martes, 30 de octubre de 2012

La noticia más censurada N° 11: Estados Unidos: Legisladores, más ricos pese a la crisis

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

El patrimonio de los miembros del Congreso de Estados Unidos continúa creciendo, a despecho de la recesión económica. Un análisis financiero publicado el 1 noviembre de 2011 por el periódico Roll Call, de Capitol Hill, titula “Y los ricos del Congreso tienen más fortuna: El análisis demuestra que el patrimonio de los legisladores creció 25% en dos años”.

Casi el 90% del aumento se concentró en los 50 miembros más ricos del poder legislativo, informa la noticia N° 11 más ocultada por los grandes medios corporativos, según el ranking del Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California


Foto: Congresista republicano por California Darrell Issa, uno de los dos más ricos. / Fuente: APORREA

Vacunados contra la recesión económica y la disminución de la riqueza familiar, los representantes y senadores co-gobiernan la nación llenándose cada vez más los bolsillos, según el análisis de Roll Call a los formularios con la información financiera declarada por los legisladores (Roll Call significa “pasar lista”).

Usando la evaluación mínima de activos declarados, la revista concluyó que los miembros de la Cámara y Senado poseían en 2010 un valor neto colectivo de 2,04 mil millones de dólares, con un aumento de 390 millones de dólares sobre los 1,65 mil millones de dólares en activos declarados en 2008. Las declaraciones escrutadas no incluyen activos que no generan ingresos, como las residencias de los legisladores y probablemente otros bienes raíces no declarados..

Luke Johnson, del Huffington Post, comentó el 1 de noviembre 2011, que el representante Darrell Issa, republicano por California, declaró activos por valor de 295 millones de dólares, en gran parte provenientes de ganancias en su negocio de alarmas de automóviles. Nancy Pelosi, representante por California y líder de la minoría demócrata, aumentó su riqueza en 62,2% desde 2009 a 2010, de 21,7 millones de dólares a 35,2 millones. Otros tres políticos que incrementaron sus fortunas en 2010 fueron el presidente de la Cámara, John Boehner, republicano por Ohio; y los senadores Harry Mason Reid, de Nevada, líder de la mayoría demócrata; y Mitch McConnell, de Kentucky, líder de la minoría republicana.

Datos de la Reserva Federal mostraron en marzo 2011 que los activos de las familias estadounidenses declinaron en 23 por ciento entre 2007 y 2009, descendiendo de 125.000 a 96.000 dólares, en gran parte por la disminución del valor de sus viviendas. Las familias también asumen una mayor deuda, aunque el 10% top vio descender el valor neto de sus activos en un promedio menor, de 13%.

El buen negocio de legislar

Los demócratas concentran el 80% de la riqueza en el Senado, en tanto los republicanos reúnen el 78 por ciento de la riqueza en la Cámara. Los 50 miembros más ricos del Congreso poseían el 78% del patrimonio neto de la institución en 2008 (1.29 mil millones de dólares del total de 1,65 mil millones), en 2010 la porción de los 50 más ricos había aumentado en 80% ($ 1.630 millones de dólares del total de $ 2,04 mil millones). El pastel de la riqueza del Congreso se hizo más grande, y los miembros más ricos tienen cada vez una mayor tajada, indicó Roll Call.

Pero todavía hay mucho para repartir. Según Roll Call, 219 miembros del Congreso informaron tener activos por valor de más de $ 1 millón el año pasado. Sustrayendo el valor mínimo de sus pasivos, el número total de millonarios del Congreso descendió a 196, siempre sin considerar el valor de su residencia o de otros bienes que no generan renta. Si se asume que cada miembro del Congreso tiene parejamente viviendas de 200.000 dólares, el número total de millonarios se elevaría a 220 miembros, justo el 40% del Congreso.

Al igual que ocurre con la población general de Estados Unidos, algunas personas excesivamente ricas sesgan los promedios para el resto de los miembros. Pero resulta si el miembro promedio del Congreso es mucho más rico que la media de las familias de Estados Unidos.

Por ejemplo, dividiendo la riqueza total de legisladores por el número de miembros del Congreso resulta una media de valor neto de cada uno de alrededor de 3,8 millones de dólares, (excluyendo los bienes no generadores de renta, como residencias personales). En comparación, para el resto del país y en base a estadísticas dadas a conocer por la Reserva Federal, el valor neto medio del hogar estadounidense es de alrededor de 500.000 dólares este año (2011, incluyendo las residencias familiares), de acuerdo con David Rosnick, economista del Centro para la Investigación Económica y Política.

Pero un puñado de miembros del Congreso posee riquezas por valor de decenas o incluso cientos de millones de dólares. El más rico de este año, es el representante Michael McCaul (R-Texas), que declara un valor mínimo de 294 millones de dólares, y esto significa que su riqueza propia eleva el promedio de todos los miembros del Congreso a cerca de 500.000 dólares.

El congresista Darrell Issa informó este año que sus activos 2010 tenían un valor mínimo de 295 millones de dólares, casi el doble del año anterior. La razón del cambio parece deberse en parte a que el republicano de California trasladó algunas de sus propiedades de una sola a varias cuentas separadas. Una cuenta que Issa había enumerado de un valor mínimo de 50 millones de dólares en 2009 cayó a un valor mínimo de 25 millones en 2010, pero agregó 11 cuentas por un valor mínimo combinado de 38,2 millones. Aunque ninguno de los valores aumentó en la cuenta de efectivo (o propiedad), el valor mínimo de los activos aumentaron en el papel en 13,2 millones de dólares, o 25%.

Los estudios de los patrones de inversión del Congreso realizados por el profesor de bienes raíces Alan Ziobrowski, en Georgia State University, indican que los legisladores de ambas cámaras tienden a obtener mejores resultados en sus carteras de inversión que el estadounidense promedio, en parte debido a que " en mi mente no hay duda de que están operando de alguna manera con la información que está ahí [en el Congreso]”.

Para el Congreso, el valor medio neto en 2010 fue de aproximadamente 513.000 dólares. Para los hogares habituales, la Junta de la Reserva Federal fijó esa cifra en cerca de 120.000 dólares en 2008, y ese número este año es probablemente de alrededor de 100.000 dólares, dijo Rosnick.

Sin una comparación exacta entre el Congreso y el resto de la nación, está claro que los legisladores "son mucho más ricos que cualquier estadounidense típico", dijo Rosnick.
Y el Congreso parece ser cada vez más ricos y enriquece más rápido que el resto de la nación.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

Notas y referencias:

- Paul Singer y Jennifer Yachnin, Roll Call (Capitol Hill). “And Congress’ Rich Get Richer:
Net Worth of Lawmakers Up 25 Percent in Two Years, Analysis Demonstrates”
http://cdn.rollcall.com/issues/57_51/And-Congress-Rich-Get-Richer-209907-1.html?popular=true
- Luke Johnson, “Members of Congress Grow Wealthier Despite Recession,” Huffington Post, November 1, 2011,
http://www.huffingtonpost.com/2011/11/01/congress-net-wealth-income-gap_n_1069377.html.
- http://www.mediafreedominternational.org/2012/04/09/members-of-congress-grow-wealthier-despite-recession/
Estudiante investigador: Ellis Huber (Sonoma State University)
Evaluador académico: Peter Phillips (Sonoma State University)

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Los opositores al capitalismo colombiano deben tener la oportunidad de hacer política sin temor a ser asesinados en cualquier esquina

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista a Renán Vega Cantor.

Mario Hernandez (MH): Escuchábamos a Julián Conrado interpretando “El pescador” y así damos paso a nuestro columnista Renán Vega Cantor. Estamos en deuda porque nos comprometimos a hacer un análisis en profundidad sobre Colombia y no hemos cumplido con los oyentes, por lo menos, adelantemos algo. El 15 de octubre se ha producido la primera reunión entre las FARC y el gobierno colombiano en Oslo, Noruega, dando inicio a un diálogo y paralelamente la semana anterior fue “La semana de la indignación”. En las principales ciudades de Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, entre otras, miles de opositores salieron a las calles para reclamar mejoras laborales, inversiones en educación y nivelación salarial. Algunos como el politólogo Darío Acevedo señalaron que más que una movilización social, las protestas respondieron al interés del Movimiento Marcha Patriótica para impulsar su proyecto político bajo la figura de los indignados y promovido por la influencia chavista.

Renán Vega Cantor (RVC): Me parece importante situar el inicio de esta cuarta ronda de diálogo siempre frustrado con uno de los grupos más importantes de la insurgencia colombiana, las FARC, y el estado colombiano.
En los últimos 30 años se han presentado cuatro intentos de diálogo. El primero en el gobierno de Belisario Betancourt entre 1982-6, como resultado del cual se creó un movimiento político legal llamado Unión Patriótica que participó de las elecciones. Tenía reconocimiento legal pero 5000 de sus militantes fueron asesinados. Hablamos de senadores, representantes a las Cámaras, alcaldes, gobernadores, diputados regionales y militantes de base. La respuesta del régimen colombiano y sus clases dominantes a este primer intento que fracasó fue prácticamente una política de arrasamiento. La respuesta institucional se dio en el plano de desaparecer literalmente a las personas que encarnaban una propuesta diferente para la política colombiana.
Posteriormente hubo un segundo intento más corto a finales de los ’80 y comienzos de 1990 que fracasó porque el gobierno se levantó de la mesa. La última experiencia, la más nombrada, fue entre 1998-2002 que se conoce con el nombre de Caguán que terminó porque el gobierno también se levantó de la mesa.
Tenemos para empezar como antecedentes funestos que en las tres primeras experiencias anteriores quien rompió el diálogo fue el gobierno. Ese es un hecho que no se puede perder de vista.
Un segundo elemento es que cuando se habla de Colombia es bueno recordar que es el único país en América Latina donde se mantiene un conflicto armado interno que dura casi 50 años y si uno lo fuera a explicar históricamente tendría que decir que en verdad tiene 65 años. Se inició en 1948 y de distintas maneras se ha proyectado hasta nuestros días. Se prolonga porque está relacionado con varias circunstancias, en primer lugar, la concentración de la tierra en pocas manos. Colombia es uno de los países más desiguales e injustos del mundo. Esa desigualdad está vinculada principalmente con la distribución de la propiedad territorial. Tenemos que un porcentaje exiguo de grandes propietarios acaparan más del 60% de la tierra del país. El 0.4% de los propietarios acaparan el 62% de la tierra. Miles de campesinos no tienen acceso. Este es el punto neurálgico del conflicto colombiano. Ha sido una guerra que se ha librado en torno de la propiedad de la tierra, a su defensa por los grandes terratenientes apoyados por el Estado y que han formado ejércitos particulares que se conocen a nivel internacional con el nombre de paramilitares, cuya función ha sido defender los intereses de los grandes propietarios. Estos junto al Estado colombiano y la asesoría directa de EE. UU., han formado estos grupos de asesinos a sueldo.
El tercer elemento que está detrás del largo conflicto colombiano es el hecho de que nunca se respeta a la oposición de verdad porque, a veces, hay una oposición tolerada en el seno de las clases dominantes y del Estado, que en realidad no lo es. Tienen que ver con el manejo burocrático, con elementos coyunturales, pero no con problemas de fondo.
Cuando hablamos de oposición política no es solo el hecho que se la reconozca sino que se les permita a quienes piensan distinto y disienten con el capitalismo colombiano que tengan la oportunidad de expresarlo, de organizarse y hacer política sin tener el temor a ser desaparecidos, torturados, asesinados en cualquier esquina.

