viernes, 31 de mayo de 2013

Argentina, Córdoba. El CISPREN rechaza el DNU del gobierno: Un decreto impregnado de oportunismo político

PRENSA RED

“El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno provincial aprobado anoche por mayoría en la Legisltura es una puesta en escena ante las próximas elecciones legislativas y, por lo tanto, totalmente impregnado de oportunismo político.

Es un decreto que a los trabajadores de prensa de la provincia de Córdoba nos hubiera gustado que apuntara entre sus resoluciones alguna salida para los trabajadores de LV 2 y que expresara claramente que no se permitirá más en Córdoba el “aventurerismo” empresarial de personas físicas o jurídicas que vienen a “comprar medios en la provincia”.

Además, consideramos que es un relato que adelanta una discusión de la que deberá ser partícipe toda la sociedad cuando el 24 de mayo de 2015 finalice el decreto 527 que firmó el ex presidente Néstor Kirchner y que prorrogó por diez años las licencias de radio y televisión, incluyendo a medios del Grupo Clarín.

El actual gobernador José Manuel De la Sota recibió a través del Ministro de Seguridad Alejo Paredes el informe que la semana anterior le presentó el CISPREN, donde hay hechos protagonizados por él mismo que avasallan el derecho a la libertad de expresión. Y, además, nos preguntamos por qué muchos hogares cordobeses no tienen la posibilidad de acceder al sistema TDA. Con este decreto se dice una cosa, y la realidad muestra claramente otra.

Por ahora, no vamos a aventurar presentaciones judiciales. Lo que si expresamos es que el decreto del 2005, lo repudiamos y estuvimos en contra y fue refrendado por Diputados y Senadores. Este decreto, del que también estamos en contra, puede ser refrendado por la Unicameral.

La finalidad tiene un solo sentido: armar un escenario, donde la sociedad no está incluida, porque consideramos que no están en peligro bienes de los medios de producción privados de comunicación que son empresas que, mayoritariamente, construyen su capital –ganancias- a fuerza de precarización laboral y poniendo el derecho al acceso a la información como una mercancía.

En definitiva, repudiamos enérgicamente este DNU que ataca la comunicación plural sustentada en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también insistimos que la única manera de avanzar en la democratización de las comunicaciones es la aplicación total de la Ley, que en el 95% de su articulado está vigente y reglamentado”.

Carlos Valduvino – Secretario General – CISPREN.

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