viernes, 16 de noviembre de 2012

La noticia más censurada N° 24: Granjeros de Alabama piden trabajo forzado de presos en cosechas

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

La expansiva ley anti-inmigrante de Alabama, HB56, ha sido tan devastadora económicamente que los granjeros del estado intentaron sacar una legislación que les permita obtener trabajo forzado de los internos de la prisión local, comenzando por los reos elegibles para programas de libertad con trabajo, “para ayudar a las granjas a llenar la brecha y encontrar suficiente mano de obra”.

Esta noticia censurada describe que en uno de los casos más duros de legislación anti-inmigrante en Estados Unidos, la ley HB 56 de Alabama, exige que la policía local verifique el estatus migratorio de cualquier persona que despierte una "sospecha razonable" de estar ilegalmente en el país. La ley impulsó el éxodo de trabajadores hispanos que se mudaron a otros estados por temor a ser deportados y, según la estimación del Centro Pew Hispanic, aventó a 120,000 emigrantes indocumentados que vivían en ese estado desde que fue aprobada la ley. Obama ha desafiado la constitucionalidad HB56, argumentando que viola los poderes federales.



El Departamento de Agricultura de Alabama y funcionarios de la industria se reunieron con agricultores para discutir su propuesta de utilizar los presos en lugar de los trabajadores emigrantes avebntados, reportó MediaFreedomInternational.org, citando un despacho de France Press y otros dos reportes. En diciembre de 2011, el Departamento Correccional del estado se opuso a la legislación de trabajos forzados, argumentando que sus, aproximadamente, 2.000 presos elegibles para libertad con trabajo ya tienen compromisos de empleo y que “el sistema penitenciario no es la solución a las escasez de trabajadores causada por la ley”.

La propuesta de emplear mano de obra penitenciaria en operaciones agrícolas privadas no es nueva. El blog Daily Kos recordó que Idaho ha utilizado trabajo penitenciario en granjas de papas durante casi una década. El Wall Street Journal, de Rupert Murdoch, elogió en octubre 2011 el modelo de negocios de prisiones agrícolas, realzando que los reclusos se "entusiasman" con sus puestos de trabajo.

En realidad, el trabajo penitenciario corporativo explota regularmente presos, obligándolos a trabajar o enfrentar largas penas de cárcel o la pérdida de cualquier estatus de "buen pasar" adquirido en la prisión. El director del Centro Terrebonne Work Release, de Horma, explicó: "Si dicen que no a un trabajo, conseguirán que el tiempo que se retiró de su condena se reponga de nuevo, y serán enviados de vuelta a la cárcel de donde salieron".

El trabajo penitenciario con fines de lucro fue posible gracias a la aprobación de la Ley de Industrias de Prisiones, que defiende el Consejo Legislativo Americano de Intercambio (ALEC, sigla en ingles) y que se amplió con el Programa de Certificación del Aumento de Industrias de la Prisión (PIE, en inglés).

Las grandes corporaciones también se benefician de los salarios más bajos de los prisioneros liberados para trabajar. Por ejemplo, durante el desastre del derrame de petróleo de British Petroleum en el Golfo de México en 2010, muchos residentes de la costa, que acababan de ver desaparecer sus medios de vida, expresaron indignación en reuniones comunitarias cuando supieron que BP utilizaba mano de obra barata –o gratuita– de la prisión, mientras numerosas personas se mostraban desesperadas por tener un empleo, según el blog Daily Kos.

En los equipos de limpieza en Grand Isle, Luisiana, una región donde nueve de cada diez residentes son blancos, los trabajadores de limpieza eran casi exclusivamente hombres negros afro-estadounidenses. El carácter racial de la limpieza fue tan evidente que Ben Jealous, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), envió una carta pública al presidente ejecutivo de BP, Tony Hayward, el 9 de julio 2011, exigiendo saber por qué los negros estaban sobre-representados en "el empleo más difícil físicamente, el de más baja remuneración y con más exposición significativa a las toxinas".

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

Referencias y citas:
- Agence France-Presse, “Alabama Farmers Look to Replace Migrants with Prisoners,” Raw Story, December 6, 2011, http://www.rawstory.com/rs/2011/12/06/alabama-farmers-look-to-replace-migrants-with-prisoners.
- CanyonWren, “Of Course! Inmate Labor in Place of Migrants in Alabama,” Daily Kos (blog), December 8, 2011, http://www.dailykos.com/story/2011/12/08/1043143/-Of-Course!-Inmate-Labor-in-Place-of-Migrants-in-Alabama.
- Mike Elk and Bob Sloan, “The Hidden History of ALEC and Prison Labor,” Nation, August 1, 2011, http://www.thenation.com/article/162478/hidden-history-alec-and-prison-labor.
- http://www.mediafreedominternational.org/2012/01/12/alabama-farmers-look-to-replace-migrants-with-prisoners/
Student Researcher: Liliana Valdez-Madera (Santa Rosa Junior College)
Faculty Evaluator: Susan Rahman (Santa Rosa Junior College).

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Crisis en Siria: La declaración pública sobre Siria que no fue en Chile

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

En este conflicto que lleva más de 20 meses, la sustentación de la insurrección a través del terrorismo ha sido alimentada por tres países clave del Consejo de Seguridad de la ONU como son Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Son las naciones que lideran la ofensiva para derrocar militarmente al gobierno del presidente Basher el Assad. China y Rusia se oponen a una solución de este tipo y sostienen la solución política.

En Naciones Unidas prevalece un nudo ciego creado por un Consejo de Seguridad partido en dos debido a dos posturas completamente antagónicas en los cinco miembros antes mencionados de este Consejo que son los que poseen un derecho permanente al veto. Esta situación ha contribuido directamente a la escalada terrorista que deliberada y erróneamente, se le continúa llamando guerra civil por ciertos medios y ciertas autoridades.

Lo que sucede realmente en Siria es un enfrentamiento entre el Ejército Sirio que intenta mantener la estabilidad en el país y hordas de terroristas infiltradas a través de la frontera norte con Turquía que es el epicentro del intento de desestabilizar Siria y derrocar su gobierno. Desde El Líbano la infiltración terrorista es menor, aunque es cuna en la adecuación de vehículos 4 X4 en carros blindados y el traslado de armamento pesado. La frontera con Jordania es igualmente porosa para el traslado de vehículos, armas y terroristas.

Lo que aparecía como protestas sociales similares a las que hubo en Egipto y Túnez, se transformó en una estrategia de infiltrar terroristas para desestabilizar y crear caos. La actual situación de más terrorismo y escasa guerra regular se origina en una alianza inédita entre la Liga Árabe, Israel y la Alianza Transatlántica, que se enardeció por la negativa de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU a la intervención militar.

En relación a este virtual crimen internacional contra el estado Sirio, el 31 de Julio de este año en Chile, un grupo de personas vinculadas al tema internacional, preparó una declaración pública para denunciar la continua violación del derecho internacional, los principios del multilateralismo y la distorsión respecto a Siria. Es así que para abrir un debate, se utilizaron diferentes conductos para persuadir a un amplio espectro de la izquierda a la elaboración de una declaración; sin duda indispensable especialmente por la crisis de identidad y derrotero que atraviesa la izquierda considerada con todos sus matices en Chile.

La idea central consistía en abrir el debate sobre el tema sirio de la forma más amplia posible y denunciar anticipadamente lo que se está consumando ahora como una intervención militar abierta en Siria, que se suma a la sórdida estrategia de enviar terroristas a través de las fronteras.

No hubo respuesta y hasta el momento esa declaración no se ha materializado. Como que el tema de Siria no importara. Sucedió tres meses y medio antes de que el presidente francés, un socialista, diera el vamos el 11 de noviembre a la intervención militar para derrocar el gobierno.

El Presidente François Hollande es socialista y como tal está vinculado a la Internacional Socialista. Esta organización, que agrupa a la social democracia y a los partidos socialistas y liberales progresistas en el mundo, en la reunión de fines de Agosto de este año en Ciudad del Cabo estuvo a punto de acordar una declaración para la intervención militar en Siria

En la cita se opuso al derrocamiento por la vía militar un grupo liderado por el representante del Partido Republicano del Pueblo de Turquía, Kemal Kılıçdaroğlu que ha demostrado visión de largo plazo y una dignidad notable frente a la renuncia de una gran parte de la Internacional Socialista por mantener un no alineamiento frente a la ambición de la Alianza Transatlántica por la supremacía absoluta en la zona.

La Internacional Socialista tiene hoy de facto un líder mayor en François Hollande y parece invadida por un síndrome que ha proyectado el propio Hollande en la política francesa: “Antes del diluvio fascista, acomodémonos hacia la derecha lo más que podamos”. Es la postura del actual presidente francés que debe resolver el problema de la crisis económica en cinco años, antes de que se forme una avalancha populista de extrema derecha como lo que se catapulta en Alemania. Ya se sabe el resultado de esa estrategia de acomodo hacia las derechas que antecede al descenso definitivo del nazi-fascismo en la década de 1930.

Siria vive esa encrucijada en el nivel internacional. Hay mucho que está en juego, más allá del derecho internacional y el nuevo orden mundial.

La Internacional Socialista en la medida que se haga parte de la estrategia de derrocar un gobierno por medio del terrorismo, está renunciando a los principios de la misión que le ha dado vida y relevancia.

La izquierda chilena considerada en su amplio espectro, a su vez, no ha demostrado suficiente sensibilidad política internacional y apertura de miras respecto a la situación de Siria y esta postura forma parte del diagnóstico de su estado de situación. Ahora es apenas una señal, porque en el futuro lo que se llama izquierda, por las condiciones del proceso político chileno, deberá enfrentar dilemas en donde se pondrá a prueba el lado por el que transita: Si con el neocolonialismo implacable encausado por François Hollande y la Alianza Transatlántica, o, con la autonomía e independencia de las naciones.

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Conversando con el comandante Iván Márquez (Parte II - Final): “Colombia toda tiene que organizarse para defender el futuro”

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Cámara Fabiola y Patricia, ANNCOL
Edición de video Mirian Emanuelsson
Trascripción y revisión de texto Ingrid Storgen

“Necesitamos el concurso de todos los colombianos para lograr la paz, que es la única manera de que la paz sea estable y duradera como dice el discurso que está consignado en el acuerdo de La Habana”, dice el comandante Iván Márquez en la segunda parte de la extensa entrevista hecha por el subdirector de ANNCOL, Dick Emanuelsson el 9 de noviembre en la Habana publicada en ANNCOL.


