martes, 11 de diciembre de 2012

El socialismo, ¿tiene futuro en Estados Unidos?

Dr. Jon Mack

Traducción Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Para el grueso de los estadounidenses, la expresión "socialismo" continúa recargada de connotaciones negativas que resulta más tentador eludir el tema por completo. Vinculado a los excesos más aterradores de regímenes totalitarios, desde Stalin a Pol Pot, y sinónimo de represión brutal de derechos y libertades, para gran parte de la gente estadounidense el término “socialismo” significa subordinar la dignidad y las garantías individuales al servicio de una dictadura burocrática y autoritaria del Estado que sólo sirve los intereses de una elite política que estableció las reglas y disfruta de todos los beneficios, mientras el resto sufre bajo la bota monótona de un opresivo e implacable control estatal, viviendo una depresiva desesperanza gris que aplasta las aspiraciones personales.

Incluso rara vez invocan los ideales socialistas quienes se auto definen como de izquierda en Estados Unidos. Barack Obama, por ejemplo, negó con vehemencia tener intención alguna de "socializar" la atención médica, para no hablar del conjunto de la economía del país. Aquellos que se sitúan a la izquierda del partido Demócrata también prefieren llamarse a sí mismos "progresistas" en vez de “socialistas”, y aún mucho menos “marxistas”.



El término socialismo es menos vilipendiado en Europa. Allí abundan los partidos con apellido socialista, que en alguna época hicieron mayoría en el Parlamento Europeo y, recientemente, accedieron de nuevo al poder en Francia. Pero, como exactamente preguntó el diario The New York Times (1), al referirse a la reciente elección de François Hollande como Presidente de Francia, "¿Qué significa, de todos modos, ser socialista en estos días? No mucho. Ciertamente, nada radical". Partidos socialistas de Europa, al igual que el partido Demócrata de Estados Unidos, pueden apoyar las políticas que benefician a una mayor parte de la población trabajadora, en comparación con sus rivales más conservadores, pero no conciben ningún reordenamiento radical del orden socioeconómico vigente.

El socialismo, entonces, es vilipendiado simultáneamente por los conservadores como una amenaza fundamental para la libertad humana, mientras sus "defensores" lo diluyen a tal punto que apenas se puede distinguir de un liberalismo tibio. Si, como afirma la gran prensa de Estados Unidos y Europa, el socialismo radical –aquél que prevé una reorganización significativa de la sociedad– no es más que un anacronismo, una filosofía política sin importancia contemporánea, ¿por qué siguen cultivando tan intensa hostilidad? ¿Y por qué algunos, como yo, continúan argumentando que el socialismo sigue siendo la alternativa más viable y representa una enorme mejora potencial del statu quo?

Tanto rechazo a considerar seriamente la alternativa socialista se explica en parte, principalmente en Estados Unidos, por la aversión reinante contra todo lo que se pueda identificar como "ideología". Casi todos los "ismos" son vistos hoy como palabras sucias, tanto entre “liberales” como entre conservadores. Toda noción de "ideología" resulta peyorativa e implica devoción por una causa estimada irracional y, a la vez, demasiado intelectualizada. Es como si el proceso de formulación de cualquiera estructura de ideas de alguna manera fuera responsable de todas las atrocidades cometidas en nombre de una ideología. La ideología del socialismo –que en términos generales significaría esencialmente algo más que las metas liberales– está doblemente recargada de connotaciones negativas. Los votantes de Estados Unidos pueden apoyar apasionadamente a una de las partes y odiar a la otra, pero la mayoría estaría de acuerdo en que ninguna ideología puede y debe ser parte de la discusión sobre cómo dirigir el país. Esta hostilidad se extiende a cualquier debate serio sobre los principios subyacentes acerca de qué es y cómo podría ser transformada nuestra sociedad.

Al extirparse del debate a la ideología socialista, el capitalismo continúa monopolizando el arquetipo de lo “inevitable”, a pesar de todas sus injusticias, desigualdades y miserias, y aún en el clímax del colapso inminente. Incluso evaden su necesidad de defender este sistema donde quienes más se benefician de la explotación de los trabajadores y de la absorción de la parte más gruesa y desproporcionada de los recursos del mundo, otorgándole statu quo de paradigma o alternativa única, disfrazándola con eufemismos como "economía de libre mercado", a la hora de describir un sistema que es cualquier cosa menos libre y nada parecido a un mercado abierto.

Es como si el capitalismo no fuera una ideología, sino simplemente un aspecto permanente y de apariencia "natural" del mundo moderno. Sin embargo, rara vez aparece como alternativa imaginable que los críticos del statu quo censuren su inhumanidad, su explotación generalizada y las privaciones que impone a tantos para beneficiar a unos pocos. Parece más fácil imaginar el caos, incluso el bíblico Armagedón, que el surgimiento de una sociedad más equitativa, más justa y con una organización social más democrática. A pesar que ya se aprecia gente levantando la voz contra la injusticia económica y la opresión política, rara vez observamos una clara visión de futuro que elimine la injusticia, la desigualdad estructural de oportunidades económicas, la distribución inequitativa de los recursos del planeta, la privación de los derechos políticos y la opresión. Nadie imagina que pueda tomar su lugar una sociedad más equitativa, más democrática.

Otra parte del problema radica en que quienes se oponen a un reordenamiento significativo de la sociedad se han apropiado del mercado de la "democracia". Mucha gente de mente abierta y progresista apenas puede comprender que el socialismo no sólo puede ser compatible con la democracia, sino que ésta es esencial para su éxito. La mayoría de nosotros reconoce que, al menos en Estados Unidos, vivimos una parodia de democracia legítima. Dicho de manera más simple: a pesar del avance intermitente –y retrocesos frecuentes– de la lucha por una "persona es igual a un voto" [en el sistema electoral estadounidense], hemos ido perdiendo más y más terreno en la lucha para que una persona sea igual a una voz.

Desde que la Suprema Corte de Estados Unidos entregó la presidencia en manos George W. Bush, sus decisiones han puesto dramáticamente otro clavo en el féretro de "la nivelación del campo de juego" en favor del poder de la riqueza en el control del gobierno, sin considerar a las corporaciones que declaran ser "personas" respecto a la libertad de expresión. Los gobiernos estadounidenses y europeos barnizan el sistema con la apariencia de que "cualquiera puede ganar", mientras garantizan perspectivas significativamente distintas, especialmente para la ideología socialista, que hoy no tiene ninguna posibilidad de llegar con sus ideas a un amplio sector de la población.

Evadir la discusión sobre la ideología socialista trae como resultado final que quienes exigen un cambio radical no han definido una visión clara de futuro y esto incluye a gran parte del movimiento Occupy de Estados Unidos. La consigna Somos el 99% es un grito de guerra brillante: la verdad es que sólo aquellos del “1%”, y muy probablemente todavía menos, son los beneficiarios del statu quo. Pero ese “1%” tiene aliados extremadamente poderosos en la clase dirigente (incluyendo a la mayoría de los políticos profesionales), a quienes pagan generosamente por servir sus intereses como “1%”. La mayoría, aún en la izquierda, se cuida de reconocer que un reordenamiento socioeconómico significativo implicaría cambios que afectarían no sólo a los muy ricos, sino también a quienes se consagran a su servicio.

Tampoco es concebible que el proceso de cambio será simple y fácil. La transformación de la sociedad será una lucha larga y difícil. No será la mera cuestión de aumentar los impuestos a los más ricos del “1%”. Y es absurdo tratar de vender este cambio como indoloro. Pero aún es más tonto abandonar los ideales socialistas porque sea difícil la lucha para alcanzarlos. No obstante, la batalla vale la pena librarla.

El núcleo del ideario socialista es la distribución equitativa de los recursos. Comienza con la riqueza económica, que se extiende al acceso amplio a la atención de salud y oportunidades anchas de educación, pero también incluye recursos políticos, es decir, acceso al poder y a su influencia. La realización final de este ideal se extendería a todo el planeta, más allá de las fronteras de los estados-nación. Y esto sería muy diferente a la "globalización" que vemos hoy en día: un mundo en que el accidente del nacimiento en un determinado país no condiciona el propio destino socioeconómico.

La proposición del capitalismo es todo lo contrario. Postula que cuanto más aumenten los recursos que ya controla el capitalismo, habrá acceso a la distribución de todos los recursos. Su único principio rector es la corporación, la unidad fundamental de la sociedad capitalista, cuya definición explícita establece su propia rentabilidad como razón de ser sine que non.

Las corporaciones, por supuesto, están compuestas por individuos. En el caso de las grandes compañías, estas individualidades son extraordinariamente ricas. Blindados ante prácticamente todas las formas de responsabilidad social, el único riesgo para estas personas es que pueda disminuir su participación en la riqueza de la corporación. El concepto básico en la definición de una corporación es que sus propietarios tienen "responsabilidad limitada". Así, la expresión "LLC" [en inglés, responsabilidad limitada de la corporación] que acompaña los nombres corporativos en Inglaterra, en Estados Unidos fue sustituida por el menos evidente término "Incorporated" [Inc., sociedad anónima]. El consejo de directores podría enterarse de pérdidas que podrían conducir a la quiebra a la corporación, pero sus finanzas personales están protegidas por la ley, así como sus prácticas, y ni hablar de la responsabilidad penal por el daño que su empresa puediera haber provocado al medio ambiente, a sus trabajadores o clientes.

Aunque derechamente el comunismo pueda declarar que "toda propiedad es un robo", la ideología del socialismo no exige el control gubernamental completo de todos los aspectos de la economía y la vida. La propiedad privada y la iniciativa individual a la escala razonable de pequeñas empresas son totalmente compatibles con la idea de que la gran mayoría de los recursos necesarios para todos –agua potable, electricidad, salud, participación en la toma de decisiones políticas, etc.– son esencialmente recursos compartidos que deben estar bajo control público. Ni siquiera hay nada que impida a una persona poder beneficiarse de sus propios esfuerzos. Lo único prohibido es beneficiarse excesivamente de la acumulación de capital hasta el punto de explotar y oprimir a los demás.

El potencial para el cambio social significativo subyace en el concepto Somos el 99% del movimiento Occupy. Sin embargo, incluso muchas de las personas más progresistas se muestran reacias a hablar sobre cómo la sociedad podría ser diferente. Hay un problema al desechar cualquier propuesta que se asemeje remotamente a un pensamiento ideológico: Al exponer las profundas fallas de la economía mundial actual y la privación amplia del voto que la acompaña, ¿hacia dónde se propone seguir adelante? ¿Cómo salir del actual precipicio? El “99%” es un punto de partida decente. Las luchas de los pueblos indígenas de Ecuador y Chile son otro punto de partida. Tenemos que empezar a formular cómo podría lograrse un mundo más sano.

Y es por esto que resulta un error eludir hablar del socialismo. Porque, y esto es medular, el estigmatizado socialismo todavía es una buena alternativa viable frente al capitalismo: los recursos sociales deben dividido en partes iguales entre los que hacen la obra, en lugar de un sistema que santifica el derecho de los ricos para controlar las leyes de la tierra y los recursos del planeta.

