martes, 27 de noviembre de 2012

Alianzas destructoras y la equivocación con Siria

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Lo de Siria es una insurrección planificada con tiempo y con anticipación a las protestas espontáneas. Es la única forma de encontrar una explicación a la acelerada instalación de las redes terroristas internacionales que están ocupando un rol central en la desestabilización del gobierno Sirio.

Las manifestaciones por más libertades políticas que aparecieron a comienzos de 2011 en Siria, se producen cuando el gobierno había fortalecido su credibilidad internacional, encausaba un proceso económico más integrado a la globalización con un aumento de la inversión extranjera y por sobretodo había abierto un camino de reformas políticas. Con bastante anterioridad a las llamadas “primaveras árabes”, el gobierno sirio estaba encaminado a una reforma profunda. ¿Por qué entonces, se desata a partir de esas primeras manifestaciones un plan acelerado para derrocar al gobierno?

La pregunta puede resultar ingenua porque derrocar el gobierno Sirio y desintegrar Siria como estado fue una meta latente en la agenda de EEUU y la Alianza Transatlántica.

La nación que ha sido fundamental para mantener los equilibrios en la zona y que está acosada por hordas de terroristas ya se adaptaba a una conducta internacional de retracción. La prueba es el retiro de las tropas sirias en 2006 que ocupaban El Líbano para la pacificación después de la guerra.

La aceleración de derrocar un gobierno a partir del enfrentamiento armado, corresponde a una confusa estrategia por parte de los países de una alianza espuria. Este es el término exacto porque en ella se entrelazan interesados de diverso calibre y calaña. La lista es por lo demás curiosa porque no se trata de un nuevo internacionalismo, sino que es un compromiso instrumental por la coyuntura de derribar al gobierno sirio.

En esta alianza para derrocar al gobierno se encuentran transnacionales acopladas a la OTAN interesadas en el gas de la costa oriental del mediterráneo y norte de Siria, pasando por países con avidez por recursos energéticos y liquidez como es el caso de Turquía, Israel, las monarquías del Golfo Pérsico. Estas naciones cumplen el rol de los encomendados de la Alianza mayor que es la Transatlántica con EEUU y una insólita Francia con un presidente socialista como François Hollande optando por el intervencionismo.

Esta alianza es la principal responsable de lo que sucede en Siria. Es así que este bando está obligado a demonizar al gobierno de Assad para justificar la actual orgía de terror. El papel que juegan los medios en esta operación ha sido fundamental. La prensa anglo-americana y francesa en especial ha llegado al nivel de lo grotesco incitando a más violencia terrorista. Nussaibah Younis, un especialista en Irak, con residencia académica en Harvard, EEUU, desde una columna del New York Times recomienda al próximo presidente de EEUU presionar a Irak para suspender el supuesto suministro armas al Ejército Sirio, pero lo que es más grave, recomienda derrocar el gobierno en Siria.

En la práctica instiga a que el terrorismo se sienta respaldado y arrecie con más virulencia. En The New York Times (Neil Mac Farquhar, Octubre) contribuye a demonizar al “régimen sirio” como si fuera el exclusivo responsable de la situación. The Guardian, Jonathan Freeland (Octubre) también estigmatiza al gobierno de Assad. Al omitir los atentados terroristas como causantes principales de las víctimas fatales incita a mayor terrorismo y promueve directamente la intervención militar.

El terrorismo en Siria es una importación de una alianza circunstancial de países formada con un plan específico para derrocar al gobierno. El núcleo de ese plan, al no poder contar Estados Unidos, Francia y el Reino Unido con el apoyo de la ONU para la intervención militar -por el veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad-, fue darle luz verde a la infiltración de terroristas.

En esta infiltración se destaca principalmente Turquía, que por una presión de la Alianza Transatlántica ha debido asumir un rol subrogante. En una región en la cual las heridas infringidas por el Imperio Turco Otomano están aun muy abiertas, el pretendido liderazgo de Turquía no tiene muchas ventajas excepto en el uso de la fuerza.

Turquía ha perdido la brújula política sobre todo en la noción del largo plazo y el rol que le corresponde, no como un país sirviente a la OTAN, sino como una nación independiente, no alineada y que debería cumplir un rol de construcción de alianzas regionales, contribuyendo a un internacionalismo moderno y progresista donde no existan supremacías excluyentes y destructoras. Nada de esto parece interesarle a Turquía bajo la actual administración y que el liderazgo del Partido Republicano del Pueblo de Turquía se le ha hecho ver en todos los tonos, al manifestarse contrario a la intervención militar en Siria y derrocar su gobierno.    

Los intereses de las transnacionales y particularmente la disponibilidad financiera de los países del golfo pérsico con sus fortunas petroleras están presionando la conducta exterior de los países. El acoso o la presión del lobby contra Siria, llegó a América del Sur. En el congreso en Chile se habría aprobado una resolución para romper relaciones con Siria, como ha sido discutida también en los parlamentos de Argentina, Brasil y Uruguay iniciativas similares.

El plan de Qatar de invertir en Ecuador es significativo hasta el punto de que el Gobierno de Rafael Correa ha adoptado en la Asamblea General de la ONU del 19 de julio un voto de abstención a la declaración que condenaba a Siria unilateralmente y que promovía en su redacción la intervención militar. En la región, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela se opusieron.

Siria no tiene una tradición de cultura terrorista y más bien es una nación construida en base a las ideas y la laboriosidad de su población y no exhibe el derrotero de las escuelas de terrorismo religioso montadas por Estados Unidos en Afganistán y Pakistán para combatir la ocupación soviética de la década de 1980. Por su naturaleza multi religiosa, la nación siria no es un campo fértil al desarrollo del sectarismo religioso o la instalación de las vertientes Jihad o de la Hermandad Musulmana.

El gran mérito de Siria es haber consolidado la nación por el camino de la construcción de un Estado laico e incluyente de todas las religiones y culturas, y con un particular énfasis en la cultura árabe y su lengua sin encerrarlas en la lógica religiosa y con claves de desarrollo con respetables grados de autonomía. Esto es lo que se quiere destruir con el envío de terroristas a Siria para derrocar su gobierno.

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Vuelve el condicionante económico: ¡La deuda pública!

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

En el fallo del Juez Thomas P. Griesa , de un tribunal neoyorkino, se obliga a la Argentina a cancelar deuda “lo antes posible”, con bonistas demandantes ante los tribunales de Estados Unidos.

Son tenedores de títulos que entraron en default en el 2001, y que no ingresaron a los canjes del 2005 y del 2010. Recordemos que solo el 7% de tenedores de títulos no se acogieron a los beneficios de las renegociaciones de deuda.

El fallo señala que “será aplicable a los pagos de intereses efectuados a los bonistas en diciembre de 2012. Para evitar confusiones y dar un tiempo razonable para arreglar la mecánica, el tribunal especifica que el pago de intereses en cuestión será el del 15 de diciembre de 2012. Al abogado de Argentina se le ordena consultar con el abogado de los demandantes para determinar la suma exacta que se pagará a los demandantes y otras mecánicas.”

El poder ejecutivo anunció que apelará el fallo del juez estadounidense, por arbitrario, e incluso, argumentando que se sienta un precedente grave para cualquier negociación de deuda en curso o a futuro. De avanzar el fallo, argumentan en el gobierno, nadie ingresará a los canjes que se negocian en Grecia, o cualquier otro país con problemas de endeudamiento, pues siempre se podrá acudir a la justicia con jurisdicción para ello.

Algo que omiten destacar con este argumento es que quién cedió la soberanía jurídica ha sido el propio Estado argentino, y no solo los gobiernos de la entrega en la década del 90´.

El propio fallo destaca que: “En la reunión del 9 de noviembre de 2012, el tribunal recordó a todas las partes interesadas que Argentina está sometida a la jurisdicción de los tribunales federales de Nueva York, a lo que Argentina dio su consentimiento. En los últimos diez años, Argentina repetidas veces sometió los asuntos al Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelaciones y recibió un tratamiento indudablemente imparcial, dado que Argentina se impuso en la mayoría de las cuestiones.”

Más allá de los montos en juego, pues el 7% no ingresado al canje es por 7.000 millones de dólares (unos 4.000 millones según las condiciones de los canjes de Kirchner y Fernández), y la demanda es por 1.600 millones de dólares (unos 900 millones con la quita), la situación ahora presentada es demostrativa de que teníamos razón cuando denunciábamos que la deuda era un condicionante de política económica y al mismo tiempo profundizaba la dependencia económica, política y jurídica de la Argentina.

Junto a la denuncia señalábamos que la deuda antes de negociarla debía ser investigada, auditada, que existen ejemplos internacionales, que estaba en juego la independencia y la autonomía del país. La principal lección para extraer sobre este fallo, o sobre el embargo que opera sobre la Fragata Libertad es que la Argentina debe denunciar la entrega de su soberanía al permitir litigar en país extranjero.

Es algo que debe realizarse denunciado los tratados bilaterales de inversión y toda medida de subordinación a tribunales extranjeros, como ocurre con el CIADI. Brasil nunca adhirió al protocolo del CIADI, y Venezuela hace poco siguió el camino ya recorrido por Bolivia y Ecuador, de retirarse de este antro del imperio para defender los intereses de las transnacionales. Recordemos que la Argentina es el país más demandado ante el CIADI.

Que no se haya hecho la auditoria o investigación en el 2005, o en el 2010, no impide realizarla ahora. El fallo, además de ser apelado, otorga la oportunidad política de enfrentar el lazo de la dependencia que construyó y reafirma el endeudamiento público.

Nunca es tarde. ¡Es el momento de denunciar la subordinación a los tribunales extranjeros y auditar e investigar la deuda!.

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El derrumbe de la estrategia ‘nacional y popular’ para la deuda externa

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

El fallo de un juez norteamericano que ordena el pago integral de la deuda de Argentina a los fondos buitres (que rechazaron el canje de 2005), impone a Argentina una carga adicional que implica una nueva bancarrota para el país. Se trata de una carga adicional de hasta 12 mil millones de dólares. En la reestructuración de deuda de 2005, el gobierno K reconoció la jurisdicción extranjera para la resolución de los conflictos de deuda y admitió hipotecar, como garantía, los bienes del Estado. Ratificó, así, todas las cláusulas establecidas desde la dictadura militar en adelante.

Argentina enfrenta ahora la imposición de una nueva deuda impagable, luego de ocho años de pago de la deuda usuraria con el endeudamiento de la Anses, el Banco Central y otros organismos estatales. Mientras descapitalizaba al país con esta sangría, el gobierno K desconocía los fallos de la Corte argentina que ordenaban el pago de la deuda con los jubilados, como consecuencia de los congelamientos que sufrieran en 1995 y en 2002. La incorporación de la cláusula del acreedor más favorecido, que Néstor Kirchner incluyó en el canje de 2005, permitiría ahora al 95% de los acreedores reclamar el mismo trato que Griesa otorga a los fondos buitres.

