martes, 6 de noviembre de 2012

La noticia más censurada N° 16: El Pentágono encubre violaciones de soldados-mujeres

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

En 1970, las mujeres soldados representaban el 1 por ciento de todas las fuerzas armadas de Estados Unidos. Hoy ese número aumentó a aproximadamente el 15 por ciento, casi 200.000 en total. Como el número de soldados femeninos crecen, hasta el Pentágono reconoce en sus propios informes el creciente problema de las agresiones sexuales militares en zonas de guerra: aumentaron en 26 por ciento entre 2007 y 2008, y en otro 33 por ciento al año siguiente.

La muerte en 2005 de la mujer-soldado raso del ejército de Estados Unidos LaVena Johnson fue declarada oficialmente suicidio por el Pentágono (ministerio de Defensa, DoD, su sigla en inglés), pero continúa ejemplificando la violencia sexual que padecen las mujeres-soldado mientras sirven a su país. La autopsia de Johnson reveló heridas contradictorias con la versión oficial de “suicidio”, incluyendo abundantes quemaduras químicas que se cree fueron provocadas para destruir evidencia de ADN dejada por la violación.

El Pentágono ha intentado intimidar a reporteros y redactores que trabajaban historias sobre Jonson, uno más entre por los menos veinte casos en que soldados de sexo femenino han muerto bajo circunstancias sospechosas. Las muertes misteriosas coinciden con un aumento de la violencia sexual contra mujeres entre los militares.

Según el DoD, en 2010, hubo en total 3.158 informes de agresión sexual en los cuarteles militares, pero ese mismo ministerio estima que este número representa sólo el 13,5 por ciento de los asaltos reales, porque el número total de violaciones y agresiones sexuales militares sería superior a 19.000 al año.

El Proyecto Censurado desenterró esta noticia publicada originalmente por el periodista independiente John Lasker, de Columbus, Ohio, en Toward Freefom, 14 de julio 2011. El caso del “suicidio” en Irak de la mujer soldado de 19 años, descrita como “amorosa y feliz”, apunta a una desconocida historia, cobarde, abusiva, sórdida y mucho más amplia, imposible de ser conocida por la clientela de los grandes medios de información

Intentarán investigación independiente

La decisión del Research Institute de Filadelfia (CCIRI, sigla en inglés) de investigar el caso, tal vez finalmente convierta en un hecho conocido para un público mucho más amplio la historia de Lavena y las muertes misteriosas de otras mujeres soldados negras mientras “servían a la patria” en bases en Afganistán e Irak.

El CCIRI, que antes investigó los asesinatos de Tupac Shakur (desaparecida, caso de 1996) y Levy Chandra (pasante del Congreso, 2001), tiene sus propios peritos balísticos y forenses, más un psicólogo experto en suicidios, capaces de dar una buena mirada al archivo de la investigación militar y a fotos de la autopsia. Todos tienen serias dudas de que Lavena se haya quitado la vida.

"No hay duda [que la investigación y conclusión del suicidio] de los militares tiene problemas", dijo Sheryl McCollum, directora del CCIRI. "Si hay cualquier signo de asesinato, no se puede invocar automáticamente un suicidio".

Militares controlan los medios

Mientras el CCIRI tiene el coraje de enfrentar este potencial encubrimiento militar, medios importantes, como CBS News 60 Minutes y ABC News, intentaron informar sobre la muerte de Lavena, pero se echaron atrás con la transmisión de la historia, a pesar que CBS y ABC gastaron miles de dólares en el envío de varios equipos a la casa de los Johnson. 60 Minutos también pagó para que el cuerpo de Lavena fuera exhumado para una segunda autopsia, de acuerdo con su padre, el Dr. John Jonson, de St. Louis.

"Nadie va a tocar la historia de Lavena ni con un palo de tres metros", dijo el Dr. Jonson, aludiendo a las empresas de los grandes medios de comunicación. El Pentágono tiene agarrada financieramente a la industria mediática con la amenaza de retirar la publicidad del ejército de los canales, explicó el padre de la mujer soldado.

"De seguro que los militares no querrán admitir que mujeres negras soldados son violadas y asesinadas, porque ya tienen dificultades para contratar y retener a las mujeres negras", dijo a Toward Freedom. Sería devastador para el reclutamiento difundir historias en los medios de comunicación más importantes sobre mujeres soldados negros brutalmente violadas".

El Pentágono ha tratado de intimidar a los reporteros y editores que trabajan historias sobre Lavena. El magazine Essence, por ejemplo, fue amenazado con el retiro de los dólares pagados por la publicidad militar si lanzaba al público una historia sobre Lavena. La revista cedió al Pentágono contando una historia aguada que los editores justificaron por la supervivencia del magazine que se inclinó para evitar la pérdida de la publicidad militar. Justamente, la publicidad busca más jóvenes reclutas como Lavena entre las mujeres negras.

“La familia de Lavena se esfuerza por crear conciencia acerca del caso de una hija que amaba a servir a su país y vivió para hacer la diferencia en ayudar a otros”, escribió Lasker . El ejército de Estados Unidos era su destino, dijo su padre. Ella era del ejército en tercera generación, así que su familia no se sorprendió cuando a la ex-violinista estudiantil de honor se le ordenó ir a Irak en 2005.

Según la versión del ejército, a pesar que Lavena siempre mantuvo una actitud positiva, el 18 de julio 2005 su espíritu dio un giro tremendo. Esa tarde, dicen los militares, su nuevo novio de dos meses rompió con ella por correo electrónico desde su casa en Kentucky. Bueno, lo que sigue en la versión castrense es fácil de imaginar: se metió en una tienda vacía de Kellogg Brown and Root (KBR), constructora filial de Halliburton, la incendió con aerosol y tranquilamente se suicidó con su M16 después de comprar varias botellas de gaseosa y a 24 horas de haber hablado con su madre por teléfono satelital para anunciarle que pasarían juntas la Navidad. "No decores el árbol sin mí". Ésta fue la versión militar oficial. Caso cerrado.

Violaciones a granel

Pero hay otra historia encubierta. Dos expertos en balística, Donald Marion y Cyril Wecht, le dijeron a la familia que las heridas Lavena no eran consistentes con un M16 y la supuesta herida de salida de bala en la parte superior de la cabeza parece más una herida causada por una pistola de 9 mm.

La autopsia militar de Lavena reveló un labio partido, dientes rotos, marcas de arañazos en el cuello, pero no heridas graves. Sin embargo, en la segunda autopsia –pagada por CBS 60 Minutes–, nuevos rayos X revelaron que el cuello estaba roto. Aún más extraño, la segunda autopsia mostró también que los militares habían retirado parte de la lengua, la vagina y el ano y no se lo dijeron a los Johnson, ni lo documentaron en la primera autopsia.

Por inverosímil y retorcido que parezca, la extracción de partes del cuerpo, en algunos casos el corazón o el cerebro, o ambos, se ha dado en otros cadáveres de mujeres soldados que perecieron por causas "no relacionadas con combate".

El Dr. Johnson cree que los militares extrajeron partes del cuerpo de Lavena para ocultar lo que realmente le pasó a su hija: Trauma Sexual Militar o MST, eufemismo que es la designación oficial para las violaciones de milicos.

En otro caso, en julio de 2005, Jamie Leigh Jones, de 20 años, denunció que fue violada y golpeada por empleados de KBR y encerrada en un contenedor de transporte por los administradores, después que ella buscó a la policía. Jones y sus abogados, que perdieron una demanda federal civil contra KBR en julio 2011, dijeron que otras 40 empleadas mujeres KBR que trabajaban en Afganistán e Irak les contaron historias de violaciones, palizas y acoso sexual.

Además de la frialdad de los militares frente al caso, los Johnson dijeron que el Congreso casi no ha movido un dedo para ayudar. Un equipo de funcionarios quiso investigar la muerte de Lavena, pero no logró conseguir siquiera las fotos de la autopsia

La ex coronel Ann Wright, retirada del ejército y ahora activista por la paz –navegó por el Mediterráneo con la Flotilla de la Libertad de Gaza–, dijo que hay muchas más muertes sospechosas de soldados femeninos y la versión de los militares simplemente no es creíble.

De hecho, dijo Wright, hay más de 20 muertes de soldados femeninos bajo escrutinio. Casi todos se han producido en bases de Afganistán o Irak. De estos 20, los informes militares de 14 dictaminaron suicidio, incluyendo a Lavena Johnson. Y al igual que los Johnson, muchas de estas familias se niegan a aceptar la explicación de los militares, creyendo que sus hijas murieron a manos de sus soldados-compañeros o contratistas.

Como las agresiones sexuales militares en zonas de guerra aumentaron en 26% entre 2007 y 2008, y en 33% al año siguiente, el incremento se debe a que los soldados varones saben que pueden salirse con la suya, dijo Wright. Una encuesta de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental 2008 encontró que el 50% de las militares víctimas de agresión sexual nunca reportaron el crimen porque sentían que sus oficiales al mando pasarían por alto los cargos o, peor aún, de alguna manera los silenciarían.

En una zona de guerra, el aire de intimidación a raíz de una violación puede adquirir connotaciones a otro nivel, simplemente porque la víctima está rodeada de violencia y confusión, dijo Wright. "Van a decirte: '¿Vas a estar muerta para mañana. Violarla a usted es sólo el costo de la guerra. Lo que haremos ahora simplemente será añadir (su asesinato) a la seguridad insegura’".


*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

Citas y referencias:
- John Lasker, “Sexual Violence Against Women in the US Military: The Search for Truth and Justice,” Toward Freedom, July 14, 2011, http://www.towardfreedom.com/women/2474-sexual-violence-against-women-in-the-us-military-the-search-for-truth-and-justice.
- http://www.mediafreedominternational.org/2011/08/27/sexual-violence-against-women-soldiers-on-the-rise-and-under-wraps/
Estudiante investigador: Taylor Falbisaner (Sonoma State University)
Evaluador académico: Peter Phillips (Sonoma State University)

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¿Somos más o menos violentos?

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

"La guerra diferencia al hombre de los animales."
Pierre-Joseph Proudhom

I

La violencia -"partera de la historia", como decía Marx- en cierta forma define al ser humano. La historia de la humanidad es, sin más, una larga sucesión de hechos violentos: guerras, invasiones, conquistas, revoluciones. Pero no sólo violencia -como estamos tan acostumbrados a entenderla- en el sentido de explotación económica, opresión social, ataque bélico o ejércitos blandiendo sus armas. También, y con la misma virulencia - aunque sus efectos no sean todavía igualmente deplorados- discriminación de género, segregación étnica, verticalismo, autoritarismo de los adultos sobre los niños.

El tema de género, por ejemplo, recientemente en la historia comenzó a formar parte de las reivindicaciones sociales por la justicia. En la Revolución Francesa, inicio del mundo moderno con sus ideales de igualdad y libertad, llevada a cabo enteramente por varones, las mujeres a duras penas entraban en la categoría de ser humano; y el mismo marxismo -indiscutible adalid en la defensa de los explotados- no las tuvo en cuenta como un eje fundamental para la transformación de la sociedad. Todo se redujo a la lucha de clases; mientras tanto, a la espera de la victoria final, los varones podían seguir ejerciendo sus privilegios (solapada forma de violencia de la que casi no se ha hablado hasta ahora, que por supuesto no "supera" a la lucha de clases, pero que se complementa con ella como una forma más de inequidad).