El socialismo contempla cambiar fundamentalmente esta relación. Propone que la economía de una sociedad sea controlada por los miembros de esa sociedad, no por la riqueza acumulada, ya sea por individuos o, peor aún, por "entidades corporativas" que no son más que conjuntos de individuos que cosechan los beneficios de la propiedad, mientras la ley los protege diligentemente de su responsabilidad individual.

Pero así como es riesgoso apegarse demasiado a la teoría, también puede resultar problemático avanzar sin tener clara la respuesta a la pregunta ¿hacia dónde vamos? Es devastador dejarse intimidar por el abuso y la denigración de la ideología socialista. Si el socialismo fuera tan anacrónico e irrelevante como dicen que es sus oponentes, entonces no habría ninguna reacción ante la más mínima sugerencia de considerarlo una solución a los violentos dolores económicos y políticos que acompañan al actual orden socio-económico y político.

En particular, hemos visto –y seguiremos viendo– en América Central y del Sur nuevas situaciones en las que el socialismo no puede ser tan fácilmente desahuciado, como lo es en Estados Unidos. Aunque Hugo Chávez en Venezuela o Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia no pudieran ser modelos perfectos de líderes políticos iluminados con una visión socialista, cada uno ha contribuido a mantener estos ideales en el centro de la discusión del reordenamiento de su respectiva sociedad. Sólo tenemos que observar la violenta represión en Nicaragua y Chile cuando avanzaron hacia la socialización de sus economías para comprender lo importante que es para los poderes asegurarse de que no exista alternativa alguna que se permita poner a prueba el statu quo socioeconómico. Desafortunadamente, particularmente en Estados Unidos, la mayoría de la población tiene un conocimiento limitado sobre el resto del mundo y una memoria corta para lo terrible. Pero jamás hay que olvidar el grado de apoyo violento prestado por Estados Unidos a los regímenes dictatoriales que trataron de borrar para siempre la noción de que los ciudadanos de otros países puedan elegir libremente a líderes imbuidos de ideales socialistas. Sólo esto nos debería recordar que esos ideales son vistos como una enorme amenaza para su hegemonía por aquellos que detentan el poder.

Para quienes buscan un cambio significativo, llegó la hora de sacudirse el miedo a ser tildados como radicales de ojos desorbitados, bolcheviques con bombas molotov y anarquistas que se adhieren a sueños marxistas largamente descartados. Necesitamos ser capaces de hablar con sensatez y apasionadamente sobre compartir los recursos del planeta y participar en los procesos políticos que procuran esta re-distribución.

*) El Dr. Jon Mack es psicólogo y presidente del gobierno municipal de una aldea del noreste de Estados Unidos. Escribe en la página web Reflections in A Cracked Glass (www.ReflectionsInACrackedGlass.com). Trabajó en Chile por cambios socialistas durante la época de Salvador Allende.

Referencias:
1) http://www.nytimes.com/2012/07/01/sunday-review/whats-a-socialist.html?pagewanted=all).

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Misiles patriot en Turquía obligan a Rusia llevar sus disuasivos a Siria

Enrique Muñoz Gamarra (especial para ARGENPRESS.info)

El 04 de diciembre de 2012 el Consejo de la OTAN reunido en un conclave que incluía a los 28 ministros de exteriores en Bruselas (Bélgica) aprobó oficialmente el despliegue de misiles Patriot en la frontera de Turquía con Siria. Esto fue complementado luego el miércoles 05 de diciembre de 2012 con otra medida, esta vez una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que el senado estadounidense aprobó para pedir al presidente, Barack Obama, imponga una zona de exclusión aérea sobre siria. Esto sencillamente fue muy grave que inquietaba muy fuertemente a Rusia.

Cierto, los Patriot en Turquía, que afectan en primer lugar la seguridad de Rusia, rompen acuerdos internacionales de posicionamiento del armamento estratégico y, en general, de absoluto irrespeto a las leyes internacionales, de hecho obligaría a Rusia mover sus disuasivos a regiones que al Pentágono simplemente no le iban a gustar para nada.

En efecto el Presidente ruso, Vladimir Putin, el 03 de diciembre de 2012, reunido en Ankara con el Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, filtró su advertencia a este respecto. Dijo así: “…me gustaría señalar que Patriot no es el mejor misil del mundo” (Rusia y Turquía: lo económico por encima de lo político” Nota publicada el 03 de diciembre de 2012, en: Radio la Voz de Rusia”). En realidad fue muy simple pero esa advertencia se oyó en todos los círculos de poder de occidente.

Por su parte, Xi Jinping, en su primera aparición como máximo dirigente de China (05/12/2012), no se quedó atrás y dijo así: “Frente a la complicada situación de la economía mundial y los asuntos globales (que incluye el asunto sirio) ningún país puede ir por su cuenta o mantenerse ajeno a los demás” (1).

Y hace sólo unas horas desde Global Research pude recoger estas notas los mismo que se basan en la información que maneja, hamsayeh.net: “Potential Military Confrontation: Russia Arms Syria with Powerful Ballistic Missiles”. Autor: Reza Kahlili Noticia publicada el 09 de diciembre de 2012, en Global Research. La nota en concreto dice lo siguiente: “Horas después del día martes en que la OTAN acordará el envío de misiles Patriot a Turquía, a causa de la crisis de Siria, Rusia envío su primer cargamento de misiles Iskander a Siria”. La nota es muy clara y continúa así: “Rusia había advertido a Turquía de no agravar la situación” Y, más adelante dice: “La entrega se habría producido desde los buques rusos atracados en Tartus Siria. Se desconoce cuantos de estos misiles se han entregado, pero las cifras presentadas (dice la nota), son suficientes para destruir los misiles Patriot entregados por la OTAN a Turquía. El iskander es un misil tierra-tierra que ningún sistema de defensa de misiles puede rastrear o destruir. Ya existen los iskander en kalingrado”. Entonces el asunto es muy serio.

Antes, el 30 de octubre de 2012, Rusia ya había advertido sobre esta situación, en este caso centrando su mirada en Europa. Veamos la siguiente nota: “El vicecanciller Serguei Ryabkov destacó que Washington debe repatriar sus armas de destrucción masiva instaladas en Europa y desmantelar las infraestructuras que permitan su activación. Rusia ratifica su disposición a dialogar sobre arsenales nucleares tácticos, pero insiste en la necesidad de que Estados Unidos retire de Europa sus armas de ese tipo, afirmó este martes el vicecanciller Serguei Ryabkov”. (2).

De hecho, con esto, las fuerzas están equiparadas y la reacción de Rusia y China sigue vigente.

Notas:
1) “Xi Jinping exhorta a cooperación internacional para abordar asuntos globales” Nota publicada el 06 de diciembre de 2012, en: Pueblo en Línea.
2) “Rusia exige retirada de armamento nuclear estadounidense” Nota publicada el 30 de Octubre del 2012, en: Juventud Rebelde.

Enrique Muñoz Gamarra es sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional.

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Crisis en Siria. Terrorismo: El Nuevo socio de la Comunidad Europea

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La Comunidad Europea de Naciones al reconocer al Jeque Ahmad Moaz Al -Jatib, presidente de la Coalición Nacional Siria para las fuerzas de la oposición como "representante legítimo" del pueblo Sirio, se embarca abiertamente en el reconocimiento del terrorismo como una fórmula para derrocar un gobierno, en este caso el de Siria.

Desde la perspectiva más esencial del derecho internacional y sus convenciones, el reconocimiento del Al-Jatib como un nuevo representante de Siria, legitima el terrorismo, viola el derecho internacional y contribuye a que el multilateralismo sea avasallado.

Han liderado este reconocimiento Francia, Reino Unido y Turquía y tras un encuentro entre Ahmad Moaz al-Jatib y los 27 ministros europeos de Relaciones Exteriores en Bruselas, la Comunidad Europea intenta legitimar una oposición que en los últimos 12 meses ha sido apoyada por contingentes de terroristas y mercenarios provenientes de varios países árabes e islámicos.

Como el veto de China y Rusia en la ONU no permitió la intervención militar “formal” respaldada por el Capítulo VII, la Alianza Transatlántica que sustenta la visión política de la Comunidad Europea, optó por la intervención “Proxy” a través de infiltrar terroristas e instalarlos bajo una matriz amplia y permisiva llamada “ejército rebelde”.

Desde este reconocimiento, la crisis Siria se aparta de la vía multilateral de Naciones Unidas que ha sido en la práctica avasallada por esta decisión. El reconocimiento desafía la propia Carta de Naciones Unidas en cuanto a “no patrocinar intervenciones armadas unilaterales o grupales al margen de las previsiones orgánicas y funcionales de la Carta. Estas previsiones contemplan operaciones de organismos regionales autorizados por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La política del multilateralismo invocado por Naciones Unidas consiste en que, cuando en un país se han desatado violentamente las fuerzas sociales o se produce una situación de enfrentamiento, como la que está ocurriendo en Siria con la infiltración de terroristas y mercenarios extranjeros por las fronteras, se debe evitar la internacionalización del conflicto obligando al embargo de armas y asistencia militar a los contendientes. El objetivo es que los pueblos determinen su destino sin la injerencia extranjera. Ese es el objetivo de la Carta de la ONU.

El silencio generalizado en la llamada comunidad internacional para no denunciar estos hechos, se hace cómplice de la continua infiltración de terroristas en Siria. El problema central consiste precisamente en que el objetivo de derrocar un gobierno no cuenta con el respaldo multilateral que legitime la operación. La coalición de países formada para derribar a Basher el - Assad, no tiene legitimidad y no opera con los principios del derecho internacional y este reconocimiento al Jeque Al-Jatib es un intento de legitimarla.

El reconocimiento al mimo tiempo legitima al terrorismo y si existiera un multilateralismo que haga cumplir la Carta de Naciones Unidas y que el derecho internacional haga respetar un marco mínimo de normas en convenciones, la Unión Europea estaría expuesta a una sanción internacional de envergadura. Sin embargo hoy esa Carta ha sido permanentemente violada desde que Vietnam invadió Kampuchea para derrocar al gobierno del Khmer Rouge, pasando por las intervenciones en Somalia, Ruanda, y últimamente Irak.

Con el conflicto Sirio la tendencia tanto en la ONU como en la Comunidad Europea, ha sido omitir el terrorismo como el principal problema en los enfrentamientos armados. No es una guerra civil como se propaga. Al encapsular el terrorismo en Siria dentro de la noción de una guerra civil, los gobiernos partidarios del derrocamiento violento han vulnerado la Carta Fundamental de la ONU, hecho que continúa siendo omitido por las mismas naciones que intentan derrocar al gobierno.

En la reciente reunión de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, dedicado a discutir un proyecto de resolución sobre Siria, titulado: “Promoción y protección de los derechos humanos”, no existe una condena a los grupos armados y de terroristas que se envían a Siria para derrocar el gobierno. En cambio responsabiliza al gobierno sirio de las consecuencias de los enfrentamientos para detener a las hordas de terroristas.