Más allá de los desbordes verbales, el gobierno nacional se apresta a llegar a un nuevo arreglo con los usureros internacionales. Es lo que le reclaman todos los sectores del capital local, que se financian con deuda externa, que es en la actualidad de 80 mil millones de dólares (la deuda pública, por su lado, alcanza a 190 mil millones de dólares). El arreglo consiste en depositar la garantía que le exige el fallo, de 1300 millones de dólares, para poder apelar la sentencia y para ganar tiempo para negociar un pago menor a los fondos buitres, o sea con una quita.

Este arreglo, sin embargo, representaría el colapso de la política económica oficial, que consiste en racionar la oferta pública de dólares, para poder pagar los vencimientos de la deuda actual y la importación de combustibles. También golpea la intención de asociar a las petroleras internacionales para sacar a YPF de la bancarrota. Por último, al hundir la cotización de la deuda pública del país, plantea la quiebra del sistema bancario local, atiborrado de bonos y títulos emitidos por el Estado nacional. Coloca, en definitiva, al gobierno ante una crisis política de características excepcionales.

Argentina vuelve a llegar al final del camino en la cuestión de la deuda externa y enfrenta la amenaza de una nueva bancarrota. Es un resultado, fundamentalmente, del pago serial de esa deuda desde 2005, que ha drenado una masa fabulosa de recursos financieros. El pago de la deuda externa ha debilitado a Argentina frente a los usureros y fondos buitres internacionales. El Partido Obrero ha venido anticipando esta situación en forma sistemática, con su campaña por el no pago de la deuda usuraria.

El fallo confiscatorio contra Argentina forma parte de una acción mundial para forzar a las naciones endeudadas a pagar en forma integral las deudas usurarias de sus gobiernos y bancos, a costa de los trabajadores y del remate de las propiedades públicas.

En esta nueva situación planteamos:

1. La suspensión de todo pago de la deuda con los capitales financieros internacionales, para defender las reservas del país y el rechazo a nuevos arreglos por parte del gobierno K.

2. Reivindicar la jurisdicción nacional para los litigios de deuda que contraiga Argentina.

3. Proceder a la inmediata nacionalización del sistema bancario para poner fin a la fuga de capitales y habilitar una reestructuración de la economía nacional, que ponga fin a la dependencia financiera internacional.

4. Convocar a una conferencia internacional para recuperar la soberanía de decisión nacional y repudiar los rescates del capital financiero a costa de la solvencia de las naciones endeudadas y de los intereses más elementales de los trabajadores.

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El conflicto de los fondos buitres

Alejandro Olmos Gaona (INFOSUR)

El investigador de Proyecto Sur, analiza el fallo del juez Griesa y la política de desendeudamiento.

Ante el reciente fallo del demonizado Juez Griesa, las descalificaciones de los funcionarios del gobierno han llovido, y la mayoría de la dirigencia política mostrando una asombrosa ignorancia del derecho anglosajón, al que se sometió la Argentina repudió el fallo, con excepción de Hermes Binner que sostuvo que la deuda debe pagarse y Pino Solanas que sostiene que hay que impugnar los créditos fraudulentos y que hace años viene bregando por una auditoría de la deuda a la que el gobierno se ha negado reiteradamente.

A nadie, de la gran cantidad de opinadores se le ocurrió ir al origen del problema, conocer los pactos que celebró la Argentina durante el menemismo, las renuncias que efectuó, las condiciones a las que se sometió por parte de los acreedores, debido a lo cual hoy debe afrontar consecuencias que pueden afectar gravemente la economía del país.

Lo ocurrido con la Fragata Libertad, luego con el fallo de los Tribunales de Nueva York, y ahora con la decisión de Griesa son la clara evidencia del fracaso de la política de desendeudamiento, que ha llevado la deuda pública actual por encima de los 200.000 millones de dólares, y que significan una tributación permanente de recursos, una de cuyas pruebas, es la afectación contenida en el presupuesto 2012 para destinar 7960 millones de dólares para pagar a acreedores privados.

En estos momentos, habiéndose negociado el 93% de la deuda, por intermedio de un conjunto de bancos, algunos de ellos históricos acreedores de la Argentina como el Citibank, quedó fuera de los canjes del 2005 y 2010, apenas un 9%, de esa deuda, que entre capital e intereses suman alrededor de 11.000 millones de dólares, adquiridos por capitales especulativos marginales a los grandes sectores financieros. Es por eso que el Banco de la Reserva Federal, solicitó, que no se ponga en peligro el cobro de los que negociaron con el gobierno, porque ello pondría en peligro todo el esquema financiero acordado con los bancos transnacionales.

Para Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. y Barclays Capital Inc., UBS Limited y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, quienes participaron en los dos canjes de deuda, resulta inadmisible que sus ganancias, se vean comprometidas por la acción de NML y Aurelius que pidieran al Juez Griesa, que aplique la clausula pari passu inserta en los bonos ejecutados, y de esa manera pretender cobrar en un pie de igualdad con aquellos que si aceptaron negociar con el gobierno. Los “grandes” especuladores, no toleran que los buitres más chicos puedan entorpecer el gran negocio de los bonos, que desde hace más de treinta años significa una formidable transferencia de recursos del país hacia los grandes centros del poder real.

Aunque el Banco de la Reserva Federal, controlado por los grandes buitres, le exigiera una solución al problema, que evitara un perjuicio para los bonistas negociadores, el Juez Thomas Griesa, decidió anteayer, que la Argentina cumpla estrictamente con lo que pactó en todos los bonos emitidos durante la década de 90, ya que en ningún caso, podría realizar negociaciones o arribar a acuerdos que privilegiaran a unos acreedores sobre otros, debido a que la cláusula pari passu inserta en un contrato financiero determina que los créditos deberán de guardar las mismas igualdades de derechos y obligaciones en relación con otras deudas similares de un mismo emisor. Esa resolución ajustada estrictamente al derecho norteamericano, no puede ser desconocida con frases efectistas o invocaciones políticas que no son susceptibles de afectar contratos que la Argentina firmara, y que fueran avalados en todos los casos por el Procurador del Tesoro de la Nación, y por los mismos abogados que hoy asisten a la Argentina en los tribunales de Nueva York, resultando un grosero error enfocar estas cuestiones sobre la base de criterios de soberanía que fueron renunciados hasta en el último canje del 2010.

El único recurso que tiene el gobierno, es utilizar la enorme documentación que existe en las cuatro causas penales sobre la deuda que tramitan en la justicia federal, donde en uno de ellas la Fiscalía Federal dictaminó sobre la nulidad de numerosas operaciones, impugnar los créditos de los fondos buitres sobre la base de su manifiesta ilegalidad y adoptar de una vez y para siempre decisiones en las que se defienda la soberanía nacional y no se abdique de ella como se hizo hasta ahora, en todo lo que se firmó.

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Mario Cafiero: “Cristina, Macri y Binner pertenecen al mismo partido: el de la deuda”

EL PAIS
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1. ¿Qué opina del fallo del juez Griesa que obliga a la Argentina a pagar a los fondos buitres?
El fallo de Griesa era jurídicamente previsible, algún día le iban a aplicar a la Argentina el principio de igualdad de trato hacia todos los acreedores. El gobierno se equivocó en suponer que podía seguir dilatando el problema, ese día lamentablemente llegó. Es evidente también que los acreedores que quedaron afuera del canje del 2005 y 2010 (los hold-out), han advertido que los que entraron (los hold-in) han cobrado casi sin quita; y no quieren quedarse afuera de la fiesta.

2.¿Por qué se llegó a esta situación?
Se llega a esta situación por todo lo que denunciamos en su momento. Fui uno de los poquísimos diputados que se opuso a la reestructuración de la deuda de Kirchner y Lavagna en el 2005. Allí denunciábamos que estaba destinada al fracaso porque partía de un erróneo enfoque jurídico, financiero y político. Jurídicamente, no se cuestionó ni la legitimidad (su origen como deuda odiosa de la dictadura) ni la legalidad de la deuda (por ejemplo los bonos provenientes del delito del megacanje del 2001 no habría que haberlos renegociado). Financieramente, nunca se sinceró que la Argentina no tenía -ni mucho menos tiene ahora- capacidad de pago de la deuda. Políticamente, la quita de la deuda de Kirchner y Lavagna se exhibió como un gran logro y fue la mentira fundacional del relato kirchnerista; la primera estadística que se truchó en el INDEC fue la deuda.

3. ¿Por qué Argentina aceptó la jurisdicción de Estados Unidos para el canje de la deuda y los bancos intermediarios de Estados Unidos? ¿No es como poner el lobo a cuidar las ovejas?
Este verdadero estatuto del coloniaje financiero -que viene de la época de la dictadura- es el que ha puesto en total estado de indefensión a la Argentina. Lo grave es que todos los gobiernos democráticos posteriores lo aceptaron. Pero el peor de todos fue el de Nestor Kirchner, ya que en la reestructuración del 2005 les otorgó nuevas y muy favorables cláusulas a los acreedores; como cláusula del acreedor más favorecido que ahora van a usar lógicamente en contra de los intereses de la Argentina.

4. ¿Cuál es la composición de la deuda argentina?
En el momento que se declaró el default en el 2001 la deuda era de 145.000 Millones de dólares (MD); hoy la deuda oficial nacional es de 194.000 MD. Pero si consideramos la deuda consolidada de Nación, Provincias y Municipios, Banco Central, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y Juicios contra el Estado con sentencia en firme) supera los 240.000 MD. Las cifras reales señalan que el desendeudamiento es claramente otra de las mentiras del relato kirchnerista.

5. ¿Se llevó a cabo una investigación sobre el origen de esa deuda y sobre qué parte se debe pagar?
Ni el gobierno, ni el Parlamento controlado por el Gobierno; ni la Corte Suprema de Justicia han dado ningún paso en poner fin a la impunidad de un delito como es el de una deuda pública, que es ilegitima y fraudulenta. Sin embargo con mucho esfuerzo de unos pocos querellantes y del fiscal del caso, hemos podido llegar a la instancia de juicio oral en la causa del megacanje del 2001.

6. ¿Qué opinás de las declaraciones de Hermes Binner de que hay que pagar a los fondos buitre?
El oficialismo y buena parte de la oposición en realidad pertenecen a un mismo partido: el partido que sostiene que hay que pagar si o si la deuda. Cristina, Macri y Binner pertenecen al mismo partido: el de la deuda. El problema es que después de pagar la deuda, no queda plata para pagarle a los jubilados, a los maestros, a los policías, arreglar las rutas, etc. Por eso crece el malestar social en la Argentina.

7. ¿Qué debería hacer la Argentina?
Una auditoria integral de su deuda que permita deslindar la deuda ilegitima y fraudulenta de la deuda real. También determinar las responsabilidades civiles y penales de los involucrados: bancos internacionales, funcionarios y organismos de crédito. Poner fin a la impunidad financiera y empezar a pagar la deuda interna o sea la deuda con el pueblo argentino.

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Rechazamos las reformas a la ley de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (art) votadas por el kirchnerismo y el macrismo

Adriano Parra - Luis Zamora (especial para ARGENPRESS.info)

“Las muertes por accidentes y enfermedades laborales superan las 1.000 por año”.
“Entre 2004 y 2007 los accidentes y muertes laborales crecieron más que el PBI”.

