martes, 4 de junio de 2013

Argentina: Boletín informativo de CORREPI

Vivitos y coleando. Discursos y realidad / Violación y trata: un hábito policial / Otra vez, la absolución de la tortura / Polichorros correntinos.
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Vivitos y coleando. Discursos y realidad
El 21 de mayo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el nuevo edificio de la biblioteca del Colegio Nacional de La Plata, y aprovechó para dar un discurso atravesado por el énfasis para defender la política económica de su gobierno. Pero también aprovecho para decir: "Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado; al contrario, estamos todos vivitos y coleando, diciendo lo que pensamos, cantando nuestras consignas, aceptando hasta la injuria, el insulto, el agravio, la descalificación de los que dicen que nos tienen miedo."
No pueden decir lo mismo las 210 personas que están desaparecidas en este país por las fuerzas de seguridad del Estado desde 1983, 78 de ellas bajo el gobierno de los Kirchner, incluyendo los casos más conocidos, como Julio López o Luciano Arruga. La presidenta quiere hacernos creer que la palabra "desaparecido" corresponde a un pasado lejano, que tuvo un punto final el día de la restauración democrática.
Sin embargo, la modalidad de detener, torturar y desaparecer personas nunca fue dejada de lado por las fuerzas de seguridad. Aun sin centros clandestinos de detención o aviones para tirar cuerpos al mar, el estado, a través de los sucesivos gobiernos, sigue desapareciendo personas, que fueron vistas por última vez en el momento de su detención o en una comisaría, y cuyos cuerpos nunca aparecen, o, tiempo después, son encontrados en un río cercano o un baldío, cuando no los entierran como NN o los dejan cerca de las vías del tren para simular un accidente.
En un anterior discurso, el 15 de mayo, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, Cristina Fernández también dijo "No va a haber buena Policía si no hay buena Justicia. No va a haber seguridad si no hay buena Justicia." Lo cierto es que no se trata de "buenos y malos", sino del rol que cumplen las fuerzas de seguridad en nuestra sociedad. Su rol es llevar adelante la tarea represiva contra la parte de la población que debe ser disciplinada.
¿Hubo algún momento de nuestra historia en el que no haya sido así, en el que la policía o el uniforme de turno no se dedicaran a reprimir? ¿Existe algún país capitalista donde la policía no reprima? Tenemos que coincidir en algo con la presidenta: es verdad, la justicia y la policía forman parte del mismo aparato y uno sin el otro no pueden existir, porque es la justicia quien avala el accionar represivo, como lo hace cada vez que encarcela a luchadores sociales y cada vez que absuelve a un policía que fusiló a un pibe, como pudimos verlo una vez más el viernes 17 en el Tribunal 3 de Lomas de Zamora, cuando el policía federal Maximiliano Ledezma fue absuelto a pesar de haber fusilado por la espalda a Walter Robles y Leandro Pérez. Pueden tomar una y mil medidas para "democratizar" la justicia, pero los jueces pasan y las leyes contra los que menos tienen y los que luchan, se mantienen.
Para terminar, en el festejo por los 10 años de gobierno kirchnerista, la presidenta volvió a decir: "…somos un gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político que muchas significa no reprimir a un solo argentino porque corta una calle o porque piensa distinto. (…) Yo no voy a ser una presidenta que le de palos a nadie, eso se los puedo asegurar…".
La realidad, una vez más, nos indica lo contrario. Este gobierno, como los anteriores, ha reprimido la protesta social innumerables veces. Muestra de esto son los 21 asesinados en manifestaciones desde 2003, ya sea a través de las fuerzas represivas oficiales como la policía o la gendarmería o tercerizando la represión a través de patotas que se encargan de reprimir sin que esto conlleve un costo político significativo para el gobierno.
Diez años, cientos de discursos y una realidad: 2.224 casos de gatillo fácil entre mayo de 2003 y noviembre de 2012; 21 asesinados por luchar, 78 desaparecidos, más de 100 presos políticos y 4.000 procesados por luchar. Los gobiernos pueden cambiar (o no), pero la forma de hacerle frente a la represión sigue siendo la misma: ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!.