En el proyecto de resolución tampoco hay una alusión a los países que instigan terrorismo en Siria promoviendo iniciativas para detener la violencia y desarmar a los grupos terroristas armados. El documento de la Tercera Comisión mencionado no promueve la necesidad de sentarse a la mesa de diálogo nacional para resolver la crisis basada en el plan de los seis puntos de Kofi Annan, la Declaración de Ginebra y la Misión de Brahimi, el enviado especial de la ONU. Los patrocinadores del proyecto de resolución, entre ellos Arabia Saudita, Marruecos y Qatar, constituyen un componente importante del problema porque son los promueven y financian la sedición sectaria en Siria.

Es una batalla contra el tiempo porque la principal idea de la Comunidad Europea y de Estados Unidos que hasta el momento ha estado más cauto, es vencer en la campaña mediática donde el principal objetivo es derrocar al gobierno en Siria.

Los informes del reportero Seymour Hersh, especializado en Irán y Medio Oriente, exhiben una extensa documentación acerca de la “conexión” política Saudí-Israelí y la contribución monetaria Saudí y Qatarí en el plan de desestabilizar El Líbano, Irán y Siria. Particularmente relevante es el artículo “The Redirection” (5 de marzo, 2007; The New Yorker), en donde se anticipa el escenario del envío de terroristas a Siria para derrocar su gobierno y el ataque a Irán, que es la gran presa.

El periódico libanés “al-Akhbar” reveló en varios canales libaneses, las grabaciones que prueban la vinculación del diputado Ukab Saqr, de la Corriente al-Mustakbal, en el contrabando de armas y el envío de dinero a los terroristas en Siria. La agencia de noticias iraní “Fars” afirmó el sábado 8 de noviembre que Qatar envió en las dos últimas semanas a dos grupos armados pakistaníes integrado por cerca de 70 milicianos para combatir en Siria. Qatar promueve el terrorismo en Siria desde el inicio de la crisis enviando terroristas de los grupos salafistas a Siria, incluyendo grupos de Balochistán, Pakistán.

En el edificio de Naciones Unidas en Nueva York, circuló hace unos días una carta oficial del Gobierno Sirio a los miembros del Consejo de Seguridad, al Secretario General y al Presidente de la Asamblea General, conteniendo los nombres de 143 terroristas extranjeros muertos en los combates de Alepo, incluyendo libios, tunecinos, pakistaníes, saudís y qataríes, entre otras nacionalidades.

El documento describe el itinerario de terroristas entrenados para desestabilizar estados y que usurpan el nombre del Islamismo para demoler templos de Buda en Afganistán, atacar Nueva York, Madrid, Londres y muchos otros países. También cruzaron por la ciudad histórica Tombuctú en Malí, antes de facilitar su traslado a Alepo, Idleb y Homs en Siria.

Aún así, el terrorismo no forma parte del dossier para detener la violencia en Siria. Por el contrario, esta vez se ha convertido en el nuevo socio de la Comunidad Europea.

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¿Qué hacer para preservar el proceso revolucionario en Venezuela?

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Si se anhela lograr, en verdad, el cambio estructural que exige el pueblo venezolano y que contempla el proyecto revolucionario bolivariano, habrá que pensar en la conformación de un Estado de tipo comunal que sustituya en todas sus expresiones al viejo Estado burgués-liberal, institucionalizado por la democracia representativa durante cuatro décadas consecutivas. Para ello será imprescindible que hombres y mujeres con una evidente formación revolucionaria asuman la dirección de las instituciones, con el compromiso de trabajar realmente por esta tarea, de modo que los postulados fundamentales de la Constitución en cuanto a la soberanía, la participación y el protagonismo del pueblo se conviertan en rasgos constantes del ejercicio del poder en la Patria chica de Bolívar.

Se impone entonces que sean los mismos sectores populares quienes se planteen a sí mismos el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y, al mismo tiempo, el combate frontal y decidido a toda manifestación de reformismo que posibilite la reproducción de las viejas estructuras puntofijistas que aún sobreviven y obstaculizan el avance y fortalecimiento de la democracia directa. En tal situación, es necesaria una revisión objetiva de las gestiones de gobierno y cuál ha sido su contribución real para adelantar la transición hacia el socialismo revolucionario que todos invocan y alaban, pero que todavía se mantiene en un estado larvario, lo cual pudiera facilitar el retorno al poder de quienes adversan abiertamente el proceso revolucionario bolivariano. Esto amerita promover en todo el territorio nacional debates abiertos que fortalezcan la convicción revolucionaria de los movimientos populares, con propuestas generadas entre todos y una critica que desnude los vicios y desviaciones que pudiera estar sufriendo el proceso revolucionario bolivariano, sin que ello sea descalificado como una acción contrarrevolucionaria, encaminada a dañarlo.

Es preciso, por consiguiente, que los movimientos revolucionarios y progresistas emprendan igualmente una labor a favor de una eficiente y transparente gestión administrativa, la contraloría social y la democracia directa. Por lo tanto, la actual coyuntura política debe contribuir a despejar la incógnita que se presenta entre unas y otras organizaciones políticas y sociales respecto a la continuidad o no del proceso revolucionario venezolano. Esto requiere la mayor movilización de los revolucionarios para evitar que todo caiga en el vacío, desperdiciándose catorce años de protagonismo popular y de confrontación con las clases dominantes y el imperialismo yanqui. No será una tarea fácil, dado que gran parte de la dirigencia chavista -renuente a suscitar cambios y saltos cualitativos que consoliden el avance revolucionario- no estará dispuesta a perder los privilegios que ahora goza, lo que determinará ineludiblemente un enfrentamiento y una agudización de las contradicciones que tienen en relación a los movimientos revolucionarios y populares. Esta última situación -postergada en base al liderazgo desempeñado por Hugo Chávez y a la necesidad de preservar y de ampliar los espacios de poder conquistados- impone la producción de propuestas revolucionarias de alto contenido popular y socialista que puedan ser implementadas por las diferentes organizaciones del poder popular y sirvan de punto de partida para alcanzar el cambio estructural del Estado venezolano, unas nuevas relaciones de poder basadas en la participación popular y, por supuesto, la expansión democrática del proceso revolucionario bolivariano.

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Con el pasado no alcanza

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Los fuegos artificiales iluminan la histórica Plaza de Mayo enmarcando una fiesta por el Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia, mientras el discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner olvida unas cuantas cuestiones referidas a una categoría de derechos que fuera ensalzada como bandera a partir de 2003.

Ocurre que no alcanza con los juicios a los genocidas y represores, en donde solamente son juzgados unos pocos en lugar de ampliar la mirada hacia aquellos que, aún hoy, permanecen en las Fuerzas Armadas y de Seguridad que también colaboraron y actuaron contra nuestras y nuestros 30.000 compañeros. No alcanza con causas fragmentadas hasta el infinito, las que suelen omitir que aquí hubo un genocidio y sin contar con las clásicas chicanas de las defensas, las cuales buscan entorpecer el camino hacia la Memoria, la Verdad y la Justicia.

No alcanza con juzgar a unos pocos responsables civiles, cuyo emblema es César Pedro Blaquier, el terrateniente que colaboró económicamente con la dictadura genocida. Se olvida la participación civil en los diferentes ámbitos y dentro del mismo gabinete dictatorial. Un tímido avance es el pedido de indagatoria a ex - directivos de la Ford, pero olvidamos a los de Mercedes Benz. Se juzga a Juan Alemann y a Martínez de Hoz, pero se deja de lado a Guillermo Walter Klein y a Domingo Felipe Cavallo.

El discurso y la política oficial en materia de Derechos Humanos pretende hacernos ver que la defensa solamente está en el ayer y en la ampliación de derechos, como la llama el Gobierno Nacional, que es bienvenida pero se contrapone con el claro apoyo a los monopolios de Monsanto y de la Barrick Gold.

Clarín miente, Monsanto contamina y Barrick Gold saquea. Pero el kirchnerismo eligió el enemigo que supo ser amigo en otras épocas, cuando les prorrogó las licencias de los medios audiovisuales por 10 años. En aras del capitalismo nacional, también eligió... La nueva Ley de Semillas resulta un claro ejemplo de ello y la represión en las provincias mineras es un claro apoyo a las transnacionales como la empresa canadiense.

Sin embargo, los olvidos se suman. Jorge Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera Alegre, Daniel Solano y Miguel Bru son personas que han sido olvidadas por la democracia kirchnerista. Si nos horrorizamos de las desapariciones durante la dictadura, es mayor aún en tiempos de Estado de Derecho. La represión continúa de la mano de grupos de choque que, como bien define CORREPI, son los tercerizados que se ocupan de hacer el trabajo sucio que no pueden hacer las policías bravas provinciales. Pero el gatillo fácil resulta moneda corriente y sus responsables siempre son excusados por una justicia penal que prefiere colaborar con los uniformes de color azul o negro. De allí, la importancia de la Carta abierta de los familiares de víctimas de violencia institucional que, sin dudas, expresa una realidad que el kirchnerismo prefiere olvidar en su discurso y lleva a la práctica en sus acciones tercerizadas o no, y que es reflejada por los medios comunitarios, alternativos y populares a quienes se continúa retaceando el 33 % del espectro radioeléctrico; es decir, sus licencias para operar en la legalidad que pretende el Gobierno Nacional.

Nora Cortiñas, que será honrada con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, explicaba el pasado viernes durante la jornada llevada a cabo en IMPA, con motivo del 7 D, que no podemos olvidar a los pueblos originarios, como el pueblo qom e instó a seguir luchando contra la megaminería contaminante y la ley antiterrorista junto a la exigencia de una revisión urgente de la deuda externa, resaltando la actividad del fallecido Alejandro Olmos Gaona, quien tuvo la valentía de investigar el como, cuando y porque de una deuda que sigue agobiando a todos los argentinos.

Pero los olvidos continúan... Mientras el Censo 2010 habla de un 12,9 % de personas con discapacidad, el hambre sigue permitiendo el incremento de esta población. Niños con hambre en el país del trigo y de la carne que es alfombrado por el verdor de la soja en buena parte del territorio nacional. Una precarización laboral que abarca al 30% de las y los trabajadores, los cuales aún carecen de derechos como ser la de un sueldo digno y con aportes jubilatorios, vacaciones y aguinaldo, incluyendo a los mismos contratados estatales que, a estas horas, siguen sumando incertidumbre a su continuidad laboral.

Hambre, pobreza e indigencia son algunas de las problemáticas de los Derechos Humanos de hoy. Pero el capitalismo nacional, como todo sistema basado en la acumulación de capital, necesita de pobres y de indigentes para sostener los privilegios de clase de los enrolados en la Asociación de Bancos Argentinos, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina junto a quienes colaboran con las empresas transnacionales que siguen saqueando las riquezas de nuestro país. El capitalismo mata. Y eso no puede olvidarse por un instante. Y no hay razones de Estado que valgan.