Recientemente el Congreso sancionó como ley un proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández que modifica la legislación que se refiere a las consecuencias de los accidentes de trabajo y a las enfermedades de origen laboral.

Esta ley había sido sancionada en los 90 por el menemismo a impulso de las grandes empresas. La gran denuncia de entonces fue la notoria complicidad de la burocracia sindical, los llamados “gordos” de la CGT, entonces aliados al gobierno de Menem.

¿Qué se buscaba con ella? Proviniendo de empresas y de Menem era obvio que no buscaba proteger a los trabajadores ante los accidentes que sufrían trabajando. No perseguía mejorar las condiciones laborales para prevenir la vida y la salud obrera. El objetivo fue evitar la responsabilidad patronal, es decir que los empresarios no tuvieran que hacerse cargo de los daños que causaban las características de inseguridad en que se trabajaba y se sigue trabajando. No buscaba aumentar la prevención. Con el sistema de las ART, establecido por la ley 24.557 de 1996, Menem y su ministro Cavallo trataron de lograr que, con la sola contratación de un seguro, las empresas quedaran fuera de toda responsabilidad de lo que en realidad son responsables: las condiciones en que se trabaja.

Asimismo establecieron un mecanismo para determinar los daños y los montos indemnizatorios a pagar por las ART. Si el trabajador accidentado aceptaba los montos establecidos no podía luego reclamar judicialmente por mayores daños. Y si quería reclamar a la Justicia entonces no podía cobrar la suma que cuestionaba y debía esperar años de juicio para hacerlo. Una extorsión para llevar a que muchos trabajadores y trabajadoras necesitados aceptaran sumas pequeñas con tal de no tener que esperar -o habitualmente no poder esperar- años de juicio.

Al perseguir una protección empresaria y no laboral el sistema establecido tenía y tiene una contradicción que queda al desnudo inmediatamente: la aseguradora que supuestamente tiene que reparar al trabajador tiene intereses contrapuestos a los del accidentado. Más paga, más repara pero menos gana; al contrario si logra pagar menos, logra más ganancia pero menos repara.

Y encima el sistema establece que, de no haber acuerdo entre el trabajador y la empresa aseguradora (ART) se debe recurrir a una instancia administrativa - (las “llamadas Comisiones Médicas”) que determinará los daños causados en la vida o la salud del trabajador; ante esas Comisiones Médicas la aseguradora concurre con todo un aparato de médicos y abogados a defender sus intereses -de lucro, no de reparación como vimos- y el empleado muy habitualmente si se presenta, lo hace solo. La conclusión se la imagina. O resignación o reclamos judiciales. Más aún lo que suele ocurrir es que el trabajador, sabiendo la desigualdad en que se va encontrar, directamente no cuestiona la propuesta de las ART ante la vía administrativa. Como señalamos o se resigna y acuerda o la impugna ante la Justicia. Sólo “el 6 % de las víctimas reclaman ante las comisiones médicas las propuestas de las ART. La mayoría es decir el 94 % acuerda con su ART sin siquiera concurrir a las Comisiones Médicas” (1), más allá de que sí lo haga luego ante el Poder Judicial. Incluso la obligatoriedad del procedimiento administrativo previo -ante las Comisiones Médicas- fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema que estableció que debía tener carácter voluntario lo que no ha sido obstáculo para que el gobierno nacional y el Congreso en la reforma que se acaba de sancionar sigan considerándolo obligatorio.

Estos son los orígenes y la causa fundamental que hace que el sistema de las ART no protege al trabajador: que fue pensado para favorecer a las empresas.

Tan evidente fue ello que, ante los innumerables juicios, el Poder Judicial -después de largos años- no tuvo más remedio que declarar la inconstitucionalidad de la cláusula que prohibía al trabajador que cobraba recurrir judicialmente, si consideraba que le correspondía percibir una suma mayor. Quedó así habilitada lo que se dio en llamar “la doble vía”, esa que habían querido evitar Menem y Cavallo: la de que el trabajador cobrara de las ART lo que estas le ofrecían y luego pudiera reclamar un monto superior judicialmente.

En 2010 el 45% de los casos de accidentes laborales utilizó la “doble vía” para reclamar la responsabilidad civil de los empresarios por mayores daños. (2). Actualmente hay más de 75 mil reclamos judiciales por accidentes laborales irresueltos. (3)

Las empresas hace años que vienen cuestionando estos fallos y esta “doble vía” ya que terminan pagando más de lo que preveían iban a pagar si el perverso sistema pergeñado por el menemismo se hubiera cumplido a rajatabla.

Por otra parte las condiciones de trabajo no sólo no han mejorado sino que en muchos casos se han agravado. Horacio Schick, un especialista en derecho laboral y ex -presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, ha señalado que “sólo en el sector formal, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) verifica alrededor de 650.000 infortunios del trabajo anuales. A este componente habría que agregarle otro 35 %, proveniente de los siniestros ocurridos en el sector informal no registrado, lo que totalizaría la existencia aproximada real de 900.000 eventos dañosos anuales”.(4). Y respecto de esos accidentes o enfermedades laborales repetimos lo señalado más arriba: “Las muertes por accidentes y enfermedades laborales superan las 1.000 por año”(5) y “entre 2004 y 2007 los accidentes y muertes laborales crecieron más que el PBI. (6).

Ante este dramático panorama y las críticas a la reforma por no atacar las siniestras características pro-empresarias del sistema establecido por Menem y Cavallo, la presidenta Cristina Fernández defendió su proyecto señalando que “El fin de la ley es acabar con la litigiosidad y la doble vía” (mensaje acompañando el proyecto de ley suscripto por la presidenta de la Nación, luego aprobado) y por lo tanto no la prevención de los accidentes y enfermedades laborales a pesar de estas estadísticas aberrantes.

Como lo reconoce la presidenta la ley trata de reducir los juicios por accidentes y enfermedades laborales, en vez de tratar de reducir los mismos. O sea, nuevamente es una ley para la “seguridad jurídica y económica” de los empleadores y no de los trabajadores.

Mantiene el sistema menemista de las ART por el que las empresas mediante la contratación de un seguro deslindan responsabilidades y busca que haya menos juicios tal como lo reclamaban las empresas.

Aunque parezca contradictorio con la imagen y el relato que pretende trasmitir cotidianamente el gobierno nacional, con el argumento de que introduce indemnizaciones más altas y un plazo más corto para cobrarlas, con una actualización semestral de ese monto, vuelve, con la reforma ya aprobada en el Congreso, a prohibirse “la doble vía”.

Si se cobra la suma determinada por las ART no se puede accionar después judicialmente. Si se quiere hacerlo no se puede cobrar inicialmente y se debe esperar años a que termine el juicio sin percibir nada. Fue resultado de la presión de la UIA: “Aumenten las indemnizaciones tarifadas pero prohiban los juicios donde siempre se termina pagando más a los empleados accidentados”.

En la presentación de la reforma la presidenta apareció rodeada de los empresarios de la Unión Industrial (UIA) y de los burócratas de la CGT, es decir los mismos que habían promovido y apoyado la ley de Menem y Cavallo. De ahí que esta reforma ya se la conoce como “ley Mendiguren” por el nombre del presidente actual de la UIA que viene presionando desde hace tiempo por su sanción.

Seguramente esta prohibición, con los años, será también declarada inconstitucional pero mientras tanto muchas trabajadoras y trabajadores, para poder cobrar enseguida aunque sea alguna suma, resignarán parte de lo que tienen derecho, con tal de aliviar cobro la situación habitualmente desesperante de un accidentado.

De entrada, un trabajador que no posea los ahorros suficientes para sostenerse mientras dura un juicio, deberá conformarse con lo que le da la ART. La ley reformada vuelve a poner al trabajador -o a la familia del trabajador fallecido en un accidente laboral- obligado a resolver, en un momento de vulnerabilidad (y con las urgencias del caso), si acepta lo que le dan o espera los plazos judiciales.

El sector empresario responsable de las condiciones en que se trabaja actualmente y el asegurador seguirán lucrando con esos accidentes y esas enfermedades y más lo harán ahora mientras duren los largos juicios que a la larga impugnen esa prohibición.

Encima la reforma introduce un cambio aparentemente insólito pero también exigido por las empresas: si se quiere reclamar judicialmente ya no se puede ir al fuero laboral, se debe ir al civil.

Los accidentes y enfermedades laborales es obviamente, por todos lados, un problema laboral, sin embargo ahora se establece la competencia del fuero civil. ¿Cuál es la diferencia? En el laboral se debe considerar, (más allá de que se lo haga o no) al trabajador como la parte más débil o sea, en principio, se debe amparar al trabajador. En el fuero civil (ajeno, a la problemática que trata, que es la laboral), se pone en igualdad de condiciones a las dos partes que a las claras no están en situación de igualdad.

Por ejemplo en el fuero laboral rige el principio “in dubio pro operario” que proviene de que, al menos teóricamente, el Derecho Laboral reconoce que hay una desigualdad entre las partes patronal y obrera, por lo que debe tratar de proteger a una de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra. Si hay dudas el juez debe dar la razón al trabajador. En el derecho civil rige, en cambio, el principio de igualdad entre partes.

Otro tema es la posibilidad de las ART Mutuales. Por medio del decreto PEN 1720/12 el gobierno nacional reglamentó simultáneamente lo que ya estaba permitido, la conformación de aseguradoras entre empresarios y sindicatos para competir en el mercado de las ART. O sea, ahora (nada nuevo, digamos) habrá sindicalistas empresarios asociados a la patronales. Tal vez, por ello, muchos gremios/sindicatos -todos los de la CGT llamada Balcarce- no se opusieron a la nueva ley.

Tan evidente es este ataque a los derechos de los trabajadores y tan clara su orientación pro - patronal que un periodista simpatizante del gobierno nacional como Mario Wainfeld escribió tras el anuncio del proyecto oficial: “Tal como se presenta, la ley es un paso atrás en la normativa laboral usualmente progresiva del kirchnerismo. La cuestión a abordar es el desamparo tendencial de los laburantes frente a los incumplimientos patronales que son el origen principal de los daños o, por la parte baja, uno de los principales. Las incapacidades no son de ordinario, consecuencia de la fatalidad: son las marcas en el cuerpo de la explotación, demasiado a menudo. La siniestralidad es alta porque se vulneran las reglas imperantes, que para colmo son demasiado laxas. Si hubiera menos accidentes y menos enfermedades la litigiosidad disminuiría proporcionalmente y se arrimaría el bochín a algo parecido a la equidad. Nunca la hay porque la relación de trabajo, como todo contrato, es una puja de intereses, inherentemente conflictiva. En ésta, hay una parte más poderosa y la siempre incompleta procura del derecho laboral es compensar esa asimetría”.(7)

Para cualquier trabajador que se expone trabajando cotidianamente es obvio que el objetivo prioritario relacionado con los accidentes no es el monto de las indemnizaciones ni los juicios ni su duración ni tener “doble vía” o no; la urgencia prioritaria es la de que se legisle sobre cómo prevenir los accidentes y las enfermedades laborales. Es cuidar su vida y su salud. Es que se legisle sobre prevención y obligar a las empresas a que inviertan en mejorar las condiciones laborales. El gobierno no solo no lo hace; con esta ley incentiva para lo contrario. Al resultarles menos onerosas las consecuencias de los accidentes menos se presiona a los empresarios para obligarlos a trabajar en la prevención.

