jueves, 26 de septiembre de 2013

Paraguay: El peligro de la privatización

Javier Rodríguez (PL)

La falta de recursos en las arcas estatales dejada por el gobierno de 14 meses de Federico Franco y las intenciones de aplicar un modelo neoliberal para atraer la mayor cantidad posible de inversiones extranjeras parece colocar a Paraguay en el peligroso camino de la privatización de las empresas estatales.

No puede olvidarse, a la hora de hacer un análisis al respecto, la estructura económica del país, basada en el dominio de los sectores productivos por parte de un grupo reducido de grandes magnates agroexportadores, con incidencia latifundista y vínculos con las poderosas empresas multinacionales.

Paraguay carece, a la vez, de un desarrollo industrial adecuado, lo cual lo convierte en un genuino exportador de materias primas, con serios déficits en la utilización de la energía, una de sus riquezas, provenientes de las grandes hidroeléctricas construidas con el apoyo económico de Brasil y Argentina.

Esos poderes nacionales e internacionales coincidentes en intereses económicos colocaron en primacía la agricultura extensiva basada en producciones gigantes de la soja, el maíz y el algodón, las cuales, cada vez más, acaparan las tierras fértiles, utilizan las producciones de origen transgénico y desplazan las históricas siembras familiares, enviando a campesinos e indígenas hacia los bolsones de pobreza alrededor de las ciudades.

Hay algo más en relación al peso de estos conglomerados productores, basados en la apropiación de los terrenos y en el uso de los agroquímicos y las semillas genéticamente modificadas y rechazadas por las poblaciones autóctonas y campesinas.

Una tradicional realidad que afecta a la economía nacional en su conjunto es la evasión impositiva de estos grupos agroexportadores, los de mayores ingresos anuales quienes dejan, a la vez, ganancias extraordinarias a multinacionales estadounidenses y de otras latitudes.

Con la complicidad de los gobernantes ayudaron a reducir las recaudaciones impositivas de la nación, base de sus gastos corrientes, lo cual, unido a las irregularidades en el manejo de los fondos 'públicos, obsequió al gobierno que acaba de asumir el poder dificultades especiales para siquiera pagar los salarios establecidos.

Ese problema que es acompañado por los estrategas económicos del equipo del presidente Horacio Cartes con la decisión de achicar el papel del Estado en el panorama económico y dejar al mejor estilo neoliberal la presencia del capital privado en su enrutamiento, provocó inicialmente una ola de despidos aÃ?n no finalizada.

Junto a la ya casi lograda aprobación por el Parlamento de una denominada Ley de Responsabilidad Fiscal que establece límites extraordinarios a los próximos presupuestos nacionales, la actual administración preparó e introdujo en el Parlamento un proyecto de ley de fomento de la infraestructura mediante la participación privada que desea aprobar rápidamente.

Es precisamente aquí donde entra a jugar la posibilidad creciente del apoderamiento por la empresa privada-la misma de la evasión impositiva, del latifundio y de la acumulación de la riqueza en pocas manos- de otros sectores vitales en la vida del Estado paraguayo.

El análisis del documento presentado para su aprobación hace énfasis en aspectos trascendentes que apuntan a abrir las puertas, de par en par, a la privatización de las empresas estatales con el apuro gubernamental por atraer la mayor cantidad posible de inversiones foráneas en forma urgente.

La Ley, de acuerdo al informe emitido por sindicatos y organizaciones políticas progresistas, permite que todo se pueda privatizar dejando las decisiones a criterio del gobierno y haciendo recordar un poco la etapa del presidente Carlos Menem en Argentina, donde quedó un rosario de dificultades aún presentes en el día a día del vecino país.

Las objeciones apuntan a que si se aprueba esta ley la privatización puede alcanzar al transporte, energía eléctrica, infraestructura social y urbana e incluso el agua potable y el alcantarillado, además del sistema de salud.

Para no ir más lejos, en este mismo mes de septiembre ya se hizo presenta una oferta de una empresa privada extranjera para invertir en los servicios sanitarios que incluyen alcantarillado y distribución del agua, entre otras cosas.

La transnacional Río Tinto Alcán se mantiene realizando lobby para instalar una procesadora de aluminio con acceso ventajoso a la energía producida por las hidroeléctricas, escasa mano de obra contratada y grandes perjuicios medioambientales.

Son bastantes los empresarios privados que merodean ya por Asunción buscando medir las posibilidades de lograr el control de las administraciones de la electricidad, el agua y los servicios telefónicos, todos ellos de evidente rentabilidad.

Según el proyecto, el Estado cedería su patrimonio para el uso durante 30 años prorrogables a los inversores, las discrepancias irían a un arbitraje internacional y los sobrecostos a afectar el bolsillo del consumidor final, sin garantías de control de calidad o cobertura por la parte oficial paraguaya.

La bancada senatorial del Frente Guasú, agrupación de partidos y organizaciones sociales, advirtió que la aplicación de este modelo genera fuga de capitales, precarización del servicio público y aumento de la desigualdad.

Las próximas semanas serán decisivas para la aprobación o rechazo de tal proyecto del cual dependen, evidentemente, muchas cosas para Paraguay.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.