jueves, 6 de diciembre de 2012

Regulando los mercados globales: Estados Unidos y la promoción del shale

OPSUR

Programas del Departamento de Estado promueven la explotación de gas no convencional en vistas de posibles faltantes de petróleo. Altruismo y solidaridad imperial por Asia, África y América Latina.

El reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta a Estados Unidos como el principal productor de hidrocarburos para 2020, ¿pero debería ser tomado al pie de la letra? En su sed de hidrocarburos la Casa Blanca no sólo comanda invasiones militares sino que también impulsa, de forma diplomática, el desarrollo global de yacimientos no convencionales. La inestabilidad del mercado petrolero –donde una de las principales razones sería el estancamiento de la producción desde 2005- ha provocado que Estados Unidos busque diversificar las fuentes fósiles: una mayor oferta daría señales claras al mercado descartando una restricción energética que, en los próximos años, podría afectar el “normal” funcionamiento de la economía. Como parte de la “sintonía fina”, el Departamento de Estado ha implementado una serie de programas que propagandizan su experiencia en shale gas. Este asesoramiento abre camino para la entrada de sus empresas por el globo, especialistas en este tipo de formaciones.


Foto: ‘Paz’ de J. S. Pughe, publicado en 1905 a raíz de la enmienda del presidente Roosevelt a la Doctrina Monroe. Fuente: http://hti.osu.edu/

“Señoras y señores la realidad, algo que ha sorprendido a muchos norteamericanos, es que en 2010 los Estados Unidos produjeron más gas natural que cualquier país en el mundo; más que todos los países de Medio Oriente juntos”, con estas palabras Robert F. Cekuta, representante del departamento de Recursos Energéticos del Departamento de Estado, definía la revolución de los no convencionales, durante el pasado febrero en la Segunda Ronda de Inversiones Energéticas Estados Unidos-Indonesia (6/2/2012). Tanto en esa ronda como en un sinfín de reuniones, los propagandistas gubernamentales y empresariales norteamericanos detallan y exaltan los resultados productivos obtenidos a partir de la explotación masiva de shale y otros fósiles en su territorio. El esquema que se pregona está basado en la alianza público-privada y un marco regulatorio exitoso.1

Cekuta detalla los cambios en el sector gasífero: “Durante la última década, la producción de gas no convencional –que incluye shale gas, tight gas y gas en mantos de carbón- creció hasta llegar al 50% del total en Estados Unidos” (6/2/2012). El representante de Recursos Energéticos dice que la revolución de los no convencionales seguirá en aumento. “La [agencia] norteamericana de Administración de Información Energética proyecta que, debido al incremento de la producción doméstica, los Estados Unidos serán casi auto-suficientes en gas natural en 2035” (6/2/2012). Para ese año se apuesta a que el 46% del gas provenga de shale y sólo un 1% se importe, valores muy lejanos del 14% y 11% alcanzados, respectivamente, en 2010 (Pascual, 2012). Esto, incluso, ha dado lugar a que se otorguen permisos de exportación de gas natural licuado, a partir de 2014 o 2015; un hecho impensado hace un par de años en el país del Norte (6/2/2012).


Foto: Proyección de la producción de gas natural en Estados Unidos Fuente: EIA (2012)

Según Cekuta, actualmente en Estados Unidos el gas se paga menos de US$ 3 por millón de BTU [British Thermal Unit, unidad de medida para la comercialización], un precio mucho menor del que se paga en Europa (US$ 9) o Japón (US$ 15). El funcionario asegura que este paraíso fue logrado al garantizar un clima apropiado de inversiones: desregulación de precios, incentivos fiscales tempranos, un proceso regulatorio predecible y fondos para investigación y desarrollo al sector privado.

El gas no es el único fósil que ha despuntado. En el 2011, Estados Unidos alcanzó los niveles de extracción de petróleo más altos (6,2 millones de barriles por día), respecto de 2003; de esta manera logró reducir a menos del 50% la dependencia de fuentes foráneas, según Cekuta (11/9/2012). Sin embargo, los altísimos niveles de consumo no pueden sostenerse únicamente en las fuentes domésticas, como se verá más adelante.

El funcionario advierte que esta revolución global no se realizará sin desafíos. Y ejemplifica este punto en cuanto a los factores ambientales y de sanidad pública a tener en cuenta con la explotación de shale. “A medida que superamos algunos de los problemas del desarrollo del shale, seguimos examinando formas para evitar y mitigar problemas ambientales y de otros tipos” (6/2/2012).

Cekuta, alegremente, cuenta que en la actualidad la técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales –fractura hidráulica o fracking- sigue siendo estudiada y mejorada. Para esto la Secretaría de Energía de Estados Unidos conformó una comisión asesora. En tanto la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) desde 2010 trabaja en un informe de fondo sobre los impactos en agua, cuyos resultados preliminares se conocerán a fines de este año y la versión final se publicará en 2014.

Pero no sólo la técnica de fractura hidráulica se encuentra en debate sino que el mismo marco regulatorio está siendo cuestionado en Estados Unidos La investigadora Lisa Sumi (2012), de la organización Earthworks, publicó un extenso informe sobre el grado de regulación de la industria en seis estados. El reporte concluye que la situación actual es de abandono absoluto y de profunda falencia en el control por parte de los organismos públicos. Basada en los mismos informes de los Estados determinó que entre el 53 y 91% de pozos no fueron controlados; en los casos en los que hubo auditorías y se encontraron fallas, muchas no se informaron debidamente o su penalización económica resultó irrisoria.

Sumi afirma que las agencias de control se encuentran sobrepasadas por la actividad petrolera, con escasos fondos, sin el personal técnico necesario y carentes de herramientas legales para hacer valer el marco regulatorio. En tanto la profesora en Derecho Internacional de la Universidad de San Francisco, Susan L. Sakmar, argumenta que “en vistas de los crecientes desafíos ambientales y el potencial incremento regulatorio que está teniendo la industria norteamericana del shale, la utilidad del marco jurídico como modelo es todavía una pregunta abierta, especialmente en lo que concierne a los aspectos ambientales. (…) Si Estados Unidos está teniendo dificultades con los aspectos de seguridad y ambiente en la perforación de shale, ¿cómo harán otros países en mantener el paso con su desarrollo?” (2011: 398).

Vale aclarar que la visión sobre la revolución de los no convencionales en Estados Unidos no difiere mucho entre los partidarios republicanos y demócratas, constituyendo una política de Estado. Sin embargo, Mitt Romney -candidato republicano a las últimas elecciones presidenciales- bajo un discurso de promoción de trabajos bien pagos y la independencia energética, iba más allá que su par demócrata: proponía incrementar las alianzas con Canadá y México (removiendo trabas a las operaciones de empresas norteamericanas), eliminar regulaciones federales a la actividad (quedando bajo control de las entidades subnacionales, con todos los problemas que conlleva por su mayor debilidad y la falta de cohesión de un marco regulatorio nacional), reducir las trabas ambientales en la producción doméstica y promocionar la actividad tanto en el continente como en el mar (Klare, M., 23/10/2012).

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Colombia. ¿Perspectiva de paz o de guerra?

Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)

Surge una serie de interrogantes a partir de las negociaciones del conflicto interno en Colombia. ¿Es fiable negociar con un gobierno corrompido que nunca ha sostenido su palabra y que cada gesto o acción que realiza es solamente para favorecer a los grupos de poder y a los Estados Unidos?. Qué ganan las FARC y el pueblo en esta negociación?. ¿Es posible negociar una guerra entre clases sociales?. ¿La “paz oficial” será un factor determinante para resolver los problemas de los pobres en este país?. Si las negociaciones es para dejar de tirar tiros, ¿Qué va pasar con los terratenientes y capitalistas?. Por qué se insiste en las negociaciones del conflicto armado, si ellas nunca dieron resultados favorables. ¿Desarmarse para dejar el campo libre a los represores del pueblo?.

Guerrilleros y representantes del gobierno de Colombia han establecido la “Mesa de Diálogos por la paz”. Las reuniones se iniciaron en Cuba y se prosiguieron en Oslo (Noruega. Después de Oslo, es Cuba el país anfitrión para continuar las negociaciones. El primer día de negociaciones en Oslo (15 de octubre 2012), Iván Márquez representante de las FARC señalo que este acuerdo de paz tiene que discutir las soluciones a los problemas económicos y sociales del pueblo colombiano. El delegado del gobierno colombiano contestó en forma tajante que en esta mesa de negociación “no se va a discutir ni la doctrina militar ni el modelo económico ni la inversión extranjera”.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el grupo guerrillero más antiguo de America Latina. Su antigüedad es paralela a sus propuestas de "cese el fuego, tregua y paz". Inicio sus acciones armadas en 1964 y de ellos mas de 30 años ha intentado con pocos éxitos y resultados desastrosos convencer a sus interlocutores del Estado Colombiano de buscar una solución política negociada al conflicto armado. Las negociaciones entre este grupo y el gobierno de Juan Manuel Santos han generado el entusiasmo general en America Latina y otras partes del mundo. Desde Cuba hasta Chile se ha inflado un ambiente de paz y reconciliación. Barak Obama, responsables actual de las mas brutales guerras imperialistas, dijo que las FARC "deberían aprovechar esta oportunidad para poner fin a décadas de terrorismo y narcotráfico». La ONU, cómplice de genocidios en Irak, Afganistán Libia y Siria y otros países pobres, subrayó que era optimista por las garantías que se deba al desarme de la guerrilla. El papa Benedicto XVI, envió un mensaje desde el Vaticano señalando que subversivos y el gobierno “se dejen guiar por la voluntad de perdón y reconciliación, en la sincera búsqueda del bien común".

¿A quien sirve las negociaciones?

Hay que recordar que ninguna negociación de paz entre un grupo subversivo y el Estado ha sido favorable para el pueblo. No hay un solo caso en la historia de la lucha social que muestre lo contrario. La experiencia negociadora guerrilla-Estado entrega un saldo desastroso para los pueblos de America Latina. La “pacificación” y derrota de la guerrilla latinoamericana ha sido una de las ambiciones de los grupos de poder y los Estados Unidos. Las “negociaciones” o los diálogos de paz”, como forma “pacifica” de resolver el conflicto armado, se ha convertido en instrumento contrainsurgente eficaz. Los ejemplos más recientes respecto a la negociación del conflicto armado muestra que no ha servido para aliviar la miseria, la explotación y la violencia contra los oprimidos.

Los grupos de poder se han servido de la estrategia de paz para conducir a la derrota a diversos grupos subversivos y consolidar su dominación. En Colombia, al inicio de los años 90 diversos grupos guerrilleros mordieron el anzuelo de la negociación. El resultado fue la extinción y derrota de estos grupos políticos. Algunos de sus dirigentes fueron asesinados cuando ya se habían insertado en el sistema político oficial. Como señala Álvaro Leyva Durán del Observatorio de Construcción de Paz, la “memoria en Colombia es una memoria corta, nadie sabe que hubo un grupo alzado en armas que se llamó el Quintín Lame y que YA DESAPARECIÓ A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, así como el EPL, el PRT, el M-19 y parte del Ejército de Liberación Nacional” (1).