Hoy día, con la caída de las primeras experiencias socialistas surgidas en el siglo XX, queda claro que la violencia no se ejerce sólo en el orden de la expoliación de las masas paupérrimas por parte de las élites dominantes; si no, para demostrarlo, ahí están los fusilamientos en masa de disidentes en la era estaliniana, o el genocidio de Pol Pot contra población urbana en Camboya. Escudándose en "sacrosantos" intereses justicieros, se puede ser ferozmente violento. Las guerras religiosas -por el "amor de dios"- nos lo demuestran de modo trágico.

Violencia ha habido siempre, con distintas formas, con expresiones culturales particulares. Pero ahí está persistentemente, incólume, más allá del tiempo. Quizá hoy día se comienzan a cuestionar ciertas manifestaciones que, hasta hace muy poco, ni siquiera se consideraban como el ejercicio de una violencia. Por ejemplo, en la actualidad va ganando terreno el obligado respeto hacia la comunidad homosexual, incluida apenas unos años atrás en la Clasificación Internacional de Enfermedades como expresión de una psicopatología.

¿La sociedad, entonces, se va haciendo más "civilizada"? ¿Condenamos hoy más formas de violencia, que antaño no eran tenidas por tales? -piénsese en el respeto hacia los discapacitados, una nueva actitud ante las diferencias étnicas, ante las poblaciones marginales-. Esto plantea la pregunta respecto a si el mundo evoluciona hacia formas de mayor tolerancia, de menos violencia y solidaridad.

Respuesta muy difícil, por cierto. Sí y no. No hay dudas que en la historia humana se han dado algunos pasos importantes en el proceso civilizatorio. Actualmente contamos con una serie de mecanismos y procedimientos que -se supone- deberían hacer la vida de toda la población más digna, más agradable, menos violenta. Hay una legislación, ya universalizada, que protege la vida en todos sus aspectos, así como su dignidad y calidad. El discurso de los derechos humanos, en tanto intrínsecos al mismo hecho de existir como seres humanos, y por tanto inalienables, se ha ido incorporando en el grado de desarrollo global que toca a los más de siete mil millones de almas que poblamos el planeta. Existe -aunque pueda abrirse el interrogante respecto a su real efectividad- un sistema supranacional que regula (o debería regular al menos) la vida planetaria: las Naciones Unidas. Para responderlo con un ejemplo quizá sarcástico, pero real: hoy día no se mata al mensajero portador de malas noticias. ¿Progresamos entonces?

II

Vistas las cosas en este sentido, la sociedad global actualmente es menos violenta que antaño. Hasta las guerras están reguladas por marcos jurídicos: la Convención de Ginebra. Se puede seguir matando al enemigo, pero hay que hacerlo conforme a normas. Las "guerras sucias" -aunque de hecho se hagan- están prohibidas, por lo que son condenables. Hoy día un general puede ir preso como "asesino de guerra". ¿Podríamos decir, entonces, que eso es progreso humano?

También en los otros aspectos a que hacíamos alusión como formas de violencia hasta no hace mucho tiempo no visibilizadas en el discurso dominante -la de género, el autoritarismo de padres sobre hijos, etc.- igualmente ahí se ha avanzado. Si bien se puede problematizar en tanto tradición cultural, no deja de abrirse la pregunta sobre la práctica de la forzada circuncisión femenina de tantos pueblos -una mutilación, dicho en términos más ajustados-. Hoy día, aunque no ha cambiado en lo sustancial -el grueso de las propiedades materiales del mundo lo sigue detentado varones- el lugar de obligada sumisión de las mujeres está en entredicho, y las mismas van ganando un protagonismo social desconocido hace apenas una décadas atrás. En otro ámbito, hay ya desde años toda una nueva tendencia que promueve el respeto absoluto y la no violencia para con los menores. El trabajo infantil tiende a estar prohibido -aunque, de hecho, tenga lugar y sea imprescindible para completar el ingreso familiar en innumerables lugares del mundo-. Una vez más, entonces: ¿progresan las sociedades?

Dicho todo esto estaríamos tentados de afirmar que sí, en efecto, el mundo -aunque lejos de ser un paraíso- cuestiona cada vez más el recurso a la violencia (ya no va quedando lugar para dictadores, las mujeres seguirán su paso ascendente hacia la igualdad de derechos y un funcionario corrupto puede ir preso).

No obstante, la violencia está lejos de desaparecer (¿crece incluso?). No sólo eso; podría decirse que se presenta con otra cara, más sutil tal vez, o simplemente: acorde a los tiempos que corren, tiempos de modernidad, o de post modernidad. Tiempos de inimaginables logros científico-técnicos, que abren posibilidades ni siquiera soñadas décadas atrás, no digamos ya siglos o milenios.

Hoy no hay esclavismo, al menos oficialmente; y si nos enteramos que en algún paraje todavía persiste esta infame práctica (y de hecho persiste: alrededor de 30 millones de trabajadores en condiciones de esclavitud, según datos confiables), el mundo puede poner el grito en el cielo seguro que en instantes -medios de comunicación mediante- la opinión pública internacional se indignará ante tamaña forma de violencia. Esto es cierto, y podría hacer pensar -honestamente sin dudas- que le vamos cerrando espacio a la violencia. Pero las formas de la violencia se hacen más sutiles, más refinadas. No hay esclavismo abierto, no se venden esclavos en subastas públicas, pero las condiciones laborales de muchos lugares, con el silencio cómplice de quienes deberían hablar, son realmente esclavizantes (maquilas, unidades agrarias cerradas, prostíbulos). Hoy día, aunque de hecho en algunos lugares aún se puedan escuchar denuncias de tratos esclavistas, la productividad alcanzada por el despliegue técnico no necesita de esta modalidad laboral. El esclavismo actual es más "exquisito": bastan 8 horas de trabajo, y después a mirar televisión (eso funciona mejor que el látigo).

Es, al menos en este momento, quimérico pensar en la erradicación de la violencia de la dinámica humana. Ella es tan fundante, tan constitutiva del hecho humano que conocemos como lo puede ser su calidad de racional, o su capacidad de mentir (lo cual no es sino una forma de la violencia). Se puede, en todo caso, reducirle su espacio, ponerle las cosas más difíciles, lo cual no es poco. Normas, leyes, reglas de convivencia, autocrítica, liberación de prejuicios; la lista para ayudar en tamaña empresa es grande. Y por supuesto, una horizontalización -hasta donde sea posible- del poder, junto a la repartición más justa de la riqueza que la especie ha producido.

III

Ahora bien: retomando la pregunta inicial respecto a si ahora el mundo es más o menos violento, puede decirse entonces que junto a este "mejoramiento" -si no es muy osado llamarlo así- en las condiciones generales con que ahora podemos enfrentar el problema, por la misma potencia que hemos ganado en el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, los efectos de la obra humana (al menos en el ámbito material) hoy día son más impactantes; la tecnología es más eficaz, las guerras son más mortíferas, las torturas consiguen mejores resultados. A lo que podría agregarse: las mentiras son más convincentes. "Naturalmente la gente común no quiere guerra. Pero son los líderes de un país quienes determinan su política, y siempre es un asunto simple involucrar a la gente. Con voz o sin voz, la gente siempre puede verse forzada a acatar los mandatos de sus líderes. Esto es fácil. Sólo tiene que decírsele a la gente que está siendo atacada, y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer al país a peligro. Funciona igual en todos los países." (Herman Goering, asesor de Hitler, discurso que podría pronunciar hoy cualquier dirigente de cualquier potencia).

Tal vez no pueda dirimirse la cuestión respecto a si ahora somos, o no, más violentos. Antes había sacrificios humanos; hoy no. Pero hoy hay armas de destrucción masiva que pueden exterminar millones de personas de un golpe. Antes el poder del emperador era incontrolado; hoy día la "democracia" moderna (representativa, por cierto, de la directa no se habla) va ganando espacio. Pero ¿quién controla hoy a los mega-bancos globales, verdaderos dictadores omnipotentes de la escena mundial, que pueden decretar el hambre de millones y millones de seres humanos con una decisión desde un lujoso pent house? Hoy existen otros códigos, hay otra cosmovisión en relación a las culturas de hace 500, 1.000 o 10.000 años atrás. Hay mayores resguardos para la vida humana, para nuestro entorno. Tiempo atrás era inconcebible preocuparse por el deterioro de nuestra casa común: el planeta, simplemente porque la tecnología no era tan dañina. Hoy, hacerlo, es una cuestión de vida o muerte como especie. Ahora existen seguros de salud, de vida, seguros de desempleo, cobertura para la vejez, todos avances en términos humanos, innegablemente. Pero al mismo tiempo vemos códigos culturales que, sin la apología de la tecnología de la que hoy somos víctimas, no hubieran podido concebirse. Ha cambiado el valor de la vida. Las guerras históricamente la hacían los ejércitos combatiendo entre sí cuerpo a cuerpo; en la actualidad vivimos lo que los estrategas estadounidenses han llamado "guerras de cuarta generación", donde la población planetaria es objetivo militar por medio de sutiles manipulaciones mediático-psicológicas sin que siquiera lo sepan, y lo peor de todo: ¡hasta contentas! La violencia, en tal sentido, se ha ido incorporando como normalidad cotidiana.

En el mundo surgido de la era moderna, de la revolución industrial, de la cosmovisión capitalista en definitiva, importa más una máquina, un robot, un automóvil, que un ser humano. Explosión demográfica por medio -que hace cada vez más problemática la vida en este golpeado planeta, pues crece la población pero no la repartición equitativa de los recursos- el mundo que se fue forjando en el siglo XX (el capitalismo hiper desarrollado, digamos con más propiedad) ha generado nuevos valores, desconocidos tiempo atrás (panegírico de la tecnología, del consumo por el consumo mismo, del dinero), que en cierta forma desprecian el valor de la vida humana. Por eso, seguramente, se puede haber concebido (¡y usado!) armamento nuclear. Y nada asegura que no se vuelva a usar. De hecho, las hipótesis de conflicto de la gran superpotencia actual lo contemplan, aunque ello sea una locura en términos humanos. ¿Progresamos humanamente entonces? De ahí también la violencia gratuita que vemos crecer como epidemia -Rambo podría ser su payasesco arquetipo-; de ahí, pandillas juveniles que matan por diversión, consumo alocado de drogas, cultura cotidiana plasmada en mensajes audiovisuales (televisión, cine, videojuegos) que hacen del desprecio por la vida la norma obligada: se puede matar a alguien para robarle un reloj, se pueden dejar morir impasiblemente miles de de personas (Pearl Harbor, torres gemelas de Nueva York) para justificar proyectos de dominación. La vida humana pasa a ser una ecuación matemática más -por eso es posible clonarla-.

Avanzamos en la legislación universal (se comienza a aceptar el aborto, la eutanasia, los matrimonios homosexuales) al mismo tiempo que se fabrican -¡y utilizan!- bombas "inteligentes". En definitiva, eso somos los humanos: podemos avanzar a velocidades vertiginosas en los aspectos materiales, mientras que los progresos culturales -si los hay- son pasitos de hormigas.

Si se tuviera que dar una respuesta sintética -sí o no- a la pregunta sobre el crecimiento de la violencia, habría que decir que actualmente -era cibernética, era post moderna- se ha generado una nueva forma de la misma. La actual violencia de las megápolis se muestra inaudita; esto es cierto, sin dudas, pero debe reconocerse que esos "monstruos" poblacionales son un elemento nuevo en la historia. Por lo que se podría concluir que somos tan violentos como los imperios de la antigüedad clásica, como cualquier cultura que realizaba sacrificios humanos o como la inquisición medieval, con el agravante que tenemos 1) más capacidad técnica y 2) una nueva forma de desprecio por la vida.

