miércoles, 23 de octubre de 2013

Paraguay: De víctimas a criminales en el caso Curuguaty

Delia C. Ramírez (SIN PERMISO)

El pasado 9 de octubre la jueza Janine Ríos envió a juicio a doce campesinos y campesinas, en el marco de un proceso judicial totalmente viciado que siguió a la matanza en Marina Kue, Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, que dio paso a lo que se conoció como un golpe parlamentario en Paraguay.



Sin reparo alguno, y en clara connivencia con el fiscal Jalil Rachid, la jueza dio curso a una decisión que favorece a las oligarquías terratenientes del Paraguay, convierte a las víctimas en sospechosos criminales y sostiene un armado funcional a la expulsión del presidente constitucional Fernando Lugo. Los acusados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina.

Por si fuera poco, el 10 de octubre de 2013 se trasladaron a cuatro de los presos remitidos a juicio que se encontraban en el penal de La Esperanza al de Tacumbú, lugar que se conoce por ser la cárcel con las peores condiciones del país. Este procedimiento se realizó de manera inconsulta y con violento apuro.

Los campesinos que pasaron por audiencia preliminar y ahora van a juicio, tenían y tienen razón. Pero la acción de los funcionarios de la justicia demuestra desprecio por dos puntos fundamentales: la falta de titulación a nombre de Riquelme y la propiedad estatal.

El caso Marina Kue, como llaman algunos, o el caso Curuguaty, como lo denominan otros, es un "emblema" de la injusticia social que empieza por una casi total concentración de la tierra en manos del 2% de los propietarios. Se habla del caso como un emblema porque el mismo permite visualizar el persistente y silencioso padecimiento de las comunidades campesinas e indígenas que luchan por sus tierras y por sus vidas y que demuestran que el Estado del terror que caracterizó a los tiempos de Stroessner no se ha desmantelado.

Cinco razones básicas que permiten calificar el juicio como una farsa

Los planteamientos que se exponen a continuación no son nada originales; son cuestiones ampliamente desarrolladas por los abogados defensores y los especialistas en derechos humanos en más de una oportunidad en escenarios nacionales e internacionales. No obstante, es necesario reiterar estas cuestiones para despejar cualquier duda sobre la situación de los 12 campesinos y campesinas que son, al mismo tiempo, víctimas y chivos expiatorios de una injusticia con mayúsculas.

1) La propiedad de la tierra. Uno de los "delitos" que sindican a los campesinos tiene que ver con "invasión a la propiedad privada". Pero resulta que la propiedad en cuestión no es privada sino pertenece al Estado desde la época de Strossner e incluso fue declarada por decreto presidencial como "objeto para la reforma agraria" (1). La acusación "invasión a la propiedad privada" carecería de sustento si se revisaran los antecedentes de las tierras en disputa. En el año 1967, La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) donó al Estado una propiedad y allí se instaló un destacamento de la Marina hasta finales de 1999, cuando por problemas presupuestarios, desocupó el predio. Por eso el lugar es conocido como "Marina Kué", que significa "la vieja Marina".

El predio comprende 2 mil hectáreas que, durante el gobierno de Alfredo Stroessner, pasaron a manos del Estado. Ese gobierno intentó instalar dispositivos vinculados a la Doctrina de Seguridad Nacional vigente en los años 60. La Marina operó desde allí durante más de 30 años, pero tras un prolongado abandono del predio por parte del Estado, las familias campesinas comenzaron a realizar los trámites para habitar legalmente ese lugar, porque entendían que era propiedad del Estado.

Blas Riquelme, propietario de Campos Morombí S.A., recién se interesó por tener esas tierras cuando vio que los campesinos avanzaron en las gestiones correspondientes frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La estrategia del empresario, entonces, fue iniciar un juicio por usucapión y así, en tiempo récord, consiguió una sentencia que implicaba un conjunto de graves irregularidades, entre ellas, no permitir ninguna intervención al Estado que, en su legítimo derecho, estaba disputando la propiedad de esas tierras.

