martes, 29 de enero de 2013

Trabajadores de la banca central francesa en huelga contra despidos

PL

Organizaciones sindicales del Banco de Francia (BDF) convocaron hoy a una huelga general y una manifestación en París para rechazar un proyecto de reestructuración que prevé despidos y cierre de instalaciones.

Al menos dos mil 500 de los 14 mil puestos de la actualidad serán suprimidos en todo el país y decenas de oficinas dejarán de prestar servicios de aquí al 2020, según el plan elaborado por el gobernador de esa institución, Christian Noyer.

La iniciativa, señalan los gremios, tendrá un elevado costo social, tanto en materia de empleos como de servicios a la población.

Además de su responsabilidad en la conducción de la política monetaria nacional y el análisis periódico de la marcha de la economía, el BDF tiene a su cargo otras tareas que se verían limitadas por este proyecto.

Una de ellas es servir como mediador en los casos cada vez más frecuentes de familias con deudas acumuladas que rebasan su capacidad de pago y son objeto de una demanda judicial.

Michel Felce, delegado del Sindicato Nacional Autónomo, aseguró que la denominada Comisión de Sobreendeudamiento sería una de las afectadas por el recorte de personal y la clausura de filiales en el interior del país.

"Actualmente los expedientes pueden ser recibidos en 85 oficinas y la banca prevé suprimir 61 antes del 2020", denunció este martes el dirigente gremial.

Según Felce, un estudio realizado por el grupo de expertos Secafi demuestra que en el proyecto de reestructuración prima más la voluntad de reducir la red del BDF en el país, y no la búsqueda de alternativas para solucionar los problemas de la institución.

Mientras, en la Asamblea Nacional francesa los representantes del Grupo Comunista, Republicano y Ciudadano enviaron una misiva al primer ministro, Jean-Marc Ayrault, donde le piden organizar lo más pronto posible una mesa redonda sobre el porvenir del Banco de Francia.

Los diputados expresaron su inquietud sobre las consecuencias de debilitar la presencia del BDF en los territorios, de manera particular en el período de crisis que atraviesa el país.

El proyecto de Noyer no solo se va a traducir en un alejamiento de los servicios para los particulares, sino que también perjudicará a las empresas con crecientes dificultades para acceder a los créditos necesarios para realizar sus objetivos, aseguró el grupo parlamentario.

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