lunes, 15 de julio de 2013

México: Acusada de aborto, Hilda libra batalla legal

CIMAC

El pasado 5 de abril, pese a no contar con las pruebas necesarias para demostrar su responsabilidad, Miguel Ángel Ramiro Díaz, juez del Juzgado Tercero Mixto de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, sentenció a Hilda, joven de 22 años, por el delito de aborto en San Luis Potosí (SLP).

La historia comenzó el 10 de julio de 2009 cuando Hilda -de entonces 18 años y con seis semanas de embarazo- presentó una hemorragia transvaginal que le provocó un aborto espontáneo, debido al traslado diario de agua desde una presa hasta su casa.

Acompañada de su hermana mayor y un vecino, la joven se trasladó al Hospital Básico del municipio de Tamuín, en SLP, donde el personal médico -de acuerdo con la declaración de la joven- condicionó la atención médica a que Hilda señalara que había ingerido medicamento para provocarse un aborto.

El personal de salud dio parte a las autoridades ministeriales, quienes abrieron una investigación que derivó en que el 16 de julio de 2012, el entonces subprocurador regional para la Huasteca Norte, Rafael Villalobos Romero, girara una orden de aprehensión contra la joven acusada por el delito de aborto como parte del proceso penal 70/12.

El 23 de julio de ese año Hilda fue detenida por agentes ministeriales adscritos a la base operativa de Tamuín.

Sólo con base en la declaración forzada que tuvo que realizar la joven y el argumento de que sus abogadas defensoras -integrantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- no presentaron pruebas sólidas, Ramiro Díaz sentenció a Hilda a un año de prisión. Ahora ella enfrenta su proceso en libertad.

De acuerdo con la legislación de SLP, el aborto es considerado un delito en todos los casos, a excepción de los embarazos producto de una violación, aunque los procedimientos para acceder al aborto por esta causal no están reglamentados.

Sumado a ello, en septiembre de 2009 el Congreso local aprobó una reforma a la Constitución estatal para proteger la vida “desde el momento de su inicio en la concepción”.

Ante la reiterada violación a los DH de Hilda, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) lanzó una campaña para recopilar firmas y enviar una carta a la magistrada María Guadalupe Orozco Santiago, y los magistrados Zeferino Esquerra Corpus y Carlos Alejandro Robledo, integrantes de la Quinta Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de SLP.

Y es que ante esa sala judicial GIRE presentó una apelación contra la sentencia. En ese tenor, Cladem solicita a la y los magistrados que resuelvan con criterios imparciales el recurso jurídico, “a partir del reconocimiento de la no existencia de pruebas que acrediten su responsabilidad en el delito de aborto que se le adjudica”.

De acuerdo con la carta, el caso es “ilustrativo de los prejuicios que persisten en las autoridades judiciales en torno al tema del aborto, así como de la criminalización del personal médico hacia las mujeres que solicitan atención en los hospitales públicos”.

Cladem también considera que la acusación carece de validez porque está basada en una confesión violatoria de los Derechos Humanos de la joven, pues ella fue autoincriminada y sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Según la asociación civil Nueva Luna, de 2009 a 20013 al menos 12 mujeres potosinas han enfrentado un proceso penal por el delito de aborto. La petición puede ser signada en http://www.change.org/es/peticiones/ayuda-a-hilda.

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