En estos años la rentabilidad empresaria ha sido superior incluso a la que tuvieron durante el menemismo (el llamado “costo salarial unitario”, es decir el “costo salarial por unidad producida disminuyó un 15 % durante el período 2001 al 2000”)(8), mientras que las condiciones de trabajo empeoraron siendo especialmente agudas para los trabajadores precarizados o en negro que son nada menos que el 34 % del total de los asalariados.

“Se la han llevado con pala” ha tenido que reconocer la presidenta en relación a las ganancias que tuvieron las empresas desde la posconvertibilidad hasta ahora. Sin embargo se reforma el sistema de las ART para beneficiar a los empresarios en vez de legislar para terminar con el aberrante sistema de precarización laboral.

Además, como lo ha señalado la Asociación de Abogados Laboralistas: “La LRT no admite parches, debe ser íntegramente reformulada, eliminando a los operadores que lucran con el sistema y haciéndolo girar sobre el único eje posible: lograr que la clase trabajadora deje de pagar ese ‘impuesto de sangre’ que le impone el ordenamiento social y económico en el que viven, que hace que cada quince segundos, mueran más de cuatro trabajadores en el mundo, por causa de siniestros laborales”. (www.aal.org.ar, subrayado y destacado nuestro)

El gobierno nacional, en cambio, sí logró hacer un parche al sistema pergeñado por Menem y Cavallo. Y lo pudo hacer porque es un parche a favor de los intereses empresarios. Eso es siempre posible. Y la presidenta lo hizo.

De allí que no haga falta explicar las razones por las que al bloque parlamentario del Frente para la Victoria no le costó nada conseguir el apoyo del bloque de Macri en el Congreso.

Aunque, en cambio, debieron rodear el enorme edificio de centenares de integrantes de la Guardia de Infantería para proteger su ingreso al Palacio y así, rodeados de aparatos de represión, legislaron los que dicen representar al pueblo. Afuera miles de delegados, comisiones internas, luchadoras y luchadores repudiamos este ataque del gobierno a los derechos laborales. Y sí no se logró hacer más fue porque Michelli y Moyano que habían convocado a pelear contra la reforma hicieron un acto de 20 minutos y se fueron satisfechos.

Ah! Y este fue el debut de la CGT Balcarce en su nueva alianza con el gobierno. Por supuesto no es su debut ni en la Rosada, lugar que frecuentan más que las fábricas, ni en traicionar una vez más los intereses de los trabajadores. Esa es su tarea cotidiana desde siempre.

Notas:
1) Horacio Schick. “Análisis preliminar al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de reforma parcial a la Ley sobre Riesgos del Trabajo”. www.empresalud.com.ar
2) Observatorio de Derechos Sociales - http://www.obderechosocial.org.ar
3) Taller de Estudios Laborales - http://www.tel.org.ar
4) Horacio Schick. Artículo citado.
5) http://www.obderechosocial.org.ar
6) Taller de Estudios Laborales - http://www.tel.org.ar
7) Página 12” - 26 de septiembre del 2012.
8) Según un estudio del CIFRA - Instituto de la CTA - Yasky, oficialista - “Miradas al Sur”, 13/6/2010).

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Entrevista a Marcos Wolman: Vaciamiento del PAMI

ACTA

Marcos Wolman, secretario de Previsión de la CTA Capital y secretario General de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados fue entrevistado por Con el Pie Izquierdo (Radio Sur, FM 88.3) donde habló de los avances en la privatización de algunos centros de prestación del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).

“Basta sentarse en una de las sedes del PAMI, quedarse ahí con todos los jubilados que están esperando para hacer los trámites y mirar la pantalla donde se proyectan todos los beneficios que tiene el organismo, sobre todo cuando habla de turismo y piletas de natación.

Pero la realidad es muy distinta, el viernes pasado hubo una gran movilización, con Paro Nacional de los trabajadores del PAMI, frente a la sede central, porque en Rosario tomaron la resolución de tercerizar el servicio de ambulancias -se lo dieron a dos representantes de las clínicas- y el llamado de emergencia. Por lo cual las ambulancias llegan tarde, los traslados se hacen con muchas dificultades, y además, hay que tener en cuenta que siempre que eso se terceriza, se está haciendo un negocio. La tercerización es lo que va convirtiendo el tema de la salud en un negocio”, explicó Marcos Wolman al inicio de la entrevista.

“Nos damos cuenta de todas las preocupaciones que hay por el tema de la atención médica, del traslado y demás, pero esto es una cosa más grave todavía, porque la tercerización es la tendencia a la privatización, en lugar de hacer de la salud algo público, algo que pueda realmente concentrar todo el esfuerzo en la salud pública. Debería haber algo que desde la CTA venimos empujando desde hace mucho tiempo, una total reestructuración del sistema de salud, nosotros le llamamos ’Volver a Carrillo’”, expresó el compañero.

Además Marcos contó: “Esto sucede también acá en la Ciudad de Buenos Aires, con los jubilados que van a atenderse al Ex Hospital Francés. Ayer vinieron a nuestro miércoles frente al Congreso los trabajadores del ex Hospital Francés a entregar un material que sacó el cuerpo de delegados de ATE-CTA, bajo el título de ’La situación caótica que atraviesa el hospital’ y habla hasta de un apagón que hubo y lo que sucedió en los quirófanos”.

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Hidrofractura: El nuevo rostro de la voracidad

ANRED

"Diversos gobiernos y empresas están dando un fuerte impulso al desarrollo de estos yacimientos a pesar de que requieren una ocupación más extensa e intensa del territorio, la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad".

El desarrollo del capitalismo necesita, en el afán de producir cada vez más (y que cada vez menos aprovechan), obtener mayores fuentes de energía. Al mismo tiempo, los yacimientos de hidrocarburos tradicionales, una de las principales fuente de energía del siglo pasado, se están agotando. Y el aumento de precios que eso genera, más el mejoramiento de algunos recursos técnicos, hace viable la explotación no convencional.

Diversos gobiernos y empresas están dando un fuerte impulso al desarrollo de estos yacimientos a pesar de que requieren una ocupación más extensa e intensa del territorio, la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad, y que las tecnologías empleadas para su extracción redoblan el impacto generado por las explotaciones tradicionales.

Argentina es, según un informe por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, el tercer país con mayor potencial geológico para este tipo de hidrocarburos, después de China y Estados Unidos. La expropiación parcial de YPF profundiza el camino hacia la explotación de estos recursos. Por eso, la compañía cuya mayoría accionaria corresponde ahora al estado Nacional sale a buscar socios privados para desarrollar este tipo de emprendimientos, lo que certifica que la lógica empresarial seguirá estando regida por la maximización de la producción, sin tener en cuenta otras variables como las poblaciones locales o seguridad ambiental.

¿De qué estamos hablando?

La denominación de “hidrocarburos no convencionales” (gas y petróleo) se debe a que dichos minerales se encuentran en rocas compactas y a una profundidad que supera a las formaciones que reservan los “convencionales”.

La técnica para la extracción es diferente a la explotación convencional. La perforación es vertical hasta una profundidad que supera los 5000 metros y luego horizontal por otros 2000 metros, atravesando napas y diversas formaciones.

Son extraídos a través de la “hidrofractura” o “fracking”. La hidrofractura es un sismo subterráneo producido por medio de explosiones. Se utiliza una gigantesca cantidad de agua junto a una mezcla de productos químicos que contiene “inhibidores de corrosión”, “gelificantes”, “complementos biácidos”, “demulsificantes espesantes” para generar la presión necesaria que rompe la roca que contiene los minerales.

Cada excavación necesita, en promedio, 30 millones de litros de agua, lo que es igual a la cantidad que consume por día una población de 80.000 personas. Un pozo se puede hidrofracturar hasta 18 veces: es decir que puede requerir 540 millones de litros de agua. Los minerales se chupan por los tubos y con suerte, un porcentaje de los químicos y elementos radioactivos, vuelven a la superficie, mientras que la mayoría son absorbidos por las napas subterráneas. Los desechos tóxicos se vierten en piletas de almacenamiento a cielo abierto donde se disipan en el aire y se convierten en gases altamente nocivos para el ambiente.

En la provincia de Neuquén, la empresa petrolera Apache comenzó con la técnica de hidrofractura en la comunidad mapuche Gelay Ko. El gobierno neuquino otorgó la concesión a la compañía norteamericana sin el consentimiento de la comunidad originaria. De la misma manera hizo lo suyo YPF. Las dos empresas operan en la formación geológica denominada “Vaca Muerta”, territorio donde viven 17 comunidades mapuche.

¿Para qué?

Uno de los principales motivos para que el gobierno nacional fomente el desarrollo de no convencionales es el objetivo de volver a lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos (objetivo este que se perdió debido a la política implementada por Repsol). Sin embargo, en ningún momento el discurso oficial explica en qué se consumen los hidrocarburos generados.

Se sabe, por ejemplo que un convenio firmado entre Repsol YPF y la compañía minera Vale, permitirá a esta utilizar importantes cantidades del gas obtenido en Neuquén en la extracción de potasio en el yacimiento Potasio Rio Colorado. Producción esa que se exportará en su totalidad a los campos de transgénicos que están destruyendo el Amazonas.

Entonces ¿Para qué más producción? ¿En qué se consume lo que se produce? ¿Quién debe definir cuánto se produce y para qué? ¿Quién debe controlar el cumplimiento de las normas ambientales? ¿Quién establece los parámetros ambientales?.

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Argentina: Informe de CORREPI

Situación represiva nacional. Archivo 2012.
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3.773 asesinados por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983.

988 durante la presidencia de Néstor Kirchner.

1.236 durante la presidencia de Cristina Fernández.

2.224 desde el 25 de mayo de 2003.

El 51% eran jóvenes de menos de 25 años. Todos, hijos de trabajadores.

Éstos son algunos de los datos que atronaron la Plaza de Mayo el pasado viernes 16, cuando CORREPI, por 16º año consecutivo, convocó a la presentación del informe anual de la situación represiva, con el Archivo de Casos que venimos elaborando desde que el ministro del interior Carlos Corach, que dirigía la policía allá por 1996, dijo “No hay gatillo fácil, hay noticia fácil”.

Años después, con la cara pintada diferente, pero defendiendo los mismos intereses, los de los poderosos, su sucesor al frente de las fuerzas federales, Aníbal Fernández, clamaría “nombres, quiero nombres”, igualito que Videla cuando le preguntaron por los desaparecidos.

Es que los más hábiles en el arte de gerenciar ese aparato de opresión llamado estado, privilegian, en su arsenal represivo, las armas que les permiten cooptar consenso, para disfrazarse de lo que no son, y así reprimen más, pero también mejor: sin que se note tanto.

“Éste es el gobierno que no reprime la protesta” nos repiquetean a diario. Pero seguimos contando:

De los 68 asesinados en la represión a movilizaciones y manifestaciones populares desde 1995, 19 cayeron desde 2003 (2 de él, 17 de ella).

