jueves, 29 de noviembre de 2012

España: Quiebra económica y quiebra moral

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

Hay crisis cuando un orden o sistema, sea biológico u orgánico, social o económico, ético o moral quiebra y desaparece en espera de ser reemplazado por otro. En España el orden político y jurídico nuevo reordenó algunas cosas administrativas del régimen anterior, pero luego el statu quo se ha mantenido sin variaciones perceptibles.

En cuanto al orden moral, el que procedía del régimen fue desapareciendo paulatinamente, quedando ahora reductos de la vieja moral sólo entre las generaciones de más edad, pero sin que las nuevas hayan llenado el vacío con otras reglas que no sean fruto de cada capricho individual. Tras el ordine nuovo político y la crisis moral, llega la crisis económica que está haciendo tambalear los fundamentos de la estabilidad social y suscita la necesidad de otro orden que no acaba de establecerse. Sin embargo lo cierto es que con anomia prolongada (ausencia de normas más allá de las impuestas por el poder), una sociedad no puede ir muy lejos sin descomponerse o desplomarse socialmente con estrépito.

En buena medida la explicación, aunque tiene varias causas y admite varios enfoques, puede encontrarse en que España, durante la dictadura y tras una guerra fratricida, en lo moral fue sometida por la Iglesia, y en lo político y social, por unas cuantas familias amparadas por el dictador. El poder de la Iglesia continuó y continúa y al poder de esas familias le sucedió el de sus herederos, a los que se unieron otras familias arribistas que progresan por medios rápidos y sin escrúpulos. Entre todos han ido envileciendo poco a poco a este país… Las últimas noticias deprimentes e indignantes están relacionadas con el indulto de unos policías torturadores. Y tan indignante y deprimente como ésa, ese derecho de gracia, propio de las satrapías (no recogido en la Constitución y por tanto inconstitucional), que se arrogan los gobiernos sucesivos, que desautoriza al poder judicial y quiebra el equilibrio entre los tres poderes del Estado.

Por otro lado, oír a esa chusma que, desde la solemnidad de las instituciones, miente, maquina y se confabula contra todo lo que se mueve en la dirección que no es la suya, saca lo peor de uno. Hasta tal punto eso es sí que no extraña que muchos empiecen a pensar en el cuerpo a cuerpo. Tanta desvergüenza, descaro y cinismo tras años de provocación e hipocresía, no son propios de un país que se precie de avanzado. La crisis económica que causa millones de desempleados a la fuerza, oleadas de desahucios y desalojos, y millones de ciudadanos que subsisten sólo gracias a la filantropía, con los consiguientes dramas familiares e individuales sin interrupción, es el reflejo de una absoluta desmoralización de la sociedad en su conjunto.

Bancos, Cajas y políticos oportunistas, empresarios, directivos y periodistas al acecho de la ocasión para exprimir hasta las heces todo cuanto pueda convertirse en dinero, hacen de este país el último en honestidad y el primero en contracultura y decadencia de Europa. Un país, cuyos dirigentes en todas las esferas, incluida la del periodismo, se contenta con el Código Penal como único fundamento ético, es un país en quiebra política, económica y moral aun antes de declararse las tres oficialmente. Un país donde la investigación y la Ciencia, las bellas artes y los nobles oficios, la educación y la enseñanza sufren una involución desastrosa, no puede esperar nada del presente y menos del futuro. En todo caso la práctica "neoliberal", de inspiración anglosajona, es una ideología que ha sintonizado de una manera cabal con el espíritu absolutista, dictatorial y caciquil que subyace en las clases sociales de este país acostumbradas a mandar. Por eso los gobiernos de la derecha en España funcionan no como organización política al servicio de la colectividad, sino como lobby; esto es, como colectivo con intereses comunes sólo atento a promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. De ahí que su principal objetivo sea privatizarlo todo y obtener el máximo beneficio particular, sin que le importe la exclusión de una gran parte de la ciudadanía.

Las siguientes generaciones valorarán la realidad que vivimos ahora de un país en manos de pícaros, de marrulleros, de tramposos y de ladrones que vienen mangoneando a lo largo de estos últimos 37 años. Unos pertenecientes a una clase política deplorable, otros al periodismo decadente, otros a una familia real no menos lamentable, y otros a la banca, a la empresa o como simples detentadores de dinero improductivo. Todos lo han zarandeado a niveles de rapiña y manipulación incluso superiores a los de la dictadura precedente...

La única solución que tiene España para cerrar una larga etapa canallesca, es la abrogación de la Constitución, la redacción de una nueva y la reconstrucción política, económica y ética del país, situándose intelectualmente los constituyentes en el mismo instante en que se liquidó la dictadura al morir el dictador. Es decir empezando todo desde cero...

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Holdouts: La alternativa de un nuevo default

Héctor Giuliano

El nuevo fallo del juez Griesa contra la Argentina actúa como detonante de una situación financiera explosiva para la administración Kirchner: el dilema de blanquear o no un nuevo default. (1)

El pedido de embargo de la fragata Libertad en Ghana, pese a su gravedad intrínseca, es un problema comparativamente menor por su alcance que el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que avaló la sentencia Griesa en otra causa de Fondos Buitre por reclamo de holdouts (los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010). Y la sentencia ejecutiva ulterior de Griesa, del 21.11, amenaza ahora desbordar el tema.

Esta nueva nota sobre el asunto busca entender las alternativas que se presentan con el nuevo fallo Griesa y las opciones que tendría nuestro país ante los nuevos acontecimientos que se están produciendo, si bien todo lo que pueda decirse al respecto está condicionado por el secreto que rodea siempre lo vinculado al real estado de situación del endeudamiento público argentino.

Alcances del fallo Griesa

El hecho que una parte de los holdouts no adhiriera al Megacanje 2005-2010 e iniciara juicios contra la Argentina en el Exterior, el hecho que la administración Kirchner dejara “en el limbo” el tratamiento de estos holdouts, el que no se intentara efectuar al menos depósitos en consignación equivalentes a los de los bonistas que sí entraron en el canje y el hecho que el país no dejara abierta la puerta de nuevos canjes vía suspensión de la Ley Cerrojo 26.017 suponían ya una exposición bastante seria, desde el punto de vista legal, para esta administración.

Y que todo ello ocurriera mientras el gobierno seguía proclamando y efectivizando su “vocación pagadora” a ultranza de los servicios de la Deuda Pública y jactándose de una posición fiscal supuestamente favorable mientras su argumento legal sigue basándose en la situación de Emergencia Financiera de la Ley 25.561 y conexas, exponía además a nuestro país a que, temprano o tarde, esos juicios le iban a ser desfavorables.

Si no se planteaba la cuestión de la Ilegitimidad de la Deuda pese a las cuatro investigaciones legales en curso – Olmos I (con sentencia en firme), Olmos II, Megacanje y Denuncia contra los altos funcionarios responsables del endeudamiento argentino – si no se determinaban claramente los límites de la solvencia fiscal para poder afrontar la deuda que resultase legítima según tales investigaciones y si no se juzgaba a los funcionarios superiores intervinientes y a los corresponsables internos y externos de las operaciones irregulares y fraudulentas del endeudamiento contra el Estado Argentino, cualquier estrategia de fondo estaba perdida de antemano.

Los resultados desfavorables de tales juicios eran sólo una cuestión de tiempo porque los fallos pendían como una “espada de Damocles” sobre el gobierno argentino, una espada que ahora parece estarle cayendo encima.

Las sentencias en Nueva York contrarias a la Argentina habrían venido así a poner fin a esta situación.

El nuevo fallo Griesa del 21.11.2012, después del aval obtenido de la Cámara de Apelaciones, reitera otro suyo anterior del 23.2 de este mismo año que da la razón completa a los Fondos Buitre litigantes (NML-Singer y otros) obligando a la Argentina a pagar el 100 % del Valor Nominal de los bonos reclamados, más los intereses desde el default de fines de 2001 y sus costas.

En este caso, la resolución del juez favorece a los acreedores por 1.450 MD (2) (1.333 MD por Capital y 117 por Intereses) pero esta sentencia abre la puerta inmediatamente a que, por conexidad, sea generalizada a todos los holdouts una vez sentada jurisprudencia.

Pero existe un agravante – ya analizado en trabajos anteriores – que potencia los efectos de esta sentencia y es que, aparte de la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y la renuncia a la inmunidad soberana por parte de todos los gobiernos argentinos – desde el Proceso Militar hasta la fecha – la administración Kirchner incorporó además, en el Megacanje 2005, la Cláusula del Acreedor más favorecido, que establece que si a posteriori del canje nuestro país concedía a los bonistas que no entraron en dicha reestructuración de Deuda (los holdouts) condiciones más favorables que a los que sí lo hicieron, tales ventajas deben ser extendidas a la totalidad de quienes ingresaron.

Ello significa que si las condiciones de los juicios perdidos entran bajo esta cláusula – cosa que puede ser discutible pero que es válida en principio (hasta el año 2014) – los montos a pagar por la Argentina se multiplicarían y el país entraría en un nuevo default por imposibilidad de pago. (3)

Se reitera y destaca que la Cláusula del Acreedor más favorecido es nueva y fue incorporada por la actual administración con el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005.

Pero volviendo al fallo del juez Griesa y a su interpretación cabe hacer algunas observaciones y comentarios más.

Desde un punto de vista “benévolo” el duro fallo del juez Griesa pareciera resultar explicable por varias razones concurrentes: a) la pérdida de paciencia frente a demandas que se estiran indefinidamente, b) las imprudentes declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner y el Ministro de Economía Lorenzino amenazando desconocer los fallos, y c) la inconsistencia de la posición adoptada por la Argentina – asistida por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, de Nueva York – en el sentido, ya citado, de dejar indefinidamente impagos los bonos de los holdouts.

