramente lo que decimos aquí. Aquí se habla de la necesidad de un control efectivo para que no haya muerte. Lo que vamos a discutir hoy es la muerte y los negocios, como decía anteriormente el diputado. Los negocios de las ART que no solamente facturaron 12.700 millones de pesos sino que van en camino a los 20 mil millones. Son negocios que traen muerte. Sin lugar a dudas que las muertes existen. Y me sorprende que no se discuta esto; me duele. Pero no solamente esto sucede en este ámbito, sino que también cuesta discutirlo en otros lugares, en
ámbitos públicos e incluso con los compañeros. ¡Cómo no va a perturbar saber que el trabajo puede costar la vida! Se mueren cuatro compañeros por día en accidentes de trabajo y dieciséis como mínimo por enfermedades laborales. O sea que estamos hablando de veinte muertos por día, más de 7.500 por año. Aclaro que estas son cifras mínimas de acuerdo con los índices internacionales. ¡Cómo no va a doler!

Duele mucho más cuando escuchamos a la presidenta referirse al cambio de la ley que posibilitaba esta discusión. Se habla nada más que de llevar al trabajador a la necesidad de elegir entre cobrar o hacer juicio. Esto es de una perversidad tremenda. En el peor momento del trabajador accidentado o de alguien que está sufriendo la muerte de un familiar, se le exige que decida si agarra la plata o va a juicio. Además, se le promete que no le conviene ir a juicio porque le van a dar un 20 por ciento más de indemnización, como si eso fuera un mérito. Tendría que haber vergüenza y plantear claramente que no se resuelve la inconstitucionalidad. Tuvimos la posibilidad de discutir esto en las reuniones conjuntas de la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero lamentablemente se citó a todas las entidades después de que se firmaron los dictámenes. De todas maneras, vinieron y hablaron, y por eso solicito que se incorpore al Diario de Sesiones todo lo que se dijo en esas reuniones. Hablaron, entre otros, Ricardo Cornaglia, de FACA, Luis Piasek, de la Asociación de Abogados Laboralistas, los compañeros del Grupo 14 Bis, el doctor Fernández Madrid y también habló claramente el compañero Carlos Rodríguez, que fue uno de los directores de Seguridad del Trabajo del Ministerio del Trabajo y secretario de Trabajo en el gobierno de Santa Fe. No hubo uno solo que no dijera que se iba camino a la inconstitucionalidad.

¿Qué se gana con esto, si todos dicen que es inconstitucional y que es un parche que no resuelve los problemas? Lo lamentable –y por eso no lo puedo entender- es que lo único que se logra es mantener uno, dos, tres, cuatro o cinco años hasta que se determine la inconstitucionalidad. Mientras tanto, se siguen muriendo nuestras compañeras y compañeros, siguen los accidentes y fundamentalmente siguen las ganancias de los grandes grupos económicos en el sector financiero.

No me voy a referir –porque me da vergüenza ajena- a lo que significa este guiño que se hace a las mutuas, como diciendo que acá hay un negocio posible para los sindicalistas o sindicatos que quieran “arreglar”. Ya ha quedado demostrado lo que son las mutuas en España y en Chile. Acá también les dieron el negocio de las AFJP a muchos sindicatos, y prontamente fueron subsumidos por los sectores financieros. “No más parches”, decían. Y está claro que no hay que poner más parches.

Por eso yo siento orgullo aun en esta instancia porque estamos discutiéndolo; nos dieron una posibilidad y los trabajadores vamos a abrir la brecha.

Agradezco a Claudio Lozano que hace tiempo presentó un proyecto, y también a los diputados Alicia Ciciliani, Graciela Villata y Horacio Piemonte, que firmaron el dictamen que estoy informando y posibilitaron este debate. Pero mucho más agradezco a los compañeros que durante años fueron construyendo desde su conocimiento un proyecto de ley, como Horacio Meguira, del Observatorio Jurídico, el ISLyMA de Córdoba o tantos otros que han efectuado sus aportes, demostrando que frente al negocio y la muerte se puede tener un proyecto de solidaridad y vida. Se trata de recuperar para el Estado la seguridad social algo tan sencillo como eso por medio de un banco de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades laborales para terminar con esto de dejar a la mitad de la clase trabajadora sin cobertura.

Este proyecto nada dice de los 8 millones de trabajadores que quedan afuera y que deben ser cubiertos con una política clara de prevención y reparación de daños: trabajadores rurales, trabajadoras domésticas, trabajadores de las penitenciarías, los autogestionados, los que están en pasantías educativas.

Hay que abrirse a entender y resolver el problema de la prevención y la reparación, lo cual se logra muy fácilmente con cuatro instrumentos.

Primero, una oficina nacional de seguridad y salud laboral; es necesario tener una planificación, un análisis, una estadística, un estudio epidemiológico laboral, en suma, una cultura de la prevención.

Segundo, una comisión nacional de seguridad y salud laboral que sea capaz de asesorar al Ministerio de Trabajo, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a todas las regiones.

Tercero, un banco de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La idea es volver a tener un banco público que sea claramente posible. Alguna vez tuvimos un Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilaciones y Pensiones. No es algo raro, sólo del Primer Mundo; los compañeros uruguayos tienen el Banco de Seguridad del Estado han tomado para ellos el monopolio de la gestión o el Banco de Previsión. Claro, hemos aprendido con lo de las AFJP y vamos a hacer como los uruguayos. Sí, lo vamos a hacer así: vamos a dar participación plena para que sea un banco público con manejo del gobierno y no una caja del gobierno, con participación de los trabajadores y los empresarios. Hemos aprendido de la desvergüenza que tiene el señor Bossio, el director de la ANSES , que cobra más de 50 mil pesos por mes pero paga 1.839 pesos a más de 4 millones de jubilados, usando la plata que nosotros aportamos para hacer negocios y no para servir a sus verdaderos y legítimos dueños.

Por supuesto proponemos comisiones médicas que puedan resolver las contradicciones de las enfermedades, y hasta dejamos abierta la posibilidad de que vayan a la justicia laboral.

Estamos hablando de derechos constitucionales e internacionales que tienen que ser consagrados y defendidos, como el derecho a la información, a la consulta, a la participación de los trabajadores, delegados de prevención en cada empresa votados por los trabajadores sin importar su afiliación sindical. La prevención salva vidas, como lo vimos en Astarsa y en otros miles de ejemplos que podríamos mencionar.

Hay que perder el miedo a la libertad y la democracia sindical. Hay que enfocar la luz en el sector del trabajo.

Da pena que según las estadísticas oficiales el 84 por ciento de las empresas privadas no tienen delegado. Hace treinta años que recuperamos la democracia y donde se genera la riqueza todavía no hay una auténtica democracia. Tal vez tengamos que recuperar los comités mixtos de riesgo del trabajo como existen en Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires en el área de salud.