Solo hay dos casos similares de terrorismo de Estado: Israel y Colombia

Eso hace parte de la cotidianeidad política colombiana, es decir, lo que Argentina vivió hace más de 30 años atrás en época de dictaduras, en Colombia, es algo cotidiano que atraviesa toda su historia en los últimos 65 años después de 1948, a tal punto que no se sabe a ciencia cierta la cantidad de personas que han sido asesinadas y desaparecidas en este lapso de tiempo.
El caso colombiano es tal vez el ejemplo más dramático de permanencia del terrorismo de Estado a lo largo de más de medio siglo. A nivel mundial hay solo dos casos similares y tienen coincidencias: Israel y Colombia. Por eso no es casual que en los últimos años muchos de los críticos del régimen colombiano lo hayan calificado como el Israel de Sudamérica. El procedimiento en términos de terrorismo de Estado es exactamente el mismo y los nexos con EE. UU. similar. En este momento Colombia es el tercer país del mundo en recibir ayuda financiera de los EE. UU. para la guerra, solo superada por Israel y Egipto. Incluso en algunos rubros se encuentra en primer lugar, por ejemplo, en términos de preparación de la oficialidad media y alta en contrainsurgencia. En los últimos diez años y en términos de inversión para la guerra, algunos estudiosos calculan que solo en los dos mandatos de Alvaro Uribe Vélez de 2002 a 2010, el Estado colombiano gastó U$S 100.000 millones en la guerra. Estamos hablando de una cifra que quedaría pequeña frente al Plan Marshall de reconstrucción europea después de la II Guerra Mundial. Eso ha mantenido el curso de una guerra que el Estado colombiano no puede ganar en términos militares, entonces ha recurrido a la política de ablandamiento de la insurgencia y sus bases sociales mediante bombardeos y la guerra interna a todos los niveles, para crear las condiciones para dialogar con una insurgencia doblegada y eso es lo que cree el Estado colombiano que se está presentando.
La insurgencia no está derrotada militarmente aunque ha sufrido golpes significativos. En esta medida se inicia el cuarto diálogo histórico entre las FARC y el Estado colombiano. Se ha dicho en el acuerdo previo que ninguna de las partes se va a levantar de la mesa, pero los antecedentes indican que el gobierno colombiano rompió las tres experiencias anteriores y no sería raro que lo volviera a hacer. Además, está interesado en impulsar la paz por dos circunstancias, una internacional y otra nacional.
La internacional es porque el ambiente geopolítico en América del Sur ha cambiado sustancialmente y el gobierno más derechista del continente es el colombiano. En esa medida se han generado un montón de problemas en términos de alianzas, pactos y acuerdos económicos que se están firmando en América Latina. Las clases dominantes colombianas no quieren quedar al margen de esos procesos de integración y ven que la guerra es un obstáculo en términos regionales.
Una segunda razón tiene que ver con el hecho que el Estado colombiano está en curso de firmar siete Tratados de Libre Comercio (TLC), el más importante conocido es con EE. UU., pero hay otros en marcha con la Unión Europea, Costa Rica, Chile y Corea del Sur. Cuando estos tratados se han puesto en marcha y han llegado los inversionistas de las multinacionales a llevarse los recursos, se han encontrado con una realidad que es la existencia de la guerra y la insurgencia. El capital transnacional mediante EE. UU. y los países que han firmado los TLC, exigen que se pueda ingresar con seguridad a los territorios para llevarse la biodiversidad, el agua, los minerales, las riquezas forestales y otra cantidad que se encuentran en el subsuelo colombiano. Esa es una razón que explica que nuevamente se hable de diálogos de paz. Pero teniendo en cuenta las experiencias anteriores y el contexto, se puede ser moderadamente optimista, diría menos que optimista.

El gobierno de Ricardo Martinelli es profundamente corrupto

MH: Las polémicas leyes promovidas por la Asamblea Nacional de Diputados y firmadas por el presidente Ricardo Martinelli vuelven a traer inestabilidad y zozobra a Panamá. Ahora es la provincia de Colón que se encuentra sumergida en protestas.
La razón es la Ley 72, que permite la venta de los terrenos ubicados en la zona libre (de impuestos) de Colón, la cual es la más grande y antigua de Latinoamérica. La ley fue aprobada en tres debates por amplia mayoría de los diputados y firmada el mismo día por el presidente, que ahora mismo se encuentra de viaje por Japón.
Es así como desde el lunes 22 de octubre la provincia de Colón se encuentra paralizada y en constantes enfrentamientos entre policías y manifestantes.
La ley ya había sido rechazada en múltiples ocasiones por la población y los comerciantes. Hasta antes de la aprobación de la ley, los terrenos eran alquilados a diversas empresas, reportándole ingresos de alrededor de los 33 millones de dólares anuales al Estado.
La propuesta del gobierno es vender los terrenos y recibir en veinte años 2 mil millones de dólares, ganando cuatro veces lo que se ganaría en el mismo periodo de alquileres. Pero a algunos panameños les quedan dudas sobre cuáles son las verdaderas razones para vender los terrenos.
El actual gobierno ha tenido ya varias confrontaciones con el pueblo por leyes que no son bien aceptadas por la ciudadanía. Inclusive los intentos de ventas de diferentes activos del Estado ya habían provocado manifestaciones y repudio generalizado.
El viernes murió el niño de 10 años Josué Betancourt.

RVC: A mí me parece que en Panamá estamos viendo una réplica de lo que ya se ha visto en la mayor parte de los países de América Latina: un proceso absolutamente arbitrario e inconsulto de privatizaciones. En este caso se trata de la segunda zona libre más grande del mundo, solamente superada por Hong Kong, que le representa al Estado panameño una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que es un pequeño país de tres millones de habitantes y estamos hablando de un ingreso anual de U$S 33 millones por pago de alquileres que corresponden al arriendo de esta zona libre. Es una suma bastante apreciable que me atrevería a pensar que debe representar un ingreso nacional muy importante.
Si se habla de vender estos terrenos, que además constitucionalmente es ilegal, porque la Constitución panameña prohíbe en su artículo 278 que se vendan propiedades comunes, por ejemplo, el espacio aéreo, el lecho marino y la zona libre de Colón está precisamente construida en un terreno que le fue arrebatado al mar, por eso la medida adoptada es inconstitucional y violatoria de la Constitución vigente y tiene por objetivo lo que ha sucedido con todos los procesos de privatización: conseguir recursos que luego se pierden y finalmente quedan en manos particulares por maniobras de corrupción, entregando los activos públicos a bajos precios, en este caso, uno de los más importantes que tiene este pequeño país.
El gobierno de Ricardo Martinelli es profundamente corrupto y se ha aliado a los sectores más derechistas del continente, acogiendo a criminales que han huido de territorio colombiano y habían sido funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe Vélez, con orden de captura, a quienes se les iban a iniciar procesos que nada tienen que ver con delitos políticos. Estoy hablando, por ejemplo, de la Directora del antiguo DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), un órgano que se encargó durante muchos años de perseguir a los opositores políticos mediante escuchas telefónicas, siendo muchos después asesinados. Esta persona fue declarada refugiada política por Martinelli como parte de ese proyecto de las derechas latinoamericanas, en las cuales el gobierno panameño tiene un rol bastante importante sin hablar de los turbios manejos relacionados a Panamá como una zona de tránsito de drogas que tiene mucho que ver con carteles y minicarteles colombianos.
Estamos asistiendo a un proceso ya conocido en América Latina pero que también, como en otros países, ha generado una importante resistencia y movilización populares que ha aglutinado a la mayor parte de los sectores de la población y no solo pobre, porque en el paro están participando empresarios, comerciantes, importadores y además, como cosa rara, Martinelli le echó la culpa que estaban detrás de las protestas a agitadores internacionales financiados por el terrorismo. Un argumento de vieja data.

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Paraguay: Espectros y brumas

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Ministro de Cultura del Gobierno de Fernando Lugo, renunciante tras el golpe de estado parlamentario del 22 de junio pasado, Ticio Escobar, con larga trayectoria de compromiso profesional y político en Paraguay y en otros países, fue Director de Cultura durante el gobierno Municipal de Carlos Filizzola (1992-1996), en el inicio de la transición, tras 35 años de la tiranía del General Alfredo Strossner, al que combatió y pagó con cinco largos encarcelamientos.

Escobar goza de un bien ganado reconocimiento internacional como experto en crítica de arte y políticas culturales. Es autor de la Ley Nacional de Cultura de Paraguay. Tiene realizadas numerosas curadurías internacionales y publicados doce títulos sobre arte y cultura. Es fundador y director del Museo de Arte Indígena de Asunción. Entre sus últimas distinciones cabe mencionar el Premio Bartolomé de las Casas, otorgado por el Estado Español por su lucha por la causa indígena, y el concedido por la Asociación Internacional de Críticos de Arte “en reconocimiento a su extraordinaria contribución al campo de la crítica de arte”. Ha sido condecorado por los gobiernos de Brasil, Argentina y Francia.

¿En qué estás en este momento de tu vida y de tu actividad profesional?

Me encuentro en un momento espectral, un entretiempo brumoso. Supongo que estamos recuperándonos de a poco (deberíamos hacerlo, al menos) del shock que significó el golpe de Estado parlamentario que, en 24 horas, derrocó al presidente Fernando Lugo y puso en su lugar a su vicepresidente, Federico Franco. Mucho más que un cambio de gobierno, ese hecho configuró una conmoción traumática: la ruptura del orden democrático a mucho costo logrado en el Paraguay.

A nueve meses de las elecciones presidenciales, el juicio exprés que derrocó a Lugo, tiene un sentido aleccionador: la derecha no permitirá ni siquiera la enunciación de un programa participativo y democrático popular. El golpe significó un porrazo fuerte; tuvimos que abandonar todos nuestros programas justamente en su etapa de cumplimiento.

“Comienza la época de cosechas”, había dicho el presidente Lugo unos meses antes, refiriéndose a que el último año era el momento de consolidar nuestras acciones, visibilizarlas, ponerlas en obra, asegurar su continuidad e instituir mecanismos para que devengan políticas de Estado.

Nosotros estábamos preparados para iniciar en abril de 2013 (de no ganar la izquierda las elecciones presidenciales) un proceso institucionalista de transmisión de poder. La transición intergubernamental tiene un plazo generoso en el Paraguay: dura cuatro meses. Nuestro proyecto era, entonces, blindar las políticas fundamentales del gobierno, asegurar su continuidad en consenso con la ciudadanía y generar un proceso organizado de transición.