Niños, jóvenes y adultos de nuestro país, ya sea en el interior, en el conurbano bonaerense o en la misma Ciudad de Buenos Aires continúan sumergidos en ese lodazal sin oportunidades. No alcanza con una netbook provista por la ANSES, cuando muchas veces ni siquiera la podrán cargar porque no tienen luz eléctrica en sus casas, si podemos llamar así a los precarios asentamientos rurales y urbanos. No alcanza con una política sanitaria que sigue los dictados del Banco Mundial y que se dispone a privatizar unas cuantas prestaciones.

Olvidos y más olvidos se suman en este día, desde lo discursivo a la praxis. Pero tampoco está exento el Gobierno de la Ciudad que también es responsable en su jurisdicción. Subejecución presupuestaria en materia socio - económica que se traduce en escuelas con deficiencias en su infraestructura, hospitales con una enorme precariedad en materia de profesionales y de prestaciones, sumado ello a la escasa atención a las personas con discapacidad, las que deben someterse a la espera estoica de 6 meses a un año para iniciar el trámite del certificado que acredita su condición y ahora también deben esperar 20 días para su entrega, cuando no se extiende a los 4 meses porque falta una firma o un empleado está ausente y tiene la llave del cajón con los certificados otorgados...

Con el pasado no alcanza. Nadie duda de la necesidad de continuar la búsqueda de la Verdad para hacer Memoria y exigir Justicia. Pero existen derechos básicos esenciales que deben ser garantizados y Adriana Calvo bien lo recordaba: El Estado es responsable...

El kirchnerismo podrá hablar de Derechos Humanos "en serio", cuando el Estado Nacional y los Estados provinciales cumplan con el deber de garantizar todos los derechos que les corresponden a la población en su conjunto; cuando la política económica, que define lo social, deje de apoyar a los monopolios mineros y agrícolas, y cuando las problemáticas sociales más urgentes sean atendidas y no sean evadidas a través de subsidios clientelares o de pensiones a granel.

Por eso mismo, con el pasado no alcanza... Buscar las alternativas para un presente y un futuro que merezca ser vivido por todas y todos los argentinos es imprescindible. Y solamente la lucha consecuente de la militancia podrá hacerlo realidad, porque también hay izquierda al lado de un kirchnerismo que prefiere no ver la realidad social existente...

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“Quieren ser blanquitos y europeos”

Dario Aranda (COPENOA)

Leyes que no se cumplen, un proyecto de Código Civil que resta derechos y el modelo extractivo que avanza. El Gobierno que divide organizaciones, medios y DDHH. Voces indígenas que interpelan.

La Ley de Comunicación Audiovisual no es la única norma nacional que no se cumple.

Los pueblos originarios tienen amplia normativa que protege sus derechos. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Convenio 169 de la OIT (norma internacional vigente en Argentina) y Ley Nacional 26160 (insta, desde 2006, a suspender los desalojos).

“Son décadas de lucha, no fue regalo de ningún gobierno, lo logramos con lucha”, aclara con voz firme la abuela huarpe Paz Argentina Quiroga, y de inmediato explicita la preocupación de los pueblos indígenas: “Mucho de lo obtenido está en peligro, el nuevo Código Civil que buscan aprobar quiere sacarnos derechos. No lo vamos a permitir”. Entiende que, junto con la Ley Antiterrorista (26734, sancionada en diciembre de 2011), el Gobierno avanza en la conformación de una ingeniería legal para avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas. El trasfondo: el modelo extractivo de agronegocios, petróleo y megaminería.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, presentaron el 27 de marzo el proyecto de reforma de Código Civil. Entre las novedades, promocionaron como hecho positivo que se incluiría la “propiedad comunitaria” indígena. Los grandes medios de comunicación replicaron el discurso oficial.

“Es curioso que nunca nos preguntaron a los afectados”, recuerda Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y del Consejo Plurinacional Indígena (CPI), espacio conformado en la marcha indígena del Bicentenario. Y advierte: “El nuevo Código Civil será un retroceso para los pueblos originarios”.

Quiroga y Nahuel aclaran que se vulneró los derechos indígenas desde el inicio de la reforma, cuando no se los consultó (como marca la legislación nacional e internacional), objetan que el proyecto proponga legislar sobre “inmueble” y no “territorio” (concepto mucho más amplio) y cuestionan que sólo mencionan “comunidad” (evitan referirse a “pueblo”, estatus superior de organización).

Quiroga, dirigente huarpe de San Juan, es la mujer originaria que en mayo de 2010 puso en aprietos a la Presidenta, en la misma Casa de Gobierno, cuando hastiada por la falta de respuesta presidencial a las demandas territoriales, le explicó que “el problema son las transnacionales que avasallan nuestros territorios”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tuvo respuesta.

Dos años después, Quiroga no duda: “El Código Civil que quieren aprobar le quita derechos a los pueblos indígenas”.

¿Por qué se oponen a la reforma del Código Civil?

Jorge Nahuel (JN): Tiene aberraciones como considerar a las comunidades indígenas dentro del derecho privado, en lugar del derecho público, como incluso lo marca la Ley de Medios. Equipara comunidades con clubes de fútbol, sociedades de fomento o consorcios de edificios. El Código Civil ha sido un elemento represivo con los pueblos indígenas. Entonces creemos importante que se actualice, por el momento actual que vivimos y porque suponemos que el Código debe durar décadas. Los pueblos indígenas tenemos un marco normativo alentador, la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por todo eso nos generaba expectativa, pero lamentamos la escasa participación y consulta que tuvimos los pueblos originarios para referirnos al tema. En ese sentido, es un claro retroceso, por eso lo denunciamos, es desalentador el tratamiento que se le está dando desde el Congreso. El desafío de los legisladores es definir qué sociedad quiere reconocer, si una sociedad con diversidad o
una sociedad represiva de la diversidad que viven en el territorio.

¿Por qué creen que no existió la consulta que marca la ley?

Paz Argentina Quiroga (PAQ): No es un descuido. Es coherente con la política del Gobierno, con el famoso modelo nacional y popular. Todas las políticas implementadas por este Gobierno para los pueblos indígenas son una continuidad del neoliberalismo de la década pasada, han cambiado de caras, pero sigue mandando un poder que atenta contra la vida indígena. Y el nuevo Código Civil viene a reafirmar este poder, es anticonstitucional y avasalla derechos adquiridos y logrados por tantos años de lucha. Por ejemplo, la propuesta de Código deja afuera la restitución de territorios indígenas, algo que está en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT (convenio supralegal que rige en Argentina). El proyecto no nos reconoce como pueblos, solo como comunidades. No reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, algo que incluso está explícito en la Constitución Nacional.

JN: El fondo del asunto es la confrontación de dos modelos de vida. Por un lado los pueblos indígenas que luchan por llevar adelante sus planes de vida o buen vivir, y por otro las industrias extractivas que avanzan a cualquier precio. Ante este modelo, los pueblos indígenas son la interferencia principal que tienen empresas y gobiernos en los territorios, y por ese necesitan dejarlos desguarnecidos en cuanto a la aplicación de derechos.

El Gobierno tomó la bandera de los derechos humanos y ha realizado cambios concretos respecto… Quiroga interviene antes de finalizar la pregunta. “Los derechos humanos del Gobierno llegan solo hasta los crímenes de los ’70. Los derechos humanos de los pueblos indígenas están siendo avasallado en todos los territorios. Hay violencia física, judicialización, asesinatos y también hay violencia ejercida por los gobiernos provinciales, aliados del kirchnerismo, que por acción u omisión atentan contra las comunidades”.

El reclamo por el Código Civil ha estado invisibilizado. ¿Han tenido apoyos?

JN: Hemos encontrado mucho apoyo en organismos de derechos humanos. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otros. Y también organizaciones sociales y de ONG jurídicas. Las instituciones que han estudiado el marco normativo indígena nos han dado una gran adhesión a nuestro reclamo. También nos han escuchado desde algunos sectores de la oposición, pero necesitamos que la mayoría del oficialismo no convierta este proyecto en un abuso de poder e impunidad. Se pondrá a prueba si serán abierto a un real debate en el Congreso o habrá abuso de autoridad sobre los pueblos indígenas.

PAQ: Estamos de acuerdo en que el Código Civil vigente es obsoleto, pero no ha habido consulta real a los pueblos indígenas, y eso muestra mala fe. Incluso se toma en los artículos referidos a pueblos indígenas una tesis académica de la jueza (de la Corte Suprema, Elena) Higton de Nolasco, la respetamos, pero es la cosmovisión occidental, sin consulta a los indígenas.

Desde el Gobierno afirman que hay muchas organizaciones indígenas que apoyan la reforma.

PAQ. Los que apoyan son los que están bajo las faldas del Gobierno.

JN. El Estado está manipulando el principio básico de participación y consulta de los pueblos indígenas. El Gobierno ha invertido gran cantidad de dinero para crear aparatos que le puedan ser útil a ese fin. Incluso ha llegado al extremo de fraguar firmas e inventar organizaciones. Ahí ha quedado de manifiesto el verdadero rol manipulador del aparato creado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Esta situación da lugar a un profundo replanteo del rol de manipulación del Gobierno entorno de la figura de participación indígena.

¿Cómo juega el INAI?

JN: Avala absolutamente lo que decide el Gobierno y da la espalda a la gran mayoría de los pueblos indígenas. El INAI debiera ser un ámbito que defienda los derechos indígenas, y en la práctica defiende al Gobierno y desprotege a las comunidades. Es el mundo del revés.

PAQ: El Gobierno desde el INAI ha dividido organizaciones indígenas, comunidades e incluso ha divido familias indígenas. Un Gobierno que se dice progresista divide hermanos y reprime a quien defiende el territorio.

¿Cómo debiera actuar el Gobierno para respetar el derecho a consulta y participación?

JN: Tiene que reglamentar ese derecho, algo que no ha hecho. Tiene que elaborar propuestas y dirigírselas a los representes de las comunidades, de organizaciones y de pueblos, ya que existen distintos niveles de representación. En Argentina hay más de treinta pueblos indígenas, y cada uno tiene su forma de organización.

¿Se puede hacer operativo?

JN: Claro que sí, pero con el tiempo que corresponde. No se puede hacer en 90 días, como querían con el Código Civil. Y menos sin procedimientos claros. Convocar a audiencias, como hizo la Comisión Bicameral del Congreso, no es lo que se debe hacer en cuanto al respeto de los derechos indígenas. El Estado debe garantizar la participación y consulta de los pueblos indígenas, es una obligación del Estado, debe destinar recursos, intérpretes, información y tiempo.

¿Por qué no lo hace?

JN: No quiere que participen los pueblos originario porque sabe que vamos a rechazar los que hacen en materia indígena. Por eso la situación indígena lo mantiene en la órbita del desarrollo social.

¿Qué sucede si el Código Civil se aprueba como lo envío el Ejecutivo?

JN: Entrará en el marco de la inconstitucionalidad.

Cuando la Presidenta y Lorenzetti presentaron el proyecto, todos los grandes medios de comunicación, a pesar de la polarización, remarcaron el articulado indígena como un hecho positivo.

