miércoles, 6 de marzo de 2013

Argentina: Elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura

Irina Santesteban (LA ARENA)

En su discurso inaugural del período de sesiones del Congreso Nacional, la presidenta Cristina Fernández anunció que enviará un proyecto de ley para que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular.

En Argentina los jueces no son elegidos por los ciudadanos -como los presidentes, legisladores o gobernadores-, sino que son seleccionados por un mecanismo previsto en la Constitución Nacional, a través de un órgano colegiado denominado Consejo de la Magistratura, que a nivel nacional está integrado por diputados y senadores, como "órganos políticos resultantes de la elección popular", jueces de todas las instancias, abogados de la matrícula federal y "otras personas del ámbito académico y científico".

Así lo dispone el artículo 114 de la Constitución Nacional, el cual no especifica cómo deben ser designados los miembros de ese órgano, pues no surge del texto de nuestra Carta Magna que los jueces, abogados o académicos deban ser elegidos -como sucede actualmente- por sus propios colegios o asociaciones.

En consecuencia, el proyecto de ley que la presidenta Cristina Fernández anunció el pasado viernes, impulsando la elección por el voto popular de la totalidad de los integrantes del Consejo de la Magistratura, no contradice el texto constitucional ni hace necesaria una reforma para ser puesto en vigencia. Sólo hace falta que esa iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Nación, en ambas Cámaras, con las mayorías simples de cualquier otro proyecto de ley ordinario.

En conflicto

Pero el anuncio de la presidenta dista mucho de ser "ordinario", pues se hace en medio de una fuerte disputa entre el gobierno y sectores del Poder Judicial, entre ellos, la propia Corte Suprema de Justicia. El principal punto de conflicto se desató con las cautelares que trabaron la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde hace más de tres años. Esta situación fue criticada en un principio por los ministros de la Corte, pero luego, cuando esas medidas llegaron a esa instancia, fueron convalidadas "hasta que se resuelva la cuestión de fondo". Como el Poder Judicial en Argentina no se caracteriza por su celeridad, esta "cuestión de fondo" suele demorar varios años.

Así sucedió con una resolución que beneficia al diario La Nación, respecto al pago de una deuda que reclama la AFIP y que le ha otorgado al diario de los Mitre un beneficio del que no gozan otros colegas que se acogieron a moratorias y pagaron deudas similares. En ese marco, que el ministro más anciano de la Corte Suprema, Carlos Fayt, esté casado con una hermana del editor de La Nación, da muchos motivos para la desconfianza que muchos ciudadanos argentinos expresan en la imparcialidad de la Justicia.

Sin embargo, sin ruborizarse, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el discurso que pronunció con motivo del acto por los 150 años de ese tribunal, dijo que "es necesario que se nombren más jueces y que éstos hagan esfuerzos para que no haya demoras. El juez pasivo debe dejar paso al juez activo".

Democratizar la justicia

A fines del año pasado, en el discurso que pronunció la presidenta en Plaza de Mayo el 9 de diciembre, con motivo del Día de los Derechos Humanos y de cumplirse 29 años del retorno a la democracia después de la dictadura militar, anunció que había que "democratizar el Poder Judicial". A los pocos días, luego de conocerse la sentencia absolutoria de todos los acusados por el secuestro de la joven tucumana Marita Verón, en un caso emblemático de presunta trata de personas y promoción a la prostitución, la presidenta recibió a la madre de Marita, Susana Trimarco, y expresó su deseo de que la Justicia se democratice.

Ahora la iniciativa se anuncia en forma de un proyecto de ley, y aunque no se refiere a la elección de los jueces, sí lo hace respecto al órgano encargado de la selección de los magistrados.

Aunque habrá que esperar a conocer el proyecto respecto a si estos consejeros serán elegidos al mismo tiempo que los diputados y senadores, por lista completa o "sábana" o si será un mecanismo diferente, la iniciativa ha levantado revuelo y ha generado rechazos en la oposición.

El constitucionalista Gregorio Badeni la ha calificado, lisa y llanamente, como un proyecto de neto contenido "populista", que va a modificar el carácter de nuestro sistema democrático. Para Badeni, la Constitución Nacional establece que nuestro régimen de gobierno es una "democracia constitucional" y que con este proyecto se estaría avanzando hacia una "democracia populista". Va más allá cuando afirma que "detrás del declamado objetivo de democratizar el Poder Judicial, se busca evitar más sentencias adversas e ir hacia un nuevo sistema político: la democracia popular" (La Nación, 5 de marzo). Está claro que para Badeni la calificación de "popular" sería opuesta al carácter "constitucional" de una democracia, contradiciendo hasta el origen de este vocablo, que como nos enseñan en la escuela primaria, significa "el gobierno del pueblo".