Pero, por otro lado, resulta rara o sospechosa cierta parcialidad del juez contra la Argentina, por otras razones (4): a) la contundencia o impulsividad en la forma de manifestar su enojo por las declaraciones del gobierno Kirchner, b) un paquete de medidas muy duras, como son la extralimitación de disponer la sentencia y la ejecución de la sentencia a la vez, la fijación de un plazo perentorio (el 15.12, fecha en que deben abonarse unos 3.500 MD por cupones ligados al PBI) y por la totalidad del importe para el depósito de garantía, la aplicación de una cláusula aceleratoria a los reclamos acreedores (pago de la totalidad de los bonos y no solamente de los vencimientos hasta la fecha), además de interferir en los pagos de los bonistas que sí entraron en el Megacanje 2005-2010 (que afecta derechos de terceros); y c) una posible intencionalidad política, vinculada con el agravamiento de la situación financiera y política interna del gobierno Kirchner (8N, 20N, 8D) y también, eventualmente, a la presión de la colectividad judía en relación con el problema Irán-AMIA, dada la estrecha vinculación del fondo Singer (el mismo de la fragata) con las relaciones entre Israel y los Estados Unidos.

La nueva sentencia del juez Griesa, de todos modos, vino a desnudar la extrema vulnerabilidad de la estrategia jurídica, financiera y política del gobierno argentino.

Un blanqueo del default

Nuestro país – como lo venimos diciendo continuamente – se encuentra en otra etapa más de su Crisis de Deuda Perpetua, una crisis permanente por incapacidad de repago de una deuda impagable frente a la que sólo le queda vivir pagando intereses, capitalizando una parte de los mismos, refinanciando la totalidad de los vencimientos de capital y tomando nueva deuda.

El gobierno ya no dispone de superávits gemelos – fiscal y externo – y habría agotado sus posibilidades de seguir aumentando la Deuda Intra-Estado por la peligrosa descapitalización del Banco Central (BCRA), el riesgo cierto de desfinanciamiento de la ANSES (casi el 60 % del FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional está prestado al Fisco), el desvío de fondos del BNA-Banco Nación (que tendría un tercio de su cartera de créditos concedida al Estado) y el uso permanente del dinero de organismos oficiales para cubrir vencimientos de la Deuda (AFIP, Lotería, FFRE, PAMI, etc.).

El Déficit creciente del Presupuesto Nacional y las medidas de Emergencia Financiera en materia Monetaria, Cambiaria y Bancaria a las que viene apelando la administración Kirchner para poder sostener su Política de re-Endeudamiento Público estarían llegando así a un tope o límite de maniobra.

Ello hace que se aceleren cada vez más los tiempos ante la presión para que el gobierno vuelva al Mercado Internacional de Capitales para tomar más y nueva Deuda Externa, siguiendo para ello los lineamientos secuenciales de la Hoja de Ruta del entonces Ministro de Economía Boudou, que prevé el arreglo con los Holdouts y con el Club de París como pre-requisito de una nueva ola de endeudamiento externo de la Argentina.

En este sentido, el discurso de los economistas del Partido de la Deuda es, en esencia, el mismo que el discurso del gobierno K: que el cuadro de situación de la Deuda Pública no es malo, que la Deuda es “manejable”, que el país está cumpliendo bien sus compromisos externos, que nos estamos “des-endeudando”, que el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 no ha fracasado porque se puede pagar (a costa de más deuda y más intereses, por supuesto) y que estos “episodios” – como la fragata y el fallo Griesa - son sólo parte de erróneos planteos de forma que no afectarían la supuesta “solvencia” argentina si el gobierno Kirchner se aviene a las exigencias de sus acreedores.

Pero frente al nuevo grave cuadro de situación del endeudamiento público – Nación, Provincias, Municipios, Empresas del Estado (con YPF a la cabeza), Organismos Oficiales, Fondos Fiduciarios, BCRA y Juicios contra el Estado con sentencia en firme – el Gobierno, los grandes Partidos Políticos opositores y los grupos de medios de comunicación (oficialistas o no) coinciden en subestimar los peligros ciertos de la Deuda, alabar los supuestos éxitos de negociación – como el Megacanje 2005 – y circunscribirse a repetir la mentira de que el país se está “des-endeudando”, que las actuales presiones son coyunturales y no estructurales o institucionales dentro del Sistema de la Deuda, y que con un cambio de actitud de la presidenta las “soluciones” estarían algo así como “a la vuelta de la esquina”.

Con sus reiteradas declaraciones enfáticas de “vocación pagadora” y su práctica de pagos de servicios a ultranza con Deuda Intra-Estado el gobierno Kirchner coincide en esto con los grandes medios, los economistas y los políticos del establishment en cuanto a la aceptación de las reglas de juego del Sistema de la Deuda y también parece coincidir en una esperanza fáctica de ayuda de “nuestros amigos del Norte” (y de otras partes del Mundo, incluyendo de nuestro país) por “hacer buena letra” en materia de Deuda (que es algo parecido al error del gobierno Galtieri durante la Guerra de Malvinas).

Esta esperanza se grafica hoy en las engañosas referencias a otros países-modelo endeudados que colocan obligaciones a tasas de interés relativamente bajas en el mercado internacional (del orden de un 5 %) – como Perú y Bolivia, Brasil y Chile – sin reparar en el problema de fondo que tales títulos se colocan sin verdadera capacidad de repago porque están condenados a ser refinanciados en el futuro.

El dilema del gobierno K

En la vida de los Estados, como en la vida de los Hombres y de las Instituciones, hay momentos clave para la toma de decisiones que pueden significar puntos de inflexión en materia económica, política interior y/o geopolítica.

Si estas oportunidades se pierden o dejan pasar probablemente no se vuelven a replantear en el futuro.

Éste es uno de los significados profundos del conocido refrán chino que asocia Crisis y Oportunidad; y su sentido bien puede aplicarse hoy a la nueva Crisis de Deuda que vivimos.

El vaciamiento organizado de las reservas del BCRA durante el año 2001 (5) llevó a la Crisis de Deuda de ese año y al fin de la Convertibilidad, que se sostenía con endeudamiento externo.

Hoy, pasado más de un decenio, el problema vuelve a replantearse con muchas analogías: pérdida masiva de reservas por fuga de divisas, debilitamiento sustancial de las reservas internacionales del BCRA para destinarlas al pago de la Deuda Externa Pública, mayores requerimientos de moneda extranjera para atender los servicios de la Deuda Externa Privada, Inconvertibilidad por falta de respaldo en divisas de la Base Monetaria, cepo o corralito cambiario por insuficiencia de dólares, apreciación cambiaria por aumento de la Inflación superior a la Devaluación del Peso y ganancias extra-ordinarias del Sector Financiero sobre el resto de las actividades de la Economía Física o Real, derivadas fundamentalmente de los altos niveles de tasas de interés cuyo piso se determina en función de la Deuda del Estado.

El eje básico de todas estas analogías y la explicación de todos estos desequilibrios es la Deuda.

Los portavoces del establishment siguen repitiendo la infamia de que el default declarado por el presidente Rodríguez Saá fue una suerte de “festejo” irresponsable de la clase política argentina cuando, en realidad, fue la mayor reacción histórica contemporánea contra la Corrupción institucional del sistema de la Deuda, sistema que estos portavoces propugnan remozar y que la administración Kirchner se empeña en mantener.

Hoy el dilema de un nuevo default (6) vuelve a plantearse como opción lógica y necesaria frente a la actual Crisis de la Deuda, como una necesidad de blanqueo de la insolvencia argentina para poder atender los servicios de una deuda tan ilegítima como impagable.

El gobierno pudiera y debiera invocar así el fallo del juez Griesa como factor causante de ese nuevo default provocando entonces un replanteo de los términos de reestructuración de la Deuda bajo condiciones muy diversas a las aceptadas hasta el presente.

La imposición legal de las exigencias de pago a los holdouts y su extensión a todos los bonistas que entraron en el canje 2005-2010 devendría así causal de default y serviría para blanquear una Crisis de Deuda que se esconde detrás de una solvencia fiscal que no existe. (7)

El gobierno Kirchner tendría entonces, a su favor, el argumento válido que el fallo Griesa y la intransigencia de los Fondos Buitre empujaron al país a este nuevo default.

En conclusión:

Pocas veces los fundamentos de una oportunidad de confrontación contra la Crisis de Deuda estuvieron tan claramente presentes en la historia reciente de la Argentina como ahora.

El necesario replanteo por Ilegitimidad, Insolvencia y Responsabilidades de la Deuda Pública es un pre-requisito de nuestra Independencia Financiera y Económica.

Si existiese una administración de Gobierno que quisiera liberarse del mecanismo de servidumbre de la Deuda hoy debiera hacer, por lo menos, tres cosas inmediatas:

1. Declarar un nuevo default blanqueando la Insolvencia del Estado frente a la Deuda Pública y ordenar una Auditoría Total de la misma, suspendiendo el pago de los servicios hasta tanto no se tengan los resultados de las investigaciones correspondientes.

2. Suspender y revisar el contrato y la gestión del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, así como el de todos las entidades asesoras conexas, por su rol como fautores de la indefensión financiera y jurídica de nuestro país frente al sistema de la Deuda.

3. Enjuiciar a todos los funcionarios superiores intervinientes en el montaje y mantenimiento del Sistema de Deuda Perpetua que rige hasta nuestros días.

Sólo contando con los resultados de una Auditoría Integral de la Deuda Pública y purgando a la Administración del Estado de aquéllos elementos que gestaron, sostuvieron y mantienen el Sistema de la Deuda Perpetua como Instrumento de Dominio podrá reestructurarse la cuota-parte de la Deuda que se determine como Legítima de la Argentina.

Y aquí es donde surge el gran dilema de la Corrupción ligada a la Deuda, ya que una investigación de esta naturaleza y alcance requiere una Administración no contaminada ni comprometida con el Sistema que tiene que investigar y castigar; y ello es imposible cuando el gobierno está comprometido con ese Sistema.

