viernes, 31 de mayo de 2013

Impunidad o Justicia guatemalteca en el caso de Ríos Montt

Randy Saborit Mora (PL)

Pareciera que la Impunidad y la Justicia mantuvieran un forcejeo interminable en el caso del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, luego de que la Corte de Constitucionalidad ordenara anular la sentencia de 80 años de prisión dictada en su contra.

Aunque miles de guatemaltecos marcharon en contra del fallo de la CC y decenas de organizaciones manifestaron su repudio a la misma, la Sala Primera de Apelaciones ratificó el pasado 27 de mayo la supresión de la condena contra el exgeneral golpista.

En el juicio, celebrado por el Tribunal de Mayor Riesgo A del 19 de marzo al 10 de mayo del año en curso, a Ríos Montt lo encontraron culpable de ser autor intelectual del asesinato de mil 771 indígenas durante su régimen (1982-1983).

La causa en contra del exgobernante de facto está en un nuevo compás de espera hasta que se determine la instancia judicial que lo procesará por delitos de genocidio y de lesa humanidad.

El Tribunal de Mayor Riesgo A se excusó de continuar conociendo el proceso penal contra Ríos Montt.

En consecuencia, los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones tienen la responsabilidad de designar al juzgado que asumirá el proceso.

La referida sala acordó dejar sin efecto lo actuado después del 19 de abril pasado en el debate oral y público, en el cual resultó absuelto José Rodríguez, antiguo jefe de inteligencia del gobierno de facto encabezado por Ríos Montt.

"La sentencia contra Ríos Montt acaba de ser anulada por la más alta corte del país en medio de un contexto donde las elites empresariales y grupos ligados a los militares que ejecutaron el exterminio rechazaron la decisión del tribunal y buscaron crear zozobra",

denunció la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR).

Como una de las organizaciones querellantes del caso, la AJR presentó una declaración ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas.

"Nosotros hemos pasado 12 años preparando pruebas y argumentos, sorteando todo tipo de obstáculos y cuando empezamos a avanzar, nos cuestionan la legitimidad de los procesos judiciales", señaló esa agrupación respecto al proceso contra Ríos Montt.

Para la Fundación Rigoberta Menchú Tum, el veredicto de la CC vulnera aún más el sistema de justicia del país y sienta un precedente nefasto que "nos lleva a sostener la hipótesis de que en Guatemala la impunidad no permite juzgar los delitos de genocidio y contra la humanidad".

El sistema judicial sigue cooptado por los poderes militares, económicos, políticos y mediáticos más recalcitrantes de este país, indicó en un comunicado esa institución, presidida por la Premio Nobel de la Paz de 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú.

"Los mayas tenemos memoria milenaria y no olvidamos nuestra historia", apuntó la organización, al preciar que mantendrán la lucha y resguardarán las evidencias técnicas, científicas y jurídicas, las cuales prueban que hubo genocidio en esta nación.

Para la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el dictamen de la CC significa un retroceso en la búsqueda de la justicia en Guatemala con relación a violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

"La Corte de Constitucionalidad vuelve a amparar al militar retirado, esta vez para afectar gravemente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del pueblo ixil y provocar más impunidad en Guatemala", se condena en la comunicación de la CIJ.

Con este fallo, se puntualiza en el escrito, esa Corte envía un mensaje equivocado a la población guatemalteca y le da más poder a los victimarios.

La CC ha evidenciado un retroceso hacia el imperio de la impunidad, indicó la agrupación humanitaria Hijos de Guatemala en un texto.

Esa instancia, al referirse al caso, recordó que en los últimos días la alianza oligárquico-militar recurrió a la guerra psicológica, la amenaza y la manipulación.

Decenas de agrupaciones civiles de Guatemala consideraron ilegal lo actuado por los magistrados Alejandro Maldonado, Héctor Pérez y Roberto Molina, que resolvieron con lugar un ocurso (petición por escrito) en queja presentado por Francisco García, abogado de Ríos Montt.

Ese dictamen contradice lo establecido en la ley y la jurisprudencia, en el sentido de que no se puede regresar el proceso a fases ya concluidas, mientras hacen una tardía y extemporánea interpretación de lo actuado por el tribunal de Mayor Riesgo A, remarcaron los manifestantes.

"Con esa decisión se produce un gigantesco agravio a las víctimas y sobrevivientes que han creído en el sistema de justicia y han luchado por encontrar una respuesta contundente", expresaron los inconformes.

"Esta resolución tiene un solo nombre: impunidad. La misma ratifica lo que hemos denunciado sobre la injerencia de grupos de poder que ponen e imponen sus intereses particulares por sobre los intereses nacionales", subrayaron.

Algunas de las decenas de agrupaciones firmantes de este pronunciamiento fueron la Asociación Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral Norte del Quiché, Autoridades Ancestrales Mayas de la Región Ixil, la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia, la Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda.

También rubricaron el texto la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Madrid; la Asociación de Cristiana Jóvenes de Guatemala, Comité Campesino del Altiplano, Coordinación Genocidio Nunca Más, el Comité de Unidad Campesina y la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala.

Nebaj, Cotzal y Chajul son los tres municipios que conforman el denominado Triángulo Ixil, donde el Ministerio Público constató decenas de masacres perpetradas por fuerzas represivas durante el gobierno de facto de Ríos Montt.

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