Hay que animarse a llevar adelante una discusión sobre democratización, y por eso hay que ir a fondo: responsabilidad solidaria para las empresas que llevan a contratistas y subcontratistas a no cumplir. Recuerdo al compañero Daniel Solano, desaparecido y asesinado. Fue encontrado después de un año, ¿saben dónde? En Expofrut, empresa que subcontrataba y no cumplía con ninguna norma; cuando alguien levantaba la cabeza había castigo.

Es hora de abrir el espacio hacia una reparación integral que garantice el derecho a reclamar con toda claridad.

Después de haber escuchado a los compañeros de la Comisión de Legislación del Trabajo y a los que concurrieron posteriormente a la audiencia, a ninguno se le ocurriría no defender la competencia de la Justicia ordinaria laboral, ya que es el tribunal natural donde deben discutirse estos diferendos.

Es cierto que hay cuestiones lamentables. Discutir hoy esta iniciativa en el marco de un Congreso vallado no era mi objetivo. Si me hubieran dicho que íbamos a debatir sobre los derechos de los trabajadores con el Congreso vallado, no lo habría creído.

Sin embargo, tengo esperanzas. Se equivocan en el motivo; lo vallan por temor al debate. En el corto tiempo que estoy aquí, aprendí algunas cosas. No tengo ingenuidad; siempre supuse que había poder, pero hoy entiendo que hay mucho más del que creía. Estamos hablando de la vida y de la muerte de los compañeros trabajadores. ¡Vaya si no podíamos resolverlo! Hay más poder, pero también menos debate del que pensaba.

Mi esperanza es que aquí afuera están mis compañeros de la CTA encabezados por Pablo Micheli, los compañeros de la CGT de Hugo Moyano, los trabajadores autogestionados y de las cooperativas que se movilizan para producir este debate.

No debemos tener miedo al debate. Esa movilización, ese apoyo que se está construyendo, sin lugar a dudas alimenta mi esperanza de que vamos a resolver el problema a favor de la gente. Tardaremos uno, dos o cinco días, pero tarde o temprano tendremos que discutir sobre la vida y la continuidad de nuestros conciudadanos.

Porque trato con mucho respeto a todos, no quiero decir cosas diferentes a las que expreso afuera. Me he acostumbrado a mantener una coherencia. En la marcha del 13 de septiembre, en la que presentamos el proyecto que hoy venimos a defender y a proponer, terminé diciendo que me daba mucha alegría que muchos levantaran el nombre de nuestro compañero –para mí un amigo, un hermano Germán Abdala. ¿Quién puede dudar de la conducta, la idoneidad y la fortaleza que tuvo Germán para plantarse en la década del 90 y pelear contra las privatizaciones?

Me enorgullece que lo hagan desde distintos pensamientos partidarios. Ninguno, y menos yo, podría defender lo que piensa partidariamente escudándose en los dichos y la actuación de Germán Abdala. No es mi característica. Aspiro a que aprendamos de su ejemplo. Quienes pretenden referenciarse con él, deben saber que cuando llegó el momento más difícil de su vida en los años 90 y tuvo que elegir entre la disciplina partidaria y la disciplina de clase, no dudó ni un momento y eligió la disciplina de clase, y fue bandera para enfrentar la política de los 90.

Por eso, y lo digo con toda claridad, debemos tomar ese ejemplo con profundidad. Afirmo –como pensaba él, que era consecuente- que los diputados de hoy no están votando la ley del futuro, están votando igual que lo hacían los diputados en los años 90: negocio y muerte, y nosotros votamos en contra porque queremos solidaridad y vida.



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Argentina: El gobierno apoya a empresas petroleras saqueadoras ampliando concesiones en Salta

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Ex trabajadores de lo que fuera la estatal Y.P.F. se manifestaron en contra de la extensión de permisos de exploración otorgado por el gobernador Juan Manuel Urtubey a operadora petroleras en la provincia de Salta. También cuestionaron al gobierno nacional, por no darles participación, ignorando la capacidad y experiencia de estos trabajadores especializados y calificados, hoy desocupados.

Para Rodolfo “Chiqui “Peralta, ex trabajador de Y.P.F. estas empresas “Son los mismos que vienen beneficiándose desde la dictadura, con la instauración del modelo liberal, de saqueo y contaminación del medio ambiente en Argentina. Con ganancias millonarias para estos y sin control estatal en la producción, ampliando la brecha de la desigualdad social, en los Departamentos donde operan, dejando a pueblos enteros, sumidos a padecer enfermedades originadas de la contaminación por los fluidos contaminantes que utilizan para perforar”.

Estas empresas petroleras, hoy nuevamente beneficiadas por el estado, operan en el área del Departamento San Martín, siendo desde el año 2000 instigadoras de denuncias judiciales y persecuciones sobre todo grupo organizado de Desocupados, que denunciaba la falta de trabajo, contaminación y el saqueo realizado por estas operadoras.

La justicia, nunca investigo el saqueo y la contaminación en el medio ambiente, y las consecuencias en la población, que realizan estas operadoras, pero si acciono sobre los más desprotegidos, los excluidos del sistema, criminalizando la protesta social, torturando, encarcelando y llevando juicio a los desocupados.

“Tal como lo hiciera, el ex gobernador Juan Carlos Romero, hoy Urtubey, gobernador de Salta, les brinda beneficios millonarios a estos saqueadores, y el gobierno nacional nos margina, no dejándonos participar de la búsqueda de petróleo, excluyéndonos de tener trabajo genuino y de realizar una explotación racional sin contaminación del medio ambiente”. Afirma a la Agencia de Noticias Copenoa el dirigente José “Pepino” Fernández, de profesión técnico en inyección en perforación, con la experiencia de haber realizado unos 800 pesos petroleros en Argentina y con más de 20 años de antigüedad en la ex estatal Y.P.F.

Estas concesiones realizadas en Salta y el país, excluyendo a trabajadores especializados, hoy desocupados, que lucharon denunciando el saqueo durante la década del 90 del patrimonio nacional, plantean necesariamente la discusión sobre porque el gobierno nacional, mantiene la matriz económica de beneficios a empresas conformadas durante la dictadura y a multinacionales petroleras que despojaron de recursos no renovables al país , incurriendo el gobierno nacional en una realidad de contradicciones ante su discurso nacional y popular.

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Argentina, Chaco. Tras la denuncia de pobladores de Campo Nuevo: Tomarán muestras de agua para constatar pulverizaciones ilegales

CHACO DIA POR DIA

Raúl Codutti, ministro de Ambiente, adelantó que se realizarán pericias para determinar si la empresa Unitec-Don Panos volvió a pulverizar con agrotóxicos en zonas prohibidas, ubicadas en cercanías a Pampa del Indio.

