viernes, 22 de marzo de 2013

Argentina: “Al gobierno de Córdoba no le interesan los derechos humanos”

PRENSA RED

Lo afirmó Emilia D’ambra durante una rueda de prensa realizada esta mañana. Trabajadores y directivos de los Sitios de Memoria denunciaron el vaciamiento presupuestario para su funcionamiento y reclamaron “una decisión política” del gobernador. En el sitio ex campo de la Ribera se vive una “situación límite”.

Trabajadores, directores de los tres Sitios de Memoria y miembros del Archivo y Comisión de la Memoria (APM) denunciaron la falta de recursos mínimos para funcionar debido al retraso en la ejecución de presupuestos, desde hace cuatro años por lo menos. Se trata de gran parte de la gestión de Juan Schiaretti y de la actual que comanda José Manuel de la Sota.

“Hemos pedido la ejecución presupuestaria ante el ministerio de Economía, pero tenemos claro que hay una decisión política que las autoridades del estado provincial deben tomar, afirmó María del Carmen Torres, en representación de los Organismos de Derechos Humanos que conforman el APM junto a los tres poderes del Estado y la Universidad Nacional de Córdoba. La vocera caracterizó como “grave” la situación planteada y contó que hace tiempo mantienen reuniones con funcionarios del gobierno sin que la situación haya variado.

Recalcó en ese sentido que “el Poder Ejecutivo tiene amplios poderes para hacerlo” refiriéndose a José Manuel de la Sota.

Hace dos semanas le presentaron una nota al gobernador haciéndole notar que las políticas públicas tienen un punto de partida que “son los recursos”, que hay un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo y que hace falta una decisión política que envié los dineros correspondientes.

Por caso, comentó que el año pasado, se han ejecutado partidas de 2009 y así ocurrió los años posteriores. Para 2013, se aprobó un presupuesto de $ 2.500.000 pesos y a la fecha no se asignó un solo peso.

También informó que existe falta de personal y que tampoco se cubren las licencias prolongadas. Además dijo que hay pases en comisión solicitados -y supuestamente aprobados que vendrían a suplir, por ejemplo, cargos vacantes por renuncias- tampoco se ordenaron.

Esta situación contrasta con lo que sucede, por caso, en la provincia de Buenos Aires, donde la Comisión de la Memoria cuenta con presupuesto estable, a pesar que sería Daniel Scioli un opositor dentro de la interna del justicialismo, al igual que De la Sota.

Campo de la Ribera

La situación de este espacio es “difícil y riesgosa” comentó Torres. Por un lado, porque el proyecto de refacciones y adecuación del espacio fue presupuestado pero no se aprobó. Por otro, por cuestiones de salubridad. “Trabajan en condiciones no dignas y en un entorno social muy complejo” al que se agregó un barrio “trasplantado” que no tiene arraigo ni ensamble con las poblaciones de la zona.

En este sentido denunció problemas de seguridad tanto para el edificio como para los trabajadores y lo que es más delicado “la desprotección de testigos en juicios de lesa humanidad” y que desarrollan sus tareas en ese predio. No hay guardias que los protejan”, subrayó. Y recordó que el año anterior la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Chaleb, les aseguró que el servicio estaba “garantizado” pero que a la fecha no se cumplió. Lo mismo ocurre cuando se organizan actividades en el lugar.

Explicó que funcionan con partidas enviadas a cuentagotas que ofician de “parches” y que impiden el cumplimiento de lo planificado y de una de las más importantes funciones de la institución como la “preservación de los documentos publicos” relacionados con el terrorismo de estado. En esa línea apuntó que “hubo dos atentados de incendios intencionales en el Archivo. La UNC realizó un estudio y propuso soluciones para estos casos pero no se han podido llevar adelante como corresponde por falta de presupuestos”.

Los tres sitios cuentan con un presupuesto muy bajo y citó que por ejemplo en Chile el Museo Nacional de la Memoria cuenta con un presupuesto que triplica al local. “Las políticas de memoria son actos concretos, hechos políticos reales, que incluyen una ley de presupuesto y que debe cumplirse”, enfatizó.

D´ambra, legendaria militante por los derechos humanos e integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, dijo que “al gobierno no le interesan los derechos humanos” y que en un año electoral como este como no lo puede abolir, entonces le saca el presupuesto. “Ningún organismo puede funcionar sin dinero”, afirmó.

Dijo sin pelos en la lengua que asistieron a una reunión tiempo atrás y “nos prometieron el oro y el moro y nada se cumplió”. Luego cargó contra la ministra Chaleb. “Le interesa menos que a De la Sota, habla por él. Hay que poner blanco sobre negro para que sepan que no somos ingenuos”, señaló.

Asistieron miembros de distintas organizaciones e instituciones a brindar apoyo al reclamo. Entre ellos, Carlos Vicente, presidente de AFSCA, Eduardo Fernández de APYME, el abogado de derechos humanos Miguel Ceballos, Marta Juárez del Frente Cívico, Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo; y los directores del los sitios de Memoria , Emiliano Fessia, Ludmila da Silva Catela y Mario Paredes, entre otros.

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