Lo que sí ha crecido, caído el bloque socialista soviético y con un neoliberalismo triunfante, es la injusticia, que no es sino una forma de la violencia. Por último, preguntarse en términos comparativos si somos ahora más o menos violentos que en el pasado, puede ser ocioso, irrelevante; lo importante es ver qué nuevas formas de violencia se han generado y qué hacer al respecto. Hablar de "cultura de paz" mientras se acumulan arsenales termonucleares puede ser un contrasentido. Si tiene sentido hacerse preguntas es para buscarle salida a los cuellos de botella. Y la violencia es un desafío siempre abierto que nos convoca a pensar.

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Elección en Estados Unidos y las restricciones de la globalización para gobernar

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Estados Unidos es la nación que lidera en la implantación del ajuste estructural a las economías.

Como fenómeno e instrumento, este ajuste se concibe como generador de estabilidad para cumplir con la lógica elemental del sistema que es la búsqueda de la mayor tasa de ganancia.

Este ajuste estructural, recordemos, se expresa a través de tres mandatos centrales: privatización, como instrumento de aplicación permanente especialmente aplicado a servicios y recursos estratégicos para la revalorización del capital; desregulación y reducción del rol del estado como generador de igualdades; y apertura indiscriminada de mercados, muchas veces pasando por encima de normas de derechos (trabajo infantil por ejemplo y ambientales (contaminantes, deforestación). Se aplica en una década paradigmática como la de 1980.

A partir de allí, la “rueda de la fortuna” en política no se determina desde un estado o una comunidad y lo que puedan hacer los que acceden a su poder. Los que puedan hacer algo lo hacen desde la perspectiva del capitalismo global.

Hoy, la transacción esencial es con el pulso de las transnacionales y el mercado internacional. Lo vemos en la crisis en Siria, una guerra típica de las transnacionales.

En Estados Unidos no es diferente. El tema de toda elección al final debería ser el evaluar – en este caso el elector – quién tiene la mejor posibilidad de aplicar determinada política pública que responda a las demandas de la gente.

En esto ha consistido supuestamente el ejercicio de elegir representantes. Lo que no significa que todos tengamos tan claro lo que es una política pública y hasta qué punto son aplicables con la presencia y más bien, dominación tan aplastante del gran dinero en la concepción y aplicación de esas políticas.

El presidente Barack Obama que aspira a la reelección ha sido vehementemente acusado de promover el socialismo en Estados Unidos y se ha visto en la necesidad de reiterar en sus discursos que es partidario del libre mercado y la libre competencia.

Esto que parece absurdo, al no existir un modelo socialista que sirva como referente menos para Estados Unidos, es todavía más cuando en esta nación se ha impuesto una larguísima trayectoria de conservadurismo en las políticas económicas y sociales.

Desde Enero de 1969 con la asunción de Richard Nixon, hasta 2012, es casi medio siglo período en el cual las políticas públicas han estado dominadas por una visión conservadora y de contención del rol del estado en la gestión del país. Curiosamente los grandes consorcios industriales que forman el poderío económico de Estados Unidos, General Motors, y todo el grupo que adopta ese término genérico de “General”( Electric, Mills, y así…) fueron efectivamente los propietarios del gran capital “más pro estado”, por decirlo de una forma.

En la últimas tres décadas esa ecuación se ha revertido en donde aparece el capital financiero dominando no solo la escena económica sino la política. Es así que las políticas públicas virtualmente están dependiendo de lo que se decida en el sector de la gestión financiera. Es el reinado de los paradigmáticos “hedge funds”, la inversión a futuro, la reingeniería financiera, y toda la rentabilidad que genere el mejor funcionamiento del mercado del dinero más que la rentabilidad de los sectores productivos que han definido el capitalismo clásico.

El capital financiero claramente ha ejercido un predominio por sobre la políticas económicas y públicas que es donde se gesta el equilibrio social. Desde los cinco años de Nixon y su reemplazante Gerald Ford, vinieron ocho años de Ronald Reagan, -que implanta el ajuste estructural a la economía como modelo -, y doce años de Bush padre e hijo. Han sido administraciones con una marcada tendencia a consolidar lo que impone Reagan y que vemos hoy: la concentración y centralización del capital, con un ascenso marcado del dominio del capital financiero. El reformismo al ajuste le duró a Bill Clinton un período y Barack Obama ha enfrentado una cerrada oposición conservadora para hacerle modificaciones inclusive moderadas al ajuste.

El panorama de evidente desigualdad generado por el actual sistema en todos los niveles, ha dejado una estela de resentimiento popular que al final no se dirige hacia los que sostienen estas políticas desde la plataforma del capital, sino que hacia la incapacidad de los gobiernos o de los políticos para revertirlo. Es así que ante tanta impopularidad respecto a las instituciones, la población tiende a los males menores, al conservadurismo, traduciendo esa actitud en un concepto político cada vez más inocuo y vacío como es el de centro político.

Es de reconocimiento generalizado que todo el sistema político incluyendo al estado, está vinculado al gran capital, al gran dinero. Son las condicionantes de la globalización y que dejan muy poco espacio de maniobra para las políticas públicas, que se supone, estarían orientadas a poner los términos de referencia de cada polo de poder en la balanza del bien público. Si a eso se le llama centro, sería tiempo de que los políticos que usan el término lo digan sin ambages frente a la población.

Mientras este capitalismo global implantado hace tres décadas continúe desplazándose con la fuerza observada al comienzo de este milenio, será muy difícil que las políticas públicas puedan competir en igualdad de condiciones con las determinantes del gran capital.

Obama no es de izquierda, tal vez, pero en comparación con el irresoluto y cambiante Romney, tampoco es de centro. Y el centrismo de éste no es más que otra de sus galimatías a las que acostumbra en sus discursos.

Aun prevaleciendo el pulso conservador de la gente en tiempos de aguda crisis, no hay vuelta que darle. Con un manager como Barack Obama la Sociedad en mayúsculas, corre menos riesgo que con un gestor de finanzas que reduce el espectro de la política y la vida a los negocios.

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Colombia: La gallera nacional y el proceso de paz

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Nada bien le ha hecho al proceso de paz de Colombia, la afirmación pública del conservador pastranista Álvaro Leiva Durán, de que “la paz con la FARC depende más de Chávez que de Santos” (12.10.2012).

Porque, fuera de ser una afirmación absolutamente subjetiva y para nada objetiva, o que corresponda a la realidad política actual en la llamada región Andina; al haber eliminado de tajo la complejidad que tiene el nudo de contradicciones, tanto internas como externas, conjugadas en la actual coyuntura de Colombia, uniendo arbitrariamente tan solo dos aspectos de ella (Chávez y proceso de paz) para otorgarle al presidente de Venezuela, el poder de decidir sobre el destino de Colombia como si fuese un dios omnipotente; ha desviado la mirada de la verdadera y única fuerza externa que tiene poder decisorio en la paz de Colombia: los EEUU. Y a su vez, le ha quitado capacidad decisoria y responsabilidad futura al presidente de Colombia JM Santos. Ha colocado a la dirección de las FARC-EP a nivel de marionetas de cualquier poder Internacional. Y ha esfumando la gran movilización popular por la Solución Política y la paz, que actualmente camina por calles y carreteras de Colombia.

Pero además, ha evaporado del análisis todos los países de la región agrupados en UNASUR, a México, al grupo del Caribe, y en fin, a toda la “Comunidad Internacional” , que tienen indudables intereses en que el llamado conflicto colombiano termine para que Colombia se enrute hacia una paz con justicia social.

Como es un argumento escolástico, que resuelve la situaciones desde fuera (deus ex machina) inmediatamente ha sido tomado por el terratenientismo Uribista y demás Militaristas, enemigos del actual proceso de paz de Colombia, para apuntalar su ofensiva política hacia la retoma del Poder y derrotar al adversario en la reelección presidencial JM Santos, apostándole al fracaso de dicho proceso de paz.

Una columna editorial del periódico El Tiempo de hoy, titulada “El futuro del partido de la U”, y firmada por el tan desconocido como malacaroso “politólogo” Mario López Castaño (¡qué apellidos tan colombianos!) analiza la “participación política” del presidente JM Santos (tranquilos que el procurador come callado) en la asamblea del llamado partido de gobierno, marcando con esta filigrana mental, la pauta para la ofensiva mediática de largo alcance puesta en marcha:

…” Es recomendable que, mientras se avance en las negociaciones en torno de la paz, se evite al máximo seguir atizando la hoguera de una división dentro del partido de la U, ya que al parecer el proceso de paz no iría más allá del primer semestre de 2013 sin que se registre el éxito esperado. Esta opinión personal se basa en las siguientes apreciaciones.

Las FARC llegaron al proceso de paz por iniciativa del presidente Chávez, quien utilizó esta bandera en función de su reelección, como en efecto así sucedió; desde luego que a este propósito contribuyeron los hermanos Castro de Cuba. Lo anterior deja entrever que las FARC en ningún momento buscaron las negociaciones, y tal vez lo que se produjo fue un engaño al presidente Santos en Cuba, días antes de la sexta Cumbre de las Américas. De lo anterior se desprende que el mismo Santos esté presionando la agilidad en las conversaciones.

Así las cosas, una vez producida la ruptura del proceso de paz -que es el motivo de fondo que ha enfrentado a los dos líderes de 'la U'-, quizás por el mismo Presidente, el discurrir político del partido de 'la U' tornaría a la normalidad, y así su continuidad en el poder, entre algunos propósitos de esta colectividad, podría darse por medio de la re-elección del presidente Santos.

Ahora, según las actividades de inteligencia, se ha conocido sobre una profunda fragilidad en la unidad de las FARC, toda vez que el Bloque Sur actúa independientemente del secretariado, y prueba de ello la constituye la ausencia de representatividad en la mesa de diálogos.

Para concluir, el pesimismo creado por el discurso guerrerista de Iván Márquez en la iniciación del proceso, atribuible a que no fue espontánea la aceptación del grupo armado para iniciarlo y el cual acusa falencias en su unidad, indica claramente que el proceso como tal está destinado a su ruptura por el mismo Gobierno. Entre más cercano esté el término de las negociaciones, el futuro de 'la U' se estará despejando y la consolidación de su unidad será una realidad con la presencia continua y sin obstáculos de sus dos grandes líderes.” http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mariolpezcastao/futuro-del-partido-de-la-u-mario-lopez-castano-columnista-el-tiempo-_12356936-4

Entonces, uno se puede preguntar ¿quienes y qué fuerzas políticas apoyan en el gobierno el proceso de paz iniciado; fuera de los representantes en la burocracia oficial del desacreditado partido Liberal al borde de cierre definitivo, de los burócratas del llamado partido Conservador, Cambio Radical y algunos cuantos parlamentarios beneficiarios de jugosos contratos oficiales?

Hoy el presidente JM Santos, en un ambiente de incertidumbre nacional e internacional, enfrenta la fase de las conversaciones en la Habana sin el apoyo político del partido de gobierno. Con un sabotaje tenaz anunciado públicamente por los obstinados enemigos de la paz liderados por Uribe Vélez. Y enviando señales adversas al mismo, como la aprobación del regresivo y cuestionado Fuero Militar, la reelección del desprestigiado fanático procurador Ordoñez, y en una atmósfera guerrerista aupada por la gran prensa adicta al régimen, con noticias desalentadoras del fuego cruzado mientras se dialoga, que de momento dejan 50 guerrilleros dados de baja, más de 15 militares ”asesinados”, con un numero indeterminado de heridos militares y civiles atribuidos a “un matrimonio ilegal entre las FARC y las Bacrim”

¡Cómo está de moda en el lenguaje mediático de Colombia el sexo y la muerte; los maridajes, amancebamientos, las traiciones carnales y la sangre de las puñadas traperas, para tratar de enervar y velar la incertidumbre sobre la paz de Colombia, surgida en la gallera nacional del partido de gobierno del presidente JM Santos.