En America Latina, como en ninguna otra parte del mundo, las negociaciones de paz resultaron una trampa para desmovilizar al pueblo y acentuar el brutal sistema de explotación. Los procesos de diálogos y la firma de acuerdos de paz, al contrario de lo que se ha publicitado, han significado más sufrimiento para los oprimidos. Sólo han servido para extender el carácter militar y opresor de los estados auspiciadores de los acuerdos de paz. El Salvador (1992), Guatemala (1996), Perú (1993). En estos países después de más de 20 años de los acuerdos de paz ha crecido la pobreza extrema, la desocupación, y la violencia contra la población. Los estados se han militarizados y las leyes sirven solo para proteger gobernantes corruptos y mafiosos. La eficacia contrainsurgente de los acuerdos de paz resultaron más eficaces que la misma represión militar. Si en el campo de combate el ejército perdía la guerra, salió triunfante en la mesa de negociaciones.

¿Negociaciones y sociedad de paz y justicia social?

Los representantes de las FARC han dicho que esta negociación es para buscar una “salida pacifica al conflicto armado” y mediante ello concretar “una paz con justicia social”. El Presidente Santos dijo que en las negociaciones no “habrá concesiones de ningún tipo". A esta negociación se unió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro de los grupos guerrilleros de Colombia activo desde inicios de la década del 60. Este grupo se pronunció el primero de noviembre señalando que deseaba sumarse a las conversaciones de paz y que aceptaban “comenzar los diálogos con el gobierno de Colombia”.

En el caso de las guerras entre clases sociales, no existe ningún tipo de mediación conciliadora que conduzca a una solución definitiva de las contradicciones de clases. No se aplica ni armisticio o acuerdos de paz, ni posibilidades de tratados internacionales que pongan fin al conflicto y en el que los contrincantes queden satisfechos. Las guerras revolucionarias surgen por las contradicciones antagónicas, entre pobres y ricos. Estas contradicciones solo se resuelven mediante la guerra y la derrota militar y política de la burguesía y terratenientes. El problema fundamental es del poder del Estado. Aquí no hay termino medio ni ningún tipo de negociación. Incluso las reformas que coyunturalmente pueden parecer una solución no resuelven la contradicción fundamental entre pobres y ricos. Una guerra de clases esta impulsada por reivindicaciones históricas sociales. Los pobres luchar para liberase de la explotación, la esclavitud asalariada, la violencia y la injusticia. Su objetivo estratégico es destruir el Estado y la sociedad que los oprime y edificar una nueva sociedad, el socialismo. Por el lado de los grupos de poder, usan la violencia y la represión para mantener el Estado y la sociedad de explotación.

En este tipo confrontación de clase Colombia no será una excepción. En este país las contradicciones de las clases sociales aumentan al mismo ritmo que las injusticias, la explotación, la miseria, la violencia y la corrupción de los gobernantes. Tiene razón Juan Leonel Pérez analista de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), cuando advierte que “la clase política que gobierna Colombia desde hace 50 años, no tiene voluntad de paz, lo que quiere es una desmovilización y entrega de armas del movimiento insurgente”. Este mismo analista señala que la “guerra desatada por la gran oligarquía contra el pueblo colombiano, lleva 64 años y ha cobrado la vida de más de un millón de personas, el desplazamiento de más de 5 millones y la desaparición de 150.000. Por estos desmanes, son muy pocos los procesos judiciales que se han llevado a cabo permaneciendo la mayoría de estos crímenes en la absoluta impunidad” (2).

Juan Leonel Pérez señala que cada proceso de paz en Colombia, solo sirvió para que los guerrilleros y combatientes sean reprimidos y exterminados por las fuerzas armadas de Colombia. Anota que en 1953 los guerrilleros se entregaron en nombre de la paz. En seguida a esta paz el gobierno lanzó a una gigantesca represión contra los comunistas y luchadores sociales. Señala también que en 1957 los grupos guerrilleros se declararon partidarios de la paz y comenzaron a cultivar la tierra en Marquetalia, Río Chito, El Pata y El Guayabero. “hasta allí llegaron en 1964 los aviones y 16 mil soldados” con el objetivo militar de exterminar a los guerrilleros trasformados en pacíficos campesinos. Posteriormente en 1984, narra este periodista, “se firmaron los Acuerdos de la Uribe, nació la Unión Patriótica, esta fue aniquilada, junto a otros movimientos políticos”.

Cuba y Venezuela, no garantizan nada

Que las negociaciones de paz en Colombia estén auspiciadas por Hugo Chávez y el gobierno de Cuba, no cambian en nada los planes contrainsurgentes que se esconden tras estas negociaciones. La participación de Cuba y Venezuela, aparte de encubrir la parte turbia de estas negociaciones, sirven para confundir la opinión pública haciendo creer que mediante la “pacificación” oficial de este país se puede alcanzar la armonía y el bienestar de la población.

Hugo Chávez está más cerca del presidente Juan Manuel Santos que de los guerrilleros colombianos. Desde el 2010 existe un acuerdo de cooperación en materia de inteligencia entre Colombia y Venezuela. Esta información de inteligencia, ha servido para ubicar y atrapar una serie de revolucionarios que fueron enviados de Venezuela a Colombia. "Nuestro gobierno actuará contra cualquier grupo irregular, sea el que sea, y entregará a las personas requeridas por Colombia, no importa si vienen de un grupo o de otro", dijo en noviembre del 2010 Tarek El Aissami, ministro del Interior y Justicia venezolano. Pero aun mas grave, dice el Partido Comunista de Venezuela (13 de julio 2011), la información que intercambia Venezuela y Colombia “es del conocimiento, dominio, manejo y utilización por parte de la inteligencia norteamericana”.

Las autoridades venezolanas, si bien han sido represivos con los revolucionarios de Colombia, no ha sido así con los paramilitares colombianos que se refugiaron en Venezuela. “En el caso del paramilitarismo de ultraderecha colombiano, dice una revista de Venezuela, el gobierno de Chávez, ha optado por una posición más suave. Un caso ejemplar ha sido el indulto a los paramilitares capturados en una finca en las afueras de Caracas en mayo de 2004. En aquella ocasión fueron capturados 112 paramilitares, y en el año 2005, 27 de ellos fueron condenados a penas de entre 2 y 9 años por planificar acciones terroristas. El presidente Chávez indultó en agosto de 2007 a 41 paramilitares que permanecían presos por ese caso, en un gesto amistoso hacia el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe” (3).

Solo en los primeros meses del 2009, Venezuela entregó a Colombia 15 supuestos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el 2010, el gobierno de Chávez entregó a Juan Manuel Santos 22 supuestos “terroristas” de las FARC y del ELN. Hasta abril del 2011 volvió a capturar a 5 supuestos dirigentes de los grupos subversivos en Colombia. Entre algunos de los “entregados” por Chávez, hay que mencionar a Joaquín Pérez Becerra, periodista y director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL). Fue detenido en Venezuela (abril del 2001) acusado de ser dirigente de las FARC y entregado inmediatamente a la policía colombiana. Chávez sin inmutarse por las protestas contra estas detenciones arbitrarias de supuestos “terroristas” señaló que el “Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos.” La respuesta de Colombia fue en el mismo sentido. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, declaró que la actitud de Chávez, demuestra "el buen camino" que llevan adelante Colombia y Venezuela, en materia de seguridad y lograr que grupos armados que están en la frontera puedan ser capturados".

El gobierno cubano alienta y aplaude las negociaciones actuales entre las FARC y el gobierno colombiano. Los mismo hizo Cuba en las década del 90 cuando auspició negociaciones en El Salvador, Guatemala y del M-19 (Colombia). Esas negociaciones de paz fueron contrarias a los intereses de estos pueblos cuyos resultados solo sirvieron a los grupos de poder y a los norteamericanos.

La posición de Cuba a favor de la negociación de la lucha armada viene desde la mitad de la década del 80 y tiene relación con la distensión entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Castro anunció en el tercer Congreso del PC de Cuba (1986) que su gobierno “ha figurado también en la búsqueda de una solución negociada al conflicto centroamericano”. No puede olvidarse, dijo Castro en ese evento, “la necesidad de buscar soluciones políticas negociadas a la guerra en El Salvador y Guatemala” (4). En 1992 durante una entrevista que concedió a Tomás Borges, el líder cubano emite en extenso su opinión respecto al conflicto armado en El Salvador. Defiende la negociación de paz firmada por el Frente Farabundo Martí de Liberación de El Salvador (FMLN). Castro calificó este "acuerdo de paz", como "sabio" y como un trampolín para alcanzar por "vía pacifica" los "objetivos revolucionarios" que la guerrilla del FMLN no había podido lograr mediante la lucha armada (5).

A partir de la década del 90, cuando ya se había desintegrado la URSS, los líderes cubanos ven en las negociaciones del conflicto armado una forma de reemplazar la lucha armada. Durante la clausura del IV Encuentro del Foro de Sao Paulo realizado en julio de 1993 en la Habana Castro se pronuncio a favor de dejar de lado la lucha armada, anotando que no “era el camino más prometedor”. Agregando además, que “aquí en el Foro no se esta defendiendo el socialismo. Ninguno puede pretender que en este Foro se plantee el socialismo como objetivo, ninguno puede pretender que las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, en este momento sean propicias para la construcción del socialismo” (6).

La coyuntura negociadora en Colombia

Colombia es actualmente uno de los países latinoamericanos con mayores vínculos con los Estados Unidos. Se ha convertido en una base militar americana en el continente. Hasta mayo del 2012, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MoPPaSSol) ha contabilizado 47 bases militares extranjeras en America Latina y de ellas 8 están instaladas en este país. Los gobernantes de este están mezclados en el narcotráfico y en la organización de grupos paramilitares. Por su lado, el analista Uriel Ariza Urbina anota que Colombia se “debate en una profunda crisis social y moral como consecuencia del recrudecimiento del tráfico de drogas y la corrupción estatal, lo que convierte a este país en el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los más corruptos, según varios informes estatales e internacionales” (7).

¿Quien es el interlocutor de las FARC? El presidente Juan Manuel Santos se presenta como un emisario pacifista y doctrinario de la paz. Santos proviene de las canteras del ex presidente Álvaro Uribe quien fue acusado de colaborar con el Cartel de Medellín. En 1991 un documento oficial redactado por la Defense Intelligence Agency (DIA) de los Estados Unidos, describe a Uribe como un colaborador del cartel de Medellín y amigo de Pablo Escobar. Su contribución con este poderoso grupo del narcotráfico fue en el periodo 1980 y 1982 cuando era director de la Aeronáutica Civil, cargo que recibió del presidente Julio César Turbay. En el 2002 ganó las elecciones pero fue acusado de servirse del dinero de las mafias de la droga para ganar financiar su campaña electoral. Tramposamente se hizo reelegir en el 2006, y nuevamente fue acusado de utilizar grupos paramilitares para aterrorizar a los votantes.

Juan Manuel Santos, fue ministro de defensa de Álvaro Uribe entre el 2006 y 2008. Como ministro decía orgulloso haber dirigido los operativos que dieron muerte a Raúl Reyes (marzo de 2008) jefe de las FARC y a Iván Ríos (3 de marzo de 2008), jefe del Bloque Central de las FARC. Santos se jactó de haber propinado el más duro golpe a este grupo guerrillero cuando (23 de setiembre del 2010) los militares colombianos eliminaron al 'Mono Jojoy' jefe militar de las FARC. Santos era ministro de defensa en noviembre del 2006, cuando junto con el ejército fabricó falsos atentados “terroristas” en Bogota bajo el objetivo de desprestigiar a los subversivos y presentar a los militares como héroes de la sociedad. Santos como ministro de defensa o actualmente como presidente se ha encargado de facilitar que tropas de Estados Unidos participen en la guerra contrainsurgente en Colombia. En marzo del 2012, general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, confirmó que el presidente Santos ha dado su conformidad para que el Pentágono envíe a Colombia militares que estuvieron al frente de operaciones en Irak y Afganistán.