Foto: Iván Márquez en la inauguración en Oslo el 18 de Octubre

DE: Es notorio que el gobierno no quiere abrir las puertas para que el pfoto ueblo sea partícipe de estos Diálogos. En el primer punto sobre la tierra, que se va a discutir el 15 de noviembre (fue cambiado para el 19), ¿cómo meter al pueblo? Hago la comparación, por ejemplo, cuando estaba la lucha en Toribio, en el Cauca, cuando los indígenas, campesinos, mujeres, subieron al Cerro Berlín y sacaron a los militares de allá. ¿Se necesita ese tipo de correlación de fuerzas para que el gobierno entienda la seriedad de este proceso?

IM: Pues realmente para que el gobierno escuche el pueblo tiene que movilizarse. Creo que no hay otra manera de hacer entender a las elites gobernantes que al pueblo se lo debe escuchar. ¿Como no se va a involucrar el pueblo con un tema como es el de la tierra y el territorio que tiene que ver con toda la nación? El pueblo necesariamente tiene que opinar porque se trata de asuntos como el de la soberanía alimentaria.

Como es que este pueblo se va a alimentar, habiendo tanta tierra apta para la producción agrícola. ¿Como es posible que no podamos producir alimentos para todos porque al gobierno se le ocurre que las tierras hay que entregarlas para explotación minero energética, entregarlas a las multinacionales? Entonces eso involucra a todo el pueblo. DE: Santos dice que él quitó las banderas de la tierra a las FARC. Las organizaciones de ganaderos, latifundistas, terratenientes, no duraron ni siquiera dos horas después del discurso de usted (en Oslo) y salieron a decir que esas cifras (que mencionó Márquez) no son válidas.IM: Las banderas de la paz eso no nos lo arrebata nadie, están firmemente en manos de las FARC como las banderas socialistas, eso no lo puede arrebatar nadie. Tenemos que defender nuestro territorio. Colombia toda tiene que organizarse para defender el futuro. Nosotros no podemos entregar nuestras riquezas naturales a las transnacionales, cuando allí están, precisamente, los recursos que van a ayudarnos
a resolver los problemas económicos y sociales que padece la nación.

La resistencia de las masas

DE: Yo digo, entonces, Puerto Gaitán, Chimbo, Urabá la zona bananera donde estaba Chiquita pagando millones de dólares a los paramilitares para que ellos limpiaran esa zona ¿de eso, qué dice usted?

IM: Ahí estaba reflejada la inconformidad popular. Esa empresa canadiense petrolera, la Pacific ¿cómo hizo para llegar allí? Ellos tenían ya el terreno identificado, ubicado muy bien, tras casi dos décadas de actividad paramilitar. Los carrancistas, los grupos paramilitares de Víctor Carranza (el barón esmaraldero) comenzaron a masacrar y a desplazar a la población para alcanzar el ambiente de “tranquilidad” que deseaba la multinacional para empezar a explotar el recurso petrolero que había allí, en Puerto Gaitán.

Y mire como están pagando de mal a los trabajadores, de unos 13 mil trabajadores solo 500 están contratados por la empresa. 1500 están sub contratados, trabajo precario, es como si estos trabajadores fueran esclavos. Se les da un tratamiento de esclavos.



DE: ¿Es el famoso mercado laboral “flexible” como dicen los neoliberales?

IM: Si, la flexibilización laboral que es la más grande injusticia que hay.

DE: La jornada laboral. . . .

IM: La jornada laboral, eso es terrible. Ellos trabajan como 21 días por unos poquitos de descanso. Es una explotación en ese campo de los trabajadores.

Represa para crear energía para Centroamérica



Y como usted menciona el Quimbo. El Quimbo es un municipio del departamento del Huila, ahí van a construir la represa y están sacando a la gente de esa represa. Como dijimos en el discurso de presentación en Oslo; la están sacando a patadas. Es una manera de decir, es la policía que está sacando a la gente con palos, con garrotes, del territorio donde ha vivido por décadas, donde han construido relaciones sociales, familiares. Donde está su entorno de afectos, que ha construido una relación muy amigable con la naturaleza, que sabe de las colinas, que produce la tierra, que mantiene unas relaciones comunitarias muy arraigadas donde ha construido solidaridades y de pronto, de la noche a la mañana llega el gobierno colombiano y le dice “usted se tiene que ir de allí”.

Llegan con la multinacional para producir energía que van a exportar hacia Centroamérica y usted se tiene que ir de allí. Dónde queda el arraigo de la gente con la tierra donde han nacido, donde han enterrado a sus padres, donde surgieron sus primeros amores, donde tuvieron a sus hijos. Es un desarraigo terrible, esto no puede ser.

Los indígenas expulsan el Ejército

Y usted menciona el gran conflicto social que hay en el Cauca, ahí están los indígenas, los afros y los campesinos, defendiendo el territorio. También los quieren sacar de allí porque en la zona del Cauca hay muchas riquezas naturales en el subsuelo. También es la lucha por el territorio.


Foto: La población desarmando las trincheras del Ejército en Torobio.

Los indígenas defienden muy bien su territorio, eso tiene que ver con la vida de ellos. El campesino también quiere tener su tierra para ponerla a producir, las comunidades afro también, ellos están ubicados en esa zona que se extiende hacia el pacífico. Es un lugar de mucha biodiversidad y riquezas naturales.

Esto hay que defenderlo, a nosotros nos gustaría ver surgir en el Cauca una modalidad de lucha solidaria, hermanada entre negros, indígenas y campesinos, sería la mejor manera de defender su territorio.

Pero miremos también otros casos de conflictos muy fuertes como el que se da en una población del Bajo Cauca llamada Marmato, allí hay una multinacional canadiense del oro, Medoro Resources y quiere sacar a la gente del pueblo.

Criminalizar al minero artesanal para robar el oro

Décadas y décadas en esa tierra pero ahora resulta que parece que debajo de las construcciones, de las viviendas, hay oro. Entonces, a la empresa se le ocurrió que había que sacar a la gente de ahí (veahttp://www.eje21.com.co/cultura-secciones-54/23244.html?task=view). Porque cree que allí puede establecer la mina de oro a cielo abierto más grande del territorio y dicen también que es una de las más grandes (reservas) del mundo. Así fue como han empezado a criminalizar la minería artesanal, lo que la gente ha hecho toda la vida para subsistir. Sacar el oro de las vetas, o de aluvión, con sus bateas pero ahora dicen que esa minería es ilegal. Comenzaron a criminalizar y ahora dicen que es la minería que apoya al terrorismo y los quieren acabar definitivamente.

Esto es una locura, un gobierno atacando a los débiles para defender a los poderosos, como ocurre con esa multinacional canadiense.

La tierra al servicio al gran capital internacional

DE: Usted dice también que de los 114 millones de hectáreas del territorio colombiano, solo 4.5 millones son aptos para agricultura.

IM: 38 millones de hectáreas de esos 114 millones para la explotación petrolera. En Colombia no hay una medida confiable, pero se estima que entre 12 y los 21 millones de hectáreas de tierras aptas para la producción agrícola solamente el 4.7% está siendo utilizada para la agricultura y cada vez está bajando mas esta cantidad.

Ahora donde está la producción agrícola está superponiéndose el mapa de la producción minero-energética.

Es decir, Colombia tiene serios problemas para la producción de alimentos para el consumo y por el que nosotros nos resistimos a esa pretensión de Santos de acabar la economía campesina. Y nosotros queremos protegerla porque es la que va a dar la alimentación del pueblo. Es la que va a garantizar la soberanía alimentaria.


Foto: Miguel López, habitante en la localidad Usme en el sur de Bogota, se enterró con otros dirigentes populares el 2005 en protesta contra la política de miseria, terror y de guerra.

Y ocurre que en Colombia, y a pesar de ser un país productor de alimentos, está importando 10 millones de toneladas de alimento al año.

Nosotros no podemos depender de importación de alimentos porque Colombia tiene tierras apta para esto, pero ahora al gobierno se le metió en la cabeza la explotación minera y entonces está entregando nuestra soberanía a las trasnacionales mineras para que las explote, para que explote nuestro subsuelo, para que explote la superficie y lo que llaman el sobrevuelo.

Para que surjan en Colombia las plantaciones para la producción de biocombustibles palma aceitera, caña, maíz, para producir etanol y no se que otros biocombustibles que derivan de la producción de estos productos.

Es decir, el maíz, la caña ya no es para alimentar a la gente sino para alimentar los automóviles, los aviones y todas estas cosas. Es muy grave pero además, quieren utilizar el territorio para plantaciones forestales, quieren producir otras cosas.

La intoxicación del medio ambiente

En estas explotaciones de las forestales y la agro industria y sobre todo, la palma, ahí se van a verter muchos agroquímicos. Se va a producir una intoxicación del medio ambiente, se van a envenenar las aguas, se va a compactar la tierra.

En poco tiempo, estas tierras que están sometiendo a este tipo de explotación van a quedar improductivas, infértiles, realmente a nosotros nos preocupa todo esto pero nos preocupa grandemente la explotación que quieren hacer de las riquezas que hay en el subsuelo.

El gobierno colombiano quiere titular tierra del campesino, nosotros no nos oponemos a la titulación, a lo que nos oponemos es al cálculo pérfido del gobierno que consiste en entregarle un título al campesino para que después pueda vender o arrendar a las transnacionales, nos parece que eso es injusto, es un engaño que se le está haciendo al campesino.

Hay una cantidad de desplazados en Colombia, cerca de 6 millones de desplazados. Nosotros, lo que queremos es que los desplazados vuelvan a sus campos de los que fueron desarraigados, es allí donde conocen como deben trabajar esa tierra,

El despojo legal del campesino

DE: Pero como va a ser posible eso si el gobierno de Juan Manuel Santos hace concesiones por 20 ó 30 y hasta 50 años (en favor a las transnacionales). Le voy a dar un ejemplo, entrevistamos a la senadora Piedad Córdoba y mostró hace un tiempo, un periódico del Chocó donde dice que de las 56 toneladas de oro que se sacan de la tierra colombiana anualmente, 28 vienen del chocó. Y allí Chocó hay en discusiones 428 concesiones no solamente a transnacionales sino también a intereses oligarcas nacionales. Entonces, como es que ellos tienen esa concesión y el campesino es el que resulta expulsado.

IM: Mire, nosotros siempre decimos que es una trampa la que se le ha tendido al campesino, lo ilusionan con el título. Es como decir: usted quédese tranquilo donde está, en el cinturón de miseria de Bogotá, Medellín, de Cartagena, que a usted le vamos a pagar una mensualidad por la tierra que usted nos va a arrendar.



