lunes, 22 de abril de 2013

Argentina. Inundación en La Plata: Laberintos judiciales

Martín Soler (OTROS CIRCULOS)

Un festival de causas forma parte del epílogo social que dejó la catástrofe climática en La Plata. La mano del poder político tras el armado estratégico en el fuero penal. Y la familia judicial. Radiografía de actores enfrentados para garantizar la “verdad” o la “impunidad” según la perspectiva de cada parte.

Una causa natural, al menos tres denuncias particulares y una investigación administrativa forman parte del enredado ovillo judicial anudado tras las inundaciones que padeció el partido de La Plata el pasado 2 de abril.

La aparición de cuerpos en distintos barrios platenses dio origen a actuaciones en el fuero penal, radicadas en la fiscalía 5 de La Plata, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta. El expediente es controlado por el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio.

La cifra oficial de víctimas fatales fue clausurada en 52 por el gobernador Daniel Scioli y todo su gabinete, pero una investigación abierta en el fuero Contencioso Administrativo platense (mientras estuvo a cargo del juez Luis Arias) elevó esa cifra a 57. Tras un cruce entre los jueces Arias y Atencio, intervino la Suprema Corte bonaerense, desde donde confirmaron la legitimidad y legalidad de la investigación de Arias (abierta por una presentación del defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil Julián Axat), pero el expediente finalmente fue radicado en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2, a cargo de la jueza Ana Logar.

En el transcurso de esta investigación se obtuvieron indicios de la confección con datos imprecisos en los certificados de defunción de las víctimas, como la causa y el horario de muerte de las víctimas.

Esas sospechas comenzaron a tomar cuerpo en sede judicial con la denuncia de un testigo de identidad reservada, empleado del Registro de las Personas bonaerense, quien sostuvo que después del temporal, víctimas fatales por causas traumáticas habrían sido registradas en esa repartición sin la intervención judicial previa correspondiente. La presentación, realizada el viernes 12 de abril, se basa en una comunicación telefónica mantenida el 4 de abril entre funcionarios del Registro con personal de la morgue, en la que entre otras cosas se dijo que en la morgue había 60 cadáveres, para los cuales se requería, “urgente inhumación”.

Mientras se desarrollaba esta pelea judicial entre un juez y un defensor oficial versus el relato oficial sostenido por el gobierno bonaerense, se sucedieron una serie de presentaciones penales. El 9 de abril, la labor del fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta en el marco de la investigación por la muertes de vecinos de La Plata producto de la inundación comenzó a ser objetada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (Ciaj) de La Plata, desde donde presentaron una denuncia penal pidiendo se desplace al funcionario y se los investigue por los delitos de “encubrimiento, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Esa denuncia quedó radicada en la fiscalía 4 de La Plata, a cargo de Fernando Cartasegna.

Un día antes, el 8 de abril, el abogado platense Martín Berasategui, entabló una demanda penal para que se investigue al intendente de La Plata, Pablo Bruera, “respecto a la responsabilidad que le pudiere caber en relación a los tristes acontecimientos recientes”.

El viernes 12 de abril otro abogado platense, Alejandro Montone, presentó una denuncia penal pero que apunta al gobernador Daniel Scioli por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, fundado en obras y tareas de mantenimiento y limpieza de los arroyos que no se habrían efectuado. Esta denuncia basada en documentación de origen municipal tuvo escasa repercusión en los medios de comunicación tanto de la ciudad de La Plata como en medios de alcance nacional. Un dato que no es menor, mientras las denuncias se acumulaban en la Fiscalía General de La Plata, se notaba un incremento llamativo de propaganda oficial en medios informativos radiales, digitales, gráficos y televisivos. Esos anuncios son ingresos de dinero.

Todas las causas que apuntan a las responsabilidades políticas de la tragedia (ya sea por acción u omisión) quedaron radicadas en la fiscalía 8 de La Plata (Delitos Complejos) a cargo del fiscal Jorge Paolini.

En tanto, el defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, dispuso separar de la investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de la información respecto de la cantidad de muertes provocadas por la tormenta al defensor del fuero penal juvenil Julián Axat y poner en su lugar a una defensora de pobres e incapaces que resultó ser Laura Ozafrain, su hermana. Así lo explica Horacio Verbitsky en su nota del domingo 21 de abril en el diario Página 12:

“Lo de siempre. Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires, el defensor de menores Julián Axat fue apartado de la causa en la que investigaba cómo se consignaron en documentos públicos de la morgue y del registro de las personas los muertos por el temporal en La Plata, cuyo número es más holgado del que informó el gobierno provincial. Esta actividad de Axat y del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias irritó al ministro de Seguridad y Justicia, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, quien primero consiguió el relevo del juez y luego el de Axat, en ambos casos con argumentos leguleyos que no vale la pena describir. Pese a que la Suprema Corte provincial había confirmado la legitimidad de la intervención de ambos, las presiones de Casal por medio de la Procuradora General María Falbo produjeron una resolución del Defensor General de La Plata, Omar Ozafrain, que desplazó al defensor de la causa. En su lugar fue designada la asesora de incapaces Laura Ozafrain, hermana del Defensor General. Axat apeló la resolución, violatoria de su autonomía funcional, y adversa a sus estrategias que permitieron conocer la verdad de lo sucedido y la metodología fraudulenta empleada para contar los casos. La apelación fue elevada… a la Procuradora Falbo, quien no necesita consultar con Casal porque ya conoce su posición.”