ORIGEN OSCURO DE LA VIA NO MILITAR

Contrariamente a lo que se ha creído, la versión moderna de las negociaciones, no surgió de criterios políticos democráticos y pacifistas. Se estructuró, como parte de una concepción estratégica de los Estados Unidos. Fue concebido bajo el objetivo derrotar a los grupos subversivos del continente. Es bajo la administración de Ronald Reagan (1981-1989) que se institucionaliza el empleo de la negociación de paz como instrumento contrarrevolucionario.

El concepto de la negociación se inserta como elemento principal de la estrategia contrainsurgente norteamericana conocida con el nombre de «Conflicto de Baja Intensidad» (8) que los americanos estructuran en 1981 para hacer aplicable a todo el tercer mundo. La ejecución y desarrollo de esta estrategia se sustenta en una táctica compuesta de dos opciones para enfrentar la lucha guerrillera. Una de ellas reposa exclusivamente en el aspecto militar y la otra pone énfasis en la gestión diplomática y negociadora. En el primer caso, se refiere a usar la fuerza militar y cualquier medio represivo (invasiones, envío de tropas, etc.), para destruir los movimientos revolucionarios, nacionalistas o democráticos. Por otro lado, se concibe un programa de negociaciones y «diálogo con la guerrilla», para «erosionar las posiciones progresistas o revolucionarias desde dentro, intentar desmovilizar a las masas y ganar tiempo» bajo el objetivo de liquidar la subversión (9). Nicaragua fue un laboratorio donde se mostró la eficacia y el doble filo del «Conflicto de Baja Intensidad». Ahí se aplicó simultáneamente acciones militares (abiertas y encubiertas) y la fórmula negociadora pacifista. El gobierno americano sostuvo y financió grupos armados contra el gobierno sandinista, pero al mismo tiempo auspició negociaciones de paz como solución «pacifica y democrática» al conflicto en este país.

En enero de 1983 los Estados Unidos logran institucionalizar en America Latina lo que se conoce como «solución negociada y política del conflicto armado». Su promotor fue el general Manuel Antonio Noriega, conocido traficante de drogas quien siendo agente de la CIA americana llegó a la presidencia de Panamá. La reunión donde se dio nacimiento a esta estrategia política fue en la isla de Contadora en Panamá y en ella participaron junto a Noriega los presidentes de México, Venezuela y Colombia, todos ellos alineados con la política de dominación norteamericana. Al momento de la reunión de Contadora, Noriega era presidente de Panamá. Había asumido el poder después de la muerte en 1981 del general Omar Torrijos, un militar que reclamaba la soberanía sobre el Canal de Panamá que los americanos tenían en su poder desde 1903. Torrijos murió en un extraño accidente de aviación. Muchos analistas han señalado que Noriega, por orden de la CIA, planificó el asesinato de Torrijos.

La negociación de la lucha armada se fundamenta en la teoría de la paz social, cuyo criterio de pacificación de la sociedad se concreta sin afectar el Estado ni la dominación imperialista. Los grupos de poder no sufren el más mínimo rasguño y se reafirma la continuación del sistema político corrompido y antidemocrático. No se toma en cuanta la opresión de los trabajadores, ni mucho menos sus reivindicaciones sociales y políticas. El "diálogo y paz con los grupos guerrilleros" contribuye a mantener una America Latina "sin terrorismo y sin insurgentes". Es decir sin ningún obstáculo serio que amenace los planes estadounidenses en la región. Esta "paz americana" contribuye a consolidar la hegemonía mundial de los Estados Unidos.

Los expertos y estrategas militares de los Estados Unidos han explicado en diferentes documentos, que "resolver la crisis latinoamericana" y trabajar por el "fortalecimiento de sus gobiernos" se inscribe en lo fundamental en la liquidación del fenómeno subversivo o la "amenaza comunista" como ellos lo denominan. En el documento elaborado por el Departamento de los EE.UU. titulado "Una Estrategia Para América Latina en la Década de 1990" se señala: "Los problemas del terrorismo, los insurgentes.....son identificados como factores desestabilizadores que contribuyen al carácter volátil y a la falta de seguridad de los regímenes democráticos latinoamericanos, y que también a nosotros nos afecta, en mayor o menor medida".

Otro de los beneficios que obtienen los Estados Unidos se refiere a la ganancia en el terreno ideológico. Desde el punto de vista de la lucha ideológica-política entre las ideas socialistas y capitalistas, que un determinado grupo guerrillero que se dice anticapitalista y socialista acabe doblegándose al Estado, entregue las armas y que además se "integre" activamente a la vida política oficial, es algo que tiene un precio político incalculable. ¿Y cuáles son estas utilidades políticas?. La capitulación como conducta política creará inmediatamente a su aplicación una desmoralización general en el pueblo de cuyo seno salieron miles de campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales y otras capas de la sociedad que se integraron a las filas de la guerrilla. Esta desmoralización de carácter político se acentuará en el pueblo durante varias décadas.

La población que depositó sus esperanzas en un cambio revolucionario se sentirá traicionada con los resultados del acuerdo de paz. Tanto los campesinos como el trabajador de la ciudad verán esfumarse sus sueños de una sociedad nueva y más justa. Parafraseando a Lenin, este tipo de guerrilla "dilapida inútilmente la fuerza de los oprimidos". Como reflejo directo de este hecho, por un largo periodo las masas quedarán a la deriva, sin orientación y sin capacidad de reaccionar frente a cualquier medida represiva del Estado. Durante este periodo los trabajadores se vuelven extremadamente desconfiados y rechazaran el discurso de izquierda. Se alejaran de todo partido que los convoque a la luchar al interior de una minima estructura de organización. A partir de este hecho los movimientos de protestas serán exclusivamente espontáneos, sin dirección política y completamente desorganizados. El movimiento obrero, el campesinado y otras clases oprimidas, sufrirán serios reveses en su lucha reivindicativa. Por un largo periodo los grupos de poder y sus partidos políticos pasarán a la ofensiva. En este terreno fértil para las ideas de derecha y reformistas el anticomunismo gana espacio y el concepto de lucha por el socialismo será excluido de la población.

A los usufructos ideológicos y políticos que saca el Estado, hay que agregar la ganancia en el aspecto militar. El Estado militarizado de época de guerra interna, no pierde ésta característica con la firma de la "paz". La "salida pacífica a la guerra", no resuelve ni disminuye, las contradicciones sociales. Su perspectiva será la inevitable agudización del conflicto social. La contradicción social entre pobres y ricos seguirá su desarrollo que, dependiendo de la situación social de cada país, originará inevitablemente explosiones sociales espontáneas. En prevención de que estas explosiones sean capitalizadas por fuerzas políticas consideradas subversivas, el Estado mantendrá intangible su aparato militar, preparado para reprimir el más mínimo movimiento de masas y la más ligera sospecha de subversión.

Es evidente que en el proceso de negociación de paz, los únicos que abandonan las armas son los guerrilleros, no así las Fuerzas Armadas del Estado que seguirán conservando su ejército, su policía y otras instituciones represivas. El conocido discurso sobre la "desmilitarización" del país como complemento del "acuerdo de paz", resulta unilateral y corresponde a la campaña de desinformación que el Estado, en combinación con los expertos americanos estructuran para manipular la opinión pública. En este aspecto, el Estado gana por partida doble: por un lado desarma (desmilitariza) a sus enemigos (los guerrilleros entregan sus armas al gobierno) y los hace sus aliados integrándolos al sistema oficial.

Los guerrilleros que durante años agitaron consignas a favor del socialismo y de una sociedad mas justa se convierten en pacíficos y dóciles parlamentarios, alcaldes, gobernadores, funcionarios, policías y soldados. Se reciclan como defensores de la democracia burguesa, en funcionarios del Estado y en administradores de ricas Organizaciones no Gubernamentales (ONG). En El Salvador, Guatemala y Nicaragua, los ex guerrilleros son ahora integrantes de las clases políticas dirigentes de estos países cuyo rol es proteger el sistema de explotación y los intereses de las transnacionales.

Desviar la atención de las masas hacia la negociación de paz, no sólo ha significado un retroceso en el terreno de la ideología, la política y en el campo militar. También ha generado la muerte de miles de combatientes y partidarios de la lucha armada que fueron asesinados durante los procesos de "tregua" o de conversaciones de paz. Para ilustrar esta dramática particularidad del camino negociador, nos remitimos a la versión de un periodista colombiano, que siendo partidario de la llamada salida pacifica al conflicto interno, no deja de denunciar las desastrosas consecuencias y los altos costos en vidas humanas que ha costado la paz en Colombia: "Miedo a la paz, sí, aunque parezca paradójico. La paz en Colombia ha tenido en los últimos tiempos altos costos: para la guerrilla, porque la experiencia histórica de las últimas décadas ha demostrado que la paz significa más muertos que la guerra. A mediados de los ochenta otro movimiento guerrillero, el M19, firmó la paz y su integración a la "sana" política colombiana. Hoy se cuentan por cientos los militantes asesinados de esa agrupación. La Unión Patriótica que por la misma época quiso ser el brazo político de las FARC luchó en las urnas y disputó el poder democráticamente obteniendo resonantes triunfos: senadurías, diputaciones y alcaldías fueron ganadas limpiamente. Naturalmente eso no gustó a la oligarquía que considera a Colombia como su coto privado. La Unión Patriótica, en un acto que recrea toda la historia del país, fue diezmada, totalmente masacrada. Dos candidatos presidenciales, la mayoría de sus representantes populares y cerca de cinco mil militantes fueron asesinados. Esta experiencia muestra las formas que asume la "política a la colombiana" cuando los intereses de la clase dominante están en riesgo. El saldo final de esta incursión guerrillera por las "vías democráticas" le produjo muchas más bajas que los veinte años de guerra en ese entonces". (10).

Notas:
1. Álvaro Leyva Durán, Observatorio de Construcción de Paz, Colombia, 26 de Octubre de 2011.
2. Juan Leonel Pérez, fuente: Anncol.
3. Información aparecida en Laclase.info, 22-11-2010.
4. Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Informe Central presentado por Fidel Castro Ruz. La Habana 1986, paginas 113 y 114.
5. "Un Grano de maíz». Fidel Castro es entrevistado por Tomás Borges, editado por la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana 1992, página 165.
6. Fidel Castro. Discurso en la clausura del IV Encuentro del Foro de Sao Paulo, 24 de julio 1993.
7. Uriel Ariza Urbina, 21 de mayo 2010.
8. Según Isabel Jaramillo Edwards (Centro de Estudios sobre América, enero 87), la estrategia denominada «Conflicto de Baja Intensidad, «incorpora elementos doctrinales que tuvieron vigencia a partir de la segunda guerra mundial». Según la analista, el «Conflicto de Baja Intensidad», que surgió en 1981, se desarrolla en el marco del programa «seguridad y desarrollo» cuyo objetivo es liquidar los movimientos subversivos o cualquier expresión de lucha antiamericana. La autora resume esta estrategia, como una «concepción estratégica flexible e integral, cuyos objetivos son fundamentalmente políticos-militares y de largo alcance. Señala que su instrumentalización corresponde a la aplicación de opciones políticas, económicas, diplomáticas, militares, sociales, sicólogas y de propaganda.
9. El Conflicto de Baja Intensidad, modelo para armar, Isabel Jaramillo Edwards, Centro de Estudios sobre América, enero 87.
10. Florencio Rodil Urrego, Colombia: La guerra estalló por miedo a la paz, Revista Rebelión, 21 de marzo 2002.