“Es verdad, éste es un gobierno represor, sancionó varias leyes antiterroristas… vamos con los progresistas…”, terminan admitiendo algunos, incluso los que, hace no tanto, batían el parche de la “transversalidad” y nutrían con su gente las patotas para-oficiales.

Pero se quedan calladitos cuando seguimos sacando cuentas:

1.759 casos en la provincia de Buenos Aires, 465 en Santa Fe, 16 en Tierra del Fuego… Si calculamos el índice por millón de habitantes, la cosa se empareja, y Buenos Aires queda tercera, detrás (bastante detrás) de Santa Fe y Tierra del Fuego… ¿cómo, los “progres” también reprimen, y todavía más? Y, si, porque el nivel de represión no depende tanto del color del partido de gobierno o de la cantidad de veces que diga “democracia” por día, como de la necesidad de cualquiera que gobierne un estado dividido en clases de reprimir para garantizar la explotación.

CORREPI construye este Archivo para poner a disposición de todo el activismo una herramienta más para ayudar a generar conciencia, para promover la organización y la lucha. Vamos cada año a la Plaza para mostrar lo invisibilizado, para gritar lo silenciado.

No vamos solos. Este año, más de un millar de compañeros nos hicieron el aguante, bajo el sol, y la atenta mirada policial. Juntos, escuchamos los datos que desgranó, formidablemente, el compañero Herman Schiller. Juntos, aplaudimos a los trabajadores que vinieron a contar su experiencia con la represión cada vez que salen a pelear por sus derechos y a nuestros compañeros en la militancia diaria, los familiares organizados en CORREPI, y abrazamos a los que vinieron de muy lejos, como la familia de Matías Casas, de Neuquén; la hermana de Julián Antillanca, asesinado en Trelew, o el compañero Pablo, representante de un grupo de jóvenes que se empiezan a organizar contra la represión en San Pedro, Jujuy.

A todos los compañeros y organizaciones que estuvieron, que colaboraron de mil maneras, que mandaron adhesiones, que se llevaron materiales para discutir sobre la represión en sus lugares de trabajo y militancia, a todos les agradecemos, y los convocamos, de nuevo, a organizarnos en todos lados para enfrentar la represión.

Nota: La Presentación del Archivo, con sus gráficos y tablas, está disponible en www.correpi.lahaine.org. El listado alfabético y por fecha de cada uno de los 3.773 casos puede ser requerido por mail a correpi@fibertel.com.ar

“Pido perdón a los padres de Rodrigo Corzo... estoy acá por mi hija.”

De esta particular manera, Ariel Núñez, el “Vertiginoso” policía cómplice del asesinato de Rodrigo Corzo hace casi 10 años, pretendió esta semana, en los tribunales de Morón, terminar con su condena.

Núñez, condenado a 3 años y medio de prisión porque encubrió el homicidio, está detenido hace cuatro meses. Sin embargo, lejos de purgar la pena en una cárcel común -como es de rutina para la inmensa mayoría de los pobres- lo hace en la comisaría de Villa Sarmiento, al cuidado de sus propios compañeros, cerca de su domicilio.

Su defensa oficial presentó un curioso pedido para acceder a la detención en su domicilio, argumentando un presunto "deterioro de su estado emocional compatible con depresión profunda e ideación suicida", según le certificó alguna psicóloga.

Las explicaciones no alcanzan a diferenciar el estado de Núñez del de la inmensa mayoría de los presos. De resultar verosímil la gravedad del caso (que a la luz de lo visto y escuchado, no parece), en todo caso debería ser trasladado a un instituto afín del Servicio Penitenciario Bonaerense, como se hace con cualquier pobre detenido.

Desconfiamos de la resolución judicial que está al caer. Pero quienes asistimos a la berreta actuación del uniformado delincuente, reparamos en su inadmisible pedido de disculpas.

No lo hizo a los pocos días del crimen. Por el contrario, por entonces, y año tras año, se sumó a la estrategia de su compinche, el oficial Solana. y mintió descaradamente.

No lo hizo después de la condena de Solana, sentencia en la que él fue mandado a investigar por sus mentiras. Por el contrario, eludió, cuantas veces pudo, los diferentes llamados de la justicia para explicar lo inexplicable.

No lo hizo ni siquiera cuando fue su juicio oral, al que llegó en libertad, pues sólo se lo detuvo cuando se leyó la sentencia.

En todos esos momentos, por más de nueve años, fue un policía digno de la fuerza que lo invistió. Porque contó con respaldo, desde el pago de su salario hasta la garantía de impunidad "por los servicios prestados" y él respondió con las armas que le proveyeron en la Vucetich: subordinación y valor para disciplinar a los jóvenes pobres y respeto institucional para evitar que aflore la verdad.

Ahora Núñez viene con el caballo cansado. Porque son muchos los meses que lleva detenido, inesperadamente detenido. Y esto revela algo mucho más profundo. El acto de justicia por el que Núñez se halla detenido, no es obra de ningún juez, sino de la perseverancia de la familia Corzo y la consecuente militancia antirrepresiva de nuestra organización.

Lo que revela el proceso es que Núñez ya no es un policía más, pero no por obra del arrepentimiento ni de la pluma de la justicia. Núñez está dónde está y ahora pide lo que pide, porque todo el andamiaje con el que su institución y la justicia lo sostuvieron se cayó por el impulso, la organización y la lucha antirrepresiva organizada. Un gran ejemplo de lo que provee la organización: no aflojarles, no concederles, no desmoronarse, sostenerse mutuamente con los compañeros, no confiar en nada sino en las propias fuerzas.

Ha pedido disculpas, meras palabras de ocasión para volver a su casa. Y aunque hubieran sido sinceras, jamás las admitiríamos, porque detrás de su crimen está la institución que lo cobijó y que sigue con otros tantos Núñez por ahí, sumando víctimas de nuestro lado. Nada de disculpas entonces, contamos con 3.800 razones para rechazarlas.

Campaña: Represión & Consenso.

Este verano, el gobierno decidió no descansar en su tarea de reprimir al pueblo y seguir perfeccionando las herramientas represivas. Un ejemplo de esto es la Campaña Nacional “Verano sin Violencia Institucional”, que se desarrolla en el marco de una mucho más grande y ya puesta a funcionar llamada “Campaña Nacional contra la Violencia Institucional”. Ambas campañas dependen del Ministerio de Justicia y DDHH y son ejecutadas en las barriadas populares, centros neurálgicos de la represión preventiva.

La campaña cuenta con abogados kirchneristas que recorren los barrios populares explicando qué hacer ante una detención. Lo que nunca explican –no podrían hacerlo- es porqué se producen esas detenciones arbitrarias. Es precisamente el gobierno que los manda y les paga el sueldo el que mantiene vigentes las facultades policiales para detener a cualquiera en cualquier lugar, incluso desobedeciendo la condena al estado argentino que dictó en septiembre de 2003 la Corte Interamericana de DDHH en el caso Bulacio, ordenado la derogación de todo el sistema de averiguación de antecedentes, faltas y contravenciones.

Tampoco dicen nada de los fusilamientos, las torturas y el hostigamiento al que someten las fuerzas de seguridad estatales a los trabajadores y el pueblo. Explicarlo exigiría reconocer que el gobierno kirchnerista reprime, ya que es un gobierno que administra una sociedad dividida entre una minoría rica, que explota y vive a costa de una mayoría pobre, y que una sociedad así, sólo se sostiene con palos y balas apuntando hacia el pueblo.

El gobierno que arrastra la responsabilidad sobre el 58,94% de los 3.773 casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado desde 1983, lanza una campaña contra su propia violencia. ¿Doble discurso? ¿Contradicción? No, estrategia represiva.

Como decíamos, el gobierno elegido en el 2003, y después también, para reconstruir las instituciones del poder y someter a los trabajadores y el pueblo, ha sido quien mejor supo aplicar las herramientas represivas, ya que, reprime, pero con el menor costo político posible. Esto lo logró a fuerza de fraccionar, comprar y, porque no, convencer a muchos de los que años atrás luchaban con el pueblo, pero también presentando “medidas progresistas” que invisibilizan la represión y, a la par, aumentar la descarga represiva. Una de ellas es esta campaña: ponen una cortina, escudándose en el “algo hacemos”, mientras por detrás, y aprovechando esa lavada de manos anterior, siguen reprimiendo a los pibes de los barrios para evitar su organización.

Sabemos que las soluciones no vendrán de parte de quien nos persigue, nos mata y nos explota. Con o sin campaña, las balas siguen lloviendo en los barrios. La organización y la lucha, también.

Control social y organización popular en San Pedro, Jujuy.

Escuchamos, sin sorpresas, el relato que nos hizo Pablo, un compañero que, junto a otros jóvenes, se está organizando en San Pedro, Jujuy, para enfrentar la represión. Nos pintó un vivo cuadro del nivel de disciplinamiento al que se somete a la población de los barrios pobres en esa pequeña ciudad norteña de 70.000 habitantes. Torturas, amenazas, causas armadas, aprietes, todo forma parte del menú al que recurre la policía jujeña para consolidar el control social, en una zona del país donde el narcotráfico es el negocio por excelencia de policías y poderosos.

Juan Martín Gómez, es el nombre de un joven jujeño de 28 años, asesinado por un policía en la casa de otro policía. Ni una palabra en los medios, ni locales ni nacionales. Es por eso, y porque la situación va de mal en peor, que Pablo y un grupo de compañeros decidieron empezar a organizarse con la gente en los barrios, para que se tome conciencia de la situación y puedan enfrentarla.

Decíamos que lo escuchamos atentos, pero sin sorpresas, porque, como le comentamos, lo que nos relató es tan parecido a lo que sabemos que ocurre en Fiorito, en Moreno, en La Matanza y tantos otros barrios. Tampoco nos sorprendimos cuando nos contó que llevaron el reclamo a la Secretaría de DDHH de la provincia, al mismísimo Remo Carlotto, presidente de la Comisión de DDHH de la cámara de diputados, cuando participó de una charla en la Facultad de Humanidades. La respuesta de Carlotto fue "No sabía". Ninguna respuesta encontraron –ni van a encontrar- tampoco por parte de la Secretaría ni de ningún organismo oficial.

CORREPI tomó el compromiso de impulsar y ayudar la organización de los compañeros, que viajaron a Buenos Aires para hacer visible la realidad que están padeciendo, y participaron del acto en Plaza de Mayo el viernes 16.

Enterados de la inminencia de una nueva reunión de las organizaciones que integramos el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA), los compañeros aceptaron con entusiasmo viajar a Córdoba con nosotros, para conocer las experiencias organizativas en el resto del país y para incorporarse al Encuentro, como organización que le pone el cuerpo a la lucha contra la represión.

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Argentina, Córdoba: Aires de primavera entre los viejos muros del Monserrat

Javier De Pascuale (PRENSA RED)

Después de casi 40 años, el Colegio universitario reconoció a los 21 estudiantes, egresados y profesores que fueron víctimas la Dictadura. Alta participación de estudiantes y sentido encuentro de familiares, amigos y ex compañeros. Estuvo la rectora Carolina Scotto pero no el director del Colegio.

