viernes, 26 de abril de 2013

España: Casas sin personas y personas sin casa

Eduardo Rodríguez-Baz (PL)

El proyecto de ley hipotecaria avalado recientemente por el Congreso de los Diputados representó la estocada mortal a la mayor Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en España, que buscaba detener el drama de los desahucios de viviendas.

La Cámara baja de las Cortes Generales (Parlamento bicameral español) aprobó el pasado 18 de abril una reforma de la cuestionada legislación impulsada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy para intentar atenuar el problema de los desalojos.

Entre duras críticas de la oposición y con los únicos votos del oficialista Partido Popular (PP), la comisión de Economía del Congreso dio luz verde a la futura ley para la protección a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social.

La norma, que fue remitida al Senado antes de su sanción definitiva, en mayo próximo, excluyó finalmente la dación en pago, una de las principales demandas planteadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los partidos políticos.

El PP unificó su propia propuesta, que según la oposición sigue los dictados de la banca, y una ILP que solicitaba una moratoria de los desahucios y la creación de un alquiler social para las casas vacías en poder de las entidades financieras.

Arropada por casi un millón y medio de firmas -el triple de las necesarias para presentar una propuesta de ley ciudadana-, esa iniciativa exigía también el establecimiento con carácter retroactivo de la dación en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias.

La actual normativa no contempla de forma general que la entrega de la casa -lo que se conoce como dación en pago- sea suficiente para liquidar el débito adquirido con el banco, con lo cual los perjudicados están obligados a continuar abonando su crédito de por vida.

Durante el debate parlamentario, la portavoz de Vivienda del Partido Socialista Obrero Español, Leire Iglesias, señaló que la nueva ley constituye un cierre en falso de uno de los rostros más amargos de la crisis y finiquita la esperanza puesta por los ciudadanos en la ILP.

A juicio de la diputada de la principal fuerza de la oposición, la dación en pago no ha supuesto la quiebra para ningún país ni para el sistema financiero.

Desde el grupo parlamentario Izquierda Plural, Joan Coscubiela acusó a los populares de volver a dar la espalda a la realidad, hacer leyes al servicio de los poderosos y defender los intereses y la estabilidad de los mercados.

Pronostico que este lavado de cara, en alusión a la reforma promovida por el oficialismo, quedará pronto desbordado por los jueces, quienes tienen infinitamente más sensibilidad que el Gobierno, aseveró.

Este país tiene la desgracia de tener la derecha más reaccionaria de toda Europa, denunció Coscubiela, tras advertir a los conservadores que están cerrando en falso el drama de las familias desahuciadas con una ley que nace, si no muerta, herida de muerte.

En las afueras del Congreso, cientos de miembros de la PAH mostraron su rechazo a las propuestas del PP, que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras de las Cortes.

Los manifestantes, que realizaron su protesta de espaldas a la sede legislativa, guardaron un minuto de silencio antes de cerrar con gritos de vergüenza, vergüenza.

Para la plataforma, la actitud de la agrupación presidida por Rajoy muestra su desprecio por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que consideró injusta y abusiva la ley de ejecución hipotecaria española porque deja en indefensión a los afectados.

En un fallo emitido el 14 de marzo, el también conocido como Tribunal de Luxemburgo estimó que las medidas que regulan en este país los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca vulneran la legislación de la UE de protección de los consumidores.

Ada Colau, portavoz de la PAH, denunció que la de los conservadores es la propuesta del caos social, económico y judicial, no entra en el fondo del problema y es un simple maquillaje.

Caos social porque da la espalda y supone una ofensa a los cientos de miles de afectados que no pueden saldar su deuda, pues el PP plantea un sistema de reducción de deudas si el desahuciado paga el 75 por ciento del dinero pendiente antes del quinto año.

Según Colau, representará también un desastre económico porque no concede una segunda oportunidad de volver a empezar a los perjudicados por las expulsiones, quienes terminarán formando parte de la economía sumergida y tampoco tendrán dinero para consumir.

Y el desconcierto judicial se producirá porque las familias damnificadas recurrirán sus casos a los juzgados, tras la sentencia dictada por la corte de Luxemburgo, advirtió la activista. Somos el país de Europa que más desahucia y, al mismo tiempo, el que más millones de inmuebles disponibles acumula, denunció.

El mismo día que el Congreso ratificó la proposición de ley de la derecha gobernante, el Instituto Nacional de Estadística reveló que en España hay 3,4 millones de viviendas vacías (casi 14 por ciento del parque inmobiliario), la mayoría propiedad de los bancos.

Del total de moradas deshabitadas, el 21,4 por ciento están en edificios construidos en la última década, es decir, en pleno boom de la construcción que precedió al estallido de la burbuja inmobiliaria en esta nación europea en 2008.

Estos datos contrastan con el drama que desde hace cinco años viven decenas de miles de familias que perdieron su vivienda por no poder afrontar el pago de los préstamos bancarios, una consecuencia directa del creciente desempleo, cercano a los seis millones de personas.

De acuerdo con informe de la PAH, los desalojos sumaron alrededor de 363 mil entre 2008 y 2012.

Por ambición del capital financiero se llega al peor de los mundos, personas que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas, repletos de casas, denunció en una reciente visita a Madrid el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Luego de calificar de criminal e inmoral la ley hipotecaria española, el mandatario prometió a los inmigrantes ecuatorianos, uno de los colectivos extranjeros más perjudicados por los desahucios, todo el respaldo jurídico de su administración.

Por solidaridad y por convicción tendrán nuestro apoyo para tratar de frenar estas normas abusivas que tienen más de 100 años, señaló Correa, quien aclaró que no estaba denunciando a gobiernos, sino a sistemas.

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