Bueno, todo eso se derrumbó en horas. Quedaron ruinas. Y un empuje fuerte hacia políticas duras de derecha. En ese escenario desolado retomé el trabajo de escritura y crítica, por un lado, y el político, por otro. Éste se desarrolla en varios niveles: la sostenibilidad institucional de programas públicos y el monitoreo de los mismos, así como la realización de campañas contra programas ecocidas (como Río Tinto Alcán y las plantaciones transgénicas que impone el agronegocio) y, mediante la participación ciudadana, el desarrollo de actividades de formación cívica y política.

La denuncia del golpe, tanto en el país como en el exterior, configura una tarea central: no se pretende sabotear el quehacer del Estado ni perjudicar la economía y la soberanía nacional, sino repudiar un modelo antidemocrático que podría afectar a cualquier otro país de la región. Esperamos que en abril del próximo año se reencauce el proceso truncado.

¿Qué hiciste y qué te proponías hacer al frente del Ministerio?

De entrada me preocupó la dimensión participativa de la ciudadanía en el diseño y la ejecución de las políticas culturales. Las políticas centrales de la Secretaría Nacional de Cultura partieron de diversos programas, ideas y demandas elaborados por los Foros Nacionales de Cultura, reunidos cada sábado en la Manzana de la Rivera de Asunción, durante el primer semestre del año 2008.

En su carácter de presidente electo, Fernando Lugo asistió a uno de esos foros, ocasión en que le fue propuesta una terna de candidatos a ministro, que incluía mi nombre (de hecho, Lugo ya me había propuesto ese cargo), de modo que mi mandato arrancaba basado en un fuerte apoyo de la comunidad cultural y apoyado en criterios y proyectos planteados por ese mismo sector. Las propuestas acercadas en dichos foros, que representaban diversos sectores de la ciudadanía cultural del Paraguay, fueron tomadas en cuenta posteriormente a la hora de trazar los grandes delineamientos de las políticas de Estado en el ámbito de los asuntos culturales.

Quizá uno de los aportes más importantes de mi gestión haya sido la renovación del paradigma tradicional de cultura, tradicionalmente circunscripto a la cautela del patrimonio cultural y el apoyo de la creación artística. Sin desconocer la importancia de esos polos fundamentales del desarrollo cultural, y aun enfatizando el papel de ambos en sus programas, se logró implementar un modelo de cultura a partir de la figura de ciudadanía cultural.

Ese modelo se basa en el compromiso de la cultura con el conjunto social y en la introducción de un enfoque de derechos humanos. Tales componentes suponen la creación de instancias de promoción y defensa los derechos culturales, considerados como derechos humanos; así como la adopción de la perspectiva de diversidad; es decir, el reconocimiento y la afirmación de diferentes memorias, lenguas, etnias, religiones y sistemas expresivos y conceptuales (en esta dirección, la promoción del idioma guaraní y la de las culturas indígenas han resultado prioritarias). Por último, debe atenderse el principio de sustentabilidad, fundamentado en la relación con el medioambiente y la transversalidad de lo cultural en los distintos ámbitos estatales: educación, salud, mujer, niñez, obras públicas, etc.

Este cambio de paradigma ocurrió en consonancia con los Ministerios de Cultura del MERCOSUR y UNASUR. Poco antes de la Cumbre Río+20, una reunión de tales ministerios propuso que la cultura sea considerada el cuarto pilar de la definición de lo “sostenible”, además de la sociedad, la economía y el medioambiente.

La propuesta no corrió pero sirvió para detectar en los países sudamericanos una conciencia fuerte en torno a un modelo cultural apoyado en la participación y el fortalecimiento ciudadano. Este concepto de cultura permitía compartir perspectivas, políticas y estrategias y facilitaba una fuerte sinergia regional.

Muchos proyectos quedaron truncos con el golpe: inauguración de complejos culturales, publicaciones, afirmación de los Puntos de Cultura (un modelo de desconcentración cultural adoptado por los países del Mercosur), consolidación de Concultura (El Consejo Nacional de Cultura), continuidad de programas de apoyo a la autogestión indígena y el fortalecimiento del bilingüismo, etc.

El gobierno golpista, en cambio, ha abandonado el enfoque de derechos en la gestión cultural: la práctica y la participación ciudadana, así como la inclusión de perspectivas de identidad, diversidad, género, opción sexual y lengua. Sin esa práctica y este enfoque pueden continuar determinadas acciones, pero lo harán como en el vacío, desprovistas de contenido, desvinculadas de su sentido original.

¿Qué políticas culturales se necesita implementar en Paraguay?

Se precisa implementar políticas que tengan cuatro rasgos formales básicos: participación (presencia efectiva de la ciudadanía en el trazado, la implementación y el usufructo de las políticas), carácter adjetivo (las políticas públicas deben promover la cultura producida por las sociedades, no proponer modelos sustantivos de cultura), especialización (la gestión cultural pública supone profesionalización) y transversalidad (lo cultural debe cruzar los distintos ámbitos del quehacer estatal).

En cuanto a sus contenidos, aparte de cautelar el patrimonio nacional e impulsar la creación, las políticas públicas deben garantizar el cumplimiento de los derechos culturales; lo que supone instituir el acceso democrático a los bienes y servicios de la cultura, fomentar las condiciones de integración sociocultural (afirmación de identidades y articulación de las mismas en pos de una mayor cohesión social), asegurar el juego de la diversidad y regular las relaciones Estado/sociedad/mercado.

En verdad, lo que acabo de exponer son grandes principios generales (ideales) de las políticas culturales, principios concebidos a nivel regional: no sólo necesitan ser implementados en el Paraguay, sino en los distintos países latinoamericanos que vienen discutiendo e instalando un modelo inclusivo de ciudadanía cultural.

¿Cómo puede contribuir el Ministerio de Cultura a elevar el nivel cívico de la población paraguaya, víctima de un siglo de obscurantismo ideológico?

Las políticas públicas no pueden inventar lo que no existe ni, por ende, imponer situaciones deseables: sólo les cabe alentar lo que ya existe, aunque fuera de manera embrionaria. Un Ministerio de Cultura debe abrir espacios a la ciudadanía (circuitos de discusión, fortalecimiento participativo, descentralización de políticas, etc.) e instituir dispositivos de acompañamiento y refuerzos de sustentabilidad, pero no puede “concientizar”, ni develar verdades; nadie –menos el Estado– recuerda ni sueña en nombre de otros.

Creo que, a pesar del oscurantismo ideológico de la dictadura y el conservadurismo de los gobiernos que la sucedieron, el nivel cívico de la población maduró mucho (un acontecimiento épico, ético, como el Marzo paraguayo1 sería impensable sin una reserva de resistencia y deseo de cosa pública). Lo que falta es articulación contra hegemónica; pero esta palabra es demasiado grande y quizá demasiado abstracta; deberíamos pensar en prácticas de fortalecimiento organizativo y ciudadano cuya gestión escapa ya al Estado y corresponde a los partidos y movimientos.

En tu calidad de experto, ¿qué puedes decirnos de la mitología paraguaya?

No soy un experto en mitología. Desde la perspectiva del arte trabajo la teoría del mito indígena y, específicamente, la mitología de los indígenas ishir, del Gran Chaco Paraguayo, a la que dediqué diez años de investigación y trabajo de campo. La mitología ishir configura un monumental corpus de sentido. No sé si en esa dirección quepa hablar de una “mitología paraguaya”; pienso, sí, que pueden identificarse mitemas sueltos, focos, o componentes míticos específicos, pero ubicándonos más cerca de Barthes que de Lévi-Strauss o Clifford Geerz.

Es decir, no creo que a nivel de población paraguaya pueda pensarse en grandes armazones significantes e imaginarios, cosmovisiones levantadas con imágenes: esas grandes arquitecturas culturales que permiten hablar de mitologías. Es evidente que los mitos guaraníes permearon el imaginario popular, pero lo hicieron de manera adulterada, dispersa y fragmentada; no pudieron sobrevivir a la colonización, fundamentalmente la misionera.

Los interesantes casos de hibridez o de interculturalidad religiosa dinamizan y afirman el curso de las culturas facilitando procesos de identificación, cohesión social, recodificación de pautas nuevas, legitimación sociocultural, etc. Estos procesos aseguran la continuidad de culturas que, desprovistas de sus argumentos esenciales (mítico-religiosos), tienden a disolverse.

El pacto social tiene en el mito un eje indispensable; aquellos momentos oscuros que el concepto no puede procesar, son encomendados a eficientes trámites imaginarios. Hablando en términos de Lacan, a través de lo imaginario el arte y el mito se hacen cargo de lo Real: lo inalcanzable por el lenguaje, por el orden simbólico.

Existen así, en cualquier sociedad, núcleos míticos que espesan la trama social y sostienen, furtivamente, sus representaciones; pero, reitero, no tienen el mismo sentido que los mitos indígenas, capaces de conservar el fundamento de las certidumbres colectivas.

Obviamente cuando hablo de fundamento (Grund) estoy usando el término en sentido heideggeriano; no se trata de un cimiento compacto, sino de una apertura al acontecimiento. Es difícil que cualquier sociedad actual, incluida la paraguaya, claro, mantenga intactos sus “marcadores de certeza”.

Bien sabemos que nuestra cultura ya no cuenta con el aval del mito, en cualquiera de sus versiones de totalidad, verdad y trascendencia. No sé si eso es bueno, pero es lo que marca nuestro confundido presente. De hecho, el mercado es hoy el gran proveedor de figuras míticas, pero éstas quedan suspendidas en lo puramente imaginario, no llegan a desafiar lo Real imposible. Por ahora, el arte mantiene aún algunas posibilidades en esa oscura e intensa dirección.
1 Se llama “Marzo paraguayo” al levantamiento popular que, unido a otros factores, provocó en marzo de 1999 el derrocamiento del presidente Raúl Cubas, una especie de marioneta del General Lino Oviedo, quien fue condenado por involucramiento en el asesinato del Vicepresidente Luis María Argaña y de siete jóvenes opositores, víctimas de la represión militar y de francotiradores contratados, en una revuelta que duró varios días.

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Hay anuncios de cambios para el mercado de capitales en Argentina

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Casi en simultáneo con la aprobación, la semana pasada, de la inconstitucional reforma a la legislación de riesgos del trabajo, un instrumento solicitado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y votado por el oficialismo y la algarabía del PRO (Partido de derecha que gobierna la Ciudad de Buenos Aires) en la Cámara de diputados, el gobierno anuncia cambios en el mercado de capitales, más precisamente, una reforma de la Ley de Oferta pública, que rige desde 1968.

Si los cambios de la “ley corta” de riesgos del trabajo, que afecta los intereses de los trabajadores, eliminando la doble vía (indemnización por accidente o enfermedad, más acción judicial resarcitoria) significa una señal favorable a los empresarios; los cambios en el mercado de capitales sugieren mayor participación estatal en el financiamiento del capitalismo en el país. En el análisis de la noticia o de la política puede pensarse en algo así como una medida a favor del mercado, y otra de orientación pro estatal.

El mercado de capitales y la acumulación capitalista

Debe recordarse para el caso cuál era el objetivo del régimen legal de 1968, imposible de disociar respecto del propósito sustentado por la dictadura del General Onganía desde el golpe de 1966.