Repasemos entonces para sintetizar: en 1967 el terreno fue donado por LIPSA al Estado paraguayo. Luego, el 4 de octubre de 2004, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto por el cual declaró las tierras de "interés social", con objeto de iniciar un proceso de reforma agraria. Blas Riquelme empezó entonces un juicio de usucapión y un juez corrupto sentenció que las tierras pertenecían al mencionado empresario, sin dar cabida al Estado.

2) Criminalización y estigmatización de los campesinos. Se observa la invención de episodios, relatos y supuestas pruebas para culpabilizar a los campesinos por la muerte de sus compañeros y de los 6 policías. La causa se basa no solo en la introducción de elementos falsos como por ejemplo la escopeta marca Maverick, calibre 12 milímetros, número de serie MV51657A, que no tiene vinculación alguna con los objetos incautados en la masacre, ó las pruebas absurdas como el papel higiénico, el cortaúñas o los envases de plástico que presentó el fiscal como pruebas irrefutables.

Paralelamente se ocultan pruebas básicas que dan pistas claras de la inocencia de los campesinos y campesinas juzgados, como ejemplo las autopsias de los cuerpos que no muestran que las muertes sean simples resultados de una balacera sino que demuestran signos de ejecuciones arbitrarias; asimismo se esconden los casquillos de las armas de alto calibre que no pertenecen a las escopetas de caza de los campesinos (2). Los documentos de la "investigación oficial" que se han producido a partir del caso Curuguaty resultan una sumatoria de absurdos. Se encuentran imputadas alrededor de 60 personas que no estaban en el lugar, sino que se encontraban en un listado de personas en situación de "sin tierra".

Se podría, escribir un libro de todas las cuestiones insólitas y fuera de lugar que se han dado en este proceso, pero basta por ahora con decir que el caso Marina Kue cumple con todos los requisitos de una causa de persecución injusta (Leguizamón y Valiente, 2013).

3) Todos los acusados son campesinos y ningún policía está procesado. La hipótesis del fiscal Halil Rachid, que recibió el meritorio reconocimiento de la jueza Janine Ríos, señala que 60 campesinos "armados" con escopetas, palas y elementos de trabajo emboscaron a unos 400 policías con uniformes especiales y armas de alto calibre. De estos 60 campesinos, lo cuales figuran en un registro, un "cuaderno perdido", 12 están presos, culpados por la muerte de 11 de sus compañeros y 6 policías. Esta farsa se complementa con un continuo trabajo de los medios de comunicación paraguayos que insisten en la estigmatización social del sujeto campesino como "vago", "haragán" y "terrorista".

Aquí cabe mencionar que en el último año se registraron siete asesinatos selectivos a dirigentes campesinos, a sangre fría y por el método del sicariato, todos ellos relacionados con la lucha campesina. Entre estos dirigentes se encontraba Vidal Vega, asesinado el 2 de diciembre de 2012, testigo clave para el esclarecimiento del caso Curuguaty. Vega es una de las tantas víctimas del Estado del terror que se despliega de manera silenciosa, pero persistente.

La persecución y represión que tiene como objeto a los campesinos debe contextualizarse en la historia reciente. El fin de la larga dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, no ha significado la modificación de un patrón represivo que se sostiene en la actualidad (3).

4) Investigadores y jueces parciales. Están más que demostrados los lazos de afinidad, parentesco, relaciones laborales y políticas de las personalidades que intervinieron en esta causa con los terratenientes (sintetizados en la familia Blas Riquelme y Campos Morombí) (4). Como ejemplo se puede mencionar el caso del Juez José Benítez, que fue quien dio cabida a la usucapión que favorecía a Blas Riquelme. Ese mismo Juez era el que tenía hasta hace poco tiempo en sus manos el caso de la Masacre. Afortunadamente fue desplazado por mal desempeño de sus funciones. Pero, también es paradigmático el caso del mismo fiscal Jalil Rachid. Las familias Rachid y Riquelme formaron parte de los cuadros políticos dirigenciales tradicionales del Partido Colorado; ambas familias se habrían beneficiado a partir de un apoderamiento de tierras estatales (5) e incluso existen fotografías que muestran al fiscal Jalil Rachid con la nieta de Blas Riquelme.