Los aldabones de hierro forjado, incrustados a mazazo limpio en las viejas puertas de roble del tricentenario monumento no la vieron pasar. Los oscuros guardianes históricos del tradicional Colegio no se percataron de su presencia, hasta que ya fue muy tarde. Ella, la primavera, entró con sus viejos aromas de laurel y cedrón a la casa histórica de la burguesía cordobesa, cruzó la doble puerta de hierro que secunda al roble, se paseó oronda y atrevida por los pasillos que nos vieron crecer hace muchos años, susurró atrevidos pensamientos en los oídos de los dueños de casa, se asomó por polleras y sacos y finalmente se zambulló en la fuente del Colegio, como un egresado más en su último día de clases.

Algo muy natural pero muy poco habitual estaba ocurriendo este anteúltimo viernes de noviembre en la esquina de Duarte Quiros y Obispo Trejo, sobre horas de la tarde. Precisamente cuando el reloj público de la esquina de la manzana jesuítica señalaba las cinco de la tarde y todavía pululaban por la peatonal grupos de estudiantes con los claros distintivos monserratenses. Era la primavera celebrándose a sí misma, conquistando territorios. Dueña de la tierra, de ciertos aromas y de los mejores colores, se estaba adueñando del Monserrat, robándoselo a quienes creen ser sus legítimos propietarios.

Desde ese momento hasta pasadas las siete, la tarde del viernes fue nuestra en el colegio de ellos. O mejor dicho: fue, el Monserrat todo, con su palmera y sus baldosas blancas y negras -unas más gastadas que las otras- nuestro, completamente. Porque lo invadimos mujeres, hombres, viejos y niños que veníamos a celebrar, no la primavera pero sí la vida. Egresados, ex presos políticos, autoridades universitarias, familiares de ex monserratenses que fueron represaliados durante la Noche del Terror de la dictadura por sus opiniones políticas o su participación social.

Ahí estaban las familias Ferreyra y Vaca Narvaja en pleno, símbolos de la ignominia del genocidio que vivimos, cuando el solo hecho de ser portador de un apellido te condenaba a la persecución y la muerte. Tres de ellos, Diego Ferreyra Beltrán (egresado), Miguel Hugo Vaca Narvaja (p), profesor de Historia e Instrucción Cívica y Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), profesor de Educación Democrática del Colegio, fueron víctimas del Proceso.

Familiares de Gustavo De Breuil, egresado y estudiante de Derecho cuando lo secuestraron para luego asesinarlo en la tristemente célebre UP1, la Cárcel de San Martín, también estaban. Entre ellos Tomás, reciente egresado del Colegio y uno de los impulsores de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio desde el Grupo de Acción Política y del Centro de Estudiantes.

Padres, hermanos, hijos y nietos de las 21 víctimas del terrorismo de Estado que tuvo el Colegio Nacional de Monserrat acompañaron un acto en el que la rectora de la Universidad se quebró. Carolina Scotto lloró cuando vio que la silueta que la acompañaba en el acto, y que ella creía era una persona, era un trozo de cartón con un cartel: Miguel Hugo Vaca Narvaja, ausente en el acto y en la vida de su familia por exclusiva decisión del asesino Menendez.

Scotto no fue la única. Todos, de una u otra manera, con lágrimas visibles o simplemente con el corazón estrujado, lloramos. Algunos con una infinita tristeza que no se termina de ir jamás. Otros con la alegría de haber tomado por asalto “este Colegio de la derecha” para participar del acto. Porque ahí estábamos los ex compañeros de Diego Hunziker, secuestrado mientras cursaba el quinto año; quienes de la ruinas de la dictadura armamos el Centro de Estudiantes bajo amenazas de todo tipo y la mirada atenta del Personal Civil de Inteligencia que dictaba clases en el Colegio o, directamente, regía sus destinos, como el ex vicerrector Angel Lo Celso. También estaban los ex presos políticos y sobrevivientes de la UP1 y se paseaba -emocionado por la trascendencia del acto- Francisco Paco Ferreyra, director electo de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y hermano de una de las víctimas.

Todos celebrábamos junto a la vida y la primavera, el año de funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Monserrat que integran autoridades, profesores, estudiantes; un espacio resistido por algunos al interior del establecimiento pero impulsado con fuerza por la Universidad y que cuenta con el acompañamiento de una Comisión similar del Belgrano. Todos salvo el director del Colegio, Aldo Guerra, quien inexplicablemente se encontraba en un congreso de martilleros en Villa Maria. Cosas que pasan, que siguen pasando después de tantos años en el Monserrat.

Sandra Gezmet, secretaria de extensión del Colegio y alma mater del acto, intentaba dar las explicaciones del caso a quienes azorados preguntábamos por el Director, mientras abrazaba a los estudiantes que uno a uno iban sumándose al cónclave, a pesar de que terminaron las clases y ya no tienen que ir al Colegio.

La cantidad de chicos casi igualaba a la de visitantes y la cosa no terminaba ahí, porque se sumaban curiosos, preceptores y en lejanas tierras otros accedían a las imágenes del acto que les enviaban los presentes, desde el mismo patio central de la vieja casona. Alguien enviaba una foto a México mientras el abogado Horacio Etchichury prometía la adhesión del Sindicato Andaluz de Trabajadores, donde participa otro monserratense “que le hubiera gustado estar acá”.

Sobre el final, chicas y chicos del centro de estudiantes colocaron sus propias corbatas a las siluetas de las víctimas, nombrandolos sus compañeros, “camaradas en la casa fraternal” como reza el himno monserratense. Por un momento se humanizaron los cartones con los tonos morados del escudo del Colegio, mientras las familias escribían en tizas blancas y amarillas mensajes personales a cada uno de ellos. Tonio Blanco miraba la silueta de Hunziker y la comparaba con su recuerdo del compañero secuestrado… no era desacertada la figura, quizás le faltara un poco de altura para que concordara con el perfil de Dieguito.

Finalmente, amigos y familiares lanzaron a las aguas de la fuente unos barquitos de papel que habían sido preparados por los estudiantes, identificados con nuestros queridos 21 monserratenses, para que naveguen esas aguas que bañarán por siempre a cada uno de los estudiantes que egrese del viejo Colegio. Y fue ahí que la brisa de primavera se despidió del acto, soplando fuerte hacia el este, el naciente, dejándonos un mensaje de nuevo amanecer que será sin dudas lo que nos quedó en el corazón del acto de ayer.

La muestra “Represaliados Monserratenses del Terrorismo de Estado” es el primer acto de renocimiento histórico a 21 personas que como estudiantes, egresados o profesores pagaron con cárcel, torturas o muerte su compromiso con la libertad y la Patria, conceptos que aprendieron entre esas paredes que albergaron a los revolucionarios de 1810 pero que no les permitieron su homenaje hasta pasados casi 40 años de los hechos que hoy recordamos, para que nunca más vuelvan a suceder.

Se trata de Carlos Altamira, Humberto Cafani, Carlos Capuano Martínez, Emilio Casas, Oscar Cocca, Cesar Córdoba, Alfredo D´Angelo, Gustavo Adolfo De Breuil, Diego Ferreyra Beltran, Diego Hunziker, Rogelio Lesgart, Guillermo Moller, Alberto Nuñez Audisio, José María Pujadas, Mariano Pujadas, Juan Roqué, Nicolas Salerno, Osvaldo Suárez, Ricardo Zucaria Hit, Miguel Hugo Vaca Narvaja Morra y Miguel Hugo Vaca Narvaja Yofre.

Javier De Pascuale es periodista, egresado del Colegio Nacional de Monserrat, ex secretario de Cultura de CISPREN.

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Argentina, Córdoba: Organismos de Derechos Humanos se quejan por demora en el comienzo del juicio Menéndez III

Katy Garcia (PRENSA RED)

Los Organismos de Derechos Humanos de Córdoba manifestaron su “descontento” por la prórroga determinada por el TOF1 en la fecha de inicio de la mega causa que ventilará los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla, Campo de la Ribera y D2. Convocan a una marcha para el 4 de diciembre, día en que comenzará el juicio.

Miembros de Abuelas de Plaza de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, H.I.J.O.S, Ex presos políticos y Servicio de Paz y Justicia, manifestaron su desacuerdo con la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF1)y exigen que el próximo 4 de diciembre los 45 imputados “ni uno menos” escuchen la lectura de la acusación.

El Tribunal resolvió aplazar una semana la fecha previamente fijada para el 27 de noviembre debido a los planteos realizados por las abogadas de la defensa Marcela Rojas y Natalia Bazán en representación de sus defendidos que aducen problemas de salud.

El tribunal determinó que el 27 de noviembre próximo se realice una junta médica, en el Hospital Nacional de Clínicas, con médicos de ese centro de salud y peritos de las partes a fin de determinar el estado de salud de Luis Cayetano Quijano, Carlos Enrique Villanueva, Raúl Eduardo Fierro y Fernando Andrés Pérez.

“Si la Justicia sigue dilatando esta causa, no hay justicia para nosotros, porque nos vamos a morir sin lograr el objetivo de justicia que hace 36 años nos comprometimos a lograr”, expresó Sonia Torres, titular de Abuelas.

“No hay juicio si no defendemos las garantías constitucionales de los querellantes que también tenemos derechos”, afirmó María Teresa Sánchez, abogada de la entidad. “No se justifica ni la junta médica ni el pedido de la defensa de aplazar la fecha y eso lo hicimos conocer”, agregó.

Robo de Bebé

Por primera vez se juzgará como crimen de lesa humanidad la sustracción y apropiación de niños nacidos en cautiverio en Córdoba. Se trata del nieto de Sonia Torres, hijo de Silvina Mónica Parodi (20) y de Daniel Orozco (22), ambos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Silvina y su esposo, secuestrados en barrio Alta Córdoba, el 26 de marzo de 1976, por una “patota” de civil y trasladados a La Perla, permanecen desaparecidos. El bebe nacido fue apropiado y su identidad permanece robada.

Los Organismos opinan que se trata de maniobras dilatorias para impedir el inicio de la mega causa más importante del interior del país que sentará en el banquillo a 45 represores acusados de desapariciones, torturas y de la apropiación de un bebé, delitos cometidos en los Centros Clandestinos de Detención La Perla, Campo de la Ribera y D2 que actuaban coordinadamente.

Durante el juicio que investigará las violaciones a los derechos humanos de 414 víctimas entre los que se encuentran gremialistas, estudiantes secundarios y universitarios, militantes barriales, políticos y profesionales, testimoniarán más de 600 testigos, muchos de ellos sobrevivientes.

Para el 4 de diciembre convocan a la sociedad a participar de una marcha que partirá desde la rotonda sita en Arenales y Valparaíso para culminar en el edificio de Tribunales federales.

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Frente a los graves hechos de violencia en el Fiorito: Convocan a un paro en los 77 hospitales bonaerenses

CICOP -ACTA

Ante los hechos sucedidos en la guardia del Hospital Fiorito de Avellaneda, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA) convocó a un paro en los 77 hospitales bonaerenses para este miércoles 28 de noviembre.