La finalidad de la política económica estaba orientada a modificar sustancialmente el patrón de acumulación derivado de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) promovida desde los años 30´.

Ese propósito de modificación del orden económico social fue demorado una década como consecuencia de la resistencia de los trabajadores, dos rosariazos mediados por el Cordobazo en 1969, y variadas puebladas que se sucedieron en esos tiempos y habilitaron la corta experiencia por la liberación nacional y social contra la dependencia capitalista durante 1973, y que culminó con el rodrigazo a mediados de 1975 y el terrorismo de Estado desde marzo de 1976.

El objetivo de reestructuración de la economía, el Estado y la sociedad del golpe del 66 recién fue realidad una década después, con Martínez de Hoz y sus colaboradores inspirados en la escuela monetarista de la Universidad de Chicago en EEUU. Sus consecuencias aún se hacen sentir en nuestros días, entre otras cuestiones con la institucionalización de la legislación financiera y el régimen de inversiones externas, instrumentos legales asociados al desarrollo del mercado de capitales y la inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo mundial.

La función del mercado de capitales apunta a generar las mejores condiciones para la captación de recursos por el sector empresarial de la economía. Además del sector bancario, que oscilaba entre nacionalizaciones (1946 y 1963) y desnacionalizaciones (1955 y 1966) de los depósitos, se buscaba en 1968 estimular la tradicional actividad bursátil.

Una actualización importante y relativa al mercado de capitales se produjo en 1994, con la reforma previsional. Eran tiempo de la ofensiva neoliberal, del capital contra el trabajo. Eran los tiempos en que el equipo de la dictadura genocida destacaba la labor del gobierno constitucional en los 90´. El motivo esgrimido por Cavallo y Menem apuntaba a que sean los trabajadores con sus aportes y retenciones los que generaran una masa de financiamiento para la promoción de la iniciativa privada.

Así surgieron las AFJP, que no tuvieron el monopolio de la actividad por imperio de la lucha de trabajadores activos y pasivos, quienes arrancaron la convivencia del sistema de reparto con el régimen privado de capitalización. Este fue estatizado en 2009, en plena crisis de bolsas y bancos en el mundo.

Vale mencionar que aún con la estatización, esos fondos previsionales aportados por los trabajadores son utilizados para estimular el mercado de capitales en la Argentina. Se estima que un 14% de los fondos previsionales están orientados en el financiamiento del sector productivo privado.

Los cambios que se vienen

Ahora se anuncian cambios que apuntan a mayor participación del Estado en el contralor de las actividades asociados al mercado de valores. Es una iniciativa convergente con similar accionar en el sistema mundial luego de la crisis iniciada entre 2007 y 2008, la que afectó la valorización de títulos y acciones en el sistema capitalista.

En el sistema capitalista, especialmente entre los países más desarrollados, se impone la creciente intervención estatal para estimular el nivel de actividad económica, que se encuentra menguado por impacto de la crisis mundial.

Los anuncios del poder ejecutivo apuntan en el sentido de ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y restringir los “beneficios” fiscales y de contralor en manos de la Bolsa.

La respuesta de disconformidad de los “mercados” se hizo notar con tendencias a la baja de las cotizaciones y con sospechas sobre la afectación del “libre mercado” que resulta de la intervención pública, como si fuera posible la libertad de mercado en condiciones de monopolio y transnacionalización de la economía.

Los anuncios sugieren modificar la auto regulación vigente en el mercado de valores; la regulación estatal y el fin del secreto bursátil; la ampliación de los operadores que puedan actuar como “agentes de bolsa”, hasta ahora concentrados en muy pocos representantes con una millonaria inversión; y el cambio del carácter jurídico de la Bolsa de Comercio que pasaría a constituirse como una sociedad anónima y perdería así las exenciones impositivas vigentes por su calidad de entidad sin fin de lucro.

Todo ello está acompañado por nuevas regulaciones en el mercado del seguro. Se promueve la formación de un Fondo para inversiones productivas y de infraestructura que surge de orientar un 10% de los fondos administrados por las compañías de seguros, sea por las ART (entre 5 y 20% del total de sus carteras de seguros), los seguros de vida y retiro (entre el 12 y el 30% de las respectivas carteras), o los seguros generales y el reaseguro (entre el 10 y el 20% de cada cartera).

La expectativa apunta a consolidar hacia mediados del 2013 un valor del orden de los 7.000 millones de pesos para destinarlos a proyectos productivos y de infraestructura, elegibles por una comisión de funcionarios del poder ejecutivo.

Estas medidas intentan incidir sobre el nivel de actividad económica, y continúan el rumbo de utilización de los fondos previsionales administrados por el ANSES. Existen inversiones productivas de los fondos previsionales por unos 30.000 millones de pesos, sobre un total de 215.000 millones de pesos. En el mismo sentido actúa la obligación a los bancos para destinar un 5% de los depósitos para préstamos a pequeñas y medianas industrias. La idea es completar la presión sobre las aseguradoras para destinar una décima parte de unos 70.000 millones de pesos que existen en seguros, los que intentan valorizarse invirtiendo en títulos públicos, plazos fijos, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, acciones y ahora en proyectos productivos e infraestructura.

Son anuncios para mantener en actividad y con crecimiento al régimen capitalista de producción en el país, el que se encuentra afectado en la coyuntura por la desaceleración del presente año.

Por ello, más allá del sentido de los cambios y los temores que genera entre especuladores e impunes inversores asociados a la evasión y elusión impositiva, los interrogantes de las medidas anticipadas remiten a qué tipo de producción es la que se debe promover, realizada por quiénes y con qué fin. Es algo que no debe quedar librado a las fuerzas del mercado, aún con mayor regulación estatal.

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Sobre Saénz Peña, las ART y Octubre Pilagá

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Adolfo Melnik, periodista y realizador de La Deuda Eterna, repasamos algunas de las noticias más importantes de la semana. Desde la nueva Ley ART hasta el documental Octubre Pilagá, otras miradas se hacen necesarias en medio del entramado Clarín y los multimedios K. Lo simple viene bien entre gritos, adulones y verdades a media.



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Argentina: Un retroceso en los derechos laborales

Jorge Yabkowski (ACTA)

El proyecto de Ley de Riesgos del Trabajo aprobado el 24 de octubre por la Cámara de Diputados, es en lo laboral, lo que la Ley Antiterrorista en el plano de las libertades civiles. Ambas son normas que marcan un claro retroceso para los derechos ciudadanos en nuestro país.

La coalición parlamentaria que aprobó la norma incluyó al Frente para la Victoria (kirchnerismo), al PRO, partido del alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri (derecha liberal), y al Movimiento Popular Neuquino (derecha provincial de Neuquén). Esta alianza del gobierno con la derecha liberal no es nueva. El 72% de las leyes votadas en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaron con el apoyo conjunto del PRO y del Kirchnerismo.

La ley aprobada a instancias del Poder Ejecutivo es una norma extorsiva que limita los derechos ciudadanos de acceso a la Justicia buscando la eliminación de la doble vía, que es el derecho del trabajador de litigar cuando se siente defraudado por la indemnización de las Administradoras de Riesgos del Trabajo. El Gobierno busca ganar tiempo hasta que la Corte Suprema, seguramente, dicte su inconstitucionalidad, como lo hizo catorce veces con la 24557 (ley de 1995, aprobada en pleno auge neoliberal).

La norma obliga al trabajador que opte por litigar judicialmente a acudir a los tribunales civiles y no a los laborales, como era hasta este momento. Sacar al Riesgo del Trabajo del Fuero Laboral es tan antinatural como llevar el delito de narcotráfico a los Juzgados de Familia. La persistencia de entidades financieras con fines de lucro (ART) como agentes del sistema, ratifica la visión que impusieron Domingo Cavallo y la Fundación Mediterránea en los 90. El oficialismo parlamentario y sindical lo sabe y calla.

Hasta este momento las normas laborales y previsionales (estatización de los fondos de pensión-AFJP, movilidad jubilatoria restringida) del kirchnerismo podían ser calificadas como "avances insuficientes". La Ley Antiterrorista y la Ley de Riesgos del Trabajo son retrocesos claros, normas para complacer al capital y atacar a los trabajadores.

Un aspecto poco debatido es la implicancia del actual régimen desde el punto de vista de la Seguridad Social y la Salud Pública. Después de 10 años de crecimiento la ausencia de políticas universales de Salud Pública hicieron que nuestro país no pudiera bajar de manera significativa las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna.

Nada diferente ha ocurrido con la morbimortalidad de origen laboral. Con más de mil cuatrocientos muertos por año en accidentes, nuestra tasa de infortunios se acerca a los 9 cada 100.000 trabajadores. Gran Bretaña tenía en 2005 una tasa 0,7/100.000, o sea, 12 veces menor. Más de 7.000 muertes al año causan las enfermedades relacionadas con el trabajo, buena parte de ellas oncológicas.

Las enfermedades laborales no reconocidas son la principal causa de litigiosidad. Esa es la realidad y no la industria del juicio como dijo la Presidenta.

El postergar sine die una política de prevención con el pretexto de que ese debate retrasaría la sanción de la norma, demuestra que a este gobierno la salud y la vida de los trabajadores le importa nada.

El oficialismo tira por la borda los compromisos asumidos al firmar el Convenio Iberoamericano y ratificar los convenios 155 y 187 de la OIT. Mediante esa ratificación, Argentina se comprometía a desarrollar una política nacional de Salud Laboral, uno de cuyos ejes es la prevención. Nada de eso ocurrió. El proyecto de ley ignora las políticas preventivas.

Durante dos años, desde la CTA, en un proceso participativo en el cual intervinieron miles de trabajadores, elaboramos un proyecto que tiene como ejes la prevención y el fin del negocio de las ART. Ese proyecto fue presentado en el parlamento el 13 de septiembre, en una masiva movilización, por el fundador de la CTA, el diputado de Unidad Popular en el FAP Víctor De Gennaro. El senador socialista Rubén Giustiniani lo hizo suyo en el Senado. En lugar de abrir el debate, el oficialismo lo cerró sin considerar estas propuestas alternativas, firmando los dictámenes aun antes de escuchar las opiniones de los trabajadores y los académicos.

En una histórica manifestación conjunta CTA-CGT, encabezada por Pablo Micheli y Hugo Moyano,15.000 trabajadores se manifestaron en la puertas del Congreso en el momento en que la ley se trataba en el recinto.

En definitiva la ley aprobada no resuelve los grandes problemas de salud laboral en la Argentina. De estas jornadas los trabajadores salimos fortalecidos para continuar la lucha contra el lucro de la muerte de las ART y por una política nacional de salud laboral basada en la prevención en el lugar de trabajo.

Jorge Yabkowski es Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa).

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Argentina. Pueblos originarios: El relato oficial excluye la responsabilidad del gobierno

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La multiplicación de imágenes, y narraciones sobre la realidad de exclusión en que viven los pueblos originarios en Salta, a fundado importantes presupuestos y fuentes de trabajo para aquellos que cuentan el relato, con la particularidad de excluir la responsabilidad estatal, repitiendo la historia, alineados en el eslogan de inclusión de voces. Mientras los narrados, siguen sobreviviendo en una realidad sin cambios, que los condena a desaparecer inmersos en bolsones de pobreza de las principales urbes del norte de Salta. Por ser expulsados de sus tierras ancestrales, ante el avance del desmonte y la frontera sojera. Expansión apuntalada en una política de estado, que prioriza la rentabilidad que genera las retenciones de la soja, sin importar la expulsión, y condena al exilio interior.