Y es cierto, a 20 ó 30 años. Por eso dijimos, en Oslo, que al cabo de 20 ó 30 años nadie va a tener en cuenta quien es el verdadero propietario y el propietario es la transnacional.

Lo que se está dando aquí en este caso es una suerte de despojo legal del campesino. La tierra primero fue despojada por mecanismos violentos con el Plan Colombia, con el ejército de Colombia, con el paramilitarismo del estado.

Porque ya lo dijimos, el paramilitarismo es una estrategia contrainsurgente del estado, con la que prepararon el territorio para la invasión trasnacional, para el saqueo de nuestras riquezas minero estratégicas para la explotación de los recursos naturales y para las plantaciones.

El rol de Santos

Fue preparado el terreno. Cuando se produce el desplazamiento de la gente vienen las trasnacionales. Hubo desplazamientos violentos, lo que Santos está haciendo es quitarse las salpicaduras de sangre. Santos participó del gobierno de Uribe, fue ministro de defensa del señor Uribe, el gobierno que se caracterizó por los falsos positivos. Yo a veces pienso y le digo a mis compañeros, pero bueno, aquí todo el mundo habla de los falsos positivos y de unos militares -o no- mandos medios, a los que están condenando por sus participaciones en estos crímenes de lesa humanidad que son los falsos positivos y que consistían en matar gente, sobre todo jóvenes desempleados. Era recogerlos en un punto del país y llevarlos a otro extremo de Colombia, matarlos, uniformarlos y decir que eran guerrilleros muertos en combate. ¿Para qué?, para poder recibir una recompensa en dinero, para recibir asensos y para recibir vacaciones.

Entonces, las brigadas militares llegaron a eso, a matar civiles para presentarlos como guerrilleros y de paso decirle al mundo que el Plan Colombia está obteniendo unos resultados extraordinarios.

Claro, ellos miden el éxito en litros de sangre, eso es malo, muy malo. Esta oligarquía colombiana es criminal.

¿Será juzgado Santos por el fusilamiento de Alfonso Cano?

DE: Usted mencionó, justamente, el asesinato del comandante Alfonso Cano que estaba cercado. Según toda norma internacional de las leyes y convenciones, esa persona debe ser capturada y no fusilada.

IM: Mire, sobre ese tema nosotros preferimos hablar un poco más adelante y lo vamos a hacer como Secretariado de las FARC para presentar una argumentación bien sólida, pero sí, todo el mundo vio o escuchó al presidente Santos en una asamblea de la ONU afirmar que lo tenían rodeado -a Alfonso Cano- y que él dio la orden de eliminarlo. Así lo dijo, eso es algo muy grave.

En Colombia no hay pena de muerte, no se ha aprobado esa pena pero en la práctica si. Pero lo que yo le estaba comentando en torno a los falsos positivos es que quien firma la directiva 029 que es la que le da rienda suelta a estos falsos positivos, sobre todo en la última etapa del gobierno del señor Alvaro Uribe Vélez, es el ministro Camilo Ospina. Pero por otro lado nos preguntamos ¿qué fiscal está adelantando la investigación por estos crímenes de lesa humanidad?

¿Necesita el ministro saber quien es el fiscal y como va el caso? Hay algo que a nosotros nos llama la atención, para nada se vincula el nombre del jefe inmediato de ese ministro de defensa y que es el señor Álvaro Uribe Vélez.

El país debe saber qué es lo que está pasando, esos son los verdaderos artífices, los verdadero responsables, los autores intelectuales de los falsos positivos, no esos mandos medios que los ilusionaron con ascensos, vacaciones o dinero.

Realmente es una decisión pérfida la del estado colombiano al propiciar con este tipo de instructivo a las fuerzas armadas por propiciar los crímenes de lesa humanidad tal como el país y el mundo lo conocen.

La maniobra del Fiscal contra la delegación de las FARC

DE: El fiscal general de la República ha dicho que si se va a otro país (los integrantes de la delegación de Paz de las FARC-EP en la Habana) se va a revocar el levantamiento de la orden de captura. Acá están un poco como rehenes. Es un poco curioso si comparamos, incluso, con San Vicente del Caguán donde también el ejército del gobierno de Pastrana al final, para evitar que la prensa internacional llegara para las negociaciones, puso un decreto que impedía a la prensa internacional llegar a ese lugar. Aquí hay mucha prensa muy interesada sobre el proceso. ¿Cómo se podría traer al pueblo colombiano como protagonista en este proceso (a la Habana)?


Foto: El Fiscal Eduardo Montealegre.

IM: Mire, la decisión o el anuncio del fiscal es sorprendente, desconoce el Acuerdo de La Habana. Se acuerda que el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC, ahí dice que la mesa de la paz, podrá sesionar en cualquier otro país. Uno no se explica por qué el fiscal pretende confinarnos al territorio de los dos países que son Cuba y Noruega. Pero resulta que el mismo acuerdo dice que podemos sesionar en cualquier otro país.

Hoy precisamente digo que podríamos sesionar en Colombia o en un país europeo.

DE: ¿Venezuela o Chile?

IM: Claro, Venezuela y Chile son acompañantes en este proceso, es mucho lo que el pueblo colombiano le debe al empeño de paz para Colombia por parte del gobierno de Venezuela. El presidente Chávez ha aportado todos los recursos para que en Colombia lleguemos a una solución del conflicto por la vía del diálogo.

Agradecemos también lo que está haciendo Chile, porque lo que hacen esos dos países es rodear este momento, rodeando a los asistentes, a los guerrilleros, que tienen todas estas amenazas como las que está profiriendo innecesariamente el fiscal de Colombia. Agradecemos a Cuba que ha hecho un gran esfuerzo, que quiere la paz, lo sentimos.

La Cuba solidaria

Creo que le ha dado un trato en el mismo plano a los voceros del gobierno como a los de la guerrilla. Cuba facilita todo, presta territorio, está pendiente de dónde van a ser la reuniones, está pendiente que los voceros de las dos partes tengan todo lo necesario para estar cómodamente ubicados.

Cuba tiene un fuerte discurso de paz que nosotros escuchamos. Estamos de acuerdo en buscarle una salida política al largo conflicto que afecta a los colombianos y en el que llevamos 6 décadas. Este conflicto es de los más largos y es necesario encontrar una salida política. Ojalá el gobierno colombiano interprete esta necesidad y no ponga tantos obstáculos.

Qué bueno sería que en esta mesa se sentara también Simón Trinidad, ese hombre sabe mucho de paz, imagínese todos esos años que estuvo en el Caguán buscando la paz con la palabra, buscando entenderse.

Y es un hombre que tiene un sentimiento muy depurado de lo que debe ser la búsqueda de la paz mediante el diálogo. Decimos que ojalá que el gobierno de Colombia y el de Estados UNIDOS propicien la presencia de Simón Trinidad.

Confirma que Uribe buscaba a las FARC

DE: Termino con otra pregunta: se dice también que Santos ha estado un poco presionado por el ala uribista y que en Colombia, durante 4 ó 5 años buscaba también a las FARC para entablar algún tipo de proceso a su gusto. ¿Usted puede confirmarlo?

IM: Si, absolutamente, plenamente puedo afirmar que el señor Álvaro Uribe Vélez nos envió una misiva pidiendo conversar con nosotros. Nosotros dimos una respuesta y esa respuesta en su oportunidad la conoció todo el país porque fue pública.


Foto: Dos presidentes, un ex y un actual pero que representa la misma política de guerra, según Iván Márquez.

Uribe por debajo de cuerda nos contactó y eso no se puede negar, Santos lo que ha hecho es seguir por esa línea trazada por Uribe.

DE: Bueno comandante, solo nos queda desear de todo corazón éxito a este proceso.

IM: Nosotros le agradecemos a ANNCOL y quisiera a través de esta señal de ANNCOL invitar a todos los sectores políticos y sociales de Colombia a que participen en la búsqueda de esta solución política, diplomática.

Acá los estamos esperando en La Habana, el gobierno tiene que propiciar las condiciones para que los distintos sectores políticos y sociales viertan su opinión en torno a la paz.

Necesitamos el concurso de todos los colombianos para lograr la paz, que es la única manera de que la paz sea estable y duradera como dice el discurso que está consignado en el acuerdo de La Habana.

Esta no es la paz de un presidente o de la guerrilla, es la paz de todos, es una cuestión colectiva y un sueño colectivo y entre todos tenemos que construirla.

Nota:
La agonía de Marmato
- http://www.eje21.com.co/cultura-secciones-54/23244.html?task=view
- Audio: https://www.box.com/s/0gkppgm83ag02k38hgsr

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Tierra, territorialidad y proceso de paz

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

El primer punto del acuerdo firmado en agosto en la Habana por el Estado colombiano y las FARC-EP, sobre “política de desarrollo agrario integral”, en el primer sub-tema se lee lo siguiente: “El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”. Si se revisa con cuidado la enunciación de todo el numeral agrario, se observa que allí está contenida en líneas generales, la concepción sobre Tierra y Territorio, que dos meses después en Oslo, ampliara el comandante Iván Márquez, en su discurso de formalización internacional del inicio de los diálogos de paz.

No es mi deseo fatigarlos repitiendo cifras o datos, sino destacar para aquellos a quienes les cortaron la trasmisión, dos aspectos íntimamente entrelazados, que fueron esbozados por él al inicio de su discurso; para luego contrastarlos con la realidad constitucional vigente en el País. Uno, los datos básicos del actual problema agrario y dos, el concepto cualitativo de Tierra como Territorio, reforzado con una cita del nuestro padre Simón Bolívar. Dijo así:

“Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año.

Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI en el campo alcanza el 0,89. ¡Espantosa desigualdad! Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia.

Para nosotros, el concepto Tierra está indisolublemente ligado al Territorio; son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos, vitales, de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio- históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir. Al respecto debiéramos interiorizar la profunda definición del Libertador Simón Bolívar sobre qué es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio: “Primero el suelo nativo que nada -nos dice-, él ha formado con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas; allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración?”.

Es decir que, a más del problema jurídico de la propiedad de la tierra, que sirve como relación de producción dominante en la actual Colombia, el comandante Márquez planteó también y en paralelo, el esencial problema de la Territorialidad política reflejada en la constitución de Colombia, vigente desde 1991.

Repasando algunos detalles históricos, se puede decir que Colombia inició en 1983, un proceso ininterrumpido de desconcentración territorial que llamó “Descentralización”. Sin embargo, todo este proceso de ajuste institucional, ha tenido como eje central la conservación de un centro político centralista, donde un solo centro de Poder localizado, por razones históricas, en el centro de Colombia, la plaza de Bolívar de Bogotá, toma las decisiones tanto ejecutivas como legislativas y judiciales para todo el país, sin tener en cuenta las regiones que lo conforman.