5)Violación de derechos básicos de los detenidos. La dilación en las respuestas a reclamos básicos como por ejemplo el arresto domiciliario de Fanny y Dolores, entonces embarazadas; la dilación en la atención a los presos que hicieron prolongadas huelgas de hambre; el atropello a los derechos de los menores de edad imputados en la causa; la obtención de testimonios bajo signos de evidente tortura como es el caso del adolescente condenado en el marco de la judicialización de esta Masacre.

La audiencia preliminar se configuró como un escenario para múltiples expresiones de un vil autoritarismo que se ha desplegado en cada segmento, donde se expulsó arbitrariamente a determinadas personas, no se permitió el ingreso a ciertos familiares de las víctimas y se limitó el acceso a la prensa.

¿Por qué sucede Curuguaty?

Curuguaty es un emblema porque no existen antecedentes en Paraguay de un hecho con estas características. En pocos minutos se aniquiló a 22 personas; lamentablemente, a estas alturas nadie podría asegurar que la tragedia no volverá a repetirse. Luego de la masacre se produjeron más desalojos violentos, como por ejemplo, el padecido por los Avá Guaraní de la comunidad Yva Poty, departamento de Canindeyú, el 20 de noviembre de 2012, o el reciente caso de Laterza Kue donde el 11 de octubre de este año la represión avanzó sin orden judicial sobre niños y adultos. Focos de conflicto por la tierra, latentes "Curuguatíes", se desparraman por todo el territorio paraguayo.

El poder político de ese país tejió durante un tiempo extenso e intenso la conformación de un conglomerado de tierras malhabidas. Para convertirse en latifundistas, los stronistas despojaron de sus territorios a campesinos e indígenas de manera violenta. La historia de concentración de las tierras en Paraguay es también la de la violación de los Derechos Humanos y, en ese contexto, la masacre de Curuguaty ocupa un capítulo especial y representa una herida abierta.

Desde 1963 hasta 2013 el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) transfirieron de forma irregular 8 millones de hectáreas. Entre los criminales beneficiados se encuentra Riquelme: las tierras de Marina Kué en Curuguaty se encuentran rodeadas por el latifundio de Campos Morombí S.A..

La familia del colorado-stronista Blas Riquelme posee, sólo en el departamento de Canindeyú, 70 mil hectáreas; sin contar las que tiene en otros departamentos de Paraguay. Las 2 mil hectáreas por las que se desató la disputa -sobre las que no detenta título-, representan una menudencia respecto a las posesiones del empresario. En cambio, miles de familias paraguayas, entre las que se contaban los once campesinos muertos, no tienen dónde vivir ni dónde trabajar. Las tierras malhabidas en Paraguay no se obtienen por normas, sino por un conjunto infinito de transgresiones violentas. Los que hoy se dicen propietarios y reclaman por sus derechos, son los verdaderos usurpadores.

En tanto, en Paraguay, se persigue a los campesinos porque forman parte del único movimiento con capacidad de presionar al Estado en base a los reclamos de acceso a derechos humanos fundamentales. Estos reclamos se sostienen a través de sus acciones directas como las ocupaciones de predios públicos y privados o el cierre de rutas nacionales e internacionales.

Sin bien la problemática campesina y la concentración de la tierra tienen una larga historia, como se ha reiterado a lo largo de este artículo, las formas jurídicas para criminalizar la protesta social van implementando algunos elementos nuevos. Como antecedentes a la causa que se arma sobre los campesinos imputados por la Masacre, podemos mencionar el caso conocido como "los 6", acusados arbitrariamente por el asesinato de Cecilia Cubas, y el montaje del juicio político a Fernando Lugo (casualmente ambas sentencias datan del 22 de junio de 2012). El resultado de estos experimentos jurídicos llevados a cabo en Paraguay no da perspectivas alentadoras.