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Argentina. Radio Sur: Al fondo están el Che y Tosco. Entrevista con el director de la emisora, Mariano Randazzo

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

Radio Sur (http://www.radiosur.org.ar/) se escucha en un tercio de la Ciudad de Buenos Aires, y su señal ingresa al cono urbano: potencialmente dos millones de auditores. FM 83.3 y en línea por Internet. Técnicamente es la emisora comunitaria de mayor poder y alcance de Argentina.

Su director es Mariano Ranzazzo. Desde los 15 años es comunicador social. Hoy cuenta 35, da clases en escuelas de periodismo, se desempeña en 6 programas, es profesional por oficio y talento, vocación y devorando la experiencia de sus mayores. Partió en una emisora de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires.

Ernesto Guevara y el mítico dirigente sindical Agustín Tosco (http://www.youtube.com/watch?v=dArXaLl1IYo&playnext=1&list=PL766BE646B401FAF9&feature=results_main) impregnan las instalaciones de la emisora.

El sábado 3 de noviembre RSur estuvo de aniversario. Mariano asegura que “Hace 4 años que nuestra principal causa es la libertad de expresión, y en este caso, la libertad de expresión a favor de quién y por quién.”

-¿De dónde salió Radio Sur?

“Somos parte del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), una organización social que lucha por la demanda habitacional. Nació el 2001 y se formó principalmente en la resistencia a los desalojos, casas tomadas, inquilinatos, la villa en situación de calle (en menor medida). Entonces el Estado ofreció bolsones de comida o planes sociales. Aquí, junto a otras organizaciones piqueteras, se formuló un proyecto para acceder a un crédito estatal para viviendas. En estos 4 años hemos difundido la experiencia del barrio, que es donde funciona nuestra emisora.”

-¿Cómo se desarrolló la lucha por la casa?

“Es un proyecto autogestionado cuyo préstamo se fue pagando y se lograron construir 326 viviendas a un costo de 16 millones de pesos, edificadas un tercio más baratas que cualquier inmobiliaria privada. Son casas de uno, dos y tres ambientes, que cuestan 60 mil dólares cada una y donde se paga mensualmente entre 50 y 80 dólares (236 a 378 pesos). Fue el primer plan aprobado y se encuentra en la zona sur de Buenos Aires, donde están los más pobres. En ese momento había muchas fábricas cerradas producto de la desocupación y se levantó el plan en un predio de dos hectáreas que pertenecía a Bunge y Born, una de las familias terratenientes dueñas del país. De hecho, el día en que se firmó la escritura entre el gobierno de la Ciudad, el MTL y Bunge y Born, estos últimos no aparecieron para no firmar por una cuestión de clase.”

-¿Qué había donde ahora está el barrio?

“En las dos hectáreas lo único que existía eran algunas casas y un tanque de agua de 50 metros (2004). Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma, y las obras fueron dirigidas por arquitectos que tienen una cátedra en la Universidad de Buenos Aires (UBA).”

-¿Cuáles eran los requisitos para acceder a una de esas viviendas?

“La ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires dice que una agrupación de desocupados, constituyéndose en cooperativa constructora, puede edificar viviendas. Los más necesitados fueron la prioridad. El 2006 se inauguraron las casas y el 2012 se escrituraron las primeras 100.”

-¿A nombre de quién están las viviendas y quiénes las habitan?

“Las casas las tienen legalmente las mujeres por el tema de la violencia familiar. Por tanto, asegurándole la casa a la compañera se le asegura a los hijos, independientemente de que las mujeres vivan con sus parejas. Aquí conviven ocho nacionalidades, el 80 % peruanos; uruguayos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, argentinos. Se trata de migrantes y trabajadores pobres. Está América Latina en el barrio.”

“NO NOS CIERRA NI EL INDIO MACHISTA, NI EL TRABAJADOR GOLPEADOR, NI EL PUTO RACISTA”

-En términos políticos, ¿qué aspectos relevas?

“Que se trata de un proyecto del campo popular, de cometido y solución de problemas concretos. Aquí la gente que no tenía casa, familias que vivían hacinadas en una habitación diminuta (padre, madre, muchos hijos, abuelos, tíos) y venían desde países limítrofes para tener qué comer, en 4 años pudieron criar a sus niños en una casa propia. De hecho, uno de los programas de RSur es Estilo Radio que conducen adolescentes del MTL, chicas que tienen recuerdos de haber crecido en situaciones muy duras y luego en un barrio lindo.”

-¿Y la radio?

“El 2006 se inauguró el barrio y se votó en una asamblea que había que tener una radio para que ayudara a construir el proyecto a nivel de las ideas, culturalmente, en la Ciudad. Para que no se quede únicamente en el barrio, para que vaya mucho más lejos.”

-¿Cuáles son los fundamentos del proyecto MTL puestos en práctica?

“La integralidad de nuestro proyecto tiene que ver con la triple dominación: de clase, de etnia, y de género. En consecuencia, luchamos contra el machismo, el capitalismo y el racismo en todas sus variantes. ¿Por qué? Porque todos las padecemos de una u otra manera. Y la disputa es permanente. Para nosotros el asunto no es ‘tomarse el cielo por asalto’, sino que construir el cielo todos los días. Lo cotidiano es revolucionario. Es decir, se practica en la cama, en la casa, en la plaza, en la organización. No nos cierra ni el indio machista, ni el trabajador golpeador, ni el puto racista.”

-Están tratando de crear relaciones sociales de una sociedad general que todavía no existe…

“Cohabitan dos situaciones. La anticipación de la sociedad que queremos construir, es decir, una sociedad solidaria, cooperativa, radicalmente democrática y con certezas. Y por otro lado, existe una tensión con el sistema dominante, entonces lo que hacemos contiene todas las contradicciones y problemas posibles.”

-¿Y cómo se expresa en Radio Sur?

“RSur plantea la comunicación libre y la unidad popular. ¿Qué comunicación libre? Los medios están organizados en públicos y privados. Los privados persiguen el lucro, mientras nuestro objetivo principal no es ganar dinero: eso nos resulta digno y allí están los profesionales más destacados. Ahora, entre los medios públicos están los estatales y gubernamentales. Y existen los medios públicos no gubernamentales. Ahí está RSur. Nuestro fin es propalar el anticapitalismo y hablarle a los no convencidos; esto es, tiene fines estratégicos.”

-¿Y la programación? Porque hay muchas radios comunitarias que terminan repitiendo a las comerciales…

“RSur viene de las radios comunitarias. Hay una historicidad al respecto. Por eso analizamos este asunto y concluimos que no queremos equivocarnos en lo mismo. Nos sentimos continuidad de un proyecto previo. Cuando me invitó Carlos Chile (http://www.argenpress.info/2012/04/en-argentina-la-mafia-es-directamente.html) a una radio barrial, no me interesaba. Entonces me replico que se trataba de una emisora de izquierda, pero no para convencidos. Espectacular. ¿Qué tienen?, le pregunté y me contestó que una licencia y un equipo de 10 kilos.”

-¿Cuáles son las condiciones para llegar a la calidad de Radio Sur?

“La misma altura entre el proyecto técnico, el comunicacional (lo que sale al aire), y el político. Ese fue el desafío. Actualmente RSur cuenta con tres grupos: uno de profesionales que al mismo tiempo trabajan en medios sistémicos (en los medios capitalistas siempre laboras para intereses de otros. Por eso los medios comunitarios son los únicos donde eres realmente libre); otro grupo es el de estudiantes de comunicación cuyo primer trabajo es en RSur; y el tercer grupo lo componen militantes del campo popular de todas las corrientes que entienden la importancia de la batalla cultural. Yo trabajo en emisoras estatales, privadas y milito en RSur. Por otra parte, permanentemente hacemos capacitación. Nuestra primer meta fue darle la voz a los sin voz, es decir, yo te doy el micrófono para que tú digas lo que necesitas decir. Ahora estamos en una fase donde queremos que el pueblo hable, tomando el micrófono él mismo.”

-¿Cuál es la composición social que realiza RSur?

“Desde sectores medios porteños hasta migrantes ilegales.”

POR EMISORAS AUTÓNOMAS

-¿Qué opinión tienes de la ley de medios?

“La militábamos antes de que se propusiera. Participamos cuando se discutió. Naturalmente, peleamos por la mejor ley posible. Cuando se aprobó la ley, luchamos para su aplicación. Lo cierto es que a tres años de promulgada la ley, demuestra ser más oficialista que otra cosa. Lo prueba que se ha aplicado sólo a los medios comunitarios afines al gobierno. Al resto, nada. No tenemos apoyo ni del gobierno nacional ni el de la Ciudad. Carecemos de la publicidad oficial que nos corresponde. En fin, no le pedimos nada al Estado y nuestro posición es la creación de emisoras autónomas”.

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Entrevista a Daniel Jorajuría: "La única política que seguimos viendo del Gobierno es el ataque al bolsillo de los trabajadores"

Inés Hayes (ACTA)

En diálogo con ACTA, el secretario gremial de la Central, Daniel Jorajuría, resume y detalla las razones por las que se está construyendo una huelga general, en conjunto con la CGT y otras organizaciones sociales y políticas, para fines de noviembre.

¿Cuáles son las razones para la construcción de la huelga general de noviembre?

Las demandas actuales tienen que ver con consignas que ya teníamos, que son el aumento del salario mínimo, la unificación del cobro de las asignaciones familiares y la eliminación de los topes para cobrarlas, la eliminación del impuesto a las ganancias, la recuperación de la plata de las Obras Sociales, el intento de la Resolución 1200 del mes pasado por la que se le quitaba la ayuda a los discapacitados y que logramos frenarla. También hay algunas cuestiones que se han agravado, como el ataque para desalojar la Isla Demarchi que ahora avanza con un acuerdo del Frente para la Victoria y el PRO, el pacto que hicieron para aprobar la Ley del Riesgo del Trabajo.

Por todas estas razones y como no se da respuesta a nuestras demandas, hemos ampliado el espectro de unidad de acción y vamos rumbo a esta huelga general. Tiene que ver con demandas generales y políticas, como la aprobación del presupuesto que te condiciona porque contempla una inflación del 10%, además de que la inflación no ha bajado. Ese tema de la inflación es espeluznante y todavía no está instalado con la fuerza que debería, pero en la mayoría de los productos supera ampliamente el 30%. Es decir, siguen pendientes las mismas cuestiones.

¿Cómo se está avanzando a nivel nacional con la unidad en la acción?

Después del 10 y de ese gran paro con movilización con Moyano, la situación se ha agravado porque además ahora nos atacan con pactos como el del FpV y el PRO en la aprobación de la Ley de Riesgos del Trabajo, ley pedida hace muchos años por la Unión Industrial que ahora vienen a concretar de la mano de la derecha y de Macri, como con el desalojo de la Isla Demarchi. Y la única política que seguimos viendo de parte del gobierno es el ataque al bolsillo de los trabajadores. No hacen nada por frenar una inflación que hoy supera el 25%, que sigue sin dar respuesta a la demanda de aumentar los topes para el cobro de las asignaciones familiares, los montos de los trabajadores del Sector privado y el sector estatal, el impuesto al salario a todos los trabajadores convencionados, la retención de la plata de los aportes de las Obras Sociales que es de los trabajadores y no de los dirigentes.