PAQ: Los grandes medios desconocen el tema. Y los medios que están enfrentados al Poder Ejecutivo han tomado algunas de nuestras banderas pero sabemos que es algo momentáneo.

JN: Los grande medios empresariales son una representación del poder que siempre oprimió y saqueó a los pueblos indígenas. No podrían ser nunca nuestros portavoces naturales, todo lo contrario. Pero eso no quita que los pueblos indígenas utilicemos cualquier micrófono para gritar una verdad que está oculta. Tenemos que utilizar todos los medios posibles para denunciar.

Ya hace dos años de la histórica marcha indígena del Bicentenario. ¿Cuál es la evaluación a la distancia?

PAQ: La marcha puso la discusión indígena en otro nivel, nos visibilizó. Más allá de la falta de respuesta de la Presidenta, nos fortaleció como actores sociales y políticos. A dos años de esa marcha, el actual avasallamiento de derechos es totalmente coherente con la respuesta que la Presidenta nos dio ese día, donde nos reconoció que primero estaban el petróleo, la minería y la soja, y luego los pueblos indígenas.

JN: Hay dos estereotipos muy marcados sobre los pueblos indígenas. El estereotipo del “pobre indio”, marginal, camino a la extinción, obstáculo para la modernidad y el desarrollo, para el cual hay una política enfocada en marginalidad, en la ayuda social. Y está el otro estereotipo, elaborado también por el poder luego de las movilizaciones indígenas, el “indio secesionista”, que no respeta los valores nacionales, que promueve la desintegración nacional y que es terrorista. Son dos extremos. Al primero hay que dejarlo que se muera solo, al otro hay que matarlo por terrorista. El Estado promueve ambas visiones, te da comida para callarte o te apalea y te mete preso.

¿Cuál es la respuesta indígena a esos estereotipos?

JN: No somos ni uno ni otro extremo. Todos los avances de derechos que hemos tenido en el campo internacional sorprende a muchos, pero todo lo que planteamos en el ámbito local está encuadrado en los avances de derechos normativos constitucionales, que no han sido regalos sino que los hemos ganado con mucha lucha. En ese marco, la reforma del Código Civil no es inocente, está hecho para restarnos derechos y facilitar el avance del modelo extractivo. Necesitan asegurar el avance de las empresas petroleas, mineras, y lo hacen quitándonos derechos y territorios. Es coherente con lo que nos dijo la Presidenta en mayo de 2010, nos dijo que las extractivas era del modelo que defendía y que teníamos que “ser inteligentes” y adaptarnos a esa lógica, no oponerse.

Más allá de un gobierno o de los medios de comunicación, ¿por qué cuesta tanto que la sociedad sienta como propia las injusticias que padecen los pueblos indígenas?

PAQ: Vivimos en una sociedad con aristas bien marcadas de racismo y xenofobia. Nuestras banderas son negadas porque buena parte de la sociedad argentina reniega de su origen, muchos argentinos quieren ser blanquitos y europeos. Pero a esa sociedad le tenemos malas noticias: somos pueblos preexistentes a la propia Argentina, relegados en los 200 años de conformación del Estado, y seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos.

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Vivienda, especulación e inhumanidad

Carlos del Frade (APE)

Dicen que en la noche de los tiempos, el hombre se diferenció de las bestias por buscar un lugar donde protegerse. Aquella cueva original era el símbolo del inicio de la humanidad. Una metáfora que debería tenerse en cuenta en estos días crepusculares donde la existencia parece tener fecha de vencimiento en un planeta estragado por el sistema capitalista.

Lo humano está, entonces, directamente vinculado a la vivienda.

La casa propia, aquello que fue bandera y motor de la llamada dinámica social argentina de los años cuarenta y cincuenta.

Tener el techo propio era, simplemente, el anhelo de reafirmar aquella huella original que marca que lo humano está íntimamente relacionado con el lugar donde se vive, se ama, se descansa y se proyecta. Un lugar en el mundo para cada familia. Así de básico y ancestral.

Sin embargo el sistema no celebra la vida, sino el dinero.

La vida se inmola en el altar del dios dinero. No al revés.

De tal forma el credo de la realidad ordena que todo debe tener sentido si, solamente si, produce o es destinado a la producción de más dinero.

Si hay miles de familias que no tienen dónde descansar, amar y proyectar, si no tienen una vivienda digna es, simplemente, porque no la pueden comprar. Entonces que no vengan con derechos humanos o necesidades básicas insatisfechas. Si no hay dinero, no hay vida.

Cuando el año 1819 se tragaba la última posibilidad de consagrar en el trono de la vida cotidiana a la noble igualdad, el territorio que luego se llamaría la provincia de Santa Fe sufrió invasiones de ejércitos porteños que incendiaron sus principales villas, entre ellas, Rosario.

El fuego invasor se tragó las viviendas de la gente humilde que había sangrado y luchado por Artigas y su plan de democratización de tierras, educación y trabajo.

A principios del tercer milenio, de acuerdo a los últimos censos realizado en 2010, a doscientos años de la revolución de Mayo, aquella de la igualdad inconclusa, dicen que miles y miles de casas, viviendas y departamentos están vacíos; al mismo tiempo que casi cien mil familias no tienen un techo digno donde existir.

Fenomenal paradoja del sistema: hay casas para multiplicar dinero, hacer negocios, especular y hablar del boom de la construcción; pero no hay para que viva la gente simple, aquellas familias que como las primeras que pisaron el planeta buscaban un lugar para fundar la humanidad.

Dice la información que “el último censo reveló que en Santa Fe hay más viviendas vacías que familias sin casa. El relevamiento nacional arrojó que existen unas 200 mil unidades deshabitadas en territorio santafesino, unas 65 mil más que los registros de demanda de la provincia”, apuntaba la noticia. Y agregaba que “unas 285 mil hogares en la provincia son alquilados. Representan el 30% del total de viviendas particulares”.

En Rosario, por ejemplo, casi 80 mil son las casas vacías y suman 50 mil las familias que no tienen un lugar con comodidades mínimas para el desarrollo humano.

En realidad no se trata de una contradicción.

Es la consecuencia de un sistema que prueba su inhumanidad y rinde culto a la hipocresía.

Remarca el informe que “la problemática del acceso a la vivienda no se trata sólo de un fenómeno lineal de oferta y demanda, sino que está entrecruzado por situaciones de alta inequidad producto de propias desigualdades sociales que vive el país y la región. Por caso, en Santa Fe hay unas 195 mil viviendas deshabitadas, 65 mil unidades más que los registros de demanda habitacional que maneja el Estado provincial (unas 130 mil). Es decir, mientras muchos santafesinos aún no pueden acceder a un techo estable para vivir dignamente, un elevado porcentaje de unidades habitacionales está vacía, en general por cuestiones asociadas a dinámica de mercado”, sostiene el artículo.

Hoy la vivienda se piensa como un negocio, como una especulación, resultado de un sistema cada vez más inhumano y perverso. Eso sucede hoy en Santa Fe, allí mismo donde un general desesperado había inventado la bandera para dar una señal de esperanza e igualdad a los que sangraban por aquella revolución inconclusa.

Fuente de datos:
- Diario “La Capital”, domingo 2 de diciembre de 2012.

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Aguafuertes Ambientales: Nube tóxica en Buenos Aires… no quiero ni pensar…

Ricardo Luis Mascheroni (especial para ARGENPRESS.info)

Todos los que ya no somos tan jóvenes, tal vez recordemos, una famosa publicidad de un conocido pegamento, que por lo general se pasaba en los cines, en la cual a partir de un pequeño incidente doméstico, los servicios de emergencias (bomberos) llegaban al lugar del hecho y en una cadena de desaciertos chaplinescos, terminaban destruyendo todo.

Algo parecido se produjo en el puerto de Buenos Aires, días pasados, ante el escape o rotura de un recipiente conteniendo un producto tóxico destinado a la preparación de plaguicidas (insecticidas), que diera lugar a dimes y diretes y una gran cobertura de prensa, que se repartía entre este hecho, los coletazos e implicancias del fallo de la Cámara Civil sobre la guerra Clarín-Gobierno y la copiosa lluvia caída en aquella ciudad.

Cuál o qué era el químico liberado, es secundario a los fines de esta nota, no lo es para quienes debían o deberían actuar en la prevención o minimización de los impactos provenientes del incidente, que casi tres horas después de ocurrido, todavía no sabían de qué producto se trataba a tenor de los distintos reportes periodísticos.

Lo central es que infinidad de productos de igual toxicidad o directamente letales, ingresan al país o se transportan a lo largo y ancho de toda su geografía, atravesando en muchos casos ciudades de miles, cientos de miles o millones de habitantes, sin que los organismos encargados de velar por la seguridad de las personas en cada rincón de la misma, sean notificados con la antelación que el caso requeriría ante eventuales accidentes, o tengan la suficiente preparación y coordinación para evitar consecuencias lamentables.

No quiero en la presente cargar las tintas sobre los sufridos servidores públicos, que muchas veces exponen sus vidas y su integridad física con entrega y valentía, en condiciones precarias y sin los elementos adecuados.

Si quiero desnudar la impericia, falta de idoneidad e improvisación de aquellos que tienen la responsabilidad de evitar y minimizar las consecuencias de este tipo de eventos, que no son excepcionales y que se reiteran con demasiada asiduidad para mi gusto.

Valgan a tales fines y como ejemplos: el lamentable y doloroso caso de Cromagnón, el accidente ferroviario de Once, la caída cada vez más reiterada de edificios en construcción o el derrame de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda en 1993, que diera lugar al dictado de la hipócrita Ley 24.605, que instituyó el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, o la muerte de 25 bomberos voluntarios de entre 11 y 22 años, intentando apagar un incendio en Puerto Madryn, Chubut en 1994; entre tantos otros desastres.

Lo ocurrido en el puerto capitalino, nos habilitaría a decir como en muchas historias y relatos, que cualquier parecido con la realidad, es pura casualidad.

El incidente dejó a la vista la incompetencia, la negligencia y la impericia de los que tienen a su cargo las áreas pertinentes que deben atender estas emergencias. Tan es así, que en las primeras horas de ocurrido el mismo, las órdenes, alertas y recomendaciones, eran tan descabelladas y contradictorias, que podrían haber generado, de haber sido otro el químico, un desastre de magnitud.

Como Dios atiende en Buenos Aires, la lluvia ayudó bastante, por lo menos para aplacar la nube.

Quiero, sin ser un experto en catástrofes, y a tenor a los informes de prensa, resaltar algunas acciones o comportamientos que reafirman lo expresado:

1.- Tratamiento del producto con agua no bien iniciado el escape, lo que demuestra que no se sabía en qué consistía el mismo y que nadie consultó con la fojas de ruta del mismo (obrantes en el puerto, o eso creo) para saberlo, lo que agravó el problema.

2.- No utilización inmediata del equivalente local de la cadena nacional de medios de comunicación, con una conducción centralizada, que en principio impidiera que la gente salga a la calle hasta que se sepa cómo actuar, ya que en este aspecto las recomendaciones eran imprecisas.