Porque la Auditoría de la Deuda es el eje indispensable de todo replanteo sobre la Cuestión de la Deuda; y quien no audita o investiga un delito sobre el que existe evidencia cierta y probada es cómplice del Delito.-

Notas:
1) Como antecedentes inmediatos del problema de los holdouts analizado en el presente trabajo se considera de lectura necesaria otros dos artículos recientes del autor: “Holdouts: embargo de la fragata y fallo de Nueva York” (del 8.11.2012) y “Holdouts y Megacanje 2005” (del 16.11.2012).
2) Las abreviaturas MD/M$ significan siempre Millones de Dólares/Pesos y están consignadas con redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
3) Según el último Informe de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía (MECON-SF) el total de la deuda era al 30.6.2012 de 194.000 MD: 182.700 de Deuda Performing o con cumplimiento del pago de Intereses y 11.200 MD de deuda todavía en default con los holdouts (de los que 6.500 MD por Capital y 4.700 por Intereses impagos acumulados desde el 2002).
Se especula que, además de regularizar estas cifras con los holdouts, en caso de aplicarse la Cláusula del Acreedor más favorecido los pagos diferenciales para “empardar” o equiparar el trato a los acreedores que ya ingresaron en canje 2005-2010 podrían costarle al Estado Argentino entre 10-12.000 MD más; aunque toda cifra sobre este punto es todavía muy conjetural.
4) Ver el trabajo de Javier Llorens sobre “Comentario respecto del inusitado fallo del juez Griesa y su posible trasfondo” (24.11.2012).
Llorens explica allí bastante detenidamente cómo la sentencia Griesa parece más un fallo político que estrictamente jurídico.
5) Ver el libro “La Argentina robada”, de Mario Cafiero y Javier Llorens (Macchi, 2002).
6) La palabra “default” significa “incumplimiento” y equivale a “cesación de pagos”.
7) Uno de los subproductos de este nuevo default sería la inmediata caída - por desvalorización generalizada - de los títulos públicos argentinos, una gran parte de los cuales están hoy en poder de Agencias o Entes del Estado (como la ANSES, el BCRA, el BNA y otros).
La afectación alcanzaría entonces, en gran medida, al propio sector público pero este impacto pudiera ser atenuado cubriendo las deudas con emisión de moneda paralela o cuasi-moneda nacional (no monedas provinciales ni municipales), como medio de pago de circulación simultánea con el Peso, y que podría utilizarse además para el financiamiento de Obras Públicas y de Infra-estructura que requieran insumos en moneda local.
Esta cuasi-moneda, bajo forma de Bono a Corto Plazo y sin Interés, no incrementaría la Base Monetaria y permitiría el aumento de la velocidad de circulación de estos títulos sin efectos inflacionarios.
Constituiría uno de los más eficaces instrumentos de independencia monetaria de la Argentina y permitiría prescindir de la Deuda Pública como forma de financiamiento del Estado.
Este tema – al que ya le dedicamos algunos trabajos anteriores – deviene siempre presente cuando se plantea el dilema de emitir Deuda o emitir Moneda, siendo que la cuasi-moneda es Deuda sin Interés.
En opinión del autor de esta nota, la verdadera razón de la caída del efímero gobierno Rodríguez Saá no se debió al blanqueo del default, que a fines de 2001 era ya un hecho inevitable, sino al intento de investigar la Deuda y de poner en circulación una moneda paralela – el “Argentino” – que fue abortada para salir de la Crisis de Deuda de ese año con más Deuda: 34.300 MD iniciales para cubrir la pesificación asimétrica y vuelta al endeudamiento con Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BIRF y BID) y luego nueva reestructuración de Deuda (Oferta de Dubai y Megacanje 2005).

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Un respiro muy costoso

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Al suspender el fallo del juez neoyorquino Griesa -que ordenaba depositar a la Argentina la totalidad de la deuda pendiente con una fracción de los “fondos buitre”- los camaristas de ese país tomaron nota de la capitulación argentina ante esos mismos especuladores. En la apelación que había presentado el día anterior, el kirchnerismo ofrecía reabrir un arreglo de la deuda externa para quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2009, y a quienes al gobierno había jurado dejarlos afuera de cualquier pago.

Convalidar esta nueva hipoteca contra el país era lo que reclamaban al unísono los economistas de Macri, Duhalde y Carrió. Todos ellos -junto a la Unión Industrial- saludaron la declaración de “buena voluntad” del gobierno argentino hacia los especuladores.

El fallo “suspensivo” abre un lapso de tres meses de negociaciones entre el gobierno y los fondos especulativos. En ese lapso, la justicia americana descuenta una derogación consensuada de la “ley cerrojo”, que clausuraba cualquier arreglo de la deuda impaga con los fondos buitres. Los diputados y senadores del PRO, la UCR, Binner y el duhaldismo ya anticiparon su apoyo a esa derogación. O sea que el Congreso sesionará por cuenta y orden de los tribunales de Nueva York, en la búsqueda de un nuevo compromiso con los acreedores internacionales.

Los litigantes que obtuvieron el fallo favorable de Griesa sólo detentan el 10% de la deuda que no se avino al canje. Más temprano que tarde, los otros acreedores “buitre” se presentarán ante Griesa. En esta negociación tutelada por la justicia norteamericana, estará en danza una hipoteca de otros 12.000 millones de dólares contra el país, que es el total de la deuda impaga a los fondos buitre.

La mano de la Reserva Federal

No es un secreto que, para suspender el fallo de Griesa, el gobierno argentino contó con el espaldarazo de una fracción del capital financiero y de la propia Reserva Federal. Hasta Anne Krueguer, la ex funcionaria del FMI que “apretaba” a la Argentina años atrás, se colocó del lado ´nacional´. Naturalmente, querían salvar el pago integral del cupón PBI a los bonistas que aceptaron el canje, sin la detracción que el juez Griesa pretendía sancionar en favor de los “buitres”. Pero la orientación estratégica de ese bloque es forzar, más temprano que tarde, a una normalización integral de la deuda argentina. Al tiempo que llamó a “interpretar correctamente la cláusula del tratamiento igualitario a los deudores”, la administración Obama reiteró “el llamado a superar la situación de la deuda (argentina) en todos los frentes”. (La Nación, 28.11). En la cola de esta exigencia de ¨normalización económica¨, está la deuda con el Club de París, la que acumulan los juicios de las privatizadas ante el tribunal del Banco Mundial (CIADI) y un resarcimiento al vaciador Repsol por la expropiación de YPF.

En cualquiera de sus variantes, el arreglo de deuda que el capital financiero pretende imponer a Argentina -y que el kirchnerismo está concediendo- coloca en completa crisis la orientación económica oficial, que consiste en amarrocar dólares para responder a la deuda externa y pagar la colosal factura de la importación de combustibles. En previsión de esa carga adicional, el gobierno está adobando a los pulpos petroleros con tarifazos, para que el fisco y las reservas internacionales respondan a los nuevos compromisos de deuda.

“Desendeudamiento”

Si el FMI, la Reserva Federal y los fondos que entraron al canje le han concedido un respiro a la Argentina, ello ha sido a cambio de colocar al país como completo rehén del capital financiero y de sus jueces, a quienes el kirchnerismo le otorgó la jurisdicción extranacional de los arreglos de la deuda.

Se ha derrumbado uno de los pilares del ´modelo´oficial: la renegociación “inteligente”, “nacional y popular” de la deuda externa argentina.

A siete años del “megacanje” de Kirchner-Lavagna, la deuda pública aumentó en 52.000 millones de dólares, y ya se ubica en los niveles de 2001/2002. La cláusula especial que premia a los acreedores con el crecimiento de la economía -bonos atados al PBI- ha terminado reduciendo a la mínima expresión la “quita” del año 2005. A todas estas hipotecas, se añadiría ahora la que resulte de un nuevo arreglo con los fondos buitre.

Los pagos a los acreedores externos han sido reemplazados por una deuda creciente con el Anses y el Banco Central. Pero precisamente, el eslabón más débil de esta nueva crisis de deuda son los títulos en pesos y “con jurisdicción local” que el gobierno le ha enchufado compulsivamente al fondo de garantía del Anses. En sólo veinte días, la caída de los bonos argentinos despojó al Anses de 5135 millones de pesos, que equivalen al haber mínimo de 2,7 millones de jubilados. Aún antes de cualquier pago adicional a los usureros, la nueva crisis de deuda se ha cobrado esta confiscación.

El gran capital y la oposición tradicional de Argentina se han subido al carro de Griesa para empujar a esta “normalización” exigida por el capital financiero. El socialista Binner se ha puesto a la cabeza de esta presión antinacional. Ante este pacto político contra el país y sus trabajadores, planteamos la suspensión del pago de la deuda externa usuraria y el rechazo a los nuevos arreglos que procura el gobierno K, y que configurarían un nuevo desfalco a las reservas internacionales. Planteamos el desconocimiento de las cláusulas coloniales que atan los arreglos de deuda a jurisdicciones extranjeras y la nacionalización de la banca. Cristina Kirchner ha hecho un nuevo y estéril llamado al Unasur, que ya ninguneó a la Argentina en la cuestión de la Fragata. En oposición a esta orientación, planteamos una conferencia internacional de organizaciones obreras y antiimperialistas del continente, contra el rescate del capital financiero a costa de los explotados.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Ilegales, invisibles, inexistentes

Silvana Melo (APE)

No están registrados en los anaqueles burocráticos del Estado. Por lo tanto, no existen.

Por más que tenga pelos revueltos o un sueter más amplio de lo aconsejable, por más que sea largo y ya tenga vellos en las piernas y que los carteles en las calles le digan que puede votar, por más que el piojerío le juegue a la rayuela de la frente a la nuca, por más que tenga cara, que se ría con tres dientes de leche, que llore a mares, que haga pucheros, por más que le cambie la voz y se le mezcle entre ronca y finita, por más que se lo vea con la gorrita y los jeans rotos, no existe.

No existen. Son 168.000 chicos sin DNI, con una existencia apenas virtual, fantasmagórica, un cuerpo que puede tocarse pero también un papel en blanco. Que desmiente lo que se ve y se toca.

El estudio es del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y el Iadepp y asegura que el 1,4% de los niños argentinos de entre 0 y 17 años es indocumentado. Pero lo peor sucede en la franja de entre 0 y 4, cuando trepa al 2,3% la cantidad de pibes sin DNI.

Dudan de cuándo cumplen años. Y a veces de cuántos cumplen. No hay un papel que los legitime. No hay qué los nombre por nombre completo. No hay número que los enumere.

Mabel lo sintió brutalmente así y fue la celebración del segundo nacimiento cuando tuvo el documento en su mano, por primera vez, a los 38 años. “Fui alguien por primera vez... a todo el que venía le decía mirá el documento... es algo que me ha costado mucho... es una alegría muy grande, porque que te digan que no tenés documento, que no existís, que sos un NN, es muy triste, muy doloroso”.