Con respecto a la unidad de acción era un proceso que ya se venía dando en más de cinco o seis provincias donde la CTA que conduce Pablo Micheli con la CGT de Moyano, venían realizando acciones y demandas en conjunto. No nos olvidemos que la política de este gobierno ha sido tercerizar el ajuste a través de las provincias y es allí donde hoy está apretando la crisis y hacia donde va el ajuste.

Con respecto a las dudas que puede haber, -porque hoy se sigue construyendo más fuerza y hay otras centrales como la Azul y Blanca que también adhieren a nuestras reivindicaciones-, a los compañeros hay que decirles que hay que estar tranquilos, porque estamos haciendo unidad de acción por las iniciativas y las reivindicaciones de los trabajadores que planteamos desde la CTA. En eso absoluta tranquilidad que no estamos haciendo ninguna unidad política para ningún proyecto político de ningún dirigente. Lo que nos une es la necesidad de juntar la fuerza necesaria para quebrar los ajustes y lograr las reivindicaciones de los trabajadores que hemos planteado desde la CTA.

También quería preguntarte sobre las incorporaciones de sindicatos nuevos, como el del calzado de Catamarca, ¿cuáles han sido las últimas?

Tenemos un encuentro el fin de semana del viernes 9, en el que ya quedará conformada la Federación de Trabajadores de la Educación con todos los gremios del ramo que han adherido y se han constituido, lo que representa un hecho político muy importante.

La constitución del Sindicato de Obreros y Empleados del Cuero y el Calzado de Catamarca (SOECCC-CTA) en aquella asamblea de más de 200 compañeros que hoy están realizando medidas en defensa de los derechos de los trabajadores en esa provincia. Los trabajadores de la fruta en Orán, Salta, los remiseros de Santa Fe y Salta. La demanda de organización sigue siendo muy fuerte, lo que demuestra el crecimiento constante de la CTA.

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El destape Pro-K

Fernando Herrera (INFOSUR)

Las últimas sesiones en diputados y en la legislatura porteña desnudaron el pacto: cristinismo y macrismo se pelean frente a las cámaras, pero por atrás lo negocian todo.

El simulacro de enfrentamientos y agravios se convierte en relaciones carnales cuando suculentos negocios están en juego, y el Frente para la Victoria y el PRO confluyen sin mayores problemas ni escrúpulos, desandando el camino de presunta coherencia ideológica que tratan de venderle a la sociedad a través de antagonismos que pretenden instalar, como teoriza Ernesto Laclau, un nuevo bipartidismo en la Argentina. Desde la city londinense, el académico de apetencias modernizadoras promueve la conformación de un nuevo sistema político con el macrismo a centro-derecha y el kirchnerismo a centro-izquierda, sin matices ni alternativas, los cual significaría la consolidación definitiva del modelo neocolonial de saqueo que, con matices y diferencias de forma, ambos sectores comparten a rajatabla.

Las últimas sesiones desnudaron el pacto: el miércoles 24 de octubre, el kirchnerismo y el macrismo votaron juntos la reforma de la ley de las ART, toda una afrenta a los derechos de los trabajadores. Desde ambas bancadas se argumentó la necesidad de simplificar la legislación sobre riesgos de trabajo, mientras las masivas movilizaciones alrededor del Congreso expresaban todo lo contrario. Por el PRO, Federico Pinedo señaló la pertinencia de la nueva ley, lo cual despertó aplausos irónicos entre diputados opositores. Agustín Rossi, por su parte, manifestó, con la grandilocuencia épica que caracteriza al cristinismo, las bondades de una ley que el Bloque Proyecto Sur señaló como absolutamente regresiva e injusta para los trabajadores.

Una semana después, todo siguió su curso: el PRO dio quórum en la sesión donde se aprobó el voto optativo a partir de los 16 años, y de no haber sido por los exabruptos del ultramontano “Cuervo” Larroque, que provocaron el éxodo de la oposición, el bloque macrista hubiera apoyado mayoritariamente dicha norma, falaz en tanto se propone, en lo meramente formal, extender derechos a quienes en la vida real son privados de ellos por un Gobierno incapaz de resolver el profundo desamparo educativo, económico, cultural y de seguridad social que padece la mayoría de los jóvenes argentinos.

Pero fue en la legislatura porteña donde con más descaro se articuló el “Frente Único” entre el PRO y el FPV: allí pactaron la aprobación de once leyes-negocio que van a contramano de los intereses de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. El comunicado de los bloques opositores a los dos gobiernos, Proyecto Sur entre ellos, es claro: la alianza PRO-K, señala, “vendió el Edificio del Plata para la construcción del Centro Cívico en el Borda (el artículo 3º lo indica expresamente); aprobó un endeudamiento por 300 millones de dólares para obras en el arroyo Vega sin tener ni siquiera licitada la obra -de hecho el proyecto de ley fue presentado ayer horas antes de la sesión-; cedió por 30 años 37 has. del Parque Roca para la construcción y posterior administración de un playón de carga y descarga, un negocio a dedo sin ningún tipo de contraprestación para la Ciudad; y permitió la creación del Distrito de las Artes en la Boca, un proyecto fuertemente resistido por las organizaciones sociales, culturales y artísticas.”

Como si esto fuera poco, en la misma operación se entregaron “cinco terrenos del ferrocarril de los barrios de Pompeya, Parque Patricios, Palermo, Caballito y Liniers para la especulación inmobiliaria que se oculta detrás del programa Procrear. Y se habilitó el proyecto de Santa María del Buen Aire para la construcción de un mega proyecto inmobiliario en la Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, impulsado por IRSA, y que se aprobará el jueves 15 de noviembre.”

Todo esto ocurre ahora, pero los antecedentes son variados y siempre en línea con las coincidencias PRO-K en torno al modelo de dependencia y al extractivismo agro-minero-exportador: ambos aceptan y promueven la megaminería a cielo abierto con sustancias tóxicas, los negocios con Monsanto, la extensión de la frontera agropecuaria, la privatización de los hidrocarburos, el pago de la deuda ilegítima, la penetración de las transnacionales, el desguace del transporte ferroviario y del subte… El suma, la inserción global de nuestro país como un mero apéndice o factoría de las grandes potencias, haciendo caso omiso del proyecto estratégico y emancipador que nuestro país necesita para ser su propio centro. Al fondo, como símbolo mayor de este matrimonio impúdico, está la sombra de Franco Macri, negociador del Gobierno Nacional en China, que, como dato puntual, recibirá suculentas comisiones -en torno a 500 millones de dólares- por la compra irracional de 10 mil millones de dólares de material ferroviario que el Gobierno Nacional le ha adquirido a la República Popular asiática.

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Argentina, Multinacionales petroleras: Por un pago equivalente a un mes y medio de producción se quedan hasta el 2027 con el gas y petróleo de Salta

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

El diputado provincial por el Partido Obrero Claudio Del Plá luego de participar en una reunión con el Ministro de la Producción, donde el legislador Formuló un conjunto de preguntas sobre la prorroga del contrato de concesión del área Aguaragúe a Techint ,Petrobras e YPF, afirmo a la prensa que “El gobierno otorgó una prórroga de la concesión de la tercera área petrolera de la provincia por volumen de producción, 5 años antes del vencimiento y hasta el año 2027. Se completa así la extensión de los contratos de los yacimientos más importantes ya iniciada en 2008-09 con Ramos y Acambuco”.

“Se trata del yacimiento Aguaragüe que es operado desde el 92 por Tecpetrol (techint) asociado con Petrobras y Ledesma. La participación de YPF es del 30 % (recordamos que el estado solo es dueño de la mitad de ese porcentaje).En manos de estas empresas se ha ido cayendo la producción pero ha sido mas grave aún la caída de las reservas, reducidas a la mínima expresión por la ausencia de inversiones”. Afirmo Del Plá, agregando “Con la prórroga, las empresas obtienen de inmediato un beneficio financiero al asegurarse la producción a futuro. La experiencia de todas las provincias demuestra que la extensión de los contratos no trae siquiera una reactivación efectiva de la producción y la exploración”.

Las “novedades” del nuevo contrato

Para el diputado Claudio Del Plá “Un mes y medio de la producción ya alcanza para pagar los miserables 6 millones de dólares que la provincia recibió como canon por la prórroga.-Un plus del 3% en regalías que se acordó, sigue siendo muy bajo si se lo compara con Bolivia o Perú en donde las petroleras pagan mas del triple y el doble, respectivamente por este concepto. Los compromisos de la operadora no van más allá de la perforación de tres nuevos pozos pero sobre el área ya explorada, lo que en el mejor de los casos aumentaría producción pero no reservas y crearía escasos puestos de trabajo”.

“Con la expropiación de Repsol solo ha procedido a una reprivatización de la petrolera, ahora a favor de capitales norteamericanos o de los mismos socios que parasitaron durante años las inversiones realizadas por la vieja YPF”. Señaló Del Plá

“Nuestra política es la nacionalización integral bajo control obrero, de todos los recursos hidrocarburíferos, para que la renta que estos generan permita dar una salida a los problemas del pueblo de Salta. Mientras tanto, las petroleras deben ser obligadas a aumentar las regalías, pagar tasas municipales y hacer una contribución obligatoria, para constituir un verdadero fondo de reparación histórica, como el que plantearon en su momento las asambleas de trabajadores desocupados en el departamento San Martín”.- Cocluyó el Legislador del Partido Obrero

Acción y Teoría

Mientras el legislador del Partido Obrero polemiza políticamente sobre la cuestionada prolongación de las concesiones a petroleras multinacionales, en la vera de la ruta nacional 34 en la ciudad petrolera de Gral. Mosconi, el reconocido dirigente social, y ambientalista José “Pepino” Fernández, histórico defensor del patrimonio nacional, y de derechos humanos, junto a desocupados agrupados en la Unión de Trabajadores Desocupados de esta ciudad, y a ex trabajadores de la histórica estatal Y.P.F, se encuentran apostados denunciando que el estado nacional y provincial los excluye, marginándolos en la explotación y búsqueda de hidrocarburos, beneficiando a multinacionales y a empresas locales con juicios por delitos de lesa humanidad, como Ledesma, con la prolongación las concesiones de las áreas hidrocarburíferos en la provincia de Salta.

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Argentina: Ex empleados YPF hoy desocupados piden al gobierno nacional y provincial participar de campaña de exploración de petróleo y gas en Salta

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Los ex empleados de la histórica YPF hoy desocupados se encuentran a la vera de la ruta nacional 34, junto a pobladores agrupados en la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, que acompañan la protesta, que inclusión social en la el Departamento San Martin, uno de los más ricos en recursos naturales pero el más desprotegido, con los mayores índices de desnutrición y pobreza de Salta.

Los ex empleados de la histórica YPF y los desocupados de la Unión de Trabajadores Desocupados, solicitan al estado nacional y provincial en un petitorio “La inmediata explotación de los pozos marginales, como la perforación de un pozo de exploración profundo de estudio, hasta encontrar las napas productoras de gas y petróleo a los 5000 metros en las áreas y los yacimientos del territorio de general Mosconi, departamento San Martín, provincia de Salta”.

También piden “Comenzar con una campaña de exploración en forma intensiva, (de estudio de superficie o sísmica y del subsuelo para pozos profundos), para descubrir nuevas cuencas que aumenten la producción de petróleo y gas que, en los items a, b, y c se tenga la plena participación local que permitan de una buena vez, nuestro despegue económico, (empresas, comercio, servicios, profesionales y obreros locales en un 100%)”.

La inmediata aplicación “del decreto 2136/74: el cual decía que el agente de YPF al cumplir 50 años de edad por trabajar en tareas riesgosas, insalubres y, penosas, se jubilaría automáticamente”.