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Testaferros de los medios de comunicación, ¡uníos!

Gabriel Solano (especial para ARGENPRESS.info)

Al final, el 7D no habrá asalto a la Bastilla, sino apenas una visita de Sabbatella a Cablevisión acompañado por un escribano. Para ocultar este recule en chancletas, el kirchnerismo tiene previsto un festival en Plaza de Mayo para el domingo 9. Será la confesión de que es incapaz de ganar la calle. La intervención de oficio de AFSCA para proceder a la desinversión de la Corpo desatará otro laberinto judicial, en especial ahora que los K anunciaron que pondrán en venta los bienes del grupo y que no solamente van a cancelar las licencias excedentes. La batahola de esta disputa demuestra que la ley de medios apunta a redistribuir la apropiación capitalista de las frecuencias, de ningún modo a desarrollar las posibilidades de libre expresión para el pueblo. En este proceso, el Poder Judicial demostrará su genuflexión ante los intereses empresarios en disputa.

Esta verdadera farsa política ha escalado, sin embargo, un nuevo peldaño. Sabbatella acaba de anunciar que los dueños de los medios pueden repartirlos entre familiares, amigos o accionistas para encuadrarse a la ley. La ley de medios ha quedado convertida en la Ley de Testaferros. El ex PC invitó incluso a Magnetto a participar de este enjuague, pero la Corpo sabe que quieren que dé un mal paso para bajarle la guillotina.

El fracaso de la ley ha sido mayúsculo. La producción local en cada provincia o distrito -que según el gobierno abriría nuevas fuentes de trabajo para periodistas- no ha sido realizada. Las radios y la TV en el interior siguen siendo, mayormente, repetidoras de las emisiones producidas en Buenos Aires. Las licencias para las radios comunitarias no fueron dadas. Por eso, sectores que apoyaron la ley se movilizan al AFSCA para denunciar la situación.

La licitación de la TV Digital quedó desierta. Los montos requeridos son inviables. Sólo lo pudieron afrontar sectores de la burocracia sindical, como Gerardo Martínez, que armó su canal Construir. La pauta oficial, que debía servir para suplir la publicidad privada, ha sido un elemento de propaganda de la camarilla kirchnerista y de cooptación de movimientos sociales.

El 7D pinta de cuerpo entero al gobierno kirchnerista. Presentada como una batalla por la “democratización de la palabra y de los medios”, termina armando un negocio con las telefónicas y empresarios de los más corruptos, como los Vila-Manzano o los Cristóbal López, Monetta -quienes, en general, son socios del gobierno en la obra pública o en las concesiones de energía y servicios. Hasta la promesa de terminar con Clarín es sustituida por la propuesta de que el grupo de Magnetto se reparta entre testaferros.

En el entrevero, la oposición patronal, en especial la de centroizquierda, ha cerrado filas con Clarín. Para conquistar la libertad de comunicación, es necesario abolir su condición de negocio capitalista y dar su gestión a todos los sectores del arte, la cultura, la política y la vida social en general. Esta tarea solamente será cumplida por un gobierno de trabajadores.

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Pronunciamiento de la CTA: Soberanía comunicacional

ACTA

"La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) significa un avance concreto para que la sociedad pueda ejercer, con libertad, pluralismo y diversidad cultural, el derecho a la Comunicación, un derecho humano básico como la Educación, la Salud, la Vivienda y la Alimentación", indica un comunicado de prensa de la CTA.

La declaración prosigue: "Como ocurre con tantas otras leyes en nuestro país, hay que hacerla cumplir. Ello requiere de una fuerza social que le de sustento y de la voluntad política del Poder Ejecutivo. La nueva legislación -que dio respuesta a un generalizado reclamo de los trabajadores de la cultura y la comunicación para derogar la Ley de Radiodifusión de la dictadura, firmada por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz- contó con un amplio consenso social. Si sólo están judicializados dos de los 166 artículos de la Ley de Medios, no se entiende, salvo por la mora e inacción del Gobierno, que a tres años de ser aprobada por el Congreso de la Nación todavía no rija en toda su extensión.

La CTA, firmante de los 21 Puntos redactados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004, respalda enfáticamente el sentido antimonopólico de la ley para promover que la palabra circule libremente, haya pluralidad de voces, su contenido sea federal, democrático y participativo y el sujeto de la actividad, el trabajador, pueda ejercer su labor con absoluta libertad de conciencia.

El 7 de diciembre expira una medida cautelar presentada ante la Justicia por Clarín objetando la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 referidos a la claúsula de desinversión para adecuarse a la nueva ley, pero el resto del plexo normativo está absolutamente vigente desde octubre de 2009. Seamos claros: No se trata de vestir un santo para desvestir otro. La Central se pronuncia en contra de todo monopolio comunicacional, sea el Grupo Clarín; Teléfonica-Telefé; Vila-Manzano-De Narváez; Monetta; Grupo Indalo de Cristóbal López o cualquier otro. Y advierte que el desmantelamiento del oligopolio no puede llevarse a cabo a través de la figura de testaferros o de sospechosas triangulaciones que en nada favorecen la transparencia en la propiedad de las frecuencias radioeléctricas.

La CTA exige la inmediata legalización de los medios pertenecientes a las organizaciones libres del pueblo, a quienes la ley les concede el 33 % del espectro radioeléctrico que no se puede poner en marcha en tanto y en cuanto la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA) no ha cumplido con su obligación de establecer el Plan Técnico que hace viable la concesión de licencias a los medios de comunicación popular. El fracaso del llamado a licitación para 220 frecuencias de TV digital estuvo directamente vinculado con las exigencias económicas requeridas a los medios comunitarios que debían abonar alrededor de 150.000 pesos para retirar los pliegos de adjudicación. Si no se replantea de fondo esta cuestión, si el Estado no auxilia financieramente a este segmento comunicacional para equiparse adecuadamente, si la ASFCA los sigue ninguneando, se corre el riesgo cierto de que este espacio quede vacante y reducido a una entelequia.

Así las cosas, mientras el 33 % de las empresas capitalistas hacen el juego que mejor saben y apelan al pasamanos de la tercerización a cargo de familiares y amigos para “adecuarse” a la ley, el 33% reservado a los medios públicos sigue siendo el botín de guerra de los gobiernos de turno, las organizaciones sin fines de lucro que pugnan, hasta ahora infructuosamente, por tener voz propia, permanecen huérfanas de apoyo oficial.

Necesitamos que haya otras voces. Que no hablen solamente los integrantes del coro del establishment. Necesitamos contar lo que está pasando desde nosotros mismos, a partir de nuestra práctica, sin intermediarios, con nuestro lenguaje y nuestra propia estética audiovisual. Para que a la realidad no la sigan explicando únicamente desde la prensa hegemónica o los medios afectos al Gobierno.

Fijar los contenidos de la agenda de acuerdo a nuestra estrategia de poder popular. No comernos los amagues y operativos con los que nos bombardea todo el tiempo el poder dominante. Producir, replicar y amplificar lo que pensamos, decimos y hacemos todos los días. Esa es la tarea. Que no empieza ni termina el 7 de diciembre", finaliza la nota de la Central de Trabajadores de la Argentina que lleva las firmas de Pablo Micheli, Ricardo Peidro y Juan Carlos Giuliani, secretario General, Adjunto y de Relaciones Institucionales de la CTA, respectivamente.

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7D: el Grupo Uno armó un entramado de sociedades para heredar sus licencias

Pablo ICARDA (MDZOL)

A la compleja telaraña societaria se le suman nuevas empresas formadas por hijos y otros familiares de Vila. La Afsca ya anunció que habrá transferencia de licencias entre socios.

Se viene el "7D", fecha sobre la que el Gobierno ha construido una idea épica, pues ese día vence la medida cautelar que tiene frenado el artículo que obliga a los multimedios excedidos de participación en el mercado a desinvertir. El foco nacional está puesto en el Grupo Clarín, pero en Mendoza los ojos están puestos en el multimedios Uno, que según el Afsca es el que más excedido está.



Foto: Manzano y Vila: la dupla de empresarios y socios que encabezan el grupo económico.

Ese multimedios presentó un plan para desprenderse de las licencias. Pero de acuerdo a lo comunicado por la autoridad de aplicación, más que un plan para desprenderse de las licencias parece un adelanto de herencia, pues lo que harán es transferir muchas de los medios entre los socios de la propia compañía y familiares. Antes la familia Vila creó una lista de empresas que tiene a familiares y amigos como titulares y que tienen como objeto social ser parte del negocio de los medios.

El otro foco de atención relacionado con el grupo Uno tiene que ver con Edemsa. Vila y el Gobierno aseguran ahora que no hará falta adecuación porque ningún socio del grupo tiene más del 10% de la empresa distribuidora. Fuera de las formalidades, ambos grupos comparten relaciones informales y formales. Tanto, que algunos de los directores de Edemsa también figuran como directivos en una de las empresas de medios del grupo.

Anticipo de herencia

El grupo Uno está formado por un entramado de empresas que en el fondo son un sello, pues todas responden a la misma conducción. En la lista de firmas están Uno Medios, Antena Uno SA, Estornell SA, Montecristo SA, Radio País SA, Supercanal SA, Tevecorp SA., entre otras.

En su comunicado oficial la AFSCA dijo que el grupo Uno propuso disolver “Uno multimedios SA” y distribuir las licencias entre sus socios. En criollo eso significa repartirse los medios entre hermanos y amigos, pues las distintas sociedades están formadas por Daniel Vila, Alfredo Vila y José Luis Manzano, quien es como de la familia.

Pero a las empresa madre se le suman otras firmas que fueron creadas recientemente. Es el caso de A.D.V.S.P.S Sociedad Anónima. La firma fue creada en el 2011 y etá integrada por Agustín Vila, hijo de Daniel, y Eduardo Marcelo Vila. La empresa tiene como misión “la prestación y explotación de servicios de tele radiodifusión y servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo con las normas legales vigentes pudiendo también realizar por cuenta propia o a través de tercero todo tipo de actividades vinculadas a la prestación y explotación de servicios de teleradiodifusión y en general la prestación y explotación de servicios de comunicación audiovisual”.

Lo mismo ocurre con la empresa Westpro SA, formada por Agustín, Barbarita y María Noel Vila, que tiene como misión la producción de contenidos “para configurar una señal, programa, o productos audiovisuales, a partir de una determinada idea”.

G.U.T.D.A SA también tiene como titular a Agustín Vila y su misión comercial está relacionada a los medios de comunicación, por lo que se convierte en un potencial destinatario de las licencias del padre. A.D.V.T.D.A SA tiene una composición similar, con el agregado que ante la AFIP tiene declarado el domicilio en el mismo lugar donde funciona Canal 7, en calle Manuel A. Saez de Las Heras. Siguiendo con la cronología de empresas alegóricas a los nombres de sus propietarios, los herederos del grupo formaron ANOBA S.A. (Agustín Noel Barbarita) y BANOA SA., pero con objetos sociales distintos.

El futuro de Edemsa

Los intereses polirubro del grupo Vila Manzano complica aún más realizar un seguimiento. Pero uno de los cruces de intereses se da por ser los controladores de Edemsa, la principal distribuidora de electricidad de la provincia, mientras tienen una gran cantidad de medios. Ahora aseguran que no deben adecuarse porque ningún socio tiene más del 10% de las acciones de Edemsa. Pero no es un secreto que son quienes lo controlan. En ese contexto surgen algunos casos curiosos, como la superposición de directorios entre Andes Energía y Edemsa con Supercanal.