3.- En estos casos, se debe impedir que los medios de transporte “entren con pasajeros” a la zona en cuestión, no interrumpir los servicios, lo que provocaría que en la necesidad de evacuaciones masivas, no se cuente con disponibilidad de ellos para agilizar las mismas.

Sinceramente espero, en beneficio de todos, que estas lecciones dolorosas sirvan para tomar nota y actuar en consecuencia, ya que en caso contrario y como lo expreso en el epígrafe, no quiero ni pensar, si en algunas de las centrales nucleares tan caras al sentir del Gobierno Nacional, se produjera un accidente de mediana intensidad, cuáles serían las consecuencias.

Si así no lo hicieran, Dios nos libre y guarde.

Ricardo Luis Mascheroni es docente.

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Publicidad non santa

Ximena Cabral (PRENSA RED)

La fuerte inversión publicitaria que la empresa Monsanto realiza en Córdoba junto a la negativa por parte del Consejo Deliberante de realizar una consulta popular que decida sobre la instalación de la planta en Malvinas Argentinas, hablan de una puja entre vecinos que resisten y gobiernos que apuestan a su radicación. En tanto, la Universidad Nacional de Río Cuarto pidió la derogación de los convenios firmados con la trasnacional.

En la misma semana que desde el Consejo Deliberante de la localidad de Malvinas Argentina se vetó el proyecto de ordenanza que promovía un plebiscito, Monsanto publicita en La Voz del Interior, el diario de mayor tirada, un aviso que habla de los beneficios y lo “inocuo” de su actividad.

Días antes, se hizo pública la decisión de Universidad de Río IV de declarar “no grata” la presencia de la corporación que, bajo un nombre fantasía, planeaba radicarse en la ciudad.

Cuestiones de valor

Dentro de la solicitada de una página- en la edición dominical del matutino-, Monsanto señala su compromiso, el desarrollo y el valor con la “agricultura sustentable”. Detrás de esas buenas practicas agrícolas como la rotación de cultivos y el uso “responsable” de agroquímicos se esconden otras la empresa que aposto al monocultivo de soja a partir de la introducción de la soja genéticamente modificada y dependiente del herbicida mas cuestionado del mundo.

También bajo el “promover la investigación” no se especifican las líneas y caminos del desarrollo en biotecnología y que significa “ese proyecto de valor”, que suceden con los desechos químicos, que implicaría el maíz modificado ni que se abre a partir del patentamiento de semillas.

En medio de esos interrogantes, publicitan que fomentan “un dialogo amplio y transparente con la comunidad” a partir de una selección de vecinos, referentes sociales, docentes para la planta modelo de Rojas, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en la solicitada no se hace mención alguna del rechazo de la consulta popular que demandaron los vecinos y que prevé los emprendimientos que implican algún impacto ambiental.

Instituciones fuera

La desestimación y el archivo de la denuncia formulada en relación a las irregularidades en el desembarco de Monsanto en Córdoba también fue noticia de la semana. La denuncia contra el Intendente de Malvinas Daniel Arzani, los ministros de Industria y Comercio de la Provincia, Jorge Lawson; de Agricultura y Ganadería, Néstor Scalerandi; además del contador Manuel Calvo; del ministro de Agua, Ambiente y Energía y del Secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco.

A esa negación se sumó la del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas que no hizo lugar al pedido de los vecinos para que la instalación de la empresa Monsanto se decida por una consulta popular. También rechazaron otro pedido dentro del mismo proyecto para prohibir las fumigaciones próximas a zonas residenciales. Esta última fue una iniciativa popular que propone prohibir la aplicación de cualquier producto a 2 mil metros de las casas y a 5 mil de escuelas y centros sanitarios.

En contraparte a este vacío institucional ante las demandas y alertas que manifiestas los pobladores y algunos especialistas, los docentes y el consejo Superior de la Universidad Nacional de Río IV hizo pública la derogación de todo tipo de convenios y protocolos de trabajo que se encuentren vigentes entre la universidad y Monsanto. Además de manifestarse el repudio de empresas asociadas a la multinacional, teniendo en cuenta la información que indicaba que la planta de experimentación con semillas anunciada por la trasnacional se estaría construyendo bajo el nombre de la empresa riocuartense Foc Seed.

Vienen por los medios

La fortísima campaña mediática que realiza Monsanto se basa en la distribución de pauta publicitaria en los diferentes medios de comunicación no solo de la localidad sino de la provincia.

La estrategia de ir “construyendo” una imagen propia vinculada al avance tecnológico y la “inocuidad” a partir de una supuesta “información” oculta una mera campaña publicitaria donde, a partir de desplazamientos y diversas formas metonímicas, sigue sin informarse sobre las características de estos centros dedicados a la biotecnología y que significa intervenir nuestras semillas. Los embargos y juicios de la empresa tampoco se difunden en ese marco.

De modo lateral, se van difundiendo y realizando otros actos de justicia para poder difundir los efectos de estos desarrollos y los costos en salud y calidad de vida de las poblaciones, auque la pulseada se libre en terreno desigual. Mientras unos pueden pautar páginas enteras otros apenas pueden lograr un recuadro, o algún breve en los periódicos para difundir la actividad.

5 D juicio ético a trasnacionales

Luego de una larga trayectoria realizando tribunas y juicios éticos a las centrales empresas trasnacionales en Argentina, se realizó la Sentencia Final del Juicio Ético Popular a las Transnacionales entregada al Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, y el Poder Ejecutivo.

Como parte de movimientos que integraron durante el año 2011 el Tribunal Ètico que juzgó a un conjunto de corporaciones transnacionales, entre las que se encuentran Monsanto, Repsol, Pan American Energy, Minera La Alumbrera, Cargill, etre otras.

Participaron y firmaron la sentencia final Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) - Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) -Alcira Daroqui (Carrera de Sociología UBA)– Alejandra Ciriza (investigadora de CONICET – feminista)-Andrés Carrasco (Investigador principal CONICET)-Carlos María Pagano Fernández (Profesor Universidad Nacional Salta) – Celina Rodríguez (Frente Popular Darío Santillan) – Gonzalo Basile y Luz Díaz (Médicos del Mundo) –Ignacio Kostzer (FUBA)- Javier Rodríguez Pardo (UAC)-José Seoane (GEAL) - Liliana Daunes (feminista)- Maristella Svampa, Mirta Antonelli y Norma Giarracca (Voces de Alerta) – Medardo Avila Vazquez (Médicos de Pueblos Fumigados) -Vicente Zito Lema (escritor, poeta)-Bernardino Camilo Da Silva (MST Brasil) - Berta Cáceres (COPINH Honduras) – Cristina Castro (Red Hermandad- Colombia) – Edgar Mujica - Unión Sindical Obrera (USO) – Colombia - Oscar Gonzalez – Irene Ragazzini - Acción Comunitaria-Global por la Justicia y la Dignidad: Es el tiempo de Nosotros los Pueblos – México - Robson Formica- Movimiento de Afectados por las Represas – (MAB) – Brasil - Tomás Palau – Base Is – Paraguay - Ada Gonzalez – Serpaj Paraguay - Guillermo Ortega – Base Is Paraguay.

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Argentina, Salta: Investigación contra el Juez de Corte Abel Cornejo, revela más irregularidades

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La grave denuncia e investigación contra el juez de Corte Abel Cornejo, por el faltante de miles de dólares, y el deposito en plazo fijo sin constancia oficial de dinero procedente de secuestros en causas por narcotráfico, cuando este se desempeñó como Juez Federal en Salta, arrojan irregularidades que van desde la sustracción de 100, hasta 15 mil dólares, complicando aún más la situación judicial de Abel Cornejo.

La investigación contra Cornejo y las pruebas con la que cuenta el Fiscal Federal de Jujuy, Domingo José Batule, establecieron que los hechos investigados podrían configurar el delito de “malversación de caudales”, previsto y reprimido por los arts. 261, 262 y 263 del Código Penal, cuya investigación y juzgamiento compete a la Justicia Federal. (art 33 del CPPN).

Para tal fin, el fiscal Batule, requirió en la instrucción del expediente 805/08, “se cite a prestar declaración testimonial a los Dres. Héctor Daniel Martínez Gallardo y Cristian R. Bavio por entonces Secretarios del Juzgado Federal, y a la prosecretaria Gabriela Macedo para que expliquen todo lo relacionado con el movimiento del dinero secuestrado en las causas N° 377/92 y 445/94". (Ver requerimiento de Fiscal Batule escaneado)

En la investigación contra Cornejo, que fuera iniciada por la Procuración General de la Nación, se detalla en un oficio que da cuenta que “en la caja n° 3 (Tesoro) –del Juzgado Federal N° 1 del que este fuera juez - se halló un sobre, con registro de efecto N° 031, correspondiente al Expte. N° 377/92, en donde figura consignado como reserva la suma de 120 dólares y que al ser abierto solamente había 20 dólares”.

Además, se dejó constancia, que el 08/10/08, la Prosecretaria Gabriela Macedo, entregó una fotocopia de una boleta de depósito a plazo fijo nominativo, de fecha 31 de agosto de 1995, por la suma de 11.000 dólares que correspondía a la causa 377/92, que se habría encontrado en una carpeta de la secretaria privada del Tribunal, habiéndose requerido en la investigación el informe respectivo del Banco de Nación Argentina sobre el movimiento de dicho depósito. Agregándose copia de la boleta de depósito a plazo fijo mencionado, de la que resulta que fue efectuado el 31 de agosto de 1995 con vencimiento el 3 de octubre de 1995, con un interés de 69 dólares, circunstancia de la que no hay constancia en las actuaciones.

También se describe en la investigación que durante la solicitud “del Expte. N° 445/94 al Tribunal Oral Federal de Salta, que en dicha dependencia se encontraba registrado como Expte. 607/98 caratulado “CASTELLON Víctor Marcial- WERNER Adán s/Contrabando de estupefacientes y falsedad ideológica y otros” (originario del Juzgado Federal de Salta- Secretaría Penal N° 2, Expte. N° 445/94 caratulado S/Infracción a la ley 23.737 c/ Espada Vázques y Cabrera Colque Teodoro), del cual resulta que en fojas 7/8, luce el acta de procedimiento de fecha 24/02/94, hs. 14.30, realizado por Gendarmería Nacional- Agrupación VII-Salta, en la Plazoleta 20 de Febrero de esta ciudad, donde se da cuenta del secuestro de 30 (treinta) Kg de cocaína a los causantes Luis Espada VAZQUEZ y Teodoro COLQUE CABRERA, mientras que a fs. 17, en igual fecha, a hs. 18:00, se describe el procedimiento realizado “en una habitación del domicilio sito en Pje. Tobías N° 68 de esta ciudad, correspondiente al “Residencial CAMIRI”, en el cual se alojaban los nombrados precedentemente, donde se encontró, entre otros efectos, una valija azul con rayas rojas que se encontraba cerrada con candado, que contenía la suma de U$S 15.000 (quince mil dólares), discriminados en ciento cincuenta billetes de cien dólares, detallados por serie alfa-numérica”.

