martes, 29 de enero de 2013

Nueve años después

Carlos del Frade (APE)

Nosotras también tenemos dignidad. Nos enamoramos y trabajamos para darle lo mejor a nuestras hijas. En mi caso, para darle un futuro mejor a Macarena – me decía Sandra Cabrera, sanjuanina de nacimiento, rosarina por opción y adopción y entonces secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina.

Me contaba estas cosas en la mesa del viejo bar “La Buena Medida”, en la esquina de Rioja y Córdoba, a pasos del Monumento a la Bandera. A su lado, Macarena soplaba la medialuna en el suculento y tradicional café con leche del lugar que ofrecía un especial de milanesa a solamente un peso. La chiquita de aquel entonces tenía rulos y un carácter fuerte, herencia de su madre.

Corría el año 2002 y Sandra aportaba datos de la prostitución infantil al mismo tiempo que denunciaba la corrupción policial. En octubre de 2003 logró descabezar a la sección Moralidad Pública de La Santafesina SA. Uno de sus jefes era Walter Miranda.

El 27 de enero de 2004, Sandra fue asesinada.

Nueve años después, aquel Miranda es el jefe de la policía rosarina, Macarena apenas puede pelearle al presente y al mismo tiempo admira la lucha de su madre y la ciudad parece ser otra, muy distinta a la de aquellos días.

Entre otras cosas porque los poderes públicos no quisieron mirar ni opinar sobre lo que decía el expediente que resume la actuación de los jueces sobre el asesinado de la luchadora sanjuanina.

La fiscalía que entendió en el asesinato de Sandra Cabrera y la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, demostraron y aceptaron que los integrantes de las policías federal y provincial, de entonces, tenían relaciones comerciales con las trabajadoras sexuales de la zona de la estación terminal de colectivos “Mariano Moreno” a quienes les daban “remanentes” de drogas para vender.

“…Una relación comercial de tipo ilegal, en la que se mueven importantes sumas de dinero”, apuntaba el texto del fiscal.

“...La lectura de la causa permite concluir… por la existencia de una relación que involucra a Sandra Cabrera, a compañeras del ejercicio de la prostitución, a Parvluckzyk y a otros empleados de la policía federal, en un contexto en el que existe trato, relaciones íntimas de algunos con cierta permanencia, pertenencia, protección y en cuestiones vinculadas con la droga -tráfico, consumo, delación dentro de una actividad en la que no suele ser extraña una labor de inteligencia a través de informantes en el medio-…”, se lee en el folio 1898, dictamen de la Cámara de Apelación en lo Penal Rosario, sobre el expediente 1166/04 “Parvluckzyk, Diego Víctor s/homicidio calificado”.

Una relación comercial donde las trabajadoras sexuales denunciaban aprietes y amenazas varios de parte de los uniformados, sean federales o provinciales.

Aquel vínculo, probado en esa investigación y que no dejó preso a nadie, mostraba en el inicio del tercer milenio en Rosario cómo se organizaban los delitos en los barrios: con complicidad policial.

El expediente del crimen de Cabrera descansa en algún lugar de los tribunales provinciales sin que se haya impulsado una investigación política y judicial en torno a la historia de esos vínculos que primero conforman bandas “comerciales” y luego derivan en grupos armados que se disputan los territorios barriales.

Nueve años después, los asesinatos se han multiplicado en la cuna de la bandera.

Los 183 homicidios cometidos en Rosario durante 2012 hicieron que la tasa de los mismos pasara a 15,2 cada cien mil habitantes, dos veces y media la cifra nacional, casi idéntica a la de Chicago.

Nueve años después, los dichos de Sandra Cabrera explican, en gran parte, esa ferocidad cotidiana rosarina: “Es la cana la que administra todos los negocios que se dan en las calles. Si no se limpia eso será difícil que haya un futuro mejor para nuestros hijos”, me dijo la luchadora social en aquella mesa de “La Buena Medida”. Tenía razón.

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