La empresa Tevecorp tiene como objeto social ser cableoperador, funciona en el mismo edificio que Supercanal (General Paz 323) y así lo reconocen. Esa firma tiene como director titular a Neil Arthur Bleasdale. El británico es también presidente del directorio de Edemsa. Pero también forma parte del directorio de la empresa de cable Nicolás Mallo Huergo, director de Andes Energía (la empresa madre de Edemsa). El resto de la conducción la forman Agustín Vila, Alfredo Vila, y Daniel Vila, como presidente. José Luis Manzano también figura como director.

Más allá de ingeniería accionaria, los controlantes de Edemsa y Uno medios son los mismos.

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El carancho nacional y popular

Sergio Szulman (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

La ‘épica’ del “desendeudamiento” se ha convertido en la historia del mayor saqueo perpetrado contra los aportes jubilatorios por parte del Estado. A diferencia del “fondo buitre”, que compra a precio vil la deuda pública de un Estado en quiebra, la confiscación del dinero de la Anses se ejecuta en perjuicio de contribuciones previsionales genuinas, realizadas por los trabajadores, para pagar la deuda usuraria acumulada por los acreedores financieros.

Como los ingresos de la Anses son sustraídos a cambio de títulos públicos, la deuda del Estado lejos de disminuir ha crecido. Entre 2007 y 2012, pasó de menos de 150 mil millones de dólares a cerca de 200 mil millones.

Este cálculo no incorpora los intereses que devenga esa deuda, tampoco el certificado conocido como “cupón PBI”, un ‘premio’ que Kirchner-Lavagna ofrecieron a los acreedores que entraron en el canje de 2005, el cual cotiza de acuerdo con la evolución de la producción interna. La deuda del Estado se aproxima, con todos los cálculos incorporados, a más de 250 mil millones de dólares. La reducción de la deuda con los acreedores internacionales se ha logrado mediante la transferencia de la carga a la Anses, el Banco Central, el Pami, el Banco Nación, la Lotería. Es claro que la intención última de esta transferencia es declarar un ‘defol’ sobre la deuda, impagable con recursos fiscales, impuesta a estos organismos descentralizados. Los caranchos de adentro son mucho más carroñeros que los caranchos de afuera.

Si además se tiene en cuenta que el 60% de la deuda pública se encuentra nominada en dólares, se puede asegurar que la deuda propiamente externa, bien calculada, oscila en torno de los 150 millones de esa moneda.

La cuestión de la quiebra financiera de Argentina está a la orden del día, como desde el primer momento. Por eso, la presión de la burguesía nacional para rehabilitar el crédito con el exterior, lo que permitiría pagar la deuda que vence con deuda nueva. La deuda del sector privado con el exterior se acerca a los cien mil millones de dólares.

Confiscación metódica

El primer movimiento confiscatorio de los fondos de los jubilados, tuvo lugar con el canje de 2005. Mientras los organismos internacionales, como el FMI, cobraban en forma adelantada la totalidad de la deuda externa, sin ningún descuento, con las reservas del Banco Central, a las entonces Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) se les hizo una quita del 30% y se les entregaron los bonos “cuasipar”, los más largos del mercado, con vencimiento en 2045.

Además, la deuda en dólares se pesificó, con una tasa de interés ínfima (del 3,3% anual) y un ajuste por el índice de inflación, que el gobierno manipula desde 2007. Estos títulos no tuvieron siquiera un pago de intereses durante los años posteriores al canje. Estos títulos sin valor pueden ser contabilizados (primero por las AFJP, luego por la Anses) al valor teórico -o sea al valor de emisión más actualizaciones acumuladas y no al precio de mercado. Como actualmente el precio es de sólo el 22% de ese valor, la tenencia de 45.000 millones de pesos en títulos que informa la Anses está inflada en más de 35.000 millones.

El segundo movimiento ocurrió en 2008. Cuando reestatiza las AFJP, el gobierno canjea los “cupones PBI” a un precio irrisorio, afectados por la crisis internacional y por una caída interna del PBI de más del 3%. El fisco se quedó, de este modo, con más de 6.800 millones de pesos (los últimos dos pagos del pago del cupón PBI), los cuales habrían debido ser cobrados por los jubilados. Lo que se llamó, en ese entonces, “la política virtuosa del superávit fiscal” resultó ser una confiscación previsional. La resolución 125, que el kirchnerismo no pudo imponer a la Mesa de Enlace, se la cobró con subterfugios a los jubilados.

La Anses no fue usada solamente para pagar la deuda usuraria. También sirvió para subsidiar a las grandes empresas con préstamos a tasas de interés menores a la inflación. Los aportes previsionales han financiado la ‘competitividad’ empresaria de los nacionales y populares. CFK dice que el fondo que administra a la Anses aumentó, desde la estatización de las AFJP, “de unos 80 mil millones de pesos hasta unos 230 mil millones”. Pero deliberadamente resta del capital original el monto que la Anses ya administraba por el régimen anterior de reparto estatal, así como otras capitalizaciones por nuevos aportes de trabajadores activos. Según el último informe de la Anses, el capital original era de 109.835 millones de pesos (y no 80.000 millones) y el rendimiento informado desde octubre de 2008 es de 105.000 millones de pesos -o sea es apenas el 96%, frente a una inflación acumulada de más de 130%. Esto significa una pérdida de valor real cercana al 40%.

De caranchos

En las últimas semanas, el gobierno les quitó a los jubilados otros 6.000 millones pesos adicionales al calcular la movilidad jubilatoria en un 3% debajo de lo que hubiera correspondido. Además, desconoce los fallos de la Justicia nacional al negarse a pagar la deuda con los jubilados.

“¡Al carancho!”, grita el carancho.

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Viejo carancho

Alfredo Grande (APE)
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“disculpá, gaucho Martín Fierro, pero en estos tiempos, es vergüenza ser pobre y no es vergüenza ser ladrón”
(aforismo implicado)

“La Corte Suprema dictó ayer un fallo en contra de la Anses en su controversia con el juez de la Cámara de la Seguridad Social Luis Herrero. El organismo previsional viene recusando al magistrado, desde mediados del año pasado, en todas las causas en que le toca intervenir. Además, lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por interpretar que actúa con parcialidad y animadversión hacia el ente estatal. Herrero ya había conseguido en julio de 2011 un fallo de la misma Cámara de la Seguridad Social, donde se desempeña, rechazando la pretensión de la Anses de recusarlo sin causa en todos los expedientes. Ayer la Corte confirmó esa sentencia. Sostuvo que había un “abuso” de ese recurso judicial por parte del organismo, que eso afectaba el funcionamiento de la Sala II donde ejerce el magistrado –junto a otros dos jueces– y que esa situación terminaba perjudicando a los jubilados que litigan allí por la extensa demora en la resolución de las demandas. (David Cufré. Página 12)”

Es increíble. Estos caranchos que piden más jubilación. Son piojos y no merecen siquiera ser resucitados. Arrugados y desagradecidos. Ni el PAMI merecen. ¿Para eso les pusimos los ómnibus super bajos? Sabemos que los servicios se hacen lentos cuando tienen que subir o bajar del micro. ¡Y además hay que esperarlos como si todos los demás pasajeros tuvieran que esperar por culpa de su artrosis! ¿Para que quieren más plata? Si igual se la gastan en remedios. Los afanaron durante años con las AFJP y no decían nada. Bueno, algunos que se hacían los pendeviejos se reunían los miércoles para marchar. Pueden volver a intentarlo. Mejor en verano así algunos se deshidratan. ¿Por qué no la cortan con el fallo Badaro? Pero decime vos a quien le ganó el Badaro ese. Nos van a mear la sintonía fina pidiendo lo que nunca van a poder disfrutar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. Parece que algún vecino puso una canción a todo volumen. Debe ser un carancho sordo. Viejo y sordo. ¿Pero a quién le ganaron? Después algunos pelotudos le dicen “abuelos”. Pero que abuelo ni abuelo. Abuelo tuve solamente dos, los demás son viejos de mierda. Gorilas. Y hay que ver si trabajaron como dicen. Los aportes sabés donde te los podés meter. Viejos garcas. Ni siquiera tienen memoria. No se acuerdan donde se puede gastar la guita. Además ahora podés jubilarte sin aportes. ¡Dejá de alardear con los años de aportes! Alacranes. Pican al que los lleva por el río. Y bueno… el carancho no chilla. Se van a ahogar todos. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel,
pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey.
Es cuco de niños y de no tan niños su figura triste cruzando el andén,
porque nadie ha visto sus ojos cansados la cruz del olvido temblando en sus pies. ¡Bajen esa música! ¿Quién conoce a ese viejo Matías? ¿Será el papá de Messi? Jajaja. Al fin alguien que habla como Dios manda..Y lo dijo clarito…para que escuchen hasta los sordos..¡Caranchos! Y caranchas también, así no ejerzo violencia de género. Jajajaja. Me parece que es un término demasiado piadoso. Ratas. Eso son. Comiendo los mendrugos de la clase activa. Las sobras de tantos banquetes. Hasta sus dirigentes son viejos. No se quedaron en el 45. Se quedaron en el 17. Por suerte algunos se van muriendo. El tema es no avivar más giles, que se te vuelven en contra. Y encima la Corte, que también está llena de viejos, quiere lavar la culpa de no pagar ganancias con estos fallos anti populares. Supremos gorilas, ¡eso son!. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita al cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón.
Cuando llegan los trenes repletos de obreros se pone contento, brilla su mirar,
Gorrión de la tarde, quiere hablar con todos, y después se queda solo en el andén. ¡Bajá esa música reaccionaria o te denuncio al Afsca!. Ese viejo Matías debe ser admirador de Magnetto. Manga de ladrones. Como el Righi ese, que pretendía investigar al más Amado de todos. Al inodoro con él. Dicen que era el último camporista. Pero decime vos: ¿para qué necesitamos camporistas si tenemos la Cámpora? Y en la Cámpora no tenemos viejos. Todos son pibes, y de oro. Esa es la política que queremos. Política joven y linda, nada de viejos y feos. ¿Viste que olor tienen los viejos? Yo creo que es olor a muerte. No deberían votar. Que voten desde los 16 hasta los 50. No mucho más. Cuando empiezan a no encontrar laburo, cuando empiezan a ser resentidos, chau… no votan más. Estoy seguro de que a nadie se le ocurrió. Se lo mando al Aníbal, antes que sea presidente del Comité de Hockey. Linda forma de seguir a los palazos. Jajaja!. Sólo votan jóvenes, optimistas y con la memoria sólo ocupada en las imágenes de Néstor. ¿Qué tal una imagen del Kiciloff con boina calada y una K roja? Un poco mucho, pero tiene llegada. Punch. Y que buena idea ponerle a todas las escuelas que sólo tienen número, el nombre de Néstor Kichner. ¿No pasaron 10 años? Mejor. ¿A ver si aparece otro? Se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas, el viejo Matías, ogro del lugar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforma gris.
¡Gris, gris, como tu piel! Esperá sentado en el terraplén que quieras. No vas a ver un peso más. Ahora te sacamos todo. Hasta prefiero los buitres a los caranchos. ¿Viste que la cámara de apelaciones de Nueva York lo frenó a Griesa? Estados Unidos, un país con buena gente. ¡Pero a los caranchos le dan máquina! Es una cosa de locos. Frenamos a los buitres y nos prepotean los caranchos. ¿Se habrán pensado que la guita del ANSES es de ellos? ¡Esa plata es de todos, de todos los K! Te lo tenía que decir. Andá con la musiquita a otra parte. Cantásela a la Juan Domingo, aunque no creo que les de pelota. Ni de trapo te van a dar pelota. ¡Que me importa que haya 12.000 juicios parados! Con el 54 % tenemos mucho mas que 12.000 viejos esperando la sentencia…Jajaja. Sentencia de muerte, es la única que tendrán…No pidan mucho más, que sólo son piel y huesos y vamos a romperles el pescuezo…¡Y ese viejo Matías que se quede bajo la lluvia y el viento, que ni el polvo de sus huesos la ANSES tendrá!