Familia judicial y vínculos políticos

En esta maraña de nombres y causas, no parece estar visible la punta del ovillo para comenzar a desenredar la verdad de la tragedia. Como en toda causa penal (sino prescribe) habrá una verdad procesal, conclusión lógica y razonada a la que deberán llegar los investigadores tras la valoración de la prueba, mas el secreto estará en la producción de la misma. La documentación, los testimonios, los estudios técnicos y las pericias serán determinantes en la sustanciación del proceso, aunque será tamizado por la subjetividad de los actores judiciales. Pero, quiénes son ellos. Veamos:

Federico Atencio, juez de Garantías: lleva más de 25 años en el cargo y tiene tres pedidos de juicio político en trámite. Intentó ser candidato a senador por la ciudad de La Plata por el partido Paufe, liderado por el policía represor, Luis Abelardo Patti, condenado por delitos de lesa humanidad. Posee fuertes vínculo con el diario El Día de La Plata y se sospecha que participó intelectualmente de un desalojo de familias humildes en el barrio de Gorina, frente al country donde vive.

Juan Cruz Condomí Alcorta, fiscal: En su edición del sábado 13 de abril, el diario Página 12 reveló esto: “Como abogado del estudio de Héctor Granillo Fernández, Condomí defendió hace una década en una causa penal al ahora intendente viajero Pablo Bruera, quien fue sobreseído por el juez Guillermo Atencio, el mismo al que ahora acudió Casal para que desplazara a Arias. Sobre Atencio penden tres juries de enjuiciamiento, el último por un allanamiento irregular a la casa de la ex pareja del Secretario de Fiscalía Leandro Rubio, que litigaba por alimentos, del que también participó Condomí. Aquí también, la familia judicial”.

Jorge Paolini, fiscal de Investigaciones Complejas: El padre del fiscal es funcionario en la Suprema Corte bonaerense. Los hermanos del fiscal trabajan en Casación bonaerense, otro claro ejemplo de la “familia judicial”. En los pasillos del fuero penal platense se conoce a esa fiscalía como “sobreseimientos complejos”. Al unificar las causas, el fiscal Paolini investigará a los funcionarios por todos los delitos denunciados.

La frase laissez faire, laissez passer es una expresión francesa que significa «dejad hacer, dejad pasar», refiriéndose a una completa libertad en la economía: libre mercado, libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. Fue usada por primera vez por Jean-Claude Marie Vicent de Gournay, fisiócrata del siglo XVIII, contra el intervencionismo del gobierno en la economía.De forma completa, la frase es: Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même; «Dejad hacer, dejad pasar, el mundo va solo».

En la segunda mitad del siglo XVIII, al calor de la Revolución industrial inglesa, Adam Smith desempeñó un papel muy importante en la popularización de las teorías económicas del laissez-faire, siendo considerado el padre de las teorías de libre mercado o librecambismo. La idea principal de estas teorías era la no injerencia de los estados en asuntos económicos. Según Adam Smith, había una mano invisible que guiaba a la economía capitalista por la cual la suma de los egoísmos responsables repercutiría en beneficio de toda la sociedad y el desarrollo de la economía. Las regulaciones sociales, desde este punto de vista, resultaban poco deseables.

Estos conceptos económicos bien valen para ilustrar la arquitectura judicial. Lejos del “dejad hacer”, da la sensación que desde el Poder Judicial bonaerense habría una “mano invisible” que guía, monitorea, direcciona y encamina en entramado leguleyo. Este andamiaje jurídico administrativo no peca de ilegalidad, pero la sombra del ministro de Seguridad bonaerense Ricardo Casal, de la Procuradora General y duhaldista María del Carmen Falbo está presente en cada una de las decisiones.

Casal y Falbo son dos funcionarios centrales para entender de lógica de funcionamiento judicial en la tragedia de La Plata. Ambos están enfrentados, política e ideológicamente, con el defensor penal juvenil Axat y el juez Luis Arias, quienes cuestionan los criterios con que se confeccionaron los listados de víctimas fatales. Los primeros utilizaron rangos policiales, mientras que el juez y el defensor quieren que se apliquen razonamientos sanitaristas, causales de muertes directas e indirectas provocadas por la inundación.

Arias y Axat fueron denunciados y pesan sobre ellos pedidos de juicio político con eventuales destituciones. Los expedientes fueron presentados por legisladores que responden al gobernado Daniel Scioli. La recomendación no escrita de esa decisión deja un sello indeleble en la sociedad: aquel funcionario que se atreva a investigar al poder de turno o cuestionar relatos oficiales, tendrá como destino el castigo laboral con el peligro de transformarse en cadáveres sociales.

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