miércoles, 8 de mayo de 2013

Guatemala: Empleados de la Mina San Rafael implicados en muerte de agente de la PNC

CERIGUA

Las investigaciones sindican a dos trabajadores de la Mina San Rafael y a uno de sus asesores, en la muerte de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la manifestación registrada en Sabana Redonda, en San Rafael las Flores, Santa Rosa, el 29 de abril del 2013, relacionados con el establecimiento de la empresa que extraerá metales durante los próximos 25 años en la zona.

Rony López, Fiscal contra el Crimen Organizado, del Ministerio Público (MP), indicó que Cláver Alarcón Lemus, de 49 años, es un supuesto trabajador de la mina San Rafael, capturado el pasado lunes acusado de asesinar al agente Eduardo Camacho, durante la jornada de resistencia comunitaria.

Las investigaciones apuntan a que Alarcón habría tenido instrucciones de atacar a los pobladores que manifestaban contra la empresa minera y durante los enfrentamientos disparó y ocasionó la muerte del policía, quien llegó para resguardar las seguridad de los pobladores, aseguró el operador de justicia.

Otro de los acusados fue aprehendido el pasado sábado; se trata de Pablo Oliva Trejo, supuesto asesor de la mina San Rafael, por encubrir a los miembros de seguridad durante los ataques contra la población; el encargado de comunicación de la empresa ha negado los extremos, destaca una nota del diario Siglo.21.

En conferencia de prensa conjunta, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, así como el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguraron que desde noviembre de 2012, cuando iniciaron los enfrentamientos entre la población y el personal de la minera, se han registrado cuatro revueltas.

En noviembre del año pasado, los pobladores robaron un cargamento de explosivos y desde entonces se han llevado a cabo 95 allanamientos en Santa Rosa y en Jalapa, hay 19 personas detenidas por sicariato, secuestro, asesinato, asociación ilícita y extorsión, entre otros delitos, expresó Paz y Paz.

En un boletín de prensa, la Coordinadora Waqib’ Quej, destacó que las autoridades no debieron relacionar los temas de crimen organizado y resistencia ciudadana, declaraciones que fueron realizadas luego de los incidentes.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), enfatizó que los resultados de las investigaciones confirman que la lucha y la resistencia de las comunidades son legítimas; las autoridades actuaron de forma irresponsable al ligar la temática con el crimen organizado, por lo que deberán disculparse, concluyó.

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