El ministro de Planificación y Ambiente, Raúl Codutti, adelantó que se tomarán muestra de agua en Campo Nuevo y Campo Medina, jurisdicción de Pampa del Indio, luego de que los pobladores del lugar denunciaran que la empresa Unitec-Don Panos (que allí se dedica a la siembra de algodón transgénico) volvió a pulverizar con agrotóxicos en zonas prohibidas.

“Todavía no hemos recibido ninguna notificación del Defensor del Pueblo pero independientemente de esto lo que quiero transmitir es que nosotros estuvimos monitoreando la situación en los últimos días, en el marco del acuerdo que se firmó entre la empresa Unitec Agro, los pobladores, el Defensor del Pueblo y el ministerio de Planificación y Ambiente. La última visita se hizo hace un par de semanas atrás y son visitas no programadas”, expresó Codutti en RADIO CIUDAD.

“En ese momento, los pobladores no nos habían manifestado la ocurrencia de ninguna pulverización fuera de los límites permitidos. Pero esto pudo haber ocurrido en los últimos días. De ser así, en el día de hoy el área de la Subsecretaría de Ambiente va a estar en el territorio, va a entrevistarse con los pobladores y aparte se van a tomar muestras de agua para verificar si esta pulverización se está haciendo sin respetar la zona de resguardo establecida por la recientemente sancionada por la Ley de Biocidas”, sostuvo.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo del Chaco monitoreó el cumplimiento del convenio rubricado a principios de junio entre pobladores de Campo Medina y Campo Nuevo con la empresa Unitec-Don Panos respecto a los límites de fumigaciones. Vecinos volvieron a denunciar el incumplimiento de las distancias y alertaron que fueron afectados nuevamente por los tóxicos.

El defensor del pueblo Gustavo Corregido, en esta visita a Pampa del Indio se hizo presente en el Lote 4, Sector 4 A -conocido como Campo Nuevo-, reuniéndose con Mariano Peñaloza cuya vivienda está ubicada a 20 metros del linde de la empresa Unitec-Don Panos, la cual el 6 de junio se comprometió a no fumigar en forma terrestre hasta una distancia de 600 metros.

Peñaloza expuso al defensor que “hace alrededor de un mes en el descampado frente a mi casa, en un área de 30 hectáreas, una máquina conocida como mosquito pulverizó en toda la extensión”. En el relato también hizo saber que la gente volvió a padecer los efectos de estas pulverizaciones nocivas para la salud, provocándoles vómitos, dolor de cabeza, problemas respiratorios, pero también afectando árboles y verduras de los huertos. “Mientras se respetó el convenio se notó el cambio y nuestra salud mejoró”.

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Cambios que no cambian nada

RED ECO

Si bien en el último año algunas medidas, como la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones en el país y la reducción en el plazo para liquidarlas y la presión para sustituir importaciones, complicaron los negocios a las mineras, las políticas de impulso para estos emprendimientos siguen indicando una misma dirección que va en detrimento de modelos productivos para la vida y en defensa del agua. Aquí unos ejemplos.

Santa Cruz - Recientemente la Secretaría de Minería de la Provincia de Santa Cruz autorizó la explotación del Proyecto Don Nicolás, de megaminería, a radicarse en cercanías del Parque Nacional Bosque Petrificado.

IRL Patagonia SA comenzará a explotar a cielo abierto el área de las Estancias La Paloma y Martinetas, cerca de la reserva paleontológica. Tiene previsto comenzar su producción hacia fines de 2013, arrancando con una extracción inicial de 55 mil onzas de oro y 52 mil de plata.

Según informó la empresa, el gobierno aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero éste no está disponible públicamente, ni en la web de la Secretaría de Minería de Santa Cruz, ni lo ha hecho la minera.

A su vez, la empresa asumió que firmó junto con las poblaciones santacruceñas de Jaramillo y Fitz Roy, un acuerdo de Licencia Social, con los objetivos de desarrollar conjuntamente políticas para generar empleo y programas en salud, capacitación local y establecer compañías de suministros para complementar, y diversificar la provisión de bienes y servicios requeridos por la futura operación de la mina. Sin embargo, ni los vecinos, ni la prensa local, ni el portal de la Gobernación y de la Secretaría de Minería de la provincia, dan cuenta en documento alguno de cuándo, cómo y por quién fue realizado el proceso de obtención de dicha Licencia Social.

Respecto a los controles que el gobierno provincial realiza a las mineras, la agencia informativa OPI Santa Cruz señaló que son ínfimos y prácticamente inexistentes. Quien hace un tiempo se desempeñaba como Secretario de Minería, el Señor Oscar Vera, fue por mucho tiempo el único "policía minero" que tenía Santa Cruz y por falta de recursos eran (y son, actualmente) las propias mineras las que solventan su trabajo y les financian la movilidad para las recorridas en los yacimientos.

A su vez, señalaron que la forma en que se saca el oro y la plata, lo conoce un reducido grupo de funcionarios y está lejos de controles públicos. Nadie sabe cuánto se explota, lo que se paga y mucho menos lo que se denuncia, dado que las empresas son las propias redactoras de las actas donde dan fe del material extraído del subsuelo.

Chubut - Rafael Williams, quien ejerce desde diciembre de 1999 el cargo de intendente de Esquel, y mantuvo siempre una postura favorable a la minería a gran escala, declaró en estos días que ve bien que hayan salido empresarios de la construcción con sus camiones a la movilización pro minera para defender sus empresas y sus empleados.

La movilización que se realizó el último sábado sumó alrededor de 40 camiones, maquinaria y vehículos, y personal vinculado a la minera.

El intendente admitió que la marcha fue un mensaje para los diputados provinciales que deben tratar el proyecto de Marco Regulatorio de la actividad Hidrocarburífera y Minera presentado por el ejecutivo provincial a mediados de este año a pesar de la vigencia de la ley 5.001, que prohíbe desde 2003 en todo Chubut la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.

El jefe comunal señaló que "la necesidad de trabajo hace ver con buenos ojos cualquier actividad y la minería es una". Incluso acotó que "hay gente que expresa que está de acuerdo que se desarrolle la minería, pero no condicionando la situación ambiental, en una postura intermedia a lo que es fundamentalismo".

Lo que no señaló fue por qué existe dicha necesidad de trabajo que convierte a la minería en una alternativa, ni la inexistencia de políticas serias para el desarrollo de actividades verdaderamente productivas.

