viernes, 26 de abril de 2013

Caso Ríos Montt, ¿anulada la Justicia en Guatemala?

Randy Saborit Mora (PL)

Cuando el juicio contra los exgenerales guatemaltecos Efraín Ríos Montt y José Rodríguez -acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad- estaba a punto de concluir, la jueza Carol Flores resolvió anularlo, decisión rechazada por organismos internacionales.

La Corte de Constitucionalidad (CC) avaló el fallo de Flores, pese a que el Ministerio Público y el Tribunal A de Mayor Riesgo A (juzgado que llevaba el caso) calificaron de ilegal la resolución emitida por Flores el pasado 18 de abril.

Antes de conocerse lo dictado por la CC, Naciones Unidas había reclamado la conclusión de la causa contra el expresidente de facto Ríos Montt (1982-1983) y Rodríguez, su antiguo jefe de inteligencia.

La demanda fue hecha por Adama Dieng, asesor especial del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre la Prevención del Genocidio, en una declaración distribuida en la sede del organismo mundial en Nueva York.

Mientras tanto, el director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena, declaró que Flores no tenía facultades para anular el debate oral y público, iniciado el pasado 19 de marzo en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

En opinión de la autoridad jurídica, la magistrada evidenció con su resolución que responde a los intereses de los exmilitares acusados.

Manifestó que detrás de Flores hay grupos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado.

Como una vergüenza calificó el Frente Nacional de Lucha (FNL) la orden de anulación de las audiencias del mencionado caso.

Al pronunciar su veredicto, a Flores no le importó el rango internacional que tomaba la medida, ni el impacto que el juicio causaba en los medios nacionales, refiere el comunicado del FNL, agrupación integrada por organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles.

Se trata de un claro acto político más que jurídico, en el cual se violan los preceptos constitucionales y se hace a un lado la objetividad que debiera caracterizar a los magistrados de este alto tribunal, quienes han resuelto favorecer la impunidad, indica un comunicado del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una fuente humanitaria.

Ambos exmilitares son señalados por el Ministerio Público de ser los autores intelectuales del asesinato de mil 771 ixiles en el noroccidental departamento de El Quiché durante el gobierno de facto encabezado por aquel de marzo de 1982 a agosto de 1983.

La CC favorece con su fallo a quienes violaron los Derechos Humanos y eran procesados por el delito de genocidio: Ríos Montt y Rodríguez, se demanda en la nota del GAM, integrado por sobrevivientes y familiares de víctimas del conflicto armado interno (1960-1996).

"Es evidente que el Ejército continúa siendo un poder con capacidad de influir en todos los poderes del Estado", denuncia el GAM, al recordar que no es la primera vez que la CC falla a favor de quienes han estado al margen de la ley y de la moral.

Postura de indígenas

Casi mil indígenas de diversas comunidades de Guatemala rubricaron un manifiesto público, en el cual, entre otros puntos, se reprocha el genocidio cometido contra los pueblos originarios.

"Esta Asamblea condena todos y cada uno de los hechos históricos de genocidio cometidos contra todos nuestros pueblos con el fin de usurpar nuestras tierras y bienes y de someter a servidumbre a nuestras poblaciones", se expresa en el documento leído y firmado durante una reunión de pueblos originarios del norte de El Quiché.

"Decimos que haya justicia porque sí hubo genocidio. La memoria de los pueblos no la borrarán con amenazas y asesinatos", subrayó la vocera del Consejo de los Pueblos Quiché, Lolita Chávez, en el encuentro del pasado 20 de abril, efectuado en el noroccidental municipio de Nebaj.

Por su parte, Angélica Choc, delegada de la localidad del Estor, en el nororiental departamento de Izabal, pidió justicia por los mártires de la guerra civil de 36 años.

En Nebaj, Prensa Latina tuvo la oportunidad de entrevistar a otros testigos que dieron fe de asesinatos y violaciones cometidas por la institución castrense durante el régimen encabezado por Ríos Montt.

Francisco González, habitante de Nebaj, afirmó que él y su familia fueron víctimas de la política de tierra arrasada aplicada durante el mandato de Ríos Montt contra el pueblo ixil (asentado en El Quiché). González evocó que cuando estaban refugiados en las montañas, los militares masacraron a 25 personas, entre los cuales recordó los nombres de Gaspar Velazco y María Marroquín.

"Yo me escapé de que me mataran en ese tiempo, estuve cerca, como a 100 metros de los soldados, cuando empezaron con la balacera, yo escapé con mi familia", sostuvo, al atestiguar que asesinaron a niños y a padres.

Respecto a las violaciones de mujeres, afirmó que ese tema está escondido porque muchas no se animan a decir todos los maltratos sufridos por vergüenza.

Aludió a una niña de ocho años, de la cual preservó su identidad, a quien capturaron y le quemaron su cuerpo para que dijera donde estaba la guerrilla.

"Hasta la fecha yo no sabía nada, y ella tampoco ha hablado, pero las señales de la tortura las tiene en el cuerpo", aseveró.

Por su parte, Juan López aseguró que en 1982 tuvo que huir con padre, hermano, tres hijos y toda la familia a una loma de Cotzal, municipio que junto a Nebaj y Chajul, conforman el denominado triángulo ixil en El Quiché.

"Luego de estar escondidos se nos agotó la comida, ya nos habían quemado nuestras pertenencias. Mataron a la gente, a nuestros animales. Quemaron la casa, las mazorcas de milpa (maíz)", dijo.

El Ejército nos perseguía, precisó, "comimos algunos pedazos de caña que encontramos en el camino cuando íbamos rumbo a Nebaj".

"En 1982 y 1983 los helicópteros sobrevolaban las montañas y bombardeaban. Así mataron a varias personas que allí estaban refugiadas. Había mujeres embarazadas y niños", rememoró López, quien en la actualidad tiene 58 años.

Asimismo, Gabriel de Paz, Indicalamaj, denunció que en una ocasión los militares "nos patearon, nos dieron culatazos con las armas".

"Me salió sangre por mi boca y oídos, pero por la gracia de Dios sobreviví", confesó en su peculiar español. Relató que mataron a 20 personas, mujeres embarazadas y niños en 1982.

Interrogado sobre la decisión de la magistrada Flores de anular el juicio, este hombre de 65 años respondió con una pregunta: ¿hay ley o no hay ley?.

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