En la actualidad, el presidente Horacio Cartes, lejos está de resolver el conflicto estructural. Amparado en la Ley Antiterrorista y en las recientes modificaciones de la Ley de Defensa Cartes avanza en la represión y criminalización de las organizaciones y los líderes sociales que reivindican el derecho a la tierra. Al mismo tiempo, promueve su proyecto desarrollista basado en el extractivismo que se apoya fundamentalmente en el agronegocio (soja y ganadería) lo cual implica más empoderamiento para las ya robustecidas burguesías paraguayas en vinculación con el capital transnacional. Lo curioso de su modelo es la mixtura del proyecto desarrollista neoliberal con una reivindicación del stronismo en figuras como Alfredo "Goli" Stroessner, nieto del dictador Stroessner, y el nombramiento como Ministro de relaciones exteriores de Eladio Loizaga, colaborador en el Plan Cóndor y miembro de la Liga Anticomunista.

Por su parte, las organizaciones sociales llevan a cabo un desbordante trabajo con el objeto de conseguir que la presión social trascienda las fronteras del país, teniendo en cuenta que Paraguay ha sido siempre laboratorio de los ensayos de aquellos dispositivos que se instalaron luego en el resto de América Latina. Es por ello que estos problemas no deben ser tomados como aislados sino que competen al resto de los países e implican un llamado de atención sobre el modo en que se construyen nuestras democracias sobre la base de la desigualdad social y el protagonismo de sectores muy poderosos decididos a defender sus intereses hasta las últimas consecuencias.

Delia C. Ramírez es becaria de CONICET/UNSAM e integrante del Movimiento 138, colectivo de resistencia cultural en Paraguay

Notas:
1) ver informe de DDHH sobre el caso Marina Kue, CODEHUPY, 2012
2) Ver informes del sitio http://quepasoencuruguaty.org; Informe de la Plataforma de Estudios e investigación de conflictos campesinos, 2012.
3) Una descripción detallada de las victimas campesinas de la represión estatal y para estatal se puede encontrar en el Informe Chookokue, Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en Paraguay (1989-2005), CODEHUPY (2007), http://www.codehupy.org/images/stories/chokokue_jun_2007.pdf
4) Ver Leguizamón y Valiente 2013, http://quepasoencuruguaty.org/opiniones/por-que-la-acusacion-en-elcaso-marina-kue-no-puede-garantizar-un-juicio-justo/
5) Ver nota "Como los Riquelme, la familia del fiscal Jalil Rachid también se apoderó de tierras estatales" http://ea.com.py/como-los-riquelme-la-familia-del-fiscal-jalil-rachid-tambien-se-apodero-de-tierrasestatales/;
"Fiscal Jalil Rachid admite la relación política de su padre con Blas N. Riquelme", http://ea.com.py/fiscal-jalil-rachid-admite-la-relacion-politica-de-su-padre-con-blas-n-riquelme/

Bibliografía:
- Leguizamón, D y Valiente, H, 2013, ¿Por qué la acusación en el Caso Marina Kue no puede garantizar un juicio justo? http://quepasoencuruguaty.org/opiniones/por-que-la-acusacion-en-elcaso-marina-kue-no-puede-garantizar-un-juicio-justo/
- revistasuperficie.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=740:la-farsa-continuase-aproxima-el-juicio-por-curuguaty&catid=21:koapeve-che-nee&Itemid=26

Fuentes:
- www.quepasoencuruguaty.org
- "Informe Chokokue, Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en Paraguay (1989-2005)", CODEHUPY (2007), http://www.codehupy.org/images/stories/chokokue_jun_2007.pdf
- "Informe de DDHH sobre el caso Marina Kue", CODEHUPY (2012). Paraguay. www.codehupy.org
- "Informe sobre el caso Curuguaty". Plataforma de Estudios e investigación de conflictos campesinos, 2012. Paraguay.
- "Como los Riquelme, la familia del fiscal Jalil Rachid también se apoderó de tierras estatales" http://ea.com.py/como-los-riquelme-la-familia-del-fiscal-jalil-rachid-tambien-se-apodero-detierras-estatales/;
- "Fiscal Jalil Rachid admite la relación política de su padre con Blas N. Riquelme", http://ea.com.py/fiscal-jalil-rachid-admite-la-relacion-politica-de-su-padre-con-blas-n-riquelme/
- ¿Por qué se persigue a los campesinos en Paraguay?, http://revistasuperficie.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=775:ipor-que-se-persigue-a-los-campesinosen-paraguay&catid=21:koapeve-che-nee&Itemid=26

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