Nota del autor: sugiero leer la nota nuevamente escuchando “El viejo Matías” de y por Victor Heredia.
https://www.youtube.com/watch?v=OGguW9kewEw

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¿Jueces o verdugos?

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

Semanas atrás fue procesado en Córdoba el exjuez federal Carlos Otero Álvarez, a quien se le atribuye la comisión del delito de encubrimiento en 86 hechos y la participación secundaria en dos homicidios calificados, un secuestro, tormentos y un allanamiento ilegal.

Lo paradojal del asunto resulta ser que, cuatro años después de ser uno de los jueces que firmara la primera condena por delitos de lesa humanidad contra Luciano Benjamín Menéndez, fue procesado por su propia actuación durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

Otero Álvarez se desempeñó en aquellos años como secretario de la Justicia Federal cordobesa y fue denunciado a partir del retorno de la democracia. La resolución del juez Daniel Herrera Piedrabuena alcanzó también al exfiscal federal Antonio Sebastián Cornejo y al exjuez federal Miguel Ángel Puga.

Estos últimos, según el procesamiento, incumplieron sus obligaciones de promover investigaciones penales, resultaron partícipes secundarios en un caso de tormentos, en dos homicidios calificados y, en el caso de Puga, también de una privación ilegítima de la libertad.

Herrera Piedrabuena destacó que la prueba documental reunida en el expediente resulta ser un fiel reflejo de la actitud omisiva y del "silencio cómplice", que fue un común denominador en el Poder Judicial de la Nación de la circunscripción de Córdoba durante la vigencia del terrorismo de Estado en la Argentina.

El procesamiento enfatizó la sistematicidad con la que actuaron los imputados y resaltó que el rol exigible a esos funcionarios no era otro que asegurar la vida, la integridad y la dignidad de las personas.

El magistrado sostuvo que los hechos investigados hieren y laceran a la humanidad y, por ende, a la razón, puesto que de haberse hecho lo que se debía respecto de las víctimas asesinadas, acaso no hubieran encontrado el trágico final que en definitiva tuvieron. Más aun, "quienes fueron torturados y privados ilegítimamente de su libertad tal vez hubieran podido tener justicia en su oportunidad".

El juez entendió que, si los jueces, fiscales y secretarios hubieran puesto en marcha el sistema de garantías para cada una de las víctimas, ello habría servido no sólo como límite a los aberrantes delitos que entonces se cometían sino también para beneficiar a la sociedad en su conjunto.

Tal cosa, por cuanto el Poder Judicial de la Nación hubiera actuado como protección ante el poder absoluto o, al menos, intentado atemperar las acciones desatadas por el aparato represivo del Estado.

No menos sugerente resultó su afirmación en cuanto a que hubo una actitud de jueces y funcionarios, y hasta de abogados, "que en forma rutinaria y con un esquema mental mecanizado no tuvieron la suficiente actitud para comprender las exigencias que la realidad les estaba marcando, para poder decidir a favor de la vida y la dignidad de las personas".

El paralelismo con los hallazgos de Hannah Arendt durante el proceso a Adolf Eichmann son manifiestos, en cuanto aquélla reconoció que quienes perpetraron sus crímenes durante el período del nacionalsocialismo alemán lo hicieron bajo la convicción de que estaban dando efectivo cumplimiento a las órdenes del Führer, fuente suprema del derecho. Y que lo hicieron sin preocuparse demasiado acerca de si esas órdenes guardaban alguna consonancia con los más básicos deberes de humanidad.

¿Para qué deberían servir los procedimientos judiciales emprendidos contra los autores de crímenes masivos? Raoul Vanegiem sostiene que, en lo fundamental, para despertar y difundir una conciencia que saque a la luz las condiciones inhumanas que predisponen al exterminio: la complacencia criminal de los responsables, el análisis de sus móviles, el examen de los remedios posibles y la aplicación de una política de prevención.

No se trata tan sólo de una puesta en escena jurídica llamada a calmar a las buenas conciencias mediante el castigo de unos pocos, puesto que denunciar un crimen para estigmatizar su vergüenza reemplaza con demasiada facilidad al proceder que reviste aún mayor importancia: corregir los efectos de la maldad e impedir su reincidencia.

La búsqueda de la verdad debería entonces estar orientada a esclarecer nuestros comportamientos ordinarios hasta en sus móviles más arcaicos y menos confesables, para recalcar cómo, si uno no presta la atención necesaria, las condiciones instauradas por la mentira y la opresión desestabilizan, desarreglan y corrompen las mejores intenciones.

Martín Lozada es Juez Penal. Catedrático Unesco.

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Argentina. Criminalización de la protesta: “Creemos que la mejor protección es la protección de una sociedad que repudia estos hechos”

Valeria Garay (ACTA)

En el mediodía de ayer se realizó una rueda de prensa en la sede de la CTA Capital. Allí, el secretario de Relaciones Institucionales, Mariano Sánchez Toranzo, junto a Carlos Chile, secretario General, contaron los pormenores de los hechos e hicieron público el reclamo de Justicia y un pronto esclarecimiento. Participó Pablo Micheli, titular de la Central a nivel nacional.

- Describíme lo que te ocurrió la semana pasada.

Yo tengo un departamento que alquilo en la zona de Constitución, por razones laborales y familiares. El jueves 24 de noviembre yo no estaba en mi departamento y entraron, me saquearon, me reventaron el domicilio, se robaron una computadora, una televisión, me revolvieron todo y no solo eso, sino que entraron en lo de unos vecinos, sin forzar ninguna de las cerraduras. A ellos los agarraron durmiendo, los amordazaron, los ataron y dejaron algunos mensajes mafiosos hacia mi persona que hoy ya están en la Justicia, no puedo explayarme demasiado. El lunes a la madrugada, que fue feriado, en la puerta de mi hogar en Olivos, me robaron una rueda del auto. Un auto viejo, con ruedas usadas, no de alta gama y al día siguiente mi mujer estaba cruzando con el auto por debajo de la autopista -yo vivo cerca de Pelliza y Panamericana y hay cámaras- y se le puso un auto al costado, hacía mucho calor, así que ella iba con las ventanas bajas y le dijeron “Callalo o te vamos a matar a vos y a tus nenes.” La verdad es que esto me preocupa y nos preocupa mucho como Central de Trabajadores y como ATE. ¿Qué nos querrán callar? Mis últimas apariciones públicas hablando tienen que ver con el último abrazo al INDEC, donde ya en otra oportunidad, cuando las patotas de Moreno con UPCN rompieron el local gremial del INDEC amenazaron a mi mujer por teléfono, diciéndole “rubia, decile a tu marido que se calle, o se va a quedar sin mujer y sin hijos”. También hablé en la Isla Demarchi, en este último mes, denunciando que con la excusa del polo audiovisual están dejando sin trabajo a un montón de trabajadores portuarios y aparte están abandonando las funciones de dragado y balizamiento que para nosotros es estratégico. Y también participé de una Conferencia de Prensa, donde se anunciaba la marcha de las organizaciones que trabajan con chicos en situación de calle de la provincia de Buenos Aires, donde se denunciaba que la interna entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia deja sin fondos y mete el ajuste en las organizaciones que
trabajan con chicos. Lo más bajo y lo más débil de la sociedad.

- ¿Vos pensás que estos son hechos aislados o directamente que es una apriete, una amenaza?

No, que haya ocurrido en cuatro o cinco días tres eventos para mi es claramente una amenaza. Bueno, lo de mi mujer es más claro que no es algo que a uno le pasa cuando anda por la calle; de auto a auto, a esa hora es un lío de tránsito, hay un trabajo de inteligencia, la siguieron desde mi casa, yo estoy seguro, porque sino no se le pueden poner a la par y hacer esto que se hizo. Ahí hay un operativo fuerte. En el departamento que a mi me reventaron no hubo ninguna cerradura forzada, ni en el del vecino. Así que me parece que acá hay una infraestructura bastante grande que demuestra que estos no son hechos aislados o de delincuencia común.

- Carlos Chile, ¿Los robos a dirigentes de la CTA están pasando cada vez más seguido?

Hemos tenido episodios graves, como el secuestro de Pablo Micheli. No es nuevo, hay que decir que ninguno de los casos que hemos enunciado han sido esclarecidos. Pablo tuvo varios episodios, así que estamos preocupados, queremos denunciarlos, queremos hacerlo público, creemos que la mejor protección es la protección de una sociedad que repudia estos hechos y que por supuesto no queremos volver al pasado.

- ¿Y de quiénes sospechan ustedes?

La verdad que creemos que esa es tarea de la Justicia. Creemos que si rompieron los vidrios de una cafetería de Avenida de Mayo el 20 de noviembre, en un lugar tan céntrico, con tantas cámaras, me parece que el Estado tiene la potestad, tiene el poder, tiene el monopolio del aparato de investigación y son ellos los que nos tienen que dar respuestas a nosotros. Gran cantidad de compañeros y compañeras se acercaron a la sede de Avenida Independencia para solidarizarse con el secretario de Relaciones Institucionales. Estuvo presente Laura García Tuñón, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires; Pablo Micheli, secretario General de la CTA; Elia Spen, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y de la Mesa Nacional de la CTA; José Luis Matassa, secretario General de ATE Capital y Luis Opromolla, también miembro de la conducción de ATE Capital.

No a la impunidad

Por su parte, Pablo Micheli expuso: “Yo estoy acá porque soy amigo de Mariano, pero aunque no lo fuera estaría porque pasara con cualquier compañero o compañera que no conociera y que sea un militante del campo popular tenemos que estar al lado frente a esta situación. A mi me pasó y todavía me sigue pasando, hoy me amenazan por facebook, me dicen barbaridades, inclusive hasta la Presidenta se da el lujo de hacer referencia de un viaje a Miami. Cualquiera sabe que yo no viajé a Miami, y no puede ser que la Presidenta esté tan equivocada; no puede ser que no sepa quién rompió los vidrios de la Avenida de Mayo; no puede ser que no sepa quién me secuestró hace 4 o 5 años; no puede ser que no sepa quién me tiró la bomba de alquitrán en el frente de mi casa, cuando encontramos la bolsita con los tickets donde habían comprado los aerosoles.”

“Esta es parte de la impunidad que vivimos y la única manera de pararla es denunciándolo públicamente, acompañar a los compañeros que están en esta situación, rodearlos y decirlo públicamente. Y fundamentalmente seguir acumulando fuerza para pararlos, porque la única manera de pararlos es con la movilización popular, así que por esa razón yo estoy acá. Porque es lo que nos corresponde y lo que tenemos que hacer frente a una situación como esta.”, concluyó el secretario General de la CTA.

