viernes, 29 de noviembre de 2013

Argentina, Corrientes. Prostíbulos: denuncian connivencia de quienes deben investigar y sancionar

MOMARANDU

Así lo señaló el abogado Hermindo González, ante la denuncia presentada por la Red Infancia Robada a la justicia federal. Junto a la religiosa Marta Pelloni detallaron las irregularidades, delitos y violaciones a la ley que se estarían produciendo en relación al tema.

En la denuncia, presentada ante el Juzgado Federal Nº1 solicitan informes acerca del conocimiento de autoridades municipales y provinciales sobre la existencia de los locales, que según explicaron “en muchos casos ya habían sido inspeccionados, clausurados y multados por el municipio” y según denunciaron, los titulares de dichos negocios “volcaron los montos de las multas en las mujeres explotadas sexualmente”.

La denuncia fue realizada ante la justicia federal ya que la comuna no tiene la fuerza o el poder de policía de allanar, detener o abrir procesos judiciales. Si lo tiene la justicia federal. Y dentro de esa competencia realizan la denuncia. El abogado informó además que en la policía provincial existe una división específica de trata de personas, quienes “no han detectado un solo caso que hayan informado a la justicia federal”.

Consultada por Momarandú, la religiosa Marta Pelloni expresó que en el caso del cierre de los prostíbulos, sería el estado quien “debería hacerse cargo de la atención de las víctimas”

Gonzalez señaló además que lo grave del asunto es la naturalización e invisibilidad que tiene el problema de la trata de personas en la provincia “a través de la inacción judicial, que hace que sea terreno propicio para que este delito crezca”, e instó a las autoridades judiciales a ejercer la prevención y la sanción de dichos delitos mediante el conocimiento de las investigaciones realizadas por Infancia Robada.

Y agregó que existe complicidad de las instituciones para con las redes de trata. “en esta custión como en el tema de tráfico de drogas, sin la connivencia de quienes deben prevenir, investigar y sancionar, es imposible que suceda. Muchos de estos locales cuentan con seguridad a cargo de adicionales policiales.Es increíble que participen de esto sabiendo que en estos locales se comete el delito de trata de personas.”

Los locales que fueron denunciados son, según ambos referentes, prostíbulos y whiskerías que cambiaron de nombre para encubrir sus actividades. Entre ellos se encuentran “Pool Bar”, llamado anteriormente “Tu y yo”, cuya propietaria sería María Ramírez. “La rueda”, antes “Bacán”, que sería de Dora Inés Esquía, y en el que la religiosa denunció que en la última refacción del lugar se colocaron ventanales provenientes de una institución estatal.

También el local llamado “Fiestas y Eventos”, ex “Crucero”, por Ruta 5, y cuyo propietario sería Ramón Zaracho, funcionario policial correntino, “El Quijote”, ubicado en Ruta 12 de Norma Casal. Local “Playboy”, presuntamente de Cristina Rodriuez y el denominado “Las Gatitas”, ubicado en Independencia al 5000 y cuyos titulares serían Mirian Blanco y/o Javier Ramírez.

Denunciaron además ataques y agresiones por parte de la policía a mujeres que ejercen la prostitución de manera privada y que son contenidas por la organización

“Lo que ellos pretenden es estas actividades se desarrollen en estos lugares a cargo de cafichos explotadores que se quedan con el lucro de lo producido por el cuerpo de quienes son víctimas”.

A lo que María Eugenia Gonzalez, del programa municipal “Colectivo Trans” informó que recibió denuncias de estas mujeres: “Estamos hablando de personas que tratan de mejorar su condición de vida. Van , las echan de los lugares y hay agresiones de la policía”.

En cuanto a la responsabilidad directa de estos hechos, el abogado señaló a las autoridades provinciales, “que siguen implementando un código contravencional que permite la detención de una persona de manera inconstitucional y sin conocimiento de ningún juez y en la que se aplican montos de contravención para recuperar la libertad que ellos mismos establecen”. Detalló que estos códigos son inconstitucionales y que las detenciones producidas a través de él son ilegales.

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