CTA emitió un comunicado con la firma de Fernando Corsiglia y Guillermo Pacagnini, donde manifiesta una gran preocupación por lo sucedido, declara al gremio en estado de alerta y anuncia un paro para el miércoles 28 de noviembre en toda la provincia de Buenos Aires.

“Este no es un hecho aislado. Los Hospitales de Moreno y Evita de Lanús, hace pocas semanas tuvieron hechos graves de dominio público, similares a los que se vienen denunciando de manera cotidiana en el Hospital Posadas de Ramos Mejía y en gran parte de los establecimientos de salud de la provincia”, denuncian los profesionales.

Y aclaran que “hemos presentado reiteradas veces un pliego de medidas para atacar este flagelo y solicitado en tres oportunidades entrevistas con el ministro de Seguridad Casals, sin respuesta alguna. Por eso nos indigna que el Ministro de Salud minimice los hechos y hasta niegue la realidad, cuando es parte del gobierno de Scioli y tiene responsabilidad en la falta de soluciones”.

Marité Sosa, Secretaria Gremial de CICOP y médica del hospital, se hizo presente en el Fiorito para solidarizarse con los profesionales agredidos y ratificó la existencia de la agresión y las medidas de defensa de los profesionales de la guardia.

El comunicado finaliza anunciando que “CICOP va a implementar la resolución del último Congreso: ante un nuevo hecho grave de violencia paro en toda la provincia. Por ello, el 28 paramos de 10 a 12 horas con asambleas en los hospitales y una conferencia de prensa en el Fiorito a las 11 horas”.

La intensa campaña realizada con amplia repercusión en los medios y el anuncio del Paro Provincial, presionaron al Gobierno que convocó a los dirigentes de CICOP a reunirse con los ministros de Salud y Seguridad.

Por su parte Jorge Yabkowsky, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA-CTA), dijo que “para que haya seguridad en los hospitales se necesita una dotación de 1.500 policías”. La realidad, hoy, está lejos de esa cifra. La Policía se mezcla con la seguridad privada y la cantidad de efectivos no es suficiente. “La seguridad privada ni siquiera está conectada por handy con la Policía para comunicarse en caso de que ocurra un incidente”, denunció Yabkowsky y agregó que “para el nivel de violencia que tenemos en los hospitales, no sirve”.

El sindicalista citó una reciente investigación que realizó la red Intramed en Argentina y en España sobre la violencia contra los médicos. En el país fueron encuestados 17.000 profesionales y arrojó que “el 60% de los pediatras y psiquiatras recibió una amenaza verbal y el 5% fue agredido físicamente”. El relevamiento arrojó otro dato: el 70% de los agresores no tenía antecedentes policiales. “No todos los que generan este tipo de actos pertenecen a bandas”, explicó.

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Brasil: La oposición le pide explicaciones a Lula por corrupción

ANSA

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), mayor fuerza opositora del país, considera necesario que el ex mandatario Luiz Lula da Silva exponga sus vínculos con una funcionaria del gobierno acusada de corrupción que fue despedida el sábado por la presidenta Dilma Rousseff.

Rousseff mantuvo encuentros ayer con ministros para analizar el desgaste político del gobierno por el escándalo de corrupción que se conoció el fin de semana cuando la Policía Federal abrió un proceso contra la jefa de la oficina presidencial en Sao Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, quien al parecer contaba con el apoyo de Lula.

Congresistas del PSDB comentaron al sitio del diario Folha de Sao Paulo que es necesario que Lula da Silva sea citado a comparecer en la Comisión de Fiscalización y Control del Parlamento dado la presunta estrecha relación con Novoa de Noronha, quien trabajó para su gobierno durante 8 años.

El ex jefe de Estado fue "citado indirectamente en las investigaciones de la Policía Federal" en el marco del Operativo Porto Seguro lanzado el viernes pasado y "queremos saber cuales son las razones de los contactos telefónicos de Lula con Rosemary Novoda de Noronha" declaró el diputado Carlos Sampaio, uno de los líderes del PSDB en la Cámara Baja.

A pesar de que la investigación está bajo secreto de sumario Folha citó que la Policía Federal habría registrado más de 100 comunicaciones telefónicas entre Lula y Novoa de Noronha, quien está acusada de tráfico de influencias y otros delitos.

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La mayoría de chilenos están desinformados sobre diferendo con Perú

PL

Más de la mitad de los chilenos desconoce detalles del conflicto limítrofe de su país con Perú, controversia que debe dirimir la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reveló hoy una encuesta.

Según el sondeo, realizado por la consultora Imaginación y Radio Cooperativa, el 57, 8 por ciento de las familias entrevistadas reconoció estar "poco informada" o "nada informada" frente a la disputa en La Haya.

Solo cuatro de cada 10 núcleos familiares aseguró estar muy informado o informado de la controversia marítima con el vecino país.

El estudio señala que el 63,2 por ciento de las familias cree que el fallo favorecerá solo a Chile, un 5,1 por ciento considera que a Perú, mientras que el 22,2 por ciento de las encuestadas estima que será favorable a ambos países. Un 4,3 por ciento opina que no beneficiará a ninguno.

En enero de 2008 Perú demandó a Chile ante el tribunal internacional, en reclamo de 67 mil kilómetros cuadrados de mar territorial en su frontera.

El diferendo entre los dos países está vinculado a otros dos tratados de 1952 y de 1954 sobre las zonas de pesca, y que establece una presencia marítima de Chile, pero no una soberanía definitiva, según Perú.

Los dos países terminaron en julio último la presentación de sus alegatos, y el próximo 3 de diciembre iniciarán la defensa oral del caso, que se extenderá hasta el día 14. El tribunal debe emitir su veredicto en el primer semestre de 2013.

Este lunes, el presidente Sebastián Piñera manifestó preocupación por "lo que pasó en el fallo de otros países que han tenido también diferencias respecto de sus límites marítimos", pero dijo creer que es muy importante que las naciones, los tribunales, todos, respeten los tratados y el derecho internacional vigentes.

"Nuestra posición es justa y sólida y, al mismo tiempo, creemos que es muy importante que el tribunal de La Haya actúe en base a derecho", expresó el mandatario en declaraciones a medios de la Asociación de Radiodifusores de Chile.

Piñera se reunirá hoy en el palacio de La Moneda con un grupo de expresidentes para informarles sobre la defensa que presentará Chile en La Haya.

A la cita deben asistir los exmandatarios Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006).

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Destacan capacidad de Nicaragua para ejercer soberanía en el Caribe

PL

Nicaragua tiene perfecta capacidad para asumir el control y garantizar el ejercicio de su soberanía sobre los territorios recuperados en la zona marítima caribeña litigiada con Colombia, afirmó hoy el abogado Carlos Arguello.

El representante de este país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya recordó que la nación centroamericana recuperó su derecho después de más de un siglo de controversia y en virtud de ello, todas las riquezas o bienes naturales en esa área le pertenecen.

Reconoció la eficiencia del Ejército nicaragüense, demostrada en el combate al narcotráfico, y manifestó su confianza en que podrá asumir las nuevas responsabilidades que le corresponden debido a la sentencia emitida por el ente mundial el 19 de noviembre de 2012.

Con ese fallo multiplicamos con creces el espacio territorial que teníamos y quedó abierta la posibilidad de que los espacios nicaragüenses vayan más allá de las 200 millas restituidas, adelantó, en declaraciones al Canal 4 de la televisión.

Pescadores hondureños y de otros países que desarrollan esas actividades en los territorios marítimos restituidos sólo tienen que solicitar su permiso ahora a Nicaragua, pero tienen las puertas abiertas para hacerlo, de acuerdo con el jurista, en declaraciones al Canal 4 de la televisión.

Arguello rememoró que el inicio de este proceso fue la postura adoptada por el gobierno nicaragüense en La Haya, ante Colombia, en los años 80 del siglo pasado.

Ese mecanismo de resolución de conflictos entre países por vías pacíficas está integrado por 15 jueces de todas partes del mundo, entre ellos un colombiano. En esta ocasión, el oriundo de ese país suramericano avaló el fallo cuestionado por el gobierno de Juan Manuel Santos, aseguró.

Ningún abogado internacional que vea esa sentencia dirá que es injusta o está mal, opinó.

A juicio de Arguello, la reacción del mandatario colombiano sólo puede responder a que lo tienen mal informado en torno a la problemática.

Durante el desarrollo del proceso, Costa Rica y Honduras procuraron incidir, por temor a ver afectados sus intereses en el Caribe, pero sus dudas quedaron aclaradas en distintos momentos en el ámbito de la Corte, explicó.

Nicaragua puede apelar a la comunidad mundial frente a la resistencia colombiana a acatar el fallo de la CIJ. En particular, puede presentar una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero este es un instrumento político y en verdad, no hay nada que discutir, consideró.

Esta es una sentencia judicial y hay que acatarla y punto, enfatizó.

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México: Se va Calderón: el presidente del feminicidio

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Para el panista, la población femenina fue “víctima colateral” de sus acciones anticrimen; el legado: 7 mil homicidios por razón de género.

En cuatro días concluye la administración de Felipe Calderón: la más sangrienta para las mujeres, toda vez que tan sólo en la mitad del sexenio (entre diciembre de 2006 a 2009) se registraron 7 mil casos de feminicidio en todo el país, de acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados.

A la par de esa violencia de género que se recrudeció con la política de seguridad del Ejecutivo federal –aseguran defensoras de los derechos femeninos–, también se agravaron la impunidad y la corrupción en las instancias federales, estatales y municipales de justicia.

Mientras que la mayoría de los asesinatos de mujeres están sin esclarecerse, pese a que 19 entidades federativas han tipificado en sus códigos penales el delito de feminicidio, el desinterés gubernamental por el tema se refleja en el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, donde fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres en 2001.

Y es que la violencia de género y la falta de justicia ante este flagelo fue el signo de la gestión que concluye este 30 de noviembre, advierten organizaciones civiles.

Invisibilizadas

Para María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio (OCNF), durante el sexenio se “invisibilizó” al feminicidio mientras se enarbolaba la consigna de abatir al crimen organizado.

La activista agrega que la estrategia de seguridad de Calderón careció de perspectiva de género y de una visión de respeto a los Derechos Humanos (DH). Fueron “los peores años para los DH de las mujeres, la situación de vulnerabilidad contra las mexicanas es evidente”, critica Estrada.

El feminicidio aumentó 68 por ciento en todo el país entre 2007 y 2009, según el OCNF a partir de información de procuradurías estatales.

Mientras que de diciembre de 2006 a junio de 2012 se registraron 4 mil 112 asesinatos dolosos de mujeres tan sólo en 13 estados, aunque la cifra podría elevarse debido al subregistro, aclara la abogada.

Otro dato: en cuatro años, en Ciudad Juárez, los asesinatos de mujeres se dispararon en más de mil por ciento al pasar de 53 en 2007 a 584 en 2010, de acuerdo con registros de las organizaciones chihuahuenses Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y Mukira.

Luz Estrada advierte también que la estrategia contra los cárteles de la droga dio carta blanca a la operación de las organizaciones de trata de mujeres. “Yo te mato, te violo, te secuestro, al fin que ahorita lo más importante es investigar sobre la delincuencia organizada”, explica.