Politización

Uno de los integrantes del actual Consejo de la Magistratura, el diputado nacional radical por Córdoba, Oscar Aguad, ha sido uno de los más críticos de este proyecto. Expresó que un proyecto de esa naturaleza es "inconstitucional" y que se estaba "politizando" al Poder Judicial, crítica que han compartido varios de los que se oponen a la iniciativa presentada por la presidenta.

Escudarse en una supuesta "imparcialidad" o "neutralidad" política del Poder Judicial, para criticar la elección por voto popular de quienes deben seleccionar a los jueces, no es ingenuo. En realidad, para estos sectores se trata de mantener un status quo, y asegurarse así que la mayoría de los jueces designados con el actual sistema provengan de la llamada "corporación judicial".

No es cierto que los jueces sean "apolíticos", y en la propia Corte Suprema, uno de sus ministros, ha sido legislador y funcionario del Partido Justicialista. El cordobés Juan Carlos Maqueda fue diputado y senador por ese partido, y funcionario provincial en la primera gobernación del actual mandatario cordobés José Manuel de la Sota.

Los radicales tampoco pueden sorprenderse de la "politización" de la Justicia. Durante el extenso mandato del gobernador Eduardo Angeloz, en Córdoba el Poder Judicial fue el reducto adonde se designaban sin concurso los amigos y militantes del gobierno de entonces. Un caso paradigmático fue el del presidente del Tribunal Superior de Justicia durante el primer mandato de Eduardo Angeloz, Roberto Lousteau Bidaut, que renunció a ese cargo para presentarse como primer candidato en la lista de convencionales para la reforma de la constitución provincial, en 1986, que permitió la reelección de Angeloz. Años después, una interpretación curiosa del texto constitucional efectuada por una Cámara Civil, autorizó su re-reelección, y el "Pocho" tuvo su tercer mandato. No fue muy feliz porque tuvo que renunciar y entregar el poder anticipadamente, con la provincia en llamas, pero esa es otra historia.

Lousteau Bidaut no sólo fue convencional electo en una boleta radical, sino que terminada la Convención Constituyente y aprobada el nuevo texto de la Carta Magna cordobesa, volvió al Tribunal Superior de Justicia y fue su presidente durante varios años más.

¿Con qué autoridad critica el diputado radical Oscar Aguad, una supuesta "politización" del Poder Judicial con el proyecto anunciado por la presidenta?

Más amplio y plural

El problema es si con la elección por voto popular de los consejeros habrá un Poder Judicial más democrático. Lo que sí es seguro, es que el órgano encargado de elegir a los jueces tendrá una integración más amplia, pues sus miembros no serán designados por sus respectivos estamentos sino por todos los ciudadanos.

El abogado y profesor de Derecho de la Información de la UBA, Damián Loreti, fue uno de los participantes de las jornadas que se realizaron la semana pasada en la Biblioteca Nacional para debatir reformas al sistema judicial. En un reportaje a Radio Provincia (de Buenos Aires) explicó que no se trata de "democratizar la justicia" sino el Poder Judicial, que no es lo mismo.

Y criticó a quienes defienden la supuesta constitucionalidad de "algunas prácticas" que en realidad han sido frecuentes en la designación de los jueces, pero que no están previstas ni en la Carta Magna ni en otras leyes. En ese marco, se refirió a la figura de los jueces subrogantes, y de funcionarios designados "a dedo", que no han merecido críticas de quienes hoy parecen escandalizarse con la propuesta de la presidenta.

Loreti también se refirió al ingreso al Poder Judicial, que salvo excepciones en algunas provincias, no es por concurso, sino por lazos familiares o amistad con los jueces encargados de la designación de sus empleados. Criticó que no haya una normativa clara en cuanto a la capacitación y perfeccionamiento de los jueces y magistrados, que permite que éstos asistan a cursos o seminarios financiados por empresas privadas, que en ocasiones tienen juicios en sus mismos tribunales.

Sagrada familia

Desde esta columna hemos expresado que es necesario que los Consejos de la Magistratura, tanto a nivel nacional, como los que existen en las provincias, sean integrados por ciudadanos y no sólo por los integrantes de la "sagrada familia judicial". Porque la designación de los jueces es un tema que interesa a la ciudadanía en general, y no sólo a los abogados.

Desde los sindicatos que agrupan a los trabajadores y trabajadoras judiciales se viene proponiendo desde hace muchos años que en los Consejos de la Magistratura se prevea la participación de los empleados de la Justicia, junto con representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, como los organismos defensores de los derechos humanos, de los campesinos, del medioambiente, de las minorías sexuales, etc.

El proyecto de ley deberá determinar si se sigue con la actual integración de abogados, jueces, legisladores y académicos del derecho. Por las palabras de la presidenta, se puede deducir que lo ampliará a otras profesiones, incluso al común de los ciudadanos.

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