Yendo hacia atrás en la historia colombiana, el debate moderno actual y científico, se inició aproximadamente en 1960 en la facultad de ciencias humanas de la universidad Nacional, donde confluyeron científicos sociales que dejaron sus huellas profundas en planteamientos escritos; como el maestro humanista colombo- alemán Ernesto Guhl, el antropólogo Miguel Fornaguera, junto con sociólogos como el sacerdote Camilo Torres Restrepo y Orlando Fals Borda, para mencionar solo algunos de ellos.

Los llamados centralistas, generalmente gamonales miembros de la casta política y los linajes oligárquicos dominantes; herederos de la constitución ultra centralista, religiosa y autoritaria de 1886, y partidarios a ultranza de la división política de Colombia en departamentos, siempre han interpuesto su Poder, para evitar cualquiera alteración en sus feudos electorales , que han dado en llamar circunscripciones departamentales. Mientras que sus oponentes, con un criterio científico, humano y administrativo actual, a partir del concepto moderno de Territorialidad, plantearon la necesidad de reformar la organización del Estado colombiano actual, para que se permitiera la creación de nuevas territorialidades o entes territoriales, que garantizaran el ejercicio de la autonomía regional, provincial y local.

Con este debate se llegó a la Asamblea Constituyente de 1991, donde se pretendió acoger el espíritu de autonomía, descentralización y regionalización que se agitaba por esa época, pero sin saber como hacerlo. Dada las características de la asamblea constituyente y del proceso de conformación, análisis que corresponde a otro momento, el resultado no sorprendió: se obtuvo como texto constitucional final, un sistema de ordenamiento territorial ecléctico, burocrático y completamente disfuncional, que consagró una estructura híbrida de departamentos y fusiones de estos en regiones, y terminó profundizando aún más la crisis político administrativa del país. Cuando lo que se necesitaba era un claro re-ordenamiento territorial con regiones autónomas, dotado con una clara re-distribución de competencias y recursos entre la nación y los niveles básicos del ordenamiento territorial: las regiones, los distritos, los municipios, los territorios indígenas y, de las negritudes. Alguien decía con sorna que en cada región había surgido un frente guerrillero.

Después de 20 años de haberse adoptado la nueva constitución y tras el hundimiento de veinte proyectos legislativos de ordenamiento territorial; finalmente el congreso en su infinita sabiduría, expidió un remedo de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, llamada con el extraño nombre de LOOT. Se trató de una ley intrascendente, por la misma razón por la cual se expidió:

El congreso de la república de Colombia, se perpetúa mediante una cultura política denominada en Colombia “clientelismo ”, que tiene articulada en la presente estructura de los municipios y departamentos, la organización de sus feudos electorales encadenados en una red proteiforme y corrupta de adscripciones, favores, contratos, auxilios y burocracia, que pasan por las comunas, concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones, para entroncar con las instancias superiores o nacionales del Poder legislativo, el Poder presidencial y hasta el Poder de las altas cortes judiciales. Hoy el caso más paradigmático lo constituye la elección anunciada del uribista enemigo de la paz, el procurador Ordoñez.

En estas circunstancias, resultaba para el clientelismo dominante, una inconveniencia política fatal, promulgar una nueva forma de ordenamiento territorial que desarticulara o rompiera esa cadena de adscripciones y clientelas, sobre la que gravita su supervivencia política y económica.

Para superar la gran crisis económico, social, ambiental y cultural de las regiones, que actualmente es más marcada como lo indican los datos aportados por el comandante Márquez, hubiera sido necesario re-plantear todo el ordenamiento territorial del país y proceder a integrar las regiones buscando su desarrollo integral y sostenible, dentro de claros criterios de descentralización política, administrativa y fiscal; de autonomía regional, de participación social, de transparencia y eficiencia administrativas; de recuperación y protección del medio ambiente y , de pluralismo y respeto a la cultura y a la organización económica y social de las etnias indígenas y, pueblos minoritarios oprimidos como las negritudes . Lo cual no se hizo y, está aún en mora de hacerse.

Hagamos también para contrastar, un pequeño repaso a todo este sistema de trabas constitucionales establecidas en la carta de 1991: En el artículo 151 la constitución aprobada ordena al congreso de la república expedir diversas leyes orgánicas, entre las cuales está la relativa a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. De igual manera, en el artículo 288, remite a la LOOT o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la distribución de competencias entre la nación y los departamentos. En el artículo 297, ordena la formación de nuevos departamentos. En el artículo 319 señala el régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas, y en el artículo 329, dispone la conformación de las entidades territoriales indígenas.

Así mismo en el artículo 306, la constitución colombiana establece las Regiones Administrativas de Planificación, cuya sugestiva sigla es rap, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el plausible pero demagógico objeto de promover el desarrollo económico y social del respectivo territorio. En el artículo 307, delega en la LOOT establecer las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial y las atribuciones, los órganos de administración, los recursos de las regiones, junto con los principios para la adopción del estatuto especial de cada región.

Pero, en ese mismo artículo 307, la tan citada constitución establece el tránsito previo de las regiones territoriales por las Regiones Administrativas de Planificación, o rap, condicionando su existencia a la expedición de la LOOT, y por si fuera poco, en el articulo 306 referido, se vuelve a condicionar la creación de regiones a la voluntad de los departamentos para asociarse y lo amarra con un nudo ciego en el artículo 321, con la creación de las provincias a la voluntad de asociación de los municipios y los territorios indígenas circunvecinos, que pertenezcan a un mismo departamento. Con ello, se impidió que para la conformación de las regiones o de las provincias, pudieran afectarse los territorios departamentales o municipales; convirtiendo la actual conformación político- administrativa de Colombia en la dimensión fundamental y casi única del reordenamiento territorial del país.

Así las cosas, no es difícil llegar a concluir que el primer punto del acuerdo firmado por el Estado colombiano y las FARC –Ep, sobre “política de desarrollo agrario integral” y en especial, el primer sub-tema sobre el “desarrollo agrario integral como determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país” ; necesariamente chocará con las trabas constitucionales enunciadas, las cuales si se desea avanzar en un proceso de paz, deberá re-plantear completamente, con el claro concepto aprendido de la experiencia de 1991 de que una constitución por si sola, sin la compañía de los cambios estructurales económicos sociales, políticos, culturales y porqué no decirlo morales, que la deben preceder; no constituye un antídoto definitivo contra ningún embrujo neoliberal autoritario. Por ahora habrá que seguir en la disyuntiva cruel de poner en la mesa del comedor combustible en lugar de arepa y etanol en lugar de panela.

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Argentina: Una legalización necesaria y urgente

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

El Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Comunitarias y Populares es el lugar común de la lucha de las emisoras de televisión digital, las que vienen buscando el camino hacia una legalidad que las lleve a ser incorporadas en el seno de la comunicación social. Su gran mayoría emite sus programas por Internet, con una variada programación que intenta reflejar lo que sucede en sus comunidades y regiones, además del contexto nacional que enmarca dichos hechos. Y ello precisamente es lo que legitima su actividad, porque parte de la participación de personas y organizaciones que forman parte del pueblo.

Lo legal y lo legítimo van de la mano. Pero el discurso oficial, aunque alardea de la necesidad de la diversidad de voces, viene chicaneando el derecho de las emisoras comunitarias de diversas formas (1). Y van tres años desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual... Lo legal establece el 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro, pero ello no ha sido definido claramente en la norma y reglamentariamente, se busca institucionalizar la sustentabilidad en el marco del capitalismo "en serio", pero olvida la realidad emergente de aquellos proyectos iniciados después de la crisis de 2001, que hoy constituyen bastiones informativos destinados a las comunidades a las cuales se dirigen, mientras que lo legítimo debe entenderse desde el derecho a la libertad de expresión que estas emisoras comunitarias vienen ejerciendo de la mano de las organizaciones y movimientos sociales que buscan dar a conocer sus actividades y luchas, lo cual no siempre es reflejado por los medios comerciales y cuando lo es, suele ser tergiversado en defensa de los intereses corporativos de siempre.

Por otra parte, se advierte claramente una polarización con respecto a lo corporativo. Desde varios sectores, la disputa por la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es visualizada como una estrategia oficial contra el Grupo Clarín mientras intenta armarse la corporación oficial de medios afines. El mentado 7D constituye una lucha por el dominio de la información, donde el kirchnerismo pretende quedarse con un armado mediático que le sirva de propaganda funcional a sus propios fines, arrebatando el predominio al corporativismo de Clarín, La Nación y Perfil.

En el medio de esta lucha interburguesa, las emisoras comunitarias, alternativas y populares son las que brindan una opción informativa que permite conocer otras realidades. Son aquellas que suelen desdeñar los pulpos mediáticos y el mismo oficialismo, porque afecta a sus intereses de clase. De allí que, si se pretende la existencia de una verdadera pluralidad informativa, resulta imprescindible, al decir de la extinta compañera Adriana Calvo, una urgente legalización de estos medios surgidos al calor de los movimientos y organizaciones sociales.

Pero ello debe ser acompañado de una política oficial que fomente este tipo de actividades mediante el otorgamiento de pautas publicitarias y de facilidades para que puedan desarrollar sus actividades, incluyendo su incorporación a la grilla de la televisión por cable. Ocurre que son producto de una actividad sostenida por la militancia permanente, antes que el logro de objetivos comerciales. Ello es lo que no entienden, o no quieren entender, desde el oficialismo. Y por ende, resulta necesario que sea apoyada desde el Estado porque permitiría contribuir a la libre expresión de los pueblos.

Si tenemos en cuenta la disputa señalada anteriormente, la urgencia en la mentada legalización se encuentra en la necesidad de contribuir a la democracia informativa en términos reales. De poco vale un 7D, si no está acompañada de otras voces que contribuyan a ella. Porque la cuestión pasa, en realidad, por una desconcentración efectiva que lleve a una democratización informativa, de la mano de esa limitación a la cantidad de licencias en poder de los multimedios y de la incorporación de nuevos actores mediáticos como las televisoras comunitarias.

Ahora bien, los intentos oficiales por desmonopolizar la información pueden quedar desteñidos si no se accede al pedido de estas emisoras. Pronto se calificará al Gobierno Nacional de cercenar la libertad de expresión, en ese caso. En cambio, si se procede a la legalización, ello contribuirá a legitimar los deseos oficiales en forma sustantiva.