Agregando: “Que a fs. 44, luce el Acta de elevación de la preventora, de fecha 25/02/94, del Sumario Judicial 2/94, recibido en igual fecha, a hs. 9.30, en el Juzgado Federal de Salta - Secretaría Penal N° 2, donde se consigna el traslado de los imputados Luis ESPADA VAZQUEZ y Teodoro COLQUE CABRERA y la remisión de los efectos secuestrados entre lo que resulta un sobre abierto conteniendo ciento cincuenta billetes de 100 dólares que hace la cantidad de U$S 15.000 (quince mil dólares), y de veintitrés (23) paquetes de cocaína”.

Mientras “en fojas 45/46, del expediente luce el acta de recepción de efectos realizada por la Secretaría, de fecha 24/02/94 a hs. 20:35, donde a fs. 45 vta., reza, “…… billetes de 100 U$S” de serie…” (se consigna la serie, por cada uno, alfa numérica) de ciento cuarenta y uno (141) billetes de cien dólares. Y que a fs. 47, luce el decreto de fecha 25/02/94, dónde el Juez interviniente, Dr. Abel Cornejo, ordenó, en el tercer párrafo, que se remitan los efectos secuestrados al archivo del Tribunal”.

En el expediente en cuestión en “fojas 85, luce constancia de fecha 10/03/94, de la recepción de los efectos incautados en autos, signada por el Prosecretario Administrativo a cargo del Archivo y Depósito (firma sin sello aclaratorio) bajo el siguiente detalle: “dos valijas (una) de color gris - de cuero – conteniendo en su interior varias ropa usada, (una) de tela color azul conteniendo en su interior ropa usada”, reservadas bajo Registro N° 14- N° de Orden 15”. No describiendo la constancia de recepción sobre los 15 mil dólares, secuestrados durante el procedimiento.

La denuncia y el inicio de la investigación contra Cornejo

La investigación contra el juez de Corte Abel Cornejo se inicia con una correspondencia recibida el 18/06/08 en la Procuración General de la Nación en dónde se denuncia “una grave incorrección cometida en el ejercicio de su función por el Juez Federal de Salta N° 1, Dr. Abel Cornejo”, detallando que en la causa caratulada “Mamaní , Julio Walter y otros s/Infracción ley 23.737”, se había condenado a los imputados por “los delitos de transporte de estupefacientes, almacenamiento de esa sustancia, guarda de elementos destinados a su fabricación agravado por el número de personas intervinientes”, y que además del estupefaciente en el domicilio de Martín López se incautó gran cantidad de dólares estadounidenses (U$S 59.000), mientras que a Fuentes Ayala se le secuestró la suma de U$S 32.000.

En dicho escrito, se manifiesta que “el juez Cornejo aprovechando el cargo que ejercía y de la circunstancia de que por el sistema procesal anterior no correspondía la elevación de la causa, ni de los efectos secuestrados al Tribunal Oral respectivo” se “apoderó” de los U$S 91.000 y los utilizó “en provecho propio construyendo en un terreno de propiedad de su ex familia política...” una “..importante casa de dos plantas ladrillo a la vista”.

Se especifica, en el escrito que la maniobra consistió en guardar el dinero y el expte., en la caja fuerte del juzgado (donde permanece hasta la actualidad) omitiendo realizar el depósito correspondiente y la remisión al archivo general, evitando con ello que los fondos incautados tuvieran el destino de ley.

Sindica que el magistrado fue postulado como Juez de la Corte de la Provincia de Salta por lo que solicita “tomen cartas en el asunto” para que no desaparezcan las pruebas de la conducta delictiva, ya que “el juez captó ilegítimamente el botín de los delincuentes”. Resalta que “procederes de esta calaña deben ser sancionados”, más aún cuando proviene de jueces de la Nación.

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Mujeres luchan contra el machismo político en Bolivia

XINHUA

Las mujeres, salvo contados casos, históricamente no han existido en la política boliviana, realidad que comenzó a cambiar lentamente en la última década y se consolidó en los últimos cinco años, cuando ganaron espacios importantes de poder.

Legisladoras, analistas, gobierno y organismos, coincidieron por separado, que la realidad de la mujer en la vida política boliviana cambió radicalmente, aunque la "cultura patriarcal" persiste, principalmente en el área rural, donde se evidencian duros ataques a las autoridades femeninas.

En los últimos años se experimentó una importante apertura a las mujeres en espacios públicos y de poder, sobre todo en el gobierno de Evo Morales, pero aún persiste una brecha amplia para alcanzar la equidad de género por la prevalencia del machismo, reconocieron políticos opositores, oficialistas y el Observatorio de Género.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó que el gobierno del presidente Morales está trabajando para terminar con el machismo, que es una "herencia colonial".

"Las raíces coloniales que dejaron los españoles y que se han alimentado en la República, que tiene que ver con el patriarcado y la negación de la diversidad, por lo tanto con el racismo, las expresiones de superioridad de los hombres y raza, continúan vigentes, es una realidad", afirmó.

Es una evidencia de que la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder aumentó considerablemente; sin embargo, las estructuras patriarcales en todos los niveles sigue siendo la traba a una plena libertad para la real equidad de género, pese a que las mujeres son mayoría en el país.

Es precisamente en democracia que se lograron una serie de conquistas formales, pero aún no objetivas, que se iniciaron con la Ley de Cuotas y que se multiplicaron en los últimos años desde la formulación de la Constitución Política del Estado.

El analista político, Hugo Gutiérrez Cory, comentó que los avances legislativos más importantes fueron el establecimiento de la paridad y alternancia incluidas en la Ley del Régimen Electoral en 2010, el hito histórico de la Ley contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género, y la futura Ley de Despatriarcalización del Estado, que aún está en redacción.

El politólogo considera que los avances en cuanto a presencia de mujeres en ámbitos de poder se "dispararon" desde la nueva Constitución aprobada en enero de 2009 por voto ciudadano.

Sin embargo, dijo que aún están enraizadas las estructuras patriarcales presentes en todos los aspectos de la vida desde hace siglos y que dependerá de la formación y difusión de las leyes que benefician a una mayor participación de las mujeres.

De acuerdo con datos al Observatorio de Género, la equidad de género de "50 y 50" aún está lejos porque en los cuatro órganos del Estado se manifiesta la presencia mayoritaria de varones en cargos de titulares.

La senadora opositora Sandra Soriano manifestó que las victorias contra el patriarcado son innegables con los beneficios políticos para las mujeres, pero no significarán más que logros formales si es que no se acompaña el proceso de manera real.

Ganan espacios de poder

Pese a las medidas legales aprobadas en la última década que permitió una presencia importante de mujeres en cargos públicos, aún el 50 por ciento de espacios en los órganos de poder está lejos, según datos proporcionados por la Mónica Novillo, responsable de Incidencia, de la Coordinadora de la Mujer.

La paridad y alternancia es expresada de la siguiente manera en la Ley del Régimen Electoral: Artículo 11. (Equivalencia de Condiciones). "La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a su cumplimiento, conforme a los siguientes criterios básicos".

De acuerdo con el ministro Quintana, son las nuevas disposiciones normativas y la Ley de Régimen Electoral las que han permitido posteriores conquistas como la Ley Contra el Acoso y Violencia Política y la mayor presencia de mujeres en cargos de gobierno.

Dos de los cuatro órganos del Estado están presididos por mujeres: el Legislativo, por Gabriela Montaño en la Cámara de Senadores y Rebeca Delgado en la Cámara de Diputados, y en el Electoral, por Wilma Velasco.

Según la información de Incidencia de la Coordinadora de la Mujer, la proporción de género entre autoridades del órgano Ejecutivo está marcado por una mayoría de varones. La presidencia y vicepresidencia están presididas por dos hombres.

En el gabinete ministerial, si bien en el penúltimo gabinete la paridad era 50 por ciento para ambos sexos, en este último consejo de ministros la distribución es 13 ministros y siete ministras que representa un 35 por ciento.

En el Legislativo, la disparidad se mantiene más en la Cámara Baja, donde 99 son diputados y 31 diputadas que representa un 23,8 por ciento. En tanto que en la Cámara Alta 19 son senadores y 17 senadoras que significa un 47 por ciento.

En el Organo Judicial, gracias a las últimas elecciones se logró casi la equidad de género, pues se tienen 16 magistrados y 12 magistradas que alcanza el 43 por ciento de representación.

En el Organo Electoral también la diferencia es mínima para la igualdad porque cuatro son hombres vocales electorales y tres mujeres que representa el 43 por ciento.

El desafío de las mujeres en esta nueva década, según la diputada Agripina Ramírez del oficialista MAS, será erradicar el "machismo político", para que los espacios de poder político sean disputados en igualdad de condiciones, por capacidad y no por ley.

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Brasil: El PT rechaza denuncia sobre Mensalao

ANSA

El Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, rechazó la denuncia de un empresario que acusó a esa agrupación y al ex mandatario Luiz Lula da Silva, en una supuesta confesión ante la Justicia en la que brindó detalles sobre una organización delictiva conocida como el "Mensalao".

Según el diario Estado de Sao Paulo el empresario Marcos Valerio, condenado por la Corte Suprema hace dos meses a 40 años de prisión por corrupción, habría declarado ante la Procuraduría que el PT, agrupación de Rousseff y Lula, le habría dado unos 3 millones de dólares para pagar gastos con abogados.

"El PT informa que el partido no pagó los honorarios de los abogados de Marcos Valerio" afirmó una nota oficial de la dirección nacional de esa agrupación en una de las numerosas repercusiones que suscitó el artículo publicado hoy por Estado de Sao Paulo.

El diario publicó hoy haber tenido acceso a la supuesta confesión de Valerio en que lanzó graves acusaciones contra Lula, a quien sindica como responsable de la organización ilícita creada para sobornar congresistas y desviar dinero público, conocida como "Mensalao".

En tanto la oficina de prensa de Lula da Silva no respondió a una consulta de Estado, mientras el ex mandatario se encuentra de gira por Francia donde ayer se reunió con su sucesora Dilma Rousseff.

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Al borde del colapso suministro de electricidad a población paraguaya

PL

La Administración Nacional de Electricidad de Paraguay anunció hoy que el sistema de suministro a la población se encuentra al borde del colapso y ordenó intensificar los cortes selectivos en todas las zonas residenciales del país.

La empresa estatal pidió a los usuarios un sacrificio extra para evitar el colapso total, al alegar el record histórico de consumo a causa de altas temperaturas que llegan a superar los 41 grados centígrados.

Esta situación irregular que se presenta aún sin haber comenzado oficialmente el verano austral provocó ya numerosos apagones de larga duración en las últimas semanas, tanto en el interior como en zonas de la propia capital.

Ello se unió a los daños causados por recientes tormentas en la infraestructura eléctrica, los cuales aún persisten en barriadas populares especialmente.

El ente encargado de suministrar la electricidad advirtió que la proliferación de los cortes ahora anunciados será apenas un alivio y se activarán automáticamente para evitar la paralización absoluta del servicio.

