miércoles, 10 de abril de 2013

Codelco prevé adjudicar licitación para explotar litio chileno

XINHUA

La empresa estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, podría adjudicar este mismo mes la licitación para explotar litio en sus vastas áreas del norte de Chile.

Se trata de la concesión de los contratos para la explotación de sus reservas de litio en el salar de Maricunga, las cuales se estiman en 1 millón 790.000 toneladas. Este proceso de licitación se mantiene en estricta reserva, pero fuentes de la industria minera han indicado que están compitiendo, entre otras, las empresas Li3 Energy, Simbalik y Mitsui.

Se ha adelantado que Codelco controlaría la sociedad que se establezca para la explotación del mineral. La entidad ganadora quedará habilitada para explotar comercialmente las salmueras del Salar de Maricunga, propiedad de Codelco, la cual posee varios yacimientos de litio en el Desierto de Atacama.

A fines de 2012, el Ministerio de Minería declaró desierta la licitación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), adjudicada a la empresa chilena Soquimich (SQM), que desde hace años tiene un contrato con el Estado para explotar el litio.

Codelco y la Corporación de Fomento Fabril (CORFO) tienen derecho a explotar y producir litio en salares, donde constituyeron propiedades mineras sobre la base de las normas del Código de Minería de 1932, que no imponía mayores restricciones al desarrollo y explotación del litio.

En 1982, el régimen militar dictó un nuevo código que, entre otros muchos cambios, recogió la modificación de la Constitución del país que declaró el litio y los hidrocarburos materiales no concesibles por su carácter estratégico. Se aducía que era un componente de las armas nucleares.

A la fecha, el litio es utilizado ampliamente en las baterías de equipos electrónicos y autos eléctricos, teniendo una amplia perspectiva de desarrollo en los países desarrollados.

Hasta ahora, las empresas Soquimich y Chemetall, sucesora de la Sociedad Chilena del Litio, son las dos únicas productores de litio en el país, que lo explotan y comercializan en virtud de contratos de largo plazo negociados con CORFO hace unos 20 años.

Parlamentarios de la oposición han defendido que la explotación del litio debe estar bajo el control estatal y han reiterado que cualquier modificación que se quiera hacer en esta materia debe ser fruto de un cambio legal, discutido y aprobado en el parlamento.

Según Juan Villarzú, ex presidente ejecutivo de Codelco, eso puso de manifiesto el intento del gobierno de licitar el año pasado el derecho a explotar hasta 100.000 toneladas de litio metálico o su equivalente de 530.000 toneladas de carbonato de litio.

"La licitación fracasó, lo que trajo consigo un alto costo político para el gobierno y de imagen para el país. En realidad, el llamado CEOL (Contrato Especial de Operación del Litio) se parecía más a una concesión que a un contrato de operación", añadió.

En su opinión, tras "esa mala experiencia parecía claro que no habría nuevas iniciativas en materia de litio mientras no se lograra un acuerdo político, en virtud de cual se pudieran definir reglas del juego claras y ampliamente aceptadas para regular el desarrollo de esta industria".

Dijo que las reservas del mundo se estiman en alrededor de 40 millones de toneladas de litio metálico contenido, a las que Chile genera casi un 20 por ciento y en 1976 aportaba un 40 por ciento.

"En todo caso, al ritmo de producción actual, los recursos probados de litio de que dispone Chile alcanzarían para más de 700 años de producción de carbonato de litio equivalente", precisó.

Villarzú indicó que "el litio no es un metal escaso y tanto la oferta como la demanda mundiales están creciendo a buen ritmo y la entrada de nuevos actores amenaza la posición cuasi monopólica de que gozan los principales productores actuales".

A su juicio, dado que Chile es un productor de bajos costos, debiera aprovechar esa condición para aumentar su producción lo más rápido posible, recomendando definir un conjunto de reglas del juego que, respetando la propiedad estatal del recurso, alienten la inversión privada a desarrollarlo y explotarlo.

"En este contexto, no parece prudente que Codelco, la principal empresa del Estado y del país, negocie con terceros una determinada modalidad de operación que, en los hechos, pudiere restringir o condicionar la voluntad del Congreso y la ciudadanía", juzgó.

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