El plazo para inscribir a un niño es de 40 días en la Argentina. En los registros civiles se les concede un número identificatorio, suyo y único, que aparecerá en todos los registros el resto de su vida. Si se supera ese plazo, los padres necesitarán testigos que acrediten el vínculo para anotar a su niño. Hasta los doce años. Después será sólo la Justicia la que decida. En medio de un entretejido legal que asfixiará y volverá muy complejo el camino para llegar a ser alguien. Mientras tanto, el acceso a la asignación universal por hijo, a la educación, a la salud, a un empleo en blanco, a un plan social, a una tarjeta para cobrar una pensión, a una pensión, se vuelve una quimera.

El Estado, mientras tanto, permite la existencia (o no) de una franja marginal de invisibles como Mabel, que no fue inscripta al nacer y ella, por reflejo heredado, tampoco lo hizo con sus hijos. “Mi marido es muy quedado, y es analfabeto... Fuimos a San Isidro a anotarla a ella y a él cuando le cierran una puerta, ya se rinde... no es de golpear puertas (...) fuimos con el papá a anotarla con el papelito que me habían dado en la maternidad y me decía 'no, venga mañana, ya es tarde'. Íbamos al otro día, iba ya yo sola porque él no podía faltar al trabajo, y me decían 'no, señora tiene que venir la semana que viene' y así, el padre es una persona que se rindió y no quiso ir más...”

Es que la complejidad de un trámite se vuelve una tormenta de arena para el que no cuenta con las herramientas básicas como leer. Como escribir. El tampoco existe, en realidad. Y sus hijos nacieron con su condena heredada.

Nada diferencia a Mabel y a su compañero de María Ovando, la misionera a quien hoy la in-justicia probablemente condene por abandono de persona doblemente agravado. Porque se le murió su niña de hambre en brazos y la enterró. Ella, analfabeta. Doce hijos y dos nietos en casa (“casa” es lata, lona y madera). A 25 kilómetros del hospital. Sus hijos no tuvieron documentos al menos hasta que el Estado visibilizó a su madre con ojo fulminante: la puso presa y la enjuició. De paso, casi tangencialmente, vio que había un montón de niños alrededor con hambre de siglos.

Los hijos de María Ovando no recibían la asignación universal que no es universal, porque no tenían documento. Porque no eran. Como Mabel. Y como los hijos de Mabel.

Generalmente se los condena –como a María- por abandono, por dejadez. María no podía llegar al Hospital, a 25 kilómetros, con su hija que se le moría y menos iba a llegar al registro civil a inscribirla. Es sentido común.

Para Mónica anotar a sus hijos era un día perdido en su trabajo. Es decir, sin ese día de trabajo no había comida en la mesa. Porque día que no limpia, no cobra. Una lógica geométrica. Por eso los hijos de los pobres son los más indocumentados. Porque están lejos, porque a veces no comprenden y es muy fácil perder la paciencia con ellos desde los mostradores suprahumanos del Estado, porque trabajan por horas, precarios, en negro, y no se pueden perder el día en el registro civil. Porque para ellos es mucho más trascendente sostener la vida del día que fatigar un documento que no les matará el hambre.

Además del acceso a la salud, a la finalización de la escuela, al empleo regular, a la identidad en sí misma, es el Estado, el que le acerca la asistencia social tantas veces en búsqueda de un cliente, pero le pide el documento. No va el Estado a documentar, a conceder identidad, a sumar a los registros supremos. El Estado niega un derecho a partir de otro ya negado.

Casi 170 mil chicos sin identidad, incompletos en su carácter de sujetos de derecho. Imposibilitados en su potencialidad de sujeto político transformador. Ilegales ante la urna donde la ley los invita a decidir. Invisibles.

Fuentes de datos:
Estudio elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y la ONG Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Pública (Iadepp).

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Fuera Monsanto y el agronegocio de América Latina: 10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas

AGENCIA WALSH

Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales. Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos.

Podemos afirmar que:

1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.

2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como "nuevo" cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.

3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genéticas utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.

De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.

4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como "nuevas". La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.

5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.

6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.

7. Otorga a las empresas semilleras el "poder de policía", ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.

8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.

9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.

10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada "Alianza Estratégica" con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 21 exigiendo que Argentina le garantice la "seguridad jurídica" para introducir nuevos transgénicos.

Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo. Ecoportal.net

Organizaciones firmantes:

- Movimiento Nacional Campesino Indígena
- CLOC
- Vía Campesina Argentina
- GRAIN
- Amigos de la Tierra
- Acción por la Biodiversidad
- RENACE
- Ecoportal.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Concejales rechazaron la iniciativa vecinal sobre la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas

ECOS - PRENSA RED

El Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas rechazó el proyecto de ordenanza presentado por los vecinos de esa localidad que pretendía ampliar la zona de resguardo ambiental y la realización de una consulta popular que decida sobre la instalación de Monsanto. La policía reprimió a manifestantes.

Malvinas Argentinas. El proyecto de ordenanza pretendía crear una zona de resguardo ambiental de “un radio de dos mil quinientos metros (2.500 m.) a partir del límite de la referida planta urbana o núcleos poblacionales y de cinco mil metros (5000 m) de cualquier establecimiento escolar y/o sanitario o hasta la distancia a la que llegare la jurisdicción territorial del Municipio…”

Durante la sesión, la policía reprimió con balazos de goma a los manifestantes que desde horas de la tarde se encontraban apostados en el exterior del edificio público para ingresar al recinto. Entre ellos, algunas integrantes del Grupo de Madres de Ituzaingó Anexo. Luego, llegaron refuerzos de infantería, que resguardaban el edificio mientras en su interior la “vergonzosa puesta en escena” continuaba su curso.

Luego de un breve debate, los concejales rechazaron el proyecto de ordenanza y los siete votaron unánimemente y sin más trámite por la negativa. Según los funcionarios, las normativas ambientales existentes “están a la altura de las necesidades actuales”.

De esta manera, con un nimio debate y con la presencia en el recinto de dos personas de la Asamblea de Malvinas Lucha por la vida, las iniciativas impulsadas por los vecinos de la localidad fueron rechazadas argumentando que ya existen normativas regulatorias. Los manifestantes sostienen que “los funcionarios son títeres del intendente Arzani y de Monsanto, y que dieron la espalda al pueblo”. En tanto, el intendente Arzani afirmó que por ahora “no hay autorización municipal” para la instalación de la multinacional semillera en el lugar y que la secretaría de Ambiente aún no se ha expedido sobre cuál será el impacto ambiental de la locación.

Al igual que en otros lugares del país como Chubut por ejemplo se repitió la metodología de atacar a las comunidades que se organizan contra emprendimientos extractivistas y depredadores por medio de “patotas” que responden a funcionarios como este caso que agredieron con piedras a los vecinos que se manifestaban en la calle.

La policía intervino separando a ambos grupos. Una joven de la Asamblea resultó herida en la cabeza por una pedrada. Cuando la llevaron al dispensario del pueblo, completamente vallado, se negaron a atenderla, por lo que tuvo que ir a un hospital en Córdoba ciudad, donde le suturaron la herida.

Finalmente, los integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, vecinos y organizaciones se retiraron de manera organizada, ante la mirada de las fuerzas policiales presentes en el lugar y de la patota que responde el intendente.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Córdoba: La UNRC se expresó en contra de la instalación de Monsanto en Río Cuarto

ECOS - PRENSA RED

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) consideró que la radicación de una planta de la multinacional representa un avance del modelo de acumulación y agronegocios que puede vulnerar la soberanía popular. “El poder económico incide fuertemente en las construcciones políticas y sociales. Las corporaciones no son neutrales…”, dijo el rector, Marcelo Ruiz.

Después de un debate de más de tres horas, el Consejo Superior de la UNRC aprobó por una amplia mayoría la resolución elaborada por la comisión ad hoc que durante un mes analizó las implicancias de la radicación de Monsanto en Río Cuarto.

A través del texto mencionado, la casa de altos estudios se manifestó en desacuerdo con la instalación de la multinacional y expresó una profunda crítica al modelo de los agronegocios por sus consecuencias socio ambientales y económicas. En ese marco, también se estableció la derogación de todo tipo de convenios y protocolos de trabajo que se encuentren vigentes

Durante la sesión que comenzó alrededor de las 15 hs de este martes 27 de noviembre se decidió expresar también el desacuerdo con la instalación de empresas asociadas a la multinacional, teniendo en cuenta la información que trascendió en las últimas semanas que indica que la planta de experimentación con semillas anunciada por la firma estadounidense habría sido terciarizada y ya se estaría construyendo bajo el nombre de la empresa riocuartense Foc Seed.

Asimismo, los consejeros solicitaron que se hagan públicos los estudios de impacto ambiental de la planta de Monsanto para ser analizados por especialistas de la universidad nacional y exigieron que se realice una audiencia pública, tal como lo exige la Ley de Ambiente, antes de que se apruebe el inicio de cualquier obra de esta empresa y sus asociados.

En el debate también intervinieron integrantes de la Asamblea por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos y de Movimiento Universitario Sur, agrupación que había presentado el pedido un mes atrás al Consejo Superior para que la universidad se expresara en contra de la llegada de Monsanto.

Por otro lado, la resolución aprobada enumera las múltiples consecuencias que la expansión de la producción de cultivos transgénicos con uso de agroquímicos ha provocado en el país y en la provincia de Córdoba.

Citando diversas investigaciones del ámbito nacional e internacional, el documento afirma que el modelo de los agronegocios ha generado una profunda concentración de la tierra y la riqueza, provocado innumerables consecuencias ambientales –entre las que se destaca la devastación de los bosques nativos de la provincia-, y afectado la salud de las poblaciones expuestas a las fumigaciones.

Agronomía y Veterinaria, cuyos representantes estuvieron ausentes durante la sesión, habían solicitado que se prorrogue el tratamiento del tema de la instalación de Monsanto pero la mayoría de los consejeros rechazaron el pedido.

