miércoles, 22 de mayo de 2013

Los millones de María Julia Alsogaray

Milva Benitez (OTROS CIRCULOS)

Tres ser condenada por enriquecimiento ilícito en 2004, la ex funcionaria menemista tuvo que reintegrar al Estado más de $ 3,5 millones. Pero desde 2010 la Corte impide que se entreguen al hospital de pediatría. Se opone a lo solicitado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica y avalado por jueces de tribunales inferiores.

En julio se cumplen dos décadas del inicio de la causa en la que se condenó a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray por su injustificado incremento patrimonial mientras ocupó cargos públicos. Desde fines de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación retiene los $3.680.000 que la condenada tuvo que reintegrar al Estado. El máximo tribunal rechaza el destinar esas sumas al hospital de pediatría Garrahan; arguye que “constituyen recursos específicos, propios del Poder Judicial de la Nación”.

En 2004, Alsogaray había sido condenada a tres años de prisión (de los que solo cumplió poco más de un año y medio) y a devolver $3.680.000, por el delito enriquecimiento ilícito. A fuerza apelaciones, la sentencia recién estuvo firme en 2008, y para entonces la ex funcionaria dijo que no tenía dinero para afrontar la pena. Entonces el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 remató el lujoso petit hotel que la rea había adquirido en la Recoleta, a poco de iniciar su gestión como Secretaria de Recursos Naturales de Carlos Menen. “Ese fue el primer caso en Argentina de recupero de activos en hechos de corrupción”, explicó Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Los problemas comenzaron a la hora de definir el destino de esos fondos. El CIPCE, “con el objetivo principal de lograr la reparación del daño social causado”, pidió que las sumas obtenidas por el decomiso se destinaran a un fin social. Propusieron como beneficiario al hospital de pediatría Garrahan.

La organización especializada en el seguimiento de casos de corrupción había actuado en la causa como “amicus curie” ─una expresión latina que refiere a acciones realizadas para colaborar con el tribunal sin ser parte del proceso─ y los jueces del TOF 4 le dieron la razón. La decisión luego fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal, encabezada por Gustavo Hornos, que consideró que el dinero debía destinarse “a instituciones reconocidas como de bien público, como el Hospital Nacional de pediatría Juan P. Garrahan”.

Pero el máximo tribunal del país disiente con los jueces de los tribunales inferiores. A fines de 2010 rechazaron que los fondos recuperados judicialmente en casos de corrupción, deban destinarse a fines sociales. Sin más argumentos que la cita de un artículo de la ley 23853 que establece la autarquía del poder judicial, el Tribunal dice que “no está facultado para afectar los recursos obtenidos por aplicación de esa norma a otros fines que los allí determinados”.

Tras conocer la decisión el CIPCE insistió y le pidió a la Corte que reconsiderara la posición, atento a dar prioridad a “una respuesta que busque dar prioridad a la reparación simbólica del daño ocasionado por sobre la posibilidad de obtener recursos específicos”.

Proponen definir el destino del dinero en el marco del Código Procesal Penal (artículo 522), donde se establece que “cuando la sentencia importe el decomiso de algún objeto, el tribunal le dará el destino que corresponde según su naturaleza”, dejándolo a consideración de los jueces. Hasta la fecha la Corte no ha resuelto sobre esa última presentación en lo que refiere al destino del dinero decomisado en la causa “ALSOGARAY, María Julia s/enriquecimiento ilícito”.

Pero al conocerse en marzo de este año que la Corte ordenó la creación de la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal, el CIPCE volvió a dar la pulseada. Ingresaron por nota un nuevo pedido para que se revea la decisión. “La Corte Suprema puede mantener una postura silenciosa y dejar que el dinero del remate ingrese a las arcas del Poder Judicial asumiendo los riesgos de que la sociedad en su conjunto pierda de vista el impacto simbólico de una devolución social”, decían cuando solicitaron la reconsideración de la medida. Con esta nueva presentación esperan romper el muro de silencio que se consolidó sobre esta causa.

Datos de la causa

-Sobre el destino de los fondos decomisados: Causa nº 6783/09 en lo que refiere al destino del dinero decomisado en la causa “ALSOGARAY, María Julia s/enriquecimiento ilícito”.

-19/07/1993: inicio de la causa por enriquecimiento ilícito contra la ex funcionaria menemista.

-21/05/2004: el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 condenó a María Julia Alsogaray a la pena de decomiso y prisión por 3 años en suspenso en inhabilitación.

-22/12/08: la CSJN confirmó la condena.

-11/11/2009: se remató el petit hotel que fuera propiedad de Alsogaray, dando lugar al primer caso en Argentina de recupero de activos en hechos de corrupción.

-23/11/2010: La CSJN rechazo el pedido de destino social del decomiso.

-28/12/2010: El CIPCE presentó el escrito para la reconsideración ante la CSJN. La Corte no se expidió al respecto.

-14/03/2013: tras conocer que la Corte ordenó la creación de la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal, el CIPCE insistió en el planteo “para que la lucha contra la corrupción se refuerce a través de la mejora de un servicio público que beneficie a la comunidad y principalmente a los sectores más desaventajados”, explicaron en la nota dirigida a la CSJN.

Antecedentes internacionales

En agosto de 2010, poco antes de que la Corte argentina decidió retener los fondos obtenidos tres el remate del petit hotel que perteneció a María Julia Alsogaray, la Corte de Haití sentenció en sentido inverso. Autorizó la restitución de los fondos depositados en bancos suizos por miembros de la familia del ex dictador Juan Claude Duvalier. Los fondos suman casi 4,5 millones de euros y el Tribunal dispuso que se utilicen “en provecho de la población haitiana a través de proyectos humanitarios o sociales”.

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