Se trata, nada más y nada menos, que surja una verdadera democracia mediática donde se vea reflejada lo que ocurre todos los días en todos los rincones de la Argentina. Y ello, sin dudas, será de la mano de esa legalización necesaria y urgente de los medios comunitarios, sin chicanas y con el necesario apoyo oficial para que puedan continuar con sus actividades.

Nota:
1) Siete chicanas contra la televisión alternativa, de Natalia Vinelli.

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El 20 N, el 7 D y las complejidades de la coyuntura política

Eduardo Lucita (LA ARENA)

Ante un cuadro por demás complejo el gobierno no muestra reflejos políticos. Se trata de una debilidad que favorece a las clases dominantes y a la acción imperialista, no a los trabajadores.

La más que significativa movilización del 8N pasado, la emblemática fecha del 7D más la ofensiva de los "fondos buitres" y la justicia norteamericana conforman un cuadro por demás complejo frente al que el gobierno no muestra reflejos políticos. Se trata de una debilidad que favorece a las clases dominantes y a la acción imperialista, no a los trabajadores.

Superado el 8N el horizonte inmediato está puesto en el posible paro convocado por la CGT-Azopardo y la CTA-Micheli para el próximo 20 de noviembre y sobre todo en el 7D, momento límite para la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales. Es esta última fecha la que está determinando el ritmo del conflicto interno

El gobierno extremando su importancia lo ha definido como "la madre de todas las batallas" mientras que el Grupo Clarín ha respondido internacionalizándolo. Así es posible comprender mejor porqué en esta disputa interviene la llamada internacional de la "prensa libre" que va desde la CNN (EEUU) a O'Globo (Brasil), de Televisa (México) a El Mercurio (Chile), del Grupo Prisa (España) al Cisneros (Venezuela) o a la Cadena Caracol (Colombia). Obviamente el Grupo Clarín forma parte de ella y la hace jugar en esta disputa.

La confrontación no puede ser vista ya solo como una disputa entre el gobierno y la corporación mediática por excelencia, lo trasciende, supera las fronteras y se ubica en una nueva realidad internacional. Se trata del "poder de los medios" lo que conocemos como Mediocracia y de la tendencia mundial a una nueva relación de las corporaciones mediáticas, los gobiernos de las clases dominantes y las instituciones de la democracia, que se ven condicionadas por este poder.

Contenidos de clase I

El nuevo cacerolazo tuvo alcance nacional, superó en densidad social al anterior y acentuó su carácter clasista así como su conservadurismo y regresividad política, aún cuando algunas de sus múltiples reivindicaciones pudieran compartirse. Otra vez las redes sociales mostraron su contundencia, otra vez quedó al desnudo la crisis de representatividad de los partidos de la oposición derechista.

Precisamente la combinación de la dispersión de sus demandas -cuyo único hilo conductor es la oposición al gobierno- la carencia de argumentos con cierta solidez -como puede comprobarse revisitando las numerosas entrevistas que se le hicieran a los participantes en la propia concentración- y la ausencia de liderazgos políticos -no puede obviarse que es una fracción social no menor que está a la busca de una figura aglutinante- conforman un escenario propicio, si se desenvuelve esta tendencia, para la aparición de un liderazgo providencial que aglutine a lo que hoy aparece disperso y sin mayores perspectivas. Tal lo que señalara un analista político de la consultora Ibarometro: "El deseo subyacente de la marcha es la consolidación de una alternativa política. El 8-N se movilizó para pedir una alternativa opositora, no un kirchnerismo mejorado".

Fallos en contra

No necesariamente el impacto de la movilización abrirá una crisis política en el kirchnerismo, su contenido es más simbólico que otra cosa, pero sí es un punto de ruptura hacia el futuro. En este sentido conviene no perder de vista que los procesos electorales suelen ser útiles al poder concentrado para seleccionar dirigentes funcionales a sus intereses, en camino al 2015 las elecciones del año entrante pueden jugar este papel.

Por si algo faltara el embargo de la Fragata Libertad, en un país africano, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ordenó al juez Griessa "trato igualitario" entre bonistas que ingresaron al canje y los que no, ha facilitado el ataque de los fondos buitres y la posterior amenaza del juez de tomar sanciones contra el país.

De conjunto estamos frente a un cuadro político más que complejo, frente al que el gobierno nacional aparece debilitado. No es que haya perdido hegemonía pero a diferencia de otros momentos muestra falta de iniciativa política y cede espacios que favorecen a las clases dominantes y a la acción imperialista. No a los trabajadores.

Contenidos de clase II

Es en este marco que combina, azarosamente o no, conflictos con grupos de poder locales y roces crecientes con el imperialismo, que se aproxima el paro convocado por las centrales opositoras. Las consignas que se levantan son inobjetables -elevación del mínimo no imponible para la aplicación del impuesto a las ganancias a los asalariados; universalización del Salario Familiar y eliminación de topes; derogación de la Ley de Accidentes de Trabajo; rechazo a la Ley Antiterrorista y a la ingerencia del Ministerio de Trabajo en las organizaciones obreras; fondos de las obras sociales- pero si no se delimitan los campos pueden resultar funcionales a los intereses derechistas.

En este sentido no deja de ser preocupante que los convocantes no hayan tomado distancia de los caceroleros, más aún ciertas declaraciones demostrarían alguna connivencia con estos, o que al menos hasta hoy no se conozca ninguna declaración rechazando la presión de los fondos buitres y las amenazas del juez Griessa.

Las diferencias entre las centrales para acordar la modalidad del paro no hizo más que poner en evidencia en un caso que hay dificultades para generalizarlo y en el otro que su capacidad esta mas centrada en los cortes y concentraciones basadas en la movilización de movimientos sociales que en su capacidad de paro efectiva en los núcleos productivos.

Bonapartismo débil

Cierto es que el gobierno empeñado en arbitrar en los conflictos de clase -una suerte de bonapartismo débil- y cuando los límites del neodesarrollismo se hacen más visibles y condicionantes, se ha sesgado hacia el poder real con la sanción de la Ley Antiterrorista -a pedido de los organismos financieros- de las enmiendas regresivas a la Ley de Accidentes de Trabajo -a pedido de la Unión Industrial Argentina- y una redistribución de ingresos al interior de los trabajadores -no frente a otras clases- lo que potencia el carácter antigubernamental de la medida de fuerza.

Es obvio, los trabajadores tienen cuentas por cobrar con el gobierno, y este se ha encargado de poner distancia con ellos, aún así no es el enemigo principal en la coyuntura. No comprender la deriva política que potencialmente contiene la situación puede concluir en que el paro alimente políticamente a clases o sectores de clase que poco y nada tienen que ver con las clases trabajadoras.

Romper la trampa

Esto no implica tener una actitud pasiva los trabajadores, los sectores populares no son indiferentes a como se resuelva la situación. Disputar la calle, las consignas y las propuestas no solo con el gobierno sino también con los sectores sociales que hoy operan como correas de transmisión de la derecha, está a la orden del día.

Zafar de esta encerrona requiere como mínimo deslindarse políticamente de la oposición derechista en forma explícita y ampliar los ejes de la convocatoria al paro. Por ejemplo demandando el control de costos y tasas de ganancia de los formadores de precios (en producción y distribución); la reducción del IVA a artículos de primera necesidad; la actualización periódica de salarios e ingresos populares según la evolución de los precios; una mayor transparencia y eficiencia del gasto público; sancionar efectivamente la corrupción al interior del gobierno; exigir la implementación integral de la Ley de Medios (corporaciones y comunitarios); romper con la integración subordinada al mercado mundial; rechazar las presiones imperialistas de la justicia norteamericana y los fondos buitres; recupera la fragata, anular la deuda emitida bajo cláusula de cesión de soberanía; investigar la deuda con el Club de París...

Se trata de superar el estado corporativo de las demandas para elevarlas al plano de la política nacional.

Eduardo Lucita es integrante de EDI-Economistas de Izquierda.

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Democracia de cuervos y chacales (Parte II)

Alfredo Grande (APE)
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“El problema no es que hay funcionarios que no le entran las balas. El problema es que no le entran las palabras”
(aforismo implicado)

"Por la vía de la criminalización de la protesta, emprendió el diputado Carlos Kunkel, al conjeturar que los protagonistas del 8N habrían incurrido en el delito de sedición. Sorprendido, su entrevistador quiso saber en qué basaba tamaña afirmación. Y Kunkel contestó: “No lo digo yo. Lo dice la Constitución. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. (Susana Viau, Clarín, 10 de noviembre de 2012).

