miércoles, 8 de mayo de 2013

Argentina. Por condiciones infrahumanas: Clausuras en una cárcel mendocina

OTROS CIRCULOS

El juez de garantías Aníbal Crivelli dispuso el traslado de todos los detenidos hacia otras dependencias penitenciarias y estableció un plazo de 90 días para que esas áreas queden inhabilitadas como lugares de alojamiento. Además, el magistrado concedió un plazo de 6 meses para que se reparen y remodelen instalaciones sanitarias, eléctricas y de calefacción del pabellón 5 de dicha cárcel de la provincia de Mendoza.

Y ordenó que se optimice “el servicio de atención médica y provisión de medicamentos” en el penal, especificando los casos de dos (de los siete) internos por los cuales el fiscal general federal de esa provincia, Dante Vega, y el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, presentaron un recurso de habeas corpus el pasado 17 de abril. Esta es la primera intervención de Córdoba en una cárcel de estas características, tras asumir en el cargo. Se trata del complejo penitenciario Boulogne Sur Mer, donde se aloja a detenidos provinciales y también adisposición de la Justicia Federal.

Crivelli también le requirió al gobierno mendocino que le presente cada dos meses un informe sobre las obras ordenadas y anticipó que el tribunal podrá dirigirse a la cárcel para comprobar el avance de las tareas.

El juez, además , le indicó al Director de Penitenciaría Provincial que revierta la situación de personas detenidas que conviven en condiciones de hacinamiento y les provea “lo indispensable a las necesidades de higiene”. También ordenó que amplíe los horarios de recreo y realice “las reparaciones edilicias urgentes.”

No es la primera vez. El sistema penitenciario mendocino ha sido objeto de numerosas sanciones, medidas provisionales y llamados de atención por parte de organismos que conforman el sistema interamericano de control de políticas públicas en la materia. “La cuestión –remarcó Crivelli- merece un tratamiento prioritario, en la medida en que permita evitar nuevas sanciones internacionales al país por incumplimiento de los estándares establecidos en los tratados de derechos humanos en el que la Argentina es signataria lo que, lógicamente, justifica el carácter perentorio del emplazamiento a efectuar”.

En las consideraciones de su resolución, el juez sostuvo que las pruebas reunidas dan cuenta de que los lugares inspeccionados “no cumplen con los estándares mínimos y lineamientos necesarios para el alojamiento de personas privadas de libertad”. Y, particularmente, reconoció que el agravamiento de la pena en las cárceles mendocinas “se ha transformado en un tema emblemático y recurrente que demuestra la naturaleza endémica de la problemática en cuestión”.

No obstante, el magistrado indicó: “Es necesario reconocer la actividad que el Estado provincial viene desarrollado hasta el momento en materia penitenciaria, especialmente a partir de las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales de derechos humanos”.

El juez en la cárcel

En el trámite del habeas corpus, el juez requirió informes al Servicio Penitenciario, citó a las personas por las cuales se había requerido la acción y luego visitó el penal. Se entrevistó con las autoridades y recorrió con ellas las instalaciones.

Durante las entrevistas con el magistrado, cinco de los detenidos por los que se interpuso el habeas corpus manifestaron la falta de atención médica -uno de ellos, enfermo de HIV-; la falta de agua caliente y de camas; el hacinamiento; el hecho de que se alimentan en el piso, sobre una frazada, en un lugar “lleno de cucarachas”; y la falta de sanitarios que hace que deban orinar en botellas, en una bolsa o “contra la pared”.

Ante ese cuadro, Crivelli indicó que “constituye conceptualmente un agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención aquella situación originada por actos u omisiones de funcionarios del Estado que recaen sobre personas privadas de su libertad conforme a derecho, cuando son sometidas a una situación agravada respecto de aquella otra en que tendría que encontrarse de acuerdo a las disposiciones legales vigentes tanto sea a nivel provincial como nacional e internacional”.

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