Por otro lado, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Por el No a la Mina aseguraron que la marcha a favor de la actividad fue organizada por la empresa minera y no por los vecinos de Esquel. El origen sería un pedido por parte del Gobierno provincial hacia la empresa minera dado que el Marco Regulatorio dejaría afuera a la ciudad de Esquel, a menos que los legisladores interpreten que hay vecinos que quieren la actividad en esta ciudad.

Mendoza - Desde la Asamblea por el Agua de San Rafael plantearon su desconfianza respecto a la protección ambiental ante la reapertura del proyecto de extracción de uranio en Sierra Pintada.

La asamblea planteó que “en el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación. En este contexto, nos enteramos hace algunas semanas que la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) presentaría en dos meses el estudio de impacto ambiental para la remediación de la colas de uranio y que en 2013 comenzaría las actividades de remediación”.

El yacimiento descubierto en 1968 fue explotado por la CNEA desde 1974 hasta 1995, y abandonado en 1997 debido a la baja del precio del uranio y como parte de la desarticulación estatal llevada adelante por el menemismo. El pasivo ambiental alcanza las 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio que deben ser remediados.

La desconfianza formulada por la Asamblea Agua de San Rafael se centra en la negligencia demostrada por la CNEA para operar teniendo en cuenta lo que hizo en el pasado y algunos hechos recientes como la filtración en uno de los diques de remediación como resultado de una rotura de 30 centímetros en la membrana del dique de evaporación de efluentes. El hecho se detectó el 23 de marzo de este año y fue admitido por la CNEA en el mes de mayo luego de que circularan rumores sobre la presunta filtración.

Este suceso dejó al descubierto que la CNEA estaba avanzando en la remediación sin el conocimiento del pueblo y sin cumplir los pasos previstos que son la presentación del informe de impacto ambiental y la posterior audiencia pública.

A su vez, la Asamblea señaló la contaminación grave de napas freáticas y cauces de riego en la zona donde funcionaba el Complejo Fabril Malargüe por la que la CNEA recibió una multa de un millón de pesos, en 2002, por parte del Departamento General de Irrigación.

Por esta razón, desde la Asamblea convocaron a la implicación colectiva y la participación popular, e invitaron a redoblar esfuerzos por parte de la ciudadanía en la junta de firmas en defensa de la ley 7722 dado que la reactivación de Sierra Pintada al igual que muchos otros proyectos megamineros requieren de la modificación o derogación de la ley del pueblo para poder materializarse ya que la misma “prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos”.

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Denuncian complicidad estadounidense en golpes en Honduras y Paraguay

Carmen Esquivel Sarría (PL)

Las similitudes de los golpes de Estado en Honduras y Paraguay y la complicidad de Estados Unidos en ese quiebre democrático fueron denunciados en Francia durante una conferencia en la Casa de la América Latina.

"Cuando vemos lo ocurrido en ambos países nos damos cuenta que estamos ante nuevas formas de derrocar gobiernos democráticamente elegidos que han iniciado reformas de mayor inclusión social y participación popular", explicó el dirigente del Colectivo Paraguay, Gustavo Zaracho.

El 28 de junio de 2009 el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya fue secuestrado y llevado a la fuerza a Costa Rica por militares encapuchados para impedir la realización ese día de una encuesta sobre futuras reformas constitucionales.

Tres años después, también en el mes de junio, su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, fue destituido tras un expeditivo juicio político que la comunidad internacional calificó de golpe de Estado Parlamentario.

Hay mucha semejanza entre lo ocurrido en los dos países. Lo que no funcionó en Honduras lo perfeccionaron en Paraguay, denunció a través de una videoconferencia Dina Meza, activista del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Declaró la también periodista hondureña que en los dos casos se trató de legalizar el golpe de Estado y de presentarlo como una sustitución presidencial y no como una ruptura democrática.

Oradores en el encuentro recordaron que los documentos publicados posteriormente por Wikileaks revelaron la implicación de Estados Unidos en el golpe de Estado en Honduras y afirmaron que después de lo ocurrido aumentaron a siete las bases militares norteamericanas en ese país centroamericano.

La oligarquía hondureña, en complicidad con los militares, perpetraron el golpe para destruir lo que se había avanzado con el gobierno de Zelaya, agregaron.

En Paraguay las grandes multinacionales del sector agroalimentario, como Monsanto, Cargill y otras, intervinieron directamente en el complot porque el gobierno de Lugo, en algunos aspectos, dificultaba las acciones de esas grandes empresas, explicó Zaracho a esta agencia.

Otros consorcios como el canadiense Río Tinto Alcán, que desde hace años intenta instalarse en Paraguay, así como la oligarquía nacional que veía sus intereses peligrar, estuvieron implicadas en la ruptura institucional.

Zaracho alertó sobre el peligro de un aumento de los golpes de Estado en América Latina, alentados por los sectores estadounidenses más conservadores, que quieran intervenir como antaño en la región.

En un mensaje transmitido a la conferencia el presidente Fernando Lugo destacó la importancia de este encuentro y agradeció la solidaridad internacional hacia su país.

El orden constitucional volverá a Paraguay de la mano de los demócratas, no de los golpistas, dijo Lugo y añadió que pueden desalojar a un presidente, pero no revertir la decisión de un pueblo de vivir en democracia.

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Bolivia iniciará proyecto en Silala y recortará agua hacia Chile

XINHUA

El gobierno de la provincia boliviana de Potosí informó que, con apoyo del gobierno nacional, comenzará el sábado la ejecución de un proyecto piscícola con las aguas del manantial Silala, y que con ello prevé cortes provisionales de abastecimiento de agua hacia el norte de Chile.

El gobernador de Potosí, Félix Gonzales, informó a los medios de prensa que, además, se pretende encarar tres proyectos más: un sistema de riego, una planta hidroeléctrica y una planta envasadora de agua, lo que ha despertado susceptibilidad en Chile, que pidió informes sobre los planes de esa región boliviana.

El proyecto piscícola, que arrancará este fin de semana, aprovechará parcialmente las aguas del manantial Silala, que nace en territorio boliviano y fluye a través de canales artificiales hacia el norte chileno.

Según la posición del gobierno boliviano, el agua del manantial del Silala proviene de bolsones de agua que fueron desviados artificialmente por Chile hace más de 100 años.

Por su parte, las autoridades chilenas insisten en que el Silala es un río internacional.

Bolivia y Chile lograron en octubre de 2009 un preacuerdo sobre este conflicto, por el cual el Gobierno chileno asumió el compromiso de pagar por el 50 por ciento del uso del recurso hídrico hasta que un estudio resuelva la propiedad del porcentaje restante.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) observó el preacuerdo y exigió el pago retroactivo de una "deuda histórica" por las aguas del Silala, y por esa razón el convenio no prosperó.

