viernes, 31 de mayo de 2013

¿Habrá reforma migratoria en Estados Unidos?

Luis Beatón (PL)

Una gran interrogante sobre las posibilidades de que el Congreso estadounidense logre acuerdos para encarrilar una reforma de las leyes migratorias recorre Estados Unidos y países latinoamericanos, entre otros.

Luego de meses de negociaciones, las diferencias entre Senado y Cámara de Representantes parece abismal, igual que entre senadores y representantes, y peor aún entre los miembros de cada partido en un mismo cuerpo.

Un plan presentado por un panel bipartidista de ocho senadores, conocido como el Grupo de los Ocho, después de transitar por el Comité Judicial del Senado, superar el análisis de 301 enmiendas y ser aprobado en mayo en una votación de 13-5, debe ser considerado por el pleno en junio.

Pero eso no resuelve el problema; el tema migratorio despierta arduos debates en todos los sectores de la población, y pese a las encuestas señalar que la mayoría de los estadounidenses favorecen un cambio de ley, las posibilidades de que la normativa salga adelante son inciertas, aunque hay algunos optimistas.

Fuentes del equipo bipartidista aseguran ahora que el proyecto de inmigración del Senado todavía carece de los 60 votos necesarios para romper una maniobra obstruccionista a la cual pudieran recurrir los republicanos para detener el proceso.

Los demócratas tienen 55 votos en el Senado, y hay cuatro miembros de la Banda de los Ocho que son republicanos. Pero no todos los votos demócratas están asegurados, en particular los de senadores provenientes de los estados más conservadores, y en especial aquellos que deben renovar su asiento en 2014.

Algunos demócratas como los senadores Charles Schumer, de Nueva York, y Robert Menéndez, de Florida, no descartan la posibilidad de conseguir 70 votos que permitan favorecer el camino hacia el éxito de la iniciativa.

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata por Nevada, Harry Reid, espera convocar el debate sobre el texto en la Cámara alta en la semana del 3 al 10 de junio, algo en consonancia con la meta del presidente Barack Obama de lograr la reforma este año.

Sin embargo, el plan enfrenta serios desafíos provenientes de sectores que quieren una ley más restrictiva y de otros que aspiran a que sea más liberal.

El proyecto de ley condiciona a un reforzamiento de la seguridad fronteriza, la opción de naturalización para 11 millones de inmigrantes sin prontuario policial, quienes paguen multas por dos mil dólares y pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero.

En su primera etapa fue retirada una enmienda introducida por el presidente del Comité Judicial, el demócrata Patrick Leahy, para favorecer a las parejas homosexuales binacionales, lo cual levantó el malestar de determinados sectores y evidenció que la inmigración puede entrar en serias contradicciones con otras normas que amparan ciertos derechos, no solo el de las parejas de un mismo sexo.

Leahy accedió a retirar la enmienda ante las advertencias de dos de los autores del proyecto de ley integrantes de la comisión, Lindsay Graham y Jeff Flake, quienes advirtieron de que estarían obligados no solo a votar contra la propuesta, sino a abandonar la coalición bipartidista formada en enero para redactar la iniciativa legislativa.

Los cuatro autores del proyecto de ley, quienes integran la comisión de asuntos jurídicos, lograron mantener la coalición para rechazar cambios que comprometieran la esencia de su iniciativa legislativa.

Los dos demócratas autores del proyecto de ley en la comisión, Charles Schumer y Richard Durbin, solicitaron a Leahy no someter a votación la enmienda para no echar por la borda el esfuerzo migratorio.

No puedo apoyar esta enmienda si hunde el proyecto de ley, sostuvo Schumer. Soy un político y acepto las decisiones difíciles que hay que tomar y las imperfecciones de los acuerdos negociados, puntualizó.

El resto del grupo de ocho lo conforman los republicanos John McCain y Marco Rubio, y los demócratas Michael Bennet y Robert Menéndez.

Durante las audiencias, Schumer advirtió sobre su oposición a una reforma migratoria que no incluya la opción de la naturalización para los inmigrantes antes de que la comisión rechazara una propuesta del republicano Ted Cruz con ese propósito.

Otorgar beneficios plenos a personas que violaron las leyes solo propiciará mayor inmigración ilegal, argumentó Cruz, quien advirtió que el proyecto de ley tal como está redactado tiene posibilidades casi nulas de ser aprobado en la Cámara baja, donde los republicanos son mayoría y trabajan en función de un proyecto más conservador y restrictivo.

El senador por Texas también propuso infructuosamente otra enmienda para impedir que los inmigrantes no autorizados pudieran beneficiarse de programas públicos ofrecidos por los estados, entre estos los vinculados a los cuidados de salud, otra área también interrelacionada con el problema de los sin papeles.

Por otra parte, desde hace tres meses, la discusión de la reforma migratoria en el Congreso ha provocado marchas y todo tipo de manifestaciones en el país.

No obstante, el análisis de los contenidos del plan muestra las dificultades que enfrentará su aprobación.

El proyecto de ley pone como meta la vigilancia del 100 por ciento de la frontera con México, y atrapar y deportar al 90 por ciento de aquellos que logren cruzarla de manera ilegal.

Asimismo establece duros condicionamientos al proceso para alcanzar la ciudadanía que enfrentará un número aproximado de 11 millones de personas residentes en Estados Unidos, quienes deben obtener el llamado "estatus provisional de inmigrante registrado" seis meses después de la promulgación de la ley.

Estas son algunas de las ideas que hacen escabroso el tema, sin incluir otras no menos conflictivas como los trabajadores menos calificados y los más calificados, aspectos que provocan fricciones entre sindicatos y empresarios.

En lo que avanza el plan en el Congreso, si avanza, pues aún no se sabe como conciliarán ideas el Senado y la Cámara, proseguirá la deportación de los indocumentados.

En su primer período de gobierno, Obama implantó un récord al deportar un millón 600 mil en los últimos cuatro años. En promedio, el presidente deportó a unos 400 mil al año, un nivel récord.

La Casa Blanca justifica esta política alegando que la intensificación de sus esfuerzos de "control fronterizo" y de detener y deportar inmigrantes es necesario para descalificar los argumentos republicanos de que antes de cualquier reforma migratoria es necesario

lograr tener una "frontera segura", pero esto no convence a la mayoría de los latinos. Sobre ese aspecto un informe del Centro de Investigación Aplicada estima que fueron deportados más de 46 mil padres de niños estadounidenses en el período de enero a junio del 2012 y que muchos pequeños ahora están separados de sus padres, a veces para siempre.

Mientras esto ocurre, se mantiene en el ambiente una gran interrogante: ¿Habrá reforma migratoria en Estados Unidos?.

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