A lo anterior se añade que durante el sexenio la violencia contra las niñas y las mujeres “se planteó como un daño colateral” relacionado con las víctimas del crimen organizado, argumenta Karla Micheel Salas, abogada de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Abunda que la impunidad en torno a estos crímenes se recrudece en un sistema judicial dominado por “prejuicios machistas” que culpabilizan a las mujeres de la violencia que padecen.

Letra muerta

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, define a la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus DH, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres”.

El pasado 14 de junio se reformó el Código Penal Federal para tipificar el feminicidio y castigarlo con penas de hasta 70 años de prisión. No obstante toda esa legislación, aún no se garantiza que las víctimas accedan a la justicia.

A esa situación se suma que las políticas nacional y estatales contra la violencia de género están “totalmente desarticuladas”, lo que deriva en su falta de operatividad, acusa Magaly Reyes Chávez, coordinadora de Mujeres por un Milenio Feminista.

Ejemplo de ello –indica– es que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres negó durante esta administración que se declarara la Alerta de Violencia de Género en los estados de Guanajuato, México, Nuevo León y Veracruz, donde grupos civiles documentaron y denunciaron altas tasas de feminicidio.

Mayela García, presidenta del Colectivo de Mujeres, en Veracruz, denuncia que aunque en la entidad el delito ya está tipificado las autoridades indagan los casos como homicidios dolosos, para evitar la imagen de que en la sociedad prevalece la “misoginia”.

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Advierten sobre repunte de la iniquidad económica en Estados Unidos

PL

La diferencia de bienestar entre la clase pudiente de Estados Unidos y el resto de la población se disparó hasta niveles astronómicos durante las pasadas tres décadas, mientras los ingresos de la familia promedio son los peores desde 1969.

Un informe del economista y catedrático de la Universidad de Nueva York Edward Wolff, quien estudió el movimiento de los dividendos ciudadanos entre 1983 y 2010, refleja que la clase media norteamericana tiene las más bajas utilidades en 43 años.

En la etapa mencionada, la disparidad en cuanto a ingresos monetarios aumentó significativamente en el norteño país sobre todo como consecuencia del quebranto de las inversiones en el sector inmobiliario, que afectó con énfasis a activos de la comunidad trabajadora.

De acuerdo con el Reporte Wolff, mientras una familia de clase media perdía un 18 por ciento de sus entradas financieras, aquellos ciudadanos incluidos en el uno por ciento poblacional -los más acaudalados- vieron incrementar sus ingresos en 71 por ciento.

En 2010 también el salario promedio anual decreció hasta sus peores niveles desde 1999, unos 26 mil 360 dólares, y como resultado una persona dentro del llamado uno por ciento disfrutada de valores 288 veces superiores al de un ciudadano estadounidense promedio.

La Gran Recesión que golpeó a la industria nacional entre 2007 y 2010 provocó que el bienestar económico de las familias de clase media decayera un 38,8 por ciento durante ese período, con mayor perjuicio para aquellos individuos entre 35 y 44 años.

El presidente Barack Obama adelanta desde inicios de 2012 una campaña pública para consolidar el apoyo ciudadano hacia su iniciativa relacionada con el aumento de impuestos a los más ricos como medio de contrarrestar el déficit.

Obama se ha reunido con líderes sindicales, representantes del sector privado empresarial y delegados de ambos partidos políticos con la meta de ganar adeptos para una propuesta de incrementar gravámenes desde 35 hasta 39,6 por ciento.

El propósito del mandatario demócrata apunta hacia aquellos ciudadanos con ingresos mayores de 250 mil dólares anuales, una porción de la población beneficiada con pactos legislativos certificados durante la administración de George W. Bush.

Según cálculos de la Casa Blanca, el fin de la era-Bush de privilegios fiscales podría aportar un adicional de 440 mil millones de dólares de recaudos gubernamentales en los próximos 10 años.

Una cifra record de 42,2 millones de estadounidenses celebró el reciente Día de Acción de Gracias bajo el programa federal de auxilio para pobres que reparte estampillas con derecho a comidas subsidiadas.

Acorde a un estudio del foro Sunlight Foundation, el uso de los bonos para alimentos se disparó en Estados Unidos desde el colapso del sistema financiero hace cinco años. Esta opción aumentó en 70 por ciento desde 2007 y no disminuirá hasta que caigan los números del desempleo.

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Gran Bretaña: Advierten sobre crisis constitucional por decisión de iglesia anglicana

PL

El rechazo del Sínodo de la Iglesia anglicana de la ordenación de obispas amenaza con una crisis constitucional, advirtió el secretario general de esa estructura consultiva, William Fitall, citado hoy por la prensa londinense.

Fitall indicó en un documento interno, dirigido al Consejo de Arzobispos de la citada Iglesia, que los anglicanos deben demostrar la capacidad de reaccionar rápidamente a una decisión que causó una "conmoción mayor", después de las expectativas creadas entre los fieles sobre la aprobación de las ordenaciones.

Antes de la votación del pasado martes del Sínodo de 470 miembros, incluidos obispos, clérigos y laicos, se esperaba que fuera confirmado el derecho de las mujeres a ocupar el cargo de obispas, el mayor cambio en 20 años en la referida Iglesia, después de la autorización de las féminas para ejercer el sacerdocio.

La negativa del sínodo, donde los laicos eran considerados los más conservadores, obligaría a postergar una decisión sobre las ordenaciones para el 2019. La mencionada medida requiere de la aprobación del Parlamento y de la reina Isabel II.

Fitall propone reanudar las discusiones lo más pronto posible, de tal forma que el mencionado asunto pueda llevarse nuevamente a votación en 2015; de lo contrario, estima, ocurrirá una crisis constitucional por la violación de derechos de las británicas.

Dirigentes del parlamento también demandaron a los integrantes de sínodo anglicano retomar el asunto de la votación sobre el derecho de las féminas a ejercer el cargo de obispos.

Los debates a favor del citado derecho de las mujeres se iniciaron en 2000.

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Exhuman el cadáver de Arafat para realizar un test por envenenamiento

ANSA

El cadáver de Yasser Arafat fue exhumado hoy para tomar algunas muestras de tejido y establecer si el histórico líder palestino fue envenenado, reportaron fuentes palestinas. Durante la operación estuvieron presentes expertos franceses, suizos y rusos.

Al finalizar la toma de muestras de tejido corporal, el cuerpo fue nuevamente sepultado, anunciaron fuentes oficiales palestinas.

"La operación terminó, la tumba fue cerrada y las muestras fueron confiadas a los expertos franceses, suizos y rusos", según responsables de la comisión de investigación sobre las causas de la muerte de Arafat. No se anunció cuándo se conocerán los resultados de los estudios a realizar.

El proceso de exhumación comenzó hoy a las 5 locales.

Arafat murió en París en 2004, oficialmente a causa de un ictus, pero su familia sospecha que fue envenenado y la justicia francesa abrió una investigación en agosto pasado tras las acusaciones de la esposa del ex líder palestino, Suha Tawil-Arafat.

Suha sostiene que su esposo fue envenenado lentamente con polonio. Además, expertos suizos dijeron haber hallado restos de polonio-210 radioactivo en objetos personales de Arafat.

La familia del dirigente fallecido tiene en la mira a Israel, pero en entrevistas con la prensa de ese país, un colaborador del ex premier Ariel Sharon, el abogado Dov Weisglass, negó en setiembre de este año las acusaciones.

Luego de haberlo obligado a permanecer encerrado en la Muqata (el cuartel general de Ramalá) Arafat "ya no representaba peligro alguno", argumentó Weisglass.

El centro médico francés en donde Arafat murió no pudo explicar las causas del deceso. Al parecer tras el deceso no se realizó una autopsia.

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Actualidad de Vietnam

VNA

Noticiero semanal de VNA, del 19 al 25 de noviembre de 2012.



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Consideran insuficiente flexibilidad de política monetaria de Estados Unidos

PL

La medidas en política monetaria implementadas por el gobierno estadounidense, con tasas de interés ubicadas en mínimos históricos, son insuficientes para crear puestos de trabajo, afirmó hoy un especialista.

El presidente de la Reserva Federal de la ciudad de Dallas, Richard Fisher, manifestó su preocupación por la situación del desempleo que ha sido uno de los principales azotes para las personas desde el inicio de la crisis financiera global en 2008.

Fisher remarcó la necesidad de encontrar la manera de estimular a las empresas con el objetivo de que contraten personal.

Un sondeo reciente de la Reserva Federal de Filadelfia mostró que la economía estadounidense crecerá menos de lo pronosticado en el último trimestre del año a causa de la persistencia de dificultades que ensombrecen el panorama.

El apartado avanzará a una tasa anual de 1,8 por ciento frente al 2,2 calculado hace unos meses, según la pesquisa realizada entre varios analistas.

Para el próximo año las expectativas son más débiles por lo que los expertos también estiman una desaceleración del crecimiento.

En cuanto a la situación del mercado laboral, el sondeo arrojó que el nivel de desempleo promediará 7,9 por ciento en el cuarto trimestre respecto a la proyección previa de 8,1.

El índice de desocupación registró en octubre un aumento a 7,9 por ciento frente al 7,8 de septiembre, a pesar de crearse 171 mil nuevos puestos.

Esos datos evidencian que indiscutiblemente aún el mercado laboral estadounidense está deprimido por cuanto los puestos creados no fueron suficientes para detener la tasa de desocupación.

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Déficit de Estado español alcanza 4,13 por ciento del PIB

PL

El déficit del Estado español se ubicó en los 10 primeros meses de 2012 en 43 mil 374 millones de euros, equivalente a un 4,13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), informó hoy el Ministerio de Hacienda.

Este balance fue consecuencia de unos pagos que situaron en 132 mil 153 millones de euros -un 4,9 por ciento más en términos interanuales-, frente a unos ingresos de 88 mil 779 millones, lo que representa un aumento del tres por ciento.

En comparación con el período enero-octubre de 2011, el déficit registrado es 8,5 por ciento superior, pero se modera ligeramente respecto a los datos de septiembre último, cuando el saldo negativo del Estado alcanzó un 4,39 por ciento del PIB.

En términos homogéneos -descontadas las transferencias a las 17 comunidades autónomas, a la seguridad social y a la Unión Europea (UE)-, el déficit de la administración central hasta octubre fue del 3,92 por ciento del PIB, desde el 3,9 por ciento certificado en septiembre.

La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, destacó que el déficit se moderó en más de dos mil 700 millones de euros en relación con el noveno mes del presente ejercicio.

España tiene un objetivo de déficit de 4,5 por ciento para la Administración Central.

Para este ejercicio, el conjunto de las administraciones públicas (Estado, autonomías y ayuntamientos) deben reducir el déficit hasta un 6,3 por ciento del PIB, según el compromiso asumido con la UE por el gobierno conservador de Mariano Rajoy.

Cuarta economía de la zona euro, España cerró 2011 con una desviación presupuestaria de 9,4 por ciento del PIB, lejos del seis por ciento pactado inicialmente con Bruselas por el anterior ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

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