Finalmente, pasadas las 18 hs, 22 de lxs 25 miembrxs presentes en la sesión del Consejo Superior votaron la decisión de aprobar la resolución mediante la cual la universidad expresó su desacuerdo con la radicación de la multinacional.

Los tres concejeros restantes apoyaron una propuesta alternativa que establecía la necesidad de condicionar el rechazo de la UNRC al análisis de los estudios de impacto ambiental de la planta experimental y a los resultados de la audiencia pública que se realizaría para evaluar la problemática.

Las palabras del rector

“El poder económico incide fuertemente en las construcciones políticas y sociales. Las corporaciones no son neutrales; recordemos, por ejemplo, el rol que algunas empresas tuvieron en la guerra de Vietnam y en la dictadura militar argentina”, reflexionó el rector de la UNRC Marcelo Ruiz en relación a las implicancias de la instalación de Monsanto en la región.

Además, destacó la importancia de que las universidades nacionales se comprometan para alertar a la población sobre estas problemáticas: “Si todas las universidades del país hubiéramos alertado sobre lo que pasaba en barrio Ituzaingó podríamos haber evitado todas esas muertes, pero tuvieron que ser los propios vecinos afectados quienes salieran a denunciar”, agregó el rector.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Megaminería, ¿con sangre entra?: “El gobernador tiene que renunciar porque es responsable de la violencia constante contra los chubutenses”

Carlos Saglul (ACTA)

La Central de Trabajadores de la Argentina de Chubut repudió la salvaje agresión que sufrieron quienes se manifestaron frente a la Legislatura local por el No a la megamineria. El secretario general de la central, Sergio Charles pidió la renuncia del gobernador Martín Buzzi porque “es el único responsable de la violencia constante contra los chubutenses, ya que hasta a los policías los han apaleado por pedir aumento. Así es este gobierno ’nacional y popular’, pensar distinto es motivo de que te muelan a palos”, dice a ACTA.

-Esta vez no fue ni la Policía ni la Gendarmería la que golpeó.

Cuando rodeábamos la Legislatura con gente de las asambleas, compañeros de la CTA, el pueblo en general, debido a que la oposición a la megaminería es muy militada en toda la provincia, aparecieron alrededor de 300 matones con palos y cadenas. Golpearon niños, mujeres indefensas, ancianos. Tenemos una compañera de la Juventud a la que todavía le están haciendo análisis ya que le dieron duro en la cabeza.

La gente se refugio en la Legislatura que por supuesto, en medio de la batalla no pudo sesionar. La policía había dado zona liberada. Los partidos políticos piden la renuncia del secretario de gobierno, del titular de Justicia pero acá el que se tiene que ir es Martín Buzzi. El gobernador es el verdadero responsable de la violencia en la provincia. Hasta a los policías los apalearon por pedir aumento. En este gobierno "nacional y popular", pensar distinto es motivo de que te muelan a palos.

-Hablemos de qué se trataba y qué tiene preocupado a Buzzi?

Intentan aprobar un marco regulatorio trucho que permita violar la Ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto, el uso de cianuro. Esa ley se logró como resultado de enormes movilizaciones. Lo que pasa es que del otro lado están los intereses de las transnacionales. Los gobernadores suelen subir con el apoyo del pueblo, a veces con fraude, pero después les prestan oídos a las multinacionales más que a la gente. No vamos a dejar que hipotequen el presente y futuro de la provincia, con sus negociados.

-Qué papel juega en todo esto el ex agente de 601 de Inteligencia, Gerardo Martínez?

A la mañana montaron una enorme carpa. Hasta allí llegaron más de cien matones de la UOCRA. Los atendieron como reyes. Bien alimentados y descansados, agarraron los palos y las cadenas y fueron por nosotros. Eso es parte de un acuerdo entre Buzzi y Gerardo Martinez, el secretario general del gremio de la construcción.

Chiquitos de 15 años hospitalizados, golpeados por matones de la UOCRA. Buzzi tiene que responder por eso. ¿Vamos a esperar que haya algún muerto para reaccionar ante este tipo de actitudes?

-Qué propone la CTA?

Que consulten al pueblo. Si tienen alguna duda hagamos un plebiscito vinculante. Pero Buzzi y las transnacionales no quieren eso porque saben que a pesar de los millones que manejan, que inclusive silenciaron la represión en los grandes medios, nuestra gente no se deja engañar. No van a poder con el miedo. Han realizado encuestas y la mayoría de la población está en contra. Por eso buscan hacer esta especie de fraude con un marco regulatorio trucho. La minería a cielo abierto no va a pasar. Buzzi se tiene que ir y ¡basta de zona liberada y matones!.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

La política de salud del kirchnerismo a través de sus posiciones parlamentarias

Jorge Yabkowski (ACTA)

Res non verba: La vaca no habla. Esa era la traducción que hacíamos de chicos del proverbio latino. No está muy lejos de su traducción verdadera: hechos, no palabras. La vaca no habla. Los hechos sí.

Confrontar el relato kirchnerista con sus posiciones legislativas en salud por casi una década es un ejercicio indispensable para entender porque seguimos estancados en índices vergonzosos de salud poblacional.

2002: Boleto sanitario. En el pico de la crisis presentamos el proyecto junto al diputado Ariel Basteiro y el Foro de Salud para que los pacientes pudieran viajar gratis si iban a atenderse en el sistema público. Nunca fue tratado en la Comisión de Salud ni en la de Transporte. Perdió estado parlamentario.

2003: Gratuidad. También junto al Foro, con el diputado Eduardo Macaluse presentamos el proyecto para eliminar todo arancelamiento en el sector público de salud. Diputados la aprobó por unanimidad el 18 de agosto de ese año. Por orden del ministro Ginés González García entró al congelador en el Senado. Perdió estado parlamentario en 2004.

2006: Ley de Financiamiento del Sector Público de Salud. Con los diputados Gorbacz y Macaluse buscábamos llegar al 3% del PBI como gasto estatal consolidado, con el objeto de mejorar la oferta de servicios gratuitos. La ley incluía la prohibición de tercerizar o privatizar servicios, el trabajo en blanco y la gratuidad absoluta para las provincias que adhirieran a este programa de financiamiento federal. Nunca se trató en la Comisión de Salud. Perdió estado parlamentario. Fue re-presentada en 2008 y 2010 sin lograr que el Frente para la Victoria habilitase su tratamiento. Al volver a perder estado parlamentario en 2012 la diputada Graciela Iturraspe (UP-FAP), con el apoyo de FESPROSA, ATE y CTA acaba de re-presentarlo.

2003-2012: Despenalización del aborto. El arma clave para bajar nuestra escandalosa mortalidad materna fue bloqueado sistemáticamente por la mayoría kirchnerista por orden directa del Ejecutivo.

2007: Investigación biomédica. Presentado por la diputada Rosso, (Frente para la Victoria) fue aprobado por unanimidad. Por presión de la industria farmacéutica fue al freezer en senadores. El proyectó cayó. En 2010 la senadora Corregido (FPV Chaco) presentó un nuevo proyecto, superador del de Rosso, con un fuerte basamento en los protocolos de Helsinki de derechos humanos y con un duro cuestionamiento al doble stándard. Perdió estado parlamenatrio, fue re-presentado y está hoy congelado sin tratamiento en comisión. La promesa de abordarlo luego del escándalo Glaxo–COMPAS quedó en la nada.

2005-2012: Ley Nacional de salud. Todos los proyectos del oficialismo y de la oposición fueron a vía muerta y no llegaron a tratarse.

2011: Producción pública de medicamentos. Iniciativa de los diputados Martiarena ( PJ Jujuy) y Macaluse (SI-UP-FAP). Aprobada por unanimidad en Diputados y Senadores en agosto de 2011. Reivindicada por la Presidenta en sus discursos. Hasta hoy sin reglamentar por presión de la industria farmacéutica.

2012: Salud Laboral. A pesar de la firma de los convenios 155 y 187 de la OIT, a pesar de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de la firma del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, el Gobierno, con apoyo de la UIA y la Asociación de Bancos hizo aprobar una Ley de Riesgos del Trabajo que empeora la del menemismo.

En definitiva: ni boleto sanitario, ni gratuidad, ni financiamiento del sector público, ni control de la investigación biomédica, ni despenalización del aborto, ni producción pública de medicamentos, ni prevención en salud de los trabajadores, ni Ley Nacional de Salud.

La vaca no hablará, pero los hechos gritan.

Jorge Yabkowski es Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa).

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina. Un negocio K en los casinos de Mendoza: “Ahorrando” con Cristóbal López en los casinos de Mendoza

Ricardo Montacuto (MDZOL)

Un nuevo encuadre impositivo de la empresa del empresario K que regentea casinos oficiales en el Este y en el Sur le permitirá ahorrarse más de un millón y medio de pesos al mes en concepto de IVA. La provincia recaudará más por Ingresos Brutos, pero pierde la AFIP. El juego, y las conexiones políticas.

Es difícil saber quién lo pidió primero: La Dirección de Rentas, el Instituto de Juegos y Casinos, o si fue todo a demanda –y a medida- de la empresa Traylon SA, una de las firmas de juego del empresario K y ahora propietario de medios oficialistas como Radio 10, Cristóbal López, quien regentea los anexos del casino oficial en Rivadavia, San Martín, Alvear y Malargüe. Pero lo cierto es que un nuevo encuadre impositivo en Mendoza le permitirá al zar del juego y de la obra pública “nac & pop” ahorrarse cerca de 1,1 millones de pesos al mes, según cálculos extraoficiales de fuentes del Instituto de Juegos y del gobierno que pidieron estricta reserva de sus nombres. Las nuevas ganancias de Cristóbal López en los casinos de Mendoza no son a costa de la provincia. De hecho, por Ingresos Brutos López pasará a pagar cerca de 400.000 pesos más al mes. La que pierde, en todo caso, es las AFIP. Ya este mes la firma Traylon SA no tributó IVA, luego de la trama legal que pasó por la Dirección General de Rentas, y el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza, pero que se decidió en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. “Fue una decisión política. Pero Cristóbal no tiene relaciones directas en el gobierno de Mendoza. Estas cosas llegan vía Buenos Aires” contó alguien que conoce muy bien el entramado de cuanto ocurre en el edificio de la Avenida Peltier.

