jueves, 23 de mayo de 2013

Panamá: Crisis energética exige responsables y renuncias

Marco A. Gandásegui (h) (especial para ARGENPRESS.info)

Las renuncias de los ministros de Estado que acompañan la gestión del presidente Ricardo Martinelli deberían estar a la orden del día. Para comenzar, el ministro de Comercio e Industrias por el manejo irresponsable y peligroso en la generación de energía eléctrica. También es de rigor que el ministro de la Presidencia presente su renuncia por el fracaso estrepitoso de los cambios introducidos al sistema de transporte público de la ciudad de Panamá. Igualmente, le corresponde renunciar, en forma efectiva (‘no irrevocable’), al ministro de Seguridad por desobedecer la Constitución y permitir que efectivos de fuerzas armadas extranjeras se desplacen por el país y construyan campamentos. A los ministros de Obras Públicas y Vivienda les corresponde abandonar sus cargos como consecuencia de las tragedias fatales causadas el año pasado y que se repetirán este año por estar haciendo negocios a costilla de la vida de las familias que viven en comunidades propensas a inundaciones.

A la lista de las renuncias que la ciudadanía espera, hay que agregar a la ministra de Educación quien cerró los planteles educativos durante tres días por la crisis de energía provocada por la desidia administrativa del gobierno. Al ministro de Asuntos del Canal de Panamá, por permitir que los empresarios en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sigan desviando los enormes ingresos que recibe - por concepto de peajes - hacia programas contrarios a los intereses del país. El ministro de Desarrollo Agropecuario urge que se separe de su cargo por la ruina que ha causado su política de importación de alimentos a cien mil agricultores y campesinos. El canciller debe asumir la responsabilidad por el exabrupto del presidente Martinelli al negar que le había enviado sus felicitaciones al presidente Nicolás Maduro. El ministro de Salud debe cederle su lugar a alguien políticamente mejor preparado para ejecutar los programas preventivos y, además, resolver la crisis absurda de la basura.

No se escapan de la lista los ministros de Gobierno, Trabajo, Economía y Desarrollo Social quienes abandonaron sus responsabilidades para dedicarse a otros negocios. Quizás quienes deben abandonar en forma más urgente sus cargos - antes de que pongan en serio peligro la integridad de la República - es el equipo que maneja la política de energía. En este grupo hay fuertes intereses ligados a la construcción de hidroeléctricas, la explotación minera y la exportación de electricidad al mercado norteamericano. Son intereses de grandes trasnacionales asociadas a familias panameñas que ocupan los puestos más altos de la administración pública y de la oposición.

Según informaciones proporcionadas por autoridades nacionales, la crisis energética fue provocada por una decisión equivocada de reducir el nivel de agua de las represas de Fortuna (en Chiriquí) y de Bayano (en Chepo), debido a que la época de lluvia ‘invierno’ se acercaba. El primer error se cometió cuando se decidió trabajar con una reserva de agua de 15 días en vez de la normal que son 30 días. Cuando se dieron cuenta que hicieron mal sus cálculos – con quizás qué criterio empresarial – no procedieron – segundo error - a organizar la población para enfrentar la emergencia. Al contrario, cometieron el tercer error y cerraron las escuelas dejando a cerca de 1 millón de estudiantes varados. Este error tiene repercusiones sociales profundas. Además, no responde a estrategia alguna. Los centros educativos del país sólo consumen el 3 por ciento de la energía que genera el país. Todo el sector público consume el 16 por ciento. En cambio, el sector comercial consume el 47 por ciento.

El cuarto error fue seguir suministrando energía a los antros de vicio como los casinos, burdeles y otros centros nocturnos afines. Si hubieran cerrado sólo uno de los ‘mall’ (centros comerciales) de la capital habrían ahorrado la energía que consume una ciudad entera del interior del país.

El quinto error es no tener un plan de contingencia para el futuro. La política actual de producción energética – y que seguirá vigente - responde exclusivamente a los intereses de los especuladores nacionales y extranjeros. Estos intereses son, en primer lugar, prepararse para la demanda de las explotaciones mineras de Petaquilla y Cerro Colorado. Segundo, satisfacer la demanda del mercado internacional para lo cual el país se está conectando a la red mesoamericana que va desde Colombia hasta California, EEUU, pasando por Centro América y México. En tercer lugar, cubrir la demanda del área metropolitana que rodea el Canal de Panamá.

En ningún momento se contempla la necesidad urgente de proveer con electricidad a las 500 mil personas que actualmente no cuentan con luz en el país. Según un centro de investigación nacional “la crisis del sector eléctrico requiere de una solución política que abra espacio a las fuerzas populares y democráticas en la solución de los mismos. La crisis del sector eléctrico es una muestra que este Estado es insostenible y que es urgente su transformación profunda”.

Se necesita, agrega, “un sentido del desarrollo con equidad, asegurando la más alta eficiencia y eficacia energética”. Para ello urge la renuncia de los ministros del consejo de gabinete que colaboran con el presidente Martinelli.

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