Ahora conocemos masivamente el sufrimiento de las naciones aborígenes, para el relato oficial, pueblos originarios. La condena de los quebrantamientos perpetrados hoy en Democracia no esta incluida en las narraciones, remontándose la condena pública a décadas pasadas, sobre torturas, esclavitud, explotación, masacres, y exterminio. Sin culpables ni juicio ni castigo.

Para los pueblos ancestrales, la cotidianidad los alinea en luchas continuas, que no cesan, pero que decaen en desesperanza, ante el continuo engaño de estado, renovando en nuevas generaciones de esperanza la continuidad del reclamo. La discusión sobre la cooptación, con cargos rentados, que les ofrece representación de su comunidad en el sistema, sin decisión y reconocimiento a su auto determinación, eje originario de conformación en la organización de las naciones originarias, es un problema no resuelto por estos.

Hoy las comunidades originarias, se alinean en la burocracia occidental, para peticionar deben acreditar personería jurídica, con un presidente electo, que actúa si es cooptado de forma paralela a las decisiones del Cacique figura ancestral de los originarios ostentan.

También deben elegir sus representantes para tener intervención en el reclamo al estado provincial y nacional, establecido como C.P.I. (Consejo de Participación Indígena), que plantea como recurrente discusión en las comunidades que estos luego de ser elegidos, en muchos casos, y con denuncias en la justicia, que estos representantes son cooptados por el estado, que les proporciona una renta, y que en vez de defender la voz de los pueblos y sus decisiones, estos operan en contra de sus comunidades, fundamentalmente poniendo freno a los reclamos.

Ante este panorama mencionado los C.P.I. leales que representan y ejecutan el mandato de sus comunidades, quedan excluidos, y disgregados. Perdiendo pujanza el principal y primordial reclamo ancestrales, como es la tenencia de la tierra en títulos comunitarios.

Las acciones directas en protesta realizadas por las comunidades, establecidas y votadas en asambleas, siguen siendo el camino establecido por los pobladores originarios, a pesar de la judicialización, criminalización del reclamo, persecución y detenciones, como la fragmentación y cooptación hecha por el estado, sobre las estructuras de sus representantes.

Por ello es importante saber, que luego de cada narración en TV, de la vida en exclusión y sometimiento en que viven los hermanos originarios, esta, no se modifica, solo se conoce. Que mucho de los narradores son funcionarios públicos, que viven de los originarios, que no fueron consultados sobre si esos funcionarios en el área, los deben representar, es decir no son representativos, son cargos políticos que responden a decisiones y planes políticos, que excluyen a las comunidades de las decisiones, que son arbitrarias para la totalidad de estas. Excluyendo el estado en su relato la responsabilidad presente de las violaciones sobre los derechos de las naciones originarias, que se cometen hoy tanto por el gobierno nacional como provincia.

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Argentina, Entre Ríos: Estamos todos enterados pero nadie sabe nada

Germán Margaritini (INFOSUR)

Nota de opinión sobre la exploración y explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica en Entre Ríos.

Nadie debería sentirse sorprendido, todo está debidamente informado y publicado, ¿entonces cómo es posible que la mayoría de la gente no se entere de todo lo que debería saber?

El asunto crucial de contar con información es la capacidad de decisión que otorga, la independencia para el pensamiento, la posibilidad de renegar a cuestiones que parecen obviamente beneficiosas. Y el problema es la obviedad, las cosas importantes no son puestas en evidencias por un tramado de complicidades que funcionan muy complejamente y a espaldas de toda la comunidad.

El gobierno de Entre Ríos sabe desde hace mucho de la potencialidad hidrocarburífera de la provincia, sabe también desde ese mismo tiempo del tipo de hidrocarburos que tendríamos bajo nuestras suelas, por cierto muy debajo de nuestras suelas, por lo tanto conoce el procedimiento por el que puede ser obtenido y su peligrosidad para el ambiente y la salud de las personas. Todo está publicado en sus páginas oficiales, algún periodista las habrá visto y leído. ¿Por qué no fue suficientemente difundido?

Esto es parte de una hipocresía del poder en la que supone que la información está democratizada y al alcance de todos, sin embargo se sabe muy bien que no todos acceden a la información de las páginas oficiales del gobierno ni a los boletines oficiales. Para eso existe la maquinaria de desinformación de los medios que muestran como oportunidades para todos negocios que en realidad son para unos pocos, encima hacen suponer culposamente que es un progreso al que nadie se puede oponer. El desmenuzamiento de la noticia queda al resguardo de los medios masivos, esos que leen la gran mayoría, en los que nos han adiestrado a confiar. Entonces confiamos en uno o en otro, sin embargo nadie tiene la posibilidad de indagar sobre los silencios, porque en definitiva los silencios demuestran la no existencia de algo. Esto tiene aplicación general para la política, pero particularmente en la Entre Ríos de ahora y del futuro, esa que pretenden que sea petrolera además de sojera.

Veamos con algunos ejemplos. Rastreando en la página del Ministerio de Cultura y Comunicación se pueden encontrar una cantidad de noticias que hacen referencia sobre la orientación política del gobierno hacia una política hidrocarburífera por procedimientos no convencionales. El 24 de junio de 2011 ya se anunciaba que “Habría formación rocosa asociada a hidrocarburos en la región de Concordia y Salto” (http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=27422).

En el cuerpo de la noticia se explica de una reunión entre el Secretario de Energía de la Provincia, Raúl Arroyo, con un directivo de la ANCAP uruguaya. El funcionario uruguayo dijo “…pensamos hacer perforaciones que llegarían a los 6.000 metros”, además de decir que el hidrocarburo se encuentra en la roca madre a esa profundidad. Sandic, que así se llama este funcionario siguió diciendo que “se está haciendo un trabajo científico muy serio, respaldado por entidades internacionales, y por el departamento de geología de los EEUU, que ha elaborado un mapa de la región que incluye a Entre Ríos, como zona de reserva de hidrocarburos no convencionales, lo que nos alienta a seguir trabajando con el gobierno de Entre Ríos”. El secretario de energía de la provincia declaró que “en Entre Ríos tenemos la expectativa de sumar recursos energéticos a las explotaciones termales”.

¿Claro no?, la entidad que hizo el estudio de la región fue el departamento geológico de Estados Unidos. Siempre tan benevolentes y solícitos con los pueblos del Sur los magnánimos yanquis.

En ese mismo sitio se publica el 4 de julio de 2011 con el siguiente titular: “YPF decidió hacer perforaciones en la provincia para buscar petróleo” (http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=27520), esto lo dijo Urribarri en una reunión con el entonces vicepresidente de YPF, Sebastián Ezkenazi. El mandatario manifestó que “cuando nosotros decidimos adherir a este plan que se lanzó el año pasado las expectativas eran moderadas, pero luego de todo lo actuado no sólo por YPF, el estado provincial, sino también otros organismos e instituciones de la sociedad vemos que los resultados animan y entusiasman”. Cuando hizo mención “al año pasado” está haciendo referencia al 2010.

El mismo 4 de julio de 2011 ese sitio (http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=27532) informa a gran titular que “Buscarán hidrocarburos en Entre Ríos con métodos no convencionales”. La insistencia en informar tanto el mismo día tal vez tenga que ver con el apego a la conmemoración de la independencia de la Madre Patria. En ese artículo el director de minería de la provincia, Jorge Tomas, explica que bajo nuestro subsuelo tenemos hidrocarburo no convencional, hace un somero relato de cómo es el procedimiento, omitiendo por supuesto, los riesgos que implican. Hace mención que desde diciembre de 2010 existe legislación que avala en la provincia ese tipo de búsqueda. Hacia el final dice que el impacto ambiental está estudiado y que no afecta a más de una hectárea alrededor del pozo. No aclara qué organismo fue el encargado de hacer los estudios de impacto ambiental.

El 27 de diciembre de 2011 (http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=29318) se informa que “Urribarri escucha en Londres últimos avances sobre hidrocarburos”, se puede ver una foto en la que Galuccio, por entonces CEO de Schlumberger, habla con el gobernador. El primero en actitud docente, el segundo de alumno. En la pizarra puede leerse “Nuestra visión sobre el shale gas; nuestra experiencia en EEUU; Londres, Diciembre de 2011.

Ahí mismo se explica que Schlumberger es la empresa de investigación y servicios hidrocarburíferos más grande del mundo. No podemos ver en el texto si el cronista se puso colorado cuando afirmó “son los que marcan el mapa para que después vengan las empresas de capitales masivos y a explorar”, según le soplara al oído una “fuente conocedora de esos asuntos”.

Ese mismo 27 de diciembre, el mismo sitio oficial anuncia “Confirman que Entre Ríos tiene potencial en gas no convencional” (http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=29326).

Urribarri dijo en Londres: “Está claro que, a juzgar por lo que saben los principales jugadores de la industria de los hidrocarburos del mundo, Entre Ríos está dentro de las áreas de desarrollo del denominado shale gas o gas no convencional, que revolucionará el esquema energético de Argentina y de la región”, eso fue luego de escuchar al “presidente de Investigación y Desarrollo de la empresa de servicios petroleros número uno del mundo”, no dice que ese tipo era Miguel Galuccio. Para no quedarse corto en sus dichos agregó, “con este tipo de hidrocarburos en la Argentina está comenzando a pasar lo que ya se vio que pasó en los Estado Unidos: comienza en un lugar y después se extiende a toda una región. En EE.UU el gas no convencional movilizó a la economía estadounidense que es la mayor del mundo, imagínense lo que podría hacer con la economía Argentina y con Entre Ríos porque, por suerte, la provincia está en la zona de desarrollo potencial”.

Lo muestra como una gran potencialidad sin explicar los riesgos que tiene, sin decir que en EEUU existe un fuerte reclamo de las sociedades que padecen ese tipo de explotación, y que en ese mismo país el Estado de Vermont lo prohibió. Claro, eso lo dice a viva voz en Inglaterra, la misma que tiene su garra puesta sobre las Malvinas explotando petróleo en nuestro subsuelo marítimo.

De diciembre del año pasado salteamos a agosto de este año, el día 24 ese sitio titula “YPF anunció la perforación de un pozo de estudio en suelo entrerriano”. Recordemos que para esta fecha YPF ya era medionacional y Galuccio había firmado el pase para ésta. En ese informe se dice que el titular de la petrolera semiestatal anunció que se hará un pozo exploratorio de 4.500 metros de profundidad, sin precisiones en cuanto a su localización, y que se hará un estudio sísmico sin mayores detalles sobre el mismo (http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=31925).

