miércoles, 24 de julio de 2013

La Justicia, al servicio de los poderosos

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

De políticos, banqueros y grandes empresarios...

Después de años de considerable alboroto y mucho escándalo de los que los medios de comunicación extraen inmensas fortunas medidas en anuncios gráficos, spot publicitarios y millones de horas de cháchara con la excusa del deber de informar, las terribles amenazas de la justicia que se ciernen sobre los corruptos siempre quedan en aguas de borrajas: prácticamente en nada. Al final, el globo aerostático donde se encuentran los delincuentes institucionales, hinchado además por el interés mediático, siempre, como la famosa burbuja inmobiliaria, acaba pinchado. En todo caso ¿qué ciudadano honrado de este país no estaría dispuesto a cambiar en el peor de los casos cuatro o cinco años de cárcel por un puñado de millones a buen recaudo, escondidos bajo un ladrillo o en un paraíso fiscal perdido en el Pacífico? Pues a eso muchos juegan con notable ventaja.

Es notoria la elasticidad de la retórica y la ductilidad de la retórica jurídica en concreto. Un ordenamiento jurídico prolijo como pocos y una constitución viciada en origen y con lagunas deliberadas como ninguna otra; una ley hipotecaria mostrenca; una ley de indulto bochornosa y una ley electoral a medida de dos ideologías que comparten intereses, necesariamente han de brindar a los delincuentes económicos de cohecho, de prevaricación, de evasión, de fraude fiscal, de tráfico de influencias y de tantas otras figuras delictivas casi de adorno, las suficientes salidas de escape como para arriesgarse sin apenas peligro frente a la Justicia. Circula el tópico de que la suerte de los corruptos depende de "buenos" abogados. No es verdad. La reputación de "buen" abogado es artificial, pues su renombre sólo depende de su cercanía al poder y de sus escasos escrúpulos. Pues recursos y técnica están al mismo alcance del "buen" abogado como para el abogado del montón.

La Justicia -la justicia no de los jueces instructores sino de los tribunales- está al servicio de los poderosos. Y si, por descuido, no contribuye a la impunidad de los políticos, de los banqueros y de los grandes empresarios, al final ahí está el indulto de los gobiernos a los ladrones, los defraudadores y los rufianes de postín; es proverbial su magnanimidad hacia los colegas del oficio y sus cómplices...

Esto no ocurre en todas las democracias burguesas. Esto sucede en esta parodia de democracia donde hasta el presidente de gobierno es tan perversamente ingenuo, que se cree y propaga el cuento de que en España hay un Estado de Derecho....

Jaime Richart es jurista y antropólogo.

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