Violación y trata: un hábito policial
Entre 2009 y 2011, dos hermanas de 13 y 16 años, fueron sistemáticamente violadas y forzadas a prostituirse por la división de Montada de la policía federal. En ese lapso, la menor de las chicas tuvo dos bebés. Uno de los policías llegó a reconocer su paternidad, claro que "por solidaridad", según dijo, sin admitir la violación.
Las dos nenas se encontraban en "situación de calle" -eufemismo que refiere a la situación de tener que meter la mano en la mierda o en tachos de basura buscando que comer, de estar a tiro de los esbirros, etc.- cuestión por la que resulta fácil odiar al "género humano", mucho más a los verdugos directos. En este caso, los verdugos se calculan entre 130 y 200, aunque sólo 10 se encuentran formalmente imputados en la causa penal y fueron indagados después que no prosperó la maniobra de archivo intentada por el primer fiscal, César Augusto Troncoso, en virtud de tratarse, curiosamente y según éste, de "cuestiones sociales".
Algunos de los imputados son el sargento Sebastián Borfitz, el cabo primero Héctor Diego Palavecino, los cabos Fermín Olmedo, Héctor Taborda Sotelo y los agentes Héctor Daniel Martínez, Mauricio Sebastián Acevedo, Gustavo Raimundo Salinas y Miguel Ángel Campero. Al momento de producirse la separación de la fuerza, el 14 de marzo pasado, la mayoría de ellos había sido cambiado de destino. Sólo Palavecino y Olmedo permanecían en la policía Montada, mientras que Borfitz estaba en la comisaría 50ª, Taborda Sotelo en Tránsito, Martínez en la 5ª, Acevedo en el GEOF, Salinas en la Guardia de Infantería y Campero en la Subdelegación Salvador Mazza de Jujuy.
Una de las chicas declaró "nos llevaban a estaciones, dependencias públicas y pensiones donde vivían algunos acusados. Dibujé esos lugares en croquis por pedido de los investigadores. Nos gritaban y amenazaban que si le contábamos a alguien nos iban a meter en un auto y nos iban a tirar muertas por ahí". Les pagaban entre 15 y 40 pesos a cambio de sexo. "A veces teníamos sexo con muchos. Llegué a contar más de 12. También nos golpeaban." Con el tiempo, los uniformados fueron estableciendo una red de trata, a través de la cual, iban "pasándose el contacto" de las chicas entre los diferentes cuerpos policiales.
Las hermanas cuentan que no eran las únicas, que se hacía lo mismo con muchas otras chicas que no recuerdan o no podrían reconocer, ya que se encontraban en igual situación que ellas. En más de una oportunidad fueron encerradas durante dos o tres días, donde varios policías abusaban de ellas, inclusive al mismo tiempo. La privación ilegítima y la violación en grupo fueron la bandera de esta red que impulsaron estos servidores de la ley, estos hijos del estado. Para colmo de males, las hermanas se encuentran custodiadas por la Gendarmería Nacional, como si esto garantizara la seguridad de alguien.
La historia es siempre la misma: con el uniforme calzado y el fierro brillando al sol, la policía legitima a diario su absoluta impunidad como fuerza de acción directa del estado. Una vez más y para quien lo quiera ver, surge a la vista de todos, que los verdugos de azul son protagonistas en el armado de redes de trata y casos de violación, y no casualmente el blanco se encuentra entre clases populares.
Apelan a la invisibilidad, y creen encontrarla en la impunidad con que se perpetúan estos hechos: siempre encuentran sosiego en la complicidad establecida entre el lavado de manos del estado y el amparo desinformativo que aseguran los medios. Lo más preocupante es que pretenden que tales situaciones se naturalicen cada vez más. Pero acá hay ojos que no corren la vista y que no van a permitir un pestañeo. No le decimos que no a la realidad, la repudiamos y la denunciamos.
Ante la ignominia del estado, la única víctima es nuestro pueblo, y es frente a ello que sólo hay una sola respuesta: resistir y organizarnos para defender nuestra dignidad y salir a luchar por nuestros derechos.
¡Ladren lo que ladren los demás, a no quedarse dormidos!

