miércoles, 8 de mayo de 2013

Argentina, Misiones: El paro provincial de CTA forzó una instancia de diálogo con los desalojados de Mondorí

Alicia Rivas Zelaya (ACTA)

Cortes de ruta, movilización en la zona de Mondorí y concentración en la plaza central de Posadas fueron parte de la jornada de protesta convocada por la CTA Misiones, y a la que adhirieron ATE, CCC, Polo Obrero, Partido Obrero, MPL, Compromiso con las Bases, “Marea Blanca, jubilados docentes”, entre otras organizaciones. Hubo un fuerte reclamo para la democratización del acceso a las tierras, un repudio a la política salarial, a la precarización laboral y al avance represivo de gobierno provincial.

Sobre el medio día de ayer el intendente de Bernardo de Irigoyen ofreció una instancia de diálogo con funcionarios provinciales y referentes de las organizaciones para mediar en el conflicto de Mondorí, la que tendrá lugar este miércoles a las 11.

La jornada de protesta convocada por la CTA de Misiones tuvo este martes una fuerte presencia de organizaciones sociales y gremiales de toda la provincia quienes exigieron una vez más una efectiva democratización de la tierra, atendiendo con prioridad la situación de los sectores más vulnerables entre ellos los productores desalojados de Puente Alto y Las Coloradas en San Pedro.

Remarcaron que el anuncio del gobernador Maurice Closs, de la compra de 38 mil hectáreas, es un logro de la lucha de las organizaciones tal como lo fue la sanción de la ley de Arraigo y Colonización, pero advirtieron que está lejos de resolver la problemática de tierras en Misiones, mucho más lejos aún de la “Reforma Agraria” que enunció Closs en el discurso del 1 de mayo ante la legislatura provincial.

Tanto en Posadas como el corte de la ruta 17 se escucharon fuertes críticas a la política represiva del gobierno renovador que profundiza la criminalización de la protesta social y ahora también la actividad de periodistas que se atreven a desafiar el discurso de los medios vinculados al oficialismo local.

Se repudió también el “insuficiente” incremento salarial anunciado para los trabajadores estatales y la falta de respuestas a los sectores que demandan fuentes genuinas de trabajo.

“Con el anuncio de un incremento de 23 por ciento en cuotas, está claro que el gobierno provincial no está dispuesto a escuchar el reclamo de los trabajadores. El gobierno renovador reconoce una superávit fiscal superior al el estado nacional y aun así tenemos los salarios básicos más bajos, tenemos trabajadores del Estado que tienen básicos de 300 pesos, sin contar la precarización laboral, la explotación de nuestros compañeros tareferos, la situación sanitaria, entre otros grandes flagelos que padecemos en la provincia” remarcó Jorge "Koki" Duarte, Secretario General de la CTA Misiones.

“Exigimos la tierra para quien la trabaja”

Lo destacó el dirigente del MPL y secretario adjunto de la CTA, Rubén Ortiz, quien remarcó que la cuestión de tierras es central en la provincia y denunció que hay un olvido sistemático de la política por este tema que impacta fuertemente en las zonas urbanas también”.

Desde Pozo Azul Vilmar Vaz integrante de la Coordinadora Central de Tierras de Pozo Azul, actor fundamental en la lucha por la aprobación, en el 2004 de la Ley de Arraigo y Colonización, lamentó que el Estado provincial haya demorado casi 10 años en cumplir esa norma.

“El Estado estaba obligado a comprar esas tierras desde el 2004, la aplicación de la ley de Arraigo y Colonización se demoró demasiado, por eso llegamos a esta situación”.

Para este referente la inacción del Estado durante todos estos años resultó en nuevas ocupaciones lo que ponen al descubierto que en la provincia miles de pequeños productores tienen serios problemas para el acceso y la regularización de las tierras que ocupan y poseen. “Hay gente que siempre estuvo ahí y no está dentro de la ley”, agregó Vaz.

Todas las organizaciones sociales repudiaron el fuerte accionar represivo que mostró el gobierno provincial en el desalojo de las familias de Puente Alto y La Colorada, y la posterior judicialización de los periodistas lo visibilizaron .

“La política del gobierno provincial destinada a silenciar a los denunciantes de los atropellos cometidos contra campesinos de Puente Alto, Mondorí y La Colorada, el procesamiento de los periodistas y el diputado tiene como único objetivo obtener el silencio sobre todo porque son testigos privilegiados de los atropellos sufridos y porque pueden atestiguar sobre las torturas sufridas por los detenidos”, destacó el Partido Obrero a través de un comunicado y su referente provincial, Mario Coutoune destacó que se suman a esta protesta para denunciar estos atropellos y para remarcar que el gobierno provincial está “reculando” ante la firmeza de las medidas de los sectores que reclaman

“Rechazamos estas prácticas represivas, ese es el motivo de la movilización de hoy es en rechazo a la fuerte represión del gobierno provincial. Lo que hicieron en San Pedro no tiene parangón en la provincia de Misiones”, advirtió desde la Corriente Clasista y Combativa, su referente en Misiones Felipe Mazacote.

El petitorio de Mondorí

La jornada de protesta tuvo otro escenario central en Mondorí, junto a las familias desalojadas la madrugada del 8 de abril último.

Hasta allí llegaron las organizaciones de la zona norte y, en medio de un corte de ruta, resolvieron entregar un petitorio al intendente de Bernardo de Irigoyen, Edgardo Aquino, quien comprometió una mesa de dialogo con funcionarios provinciales en su municipio. La reunión tendrá lugar hoy miércoles desde las 11 y se espera la presencia del Subsecretario de Tierras Jaime Ledesma, el Ministro del Agro Nestor Ortega, el de Derechos Humanos Edmundo Soria Vieta además del intendente de San Pedro Miguel Dos Santos. Estarán presentes también representantes de las familias desalojadas y referentes de las organizaciones sociales que apoyan el reclamo.

El petitorio que será discutido en la reunión de hoy incluye la conformación de una mesa de dialogo intersectorial para atender las demandas de tierras. Se reclama la adjudicación de 25 hectáreas como mínimo para cada familia desalojada, un año de asistencia hasta que puedan empezar a producir, la reconstrucción de las viviendas destruidas por la policía provincial, resarcimiento por las pérdidas materiales sufridas como consecuencia del desalojo. Además se exigirá el cese de los desalojos en toda la provincia hasta que no se den las condiciones necesarias para las relocalizaciones.

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