viernes, 5 de abril de 2013

Nicaragua rechaza fallo estadounidense a favor de farmacéutica

PL

El gobierno de Nicaragua persiste hoy en su negativa a aceptar el fallo de la Corte Federal de la Florida, Estados Unidos, que pretende obligarlo a pagar 18,7 millones de dólares a Laboratorios Solka.

Un juez estadounidense no puede mandar sobre la economía nicaragüense, según afirmó el asesor económico de la Presidencia Bayardo Arce, en alusión a la determinación de ese ente judicial norteño de imponer una medida a favor de dos otrora accionistas de aquella compañía farmacéutica.

"Que yo sepa ni siquiera le preguntaron al Estado nicaragüense a través de los canales correspondientes que son los canales diplomáticos que era lo que pasaba con esta situación", confirmó Arce a los medios de prensa.

El presidente Daniel Ortega explicó aa víspera que la Procuraduría General de la República (PGR) estudia el fallo emitido por ese tribunal de Estados Unidos, porque ellos tratan asuntos de la propiedad e indemnizaciones.

Precisó que estos casos siempre se resuelven vía indemnizaciones y le corresponderá a la PGR decidir si se agotaron las vías nacionales.

Recordó que otros casos asociados a la propiedad fueron revisados y la mayoría resueltos sin necesidad de acudir a entes foráneos.

Dirigentes sindicales de Laboratorio Solka manifestaron su determinación de intervenir en la situación porque los afecta esa sentencia a favor de dos miembros de la familia Solórzano, antes dueños de la empresa.

Los 140 trabajadores son propietarios ahora del 40 por ciento del capital accionario de la firma y aunque no son los demandados, la sentencia los perjudica, aseguró su asesora legal, Mercedes González. El secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, Luis Barbosa, expresó su respaldo a los empleados que rechazan también el pago de los 18,7 millones de dólares y calificó de corrupta y fraudulenta la administración de la familia Solórzano en Laboratorio Solka.

Según la jueza Úrsula Ungaro, del District Court for the Southtern District of Florida Civil División, el Estado nicaragüense debe resarcir a los otrora accionistas de esa empresa por lo que calificó de despojo de su propiedad.

La controversia data de los años 80 del siglo pasado cuando el gobierno sandinista de entonces (1979-1990) confiscó a Solka, retornada en la década posterior a la familia Solórzano por la administración de Violeta Barrios.

En 2008 los accionistas de esa fábrica de productos farmacéuticos aceptaron una oferta de compra del actual gobierno sandinista, que tiene 30 días para apelar la sentencia calificada de injusta.

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