Otra vez, la absolución de la tortura
El Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza absolvió nuevamente a los cuatro policías de la comisaría 2ª de La Matanza responsables por la muerte de Gastón Duffau, de 33 años, en 2008. Gastón fue detenido en un local de McDonald's de Ramos Mejía, a raíz de una pelea que comenzó con un cliente y siguió con el guardia de seguridad. Lo que ocurrió en el traslado del local de comidas a la comisaría y posteriormente al hospital lo cuenta el cuerpo sin vida de Gastón, que fue subido con vida a la caja de la camioneta policial, con doble precinto en las manos y un cinturón en los pies, y llegó a la guardia del hospital con 91 excoriaciones infligidas por un objeto semejante a un bastón, 5 costillas rotas, la 2ª vértebra cervical fracturada y señales de asfixia.
Queda claro, con semejante informe forense, que fue apaleado y sometido otros tormentos, como la dificultación de la respiración, durante el traslado, ya que no pudo sufrir esas lesiones en la pelea previa en el local de comidas.
No es un dato menor que la víctima era el hijo -aunque aparentemente distanciado- del comisario mayor retirado de la bonaerense Carlos Alberto Duffau, que supo, cuando estaba en funciones, hacerse conocido en San Martín y La Matanza por las razzias que dirigía y los cortes de ruta que reprimió. Esa relación familiar, así como su parentesco con el abogado querellante, Dr. Gustavo Romano Duffau, explica en parte que este caso tuviera una trascendencia mediática que rara vez logran los centenares de casos semejantes que ocurren y se juzgan -o no- en todo el país.
Un primer juicio, en 2009, ya había absuelto a los cinco policías. Este nuevo juicio fue ordenado por el tribunal de Casación penal, que admitió la falta de fundamentos de la sentencia y la incorrecta valoración de la prueba. Ahora, se repite el mismo resultado, con un fallo no muy distinto a los que vemos a diario, corroborando que la absolución de los torturadores es tan sistemática como la aplicación de tormentos policiales.
Esta es la naturaleza de la función judicial: invisibilizar la represión, prometer justicia con aparente imparcialidad y garantizar la impunidad, incluso cuando le toque al hijo de un comisario mayor.

Polichorros correntinos
A cada rato escuchamos a los defensores de la saturación policial argumentando que la presencia uniformada en los barrios es una garantía contra el pillaje de inadaptados que roban cualquier cosa para sostener sus vicios. Se publican noticias en los diarios sobre todo tipo de robos "berretas", como placas de bronce, trozos de monumentos, cables de luz y similares, cosa de fundamentar la necesidad de que veamos cada vez más uniformes en las calles para "cuidar lo que es de todos".
En la madrugada correntina, en un predio sobre la Ruta Nacional Nº 12, dos de estos ladronzuelos de chatarra fueron pescados in fragranti por efectivos de la comisaría 9ª, que hacía rato venían recibiendo denuncias de que faltaban herramientas y materiales en la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines. Por eso, cuando recibieron la llamada al 911 de una vecina que vio dos hombres sacando chapas y tirantes de la escuela, fueron corriendo y detuvieron a los ladrones con las manos en la masa, o, mejor dicho, las chapas.
Claro que cuando los identificaron se llevaron una sorpresa: el que dirigía la cosa era el sargento primero Benítez, de la comisaría 16ª. El policía trató de inventar alguna excusa, pero no pudo convencer a sus colegas de que pasaba por ahí.
Una vez más la realidad tumba los discursos falaces: inseguridad, es la policía en la calle (o en las escuelas rurales).

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