Para los ex empleados de la histórica YPF, y los desocupados de la U.T.D “con la nefasta entrega del país por parte del gobierno de Menem en el año 1990, éramos jóvenes para jubilarnos pero, viejos para trabajar como así también, durante estos veinte años que están quedando en total desamparo viudas y huérfanos por la falta total de todos estos compañeros, sin obra social, sin sueldos y sin haber cobrado el 10% que YPF todavía nos adeuda como decía la ley 17.319 cada vez que se cierre el yacimiento, el pago debe ser automático. Mas los dividendos que durante todos estos años ha enriquecido a las multinacionales, (Repsol). Esto ha generado una gran injusticia que se debe solucionar urgentemente, damos el ejemplo de algunos compañeros que se han podido jubilar pero con un sueldo de miseria, comparado con los compañeros de los yacimiento del sur”.

Por ello “solicitamos la urgente puesta en marcha de una verdadera reparación histórica que se le debe al pueblo de General Mosconi, por todo lo que le aporto al país pero, no la burla que hizo el gobierno provincial de Salta con 40 millones de pesos para Mosconi de un total de 1.000 millones conseguidos con el lanzamiento de bonos garantizados con las regalías petrogasiferas que nuestro pueblo brinda y de lo cual no recibe lo que le corresponde. Esto implica la exigencia de bajadas de obras de infraestructura para el desarrollo en un futuro cercano pero también hasta tanto eso ocurra, se deberán bajar programas de la nación para el pueblo de Gral. Mosconi de los ministerios nacionales de: trabajo, desarrollo social, planificación federal e infraestructura, educación, salud y del interior”. Dice finalmente el petitorio enviado a la Agencia de Noticias COPENOA.



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La goleada del capital

Carlos del Frade (APE)

El peronismo le dio una vuelta a la historia argentina.

Desarrollo del mercado interno, legislación obrera, nacionalización de las exportaciones y los depósitos bancarios, voto de las mujeres y rol del estado a favor de los sectores mayoritarios, especialmente hacia la niñez.

“En la Argentina de Evita y Perón los únicos privilegiados son los niños”, sostuvo durante décadas la propaganda, la mitología y la resistencia de todos aquellos que estaban enamorados de una experiencia política que por primera vez repartió riquezas en el país enorme manejado por pocos.

La frase rompió los diques y se hizo una consigna del pueblo, peronista y no peronista. Que los pibes sean los únicos privilegiados era una bandera del siglo veinte en la que se coincidía.

La otra forma que tuvo el peronismo para gambetear censuras y persecuciones fue la memoria colectiva enancada en los versos de su contagiosa marcha partidaria.

Los acordes iniciales, la firme voz de Hugo del Carril y su letra atravesaron geografías y dictaduras.

“Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital…”, decían sus versos iniciales, los que van buscando los brazos alzados y rebeldes hacia el cielo, esas palabras que levantan la voz desde las entrañas al son de la marchita.

Perón, entonces, conquistó a la gran masa del pueblo combatiendo al capital.

El peronismo sigue vivo más por estas consignas y estrofas que por el estudio profundo de sus distintas etapas.

Los únicos privilegiados y combatiendo el capital.

Sujeto de la historia y construcción del poder popular.

Los pibes y la pelea contra los poderosos.

En la Argentina del presente, a doscientos años de la invención de la bandera, el peronismo gobierna bajo otra de sus tantas representaciones temporales. El kirchnerismo, aunque refractario de los viejos símbolos partidarios, es otra etapa del movimiento fundado por el General.

En sus acostumbrados discursos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, suele hacer gala de la tercera posición al hablar de la integración entre sectores privados y estado al mismo tiempo que utiliza palabras como nación y pueblo.

En esos monólogos, la titular del Ejecutivo nacional tampoco oculta su visión sobre los efectos de su política económica: los que más ganaron son las grandes empresas y los bancos. No lo dijo una vez, sino varias veces desde 2008 al presente.

Y ésa es partitura del nuevo peronismo del tercer milenio: ganan más lo poderosos y hay algo para las mayorías.

Por eso no debe cantarse la marchita, porque ha quedado muy viejo y fuera de moda aquello de combatir al capital.

Y también es preciso decir que en cada presupuesto nacional enviada al Congreso, surge la dimensión real que tienen las niñas y los niños en “la realidad efectiva” (siguiendo la letra de la marchita) en la política del kirchnerismo.

De acuerdo a los números del presupuesto 2013, cuando se cumplan doscientos años de la asamblea que soñó con terminar con la esclavitud de forma definitiva en estos arrabales del mundo, en concepto de subsidios, promociones industrias y exenciones, las grandes empresas, las que facturan miles de pesos por minuto, recibirán alrededor de 75 mil millones de pesos.

Por otro lado, el monto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo es de 12 mil millones de pesos.

Es decir que el gran capital vale seis veces más que los pibes.

En términos futboleros, las grandes empresas 6, las chicas y los chicos, 1.

Una clara demostración de que en la Argentina del tercer milenio, una vez más, los únicos privilegiados son los poderosos y que, hace rato, nadie parece combatir al capital.

Fuentes de datos: Diarios nacionales y presupuesto 2013.

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El Perfil de la precarización

Daniel Klocker (ACTA)

Los masivos despidos de trabajadores de prensa en la editorial Perfil de Jorge Fontevecchia, en su mayoría reporteros gráficos o relacionados con el tratamiento de imágenes, son una expresión elocuente de cómo las grandes empresas, excusándose en la aplicación de “nuevas tecnologías”, apuntan a reducir costos, dejando compañeros sin trabajo y precarizando a los que quedan.

El Primer Congreso de Trabajadores de Prensa y Comunicación de Córdoba se realizó en 1984 en la ciudad de Río Cuarto y el afiche convocante era un dibujo del humorista gráfico Jericles ejemplificando una precarización laboral en ciernes.

Han pasado casi treinta años de aquel Congreso y el proceso de precarización del trabajador de prensa continúa profundizándose. Tal es el caso de los grandes medios de comunicación de la ciudad de Córdoba (Grupo Clarín y Cadena 3), como en el interior de la provincia donde, con otros matices, los compañeros también sufren este flagelo.

El despido en la editorial Perfil de veintiún trabajadores, diez de los cuales eran reporteros gráficos y otros relacionados con tareas vinculadas con la imagen, es una prueba elocuente de que -con la excusa de “las nuevas tecnologías”- las patronales quieren reducir su planta de personal, y por lo tanto, abaratar costos.

En ese sentido, el presidente de ARGRA, Raúl Ferrari le dijo a PRENSARED.org: “muchas empresas quieren imponer el falso discurso del “periodista multimedia”, es decir que el trabajador de prensa escriba y saque fotografías, lo cual es inadmisible. No podemos permitir ese avasallamiento de roles específicos”.

Y Ferrari está en lo cierto cuando señala la figura del “periodista multimedia”, brutal método precarizador puesto en práctica hace ya bastante tiempo, especialmente con los trabajadores de prensa recién sumados al oficio aunque también con quienes tienen muchos años en la actividad.

En la prensa gráfica de Córdoba, lamentablemente es habitual que el periodista, además de tener que hacer la nota deba también tomar fotografías, todo por el mismo precio, con el agravante de que, en muchos casos, los compañeros se autoprecarizan, creyendo que sus jefes les reconocerán de alguna manera el “doble trabajo” realizado. Nada más alejado de la realidad.

Esta imagen del periodista escribiendo y tomando fotografías es común en ocasión de coberturas de eventos en el exterior, como ser mundiales de Fútbol y de Básquet, Olimpíadas y Juegos Panamericanos u otros eventos de otra naturaleza, a donde a las empresas, salvo en casos muy excepcionales, ni se les cruzó por la cabeza enviar reporteros gráficos.

En las radios, que tienen página web, también se replica esta precarización porque el periodista, además de tener que salir al aire para informar, también debe tomar fotografías y enviarlas para ser publicadas en el sitio respectivo, algo similar sucede en los canales de televisión.

Las nuevas tecnologías deben ser herramientas para prestar un servicio periodístico de excelencia, y no ser una excusa para apelar a despidos arbitrarios y exigencias de tareas no contempladas en el Estatuto del Periodista Profesional, Ley 12.908 y en el Convenio Colectivo de Prensa, porque definitivamente es ilegal que las empresas requieran a los periodistas tareas que no son inherentes a su oficio.

Precisamente, hoy el desafío es reconocernos como trabajadores.

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Casación Penal absolvió a un desocupado que había sido condenado por intentar hurtar dos trozos de carne

CIJ

Lo resolvió la Sala II. El tribunal consagró la “doctrina de la insignificancia” y cuestionó el dispendio jurisdiccional. En el caso, un hombre había sido sentenciado por tentativa de hurto en un supermercado de dos piezas de carne de un valor de 27 pesos.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la doctora Ángela Ester Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa resolvió por unanimidad, hacer lugar a un recurso de casación deducido por la Defensa Pública Oficial en favor de H.H.G. contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional número. 6 que lo había condenado a quince días de prisión en suspenso por haber intentado apoderarse de dos piezas de carne tipo palomita del interior del Supermercado Día, ubicado en Av. Cabildo 4265 de esta ciudad el 18 de julio de 2008, a las 13:30 horas aproximadamente, calificando la conducta como hurto en grado de tentativa.

El Máximo Tribunal penal del país consideró que la afectación al bien jurídico fue ínfima y puntualizó que en el caso se encontraban en juego los principios de lesividad y proporcionalidad, cuya aplicación debe ser directa. Ello significa que un Estado de Derecho de bases republicanas debe limitar el uso de la violencia estatal sólo a aquellos supuestos en que se produzca una lesión al bien jurídico que sea relevante para la víctima, lo cual excluye los daños insignificantes.

En el fallo se aludió a la ilegitimidad de la cultura inquisitiva, pues tanto desde el punto de vista sustancial como desde el procesal, el sistema se mostró incapaz de aplicar criterios de mínima intervención y proporcionalidad; de atender adecuadamente al interés concreto de las víctimas y de distribuir racionalmente la carga de trabajo.

La doctora Ledesma -que lideró el acuerdo- consideró que la forma en que tramitó la causa, al igual que tantas otras que ingresan en el Tribunal, demuestran que quinientos años de cultura inquisitiva, forjaron un sistema de justicia burocrático, rígido, secreto, lento, ineficiente y extremadamente injusto que opera sin satisfacer ningún interés legítimo.

La magistrada subrayó que en esta causa transcurrieron cuatro años desde el hecho, intervinieron 11 jueces, 4 fiscales, 5 defensores y más de 8 funcionarios (sin contar los innumerables empleados) para que se dicte la condena de un hombre que en su defensa dijo que “necesitaba llevarse la carne porque no tenía para comer y su hijo hacía tres días que no comía”.

En su voto, además indicó que el sistema no ofrece respuestas diferenciadas de acuerdo a la problemática concreta del caso, sino que aplica automáticamente la violencia estatal frente al mero incumplimiento de las normas. Esta lógica atenta contra una buena administración de justicia, pues impide que los esfuerzos de jueces, fiscales y funcionarios se oriente a los casos de mayor complejidad y/o trascendencia social.

Finalmente, la doctora Ledesma aseveró que la Justicia se mostró incapaz de comprender el alcance del conflicto, pues “los papeles” se encargaron de mediatizar esa realidad. La cultura del expediente (y la escasa oralidad) constituye la forma bajo la cual se consagra el imperio de la arbitrariedad y del autoritarismo en el que el conflicto primario es sustituido por finalidades estatales autónomas –no siembre visibles- que sólo tienden a preservar el interés del Estado y su normatividad. A su entender, este caso es altamente demostrativo de la intolerancia del sistema, pues frente a la escasa o insignificante afectación del bien jurídico protegido, ha sido implacable.