Saber que Clarín miente, me tranquiliza. De lo contrario, la afirmación del diputado Kunkel, que es K por partida doble, me hubiera estremecido. Porque citar a la Constitución en su afirmación más desafortunada, no es digno de ningún militante del campo popular. El representante, suponiendo que lo fuera, intermedia entre el gobierno y el pueblo. Y toda intermediación es parásita. O sea: sostenemos a cientos de parásitos para que intermedien entre el pueblo y el Gobierno. Gobierno que en la lógica de capitalismo, incluso el serio, no es más que la planta permanente o transitoria de los empleados de la Mega Corpo que muchos denominan Estado Nacional. Desde ya, hay empleados más permanentes que otros. Algunos de tan permanentes ya son vitalicios. Y los transitorios a veces terminan como algunos arreglos caseros, siendo permanentes también. Ser empleado público ha vuelto a ser una razón para vivir. Incluso, vivir bien. Lo que no está mal, simplemente está peor. Si goles son amores, votos son empleos. Y amores son goles, y empleos son votos. Por lo tanto aparece una lógica que corrompe el fundante de la democracia, que podemos bautizar como “lucrar con el Lucro de Estado” No es lo mismo mediar el conflicto social, aún en el caso que esto sea posible, que gerenciarlo. Para la derecha el arte de gobernar es, mas prosaicamente, el arte de gerenciar. En la incontenible ascensión de nuestro Arturo Ui 1, el Jefe del Operativo Inundando Buenos Aires, se observó el tránsito de ser CEO de la multinacional xeneixe a ser el CEO, o sea, el gerente general de la reina del plata y de la plata. La derecha tiene claro que el pueblo no gobierna, y si para distraerlo hay que nombrar representantes cada dos y cuatro años, que así sea. Cuanto más baje la edad para votar, incluso puede servir para bajar la edad de imputabilidad. Dos pájaros de un tiro. Si alucinan desde los 16 con que forman parte de la gran familia democrática y además pueden ir en cana. Sin embargo, estos privilegio de discurso son letales al ser usados por un integrante de una organización político partidaria que, al decir de Laclau, es la izquierda real. No quiero discutir con Laclau, pero como hago muchas cosas que no quiero, voy a discutir con Laclau. La palabra izquierda ha sido eviscerada: de la lucha de clases, del contenido anticapitalista, de la protesta insurreccional. Esa izquierda trozada y frizzada se puede comprar en los mejores supermercados de la política real. Pero la pechuga de pollo congelada nada tiene que ver con el pollo. Al olor de la flor se le olvida la flor. Para Laclau, el kirchnerismo es real y es izquierda. Me acuerdo del título de un libro de Paul Watzlawick: “¿Es real la realidad?”. En un libro que debo haber mencionado alguna vez, Noam Chomsky desarrolla su concepto de las “ilusiones necesarias”. Una de ellas, en la que el propio Chomsky cayó, es apoyar a Obama porque el candidato republicano es aún más de derecha. El PRO es derecha real. Y palpable. E insoportable, mas allá que se la soporta. Todavía. Pero el kirchnerismo apenas puede aspirar a ser una izquierda abstracta. Ideal. No en el sentido de los ideales y los valores, sino en el sentido de la pura abstracción. En realidad, es la izquierda ideal del poder burgués y capitalista. Contención social, pequeña distribución económica, asignaciones y subsidios que balancean privilegios y estafas. Es una izquierda ideal porque así contiene a su propia derecha: Scioli, Cobos y Boudou. Hay mas mosqueteros pero para muestra bastan tres botones. Y parte del discurso oficial de la izquierda real es decretar por martilleo mediático que a la izquierda de la izquierda real solo encontramos la pared. Quizá sea cierto porque han puesto contra la pared a la protesta popular no domesticada. ¿Asignación o muerte? Asignación, sin dudarlo. Yo creo que si el kirchnerismo es izquierda, será una izquierda domesticada. O sea: capitalizada como una de las formas de sostener el Lucro de Estado. Supongo que Laclau conoce las experiencias de la Universidad Transhumante, las cooperativas de trabajo, las fábricas recuperadas, el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, la obra de la Fundación Pelota de Trapo, la Constituyente Social, la CTA que nunca tuvo personería jurídica, la Asamblea del Pueblo, la Red Nacional de Medios Alternativos, y tantos dispositivos de lucha contra la hegemonía de patrones y capataces. En esas experiencias, todas autogestivas, todas solidarias, está la realidad actual de la izquierda. Que no es partidaria, que quizá nunca más pueda serlo. Pero con seguridad es Frentista, con la amplitud que mas convenga y con un progresismo que se depure de todos los males que describí en mis artículos sobre el “retroprogresismo”. Para lo cual es necesaria una contundente definición anti capitalista. La propiedad privada es el huevo de la serpiente y también la serpiente. Una imagen patética de esta situación es decir “los subtes ahora serán de Macri”. Yo hubiera preferido que se lo dieran a Boris Karloff. Pero de todas maneras la propiedad siempre se la piensa como individual. Nunca como social o colectiva. Una izquierda real tendrá que apoyarse en esta dimensión colectiva de la propiedad. Capitalismo serio: abstenerse. Por supuesto, la realidad actual de la izquierda se reserva el derecho de admisión de cuervos y chacales. Y sin reserva alguna, no los admite. Alguna vez escribí sobre la “izquierda de Troya”, de cuyo interior salían los enemigos de la izquierda. Si al decir de Benedetti nuestros muertos quieren que cantemos, estoy seguro que todos nuestros muertos también quieren que triunfemos.

1 HAGO REFERENCIA A LA OBRA DE BERTHOLD BRECHT “LA IRRESISTIBLE ASCENCIÓN DE ARTURO UI” DONDE DESCRIBE EL ADVENIMIENTO DEL TERCER REICH.

Ver también:
- Democracia de cuervos y chacales

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El traspaso del subte: Una pieza clave del acuerdo Macri-K

Gabriel Solano (PRENSA OBRERA especial para ARGENPRESS.info)

El anunció de que la Ciudad se hará cargo del servicio de subtes estaba más que cantado. Había sido anticipado por el pacto en la Legislatura entre los bloques macristas y kirchneristas, para votar en común la entrega de tierras de la Ciudad al capital inmobiliario y darle vía al libre al traslado de la Jefatura de Gobierno a terrenos que ocupa el hospital Borda. Es previsible que dentro del acuerdo entre también la aprobación del Presupuesto 2013 por parte del bloque kirchnerista.

Durante muchos años el macrismo y el kirchnerismo disputaron el control del subte. Los primeros pedían el traspaso, mientras los segundos lo negaban. El cambio de posiciones se debió a un único motivo: la crisis fiscal brutal que azota al gobierno nacional, una parte de la cual se explica por los subsidios a los concesionarios del transporte metropolitano. Con la transferencia del transporte a los distritos, el gobierno pretende transferir el ajuste a las provincias y municipios, que deberán hacerse cargo de un servicio desfinanciado y sin inversiones.

En el caso del subte, el gobierno nacional ya había ordenado que los subsidios destinados al servicio, de aproximadamente 720 millones de pesos, se reduzcan en un 50% desde principios de este año, y su eliminación completa para 2013. Esto recorte llevó al aumento de la tarifa del 127% que el macrismo decretó a principios de año, y está más que cantado otro tarifazo para el año que viene. Sólo se discute si la tarifa será de 4 ó 5 pesos, y si se aumentarán otros impuestos (patentes) o las tarifas de autopistas para cubrir la eliminación de subsidios del gobierno nacional. El tarifazo será presentando con el argumento ‘progresista’ de que auspicia el transporte público en detrimento del particular. De esta forma, el kirchnerismo justificaría el apoyo al proyecto enviado por Macri a la Legislatura.

El aumento de la tarifa podrá cubrir los gastos operativos del servicio, pero de ninguna manera la inversión necesaria para modernizar una red absolutamente deteriorada, y que ronda los 1.000 millones de dólares. El endeudamiento de la Ciudad con ese fin habría sido acordado entre los macristas y Kicillof, ya que el gobierno nacional le daría los avales para que la Ciudad pueda solicitar un préstamo.

El tarifazo que se viene se ampliará rápidamente a todo el servicio de transporte metropolitano, teniendo en cuenta que las 33 líneas de colectivos que circulan sólo en el ámbito de la Ciudad han sido transferidas al Estado porteño. Un nuevo aumento del subte es inviable sin un incremento generalizado de la tarifa del transporte público, ya que de otro modo habrá una fuga de pasajeros del subte a los colectivos.

Los trabajadores del subte ya tienen un anticipo de lo que les espera: desde que se comenzó a operar la transferencia, no han podido cerrar su acuerdo paritario. La responsabilidad principal recae en el gobierno nacional y en el Ministerio de Trabajo, que es el único ámbito de homologación de las paritarias. Tomada, además, sigue negándole la personería al sindicato de los trabajadores del subte (AGTSyP), sin la cual no tiene legalmente atribuciones para discutir los acuerdos salariales. De esta forma, operan abiertamente para la burocracia de la UTA, que sigue teniendo por decisión del Ministerio de Trabajo la representación de los trabajadores del subterráneo.

La dirección de los “metrodelegados” está totalmente sometida al kirchrnerismo. Sin mandato de sus bases que las avale, había hecho propia la consigna oficialista de que “Macri se haga cargo”, como si darle el subte a un gobierno derechista resultara beneficioso para los trabajadores y usuarios. La línea seguida por la dirección la convierte en cómplice consciente del tarifazo que se viene, y del ajuste que la empresa aplicará contra los trabajadores. La suspensión de las medidas de lucha que el pianellismo había declarado estas semanas, que hacía las veces de una tregua unilateral, tenía por finalidad no entorpecer las negociaciones entre ambos gobiernos para que se opere la transferencia.

Toda la oposición política de la Ciudad, incluida la centroizquierda, saludó el anuncio de Macri, reservándose opiniones críticas hasta conocer “la letra chica del acuerdo”. Pero está cantado que el traspaso viene con tarifazo y ajuste. Esta oposición viene de votar el Presupuesto de ajuste en la provincia de Buenos Aires presentado por Scioli y Mariotto.

Nuestra posición es la siguiente: denunciamos la transferencia del subte como un operativo de ajuste y tarifazos pactado por ambos gobiernos. Reclamamos que se vaya Roggio y que el servicio sea brindado por el poder público, bajo el control de los trabajadores. Exigimos el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación de la AGTSyP y la firma de un acuerdo paritario que contemple los reclamos de los trabajadores. Fuera la UTA.

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Los buitres tienen la Fragata pero antes el Gobierno renunció a su soberanía

Alejandro Olmos Gaona (ACTA)

El embargo de la Fragata Libertad por parte del fondo de inversión NML, uno de los tantos buitres que compraron bonos de la deuda externa, demuestra la torpeza de los funcionarios ministeriales que no previeron la posibilidad de esa medida preventiva, sabiendo que todavía hay más de 11.000 millones de dólares de bonos en default.

Y que cualquier tenedor puede afectar bienes de la Argentina que se encuentran en el exterior, ya que el gobierno nacional se negó reiteradamente a auditar la deuda pública e impugnar los créditos fraudulentos, limitándose a acciones defensivas inoficiosas.

La discusión sobre la procedencia del embargo o su supuesta ilegalidad está ceñida a diversas disposiciones del derecho internacional, muchas de las cuales pueden ser materia de diversas interpretaciones a favor o en contra de la medida cautelar.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, establece en su artículo 95 la inmunidad de los buques de guerra que se encuentren en alta mar, y genéricamente el artículo 32 de la misma determina la inmunidad de los buques, lo que una mirada superficial mostraría como una norma relevante para que la fragata Libertad sea desafectada y pueda continuar con su navegación. Pero ocurre que en esta cuestión de las inmunidades, no existe una norma de derecho internacional explicita que proteja estas embarcaciones, si el propio Estado no se ocupa de su salvaguarda, o si renuncia a las inmunidades que podrían protegerla.

Los bonos que ejecutaron los fondos buitres y que fueran emitidos a partir del Plan Brady, en 1992 y durante la década del 90, tienen una cláusula explícita de renuncia del gobierno a oponer la defensa de inmunidad soberana. La renuncia del Estado argentino es total, y solo excluye las reservas de libre disponibilidad de propiedad del Banco Central, los activos existentes en la Argentina, afectados a un servicio público esencial. En ningún caso se excluyó a los buques comerciales o de guerra de esa renuncia a la inmunidad. Además, y como una evidencia más del sometimiento a los bancos extranjeros, el Estado se sometió a la aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos (Foreign Sovereign Immunities Act) de 1976 y a la Ley de Inmunidad de Estado de Gran Bretaña (State Immunities Act) de 1978, que admite la jurisdicción de los tribunales de esos países si declara que los actos celebrados no son actos soberanos, sino comerciales y sujetos al derecho privado. Además el Estado pactó que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana era irrevocable no solo en el momento de la emisión de los títulos, sino que continuaría vigente aunque alguna norma posterior así lo determinara.