Empleados del casino, gente de carrera y con muchos años en la Casa de Juegos, fueron los que dieron la voz de alerta a los gremios primero y a legisladores de la oposición después. Dicen que este “encuadre” nuevo de la empresa de López para que pague más Ingresos Brutos y deje de pagar IVA “…es un regalo a cambio de nada…” Y sugieren que esta medida, expresada a través de la resolución 644 del directorio del Instituto, firmada el 30 de octubre de este año, es una “privatización encubierta” del juego en la provincia, porque la empresa pasó de alquilarle máquinas al Instituto, a ser un explotador del juego y operador a tiempo completo de los anexos.

La resolución del Instituto, que será observada con detenimiento por los legisladores de la oposición que componen las comisiones controlantes del negocio del juego, abre la puerta a que otros empresarios de máquinas tragamonedas hagan reclamos semejantes, y entonces este negocio pague menos impuestos nacionales. A los fines fiscales, alquilar máquinas es una actividad y paga el 21 % de IVA, y ser explotador de juego está exento de este tributo. “No hay mucho que la AFIP pueda hacer… es un cambio de categoría que es pertinente” explica otra fuente del gobierno, también en el mayor de los secretos. Es que nadie quiere levantar la voz para hablar de Cristóbal López. Sin embargo, un informe reservado elaborado por un miembro del directorio del Casino a pedido de este diario dice que hasta ahora ninguna de las empresas que explotan máquinas tragamonedas en Mendoza ha tramitado este cambio de categoría, lo que les permitiría ahorros millonarios.

El plan –parece que lo hay- toma dimensión cuando se pone sobre la mesa la cantidad de dinero que se juega en las tragamonedas en Mendoza. Una fuente oficial certificó para este medio que en el primer semestre de 2012 se jugaron aproximadamente 3.500 millones de pesos en las “maquinitas” de todos los casinos de la provincia. Proyectando esa cifra a la fecha, la gente ya se patinó 6.000 millones de pesos en el juego de bajo riesgo. Es de locos: la provincia no pudo conseguir plata en el mercado por menos del 25 % de esa suma. La represa Los Blancos que fue adjudicada a la constructora de José Cartellone costará cerca de eso. Sólo en las tragamonedas, las cifras que se juegan en Mendoza son escandalosas. Por eso extraña que se permitan nuevos encuadres impositivos de los prestadores para que paguen menos impuestos, y no más. En el caso de la empresa de López pagará unos 400.000 pesos más de Ingresos Brutos pero dejará de aportar un IVA mensual de 21 %, que significan 1.500.000 pesos. En diez años de concesión, y merced a las decisiones que se tomaron sólo con estos cuatro anexos en cuatro departamentos del interior mendocino, uno de los empresarios que más ha ganado con los Kirchner se habrá ahorrado de gastar en impuestos 132 millones de pesos.

“Antes las empresas de tragamonedas eran simplemente quienes alquilaban las máquinas al Instituto. Pero con este encuadre, lo que ocurre es que pasan a ser explotadores del juego. Ahora son socios del juego oficial. Es una privatización encubierta” cuenta un ex funcionario que conoce a la perfección los manejos del juego oficial.

Por otro lado aparece el dilema del huevo y la gallina. Desde el directorio del Instituto se informó que ellos hicieron el re-encuadre de la empresa de Cristóbal López a pedido de la Dirección General de Rentas. En el organismo recaudador de la provincia miran para otro lado y apuntan hacia arriba. Es obvio que perdonarle a López más de un millón de pesos por mes en impuestos no es una decisión administrativa. Es improbable que en la AFIP no estuviesen al tanto. Las consultas tanto telefónicas como por escrito a la recaudadora conducida por Ricardo Etchegaray no dieron resultado, aunque se interesaron por el tema y prometieron respuestas futuras.

En el Instituto de Juegos hay un expediente previo a la resolución 644 que benefició a López. Allí, la empresa muestra una ecuación en la que la suma de los impuestos que pagaba (3 % de Ingresos Brutos a la Provincia, 21 % de IVA, más Impuesto a las Ganancias) se vería afectada al punto de ir a la la quiebra, al llevar Ingresos Brutos al 20 %. Y se reservaba el derecho de iniciar acciones legales y de rescindir el contrato por culpa de la provincia. Según los considerandos de la resolución que beneficia a la empresa de Cristóbal López, que hizo suyos los argumentos de la propia firma, con el correr del tiempo las condiciones del acuerdo se fueron desnaturalizando, al punto que Traylon SA debía asumir cada vez más roles. No se trataba ya de alguien que simplemente alquilaba y mantenía máquinas. Se fueron transformando poco a poco en un explotador del juego, en un asociado al Estado. Acto seguido, aparecieron durante 2011 las constataciones de la Dirección de Rentas que impulsaron este “re encuadre” de la categoría fiscal de Traylon SA. Esta medida pedida por Rentas y aplicada por el Instituto terminó de configurar el beneficio “sin nada a cambio” dicen fuentes del organismo rector del juego en Mendoza.

El jubileo impositivo, aseguraron varios de los consultados, cambió las condiciones del contrato, algo que fue negado de manera terminante por la fuente del directorio.

Desde la otra vereda los informantes insisten: “Esta no es una renegociación, esto es un beneficio posterior a la renegociación, o más bien un regalo” dicen los informantes, aludiendo a la renovación del contrato acordada el año pasado. “No se les pidió inversión alguna, y la Presidenta del Instituto Nidia Martini no tiene autoridad para hacer esto, ella puede después de la solicitud escrita de la empresa, iniciar la tramitación pasando por Asesoría de Gobierno, Rentas y el Tribunal de Cuentas” nos cuentan. Pero las condiciones para Traylon ya habían sido exigidas en la renegociación del contrato, en honor a la verdad. La empresa informó que cumplió todo en seis meses.

La pregunta, sin respuesta por ahora, es cómo se puede hacer un expediente que culmina en un “ahorro” para la empresa de López de más de trece millones de pesos al año que la AFIP no va a cobrar, y en el organismo recaudador nacional, tan preocupado por el cepo cambiario y los dólares del colchón de Doña Rosa, no se les mueve un pelo.

En el ambiente del juego ya dicen que los demás actores vienen por lo mismo. Además de Traylon SA (que antes era Cirsa), en el negocio de las tragamonedas oficiales de Mendoza operan la firma de Vila-Manzano (Mendoza Central Entretenimiento) para el casino central, el presidente de Boca Daniel Angelici por los anexos de Uspallata y Tupungato, e IVISA por el de Tunuyán. En el organismo, la respuesta oficial es que no hay ningún otro expediente similar al de Traylon. Pero los empleados, que no creen en brujas, juran “que las hay… las hay…”



La resolución del Instituto (ver facsímil arriba) favoreciendo a López –aunque a Rentas también, lo que debe quedar claro- fue firmada por la presidenta Nidia Martini y por el director radical Miguel Bondino, quien inmediatamente después tomó una licencia, de acuerdo a los informes que circulan.

La medida es polémica por una simple razón: el servicio de alquiler y mantenimiento de máquinas devino en “explotación del juego”, por lo que una actividad que tenía una carga impositiva importante porque así se diseñó años atrás para que el juego deje algo de renta social, pasó a estar exenta. No paga nada. Una decisión injusta cuando se ve que no hay modificaciones, por ejemplo, al Mínimo no Imponible de Ganancias. Es decir que hay impuesto al trabajo, pero no a la timba. No el que debería corresponder, por lo menos.

En el Instituto buscaron alejar fantasmas y aseguran que todo está en regla:

“Esto no es una recategorización sino un encuadramiento a la ley impositiva que realiza Rentas con los operadores privados en la explotación de las máquinas” dijeron. “Para nosotros como provincia esto significa un aumento del ingreso en un 17 por ciento” agregó la fuente del directorio.

-¿Esto no implica un cambio de objeto de contrato?- preguntamos.

-No, de ninguna manera, el contrato sigue exactamente en las mismas condiciones.

-¿Ya se le hizo algún pago con el nuevo esquema? ¿Traylon no entregó factura, si no un recibo?

-Se realizó un pago, ya que la normativa contable se adecuó a los requerimientos de Rentas.

-¿Se notifico al Tribunal de Cuentas, a Rentas y a la Asesoría General de Gobierno, de este cambio?

-Todos los organismos correspondientes han sido notificados de la resolución.

-¿Hay expedientes de otros operadores pidiendo lo mismo?

-No es el operador quien realiza el pedido sino Rentas quien solicita la adecuación de acuerdo a la ley impositiva…- fue la respuesta. Otra vez, el huevo y la gallina.

Cristóbal López empezó con casi nada en el sur del país y ahora es multimillonario. En un puñado de años hizo esa transformación de la mano de los Kirchner. Tiene inversiones en petróleo –con áreas incluso en Mendoza- construcción, lácteos, inmobiliarias, y casinos. Sus anexos del casino en esta provincia son un negocio chico en sus términos económicos, pero los más rentables entre los anexos oficiales... Su último “chiche” son las radios y canales de TV. Aunque la operación es claramente violatoria de la Ley de Medios, meses atrás compró la radio de AM más escuchada de Buenos Aires (Radio 10), y el segundo canal de noticias más visto, C5N. Su desembarco llegó con muchas polémicas, pero el empresario tiene ahora el multimedios privado más grande dedicado por entero a favorecer al oficialismo. Entonces…. ¿Cómo no le íbamos a dar una manito en Mendoza, si es un amigo?.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Santa Fe: Piden que la jueza Cosidoy se aparte de un juicio por delitos de lesa humanidad: “Una amiga de genocidas no puede juzgarlos”

REDACCION ROSARIO

Organismos de derechos humanos de Rosario y el Cordón Industrial exigieron que la Jueza Laura Cosidoy “no integre el tribunal” que juzgará represores del Cordón Industrial. “Por su cuestionada trayectoria, las intimidaciones contra ex presos políticos y su declarada amistad con el dictador Galtieri, Cosidoy no puede llevar adelante ningún juicio contra responsables del terrorismo de Estado”, consideraron en un comunicado. El proceso oral y público aludido por las organizaciones comenzaría el próximo 12 de diciembre.