En tanto, el gobernador potosino explicó en reiteradas oportunidades que se construirán cuatro almacenamientos de agua de 10x4 metros, los cuales serán instalados en el cerro Quetena Grande -donde nacen los manantiales- para criar truchas.

Las aguas de la región potosina boliviana abastecen al norte de Chile para sistemas de riego, los cuales durante más de 100 años fueron desviados artificialmente a ese territorio, según versiones del gobierno boliviano.

El presidente Evo Morales aclaró el 8 de octubre pasado que la ejecución de un proyecto industrial con las aguas del Silala, que implica un corte provisional del líquido que abastece al norte de Chile, es una decisión "soberana" de Bolivia.

El mandatario aseguró que el uso de las aguas del manantial de Silala no es ninguna agresión ni una provocación u ofensa al gobierno de Chile, porque las vertientes de ese manantial nacen en territorio boliviano, y ratificó que no es un río de cauce internacional.

El tema de las aguas del Silala forma parte de la agenda de 13 puntos que Bolivia discute con Chile desde 2006, y que se estancó a causa del enfriamiento del diálogo entre ambos países.

El mandatario Morales recordó que durante el gobierno socialista de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010), se lograron avances y se estuvo cerca de alcanzar la suscripción de un acuerdo bilateral.

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La batalla contra el lucro en la educación chilena

Enrique Torres (PL)

El proyecto de presupuesto del Estado chileno para 2013 transita por comisiones del poder legislativo, en medio de un aluvión de desacuerdos ante el rumbo que tendrán esos fondos, especialmente los destinados a educación.

Importantes sectores del magisterio y del estudiantado muestran preocupación por los cauces que tomará ese dinero, que en opinión de líderes sociales estará más dirigido a potenciar la enseñanza en colegios privados que en las escuelas públicas.

A fines de septiembre, el gobierno de Sebastián Piñera presentó al Congreso los montos principales del proyecto de presupuesto del Estado para 2013, entre ellos un aumento de mil 200 millones de dólares en el capítulo de educación.

La partida total destinada a esa esfera será de 12 mil 800 millones de dólares, que incluye los recursos generados por la recién aprobada reforma tributaria, iniciativa que es blanco de críticas de agrupaciones sociales, al considerarla un incentivo a los colegios privados subvencionados, y no a los públicos.

El presidente de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Gabriel Boric, insistió en que el debate sobre el presupuesto nacional no es de carácter técnico, reservada a economistas o políticos profesionales, ya que es una discusión donde se definen las prioridades de un país, y reclamó como organización ser parte de la misma.

"Es hora de cambiar las lógicas, no se puede seguir entregando dinero a un saco roto, el Gobierno anuncia fondos estrambóticos para educación, pero aplicando la misma receta de hace 30 años", expresó previo a la marcha de estudiantes, profesores, padres, trabajadores de la salud y otros colectivos, que este 11 de octubre recorrieron calles de Santiago para intentar incidir en el presupuesto.

Boric remarcó en que a la sociedad no le interesan solamente las cantidades, sino la manera cómo se invierten y se distribuyen.

"Es un imperativo que no se siga entregando dinero a instituciones, donde muchos de sus dueños se llevan el dinero para la casa", enfatizó.

Tanto en las más recientes manifestaciones de 2012, como en las realizadas el pasado año, los participantes reclamaron una profunda reforma al sistema educativo actual, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El régimen golpista redujo a menos de la mitad las erogaciones públicas a la educación e incentivó los colegios privados. Con esa fórmula, las reformas establecieron en Chile uno de los sistemas educativos más desiguales y costosos del orbe, según un dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

La política de Pinochet en el sector provocó que solo un 40 por ciento de los estudiantes de secundaria en el país austral asista a colegios públicos gratuitos. Tal facilidad sigue siendo un anhelo en la enseñanza universitaria.

"Ese modelo se impuso a la fuerza, y es totalmente ideológico, que no nos vengan a tratar de esconder lo ideológico detrás de sus argumentos técnicos, porque nosotros los conocemos, y lo que estamos pidiendo es precisamente disminuir esa sobre ideologización del mercado en el modelo educativo chileno", afirmó la emblemática dirigente estudiantil Camila Vallejo.

La vicepresidenta de la Confech llamó la atención sobre lo que consideró la cortina de humo que trata de presentar la derecha en Chile, al abogar en no caer en lo que llaman "un debate ideologizado" sobre la problemática educativa.

Lo que pasa es que nosotros no somos ingenuos, sabemos perfectamente que es su propuesta la que está sobre ideologizada, y no lo señalamos solamente nosotros, sino la propia OCDE, recordó la dirigente.

Y en efecto, un dictamen emitido por esa institución desde 2004 refleja que "la educación chilena está influida por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, el intervencionismo activo del centro, está limitado por mecanismos de mercado".

Vallejo insistió en que "la ley en Chile prohíbe que las universidades privadas lucren, eso evidentemente no se cumple".

De acuerdo con la dirigente, las instituciones privadas, mediante el cobro de aranceles a los estudiantes, tanto en matrículas como en otras formas, lo que hacen es recaudar un fondo que en un porcentaje significativo no se destina o reinvierte en el proceso educativo.

Ese dinero, precisó, no se dirige a pagar remuneraciones, infraestructura, laboratorios o bibliotecas, ese dinero se guarda en los bolsillos de los dueños de las instituciones.

Vallejo aseguró que las utilidades tienen como epílogo el enriquecimiento personal, y se traducen en la compra de casas o yates en algunas partes de Chile o del mundo.

"Ese objetivo lucrativo atenta incluso contra la calidad de la educación, porque obliga a los sostenedores a aumentar las ganancias y disminuir los costos, y para disminuir los costos se merma la capacidad cualitativa que tenga la institución", comentó la dirigente, quien encabezó las grandes movilizaciones del pasado año en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad.

Según la joven, con la finalidad de hacer crecer las utilidades, los dueños realizan recortes presupuestarios, despiden personas, o disminuyen la inversión en programas de fortalecimiento educativo, pero aumentan los cobros de aranceles.

"Eso nada tiene que ver con un proyecto educativo, pero sí con un proyecto de negocio", reflexionó.

La carismática líder calificó de totalmente falso el argumento gubernamental de que no promueve la educación pública gratuita, ya que beneficiaría a los más ricos de la sociedad, quienes tendrían la posibilidad de enviar sus hijos a escuelas sin costo alguno, pese a tener recursos financieros para pagar.

"En la actualidad a una familia de ingresos altos, le resulta más barato pagarle a su hijo la matrícula en una universidad privada que pagar impuestos, como corresponde", comentó.

Y en su opinión, la petición de los estudiantes y otros sectores sociales va en una dirección contraria.