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Boletín de CORREPI

Gerardo Martínez y su patota: Represión y encubrimiento, las dos caras de una política de estado / Avanza la coordinación en la lucha antirrepresiva / Maverick: Invirtiendo en represión / Libertad a los presos de Corral de Bustos.
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Gerardo Martínez y su patota: Represión y encubrimiento, las dos caras de una política de estado
El martes 27 de noviembre, varios integrantes de organizaciones ambientalistas autoconvocados en la legislatura de Chubut, que se oponen a la minería contaminante, fueron reprimidos por 500 patoteros de la UOCRA contratados por funcionarios del gobernador Martín Buzzi. El resultado fue de varios heridos, algunos de gravedad.
La misma semana, varias organizaciones populares, entre ellas CORREPI, se concentraron en las puertas de los tribunales de Comodoro Py para exigir la reapertura de la causa contra Gerardo Martínez, alias Gabriel Mansilla, su "nombre de guerra" cuando era un informante del batallón 601 en la ultima dictadura militar.
La causa contra el secretario general de la UOCRA , que hoy forma parte de la CGT oficialista en la que se apoya el kirchnerismo, fue archivada porque, según los jueces y fiscales "No se registran desapariciones de trabajadores de la construcción al momento en que Martínez ingresó a los servicios de inteligencia" (ver boletín N° 674).
Lo cierto es que la causa fue archivada por orden del gobierno, quien necesita a Martínez para, por una parte, contrarrestar la ruptura con el moyanismo, y, por la otra, tercerizar la represión, como es el caso de Chubut.
Cuando un periodista le preguntó a Mateo Suárez, dirigente de la UOCRA en Chubut, si ellos habían actuado por voluntad propia, la elocuente respuesta fue "Nosotros no hacemos nada por cuenta propia". Claro que no, ellos son el garrote que ejecuta las políticas represivas del estado.
El jueves, la audiencia que estaba prevista para tratar la reapertura de la causa a Gerardo Martínez en la cámara federal se pospuso por "problemas de agenda de los jueces", hecho del cual se dieron cuenta el mismo jueves, aparentemente, ya que nada se notificó a las partes, en otra maniobra clara para continuar encubriendo al leal represor de ayer y hoy. En la nueva fecha fijada, martes 11 de diciembre, a las 10:30, volveremos a movilizar junto a los compañeros del SITRAIC, AEDD y todos los que denunciamos no sólo el pasado al servicio de la dictadura del burócrata, sino también su presente al servicio del actual gobierno, siempre para reprimir trabajadores.

Avanza la coordinación en la lucha antirrepresiva
Hace poco más de un año, compañeros de diferentes organizaciones antirrepresivas de todo el país, nos planteamos aunar esfuerzos para que nuestra lucha se visibilice y sea cada vez más fuerte. Así, llegamos a noviembre de este año, para realizar el 3º Encuentro Nacional Antirrepresivo. Son parte de esta iniciativa compañeros de Córdoba, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Mar del Plata, Olavarría, Rosario, El Bolsón, Gran Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires.
El trabajo conjunto de todo un año se vio reflejado en importantes avances en la discusión y la organización, y se plasmaron en el crecimiento del Encuentro, que llega a más lugares del país.
Frente a la política represiva del gobierno que se perfecciona y que sostiene los índices de asesinados por el gatillo fácil y la tortura, la impunidad ante los hechos de desapariciones, la persecución y los asesinatos a los que luchan, desde el Encuentro construimos diariamente, en distintas provincias del país, una coordinación que nos permite enfrentar juntos esta nefasta política con la que se ataca sistemáticamente al pueblo.
Mientras los esfuerzos del gobierno por cooptar organizaciones y despegarse de la responsabilidad política de los hechos de represión ante la "opinión pública", hoy particularmente planteando una "Campaña contra la violencia institucional", desde las organizaciones antirrepresivas nos toca contrarrestar este discurso y organizarnos más y mejor. En estas tareas están puestos nuestros esfuerzos en los que damos pasos firmes en el camino de la lucha.
Hoy podemos plantearnos que, a lo largo y ancho del país, ante cada hecho de represión, somos muchos más los compañeros que responderemos con ORGANIZACIÓN Y LUCHA.

Maverick: Invirtiendo en represión
Este mes llegó a Argentina una nueva herramienta represiva, el blindado Maverick. El vehículo, con el que nos encontraremos próximamente en las calles reprimiendo manifestaciones, tiene capacidad para 12 policías, está completamente blindado y fue construido específicamente "para las Fuerzas Policiales y organismos encargados del cumplimiento de la Ley , con el fin de controlar disturbios, el orden público y operaciones especializadas," según la descripción de sus fabricantes, el Grupo Paramount (http://www.paramountgroup.biz/es/maverick). En otras palabras, es un vehículo hecho concretamente para reprimir manifestaciones.
El Grupo Paramount es una empresa sudafricana que se dedica a fabricar armas y elementos represivos para gobiernos en todo el mundo y se presentan de la siguiente manera: "Porque queremos la paz, trabajamos para la defensa y la seguridad interior", frase que expone una realidad: la paz se hace con balas y ellos trabajan para eso, construyendo armamento para reprimir. Sabemos que el orden social se garantiza reprimiendo a quienes se opongan, como pueden ser los trabajadores llevando adelante luchas por sus reivindicaciones, como bien supieron los 33 mineros fusilados este año en Sudáfrica cuando estaban haciendo una huelga. El armamento que utilizó la policía del estado Sudafricano para fusilar a los mineros y así, terminar con la huelga, fue hecho por el Grupo Paramount.
El blindado está siendo probado por la policía de Buenos Aires, para su pronta incorporación al arsenal represivo con el que cuentan las fuerzas de seguridad del Estado. De esta forma, el gobierno kirchnerista mantiene su inversión en elementos de represión. Frente a un escenario donde la crisis económica pesa sobre las espaldas de los trabajadores, y donde los reclamos del pueblo y los trabajadores se hacen sentir cada vez más, el gobierno sabe que, si quiere cumplir su tarea de garantizar ganancias a los empresarios y el orden que necesitan para esto, deberá seguir reprimiendo.
De hecho ha sido éste el gobierno que más efectivos policiales, gendarmes y prefectos puso en la calle, y el que más ha invertido en represión. En palabras del diario kirchnerista Página/12: "El presupuesto de la Policía Federal , la Gendarmería , la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria creció 800 por ciento en los últimos años. La Gendarmería tiene hoy 30.435 efectivos, 70 por ciento más que en 2003, y del año pasado a éste creció en mil efectivos. Sólo en 2011 y en lo que va 2012 se compraron 156 automóviles, 153 camionetas, 66 camiones, 20 furgones y 71 cuatriciclos. Seis mil efectivos se sacaron de las zonas de frontera y se sumaron a la seguridad en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las rutas claves de varias provincias." (Nunca hubo tantos, Página/12, 26/08/2012), bastante para un gobierno que dice no reprimir la protesta social.
A poco de cumplirse dos años de la represión en el Parque Indoamericano, el gobierno no descansa en perfeccionarse su política represiva.