Toda la estructura del Plan Brady impuesta a los países latinoamericanos para producir una descomunal transferencia de recursos públicos en 1992, contó con cláusulas de renuncia a la soberanía y los gobiernos las aceptaron, sin que nadie realizara objeción alguna, ni aún los abogados del Estado. La única excepción que conozco fue la del Procurador del Estado de Ecuador, Dr. Bertini Arbelaitz, que se negó a convalidar la renegociación de la deuda externa en el año 2000 por la existencia de cláusulas que contrariaban el interés nacional.

Estos criterios lesivos para la Nación continuaron invariablemente y fue así que cuando Néstor Kirchner emitió el primer decreto de reestructuración de la deuda pública el 15 de marzo de 2004, también renunció a oponer la defensa de inmunidad soberana sobre “bienes del Estado Nacional”(Artículo 8 del Decreto 319). En una norma posterior, el decreto 1735 del 9 de diciembre del mismo año, resolvió excluir de la renuncia a la inmunidad a los bienes asignados al uso militar. Sin embargo estos dos decretos están referidos a los títulos públicos emitidos cuando la reestructuración de la deuda en el año 2005, y nada tienen que ver con los ejecutados por los fondos buitres, que están protegidos por una renuncia más general y sin salvaguardas específicas.

Como en nuestro país siempre se omite consignar los nombres de los responsables, es bueno recordar que desde la dictadura para acá los que autorizaron estas renuncias y prorrogas fueron Videla, Viola, Galtieri, Martínez de Hoz, Klein, Menem, Cavallo, Daniel Marx, Roque Fernández, de la Rúa, Kirchner, Lavagna, entre otros que participaron en esos gobiernos.

Es bien sabido que para la legislación anglosajona (Ghana es miembro del Commonwealth), los pactos entre partes están aún por encima de la ley y deben cumplirse, de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad. En el caso de la deuda externa argentina existe una continuidad estructural en la renuncia a la inmunidad, ya que todos los títulos emitidos a partir de 1976 tienen esa cláusula, que además se repitió en toda la instrumentación de las operaciones de endeudamiento y fue autorizada por decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

La renuncia a la soberanía en todas las emisiones de bonos públicos de la deuda externa, se completó con el reconocimiento de la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales de Londres y de Nueva York, desconociendo la tradicional doctrina argentina de que las controversias debían de sustanciarse ante nuestros tribunales. Esa lamentable declinación de nuestra potestad jurisdiccional arrancó con la ley 20548, promulgada por el Presidente Perón en noviembre de 1973, y se explicitó definitivamente cuando la dictadura cívico-militar modificó el artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial, por la cual se permitió la prorroga de la jurisdicción. A partir de allí siempre quedamos a merced de jueces extranjeros que invariablemente fallaron contra los derechos del país, como ocurriera en el conocido caso Weltover en 1992.

Si no se abandonan estos criterios de sometimiento, los mercados financieros, los fondos buitres y todos los especuladores de deuda soberana continuarán ejerciendo acciones judiciales contra el país y tratando de afectar sus bienes. Los amparan las cláusulas ofensivas contra la dignidad de la Nación de los títulos de deuda y los decretos de gobiernos, que en esta política de negociar el endeudamiento no vacilaron en comprometer la soberanía de la República.

Alejandro Olmos Gaona es historiador. Especialista en el tema de la Deuda Externa.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias LVIII: Recordando al vasco

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

En nuestra nota anterior recordamos a dos queridos compañeros, asesinados por las bandas armadas de la burocracia sindical, Juan Zalazar y Domingo Blajaquis.

Ambos, militantes de nuestra corriente al interior del Movimiento, impactados por el triunfo de la Revolución Cubana, soñaban con alcanzar la Liberación y el Socialismo; como todos nosotros.

El “vandorismo” que avanzaba en sus acuerdos con la cúpula castrense y tenía que “sacar del medio” a otro burócrata, Rosendo García, armó la provocación en la histórica pizzería de Avellaneda.

Al hurgar en el arcón de los recuerdos me acordé de otro hecho, que me había impactado fuertemente, que sucediera el 21 de julio de 1964.

Ese día se produjo una explosión en un departamento ubicado en la calle Posadas de la ciudad de Buenos Aires donde se encontraban reunidos un grupo de ex militantes de Palabra Obrera que tenían serias diferencias con el dirigente de esa organización, Nahuel Moreno.

Lázaro Saúl Feldman, Hugo Penino Santillán -medico de la combativa FOTIA- Raúl Reig, Carlos Schiavello y Ángel Bengochea, entre otros, habían conformado las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional -FARN- con el objeto de iniciar la lucha revolucionaria en el país.

A varios de ellos los había conocido en Cuba en 1962 cuando participamos en el proyecto de Alicia Eguren y John William Cooke de conformar un Frente de Liberación con militantes marxistas y peronistas revolucionarios.

El “Vasco” lideraba el grupo que inicialmente formaba parte de Palabra Obrera, organización que militaba al interior del Movimiento Peronista, reivindicándose como “cookista”.

Era un compañero con gran sentido del humor y una firme convicción.

Había estado durante largo tiempo en la cárcel en el período de la Resistencia -1955-1958- y tenía muchas anécdotas de esa época, algunas tragicómicas.

Recuerdo su debate en el campamento con el Che.

Este, que llegó cuándo ya habían surgido serias diferencias en el contingente, planteó que el camino en América Latina y, por cierto en Argentina, era el de la guerrilla rural e hizo un largo desarrollo sobre las condiciones que se abrían en el Continente, haciendo hincapié en el Movimiento Campesino que lideraba en Perú Hugo Blanco, en las guerrillas en Guatemala y en Venezuela, entre otros ejemplos que dio.

Bengochea le pidió la palabra y señaló las características particulares que a su juicio, tenía nuestro país.

Una clase obrera organizada, grandes centros urbanos, un movimiento que expresaba a ese proletariado con todas sus contradicciones, concluyendo que, en ese escenario, la lucha armada urbana cobraría gran importancia.

La discusión siguió en esos términos, hasta que el Comandante, reiterando su postura, reconoció que nuestro compañero tenía puntos de vista, que debían ser tenidos en cuenta.

Luego vino lo que he relatado en las primeras notas.

Al volver al país me encontré en varias oportunidades con este en la casa de Alicia y John. Tenía admiración y simpatía por Susana, mi hermana y por Luis Pujals, su compañero, al que consideraba un cuadro.

Nos contó que se habían profundizado las diferencias con Nahuel Moreno y que por eso habían decido abandonar dicha organización para avocarse a la conformación de una formación guerrillera, manteniendo los vínculos con el proyecto “guevarista”.

Su muerte nos lleno de tristeza, como así también la de los demás compañeros que se encontraban en ese lugar en el momento de la explosión.

Una incógnita que, lógicamente, el tiempo no podrá develar, es que pasó aquél día y porque razón se produjo el siniestro.

Regresando a junio de 1966, en este “Diario de un Caminante” y en la búsqueda de las utopías, el contexto mostraba como evidente que el gobierno de Arturo Humberto Illia estaba absolutamente aislado.

Los sectores del verdadero poder, los bancos, la industria de los laboratorios, las trasnacionales y la burguesía agraria rechazaban un gobierno que había intentado poner límites a sus fabulosas ganancias, mejorando los ingresos de los asalariados.

La anulación de los contratos petroleros había molestado a Washington, por lo que el golpe militar aparecía como inevitable y era “la crónica de una caída anunciada”.

El apoyo a la democratización del movimiento sindical, por parte del inquilino de la Casa Rosada, le granjeaba la oposición de la dirigencia burocrática liderada por Augusto Timoteo Vandor.

A todo ello se sumaba el silencio del General, desde su exilio en Madrid, que sin duda, estimulaba a los golpistas.

Con ese escenario llegamos al 28 de junio, a la ocupación militar del Estado y al inicio del Terror, que tomaría forma de genocidio, a partir de marzo de 1976.

En el próximo número analizaremos el comportamiento de los diferentes sectores sociales y políticos frente al gobierno castrense y la resistencia al mismo.

Manuel Justo Gaggero es abogado, ex Director del Diario “El Mundo”, y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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La resolución 1200 y las prestaciones a personas discapacitadas

Katy García (PRENSA RED)

Ante la movilización de beneficiarios y organizaciones sociales, el gobierno debió suspender la normativa que reordena el sistema de subsidios para la atención de discapacitados. Sin embargo, la resolución afectaría la relación del Estado con los prestadores y no con los beneficiarios.

La suspensión de la resolución 1200 de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS) tras una primera manifestación realizada por beneficiarios discapacitados y familiares en las principales ciudades del país, no impidió una segunda marcha la semana pasada. Estudiantes de escuelas especiales, profesionales de la rehabilitación, agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles, marcharon frente al Patio Olmos repudiando la normativa que genera temor sobre la caída en las prestaciones de las obras sociales.

Desde la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Provincia de Córdoba, Lilia Patiño le dijo a este medio que “si bien hay una ley que defiende los derechos de los discapacitados, la resolución 1200/12 nos produce miedo de que las obras sociales se agarren de esto para no cubrir las prestaciones lo cual afectaría a clase media, media baja y especialmente a los sectores más vulnerables”.

Patiño expresa la posición de miles de beneficiarios que solicitan la derogación “del articulado referido a la discapacidad porque no queremos que afecte a los chicos y tampoco perjudique a los profesionales que los atienden. Queremos que reciban atención y que no quede el tendal de desocupados porque la obra social no recibe el dinero para pagar las prestaciones, el transporte y las maestras integradoras”, enfatizó.

La resolución publicada en el Boletín Oficial en octubre anunciaba la creación de un Sistema Único de Reintegros (SUR) para la implementación y administración de fondos destinados a apoyar financieramente a los agentes de salud. En sus anexos detallaba las prestaciones médicas de baja y alta incidencia, presentando un catálogo con las enfermedades y su tratamiento específico, al tiempo que precisa los montos a reintegrar y suprime la posibilidad de reintegros “por vía de excepción”.