Luego encontramos lo más reciente, la noticia a partir de la cual este tema empezó a tener más difusión, el titular del día 5 de octubre de 2012 que dice “Zonas de Federación y Paraná en la mira de YPF para las primeras perforaciones de exploración”. La síntesis expresa: “técnicos de YPF le presentaron este jueves al gobernador Sergio Urribarri un detalle de los estudios realizados por la compañía en Entre Ríos, en el proceso de búsqueda de hidrocarburos. Precisaron que se delimitaron dos regiones para profundizar los conocimientos geológicos: una es la Zona Paraná y otro la Zona Federación, que incluye parte de Concordia.

El año próximo se prevé iniciar la exploración”. Se puede ver en http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=32472.

Política uno

Esto obedece a una política trazada desde 1994 cuando se reformó la Constitución Nacional por la que se provincializó el subsuelo, reforzada por la ley 26.197 de 2007 (Ley de Hidrocarburos) que concretó la transferencia de las reservas hidrocarburíferas a las provincias.

Las provincias no petroleras, entre ellas la nuestra, fueron modificando sus normativas para adecuarse a esta nueva realidad de negocios.

La reforma de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos en 2008 declaró de interés provincial la búsqueda de hidrocarburos, en 2010 se legisló para habilitar la utilización de métodos no convencionales en la provincia y en julio de este año se reformó el Fondo de Desarrollo Energético ampliando sus funciones, dándole la posibilidad de otorgar beneficios al sector privado para la exploración hidrocarburífera.

La política es la de desmembramiento de las riquezas que tenemos bajo nuestros pies, mineras o hidrocarburíferas, otorgando miserables regalías a las provincias que se encuentran en desigualdad de oportunidades negociadoras con los monstruos multinacionales, sin importar la manera en que afectan nuestro hábitat.

Sobre el shale gas, fracking, hidrofractura, o como quiera llamárselo, existe sobrada experiencia internacional. Prohibido en Francia, en el estado de Vermont (EEUU), recomendación de la Comunidad Económica Europea a sus estados miembros para que no lo utilicen, suspensión de las exploraciones por este procedimiento en Sudáfrica, Canadá y Australia.

Política dos

La de ocultamiento y la trama de complicidades que mencionaba al principio. El gobierno provincial puede decir con total hipocresía que nunca ocultó la información, todo está publicado. Lo curioso es como los medios provinciales masivos nunca se hicieron eco de esas noticias para investigar y difundir qué es el fracking. Ahora ya estamos ante la inminencia de que en Entre Ríos comience la exploración por hidrofractura, manteniendo en voz baja todo el periodo de investigación para evitar instalar el tema con suficiente antelación. El propósito, simple, evitar el debate público.

Política tres

La de subversión de los valores. Y digo subversión con toda intencionalidad, porque es subversivo que se priorice la posibilidad petrolera sobre la posibilidad del agua. Sabiendo aún que explorando y explotando en Entre Ríos no resolvemos el problema energético argentino ponemos en riesgo el agua del acuífero Guaraní. Esta reserva natural de agua puede dar de beber a toda la humanidad durante 200 años, tiene un espesor de 200 a 800 metros, en nuestra provincia está a una profundidad de alrededor de 1.500 metros. Es decir que las perforaciones planificadas lo van a atravesar, las ramificaciones horizontales lo pueden contaminar con hidrocarburos y con el cóctel químico que se usará y los diques de cola para la decantación en superficie pueden filtrar tóxicos a las napas de agua superficiales.

Ahora está enterado, seguro que ya somos más los preocupados.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (LVI): Las contradicciones del gobierno radical

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

En aquellos años de la década del 60, que estamos describiendo en nuestras notas, se había acuñado un dicho popular que decía que en "el verano la política se toma vacaciones".

A lo que nosotros agregábamos "La Revolución también".

Nada de eso ocurría en aquel enero del 66. Al impacto que habían tenido, en las filas de los revolucionarios, los acuerdos alcanzados en la Conferencia realizada en la Habana, denominada "La Tricontinental", se sumaban los rumores de un inminente golpe militar y las constantes reuniones de la cúpula castrense con el sindicalismo burocrático liderado por el metalúrgico Augusto Timoteo Vandor.

Por su lado la oposición al debilitado gobierno radical encabezado por Arturo Humberto Illia, había bloqueado en el Congreso el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 1966, durante ocho meses, obligando a este a declarar ratificado el del año anterior, con las consiguientes limitaciones que eso supone.

El escenario se complicaba aún más con el conflicto que se desarrollaba en el Norte que tenía como protagonista a la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera -la combativa FOTIA- dirigida por Atilio Santillán que reclamaba, a la patronal, el pago de la zafra azucarera de ese año.

Si bien nosotros nos diferenciábamos de la dirigencia del Movimiento en lo que hace a la caracterización del gobierno y a sus contradicciones, decidimos solidarizarnos con los trabajadores del azúcar.

Para llevar el apoyo viajaríamos al "jardín de la republica", Manuel Molinas y el que escribe esta nota.

El "Negro" Molinas era Secretario General del Sindicato de Barraqueros de Avellaneda, con una gran formación marxista, acompañaba a Alicia Eguren y a John William Cooke desde los años de la Resistencia -1955-1958-.

Por ello era el indicado para entrevistarse con el Secretariado de la Federación.

Por mi parte en el Congreso de la FUA, había tomado contacto con una agrupación que dirigía Armando Caro Figueroa (h), que se reivindicaba peronista y adhería, como nosotros, al pensamiento "guevarista", por lo que sondearía el respaldo del movimiento estudiantil a los trabajadores azucareros.

Al llegar a Tucumán nos encontramos con un clima tenso, ya que se preparaban nuevas movilizaciones, habiendo sido reprimidas las anteriores, y al mismo tiempo, se anunciaba que el gobierno apelaría al famoso plan "Conintes" que le permitía movilizar militarmente a los trabajadores en conflicto.

Este instrumento represivo había sido utilizado en el primer peronismo para "militarizar" a los trabajadores ferroviarios en huelga en 1951 y durante las huelgas en el Lisandro de la Torre, y de los trabajadores del riel en el gobierno de Frondizi.

Suponíamos que esta decisión la había impulsado el ala dura del gobierno que encabezaba Miguel Zavala Ortiz, el Canciller que había respaldado la invasión de los Estados Unidos a la Republica Dominicana en 1965.

En la sede de la Federación nos recibieron con mucho afecto, ya que varios de los integrantes del Secretariado y el propio Santillán coincidían con la visión "cookista" del peronismo y, al mismo tiempo adherían a las resoluciones adoptadas en la Tricontinental.

A su vez, al participar en varias asambleas de los diferentes centros de estudiantes, advertí que la consigna "obreros y estudiantes. Unidos y Adelante", era compartida por la mayoría del movimiento estudiantil de la Universidad de Tucumán.

Antes de regresar a Buenos Aires mantuvimos una larga reunión con los compañeros de Palabra Obrera, y acordamos mecanismos para" nacionalizar" la solidaridad con los trabajadores de esta Provincia.

A las pocas semanas el presidente tomó una decisión, que lo aislaba aún más, que fue la de movilizar militarmente a los obreros enfrentados con la patronal azucarera, para lo cuál tuvo que recurrir al Ejército, cuyo Comandante en Jefe -Juan Carlos Onganía-, era público que se preparaba para dar el zarpazo y hacerse con el gobierno.

La CGT, encabezada por el Secretario del Gremio del Vestido José Alonso anunció un paro general, impulsado por el ala "vandorista", que proclamaba que "para estar con Perón había que estar contra Perón", ya que este, desde Madrid, había declarado públicamente su oposición a la asonada militar.

Con estas características se vivían estos primeros meses de aquel año, en el que se profundizaba el enfrentamiento entre el sindicalismo combativo y los "participacionistas" y las diferencias en el seno de estos, que produciría la trágica confrontación en la pizzería Real. Tema que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del Diario "El Mundo" y de las revistas "Nuevo Hombre" y "Diciembre 20".

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Argentina, Formosa: Denuncian apremios ilegales a hijo de militantes campesinos

AGENCIA WALSH

Cristian Fabián Penayo, hijo de Jorge Penayo y Orfilia Amarilla, militantes del MoCaFor, fue torturado por parte de efectivos policiales de la comisaría de Gral. Belgrano, provincia de Formosa. El hecho ocurrió el pasado domingo 21 de octubre de 2012.

Formosa, 26 de octubre de 2012

APREMIOS ILEGALES

Gral. Belgrano, Formosa.

El ciudadano Cristian Fabián Penayo denuncia haber sido víctima de apremios ilegales por parte de efectivos policiales de la comisaria de Gral. Belgrano, provincia de Formosa.

A continuación el relato de Cristian Penayo:

"Yo soy Cristian Penayo, hijo de Orfilia Amarilla y Jorge Penayo, soy nacido y criado acá en Gral. Belgrano, tengo 21 años, pero hace un par de meses fui a trabajar en construcción en la ciudad de Formosa, vine a Belgrano para ver a mi hijo y pasar el día de la madre con mi mamá, pero ese fin de semana tuve un problema inesperado... un hecho desgraciado..."

"Resulta que el domingo 21 de octubre, tipo 02:30 hs de la madrugada, aproximadamente, fuimos al boliche con Walter Peralta, un conocido, estuvimos en el boliche como hasta las 04 de la madrugada, al salir fui a hablar con un muchacho que se llama Jacinto, estábamos en frente al boliche ahí sobre la Av. del Libertador, momento en que escucho que alguien me nombra, cuando intento girar alguien me pega por la cara y me tira al piso, inmediatamente el policía Gauna, que estaba de civil y trabaja de patovica; me agarra y me aprieta con su rodilla sobre mi columna contra el piso mientras otros 4 policías se acercan y me esposan... al mismo tiempo el policía Sergio González me empieza a patear..."

"Me levantan del piso esposado y González me sigue pegando con la mano por el estomago..., de ahí me llevan a la comisaria mientras me siguen pegando cachetazos y patadas, la comisaria queda del lugar aproximadamente 300 m o menos; me meten en la comisaria y me esposan por las rejas del calabozo, González me sigue pegando por el estomago, los golpes hace que yo pierda la respiración, entonces otro policía, que no tenía el porta apellidos en el uniforme, me pega con la cachiporra por la rodilla y me exigía que me levante..."

"Yo no podía levantarme, no tenía fuerza y me dolía mucho la rodilla, entonces uno de los policías me pone la cachiporra contra la garganta y me cuelga con ella... me preguntan hijo de quién era y que hacía por Belgrano?, mientras el policía González me seguía pegando, González me decía que no grite porque si gritaba me iban a hacer peor..."

"Me sentía mal... sentía que iba a desmayar... les pido agua para tomar..., González agarra un balde con agua y me tira por la cara. Luego sale un policía de la oficina, creo que era oficial, se acerca y me revisa los bolsillos, me quita la billetera, extrae mi plata y se queda con ella... me dice vos estabas sin plata, le digo que yo tenía plata en la billetera, entonces me siguen pegando para que dijera que yo no tenía plata... y me hicieron jurar que yo no iba a hablar con nadie de lo que me estaban haciendo..."