“Exigimos que Laura Inés Cosidoy no integre un juicio por delitos de lesa humanidad”, comienza el texto difundido por las organizaciones que integran Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial.

“Ante la proximidad del proceso oral y público –señala el texto de los organismos‒, en el que se juzgará por primera vez delitos de lesa humanidad cometidos en la zona el Cordón Industrial, anunciado para el próximo 12 de diciembre, querellantes de las causas contra el terrorismo de Estado, ex presos políticos de la dictadura, familiares de desaparecidos, integrantes de organismos de derechos humanos como Madres, APDH, Familiares, el Colectivo de ex Presos y Sobrevivientes, HIJOS y diversas organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles, queremos volver a manifestar: que no queremos que la jueza Laura Inés Cosidoy, quien confesó su amistad con el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, integre ningún tribunal que tenga como misión juzgar a los genocidas”.

Para las organizaciones “la magistrada no está en condiciones de enjuiciar a los militares y represores que han sido subalternos de su amigo genocida”.

En el comunicado, los organismos recordaron que “hace un año, en el marco del juicio Díaz Bessone, debimos repudiar enérgicamente las agresiones contra los sobrevivientes del Servicio de Informaciones y testigos del juicio Díaz Bessone, que realizó la jueza Cosidoy en ocasión de su declaración testimonial en ese proceso en el que se juzgó el accionar de la patota de Feced”.

Y añadieron: “En esa oportunidad la doctora Cosidoy hizo una especie de autodesagravio atacando a los testigos que habían señalado en sus testimonios el destrato que la magistrada tuvo con ellos cuando ésta era defensora oficial durante los años de dictadura, y la invitación a colaborar con el terrorimo de Estado que la misma les hacía en esa época. No podemos pasar por alto que además Cosidoy confesó a los medios de comunicación de la ciudad, haber construido por aquel entonces una relación de amistad con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri”.

El próximo 12 de diciembre está anunciado el inicio de un nuevo juicio oral y público contra represores de la dictadura, en el que serán juzgados el Capitán Osvaldo Cervera, el Coronel Horacio Maderna y Pedro Alberto «Pili» Rodríguez.

En ese marco el texto de las organizaciones de derechos humanos repudiaron además “la forma en que fue elevado a juicio oral este expediente, separándolo del resto de los hechos de represión de la zona, por una sola víctima, el compañero Manuel Casado, y no en el juicio denominado Causa de los Trabajadores junto a otras víctimas del terrorismo de Estado del cordón industrial”. “Entendemos –agregaron en el comunicado–, que esta decisión es un claro beneficio para los genocidas, no solo en detrimento del resto de los sobrevivientes, sino en detrimento del mismo Manuel Casado, que accederá a un juicio parcializado que no juzgará los hechos sufridos dentro del plan sistemático, sino que será reducido a un hecho aislado”.

Desde Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial indicaron que realzarán una campaña para juntar firmas contra la presencia de Cosidoy en el juicio.

El comunicado completo

Exigimos que Laura Inés Cosidoy no integre un juicio por delitos de lesa humanidad

Una jueza amiga de genocidas, no puede juzgar a represores

Ante la proximidad del proceso oral y público en el que se juzgará por primera vez delitos de lesa humanidad cometidos en la zona el Cordón Industrial, anunciado para el próximo 12 de diciembre, querellantes de las causas contra el terrorismo de Estado, ex presos políticos de la dictadura, familiares de desaparecidos, integrantes de organismos de derechos humanos como Madres, APDH, Familiares, HIJOS y diversas organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles, queremos volver a manifestar: que no queremos que la jueza Laura Inés Cosidoy, quien confesó su amistad con el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, integre ningún tribunal que tenga como misión juzgar a los genocidas.

Las organizaciones que integramos Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial, entendemos que por su parcialidad manifiesta, la magistrada no está en condiciones de enjuiciar a los militares y represores que han sido subalternos de su amigo genocida.

Además, queremos recordar, que hace un año, en el marco del juicio Díaz Bessone, debimos repudiar enérgicamente las agresiones contra los sobrevivientes del Servicio de Informaciones y testigos del juicio Díaz Bessone, que realizó la jueza Cosidoy en ocasión de su declaración testimonial en ese proceso en el que se juzgó el accionar de la patota de Feced.

En esa oportunidad la doctora Cosidoy hizo una especie de autodesagravio atacando a los testigos que habían señalado en sus testimonios el destrato que la magistrada tuvo con ellos cuando ésta era defensora oficial durante los años de dictadura, y la invitación a colaborar con el terrorimo de Estado que la misma les hacía en esa época. No podemos pasar por alto que además Cosidoy confesó a los medios de comunicación de la ciudad, haber construido por aquel entonces una relación de amistad con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.

No olvidamos ese ataque realizado por la jueza federal contra las víctimas, quienes fueron secuestrados ilegalmente durante la dictadura, llevados a centros clandestinos de detención donde fueron salvajemente torturados (entre ellos varias embarazadas), y donde vieron desaparecer y asesinar a centenares de sus compañeros. Por esos días, pusimos de manifiesto la operación que montó la jueza de la mano de los represores acusados en el juicio Díaz Bessone ‒ya condenados por graves delitos de lesa humanidad‒, quienes la propusieron como testigo, para menoscabar la palabra de los sobrevivientes. También denunciamos esa vez, y volvemos a recordar hoy, el acto intimidatorio y de amedrentamiento pergeñado por la magistrada, quien preparó el terreno deliberadamente, primero haciendo circular a través de un comunicado de prensa que declararía en el juicio (para así concitar más la atención de los medios); y luego reservando lugares en la sala de audiencias y llevándose con sigo a policías de la ex división dorgas peligrosas, para que le hagan de barra. Varios de esos agentes estaban sospechados de participar en actos de narcotráfico. Por último llamando “metirosos” a los testigos del horror vivido en el Servicio de Informaciones.

Cosidoy es recordada por decenas de testigos como una abogada oficial que maltrataba a sus familiares, que no tomaba en serio las tremendas denuncias que estos le realizaban, y que incluso les decía a los entonces presos políticos que debían colaborar con las autoridades de la dictadura y confesar lo que estas consideraban crímenes. Queremos remarcar la perversidad de Cosidoy, que conocedora de la (imposible de empeorar) situación en la que se encontraban los detenidos políticos de la dictadura, pretendió en el marco de su declaración en el juicio Díaz Bessone, utilizar como prueba para “refutar los dichos de los ex presos” y de su “buen desempeño” como abogada de oficio en aquel entonces, presuntas cartas en las que estos, mientras estaba aún privados de la libertad, le habrían reconocido ese supuesto buen desempeño como defensora.

En su momento, logramos junto a los integrantes de la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, que la jueza Cosidoy sea apartada del TOF Nº1 que intervendrá en el Caso “Saint Amant, Manuel F. y otros s/Priv. Ilegal de la libertad, torturas y desaparición forzada” Expte. Nº 149/10. Hoy, volvemos a reclamar lo mismo frente al juicio anunciado para el próximo 12 de diciembre, en el que serán juzgados el Capitán Osvaldo Cervera, el Coronel Horacio Maderna y Pedro Alberto «Pili» Rodríguez.

Aprovechamos esta ocasión para sumar nuestro repudio ante la forma en que fue elevado a juicio oral este expediente, separándolo del resto de los hechos de represión de la zona, por una sola víctima, el compañero Manuel Casado, y no en el juicio denominado Causa de los Trabajadores junto a otras víctimas del terrorismo de Estado del cordón industrial. Entendemos que esta decisión es un claro beneficio para los genocidas, no solo en detrimento del resto de los sobrevivientes, sino en detrimento del mismo Manuel Casado, que accederá a un juicio parcializado que no juzgará los hechos sufridos dentro del plan sistemático, sino que será reducido a un hecho aislado.

Por último remarcamos, que frente a su cuestionada trayectoria, las intimidaciones y ataques realizado contra los sobrevivientes de la dictadura y su declarada amistad con el dictador Galtieri, la jueza Cosidoy no puede llevar adelante ningún juicio contra responsables del terrorismo de Estado.

*Este texto se hará circular para juntar firmas con la intención de evitar que Cosidoy integre el tribunal oral que en Rosario juzgue por primera vez delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en el Cordón Industrial.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Arrancó el juicio a 68 represores de la ESMA, incluidos pilotos de vuelos de la muerte

FARCO - PRENSA RED

Comenzó un nuevo juicio por crímenes de la dictadura cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Son 68 imputados en el banquillo, la mayoría de la Marina, entre ello los criminales ya condenados Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta, y varios de los pilotos que realizaron los vuelos de la muerte en los que los detenidos desaparecidos eran arrojados vivos al mar.

En total se investigarán 789 hechos de secuestro, tortura, asesinato y robo de bebés, entre otros delitos. Se espera que declaren unos 900 testigos. En declaraciones a Informativo FARCO, Amy Rice de la agrupación HIJOS Capital expresó su felicidad ya que “es de los juicios más grandes que se van a vivir en la historia de los juicios por delitos de lesa humanidad”.

Los jueces que llevarán adelante el juicio son Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Leopoldo Bruglia, integrantes del Tribunal Oral Federal N° 5 de la ciudad de Buenos Aires. Se espera que las audiencias se extiendan alrededor de dos años dada la gran cantidad de casos que serán ventilados y de testigos que deberán declarar.

Rice explicó que “son 68 imputados y son 789 los casos de compañeros tanto detenidos desaparecidos como sobrevivientes y niños nacidos en cautiverio que entran como casos, que serían las víctimas por las cuales desde hoy vamos a empezar a tener justicia”.

La integrante de HIJOS destacó también la importancia de que se juzgue a los pilotos de los denominados vuelos de la muerte porque “hoy va a ser la justicia la que diga que sí, efectivamente existió ese tipo de delitos y a su vez porque también va a ser un homenaje a esas Madres de Plaza de Mayo que fueron tiradas vivas al mar y que ese mar las devolvió y que hace algunos años, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, las pudimos recuperar y darles entierro donde ellas llevaron adelante su lucha, en la Iglesia de la Santa Cruz. Es un motivo más para estar felices”.