"Lo que estamos planteando es que exista una educación pública gratuita para todos y todas, que nos permita integrarnos, y que sea financiada a través de una reforma tributaria, de carácter progresivo, que favorezca realmente que los más ricos de este país contribuyan más a través del aporte que hacen al Estado a una educación para todos", enfatizó.

"¿Qué es lo que pasa realmente en Chile hoy y que no se modificó a propósito de la última propuesta del Gobierno de reforma tributaria?, se preguntó.

De acuerdo con su análisis, lo que ocurre es que las grandes empresas hacen elusión tributaria, que es una evasión de impuestos legal, permitida en el país.

Dicha evasión se expresa a través de un mecanismo con el que cuentan las compañías, que se denomina el fondo de utilidad tributaria, a través del cual no declaran las utilidades que generan, las reservan en un fondo y no reconocen impuestos.

"Y eso es una merma para la capacidad que debiese tener el Estado, de financiar derechos básicos como la educación y la salud", explicó Vallejo.

Si se eliminara ese mecanismo, remarcó, el Estado podría contar con muchísimos más recursos, no solo para financiar la educación pública y gratuita, sino que también una salud pública, de calidad y gratuita para un porcentaje importante de la población.

Recientemente, otro directivo de la Confech, Noam Titellman, precisó que una carrera universitaria en Chile cuesta anualmente como promedio unos tres millones de pesos (más de seis mil dólares).

"Y si se tiene en cuenta que las carreras en el país duran entre seis y siete años, estamos hablando de 21 millones de pesos (más de 44 mil dólares), que comparado con el salario promedio, son los aranceles más caros del mundo", valoró Titellman, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

Líderes de gremios magisteriales y dirigentes estudiantiles, entre ellos Boric, Titellman y Vallejo, acudieron esta semana a una comisión legislativa en el Congreso Nacional de Santiago para exponer sus desacuerdos con la propuesta presupuestaria de Piñera.

En la antigua sala del Senado, Vallejo reafirmó las palabras de un rector, quien consideró que el proyecto de presupuesto "le teme a la educación pública".

La propuesta gubernamental presenta incoherencias entre el discurso y la práctica gubernamental, aseguró la joven.

"Se dice incansablemente que se quiere defender el sistema mixto en la educación, sin embargo, lo que se propone en el presupuesto para 2013 es un aumento privilegiado de recursos hacia el sector privado, en desmedro del público", subrayó Vallejo.

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Paraguay: Bloqueo vial y huelga de hambre en protesta de campesinos

PL

Campesinos paraguayos continuaron protestando hoy contra el Gobierno mediante el bloqueo de vías en el interior del país y una huelga de hambre frente al edificio del Congreso, en esta capital.

Desde la madrugada de hoy se reportó que cerca de mil 200 labriegos retomaron el bloqueo de la vital carretera 1, en el departamento de Misiones, por tercer día consecutivo, en reclamo del pago del subsidio acordado para resarcirlos de las pérdidas ocasionadas por la sequía.

Las movilizaciones se realizan en tres puntos diferentes del departamento: San Patricio, Santa Rosa y Santa María, lugares en los cuales se lleva a cabo la manifestación central, convocada por las organizaciones que los agrupan.

La protesta está vigente desde el pasado miércoles y los labriegos, palos en mano, cierran la ruta totalmente, a la altura del kilómetro 238 del cruce Santa María, zona de concentración del mayor contingente.

Durante la noche, los campesinos despejan la ruta, para luego reanudar la manifestación a la luz del día, pero anunciaron que la movilización seguirá mientras no exista respuesta por parte del gobierno, comprometido a entregar unos 250 dólares a cada agricultor.

Por otra parte, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas dijo que también se exige la reincorporación de mil 200 productores excluidos del Registro Nacional de Agricultura Familiar, quienes deben recibir el subsidio correspondiente.

Igualmente, reclamó el pago inmediato de los atrasos a los beneficiarios de los programas sociales Tekoporá y Tercera Edad, Salud y Educación, aprobados durante el Gobierno del destituido presidente Fernando Lugo, a quienes se deben seis meses.

Mientras tanto, casi un centenar de campesinos de la Comisión Vecinal Santa Lucía, en el departamento de Alto Paraná, una parte de ellos en huelga de hambre, permanecen acampados frente al Parlamento demandando se cumpla la prometida entrega de tierras, pues viven en carpas hace años.

Ellos son acompañados hace casi tres semanas por sus familias, incluyendo mujeres y niños, y reclaman al gobierno la expropiación de una parte del latifundio del empresario Tranquilo Favero que, según señalan, fue obtenido en forma fraudulenta.

Federico Ayala, dirigente de la Comisión, denunció que Favero distribuyó dinero a los legisladores, quienes decidieron engavetar el proyecto de expropiación por el Estado de las tierras mencionadas.

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Investigan a militares uruguayos por mala conducta en República Dominicana

PL

El gobierno del presidente José Mujica investigará denuncias de "seria mala conducta" por parte de militares uruguayos desplegados en misión de paz en Haití, durante su franco en la vecina República Dominicana.

El ministerio de Defensa, en un comunicado, reiteró su disposición a cooperar con la ONU e "investigar en forma exhaustiva y transparente el alcance y la veracidad de los hechos", establecer las responsabilidades y adoptar las eventuales sanciones.

Esa dependencia anunció asimismo el envío urgente de un oficial investigador a Haití, para lo cual designó al General José María Burone.

Cumplida la investigación, y de comprobarse responsabilidades en el actuar del personal uruguayo, se procederá a sancionar administrativamente y a remitir los antecedentes a la Justicia Penal Ordinaria y/o Militar, según corresponda para su intervención, agrega el comunicado.

Más adelante, señala que Uruguay reconoce, apoya y reivindica la política de "Tolerancia Cero" que lleva adelante las Naciones Unidas.

Siendo un país con amplia trayectoria internacional en el cumplimiento de misiones operativas de mantenimiento de la paz, Uruguay mantendrá su compromiso con el esfuerzo multilateral para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, concluye.

Al respecto, los viceministros de Defensa, Jorge Menéndez, y de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, reiteraron hoy en conferencia de prensa lo expresado en el comunicado.

Conde precisó que los hechos ocurrieron -al parecer hace algunos meses- cuando ese personal, alojado en Fort Liberté (Haití), estaba licenciado por descanso, "de modo que no fue en el ejercicio estricto de la misión". El vicecanciller agregó que, no obstante, a juicio de la autoridad dominicana, se habrían cometido conductas que dieron lugar a que Naciones Unidas pidiera a Uruguay una investigación.

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Bloqueo estadounidense a Cuba: Una historia de extraterritorialidad

Jorge Hernández Álvarez (PL)

La administración del presidente Barack Obama se ha caracterizado por un reforzamiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba durante más de medio siglo.