"Me dejan parado contra las rejas unos minutos, luego el policía González vuelve a pegarme, al rato me sueltan y me dejan sentado en la sala de esperas, se reúnen los 5 policías que me maltrataron y pegaron y me dicen que no vuelva al pueblo de Belgrano, de lo contrario la próxima vez va a ser peor...; les pido para pasar al baño y como respuesta el policía González me da un cachetazo..."

"a continuación, me vuelven a poner la esposa, me tiran al piso, González me pisa el cuello, hablaban y se burlaban de mí, me hacen sentar, me sueltan y me dicen que me vaya, salgo de la comisaria, González me sigue y me agarra del cuello, me tironea y me lleva al hospital..., el hospital queda de la comisaria cerca de 400 m".

"Me conduce a la guardia del hospital, González me dice que debía decir que estaba bien y que no me pasaba nada; me atiende una doctora, me pregunta si yo tenía algún dolor; González me tenia agarrado y amenazado, no podía decirle nada a la doctora; la doctora le da un papel a González, pienso que era un certificado, pero ella no quiso o no pudo evaluar mi situación, no sé...".

"Cuando salimos veo que había 2 policías más en la puerta del Hospital, González me trae esposado por la Av. del Libertador hasta la última rotonda, a dos cuadras y media del hospital, en ese transcurso me sigue golpeando e insultando, los otros policías nos seguían a pocos metros, González me suelta en la última rotonda, me dice que no mire para atrás, que me vaya a mi casa, me dijo que si yo contaba lo que ellos me hicieron que el me iba a matar, dijo si hablas SOS boleta".

"De ahí caminé casi 2 cuadras, pero no tenía más fuerza, me encontró una señora conocida de la familia y recurrió a un vecino a pedir auxilio, el señor muy amable me llevó hasta la casa de mi familia, pienso que llegue entre 6,30 hs o 7 hs de la mañana, yo estaba destruido; en mi casa me preguntan que me pasó y yo no les quería contar la verdad, imagínate con las amenazas que me hicieron los policías, yo tenía mucho miedo".

Cuando le preguntamos, ¿Por qué no recurrió al médico en otro hospital y porque no hizo la denuncia inmediatamente? Cristian contesto:

"Los policías se burlaron de mí, me golpearon mucho, me dijeron que me van a hacer algo peor, y González me amenazó de muerte si hablaba, yo... tengo mucho miedo. Mis viejos me querían ayudar porque me veían muy mal, pero yo tengo mucho miedo".

Cristian F. Penayo afirma que los policías involucrados en el procedimiento no tenían porta apellidos en sus uniformes, pero que si los ve está seguro que los reconocería; respecto a González y Gauna afirma que los conoce porque son de Belgrano.

Desde el MoCaFor, solicitamos a las autoridades competentes del Gobierno Provincial y la Justicia que se inicie una urgente investigación, se esclarezca el hecho, y se castigue a los responsables. Hoy día, a simple vista a Cristian se lo ve mal tiene apariencia de enfermo y claro dice que le sigue doliendo varias partes del cuerpo.

Jorge Penayo y Orfilia Amarilla, padres de Cristian F. Penayo, son militantes del MoCaFor, a su vez es sobrino de Ermindo Penayo quien también sufrió apremios ilegales y hasta la fecha no se hizo justicia.

Compañeros/as, solicitamos difusión de la presente denuncia pública.

Desde ya muchas gracias.

Benigno López del Movimiento Campesino de Formosa.

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La Plata: Trabajadores despedidos del Diario Hoy movilizaron al Ministerio

ANRED

El pasado viernes 26 de octubre, ex trabajadores del diario Hoy en La Noticia, movilizaron al Ministerio de Trabajo tras la nueva ola de despidos en el medio gráfico. “En el último mes hubo una serie de diez despidos aproximadamente. Lo que venimos a reclamar al ministerio es que haga acciones, ponga manos en la obra para hacer respetar el Estatuto del Periodista. Venimos a pedir la reincorporación de los compañeros, basta de despidos y precarización laboral en el Diario Hoy” -explicó un reportero gráfico despedido este mes-.

Gabriel Galán, reportero gráfico recientemente despedido del diario Hoy, quien explicó: “En el último mes hubo una serie de diez despidos aproximadamente. Lo que venimos a reclamar al ministerio es que haga acciones, ponga manos en la obra para hacer respetar el Estatuto del Periodista. Venimos a pedir la reincorporación de los compañeros, y basta de despidos y precarización laboral en el Diario Hoy.”

Diez trabajadores que estaban en diferentes áreas. ¿Y estaban hace poco trabajando?

No, la mayoría hacía años que estaban trabajando. La sección fotografía se devastó por completo: hubo dos despidos y una renuncia, por no aceptar la condiciones de trabajo: ésta señora (directora del diario) aumentó dos horas de laburo sin aumento de sueldo. El resto de los despidos fue: el jefe de diagramación, uno de seguridad, una secretaria, un chico de internet, uno de soporte técnico, entre otros.

¿Y qué razón les dieron del despido?

“No, las razones, nada. En mi caso fue por reclamar por trabajar dos horas demás sin aumento de sueldo. Le planteé esa situación (a la dueña del diario) se enojó y ése fue el causal de mi despido. Yo hacía tres años que estaba trabajando. Y los despidos no son despidos legales, es decir, no es que te mandan el telegrama. En mi caso se me despidió y no se mandó el telegrama y no se me permite el ingreso a laburar. Es un despido ilegal. Uno de los pibes que fue despedido, por ejemplo, fue por ir a visitar al padre, que estaba enfermo, cuando uno, por ley, se puede pedir esos días. Otro chico llegó 15 minutos tarde porque en realidad le habían cambiado el horario, y lo despidieron”.

“Yo como trabajador, como fotógrafo, me quedé en la calle, me quedé en la lona, porque una semana anterior a mi despido me habían cambiado los horarios , y yo había había suspendido los talleres que doy de fotografía, tuve que suspender todas mis otras actividades - porque con el ingreso del diario uno obviamente no puede vivir, porque es muy bajo- tuve que suspender todo por estos cambios de horario y a la semana me despiden, o sea que nada, quedé en cero, en la calle.”

Otro trabajador despedido, Emiliano Bellagamba, diseñador gráfico, comentó: “Yo desde hace seis años que estaba trabajando en el diario y esto de los despidos es una constante. Era encargado de la sección de diagramación, soy diseñador. Todo este tipo de atropellos y demás contra los trabajadores siempre fue una constante. Yo fui despedido la semana pasada, me asesoré, mandé un telegrama, intimándolos a que regularicen mi situación, con retención de tareas por el momento, y ellos me mandaron una posteriormente, asi que yo deberé juntarme nuevamente con mis abogados y ver como sigue.”

Por su parte, Miguel Graziano, del Colectivo de Trabajadores de Prensa, (CTP) explicó al respecto de la actual problemática: “Acá lamentablemente tenemos que venir siempre a denunciar lo mismo, ésta vez es ante el Ministerio de Trabajo, porque cada vez que hacemos una denuncia formal o informal nos enteramos que el ministerio no viene a hacer las inspecciones que corresponden al Diario Hoy. O que a partir de denuncias que hicimos nosotros, incluso algunas que hizo el sindicato a partir de la acción militante del colectivo, llegan los inspectores a la puerta y no pueden entrar porque hay algún llamado telefónico de la dueña al ministerio que impide que se pueda hacer la inspección.”

“En el diario está trabajando todo el mundo como monotributista. Viola el estatuto del periodista, viola el convenio colectivo, esto hace que ninguno esté cobrando el sueldo en blanco, que ninguno esté cobrando los sueldo de convenio, ni asignaciones familiares, ni aportes patronales, ni jubilación, ni nada. No tienen ningún derecho de los que tiene cualquier empleado en relación de dependencia.”

“En ese marco se producen una serie despidos ahora, son diez personas que perdieron su trabajo. Algunas de ellas fueron despedidas de manera formal, o no las dejaron entrar a trabajar o le mandaron algún telegrama en el caso de que tengan alguna parte del sueldo en blanco. O en medio de situaciones de violencia y de maltrato hay trabajadores que deciden no ir más a trabajar al diario. Si protestás, el diario no te paga lo que te debe. Hubo muchos casos que fueron despedidos el día 29 del mes para no pagarle, es decir, usarlo todo ese mes al trabajador y después no pagarle ni siquiera el sueldo. Tampoco hay indemnizaciones. Los trabajadores que le hacen juicio y ganan juicios, no cobran juicios. Y es difícil ejecutarlo porque es un diario que no existe en lo concreto como empresa. Toda la ganancia la factura una empresa y toda la pérdida, todos los empleados son de otra empresa que no tiene ni un papelito que se pueda embargar, nada. “

“En ese marco el Colectivo de trabajadores de prensa está en éste lugar acompañando al grupo de los ex trabajadores que dejaron el diario. Creo que ellos ahora han tomado ahora una posición más valiente, porque en los últimos años se iba la gente del diario sin decir nada y sin hacer nada, y que a partir de la experiencia militante del colectivo, a partir de un lugar en donde está reunida la información de lo que ha pasado en los últimos años, partir de que esté grabada la señora despidiendo un compañero en un video que está colgado de nuestro blog, y de que están los números de las facturas que la provincia de Buenos Aires le paga a la empresa de publicidad del diario, empezamos a conocer y a tener información de cómo se trabaja y cómo sobrevive éste supuesto medio de comunicación, de la plata de los bonaerenses, de la plata que Scioli no gasta en los empleados la está poniendo ahí, que es un diario que acaba de despedir a diez trabajadores, compró además una rotativa de 30 mil dólares, y que paga a los trabajadores sueldo miserables y en negro.”

Reproducimos el comunicado de convocatoria realizado por los ex trabajadores el Diario Hoy

La Plata, 22 de Octubre de 2012

Comunicado de Prensa de extrabajadores del diario Hoy en La Noticia

En las últimas tres semanas, un total de 10 (diez) trabajadores/as del diario Hoy en La Noticia resultaron ser despedidos o renunciaron por la reiterada situación de precarización laboral a la que fueron sometidos por la directora y dueña de este medio gráfico, Myriam Reneé Chávez de Balcedo.

La nómina cubre casi todas las secciones, desde cuatro fotógrafos/as, pasando por dos empleados de diagramación, un periodista de espectáculos, otro del sitio web y dos administrativos.

Algunos de ellos fueron despedidos al negarse a acatar la orden de trabajar más horas sin el debido aumento salarial; un fotógrafo por no realizar una nota por negligencias de la propia empresa; un diagramador por viajar a su ciudad oriunda por serios problemas personales; y una fotógrafa por el sólo hecho de ser madre. Muchos otros, en tanto, encontraron en la renuncia la forma de preservar su dignidad ante el constante atropello de la dirección del diario Hoy en La Noticia. Ésta no es situación excepcional, ya que hace dos meses toda la sección de Interés General fue desmantelada de un día a otro. Asimismo, si nos remontamos a los 18 años de historia, se observa que esto no es casualidad, sino que se trata de una situación crónica.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que todo el personal está empleado por fuera de lo que marca la Ley 12.908 -más conocida como Estatuto del Periodista- y el Convenio Colectivo de Trabajo 541/08. La mayoría está registrado como monotributista y los pocos que trabajan en relación de dependencia tienen “blanqueado” sólo un porcentaje del salario. Además, no se respetan las 36 horas de labor semanal, ni se garantiza el doble franco; los días de vacaciones dependen del humor de la directora; está prohibida la sindicalización; el salario mínimo muy alejado del Convenio Colectivo; a los compañeros y compañeras despedidos se los echó sin indemnización y hay varios casos de juicios con sentencia que no han sido pagados en su debido momento por la empresa.

