viernes, 5 de abril de 2013

Presentan dos alternativas de ley en el Congreso: Duro rechazo de meretrices a proyectos para penalizar a quienes consumen sexo

PUNTAL - ACTA

Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR-CTA) de Córdoba, dijeron que con estas iniciativas se hará más clandestino el ejercicio de la prostitución. Denuncian que la Provincia les quitó la ayuda y acusan a las ONG de lucrar con el tema de la trata.

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR-CTA) rechazó los dos proyectos presentados el miércoles en el Congreso por los que se prevé penar hasta con tres años de cárcel a los clientes de la prostitución.

Una de las iniciativas pertenece al senador kirchnerista Aníbal Fernández, y establece la penalización sólo a los consumidores de víctimas de trata, mientras que el otro, de la diputada Marcela Rodríguez, del monobloque Democracia Igualitaria y Participativa, impone penas de seis meses a tres años de prisión a quien paga "por el uso sexual de una persona".

“Sin explotación sexual no hay trata”, dijo la legisladora. Por su parte, Fernández afirmó que “se tiene que penalizar a aquel que consume, para evitar que nuestras chicas sean explotadas, secuestradas o manipuladas en cualquier lugar del país”.

Mientras tanto, Eugenia Aravena, presidenta de AMMAR en la provincia de Córdoba, dijo a PUNTAL que lo que se busca con estas medidas es perseguir al cliente, y advirtió que sólo se logrará hacer aún más clandestino el ejercicio de la prostitución.

“Es algo absurdo. Uno de los proyectos dice que quieren penalizar al que consume mujeres víctimas de trata, yo creo que esta persona ya de por sí es un delincuente y debiera estar detenido por ser partícipe necesario de esa explotación. La otra iniciativa viola el artículo 19 de la Constitución, y por ende las libertades de las mujeres a realizar cualquier tipo de acto privado sin perjudicar a terceros. El trabajo sexual no es una actividad penada ni prohibida”, expresó Aravena.

Sostuvo que son actos discriminatorios y afirmó que el Gobierno nacional no respeta sus derechos humanos.

“No somos escuchadas ni consultadas cuando se debaten todos estos temas que nos afectan directamente, porque esto va perjudicar nuestra vida, como pasó con la ley provincial que cerró todos los prostíbulos en Córdoba. Todo es más clandestino, nuestras compañeras son perseguidas en las calles y la verdad es que el proxenetismo es un delito que nunca se ha atacado, siempre nos metieron presas a nosotras. Hacen propaganda y nada más; buscan invisibilizarnos”, aseguró.

Críticas a las ONG

Eugenia Aravena criticó duramente a las ONG como “Vínculos en Red” (que trabaja con víctimas rescatadas de la trata) al asegurar que sólo buscan lucrar a partir de un tema sensible para la sociedad.

“Están lucrando con el argumento de rescatar meretrices. Si realmente les interesa la vida de las trabajadoras sexuales, y como pueden hacer para dejar de ejercer la prostitución, deberían hablar con nosotras. En AMMAR estamos organizadas luchando contra la explotación y por nuestros derechos desde hace 13 años en la provincia. Estas ONG no están cuando a nuestras compañeras se las lleva la Policía de la calles. En Río Cuarto y en Villa María van presas, las tiran en un calabozo y les quitan el dinero o les cobran $100 por noche para dejarlas trabajar”, describió.

Y agregó: “Mientras tanto las dirigentes de estas organizaciones están en cómodas oficinas recibiendo proyectos de todos lados para sostener el discurso abolicionista de que la prostitución no es un trabajo digno”.

-¿Cómo es la relación con el gobierno de José Manuel de la Sota?

El Gobierno provincial nos sacó toda la ayuda que teníamos en la casa de Ammar en Córdoba. Hoy por hoy, y desde que comenzó el tema de la ley antitrata, no tenemos más ningún programa del Estado. De todas maneras nosotras estamos ofreciendo diferentes cursos para las compañeras que quieren cambiar de oficio. Se dicta peluquería, maquillaje, corte y confección, entre otros. Tanto este gobierno como el nacional y los municipales sólo quieren criminalizar nuestra actividad.

Para Aravena, los Estados no plantean políticas serias que ayuden a combatir la trata de personas. Y remarcó que desde la organización a la que representa se han conformado cooperativas “reales de trabajadoras sexuales autónomas”.

“Los Estados miran para el costado cuando necesitamos una legislación que nos garantice protección. Además, hemos pedido en tres oportunidades una audiencia con Susana Trimarco (madre de Marita Verón) y nunca nos ha recibido. Nosotras no estamos de acuerdo con la explotación sexual y la trata de personas, tenemos denuncias hechas en la Justicia que nunca han prosperado. Las trabajadoras sexuales somos las nuevas desaparecidas dentro de la democracia, no quieren que existamos más”, manifestó Aravena.

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