Por todo ello, concluyó que resulta necesaria la reforma del modelo de persecución y enjuiciamiento penal, introduciendo definitivamente un principio de oportunidad amplio y reglado.

Por su parte, el doctor Slokar que adhirió a todo cuanto sostuvo su colega, añadió que “lo que preocupa particularmente en el caso es una discriminación tan intolerable desde el punto de vista jushumanista. Más claramente dicho: si, hay una discriminación que es estructural del poder punitivo, empero, al mismo tiempo, existe una mecánica que puede llevar a los funcionarios actuantes a extremos tales de perder toda estimativa jurídica, impulsando el proceso y hasta acelerando el juicio para justificar demoras y adoptar decisiones que -prefiero así sospecharlo- deben repugnar a su propia conciencia.”

Y que “el ilícito penal no es otra cosa que un conflicto sometido a respuesta del poder punitivo, y la pretensión de formalizar la criminalización no reuniría un mínimo de racionalidad sin que medie un conflicto jurídico, caracterizado por una acción que se proyecta en el mundo afectando por lesión o por peligro cierto -y en forma importante- a un bien jurídico ajeno.

Y la ofensividad a un bien jurídico es típica cuando alcanza un umbral mínimo de intensidad o relevancia de acuerdo al principio minima non curat Praetor. Esto significa que no se puede considerar prohibida una conducta concreta (el supuesto fáctico) si en el caso no se ofende significativamente un bien jurídico, puesto que tampoco se puede determinar si la conducta constituye un tipo penal desde un análisis de la afectación al bien jurídico realizado en forma abstracta o meramente formal.

Finalmente, el Tribunal ordenó absolver al imputado y comunicar lo resuelto al Honorable Congreso de la Nación –en lo atinente a la necesidad de la reforma penal y procesal penal-; al Consejo de la Magistratura, para que estime el costo del proceso con el objeto de que se adopten las medidas pertinentes; así como también de la Procuración General de la Nación, para que en el rol que le compete en orden a la fijación de políticas de persecución penal, analice el camino a seguir –de compartir el criterio- a fin de considerar situaciones de insignificancia y aún de escasa afectación del bien jurídico protegido para evitar el dispendio jurisdiccional que el caso demuestra.

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Argentina. Presos y cautivas con padecimientos mentales: "Sólo quiero que me dejen tener sexo con ella" (Parte 1)

Maximiliano Postay (AGENCIA WALSH)

"Hace más de un año y medio que sólo la veo vestida. Viene a visitarme al penal todas las semanas. No saben lo linda que es. Me banca siempre. Ahora más que nunca. Me ama como el primer día. Y yo también, quizás todavía un poco más que entonces. En el servicio penitenciario federal sólo me dejan besarla, acariciarla, no mucho más. No puedo cruzar la línea de lo "moralmente correcto". No me lo permiten. Tener sexo con ella, se vuelve -muy a mi pesar- un deseo de imposible cumplimiento". Así comienza el texto de Postay, basado en una historia real. El escrito da cuenta de una prohibición tan absurda como legal, qué impide a los presos/as "locos" la posibilidad de acceder a visitas íntimas. El autor, abogado, también redactó un proyecto de decreto que tendría que promulgar la presidenta CFK para cambiar esta aberración humana que tiene rango jurídico en nuestro país. Más abajo, tras el relato, el proyecto de decreto "del amor, el sexo y la locura".

Cuando estoy con ella en horario de visitas, tentaciones cuasi-pornográficas me abordan por completo. Tiemblo. Transpiro. No logro fijar mi atención, ni en la comida, ni en los regalos, ni siquiera en las novedades del "afuera". Todo es nada. La veo apenas a cinco centímetros de mi cuerpo y casi que ni respondo de mi...

A todo esto los guardias me miran inquisidores, como si su objetivo último fuera el control definitivo de cada uno de mis movimientos. ¿Intuirán que me muero por tenerla a solas y en un cuarto cerrado, al menos un par de horas? ¿Sabrán que sueño con sus pechos, con la humedad de su sexo, con sus gemidos? ¿Sabrán que me desvelo pensando en su último orgasmo conmigo? ¿O qué cada vez que me masturbo, en silencio y por las noches, pienso en ella y el perfume delicado de su ropa interior? Probablemente sí, pero sospecho que poco les importa.

Una tarde, al finalizar una actividad programada con la gente de Caritas, se me ocurrió preguntarle a uno de los guardias el porqué de semejante decisión. Si toda la población carcelaria goza del derecho a "visitas sexuales", qué hice yo -y el resto de mis compañeros- para no poder satisfacer algo tan elemental como mis impulsos eróticos.

Su respuesta me llenó de ira. Me miró con sorna, de los pies a la cabeza, hizo una pausa, respiró con cierta dificultad y con voz chillona y petulante dijo: "Vos estás loco querido, y los locos no cogen. Acá la normativa es clarísima. Vos no sos un preso común. Vos sos un loquito peligroso y hay ciertas cosas que no vas a poder hacer jamás. ¿Te quedó claro? Ahora seguí con lo que estabas haciendo, y no me jodas más con tus preguntas de pajero."

Por un minuto pensé en asesinarlo. Aún no sé cómo hice para contenerme. Quizás saber que mañana ella iba a visitarme, pudo más que cualquier provocación uniformada. Además de qué sirve matar a este microbio, cuando todo el sistema parece estar en mi contra. Puta madre que los parió. A veces no entiendo ni siquiera para qué escribo cosas como estas.

Ricardo, el preso con más experiencia de todo el pabellón me sacó todas las dudas apenas unos minutos después. Leer con atención el artículo 68 del Anexo I del Decreto N° 1136/97, reglamentario de la ley de ejecución penal, N° 24.660 fue para mí una puñalada".

"Mi libertad, mi condena... mi espina siniestra, el sinsabor del mañana conocido... un reloj sacudiendo mis impulsos y un tocadiscos recitando mis miserias una y otra vez...Sobredosis incoherente de mis musas... torbellino sosegando mis almohadas... migaja sumisa de un pan para pocos... arteria simulada sin sangre y sin oxígeno.

A vos corazón que latís a medias, a vos que sabés que todo pasa...

Me aparto un segundo para hablar con el tiempo; nuevamente mil peleas entre dos hombres sin cuerpo..., fracasados sin revancha... aturdidos por el cielo imprevisible de los ceros...

¿Cuál es la razón de tu designio "maldito gigante de piedra y acero"? ¿Cuál es tu antesala, tu argumento "subsuelo pantanoso que hoy me aturde"?

Suspirá... mirame fijo... concentrate... falta menos..."

Decreto que debería promulgar Cristina Fernández.

El artículo 68 del ANEXO I del Decreto N° 1136/97 expresa literalmente que: "No podrá recibir la visita de reunión conyugal (también llamada visita sexual, intima o higiénica -paréntesis mío-) el interno alojado en establecimientos o secciones especiales de carácter asistencial, médico, psiquiátrico o en los que se desarrollen regímenes terapéuticos especializados".

Afirman que la razón de esta medida es que el sexo puede descompensar al "preso loco" o desviar el objetivo y/o la continuidad de su tratamiento.

Para todos aquellos especialistas que vociferan lo antedicho vaya el mayor de mis repudios. Su ortodoxia, insensibilidad y patetismo me dan asco. Vergüenza ajena.

Algo tan arbitrario e injustificado como eso no puede mantenerse en el ordenamiento jurídico vigente ni un minuto más.

Modificar esto no es para nada difícil. No hacen falta revoluciones, trincheras tira-bombas ni actos heroicos. Sólo la redacción de un pequeño decreto presidencial que derogue la normativa citada -y junto con ella, cada uno de los preceptos que hagan algún tipo de diferencia explícita entre los presos que tienen algún problema emparentado a la salud mental y los "presos cuerdos"-.

Puñado de vistos, considerandos y tres o cuatro artículos que -más o menos- podrían verse así...

Con ustedes el decreto "del amor, el sexo y la locura"... a militarlo...

Proyecto de Decreto Reglamentario. Ley 24.660. Ejecución de la pena privativa de la libertad para personas afectadas en su salud mental

Visto la ley nacional N° 24.660, con sus modificatorios y complementarios; los decretos reglamentarios de la ley N° 24.660, N° 18/97, 1058/07, 1136/97, 396/99 y 1139/00; el decreto N° 457/10, la ley nacional N° 26.657.

Considerando

Que en nuestro país la protección de los derechos humanos de las personas con algún tipo de padecimiento o trastorno en su salud mental ha cobrado especial relevancia en los últimos años, adquiriendo inéditos niveles de difusión y desarrollo.

Que prueba de lo antedicho resulta la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, en el marco de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, a través del decreto presidencial N° 457/10; y especialmente la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657.

Que del espíritu de dicha normativa se deduce un notable cambio de paradigma, a partir del cual el contexto socio-cultural del afectado, su humanidad y existencia psico-física, su autonomía, y principalmente la ya mencionada protección sine qua non de sus derechos fundamentales, relegan a un plano netamente residual -cuasi anecdótico- vetustos criterios médico-positivistas, a través de los cuales la alienación, el encierro y/o el segregamiento del "loco peligroso" eran escenarios harto habituales.

Que a raíz de lo expuesto la salud mental debe interpretarse necesariamente en un sentido amplio "como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona" (Art. 3, párrafo 1, Ley N° 26.657); incluyendo el abordaje integral de todo tipo de adicciones (Art. 4, Ley N° 26.657).

Que dichas transformaciones normativas alcanzan a todas las personas con padecimientos mentales, incluso a aquellas que por cualquier razón, causa o motivo se encuentren privadas de su libertad.

Que desde la Comunidad Internacional dichos criterios son ampliamente respaldados; véase en este sentido especialmente lo estipulado por la "Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" y por los "Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental"; y en líneas generales la normativa internacional tendiente a impedir todo tipo de trato discriminatorio, sectario y/o excluyente.

Que la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, N° 24.660 viene a regular la convivencia de los internos alojados en establecimientos pertenecientes a la órbita del Sistema Penitenciario Federal.

Que dicha ley ha sido reglamentada en varias oportunidades por el Poder Ejecutivo de la Nación, con el objetivo abierto y manifiesto de darle mayor operatividad práctica a sus lineamientos generales; véase los decretos presidenciales N° 18/97, 1058/97, 1136/97, 396/99 y 1139/00.

Que varias de esas reglamentaciones alcanzan hipótesis fácticas vinculadas a personas privadas de su libertad con alguna problemática emparentada a su salud mental; perjudicando en los hechos abiertamente a este sector, no obstante las buenas intenciones teóricas que en su momento se pudieron haber tenido.

Que bajo ningún punto de vista tener una problemática vinculada a la salud mental en un ámbito de encierro con las características que poseen los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, puede ocasionar un desmedro extra y/o adicional a la restricción natural a la libertad ambulatoria, que de por sí supone un castigo de tipo penal.

Que la prioridad y objetivo principal de la sanción penal a efectivizarse en un establecimiento penitenciario, debe ser la posterior inclusión social de las personas que la padecen; especialmente cuando se trate de sujetos con evidentes rasgos de vulnerabilidad socio-cultural, tal es el caso de aquellos doblemente estigmatizados por su condición de "presos" y "enfermos mentales".

Que mantener normativas tendientes a fragmentar arbitrariamente a la población carcelaria entre "enfermos mentales" y "no enfermos mentales", en palpable perjuicio de los primeros, además de contrariar el nuevo paradigma referido, supone un inadmisible caso de discriminación estructural ejercida por las propias instituciones del Estado.