En su mandato en la Casa Blanca, Obama ha aplicado exhaustivamente e incluso ha endurecido los términos del bloqueo, aseguró el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al presentar el informe anual de la isla sobre las sanciones de Washington, que hasta el 2011 dejaron pérdidas a la nación caribeña por un billón 66 mil millones de dólares, considerando la depreciación de esa divisa.

De acuerdo con Rodríguez, la Administración Obama incrementó la persecución financiera relacionada con operaciones del país caribeño en todo el mundo.

El pasado junio, Estados Unidos anunció la imposición al banco holandés ING de una multa de 619 millones de dólares, la más alta de la historia a una entidad extranjera por sus nexos comerciales con Cuba y otros países.

En el 2011, el gobierno estadounidense aplicó multas por 89 millones de dólares, mientras que en el 2012, tales sanciones ascienden a 622 millones, advirtió el canciller.

Cuando Cuba apresta argumentos para denunciar ante Naciones Unidas, por vigésimoprimera ocasión consecutiva desde 1992, el bloqueo estadounidense, la extraterritorialidad de este sobresale como una de las aristas más citadas de la política agresiva de la Casa Blanca contra la mayor de las Antillas.

En ese sentido, Rodríguez reiteró su rechazo al carácter extraterritorial del bloqueo, ante la proximidad de las votaciones que hasta el momento han confirmado el apoyo de la comunidad internacional a la causa de la isla, que en octubre del 2011 recibió 186 votos a favor y apenas dos en contra (Estados Unidos e Israel).

Como resultado del cerco, el Gobierno norteamericano se arroga el derecho de legislar e intervenir en las relaciones de otros países con Cuba.

Con ello, Estados Unidos llega incluso a atribuirse la capacidad de certificar la conducta y acciones de otros Estados y de los nacionales de estos no sujetos a la jurisdicción norteamericana, denunció el canciller.

Modus operandi de la extraterritorialidad

La aplicación extraterritorial del bloqueo daña a Cuba, pero afecta también los intereses y derechos soberanos de terceros países, además de ser fuente constante de conflictos comerciales y financieros, refleja el informe del país caribeño a propósito de la Resolución 66/6 de la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de poner fin al bloqueo.

Resultante de la extraterritorialidad del cerco y de la estricta aplicación de las legislaciones con ese fin, los buques mercantes de cualquier país que toquen puertos cubanos quedan imposibilitados de ingresar en instalaciones marítimas estadounidenses por un período de 180 días.

Tampoco las empresas de cualquier país pueden comerciar con sus homólogas cubanas si tienen afiliación o intereses de algún tipo con empresas norteamericanas, con independencia de las relaciones del país sede de la empresa con Cuba, de las leyes que rijan en su nación de origen o de las normas del Derecho Internacional.

Asimismo, compañías de terceros países con vínculos comerciales con Cuba son objeto de persecución, amenazas y sanciones en cualquier lugar del mundo, sin tener en cuenta su origen, su patrimonio, o si tienen vínculos o no con Estados Unidos.

En la actualidad, se percibe un aumento del acoso a las transacciones financieras de Cuba con terceros países, independientemente de la relación de esas naciones con Cuba, de la moneda que se utilice y de las normas bancarias vigentes en los países involucrados, alertó la Cancillería.

Otras prohibiciones conciernen al impedimento de cualquier tipo de transacción entre empresas subsidiarias de compañías norteamericanas en terceros países con empresas cubanas, agrega el texto.

Igualmente, las sanciones aplican a firmas de terceros que exporten a Estados Unidos productos de origen cubano o productos que en su elaboración contengan algún componente de ese origen.

Washington también impide que empresas de terceros países vendan bienes o servicios a Cuba, cuya tecnología contenga más del 10 por ciento de componentes estadounidenses, aunque sus propietarios sean nacionales de esas naciones, añadió la denuncia de la isla.

Aplicación de sanciones extraterritoriales

De acuerdo con las autoridades cubanas, la administración Obama se ha caracterizado por un aumento de la actividad extraterritorial del bloqueo y para ello citan en su informe ante la ONU numerosos incidentes probatorios en el período 2011-2012.

Así, por ejemplo, el 17 de abril del 2011, el diario español El País en su versión digital publicó que Washington, por medio de la Comisión del Mercado de Valores, pidió explicaciones al banco español BBVA, luego de que este último declarara en su informe anual que uno de sus más de 100 mil empleados radicaba en Cuba.

También, el 8 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó a la Compañía Puro Habano y Ron, LTDA, de Bogotá, Colombia, el monto de 135 mil dólares por la compra de estos productos a Cuba.

El 28 de julio, el periódico alemán Die Welt reportó que a compañías de Alemania se les prohibió utilizar el sistema PayPal para pagos por Internet si comerciaban con bienes cubanos.

El 16 de agosto, la OFAC del Departamento del Tesoro impuso una multa por 374 mil 400 dólares a la Empresa naviera y de transporte francesa CMA CGM, por prestar servicios a Cuba y otros países, entre diciembre del 2004 y abril del 2008.

Asimismo, el 27 de septiembre, 34 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de Repsol, Antonio Brufau Niubó, instando a la empresa española, en tono amenazante, a abandonar sus planes de exploración petrolera en Cuba.

En diciembre del 2011, la dirección del Hotel Hilton, en Trinidad y Tobago, administrado por la compañía norteamericana Hilton Worldwide, bajo contrato, recibió indicaciones de no hospedar a la delegación cubana que participaba en la Cumbre Cuba-Caricom, encabezada por el presidente Raúl Castro.

La Hilton emitió un comunicado en el que informaba que no obtuvo licencia de la OFAC para que el Hotel Hilton de Trinidad y Tobago pudiese acoger la Cumbre cubano-caribeña, lo que provocó el cambio de la sede del evento.

Otras acciones extraterritoriales supusieron afectaciones a empresas cubanas como Labiofam, dedicada al desarrollo y producción de medicamentos; o Quimimport, importadora de productos químicos para producciones agrícolas, según señaló el informe de la Cancillería.

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El Salvador: 32 años esperó para conocer el rostro de su madre

Leonor Cárdenas (COLATINO)

Treinta y dos años tuvo que esperar Rosa Miriam Sibrián para ver de nuevo el rostro de su madre María Dora Sibrián. Ese mismo periodo ocupó María Dora, en la búsqueda infructuosa de su hija desaparecida. La separación ocurrió 14 de mayo de 1980, durante la masacre en Las Aradas, conocida como la masacre del Sumpul, Chalatenango.