La ESMA fue el mayor centro de exterminio montado por la dictadura y se calcula que por allí pasaron unas 5 mil personas detenidas ilegalmente.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Jueza salteña ordena represión y detenciones sobre Okupas por que la insultaron

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Fue durante el desalojo de unas cincuenta familias que ocupaban un baldío lindante a un complejo Deportivo ubicado al norte de la ciudad de Salta. El desalojo que termino con la represión y detención de cuatro ciudadanos fue ordenado por la Jueza Mónica Faber, que manifestó a la prensa que se sintió amenazada y por ello ordeno la represión.

El Desalojo y represión se realizo este miércoles al mediodía con la intervención de centenares de efectivos de la policía de Salta.

La utilización de la fuerza pública en casos de tomas de terrenos deja en evidencia, la inoperancia de las autoridades provinciales, y legislativas que no pueden dar solución ante la crisis habitacional que tiene Salta, con más de 30 mil familias que no tienen casa propia en esta provincia. Asumiendo la justicia el rol represor, criminalizando la crisis habitacional, como ya lo hicieran durante los cortes de ruta en el norte de la provincia de Salta, sobre población civil, que solicitaba se cumplieran sus derechos, al trabajo, a la salud y a la vivienda, claramente garantizados en la Constitución, pero no en la cotidianidad culpando de esta forma una vez más, a los débiles del sistema de un delito, que sobrepasa y deja inhibido al Código Penal y que los jueces no interpretativos de la realidad social, imponen el orden, a balas y palos avalando la injusticia y la exclusión.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Interferencias a radios comunitarias

ANRED

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) denunciamos la interferencia a FM La Caterva 97.3, medio que sale al aire en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Radio La Quinta Pata 93.3 en la ciudad de Córdoba, ambos medios integrantes de nuestra red.

Desde el lunes 26 de noviembre, FM La Caterva ha sido literalmente “ocupada” por una emisora que, de un día para el otro, comenzó a transmitir por la misma frecuencia cubriendo prácticamente todo el territorio de la Ciudad.

Desde hace más de un año esta radio sale al aire las 24 horas y con una programación que involucra a más de 25 programas, la mayoría de ellos en vivo desde su propio estudio, con mucho esfuerzo y de manera autogestiva.

Este no es el único caso de interferencia a un medio comunitario.

En la ciudad de Córdoba la radio comunitaria La Quinta Pata está al aire desde hace dos años en el dial 93.3, con más de 10 programas realizados por organizaciones y vecinas/os del barrio San Vicente y la zona de la quinta sección donde este se ubica.

Desde el 14 de julio de 2012 esta radio se encuentra interferida lo que obstaculiza la labor cotidiana que este espacio comunicacional-cultural viene desarrollando, propiciando la participación vecinal, fortaleciendo las organizaciones sociales de Córdoba, dando voz a quienes están permanentemente excluidos/as de los medios-empresa.

La comunicación que ambas radios promueven apunta a la formación del pensamiento crítico de las audiencias, la participación ciudadana y el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión.

Ambas radios se han presentado oportunamente al censo establecido por la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Ante estos hechos, a pocos días del 7D y a tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, exigimos a la AFSCA , que cumpla con su función, garantizando la correcta aplicación de la ley y la reserva del 33% para los medios sin fines de lucro. Así se evitarían situaciones de esta índole, en la cual termina por imponerse la lógica del más fuerte en términos económicos.

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos exigimos a la AFSCA:

Que intervenga para terminar con las interferencias de FM La Caterva 97.3 y de La Quinta Pata 93.3

La inmediata reserva del 33 % y la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El PRS dueño de radio Libertad ordenó levantar un programa que rechaza la instalación de una fábrica de explosivos en el Galpón

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

El repudiable pedido de censura fue realizado por la Junta Directiva, del Partido renovador de Salta, que “ordena al director de FM Liberta Ariel Osores retire del aire de forma inmediata el programa Puntos de Vista conducido por el periodista Marcos Barrera”. En una nota firmada entre otros por Noemí Valdez, y Liliana Pérez.

La radio que paradójicamente, lleva el nombre de Libertad, fue creada con fondos del Partido renovador de Salta, y responde políticamente a este partido, fundado por el gobernador defecto Roberto Augusto Ulloa. El P.R.S hoy es aliado político del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, siendo Andrés Sottos el presidente del Partido Renovador de Salta y el vicegobernador de esta provincia.

A este escándalo de censura, solo entendido por la conformación política de quienes integran el P.R.S. y el pasado procesista de sus fundadores, trasciende el pueblo del Galpón, que viene resistiendo en su mayoría a la instalación de una fabrica de explosivos de capitales norteamericanos, que ya fue avalada por el Concejo deliberante, a pesar del pedido de rechazo de los pobladores que proponen realizar una consulta popular para que los habitantes del Galpón, haciendo uso de un pedido de democracia participativa como lo contempla la Constitución, decidan en las urnas el si o no a la instalación de la fabrica de explosivos.



Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Bolivia aumentará generación de energía eléctrica en 2013

PL

Bolivia aumentará en unos 57 megavatios su generación de energía eléctrica en 2013 cuando entren en funcionamiento dos nuevas plantas, informó hoy el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, Richard Alcócer.

El directivo señaló que las reservas del Sistema Eléctrico boliviano se incrementarán en más de 57 megavatios en 2013, con la incorporación de al menos 17 megavatios de la planta de la ciudad de El Alto y 40 adicionales de la generadora de Bulo Bulo, en el central departamento de Cochabamba.

Alcócer dijo que hasta noviembre de este año, las reservas del país llegaron a más de 100 megavatios, tomando en cuenta que se generaron mil 218 y la demanda interna llegó a los mil 107.

Estas cifras son alentadoras, máxime si se tiene en cuenta que el consumo de energía eléctrica aumentó en un seis por ciento en lo que va del año en la nación suramericana.

De noviembre del año pasado hasta noviembre de este año la demanda de electricidad llegó a los mil 107 megavatios, 65 más que los mil 42 requeridos a finales de la gestión pasada, precisó Alcócer.

No obstante, el funcionario garantizó el suministro de electricidad a la población, al explicar que en paralelo al aumento en la demanda, la Autoridad incorporó este año 138 megavatios adicionales a las reservas del sistema para abastecer de energía a los bolivianos sin ninguna dificultad.

Por tanto, el crecimiento en la demanda, con la oferta está completamente asegurada, subrayó.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Menor desigualdad brasileña de las últimas tres décadas

ANSA

Brasil logró en 2011 la menor desigualdad del ingreso entre ricos y pobres de las últimas tres décadas, aunque se mantiene como uno de los lugares del planeta con mayores brechas sociales, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El índice que mide la desigualdad, Gini, fue de 0,508 en 2011, cuando en 1981 era de 0,583, un coeficiente que va de cero a uno.

En consecuencia, el gigante sudamericano, sexta economía del mundo, todavía está lejos del 0,305 que marcó en 2010 por ejemplo la desigualdad en la Unión Europea.

El IBGE divulgó la Síntesis de los Indicadores Sociales desde 2001 a 2011 y destacó que una señal de la caída de la distancia social entre brasileños fue la reducción de renta del 20% de los más ricos. De todos modos, el 40% más pobre ganaba apenas el 11% de la riqueza nacional.

La franja más pobre de la sociedad, la que en la década pasada ganó hasta 100 dólares mensuales por familia, expandió sus ganancias del 5,3% en 2011 al 31,5% en 2011, fruto de los programas de transferencia de renta como Bolsa Familia instaurados y masificados por el gobierno de Luiz Lula da Silva (2003-2010).

"Hubo mayores avances en la reducción de la desigualdad de raza que en la de género", dijo la investigadora Cristiane Soares, del IBGE.

En 2001, las mujeres ganaban el 69% de lo que lo hacían los hombres y eso en 2011 pasó a representar el 73%. En 2001 los negros ganaban el 50,5% de los blancos y en 2011 saltaron a 60%.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Senado chileno da luz verde a polémico proyecto sobre pesca

PL

El Senado chileno aprobó hoy el proyecto de Ley de Pesca, documento que generó reiteradas protestas de pescadores artesanales y otros sectores sociales.

El texto recibió el visto bueno de la Cámara alta esta madrugada, luego de prolongadas sesiones, en las que uno de los temas más polémicos fue la duración de las licencias, que los críticos del texto consideran una fórmula para poner el patrimonio pesquero en manos privadas a perpetuidad.

La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, que meses atrás aprobó una primera versión del documento por 60 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones.

El proyecto de ley logró avanzar en el Senado gracias a un pacto entre un grupo de congresistas de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista con el Gobierno.

En días recientes los senadores Guido Girardi, Eugenio Tuma y Alejandro Navarro anunciaron que de aprobarse la iniciativa acudirían al Tribunal Constitucional y Organismos Internacionales para interponer quejas.

"Está fundada en argumentos que no se corresponden con la realidad, genera un profundo problema de explotación, es un inmenso negocio al año que se le va a entregar sin condición a grandes empresas pesqueras y eso constituye lesión enorme al patrimonio nacional", señaló Girardi, del Partido por la Democracia.

En la Cámara baja el documento debe encontrar nuevamente el rechazo de algunos legisladores, aunque no constituyen mayoría.

El diputado Guillermo Teillier fustigó la cláusula que otorga licencias por 20 años que "finalmente beneficia a cuatro grandes consorcios privados controlados por siete familias multimillonarias, despojando al país de una riqueza que le pertenece y de sus beneficios que deberían ir a los trabajadores del sector y a toda la población".

En opinión de Teillier, la entrega del patrimonio pesquero al sector privado contradice el artículo primero del proyecto de ley, según el cual el Estado posee los derechos soberanos para la exploración, explotación y conservación de los recursos hidrobiológicos, pero en la práctica quedan en manos de empresarios.

"El país mira con estupor cómo se conforma esta mayoría entre senadores de la derecha y algunos de la oposición para aprobar normas que afectan a todas y todos los chilenos", manifestó el diputado comunista en referencia a un pacto.

Para la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, que agrupa a unos 120 mil hombres de mar, el proyecto desestima el significado de la pesca de arrastre y el respeto a las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a consorcios privados.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera alega que el documento pretende asegurar la sustentabilidad de los recursos marinos, así como el acceso a la actividad pesquera, sus regulaciones y fiscalización.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...