Es importante resaltar que este proceso se da en el marco de un crecimiento económico de la compañía -actualmente Edigráfica S.A.-, que hace dos meses renovó las rotativas con una inversión cercana a los treinta mil dólares, en tanto que en los últimos días se aprestaba a comprar un sistema operativo para modernizar el área de diagramación por un valor que oscilaba los cincuenta mil dólares.

El Ministerio de Trabajo debe tomar cartas en el asunto

Esta situación que hemos sufrido como trabajadores/as del diario Hoy en La Noticia y que aún siguen padeciendo cincuenta empleados a manos de Chávez de Balcedo, no podría desarrollarse si el gobierno provincial aplicara los mecanismos de control pertinentes a través del Ministerio de Trabajo, a cargo de Oscar Cuartango. En los últimos años, el Sindicato de Prensa Bonaerense y periodistas denunciaron en el Ministerio está situación de precarización en el diario. Sin embargo, nunca se intentó realizar una acción contundente para detener este avasallamiento a los derechos de los/las trabajadores/as, aún cuando la cartera laboral dispone de herramientas legales para revertir la situación.

Pero allí no se acaba la cadena de responsabilidades, ya que el diario Hoy en La Noticia es financiado casi exclusivamente por el gobierno de Daniel Scioli y más específicamente mediante la pauta publicitaria otorgada por el Banco Provincia, presidido por Gustavo Marangoni, entre otros organismos. Además, el año pasado la Legislatura sancionó -y el Ejecutivo promulgó- la Ley 14.318, que prohíbe el otorgamiento de pauta publicitaria a las empresas que no cumplen con las normas laborales y previsionales de los periodistas. Pese a ello, por falta de voluntad política, la ley aún no fue reglamentada y, por ende, no puede ser aplicada.

Nos movilizamos el viernes 26 al Ministerio de Trabajo de la Provincia

Por todos estos motivos, para decir basta y exigirle al Ministerio que tome cartas en el asunto para finalizar de una buena vez con este desamparo, este viernes 26 a las 12.30 nos movilizamos a la sede del Ministerio de Trabajo, ubicado en calle 7 entre 39 y 40. Invitamos a todo/as los/as periodistas y estudiantes de periodismo a solidarizarse con nuestro reclamo y acompañarnos en esta movilización, que no es más que la defensa de nuestros derechos como trabajadore/as de prensa.

Los ex trabajadores del Diario Hoy en La Noticia exigimos:

Reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos

Cumplimiento del Estatuto del Periodista

Reglamentación de la Ley 14.318

Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa-La Plata.

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Municipales brasileñas dejan escenario incierto para 2014

XINHUA

La segunda vuelta de las elecciones municipales brasileñas celebrada el domingo confirmó la fuerte dispersión del poder político en las capitales y mayores ciudades brasileñas, dejando un escenario sumamente incierto hacia las presidenciales de 2014.

Con el panorama trazado por las municipales, que mostraron una fuerte demanda de renovación por parte del electorado, la disputa por el poder federal dentro de dos años deberá exigir un complejo sistema de alianzas que no están aún definidas tanto en el campo oficialista como en el de la oposición.

Once partidos gobernarán las 26 capitales brasileñas, lo que constituye un récord en la fragmentación del sistema político, con cambios significativos en el control político regional.

La elección desarrolló además un rechazo a las figuras políticas tradicionales y una demanda de nuevos liderazgos, acompañadas de un alto número de electores que prefirieron no apoyar a ningún candidato.

La presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Carmen Lucia, manifestó su preocupación con el alto índice de abstención en la segunda vuelta, que alcanzó al 19 por ciento, superando el 16,4 por ciento registrado en la primera, que ya era considerado alto.

El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) consiguió recuperar Sao Paulo, el mayor colegio electoral, tras ocho años, y gobernará 636 prefecturas que suman 27 millones de habitantes (20 por ciento del electorado), pero tuvo un fuerte retroceso en las capitales del Nordeste.

De acuerdo con el sociólogo José Roberto de Toledo, los resultados indican que a pesar de los cambios, las estructuras del poder en el país continúan inalteradas.

"Los petistas ocupan el piso principal hace 10 años, pero el resto del edificio es dividido entre 30 socios. El PT elige el administrador del consorcio, pero no administra sin ceder poder a otros. Nadie tiene hegemonía", consideró.

El opositor Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), cabeza de la oposición a nivel nacional, fue derrotado en la capital paulista, su reducto tradicional, pero conquistó espacios en el Norte, con un total de 698 prefecturas y 16,5 millones de habitantes (12,5 por ciento del electorado).

Para la analista Dora Kramer, si por una parte el ex presidente Lula da SIlva cumplió su objetivo de vencer a los socialdemócratas en Sao Paulo, su bastión tradicional, "vio emerger de esta elección una inquietud en el campo gobernista que tendrá trabajo en neutralizar".

En particular, las atenciones están puestas en el mayor victorioso de las municipales, el Partido Socialista Brasileño (PSB), y en su líder, el gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos -otrora fiel aliado de Lula da Silva, pero cuyos deseos enfrentó en esta elección-, quien alimenta aspiraciones presidenciales.

Después de conseguir arrebatar Recife, la capital pernambucana, al PT del ex mandatario, acumuló fuerzas que le permitieron alzarse con un total de cinco capitales estatales y un total de 443 alcaldías, que representan 15,3 millones de habitantes (11,6 por ciento del electorado).

La gran fuerza de centro, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), continúa teniendo el mayor número de alcaldías (1.023), con 31 millones de habitantes (23 por ciento del electorado), y venció en el segundo colegio electoral, Río de Janeiro, pero sufrió un fuerte retroceso en número de votos.

Otro dato destacado es el desempeño del Partido Social Democrático (PSD), fundado el año pasado por un grupo de dirigentes de centro derecha, que conquistó 497 alcaldías, con 8,65 millones de electores (6,3 por ciento del electorado).

Para el opositor PSDB, el nuevo mapa político que dejó la elección apunta a la necesidad de renovación de sus cuadros dirigentes, y el fortalecimiento del senador Aecio Neves, líder de la oposición en el Congreso, como su presidenciable para 2014.

Una luz de alerta se encendió para el PT con la ostensiva aproximación que mostraron Neves y el socialista Eduardo Campos en la segunda vuelta, abriendo un interrogante sobre cuál será la posición del ascendiente PSB en los próximos dos años y las elecciones generales.

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Gobierno paraguayo ataca a Unasur y condiciona observación electoral

Javier Rodriguez Roque (PL)

El aislado gobierno paraguayo continuó hoy su campaña contra Unasur y condicionó la presencia de su misión para observar el proceso electoral al regreso de los embajadores retirados en protesta por la destitución de Fernando Lugo.

La posición del Ejecutivo de Federico Franco, que recrudeció últimamente los ataques contra la Unión de Naciones Suramericanas y el Mercado Común del Sur, la expuso nuevamente el ministro de Relaciones Exteriores, José Félix Fernández.

Paraguay se encuentra suspendido de su participación en los dos grandes bloques integracionistas suramericanos a consecuencia de la interrupción de su proceso democrático por el golpe parlamentario contra Lugo, el pasado mes de junio.

Los embajadores de casi todos los países de la subregión se retiraron como parte del desconocimiento al gobierno de Franco, impuesto por el Congreso tras sacar de su cargo al mandatario constitucional.

También se alertó en los acuerdos adoptados por Unasur y Mercosur que las sanciones sólo se levantarán con la elección de un nuevo gobierno mediante comicios limpios, con garantías para todos los sectores, y observados por misiones de las dos instancias.

Sin embargo, la posición del gobierno paraguayo es calificar de ilegal la suspensión dictada e incluso la entrada de Venezuela al Mercosur y no esconde el apoyo del secretario general de OEA, José Miguel Insulza, para intentar superar el aislamiento regional que sufre.

Aunque Insulza aseguró una misión de 90 personas para validar las elecciones de abril del 2013, decisión tomada en forma personal sin acuerdo del plenario de OEA, la presencia como observadora de la Unión Europea aún no se consiguió oficialmente y sólo se analizará a fin de año.

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Entrampada solicitud de indulto para expresidente peruano

PL

La persistente resistencia del expresidente peruano Alberto Fujimori a firmar el pedido de indulto presentado por sus hijos, como exige la comisión oficial encargada de evaluarlo, entrampa hoy el trámite de la solicitud.

La hija mayor y heredera política del preso, Keiko Fujimori, reaccionó irritada ante la exigencia planteada por la Comisión de Gracias Persidenciales, la ministra de Justicia, Eda Rivas; y el procurador Anticorrupción, Julio Arbizu.

Sostuvo que la firma no es necesaria y que exigirla es una "leguleyada" (jugarreta jurídica) y acusó a la citada comisión de parcialidad (contra el indulto), a tiempo de sostener que ni esta, ni la ministra, ni el procurador deben intervenir porque el indulto de una atribución del presidente Ollanta Humala.

Tras reclamar que la comisión debe poner en marcha el proceso para el indulto, Keiko Fujimori añadió que la decisión de firmar o no la petición la tomará solo su padre, quien se niega a hacerlo porque con ello reconocería sus culpas, a lo que se niega, pese a la condena de los jueces.

El trámite para la posible gracia no comenzará, según Arbizu, mientras no firme la solicitud el preso, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción cometidos durante su gobierno de una década (1990-2000).

Según el procedimiento establecido, un pedido de indulto no puede llegar directamente al jefe de Estado, sino que debe ser evaluado por la comisión, que verificará si el solicitante cumple los requisitos, es decir si es enfermo terminal o sufre una enfermedad grave, incurable y avanzada y las condiciones carcelarias ponen en peligro su vida.

El exgobernante no es un enfermo terminal, la familia alega que tiene un cáncer bucal controlado, pero de alto riesgo -lo que ponen en duda importantes especialistas- y un diario local reveló ayer que Fujimori vive en una cárcel exclusiva con un área de más de 10 mil metros cuadrados a su disposición.

Disfruta, según la fuente, de grandes comodidades, guardias a sus órdenes y visitas irrestrictas, así como un pequeño policlínico con dos médicos, enfermeras y una ambulancia.

La ministra Rivas anunció que los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales, que dicen tener más de 100 casos pendientes y priorizar a los de enfermos terminales, tienen previsto visitar la cárcel de Fujimori, para verificar las condiciones de su encierro.

Importantes comentaristas son escépticos respecto a la posibilidad de que el presidente Humala indulte a Fujimori, habida cuenta que el costo político de perder el apoyo de sectores de izquierda y centro es mucho mayor que posibles beneficios como el respaldo agradecido del fujimorismo.

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