Libertad a los presos de Corral de Bustos
El 4 de diciembre de 2006, los vecinos de la localidad cordobesa de Corral de Bustos, conocida como “el triángulo de las bermudas” reaccionaron masivamente hartos ya de la impunidad, encubrimiento y complicidad con que jueces, fiscales y policías actuaron frente al asesinato de Ariana Sabache, de 3 años de edad. A la falta de atención a las denuncias de la abuela de la chiquita anteriores al hecho, se sumaron el manejo de pistas de aterrizaje clandestinas para tráfico de drogas a cargo de la policía local; fiscales y policías dedicados al armado de causas a favor de los ricos y poderosos; encubrimiento de mafias en el lavado de dinero; la trata regenteada por el poder político y judicial que fueron el detonante, junto a la bronca contenida durante años, para que luego del entierro de Ariana, el pueblo estallara en rebelión popular y se dirigiera a la plaza a manifestar su rabia.
Durante el entierro hubo tres detenidos, y en la plaza los esperaba un cerco represivo a cargo de la guardia de infantería que generó la indignación de los manifestantes y que terminó con el incendio del edificio de tribunales. En los días siguientes, comenzó una verdadera caza de brujas cuyo saldo fue de 42 detenidos, de los cuales 34 fueron llevados a juicio después de una instrucción plagada de vicios y denuncias de torturas.
Seis de ellos resultaron condenados a cárcel efectiva y otro tanto a penas de cumplimiento condicional: Víctor Barbero y Omar Pasquini, condenados a 7 años de prisión efectiva; Rubén Astudillo, Juan José Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio  Guayanes, a 5 años de prisión efectiva; Karina Ripoll, Pedro Dobba, Oscar Guayanes, Jorge Alberto Luna y Julio César Suárez, a 2 años de prisión de ejecución condicional y Hugo Dobba a 3 años de prisión de ejecución condicional.
Como muestra de la connivencia de los poderes del estado, están las acusaciones y las imputaciones por las que fueron juzgados los compañeros, propias del paquete de las denominadas leyes antiterroristas: “incitación a la violencia colectiva”, “coautores e instigadores de incendio doblemente agravado”, “lesiones en riña”, “fabricación y tenencia de bombas incendiarias”, “fabricación y tenencia de materiales capaces de causar estragos”, al solo efecto, y con la firme decisión política, de escarmentar la rebelión popular, criminalizar la pobreza y la protesta.
Las condenas no están firmes, pero los compañeros continúan presos, padeciendo las peores condiciones de alojamiento. El estado, que premia a los policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios asesinos y torturadores con beneficios a manos llenas, y sólo excepcionalmente los mantiene en las cárceles aun con condenas firmes hasta a prisión perpetua, en cambio, es implacable con sus enemigos de clase. Si para los presos pobres no hay excarcelaciones, morigeraciones, prisiones domiciliarias, ni nada salvo los húmedos muros de las cárceles, para los presos políticos, menos aún.
Por eso, hace unos días, tres de los compañeros presos en Corral de Bustos iniciaron una huelga de hambre, que luego levantaron, a la espera del resultado de las actividades a realizarse en Bellville y Villa María y la movilización a la Casa de Córdoba en Buenos Aires el 17 de diciembre.
Desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA) expresamos nuestra rotunda solidaridad con los presos de la pueblada en Corral de Bustos, reivindicamos su condición de represaliados por enfrentar al aparato de poder estatal, y reclamamos su inmediata e incondicional libertad.
A 20 años de la muerte de Rodolfo “Fito” Ríos y Sergio Durán: La tortura en cárceles y comisarías sigue siendo política de estado.
“A nosotros nos llegó una comunicación de que mi hijo había tenido una descompensación y que estaba internado en el hospital Pirovano. No nos dijeron nada de golpes. Entonces mi nuera fue al hospital y le dijeron que en ese momento no podía verlo, que estaba internado ahí, con custodia policial y que fuera al día siguiente. Cuando nosotros fuimos, el lunes a la mañana, a primera hora, estaba el policía en la puerta y le preguntamos. Dijo: '¿Qué, uno flaco y alto? Murió ese pibe'. Y no pudimos preguntarle más nada porque desapareció.” cuenta Delia Garcilazo (67), mamá de Rodolfo “Fito" Ríos, asesinado por agentes del Servicio Penitenciario Federal. “Preguntábamos en un lado, en otro... Después viene una mujer policía de la custodia y nos dice: 'Señora, ¿usted es la mamá del pibito que estaba preso? Está en la morgue, ya le dimos parte al juez. Ese pibe no murió así nomás: estaba todo golpeado y lleno de barro. Yo me encargué de bañarlo y de esconderle la ropa'. Ahí nos enteramos de que estaba golpeado. Estaba descerebrado. Le habían pegado con un palo que le rompió el hueso etmoides. O sea que automáticamente pasó de estar con todos los sentido a un coma cuatro; era irreversible.”
Para 1992, Fito tenía 24 años y estaba detenido en la cárcel de encausados de Caseros. El 21 de noviembre de ese año, Fito estaba charlando con un vecino del barrio con el que se encontró en un recreo y demoraron unos minutos en reintegrarse a los pabellones. Como castigo, ambos fueron aislados por los penitenciarios en un patio, al que bajó el Cuerpo de Requisa. Los patearon ferozmente, calzados en sus gruesos borceguíes, y los apalearon con sus bastones. Entre otras muchas lesiones, Fito, que llevó la peor parte, sufrió cuatro fracturas en la base del cráneo.
“Tuve que sacar entereza, porque mi nuera estaba con la beba que tenía dos años y diez días y se quería derrumbar. Entonces yo no se lo permití, le dije que no era momento de llorar, que con llorar no hacíamos nada. La dejé para que se tranquilizara y yo me fui para el Servicio Penitenciario Federal. En la cárcel de Caseros me querían hacer callar porque yo quería hablar con la persona que estaba a cargo. Les dije que a mí ya no me hacían callar más nada, porque mi hijo entró caminando ahí y me lo sacaron en un cajón, ¿y no me van a dar explicaciones? Me trajeron una psicóloga. 'No, no, yo no quiero psicóloga, no quiero nada', les dije. En ese momento yo estaba muy tranquila porque me propuse que no iba a llorar adelante de ellos. Mi hijo siempre me decía: 'Mami, el familiar de un preso nunca tiene que llorar ante los del Servicio Penitenciario porque ellos gozan'. Eso lo aprendí muy bien”, dice Delia.
Fue entonces cuando Delia comenzó a recorrer el mismo peregrinaje que le toca vivir a todas las familias pobres a las que las fuerzas represivas les asesina a un ser querido. Buscó ayuda en CORREPI para enfrentar el poderoso mecanismo de encubrimiento destinado a garantizar la impunidad de los asesinos a sueldo del estado. Siete años y medio después, comenzó lo que Delia caracterizó como una “parodia de juicio”. Durante los primeros cinco años de la instrucción, los jueces se empecinaron en acusar al otro preso por el homicidio. Recién entonces, y después de una importante movilización frente a la Cámara de Apelaciones, logramos que se imputara a tres oficiales jefes del SPF, los prefectos Mir, Tocayuk y Galarza, que llegaron a juicio acusados por "homicidio en riña", y en libertad, desde luego, defendidos por abogados de planta del ministerio de Justicia.
“La causa era enorme, no sé cuántas fojas tendría. El juicio tardó 7 años y 8 meses en llegar, pero yo todas las semanas durante ese tiempo fui al juzgado. Los martes a la noche nos reuníamos en la CORREPI y a la mañana yo me iba al juzgado. No había una sola hoja, un solo papel que no estuviera firmado; lo leí todo. En el momento en que estaban testimoniando empezaron a decir que no podía ser, como yo dije, que mi hijo hubiera trabajado en el mercado central. Empezaron a sacar todos los antecedentes de Fito y entonces yo interrumpí el juicio, les dije a los jueces que yo había venido a que se haga justicia por el delito que habían cometido con mi hijo, y no para que me saquen los antecedentes. A los antecedentes yo los conocía, no precisaba que ellos me los dijeran. Yo no quería que se juzgaran los antecedentes de mi hijo, él estaba muerto ya. Él estaba cumpliendo por lo que había cometido, si no terminó fue porque ellos no lo dejaron. Yo quería que ellos cumplieran lo que debían cumplir. Fue una parodia de juicio.”, recuerda Delia.
Las condenas a los jefes del Cuerpo de Requisa de la cárcel de Caseros fueron ridículamente bajas, como siempre. El oficial Galarza fue condenado a tres años de prisión en suspenso por “homicidio en riña”. Y los oficiales Tocayuk y Mir, a dos años en suspenso por encubrimiento. Así y todo, poco después la Cámara de Casación les revocó la condena.
Organizada en CORREPI con otros familiares de la represión estatal, Delia conoció a la familia Durán, cuyo hijo Sergio "Gondi" había sido asesinado pocos meses antes en la comisaría 1ª de Morón. Segio Durán era un joven verdulero que, con apenas 17 años, era padre de un niño. El 6 de agosto de 1992 fue detenido por el servicio de calle. Lo levantaron en un patrullero con la excusa de la averiguación de antecedentes, herramienta legal que el poder político le brinda a la policía para que pueda actuar discrecionalmente en el ejercicio del disciplinamiento y el control social en los barrios, generando temor y sumisión hacia los uniformados.
Dentro de la comisaría 1ª, Segio fue torturado durante ocho horas para que confesara ser el autor del homicidio de un vecino. El subcomisario Miguel Ángel Rojido; los oficiales Luis Alberto Farese y Jorge Ramón Fernández; y los cabos Raúl Rodolfo Gastelú y Hugo Nicolosi, golpearon a Sergio, le produjeron la ruptura de un diente y un corte en la lengua, lo asfixiaron empleando el “submarino seco” o “bolsita”, le aplicaron picana en los testículos y lo sometieron a maniobras sádicas de masturbación violenta que, además de constituir una tortura en sí, intensifica el dolor causado por la picana. La intensidad del dolor agotó los recursos biológicos de defensa de su cuerpo, descompensando el sistema nervioso y endocrino y produciendo un paro cardio-respiratorio. En otras palabras, Sergio murió de dolor. Doce horas después de su detención, lo llevaron muerto al hospital. La familia Durán y CORREPI, desde entonces, libran una batalla desigual contra la impunidad de los policías torturadores facilitada por el encubrimiento de sus colegas.
Jorge Ramón Fernández fue el primer enjuiciado. Fue condenado a prisión perpetua en 1995. En diciembre de 2003, sin siquiera cumplir 10 años efectivos de esa “perpetuidad”, fue excarcelado por los mismos jueces que lo sentenciaron. Hugo Nicolosi estuvo prófugo. En 2003 fue enjuiciado y condenado a prisión perpetua. Ya se encuentra en libertad. Raúl Rodolfo Gastelú, también estuvo prófugo. Fue condenado a prisión perpetua en 2005. Sin embargo, su condena aún no está firme, lo que significa que una vez cumplidos los plazos legales (dentro de poco tiempo), estará libre nuevamente. El subcomisario Miguel Ángel Rojido y el oficial Luis Alberto Farese aún están prófugos, mientras que la salud de Olga Durán, la mamá de Sergio, se deteriora tras 20 años de espera por verlos tras las rejas. Una y otra vez, los prófugos fueron encontrados en sus propios domicilios y denunciados a los medios por CORREPI, con la ayuda de vecinos que nos pasaron la información, porque, como dicen nuestros afiches con las fotos de los policías escapados, "Si los ve, NO avise a la policía".
En estos 20 años, la utilización de la tortura en cárceles y comisarías continuó siendo implementada en todo el país. En la última actualización del Archivo de CORREPI, contabilizamos 3.773 personas asesinadas por las fuerzas represivas estatales, desde diciembre de 1983. De ese total, el 39% (o sea, 1.471 personas) corresponde a muertes violentas en cárceles y comisarías. El uso cotidiano del “submarino seco”, la picana, el apaleamiento, el "pata-pata", el aislamiento en buzones, entre otros métodos de tortura, no escapa al conocimiento de fiscales y jueces, ni del poder político, ya que se debe a la aplicación sistemática de una política estatal en lugares de encierro, y no a meros “abusos” o “excesos” policiales.
“Desde hace 20 años no ha cambiado nada, -continúa Delia- siguen matando a los chicos sea el gobierno que sea, porque esto que pasó con mi hijo pasó en el gobierno de Alfonsín, pasó en el de Menem, en el de De la Rua , en el de Duhalde y sigue, sigue y sigue pasando. Políticamente no creo en ninguno de los gobernantes. Por eso yo una vez escribí que el 'Nunca más' es un nunca más mentiroso. Por esas palabras que yo dije una vez, tuve un problema con Alicia Conti. Para mí sigue igual, siguen matando a los mismos. Antes se perseguía a las ideas, ahora se persigue a las clases, y como los más vulnerables somos los pobres, a donde más nos quieren pegar es justamente en la clase baja. Pero creo que si nosotros, los familiares, nos ponemos firmes a luchar, podemos enseñarle a la gente también a que luche, que no se calle la boca, que reaccione. Yo aprendí que no hay que arrodillarse frente a los poderosos. Ellos también son vulnerables. Les tenemos que buscar la forma de que en algún momento podamos desgastarles ese poder.
Nuestra lucha, no tan sólo la mía, sino la de todos los familiares de CORREPI, es eso: hacer que la gente entienda, que nos comprenda. Este año se cumplieron 20 años del asesinato de Sergio Durán, muerto en la comisaría 1ª de Morón; se cumplieron 24 años del asesinato de Marcelo "Peca" Rivero, asesinado por policías de Rafael Castillo; se cumplieron 22 años de la muerte de Walter Bulacio.”
Su mensaje a las víctimas de la represión: “Yo no quiero servir de ejemplo de nadie, creo que cada compañero tiene su forma de luchar, pero lo que sí les puedo decir es que no es bueno quedarse encerrado en el dolor, porque ahí sí que los estamos matando del todo. Hay que ponerse la foto de ellos, hay que salir con ellos. Y entonces, no somos nosotros los que andamos en la calle. Es como que ellos son los que están hablando, los que están protestando, los que nos están dando fuerza. Es una forma de que uno salga a la calle. No puedo ser ejemplo de nada, no hago nada que sea sobrenatural, hago lo que como mamá debí hacer".

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Argentina, Chaco. Causa Caballero Residual: piden que se le inicie juicio a 13 represores

CHACO DIA POR DIA

El escrito, de 329 páginas, fue presentado este martes en el Juzgado Federal de Resistencia. Muchos de los imputados ya fueron condenados en otras causas de lesa humanidad.

El abogado que representa a familiares de víctimas del Terrorismo de Estado en el Chaco, Mario Bosch presentó un escrito al Juez Federal, Carlos Skidelsky, donde solicitó que se eleve a juicio una parte de la denominada causa Caballero Residual, en la cual se investigan secuestros, torturas, violaciones y desapariciones forzadas de personas perpetradas durante la última dictadura en la provincia. Pidió sentar en el banquillo de los acusados a 13 represores, la mayoría ya condenados en otras causas de lesa humanidad.

El escrito, de 329 páginas, fue presentado este martes en el Juzgado Federal de Resistencia. En el mismo, Bosch solicitó en primer término que se continúe con los requerimientos de instrucción realizados, “todos por tratarse de hechos diferentes a la pieza acusatoria aquí desarrollada”.

“Sin perjuicio de requerir la elevación de la causa a juicio de lo que hasta aquí se encuentra en condiciones de ser juzgado, a fin de garantizar el derecho de los imputados y de las víctimas a obtener una sentencia en tiempo razonable”, indicó.

La lista de los 13 represores sobre los que se requiere la elevación a juicio son: Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Enzo Breard, Albino Luís Borda, Ángel Jorge Ibarra, Miguel Pelozo, José Tadeo Luis Bettolli, Emilio Zarate y Saturnino Centurión.

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