“Siempre sentí el deseo de compartir mi vida con mi familia biológica, yo no sé de cuántos años dejé de ver a mamá, pero le doy gracias a Dios, por que él me concede este triunfo, y gracias al Presidente de la República, Mauricio Funes, por ayudarme a encontrar a mamá”, manifestó Rosa, momentos antes de reencontrarse con su madre, pues asegura que toda su niñez la pasó con otra familia en Morazán.

La alegría en el rostro de Rosa y María era evidente, de mucha emoción, pues desde minutos antes de su encuentro las lágrimas y las sonrisas no dejaban de dibujarse en sus rostros.

“Estoy feliz y muy nerviosa, pues son varios años sin ver el rostro de mi madre, esto para mi es un gran milagro pues he esperado años para recuperar a mi familia. Yo, hace mucho tiempo tenía el deseo de encontrar a mi mamá, yo sabía como se llamaba ella, pero no sabía como era su rostro”, dijo Rosa al momento en el que con muchas fuerzas y emoción abrazaba a su madre.

Fueron muchos abrazos, caricias y momentos sin palabras los que invadieron a la familia Sibrián, la que, debido a los constantes ataques, bombardeos y masacres realizadas por el ejército en la zona de Chalatenango en la que vivían, tuvo que emigrar hasta Sonsonate.

“Estoy contenta y agradecida con Dios por que él es el que ha hecho el milagro, yo siempre preguntaba por ella a mi hermano Pancho, pero nadie sabía de ella; en cuanto me decían que si sabían me decían que no, pero ahora ya estamos bien con todas mis hijas que se me habían perdido gracias a Dios”, expresó María.

El recuerdo de la pérdida de su hija aún permanece fresco en la mente de María, pues asegura que el día que Rosa desapareció, corrían desesperadamente en busca de un refugio pues el ejército se encontraba asesinando a otras familias.

“Durante el bombardeo se me perdieron cuatro hijas, cuando salimos de Las Aradas, cuando bombardearon la zona, fue que nos perdimos, y después el papá de ella nos fue a traer; nos venimos para Palo Verde y estando en ese lugar fue que a él lo mataron y me quedé yo sola con ellas, como no tenía donde estar, me vine para Sonsonate y desde entonces a mí hija ya no la vi. Yo creo que tenía nueve años cuando la perdí”, comentó María, con voz quebrantada y lágrimas surcando sus mejías.

Al igual que el caso de la familia Sibrián, son muchos los niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado del país, período en el que el ejército salvadoreño realizó decenas de masacres en las que las principales víctimas fueron civiles y personas inocentes como Rosa, quien debió esperar 32 años para reencontrarse con su madre biológica.

La unificación de está familia es producto del trabajo realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno (CNB), creada por el actual gobierno del Presidente Funes, con el propósito de ayudar a madres, padres e hijos a reencontrarse.

Fue en agosto de este año que la CNB retoma el caso, a raíz de la petición de la desaparecida, quien desconocía su identidad biológica y que vivía con una familia adoptiva en el Departamento de Morazán.

De manera inmediata se inician las labores de investigación logrando la localización de la familia biológica de la joven en octubre de este año.

Desde su creación, la comisión ha resuelto 12 casos de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado salvadoreño, en seis de estos los menores han sido exhumados y enterrados por sus progenitores, tres están localizados pero aun no integrados con sus familias biológicas y tres han sido reencontrados.

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Sindicatos forman un frente común contra reforma laboral en México

PL

Unas 200 agrupaciones sindicales se encuentran hoy unidas en un frente común contra el proyecto de reforma laboral que se analiza actualmente en el congreso legislativo mexicano.

Directivos del Congreso del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano y el Congreso Laboral del Estado de México anunciaron que preparan un plan de acciones en rechazo a ese texto, ya aprobado de manera general en las cámaras de senadores y diputados.

Con ese fin se celebrará una convención nacional el próximo miércoles, en la cual participarán las organizaciones sindicales, sociales, campesinas y populares inconformes con esa reforma.

Los sindicalistas adelantaron que programan marchas, acampadas y concentraciones en plazas públicas del país para actuar en defensa de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, buscarán una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el objetivo de llamar la atención sobre los daños que se ocasionarán con esos cambios a la Ley Federal del Trabajo.

Dirigentes gremiales argumentan que con dicha reforma sólo habrá trabajadores eventuales, sin seguridad social, sin prestaciones, sin derecho a una jubilación digna.

Expresan su oposición al pago por hora, a los salarios caídos y a otras medidas que afectarán la ya deprimida situación económica y social de los trabajadores.

Los partidos políticos de la izquierda coinciden en el rechazo a la reforma, como lo manifestaron sus representantes durante los debates legislativos.

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Fondos electorales en Estados Unidos superan los dos mil millones de dólares

PL

Las campañas presidenciales superaron los dos mil millones de dólares en donaciones con vista a las elecciones de noviembre, a punto de convertirse en las más caras de la historia de Estados Unidos.

El candidato republicano Mitt Romney recaudó más de 111 millones de dólares en la primera quincena de octubre, 21 millones más que el presidente Barack Obama, con vista a las elecciones de noviembre.

La cifra significa un giro para Romney, quien estuvo detrás del mandatario en este acápite durante todo el verano, pero aprovechó el ligero avance en las encuestas tras su actuación en el debate con el gobernante el 3 de octubre pasado, señaló hoy el diario The Washington Post.

El Comité Nacional del Partido Demócrata recaudó poco más de 90 millones de dólares en el mismo período, y tiene 125 millones ahora en sus arcas.

Las cifras muestran que Romney y el Comité Nacional Republicano ampliaron su ventaja sobre sus rivales, aunque una buena parte del dinero se dedicará a las campañas por el Senado y la Cámara de Representantes, añade la publicación.

Los directivos del partido azul informaron que más de un millón de personas donaron dinero durante la primera mitad de octubre, incluyendo 207 mil nuevos donantes.

Romney se favorece más con quienes aportan grandes cantidades de recursos financieros y desarrolló esta semana una serie de eventos en busca de fondos en los estados que se inclinan por el Partido Republicano, con la ayuda de su compañero de fórmula Paul Ryan, candidato a la vicepresidencia.

Obama y los demócratas recolectaron casi mil millones de dólares durante la contienda electoral de 2008, cifra récord en ese momento.

En los 11 días finales de la campaña ambas partes inundan los estados indecisos con anuncios televisivos pagados y activistas que realizan trabajo directo con los posibles electores, añade el rotativo.

En total, según medios de prensa especializados, los dos candidatos gastarán más de mil millones de dólares en propaganda antes del 6 de noviembre, y difundieron unos 915 mil comerciales partidistas a través de estaciones de televisión por cable entre el 1 de junio y el 21 de octubre.

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