viernes, 29 de noviembre de 2013

México: Diagnósticos sobre inseguridad pública

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

En la víspera del primer año del gobierno actual, el de ¡Mover a México!, llegan juicios de balance que en seguridad pública y derechos humanos, desentonan con lo que se prefigura como discurso dominante y que el domingo 1 estará en su máxima expresión.

Así, por ejemplo, la influyente organización estadounidense Human Rights Watch postuló que “no ha habido ninguna estrategia más allá de lo declarativo para frenar las graves violaciones” al derecho humanitario. Aunque el mismo José Miguel Vivanco justificó con otro juicio de valor, las razones de su primera aseveración, pues Enrique Peña “encontró un país sumido en una crisis de derechos humanos, con una impunidad casi absoluta ante las torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, en referencia al gobierno de Felipe Calderón, el otrora guerrerista al servicio de la Casa Blanca y su ideologizada estrategia antinarcóticos, quien desde Harvard pretende tirar línea al Ejecutivo y éste acusa recibo con un modosito: “Los tiempos son hoy los de la administración del licenciado Enrique Peña Nieto y lo que emprendió el señor expresidente nosotros lo respetamos”.

A la defensiva, el secretario de Gobernación expresó su desacuerdo con HRW en cuanto a la tortura, con base en “los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” que sostienen que los tratos crueles e inhumanos “han bajado significativamente”. En todo caso el presidente de la CNDH está muy atareado buscando la reelección y en aras de lograrla realiza desfiguros que desprestigian aún más al indebidamente llamado ombudsman (defensor del pueblo, en sueco).

Si lo anterior no fuera suficiente, la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) apunta que “hasta ahora los resultados han sido decepcionantes”, que Ejército, Marina y Policía Federal actúan “en medio de la total impunidad”. Y del juicio va a las cifras, los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado repuntaron en octubre, tras una ligera caída en septiembre; la violencia “sigue siendo desenfrenada” y “el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord”, lo que provoca el surgimiento “cada vez mayor de grupos de autodefensa”.

Realidad para la que al secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Vaca, no le alcanzó la materia gris: “Son delincuentes, no hay otro término”, sentencia que con palabras envueltas en papel celofán comparte el titular del Ministerio Público federal, mientras el gobernador de Michoacán mantiene interlocución con los líderes de este creciente movimiento de autodefensa ante la incapacidad reiterada del Estado para proteger vidas y bienes. Pero Miguel Osorio les pide “entender que es el Estado el encargado de brindar protección”. Llamados a misa frente a una compleja realidad que rebasa no al gobierno en sus tres niveles sino al Estado.

Cifras aquellas con las que no sólo coincidieron sino que ampliaron los directivos del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad: Hay 43 homicidios culposos cada 24 horas, 50 homicidios dolosos cada día, casi cinco secuestros diarios, 22 denuncias de extorsión, 589 robos con violencia y 523 robos de vehículos denunciados ante el MP.

Pero el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, descubrió el hilo negro: “Antes México no era consumidor de drogas, producía amapola y marihuana y sólo servía como tránsito para la cocaína”.

No queda todavía claro si el diagnóstico certero: “Hoy en Michoacán está amenazado el Estado mexicano”, rebasará la retórica y los aplausos que sellan al México formal tan divorciado del real.

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