Teresio Medina, gerente de distribución, señaló como las que más sufrirán a las áreas residenciales, en un esfuerzo para tratar de mantener el servicio a los hospitales, comercios e industrias y agregó se necesitan dos mil 500 millones de dólares para aumentar la potencia de alimentadores.

Algo realmente llamativo es que Paraguay consume apenas un por ciento minoritario de la enorme producción de energía eléctrica producida por las hidroeléctricas Itaipú, la segunda mayor del mundo, y Yaciretá, cuyas propiedades comparte con Brasil y Argentina, respectivamente.

El 50 por ciento de la energía lograda con dichas grandes usinas corresponde a la nación guaraní, afectada para su utilización en el país por la escasa infraestructura necesaria, entre ella, las líneas de transmisión correspondientes.

Ello se agravará con la anunciada cesión de un importante potencial energético producido por las hidroeléctricas, en forma subsidiada, a la multinacional canadiense Río Tinto Alcán, operación rechazada por las organizaciones sociales y partidos de izquierda del país.

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Cuba: Voluntad de normalizar vínculos con su emigración

Waldo Mendiluza (PL)

El gobierno de Cuba ratificó su voluntad de fortalecer los vínculos entre la nación y su emigración, postura refrendada con medidas que entrarán en vigor a partir del 14 de enero de 2013.

Trámites eliminados o simplificados y flexibilizaciones para la permanencia en el exterior, la salida de menores, la repatriación y la entrada al país de personas que lo abandonaron de manera ilegal, conforman la actualización de la política migratoria anunciada en octubre.

Se trata de decisiones soberanas que no responden a presiones y sí a las genuinas aspiraciones y sentimientos profundos de la nación cubana, incluidos aquellos que residen en el exterior, señaló el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

En una comparecencia televisiva para explicar las nuevas medidas que recogen varias normas, el funcionario precisó que la actualización responde además a las características en las últimas décadas del flujo de personas relacionado con la isla.

Con el paso del tiempo, la emigración ha cambiado de forma considerable, de una eminentemente política, en los primeros años de la Revolución, a otra motivada por razones económicas, en sintonía con el comportamiento del fenómeno a escala regional y global, apuntó.

El triunfo del 1 de enero de 1959 generó la salida de Cuba de muchos individuos cercanos a la derrotada dictadura de Fulgencio Batista, como represores y depredadores del tesoro público, además de profesionales y empresarios en desacuerdo con la política socio-económica del naciente proceso.

También abundaron las víctimas de la manipulación sembrada por el gobierno de Estados Unidos, expresada a través de campañas de descredito.

Especialistas en las relaciones La Habana-Washington consideran la Operación Peter Pan uno de los ejemplos ilustrativos de esa política. Más de 14 mil niños y adolescentes, de seis a 18 años de edad, viajaron a Estados Unidos sin sus padres entre 1960 y 1962, en medio de una cruzada que atribuía a la Revolución cubana la supuesta intención de privar a los progenitores de la patria potestad sobre sus hijos, con el objetivo -entre otros- de enviarlos a la Unión Soviética.

Diferentes administraciones norteamericanas han utilizado el tema migratorio como un arma política, eso ha sido parte de sus planes de desestabilización, advirtió la académica Ileana Sorolla.

Según la directora del Centro de Estudios de Migraciones Internacionales de la Universidad de La Habana, con los años el movimiento de personas desde Cuba comenzó a acercarse al escenario regional y global, el cual está regido sobre todo por motivaciones económicas.

En sintonía con esa valoración, fuentes oficiales aseguran que la inmensa mayoría de los cubanos asentados en más de 150 naciones mantienen nexos estables con su país y sus familiares.

Las nuevas medidas

Las primeras medidas fueron anunciadas el 16 de octubre, entre ellas la eliminación del procedimiento de solicitud de permiso de salida para los viajes al extranjero y del requisito de la carta de invitación.

Otras decisiones consistieron en la extensión de 11 a 24 meses de la permanencia fuera del país sin perder el estatuto de ciudadano residente, la reducción de trámites y la posibilidad de salida de menores de 18 años previa autorización de sus padres o representantes legales.

También se informó que los emigrados podrán visitar la isla por hasta 90 días, a diferencia de los 30 fijados anteriormente.

Pocos días después, el gobierno cubano informó sobre la normalización de la entrada temporal de quienes emigraron ilegalmente después de los acuerdos migratorios de 1994 con Estados Unidos, si han transcurrido ocho años de su salida.

En igual situación estarán los profesionales de la salud y deportistas de alto rendimiento que abandonaron el país luego de 1990, si han pasado más de ocho años de ese hecho, exceptuando por razones de seguridad nacional a quienes salieron a través de la Base Naval de Guantánamo.

De igual manera se amplían las causas de repatriación, por ejemplo, para los que dejaron Cuba con menos de 16 años, y también por razones humanitarias.

El gobierno enmarca estas medidas en la actualización del modelo socio-económico cubano, en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a viajar, emigrar o residir en el extranjero y en la voluntad de favorecer las relaciones entre la nación y su emigración. Además, explica que se trata de una decisión soberana, para la cual tuvo en cuenta la hostilidad de Estados Unidos, expresada en el bloqueo económico comercial y financiero mantenido por más de medio siglo, el robo de cerebro, el estímulo a la subversión y la manipulación del tema migratorio.

Para La Habana ese panorama ratifica la necesidad de defenderse de la agresividad de Washington, que en el tema migratorio favorece a través de la Ley de Ajuste Cubano y la política de pies secos pies mojados "el tráfico de personas y el despojo del capital humano formado por la Revolución".

"Es por ello que, mientras persistan las políticas que favorecen el robo de cerebros (â??) Cuba estará obligada a mantener medidas para defenderse en este frente", señaló un editorial del diario Granma, publicado el propio 16 de octubre.

A partir de lo anterior, las nuevas leyes fijan requisitos para la salida al exterior de algunas personas que desempeñan cargos o labores vitales de cara al desarrollo y la seguridad del país caribeño.

La hostilidad de Estados Unidos su manipulación del tema migratorio

De acuerdo con el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, Cuba no puede desconocer en sus decisiones la hostilidad de la Casa Blanca

El funcionario denunció en particular la conducta estadounidense en una cuestión tan sensible como la emigración, expresada en la política de estímulo al flujo ilegal de personas, el robo de cerebro y la manipulación mediática del tema.

A finales de octubre, Acosta expuso cifras que desnudan la actitud mantenida por décadas de sucesivas administraciones norteamericanas.

Washington ha sembrado desde el propio 1959 la opinión de que los cubanos están supuestamente encerrados en su país y deseosos de abandonarlo por razones políticas.

Según Acosta, desde 2000 hasta el 31 de agosto de 2012, han recibido permiso de salida temporal o definitiva el 99,4 por ciento de los ciudadanos que lo solicitaron.

En ese propio período, viajaron al exterior por asuntos particulares casi un millón de cubanos, y de ellos no retornó apenas un 12,8 por ciento, añadió.

El funcionario expresó que de esas personas que salieron al extranjero, más de 150 mil eran universitarias, cantidad de la cual solo el 10,9 por ciento no regresó.

Los datos ilustran que pese a los mecanismos eliminados, el permiso de salida y la carta de invitación, cifras importantes de cubanos, incluidos graduados de nivel superior han viajado al exterior y en su inmensa mayoría retornan, opinó.

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Guatemala: Subsiste el mito de que las mujeres son las responsables de la violencia sexual que sufren sus hijos

CERIGUA

La violencia sexual en contra de la niñez constituye uno de los más graves problemas en Guatemala, situación a la que se suma la culpabilización a las madres de las y los menores violentados, indicó Myrella Saadeh.

A decir de Saadeh, directora del Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y la Adolescencia (PAMI), en los casos de violación sexual contra la infancia se culpabiliza a las madres por el hecho, pues según los estereotipos lo que le pase a sus hijos e hijas es responsabilidad únicamente de ellas.

De acuerdo con el reportaje “Embarazos en niñas y adolescentes, un delito que perseguir en Guatemala”, elaborado por la Agencia Cerigua con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la lider dijo que esta acusación proviene del estereotipo de que las mujeres son las únicas encargadas de cuidar y criar a los niños y niñas.

Saadeh dijo que ese mito impuesto por la sociedad debe ser desmitificado, pues según las estadísticas la mayoría de denuncias presentadas por violación sexual infantil, provienen de mujeres, quienes dan seguimiento a los casos.

El documento subraya que la presencia de los padres es en la mayoría de los casos de violencia sexual escasa o nula y en varias ocasiones son ellos los propios agresores, una situación difícil para las madres pues deben mantener las denuncias en contra de sus propias parejas.

La representante de PAMI destacó que culpabilizar a las mujeres es consecuencia de todo el tema de machismo y desprecio que existe hacia la población femenina en Guatemala, que las estereotipa como únicas responsables de la educación de sus niños y niñas, una construcción colectiva que subsiste en el país.

El reportaje enfatiza que el delito de violación sexual contra menores de edad es alarmante en el país, además de que se carece de estadísticas precisas, pues cada institución tiene las propias y existe un subregistro que no deja ver la magnitud de la problemática.

La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, Najat Maalla M’jid, urgió a las autoridades guatemaltecas promover acciones para unificar las estadísticas de los riesgos que corre la niñez, pues la falta de sistematización de estos datos invisibilizan la situación que viven las niñas, niños y adolescentes en Guatemala.

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Alerta OIT sobre aumento de disparidad de género en mercado laboral

PL

Las disparidades laborales entre sexos y las desigual situación de las regiones del orbe se acentuaron desde el estallido de la crisis en 2007, alertó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un informe, la OIT advierte que las tasas de cesantía de las mujeres son más altas que las de los hombres y añade que no se prevén mejoras en los próximos años.

La entidad llama la atención sobre las desigualdades de género en materia de desempleo, empleo, participación de la fuerza de trabajo, vulnerabilidad y segregación sectorial y profesional.

En las economías avanzadas, explicó, la crisis afectó a los hombres en los sectores que dependen del comercio más que a las mujeres que trabajan en la salud y la educación.

En los países en desarrollo las féminas fueron particularmente dañadas en las labores relacionadas con el comercio.

Según la OIT, de 2002 a 2007 la tasa de desempleo femenina se situó en 5,8 por ciento, comparada con 5,3 de los varones.

Empero, la crisis incrementó esa disparidad de 0,5 a 0,7 puntos porcentuales, al destruir 13 millones de puestos para las mujeres.

Estas últimas generalmente tienen ocupaciones más vulnerables, situación fundamentalmente visible en África del norte, en Oriente Medio y en África subsahariana.

El documento del organismo especializado remarca que garantizar la igualdad de oportunidades para ambos sexos es una medida justa y una estrategia económica rentable.

Por ello, exhorta a extender las medidas en materia de protección social dirigidas a reducir la vulnerabilidad de las mujeres y a instaurar políticas que favorezcan el acceso al empleo.

Además, realizar campañas de sensibilización con el fin de cambiar los estereotipos de género y garantizar la implementación de la legislación contra la discriminación.

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