Que a los fines de finiquitar dicho estado de situación institucional resulta imperioso derogar la normativa específica que presente estas falencias.

Que han tomado la intervención que les compete los servicios jurídicos de las jurisdicciones involucrados.

Que la presente medida se dicta en el ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

Por ello;

La Señora Presidenta de la Nación Argentina

Decreta:

Art. 1°: Las personas privadas de su libertad que presenten alguna afectación en su salud mental, en los términos previstos en la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657, no obstante su estado de situación judicial y/o el establecimiento de detención en el que se encuentren alojados, gozarán de los mismos derechos y beneficios que el resto de la población carcelaria.

Art. 2°: Deróguese el Artículo 68 del ANEXO I del Decreto N° 1136/97.

Art. 3°: Deróguese el Artículo 73 del Anexo I del Decreto N° 396/99.

Art. 4°: A los fines de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos precedentes los establecimientos penitenciarios destinados al alojamiento de personas con alguna problemática emparentada a la salud mental, previo impulso de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, deberán procurar adaptar sus instalaciones edilicias, sus organismos de aplicación y la organización interna de sus recursos humanos y materiales, en un plazo no mayor a 60 días desde la publicación en el Boletín Oficial del presente decreto; dejándose sin efecto en forma inmediata cualquier disposición administrativa que contraríe directa o indirectamente lo aquí establecido.

Art. 5: Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

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Argentina. Derechos sexuales de las personas privadas de la libertad con padecimientos mentales (Parte 2 - Final)

AGENCIA WALSH

Con sólidas argumentaciones el Cels y LTF exigen el fin de las restricciones discriminatorias referidas a la sexualidad de las personas privadas de la libertad en régimen penitenciario que poseen algún padecimiento mental.

En atención a los fundamentos constitucionales de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (n° 24.660), cuyo sustento radica en los principios de igualdad y humanidad, y en la finalidad de reinserción social de la pena y la garantía de defensa del imputado contra restricciones arbitrarias,1 observamos con gran preocupación que algunas disposiciones de los decretos reglamentarios de dicha normativa restringen a la población carcelaria que atraviesan algún padecimiento mental el efectivo acceso a algunos derechos básicos, vulnerando el principio constitucional de igualdad y no discriminación y la normativa legal vigente en materia de salud mental.2

La ley 24.660 establece que toda persona condenada "podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten". Reconocemos la potestad reglamentaria de dicha normativa, pero observamos que, en ejercicio de esa potestad, se establecieron restricciones arbitrarias en los artículos 68 del anexo I del Decreto N° 1136/97 y 73 del Anexo I del Decreto 396/99, en detrimento de los derechos de la población carcelaria que atraviesa algún padecimiento mental.

En primer término, la exclusión que establece el art. 73 del Anexo I del Decreto 369/99 del régimen de progresividad de la pena a las personas con padecimientos mentales resulta palmariamente arbitraria. El mencionado decreto, que reglamenta las modalidades básicas de la ejecución de la pena, regulando la progresividad del régimen penitenciario y el programa prelibertad, establece algunas limitaciones que afectan particularmente a las personas con padecimientos

1 Conforme la Constitución Nacional, art. 18 in fine "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".

2 En particular, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Ley Nacional de Salud Mental, n° 26.657 (LNDM. Por su parte, los principios de igualdad y no discriminación se encuentran protegidos en el art. 16 CN, art. 24 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos instrumentos internacionales con rango constitucional conforme el art. 75,inc. 22 CN) y art. 5 CDPD.
mentales. Así, suspende "las calificaciones de conducta y de concepto del interno alojado en un establecimiento penitenciario especializado de carácter psiquiátrico o en un centro similar y apropiado del medio libre" (art. 73). En consecuencia, imposibilita a este sector de la población carcelaria a acceder al régimen de progresividad de la pena que incluye limitar la permanencia de la persona en establecimientos cerrados, entre otros derechos.

Como segunda cuestión, nos preocupa la restricción ilegítima del derecho a recibir visitas íntimas a las personas privadas de la libertad que se encuentran en establecimientos psiquiátrico - penales. En cuanto al derecho a las relaciones familiares y sociales, el art. 158, primer párrafo de la Ley 24.660 establece que la persona privada de la libertad "tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social". Con relación a los derechos sexuales y reproductivos3 su art. 159 dispone que quienes "no gocen de permiso de salida para afianzar y mejorar los lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta de éste, de la persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que determinen los reglamentos".

Con relación a la población carcelaria en general, el art. 30, inciso "c" del Decreto N° 1136/97 (reglamentario de la Ley de Ejecución Penal) establece el derecho a las visitas de consolidación familiar, mientras que el art. 52 inciso "d" del mismo decreto regula la visita de reunión conyugal, mencionando en los artículos posteriores los requisitos que deben cumplirse para hacer efectiva esta modalidad de visita. Sin embargo, el art. 68 dispone expresamente la imposibilidad de recibir la visita de reunión conyugal al "interno alojado en establecimientos o secciones especiales de carácter asistencial, médico, psiquiátrico o en los que se desarrollen regímenes terapéuticos especializados".

3 Los derechos sexuales de las personas están protegidos por nuestra Constitución Nacional, dentro de la esfera del art. 19 y 33. Además en los tratados internacionales que la integran: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 10, 12, 14, 16 y 24), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2, 3, 7, 9, 17, 18, 19, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2, 3, 12 y 13), la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, 7,11, 12, 13), la Convención de los Derechos del Niño (art. 2, 3, 12, 13, 14, 16, 19, 24 y 28), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (Artículo XI) y Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25.1), y por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (art. 3, 4, 6, 7, 8).

Asimismo, es necesario tener en cuenta que la Ley Nacional Nº 25.673 persigue el objetivo de garantizar a la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia.

Las restricciones señaladas violan los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, además de ser contrarias al paradigma legal instaurado por la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Argentina en 2008 y la Ley Nacional de Salud Mental, n° 26.657 (LNSM) en diciembre de 2010. Los fundamentos de estas exclusiones reglamentarias al acceso de derechos solo pueden comprenderse dentro del paradigma tutelar y restrictivo, sustentado en la "peligrosidad del loco".

La peligrosidad se aloja directamente en la lógica discriminatoria y selectiva del sistema jurídico-político de reproducción de las desigualdades sociales. Como categoría clasificatoria se basa en prejuicios, con el único objetivo de brindar la sensación de seguridad a la sociedad e imponer un control, más que de dar una respuesta al padecimiento de un sujeto y su entorno. Así, se genera una categoría supuesta de funcionamiento que es construida en función de elementos que no describen a la singularidad del individuo sino a su "capacidad potencial" de dañar -capacidad que, es preciso señalar, es inherente a toda persona humana-; se toman medidas en función de atribuciones que se hacen por comportamientos pasados y se castiga previamente por acciones que aún no se han cometido. Por consiguiente se trata de hechos incomprobables en forma fehaciente y, por lo tanto, no pueden fundamentar restricción alguna sin vulnerar el principio de legalidad consagrado en la Constitución Nacional (art. 18) y los tratados internacionales de derechos humanos de igual rango.

En este sentido se ha manifestado el Ministro de la CSJN, Dr. Eugenio Zaffaroni, al señalar que el concepto positivista de peligrosidad del Siglo XIX es insostenible por doctrinariamente perimido, inverificable y esencialmente incompatible con la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se trata de un juicio de futuro y es un pronóstico de conducta resuelto conforme a un cálculo de probabilidades y es inaceptable que una restricción de tan negativas consecuencias se funde en un cálculo de probabilidades que conforme a su naturaleza resulta inverificable.4

Además, como señalamos, se trata de una flagrante violación al principio de igualdad consagrado en el art. 16 de nuestra Constitución Nacional, según el cual todas las personas participan de una igualdad elemental de status en cuanto a personas jurídicas. En consecuencia, el Estado debe asegurar a todas las personas los mismos derechos y con ello debe promover el

4 Eugenio Zaffaroni. Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2000, pag. 997
acceso efectivo al goce de esos derechos. Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 24 señala que: "[to]das las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección a la ley." En términos similares el principio de igualdad se encuentra consagrado en el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es reafirmado en el artículo 5 de la CDPD, al establecer la igualdad de protección legal y derecho a beneficiarse de la ley en igual medida, sin discriminación alguna.

Sobre esta cuestión también se expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Resolución 1/08 relativa a los "Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas", donde reafirmó el principio de igualdad y no- discriminación en los siguientes términos: "toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad. Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición social. En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos a las personas privadas de libertad" (el resaltado nos pertenece).

El modelo legal discriminatorio, tutelar y restrictivo de derechos fue superado desde la ratificación de la CDPD y la sanción de la LNSM. Esta última establece un piso mínimo de derechos fundamentales para proteger la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio Argentino (art. 1). Para ello parte del reconocimiento de la salud mental "como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona" (art. 3).

Conforme esta definición, la salud mental de las personas, en tanto proceso, debe entenderse como una condición cambiante en el tiempo. La cualidad dinámica de dicho proceso da cuenta de la interacción entre las características del individuo y el medio social en el que lleva adelante su vida. Uno de los aspectos de la vida social que resulta fundamental para preservar y mejorar la salud mental es la concreción de derechos humanos y sociales básicos, lo que incluye fundamentalmente aquellos relativos al restablecimiento de lazos y vínculos sociales de la persona. Este mandato de ninguna manera excluye a las personas que se encuentran privadas de la libertad a causa de una respuesta punitiva del Estado ante la comisión de una conducta delictiva. Sino todo lo contrario; la prohibición de desarrollar su vida en relación con los demás plantea una contradicción a la condición misma del sujeto humano que es en sí, un sujeto social.

Las restricciones acá señaladas ponen al descubierto viejos estigmas y prejuicios que deben ser superados a favor de la efectiva integración social de cualquier persona con padecimientos mentales, los cuales oscilan entre la presunción de un estado perverso de su sexualidad y la completa negación de esta última. La deshumanización que suponen este tipo de estigmas y prejuicios no solo conlleva a la restricción ilegal de derechos sexuales y reproductivos, sino además a una prohibición implícita de que estas personas preserven o construyan lazos afectivos que contribuyan a la recuperación de su estatuto de sujetos sociales.

Suponer que un tratamiento centrado en un padecimiento mental - en los términos de la llamada "rehabilitación"- puede sostenerse de manera aislada del medio social y vincular, acarrea no sólo una comprensión parcial de la salud mental sino que condena a la persona a un desacople de su vida que en nada puede contribuir con un objetivo de reinserción social. Aún así, si por alguna razón existiera la presunción de que los encuentros íntimos podrían ir en detrimento de la salud mental de la persona afectada o de su entorno, será una indicación que corresponde al equipo sanitario, alcanzada sobre la lógica del caso a caso, con explícito fundamento de esta indicación y de su extensión temporal en la historia clínica.

Nada en el marco normativo vigente indica que las personas privadas de la libertad en instituciones carcelarias que sufran un padecimiento mental deban estar sujetas a mayores
restricciones que aquellas legalmente dispuestas para la población carcelaria en su totalidad, siempre que dichas restricciones respeten el marco constitucional vigente.

Por el contrario, la LNSM establece expresamente que el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de encierro y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de atención primaria de la salud, debiéndose orientar al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales.

Por los argumentos expuestos las organizaciones firmantes de este documento, requerimos se considere la eliminación de los artículos 68 del Anexo I del Decreto 1136/97 y el artículo 73 del Anexo I del Decreto 396/99, por establecer restricciones discriminatorias a las personas privadas de la libertad en régimen penitenciario que poseen algún padecimiento mental.

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