Directivos de algunas prestadoras sindicales aclararon que este nuevo sistema no regula la cobertura de los servicios que la ley garantiza y que las obras sociales y prepagas deben brindar. Insisten que las modificaciones del sistema de reintegros tiende a evitar el “negocio” de la discapacidad y acuerdan que el Estado debe intervenir para evitarlo.

Prórroga

Diversas entidades prestatarias como la Asociación de Institutos Educativos Especiales (AIEPESA), Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC), Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), Federación Argentina de Entidades Pro-Atención la Deficiente Mental (Fendim), Obra Don Orione, Foro Permanente por la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad y la Federación Converger CBA, se movilizaron para garantizar la prórroga en su aplicación ya firmada entre la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y las organizaciones citadas.

La 1200/12 incluye algunos módulos específicos referidos al transporte que debe garantizar el Estado (municipal, provincial o nacional) pero quedan por fuera otros, que deberán ser discutidos por las obras sociales y los transportistas según el caso. Pero ante las deficiencias de ese sistema, se suplanta por servicios privados.

Por eso, las autoridades nacionales aseguran que la totalidad de las prestaciones consignadas en el nomenclador nacional, así como los prestadores acreditados en el Registro Nacional de Prestadores de Discapacidad del Servicio Nacional de Rehabilitación seguirán como hasta ahora.

El acuerdo fue suscripto por la funcionaria Liliana Korenfeld. Además de las entidades citadas, participaron la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) y el Arzobispado de Buenos Aires. En términos generales consensuaron la elaboración de “una nueva resolución que regule específicamente las prácticas a reintegrar por discapacidad”. A la vez, se abrió una mesa de sugerencias donde pueden participar personas físicas y jurídicas y acercar los aportes que crean necesarios.

Desde la SSS dan cuenta que la decisión busca “ampliar derechos” y no vulnerarlos y subrayó que “no peligran el financiamiento de las prestaciones”. Asimismo aseguraron que ya fue depositado el Subsidio de Investigación de Asimetrías que favorece a las obras sociales que cuenten con menor cantidad de afiliados.

Sin embargo, el colapso que viven las obras sociales, debido a la falta de cumplimiento de los reintegros de parte de Estado nacional, pone un mando de duda sobre el futuro del sistema. Esta situación levantó la protesta unánime de los sindicatos y es una de la causas convocantes del paro nacional que llevarán a cabo la CTA y la CGT el próximo 20 de noviembre.

Quejas sobre megaefectores

Desde otro ángulo, los prestadores chicos se quejan de las obras sociales porque la cadena de pagos registra atrasos que a veces alcanzan hasta un año.

En esa dirección, apuntan que los grandes efectores, propietarios de mega centros de rehabilitación no tienen problemas para mantener ese sistema. No es el caso de un hogar de día que trabaja en un barrio y recibe pagos facturados con aranceles más bajos que los nacionales. Muy distinta es la realidad de APROSS, Daspu, Profe, y Pami que tienen aranceles propios conformes a la legislación nacional y no se rigen por la ley 23.360 de obras sociales sindicales.

Desde APADIM Córdoba manifestaron que la resolución “afecta la relación entre la SSS y los agentes de salud” porque dejará de financiar algunas prestaciones básicas que obras sociales y prepagas, están obligadas a seguir prestando porque la Ley 24901 así lo prevé.

La entidad se distancia de las demás porque expresa que “los agentes de salud” no deben “trasladar esta situación a la relación con sus afiliados”. Destaca además que una resolución no modifica una ley y aboga por exigir su cumplimiento.

El PAMI salió al cruce de estas afirmaciones mediante un comunicado donde afirma que no hay motivos para que ninguna entidad realice cortes de servicios ya que la cadena de pagos se mantiene sin mora. Y afirmó que “las prestaciones destinadas a garantizar la correcta atención de las personas discapacitadas, dependientes de dicha obra social, se encuentran funcionando con total normalidad”.

La nueva Ley está próxima

La Ley 24901 de Protección Integral de las personas con Discapacidad en Argentina que fuera modificada, recibió media sanción en Diputados y está próxima a tratarse en el Senado de la Nación.

La norma, ratifica que todos los agentes de salud deberán prestar cobertura obligatoria de prestaciones básicas a quienes lo necesitan tengan o no obra social. En tanto que el Estado será el garante de su cumplimiento.

Las modificaciones apuntarían a extender derechos y brindar servicios integrales siguiendo los principios de la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad. Durante dos años la Comisión de discapacidad, presidida por María Luisa Storani trabajaron para lograr acuerdos y optimizar el sistema, con el apoyo de todos los partidos políticos.

Entre los cambios realizados se encuentran la ampliación del concepto de persona con discapacidad “adecuándolo a la terminología de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad”; obliga al estado a convertirse en garante del derecho a la salud y a recibir prestaciones y cobertura universal. Acceso gratuito a la información sobre tratamientos y formas de acceso, educación inclusiva, asistencia personal y apoyo cotidiano.

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Jardín comunitario en Los Hornos: "No queremos que sean lugares donde se depositen a los chicos"

INDYMEDIA

“Creciendo libres” funciona desde el lunes 5 de noviembre y es el segundo jardín comunitario que existe en la región. Lo construyó el Movimiento Justicia y Libertad en Los Hornos. Desde la educación popular, seis mujeres del movimiento cuidan de niños y niñas desde 3 meses a 3 años, mientras sus madres –en su mayoría solas- trabajan en cooperativas.

La idea se venía pensando desde hace tiempo, ante la necesidad de muchas mujeres trabajadoras, cooperativistas del Argentina Trabaja -tanto de Nación como del Municipio- con sueldos que rondan los dos mil pesos, que “gastaban la mitad en niñeras”. En este sentido, las educadoras –Silvana, Karina y Vanesa- resaltan que “todas las mamás ayudaron y apoyaron mucho este proyecto”.

El 8 de marzo, para el día de la mujer, habían presentado el reclamo del jardín comunitario, “pero no se escuchó, por eso lo hicimos a pulmón”, cuenta Vanesa de la sala de 3 meses a 1 año y 2 meses. Por eso, alquilaron el edificio y comenzó la adecuación, con arreglos y el aporte de una mujer que se encargó de la estética. Por la noche, allí también funciona el Bachillerato Popular para jóvenes y adultos, “Letra libre”.

Los jardines comunitarios están enmarcados en el programa de la Dirección de Asistencia Alimentaria, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. No obstante, aseguran que no es un programa que se difunda y conozca. Desde el Ministerio deberían entregar becas alimentarias como forma de incentivo, pero aún no lo hicieron. Por ese motivo, esta semana Justicia y Libertad se movilizaría por ese y otros reclamos, “para plantear la disputa por el bajo presupuesto que destina la Provincia a este tipo de políticas sociales”.

“Creciendo libres” está ubicado en 65 entre 162 y 163, tiene un amplio parque y dos construcciones en las que se repartes las salitas divididas por edades. Para las educadoras, el espacio verde es fundamental, para que los chicos y chicas tengan lugar para jugar y experimentar con la naturaleza. Así, el martes habían pintado masetas que se secaban al lado de las flores que luego las ocuparían. Karina contó que el día anterior habían estado haciendo mascaras con las hojas de uno de los tantos árboles del predio.

Las salas tienen pisos de goma para que los niños no se resvalen, almohadones de colores para relajarse mientras miran un libro o escuchan música, y también “para crear una ambientación contenedora para que puedan permanecer y no sufrir la partida de las mamás”. En la sala de 6 meses a un año y medio, además, hay un espejo y una barra para los bebes que están reconociéndose, y cambiadores personalizados.

El jardín comenzó las clases el lunes 5 y estará abierto todo el año, a excepción de los 15 días de de vacaciones. Marcela, una de las coordinadoras del Jardín, que se ocupa del mantenimiento y la administración, comentó que “la idea es abrir nuevas capacitaciones y que en marzo arranque el doble turno”. Las educadoras se formaron en cursos de Pedagogía coordinados por el MPD de Capital Federal, organización con amplia experiencia en educación popular que ya cuenta con cinco jardines comunitarios.

“Te enseñan como mirarlos, la importancia de la contención, de no rechazarlos cuando por ejemplo te tocan la cara, la importancia del espejo para los bebes, de cómo ellos se van reconociendo”, comenta Vanesa. También, contaron su experiencia de recorrer distintos jardines para observar su organización y las diferencias de cada uno.

Explican que son jardines comunitarios y no guarderías “porque no queremos que sea un lugar donde se depositen los chicos. Por eso acá no hay sillas, carritos o corrales, como en los maternales –que la mayoría son privados- y las maestras están con 20 chicos y no pueden atenderlos a cada uno”. Por eso el jardín se llama “Creciendo libres”, y los grupos son reducidos para poder brindar un acompañamiento y seguimiento a cada niño y cada niña.

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Argentina: La represión continúa siendo política de Estado

CORREPI

16 de noviembre, Presentación del Informe Anual sobre Situación Represiva en Argentina.

A casi 10 años de gobierno kirchnerista, volvemos a estar en la calle para denunciar la política represiva del Estado y sus gobiernos de turno.

Miles de procesados por luchar; centenares de presos políticos, trabajadores perseguidos, apresados y asesinados por luchar contra las patronales y las patotas. Criminalización de la protesta. Ley Antiterrorista. Trabajos de inteligencia sobre los sectores organizados. Desaparecidos. Decenas de asesinados en movilizaciones populares. Militarización de los barrios. Gatillo fácil y “absoluciones fáciles” para los asesinos de uniforme. Torturas y asesinatos en cárceles, comisarías e institutos de menores. El constante hostigamiento que todo barrio pobre conoce.

Ésta es la política común de los diferentes gobiernos. Más de 3.700 muertos por el gatillo fácil y la tortura en centros de detención, 195 desaparecidos, 68 compañeros asesinados por luchar. De una punta a la otra del país, el Estado sigue disciplinando al pueblo, esté organizado o no.

Ante un gobierno nacional que defiende los intereses de la clase dominante, persigue y reprime las luchas de los trabajadores y el pueblo, necesitamos dar respuesta.

Es por eso que convocamos a toda la prensa, a difundir el Acto de Presentación del Informe sobre la situación represiva en el país, que CORREPI anualmente hace público en Plaza de Mayo.

Como todos los años, este informe servirá a la prensa y al conjunto de la opinión pública para lograr, en base a datos concretos, una mirada más global de la situación represiva de nuestro país, y será un aporte en la discusión sobre cuál es la “seguridad” del pueblo y cuál es la que los distintos gobiernos proponen.

La cita es este 16/11 a las 18:00 en Plaza de Mayo.

Fuente imagen: Alejandra Bartoliche - INDYMEDIA.

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