jueves, 26 de septiembre de 2013

México: Entrampado dictamen para reformar fuero militar

Anayeli García Martínez (CIMAC)

El dictamen para reformar el Código de Justicia Militar a fin de que las violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por las fuerzas armadas se castiguen en el fuero civil, se encuentra atorado en el Senado de la República.

Durante un foro hoy en la Cámara alta para debatir la reforma al fuero castrense, especialistas advirtieron el riesgo de que no se incluya de manera explícita el concepto de DH en el dictamen que prepara la Comisión de Justicia.

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, manifestó su preocupación de que en la propuesta de dictamen para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, no se incluyera el término “Derechos Humanos”.

Explicó que en la modificación legal no se puede excluir ese concepto con argumentos de “técnica jurídica”, toda vez que la idea es afianzar una visión de respeto a las garantías fundamentales.

Hernández Valencia advirtió que la propuesta del articulado no expresa los elementos centrales del debate, ni del consenso logrado en encuentros previos con las y los senadores, toda vez que además se excluye el término “víctimas civiles”.

A decir del experto, las y los legisladores afirman que en la propuesta se entiende que no subsistirá hipótesis legal que haga referencia a que un delito contra un civil se juzgará en tribunales militares, sin embargo explicó que no hay razón jurídica o política para no incluir estas palabras en el dictamen.

En el foro al que asisten juristas, mandos militares y defensores de DH, el académico Miguel Sarre dijo -al contrario del representante de la ONU- que la redacción del documento abarca todos los supuestos y zanja todos los problemas, por lo que no es necesario incluir el término DH.

Por ello aseguró que la reforma al fuero castrense garantizará a la sociedad y a las partes involucradas en una acusación penal que los impartidores de justicia serán imparciales, y por tanto no habrá el temor de tener un juez enemigo.

Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aclaró que no se busca eliminar el fuero de guerra, sino poner límites claros para evitar que los civiles agraviados por soldados sean juzgados en tribunales militares.

En contraste, el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Juan Velázquez, sostuvo que no hay necesidad de reformar el Código de Justicia Militar, toda vez que -remarcó- es una norma que garantiza castigos inmediatos a quienes cometen una falta o delito. Consideró que eliminar el fuero castrense es una concepción “errónea”.

Desacuerdos

En agosto pasado, la Comisión de Justicia de la Cámara Alta elaboró un dictamen que retomó ocho iniciativas anteriores, con el objetivo de acotar el fuero militar en casos de violaciones a DH de civiles cometidas por soldados.

En el documento se propone restringir la jurisdicción castrense sólo a aquellos delitos que efectivamente atenten contra la disciplina de los efectivos militares, y para ello se modificará el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Con la reforma se establecerá que los órganos castrenses conocerán sólo los delitos que se cometan contra la disciplina y no podrán juzgar delitos si hay civiles involucrados.

Sin embargo, el dictamen establece: “Vale la pena destacar que la redacción propuesta supone que ninguna violación a Derechos Humanos sea conocida en el fuero militar, sin tener que incorporar en el texto normativo una alusión específica a los Derechos Humanos, que podría resultar en exceso abierta”.

De aprobarse esta reforma se acataría lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en noviembre de 2009, cuando dictó la primera condena internacional contra México -por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla a manos del Ejército-, y en la que exhortó a las autoridades a reformular su legislación en materia de jurisdicción militar.

Después, en agosto de 2010, la CoIDH dictó dos condenas más en el mismo sentido por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo por parte de militares.

Durante el foro hoy, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), la senadora Arely Gómez (PRI) y el legislador Alejandro Encinas (PRD) dijeron que esta semana continuarán las audiencias públicas para abundar en el debate sobre la propuesta de reforma, cuyo dictamen se presentaría ante el Pleno de la Cámara alta el próximo martes.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.